Por Javier Garcin * | Ilustración Gráfica: Juan Panadero

El pasado 22 de mayo, paramilitares de la ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) perpetraron un ataque armado en contra de la comunidad zapatista de Moisés y Ghandi, en el sur de Chiapas; tras la agresión resultó gravemente herido el zapatista Jorge López Santíz, quien al día de hoy se sigue debatiendo entre la vida y la muerte.

En esta misma localidad, años atrás ya se había realizado un ataque incendiario de parte de agrupaciones paramilitares, quienes pretenden intimidar y desplazar la organización zapatista.

Este nuevo hecho ocurrido hace unos días, ha generado un nuevo levantamiento zapatista, y también está detonando la solidaridad internacional.

Esta misma semana, más de 800 organizaciones de todo el mundo, así como también intelectuales, académicos, activistas y figuras públicas, donde se incluyen firmas como Noam Chomsky, Alfonso Cuarón, María de Jesús Patricio Martínez, Gael García Bernal, Gilberto López y León Chávez Teixeiro, entre muchos más, firmaron un pronunciamiento de respuesta ante la agresión paramilitar contra los zapatistas.

«El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que ha mantenido la paz y ha desarrollado su proyecto autonómico en sus territorios y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano, es hostigado, agredido y provocado constantemente«, lamentaron las organizaciones firmantes, quienes responsabilizaron a los gobiernos estatales y federal por la situación.

«Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador«, denunciaron los activistas en la misiva internacional.

Además de exigir que se garantice la salud del compañero herido y de detener las agresiones a las comunidades zapatistas, también hicieron un llamado para castigar a los autores materiales de las agresiones, así como también a desmantelar a los grupos armados que mantienen una guerra activa contra los zapatistas.

https://twitter.com/CNI_Mexico/status/1664643356977250308

«Con el CNI, advertimos que la guerra que han declarado a los pueblos originarios, guardianes de la Madre Tierra, nos obliga a actuar organizadamente para detener la violencia que crece y para restablecer nuestra conexión y cuidado de La Vida. Nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales; en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar y del crimen organizado y en defensa de la Vida».

Esta semana, también se llevó a cabo una conferencia de prensa en las oficinas de CENCOS en la Ciudad de México, para denunciar el ataque contra la comunidad zapatista, así como las acciones de hostigamiento que se han venido agravando, con total complacencia del estado mexicano.

Cabe recordar, que organizaciones defensoras de Derechos Humanos como el Centro Frayba, acababa de denunciar días atrás el desplazamiento de miles de civiles en las comunidades indígenas del sur de Chiapas, al agudizarse la disputa entre grupos de la delincuencia organizada, particularmente entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

“Testimonios refieren que frente a estas instituciones se pasean las caravanas de vehículos transportando personas fuertemente armadas. Los últimos 4 días se incrementó de manera alarmante la violencia en el municipio. Jóvenes de diversas comunidades fueron reclutados de manera forzada por la delincuencia; refieren de por lo menos tres mil personas fueron desplazadas de sus comunidades, unas buscando albergues provisionales, y otras llevan días refugiándose en los montes o algún lugar seguro; así también nos informan que muchas familias permanecen en sus casas sin poder salir, están encerradas por el terror extremo que están viviendo. Se ha llegado a esto bajo las mecánicas de complicidad y abandono del Gobierno mexicano”, señalo el Centro Frayba el pasado 28 de mayo.

También, el pasado 10 de mayo de este mismo 2023, presentaron un informe titulado “Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”, donde de igual forma se hacía mención a la forma en la cual grupos armados de la delincuencia organizada, estaban generando una grave estela de violencia en la zona sur del país, particularmente en las áreas cercanas a la frontera con Guatemala.

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“El aumento de esta violencia ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, dentro de las que destacan situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otras. A este ambiente se le suma también la remilitarización y un comprobado espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Chiapas. Paralelamente, los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos en general quedan en segundo plano tras catalogar a los proyectos de desarrollo o la construcción de infraestructura militar en los territorios como de seguridad nacional”, se señala en el reporte.

Son al menos 15 las agresiones armadas registradas en los últimos 4 años, según el recuento del académico de la UNAM, Raúl Romero, quien también ha documentado las continuas acciones de hostigamiento, que siguen perpetrándose con total impunidad en este estado, cada vez más asediado por el narcotráfico y las agrupaciones paramilitares.

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Ante tal situación, los pueblos zapatistas, así como las organizaciones adherentes, han estado alzando la voz y realizando diversas acciones para visibilizar la problemática.

Además de una protesta realizada hace unos días en Palacio Nacional, también se está convocando a participar, entre este 28 de mayo y 10 de junio próximo, a una jornada nacional e internacional de acciones de protesta, destacando una acción global dislocada el día 8 de junio, en solidaridad con las comunidades zapatistas en resistencia.

Al respecto, se han empezado a confirmar acciones en solidaridad, en países tan lejanos como Grecia, pero también a lo largo de la república mexicana se siguen sumando acciones de solidaridad, para exigir poner un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.

*Publicada originalmente en Apocaliptic

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Por Danna Urdaneta | Foto: Domingo Hernández Lárez

El 2 de enero de 2022 estalló el conflicto en Arauca con 27 asesinatos sin signos de combates en distintos puntos del departamento. Los muertos aparecieron desarmados y vestidos de civil en las vías de municipios fronterizos. Al respecto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó que el conflicto incluye a milicianos de las estructuras del Décimo Frente y sus aliados en la confrontación: el Frente 28 y 45 y el Tren de Aragua, este último una mega anda venezolana.

2021 fue el año del conflicto en el estado venezolano de Apure con la profundización de la crisis económica, los efectos de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela, la crisis migratoria y el conflicto transfronterizo. 2022 fue el año del conflicto en el departamento colombiano de Arauca, una región que ya venía con una larga y profunda crisis humanitaria. Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, denunció el 30 de enero de 2022 con una fotografía de un combatiente muerto que estos paramilitares usan uniformes del Ejército colombiano y brazaletes de las FARC-EP. 

¿Quiénes son los jefes del Décimo Frente, Frente 28 y Frente 45?

Aunque la intensidad de la violencia en el departamento recuerda a la guerra de 2005-2010 entre las antiguas FARC-EP y el ELN, los jefes guerrilleros de la época no corresponden a los jefes paramilitares que hoy lideran las estructuras homónimas mencionadas. 

Jorge Eliecer Jiménez Martínez es el nombre legal de Jerónimo, Arturo Paz o Arturo Ruiz, estos últimos son los seudónimos por los cuales se conoció al jefe del Décimo Frente. Omar Pardo Galeano es el nombre legal de Antonio 28 o Antonio Medina, igualmente, estos últimos son los nombres de guerra del jefe del Frente 28. Ambos salieron de la cárcel por el Tribunal de Justicia y Paz creado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez para juzgar a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la Fiscalía General de la Nación en Colombia, Héctor Aguilar o Pescado,  jefe del Frente 45, fue el responsable por las Autodefensas Unidas de Casanare del secuestro y asesinato en 2014 de Samuel Bohórquez Vásquez, alcalde de Cubará en Norte de Santander. 

Recientemente la Revista Raya de Colombia publicó en “¿Están las disidencias infiltradas por el Ejército?” un documento del Tribunal de Justicia y Paz con el testimonio de Omar Pardo Galeano o Antonio Medina donde confirma que desde que desertó de las antiguas FARC-EP en 2009 trabaja con el Ejército y la Policía colombiana para capturar e identificar a miembros de la antigua guerrilla de las FARC-EP. 

Efectivamente, las estructuras mencionadas operaron de un lado a otro de la frontera estos años. Estos jefes paramilitares utilizaron ayer y utilizan hoy las siglas de las antiguas FARC-EP para desestabilizar a Venezuela en 2021 e iniciar 2022 el genocidio contra el liderazgo social araucano y liquidar al liderazgo comunitario venezolano de la frontera. 

Conflicto en Puerto Páez-Apure

Puerto Páez pertenece al municipio Pedro Camejo del estado Apure, frontera con Colombia. El panorama que denunció Juan Francisco García, exdiputado del PSUV y apureño, es desolador. En “SOS Puerto Páez-Apure: urge construir la paz” cuenta cómo desde hace décadas el abandono y la criminalización de la pobreza ha hecho a este pueblo dependiente de las políticas de Puerto Carreño en el departamento colombiano de Vichada y relata los desplazamientos al otro lado de la frontera producto de los combates en el despliegue de la Operación Escudo Bolivariano (OEB) del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) de Venezuela. 

El asesinato de José Urbina el 10 de enero de 2022 y la desaparición y asesinato de Juan de Dios Hernández el 25 de marzo en Puerto Páez, epicentro de la OEB contra los Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia), reveló que el conflicto no es como lo refleja la mediática oficial venezolana. Hasta el día de hoy las “amenazas a la soberanía nacional” no han sido caracterizadas en términos políticos y militares por el Ceofanb. 

José Urbina era director de la emisora Frontera 92.5 FM y fue asesinado con 27 tiros en su hogar casi frente a su esposa y cuatro hijos. Juan de Dios Hernández era su colega y camarada de la misma célula del Partido Comunista de Venezuela, partido que se declaró en oposición al gobierno de Nicolás Maduro en septiembre de 2020. El 13 de noviembre de 2021 Urbina denunció en video las amenazas públicas de muerte del teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ramón Sánchez, luego de que el periodista liderara una protesta contra los falsos positivos de la OEB en el destacamento militar de la GNB de Puerto Páez. 

Sobre los pobladores injustamente presos Urbina denunció que eran inocentes y no terroristas. Hasta hoy ambos crímenes permanecen en completa impunidad y obligó a los familiares y camaradas de las víctimas a desplazarse para resguardar sus vidas. Meses después del hecho una fuente de autoridad en el caso afirmó para esta investigación bajo estricta confidencialidad que estos crímenes contra la militancia comunista apuntan como responsable al Décimo Frente. De manera simultánea la violencia paramilitar se exacerbó del otro lado de la frontera contra el liderazgo social araucano. 

Carro-bomba en Saravena y desencadenantes

Una intento de masacre frustrado el 19 de enero de 2022 en la noche fue el atentado con carro-bomba de Antonio Medina contra el edificio de organizaciones sociales, indígenas y populares en el casco urbano de Saravena, Arauca, justo cuando se encontraban refugiados en el lugar 50 lideresas y líderes sociales de todo el departamento desplazados hasta el lugar por amenazas de Medina.

A partir del atentado y por lo que restaba de 2022 a través de denuncias públicas, entrevistas, informes, comunicados, testimonios de las partes, análisis y movilizaciones que hicieron, publicaron o acompañaron Indepaz, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, el movimiento social Congreso de los Pueblos, los medios alternativos Colombia Informa y Trochando Sin Fronteras, el medio venezolano La Tabla, la Caravana Humanitaria por la Vida en Arauca, las FARC-EP Segunda Marquetalia, el Frente de Guerra Manuel Vázquez Castaño y Antonio García como primer comandante del ELN, quienes se sumaron a las denuncias contra estos grupos paramilitares por ejecutar operaciones encubiertas con las Brigadas de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad (SFAB) y el Comando Sur de Estados Unidos; el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército y el Grupo Antiterrorista (Grate) de la Policía colombiana. Nunca actuaron solos. 

Sin dudarlo, las partes denunciantes desde diferentes orillas ideológicas caracterizaron la realidad araucana como un genocidio y el conflicto transfronterizo como una guerra fría auspiciada por intereses imperiales, sobre la cual agrego que está sostenida por realidades locales como la miseria y el abandono histórico del Estado colombiano y el Estado venezolano en 2.219 km de frontera binacional. Claramente, este conflicto buscó desestabilizar al gobierno venezolano para derrocar al presidente Nicolás Maduro y favorecer a los intereses de Estados Unidos con Juan Guaidó en su momento. 

El guerrillero Nelson Sánchez o Maxiliano García, quien desertó del Décimo Frente hacia el ELN, denunció en video difundido por esta insurgencia en su portal eln-voces-net que el objetivo paramilitar es asesinar a presidentes de Juntas de Acción Comunal en Colombia, líderes guerrilleros en frontera y voceras/os de consejos comunales y comunas en Venezuela. 

El joven campesino contó cómo militares gringos participaron en la operación contra el jefe guerrillero Édinson Romaña de la Segunda Marquetalia e invitó a sus antiguos compañeros de esa estructura a desertar, llamado que también fue enviado posteriormente por esta insurgencia en el comunicado “A los araucanos” donde denunciaron esta muerte en combate con paramilitares y mercenarios gringos. Mientras tanto en la frontera venezolana afloró otro eje del conflicto. 

Vaivenes y denuncias de la CRBZ contra los Tancol

Durante los primeros meses de 2022 la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) inició una campaña de propaganda y denuncias contra el ELN como grupo Tancol por incursiones en La Gabarra, municipio José Antonio Páez, estado Apure, y amenazas contra Amparo Leal, una de sus lideresas comunales y varios de sus dirigentes. La CRBZ activó las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez (parte de las Milicias Bolivarianas, cuerpo especial de la FANB subordinado al Ejército venezolano) y se sumaron a la campaña del Ceofanb contra los Tancol con consignas y propaganda similares a las del uribismo en 2008 en su gran marcha contra el secuestro: “No más FARC / No más ELN”. 

La propaganda contra los denominados Tancol fue similar a la creada por la extrema derecha venezolana, liderada por Juan Guaidó los últimos años, para solicitar a Estados Unidos que “los colectivos” chavistas sean incluidos en la lista de organizaciones terroristas por Estados Unidos. La diferencia radica en que esta propaganda de la CRBZ estaría amparada en el discurso del presidente Nicolás Maduro y sería el punto de partida para señalar la presencia en Venezuela del ELN y las FARC-EP (estos últimos los paramilitares mencionados) como grupos Tancol en Apure y parte de Barinas.

Sin embargo, Nicolás Maduro nunca señaló al ELN ni a algún grupo denominado FARC-EP directamente como Tancol. Cuando lanzó este acrónimo el 30 de septiembre de 2021 dijo que los Tancol “ni son guerrillas ni son paramilitares” y el 2 de junio de 2022 durante el Balance de la Operación Escudo Bolivariano 2022 enfatizó que los Tancol son paramilitares. 

Sin una caracterización del conflicto, su dimensión histórica, política, económica, social y armada en Apure y Barinas las infografías creadas por la CRBZ tendieron a simplificar y estigmatizar a la población fronteriza colombiana como terrorista. Paralelamente, con un discurso de reconocimiento del conflicto y de solución política el alcalde del PSUV del municipio José Antonio Páez de Guasdualito, José ‘Chema’ Romero, también de la CRBZ en el estado Apure, abogó por la paz de Colombia y la solución política al conflicto transfronterizo casi despojado de matices xenófobos. 

Algo similar ocurrió durante el balance operacional mencionado con Nicolás Maduro; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el comandante del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, y el alto mando militar de la FANB antes de la primera vuelta presidencial en Colombia en 2022 donde participaron Gustavo Petro y Francia Márquez. La dialéctica de la paz estuvo presente en las intervenciones de ambos militares, quienes ya cumplían algo más de un año en frontera ejecutando la OEB. 

Cambio discursivo y captura del liderazgo comunero chavista

Luego de acercamientos de la CRBZ con el ministro del Poder Popular para las Comunas, Jorge Arreaza, el 17 de mayo y en víspera de la primera vuelta presidencial mencionada, la CRBZ eliminó las siglas del ELN y las FARC-EP que utilizó junto al acrónimo Tancol, editándolas incluso de los videos previamente difundidos. Finalmente, el 24 de mayo la vocería del Autogobierno de la Ciudad Comunal Simón Bolívar, luego de meses de denuncias, dijo en entrevista a Diario Vea no estar segura de que las incursiones militares realizadas fueran del ELN.

El 18 de junio de 2022 Braulio Márquez, Ariana Alcalá, Antonio Márquez, Yorliz Fernández, Jesús Pérez, Grismaldo Díaz y Luis Rodríguez fueron capturados en Apure sin orden judicial por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) al finalizar una actividad con Eduardo Piñate, gobernador del Apure por el PSUV. Braulio, Ariana, Antonio, Jesús y Luis son miembros del Autogobierno de la Ciudad Comunal Simón Bolívar de la CRBZ, principal foco de conflicto y denuncias contra la presencia del ELN en su territorio. Además de esto, Ariana Alcalá fue la única mujer capturada, quien tiene dos hijas menores de edad y es concejala por el partido de gobierno en el municipio José Antonio Páez del estado Apure. 

Los primeros 13 días de la captura de este sector del liderazgo comunero estuvieron totalmente incomunicados y sin ubicación conocida. Posteriormente, fueron localizados en la cárcel de Ramo Verde y solo transcurrido un mes les permitieron acceso a abogados de su confianza, pero sin acceso a los expedientes. Esta mujer y seis hombres de la CRBZ permanecen sin garantías, están con el juicio paralizado y pasaron año nuevo en la cárcel. Vale destacar la estigmatización, violencia política, de género e institucional en contra de las mujeres comunera venezolanas en medio de “la lucha contra los Tancol”. 

Operación Escudo Bolivariano del Ceofanb contra los Tancol

En 2021 el presidente Nicolás Maduro asignó el acrónimo Tancol a los grupos que amenazaron la soberanía venezolana bajo las órdenes de Estados Unidos durante el conflicto en Apure el mismo año. Con esta denominación del enemigo vergonzosamente xenófoba el Ceofanb con la Operación Escudo Bolivariano 2021 en Apure y otras 9 operaciones iniciadas en 2022 en el resto de fronteras, norte y oriente del país, combatiría a una amalgama de expresiones armadas y de economías ilegales.

La propaganda de guerra difundida en 2022 por la cuenta Twitter @libertad003 y @dhernandezlarez del Ceofanb y su comandante Domingo Hernández Lárez reveló la incautación de indumentarias y propaganda de estas estructuras paramilitares donde se mezclaban en varios campamentos revistas del “Estado Mayor Central de las FARC-EP” junto con dotación del Ejército colombiano, la bandera colombiana y demás. En la destrucción de otros campamentos fueron difundidos videos y fotografías con propaganda de las FARC-EP Segunda Marquetalia. Igualmente también revelaron la incautación de propaganda y material bélico de otros grupos sin carácter político asociados a la minería y el narcotráfico. 

Desde el 21 de marzo de 2021 hasta hoy el Ceofanb ni Domingo Hernández Lárez publicaron en su propaganda de guerra la incautación o destrucción de campamentos o infraestructura del ELN o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Sin embargo, durante los momentos de tensión por denuncias de la CRBZ ante la presunta incursión de 50 y 200 combatientes del ELN en su territorio, la periodista Sebastiana Barráez denunciaba la ubicación de unidades del ELN en otras zonas Apure donde no llegó la OEB. 

El balance operacional en 2022 arrojó el saldo de 99 despliegues operacionales, 441 campamentos, 61 laboratorios de drogas, 47 toneladas de drogas, 124 instalaciones logísticas, 3.9 toneladas de explosivos, 64.428 municiones de guerra, 2 submarinos, 23 mil miembros de los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), 45 aeronaves inutilizadas, 118 pistas clandestinas. La novedad fue que Nicolás Maduro matizó el carácter xenófobo de la política de seguridad y defensa de la nación diciendo: “Tancolven, Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia y Venezuela”. 

Esta Operación tuvo denuncias por ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos, confinamiento y otros desde diversos sectores políticos, étnicos y sociales, incluyendo chavistas y comunistas. La CRBZ denunció ataques contra la Comuna Agroturística Socialista Guerreros del Caparo en el estado Barinas donde la Dgcim mantuvo a la comunidad confinada durante días luego de que torturaran a un adolescente de 15 años acusado de ser Tancol. En “Respuesta a Misión Verdad: coordenadas sobre los Tancol en la frontera de Venezuela” está la exposición completa del caso. 

La frontera y el diálogo de paz entre el gobierno colombiano y el ELN 

Si bien ninguno de los comunicados de las partes o comunicados conjuntos en la Mesa de Diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN hicieron referencia directa a la solución política en la frontera, como sí lo hizo cinco veces la Declaración conjunta del primero de noviembre entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, hubo otras voces que se refirieron a las nuevas guerras en la franja binacional.

La frase marketinera “el ELN es una guerrilla binacional” fue desmontada en 2022 con “Respuesta a Misión Verdad” y “Mitos sobre la relación de Nicolás Maduro con el ELN“. Las publicaciones mencionadas partieron de la afirmación de que las principales guerrillas y grupos paramilitares de Colombia, mercenarios, narcos y mafias, todos con participación latinoamericana y europea, tienen presencia en Venezuela porque el conflicto y la lucha de clases no tiene fronteras ni gentilicios. Si la injerencia de Estados Unidos es en América Latina y su expresión más violenta está en Colombia con las bases militares el conflicto se va a expresar de la misma manera en cada país de acuerdo a sus realidades “nacionales”. 

El 23 de noviembre de 2022 durante el primer ciclo de diálogos de paz le pregunté a Pablo Beltrán cuál era el estado actual de la confrontación en la frontera, a lo que respondió “se mantiene, aunque va disminuyendo” y añadió “que no se entienda a estos factores como una amenaza a la soberanía”, refiriéndose indirectamente al ELN en la frontera venezolana. En años anteriores se refirió varias veces y con claridad en entrevistas a medios internacionales a la presencia de militancia del ELN en Venezuela como parte de la comunidad colombiana migrante.

El 12 de diciembre en el Hotel Humboldt de Caracas el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dijo en rueda de prensa que el ELN estaba en Venezuela, operaba en Colombia y se devolvía. Le pregunté por el balance anual del gobierno colombiano sobre la presencia y operaciones encubiertas de las AGC y grupos paramilitares en la frontera colombo-venezolana, sobre lo cual respondió no saber nada al respecto y que no conocía los informes públicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, Indepaz, ni de la Fundación Progresar en Norte de Santander sobre estos casos. 

Sin embargo, Iván Cepeda Castro, miembro de la delegación de paz del gobierno, días después afirmó en una entrevista con Confidencial Noticias que la delegación de paz del gobierno colombiano no partía de la caracterización del ELN como una guerrilla binacional ni de que Venezuela es parte y no garante del conflicto. Fue enfático al afirmar que no admiten a terceros en el diálogo, ya que esta guerrilla es de origen colombiano con unas luchas y reivindicaciones colombianas. Mientras, otra insurgencia se refirió al conflicto social y armado en la frontera, así como a su solución política. 

Fronteras, Territorios de Paz y las FARC-EP Segunda Marquetalia 

A pesar de que las medidas humanitarias acordadas en la Mesa de Diálogos no se refieren a la frontera con Venezuela, la gran pregunta es por qué Arauca y Catatumbo, zonas fronterizas en crisis humanitaria por cuenta del genocidio continuado, no fueron incluidas en los primeros alivios humanitarios. Sin embargo, está claro que el cese al fuego bilateral que acordarán el gobierno colombiano y el ELN en los próximos ciclos impactará positivamente a la franja binacional, ya que en buena parte de ella hay presencia de bases militares colombianas con presencia gringa que han realizado operaciones encubiertas con las fuerzas mixtas ya mencionadas en “Paramilitarismo y nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana en 2022”, la primera parte de este informe.

Un cese al fuego bilateral implicaría también cesar estas operaciones contrainsurgentes del Estado colombiano y sus paramilitares contra el territorio venezolano, lo cual evitaría desplazamientos y contribuiría a que estas regiones se convirtieran en Territorios de Paz como propuso la Segunda Marquetalia el 15 de diciembre de 2022 en el comunicado “Al pueblo colombiano. Saludo de navidad y año nuevo”. 

La primera vez que está guerrilla se refirió a la frontera llanera fue en el comunicado “A los araucanos” y luego en “Saravena somos todos” de enero de 2022. Solo hasta diciembre de 2022 dijeron: “Queremos manifestar nuestra decisión de contribuir a la construcción social de Territorios de Paz donde hacemos presencia. Aspiramos aportar al objetivo de que la frontera con Venezuela se convierta en una franja binacional de paz” y llamaron a acuerdos humanitarios urgentes por el respeto a la vida, el cese de todas las violencias y la inversión social en acuerdo con las comunidades. 

2022 terminó, por parte de esta organización insurgente, con la aceptación del cese al fuego bilateral decretado por Gustavo Petro el 31 de diciembre y un relevo político donde la joven comandante Jhurleny Guerrero y el joven comandante Iván Alí fueron nombrados como plenipotenciarios junto con el antiguo líder guerrillero Walter Mendoza para los próximos diálogos de paz con el gobierno colombiano. 
Lo expuesto en este informe confirma lo dicho por Antonio García, primer comandante del ELN, durante enero de 2022 en entrevista publicada por Kaos en la Red: la frontera se ha convertido en un escenario de lucha contra el paramilitarismo.

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Por Eduardo Giordano* | Foto: Sebastián Gutiérrez

Desde el comienzo del Paro Nacional, la represión de las protestas sociales dejó de ser en Colombia un asunto exclusivo de la fuerza pública. En los últimos meses han entrado en escena diversos actores paramilitares que actúan en consonancia con los objetivos del gobierno y el ministerio de Defensa, que está a cargo de la Policía. Los videos de francotiradores vestidos de civil, acompañados e instigados por policías, circularon velozmente en la redes sociales y en pocas horas dieron la vuelta al mundo.

Las disparos de paramilitares contra manifestantes tuvieron especial intensidad en Cali. A finales de mayo, desde varias camionetas blancas alineadas en formación militar, se disparó  contra una concentración de la Minga indígena, causando una docena de heridos y heridas. Las camionetas se retiraron del lugar escoltadas por motos de la policía. Y ese mismo día, los ocupantes de otra camioneta blanca asesinaron a dos manifestantes en un punto de bloqueo en Tuluá, municipio cercano a Cali. También se reportó otra masacre de cuatro personas en la misma localidad un día antes, en este caso de jóvenes manifestantes secuestrados por grupos paramilitares (Águilas Negras y AGC). En otras ciudades del país, como Pereyra, ocurrieron hechos similares.

Esta visibilidad inmediata de la intervención paramilitar en la represión contra los manifestantes implica un profundo cambio en la percepción social de la naturaleza y legitimidad de la violencia estatal, delegada parcialmente en grupos paramilitares. Como ha observado Camila Esguerra, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia: “Estamos presenciado una paramilitarización del conflicto social sin precedentes, pues imágenes de la connivencia entre fuerzas armadas estatales y civiles armados están siendo grabadas y transmitidas en vivo”.  

En realidad, esta visibilización es posible porque el conflicto social se produce en el contexto urbano, donde además de periodistas hay decenas de teléfonos móviles registrando las imágenes. Las masacres de población civil y los asesinatos de líderes y lideresas sociales son constantes en las zonas rurales, pero quedan invisibilizados porque no hay quien los registre y difunda.

Los jóvenes decapitados

En los últimos meses aparecieron en distintos lugares de Colombia varias cabezas de jóvenes decapitados/as. En algunos casos se especuló con que podría tratarse de manifestantes vinculados a las protestas sociales y el Paro Nacional. En poco más de dos meses, hay constancia de seis apariciones macabras de estas características, seis cabezas cortadas y dejadas a la vista de todos, apenas envueltas en sábanas o bolsas de plástico, como trofeo criminal de una perversidad sin límites que evoca las peores épocas de los crímenes paramilitares que se creían ya superadas.

La primera decapitación reciente fue la de una joven cuya identidad no fue revelada por ser menor de edad, cuya cabeza fue hallada el 21 de mayo en una bolsa de plástico dejada en un contenedor de basura de un colegio, en el barrio Kennedy de Bogotá. Aunque los medios de comunicación informaron del horrendo hallazgo sin profundizar, un medio digital añadió una pista útil para contextualizar el hecho: “Cabe mencionar que la localidad de Kennedy ha sido escenario de fuertes enfrentamientos en los últimos 25 días, por lo que se establecerá si la persona es una de las reportadas como desaparecidas”.   Hay que recordar que varias organizaciones de Derechos Humanos, incluida la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), denunciaron ante la ONU a fines de junio la desaparición de 327 personas en dos meses de Paro Nacional. Los cuerpos sin vida de algunos de estos desaparecidos fueron hallados en las aguas del río Cauca o en cañaduzales. A finales de agosto, pasados cuatro meses desde el comienzo del Paro, la Mesa Nacional sobre Desaparición Forzada denunció que aún no se sabía el paradero de 60 personas desaparecidas en el contexto del Paro Nacional.

En los últimos meses aparecieron en distintos lugares de Colombia varias cabezas de jóvenes decapitados/as. En algunos casos se especuló con que podría tratarse de manifestantes vinculados a las protestas sociales y el Paro Nacional

El departamento del Valle del Cauca y su capital, Cali, fueron epicentro de las protestas. Varias de las víctimas de decapitaciones son de este departamento, aunque por ahora es difícil comprobar el vínculo de cada caso con la situación social y política. El 15 de junio se produjo un doble asesinato con decapitación de ambas víctimas en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Se trataba de los jóvenes afrodescendientes Cristian Andrés Mesa, de 25 años, y Edwin Gutiérrez, de 24 años, cuyas cabezas fueron arrojadas en una bolsa de plástico negra a una vía pública desde una motocicleta y a cien metros de un CAI de la policía. Sus cuerpos aparecieron más tarde en una zona boscosa alejada de ese lugar. Las autoridades policiales afirman que el degollamiento habría sido un mensaje enviado por narcotraficantes a otros mafiosos, un ajuste de cuentas entre bandas de delincuentes. La investigación sigue abierta.

La siguiente cabeza cortada apareció el 19 de junio y se identificó como perteneciente a Santiago Ochoa, un joven del municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Aunque se dijo que participaba en la primera línea y que había sido capturado por el Esmad mientras se desplazaba en bicicleta, una tía declaró que “ni él hacía parte de la primera línea, ni tuvo nada que ver con las marchas o bloqueos, ni fue detenido por la Policía o amenazado nunca. Él simplemente trabajaba en una ferretería y salió a la hora del almuerzo y desapareció”. La cabeza de Santiago también estaba envuelta en una bolsa de plástico y fue dejada en el antejardín de una vivienda por un sicario que se desplazaba en motocicleta. Justificadamente o no, Santiago se convirtió en un símbolo de las protestas a través de las redes sociales y su cabeza cortada ilustró la sevicia de la represión contra los jóvenes manifestantes.

Tuluá fue una localidad muy golpeada por la violencia policial, militar y paramilitar contra las protestas. Los jóvenes Hernán David Ramírez y Jimmy Hernández no fueron decapitados, pero aparecieron (uno flotando en el río, el otro en un cañaduzal), con evidentes señales de tortura y de haber sido asesinados de manera lenta y despiadada. La familia de Jimmy asegura que él tampoco participaba en las protestas, que el 28 de junio salió de su casa en bicicleta y desapareció. Su cuerpo apareció con las manos y los pies atados, cuatro días más tarde de haber sido asesinado.

La quinta cabeza cercenada corresponde cronológicamente a un líder social del Pacífico colombiano, Luis Picasio Carampaima, dirigente de la comunidad indígena Embera del resguardo Catrú, decapitado el 1 de julio en el municipio de Alto Baudó (Chocó) por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo paramilitar que emergió tras la disolución de las antiguas AUC de los hermanos Castaño. 

El impacto de estos hechos no debe ocultar la dimensión total de la tragedia que vive el país: con el asesinato de Luis Picasio se alcanzó la escandalosa cifra de 84 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en los primeros seis meses de 2021 (y 112 hasta el 24 de agosto, según datos de Indepaz). Más de 1.200 asesinatos desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. Crímenes perpetrados en su mayor parte por los paramilitares, que en lo que va del año 2021 también asesinaron a 34 ex combatientes de las Farc reincorporados a la vida civil.

El recurso a esta metodología siniestra nos retrotrae a las épocas salvajes en que los sicarios de las AUC jugaban al fútbol con las cabezas de sus víctimas, como ocurrió en la masacre de El Salado (Bolívar) de febrero de 2000 —hubo una anterior en 1997—, en la que 450 paramilitares al mando de Salvatore Mancuso torturaron y ejecutaron a más de un centenar de campesinos y campesinas indefensas a lo largo de una semana, despedazándolos y degollándolos con motosierras a la vista de todos, en la plaza, la Iglesia y la cancha de fútbol. En la masacre habría intervenido un capitán de corbeta de la Armada, Héctor Pita, investigado por la Fiscalía. Después de la masacre de 1997 se produjo el desplazamiento forzoso de toda la población, 7.000 habitantes, de la cual regresó poco más de la mitad. Después de la segunda masacre, 4.000 campesinos volvieron a abandonar sus hogares. 

En los viejos tiempos del terror paramilitar, las motosierras, decapitaciones y desmembramientos eran frecuentes. La táctica de decapitar y desmembrar se utilizaba para enviar un mensaje aterrador a la población rebelde, que se oponía a su control territorial

En los viejos tiempos del terror paramilitar, las motosierras, decapitaciones y desmembramientos eran frecuentes. La táctica de decapitar y desmembrar se utilizaba para enviar un mensaje aterrador a la población rebelde, que se oponía a su control territorial, y para forzar el desplazamiento de los pobladores y apropiarse de sus tierras. Uno de esos grupos era el de los ‘Mochacabezas’, como se autodenominaban algunos escuadrones paramilitares de las AUC de aquella época. Y que ahora resurgen, misteriosamente con el mismo nombre, como supuestos grupos de “limpieza social”. Así por ejemplo, en el municipio de Coveñas (Sucre), el 5 de junio de 2021 distribuyeron panfletos con amenazas de muerte, en los que advierten a la vecindad: “¿PENSARON QUE ERA UN JUEGO? … FALTAN MÁS MUERTOS … SABEMOS DONDE ESTÁN Y LES LLEGAREMOS”, y señalan a varias personas y familias de seis localidades de la zona rural Bellavista, incluido todo un equipo de fútbol. 

Entre tanto, Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que en Colombia “se están desarrollando operaciones de control social y territorial ligadas al narcotráfico, por parte de estructuras paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sin que se desarrollen acciones militares o judiciales para el desmonte de estas estructuras”.

La sexta decapitación fue el 25 de julio, día en que apareció la cabeza cortada de otro joven en la puerta de una vivienda de la zona de Andalucía (Valle del Cauca). Pertenecía a Yeisson Soto Gutiérrez, de 21 años, y estaba envuelta en una sábana.  A los dos días apareció su cuerpo en un cañaduzal. Yeisson fue identificado por la policía como “barrista del Frente Radical Verdiblanco, movimiento en apoyo al Deportivo Cali”. La policía dejó entrever una motivación mafiosa al lanzar sus hipótesis sin pruebas, denigrando la memoria de la víctima, y así lo transmitió la prensa: “Las autoridades manejan como hipótesis del caso un posible ajuste de cuentas producto de las rentas criminales asociadas con el microtráfico”. 

Hay que franquear estas cortinas de humo para poder atar cabos. Por los datos que tenemos de estos jóvenes, que eran muy diferentes entre sí, lo único que tendrían en común es que no formaban parte de las marchas, o al menos no se los llevaron en ese contexto. Esto se deduce del testimonio de los familiares. De modo que si hay alguna coincidencia en los hechos, es que todos ellos parecen elegidos al azar por sus captores-asesinos, sin nada que los vincule directamente a las protestas.

¿Y eso con qué finalidad? En el marco de la estrategia para aterrorizar a la población y frenar las protestas, la aparición de cabezas cortadas provoca sin duda un tremendo efecto de shock. Conmociona y paraliza. Muchos dirigentes políticos y sindicales se preguntarán hasta dónde están dispuestos a llevar el pulso contra el gobierno. No importa de quién fueran esas cabezas, si eran de manifestantes o no. Su irrupción en el espacio público es un presagio de futuras masacres.

Represión y asesinato de estudiantes

Un joven estudiante de música de la Universidad del Cauca, Esteban Mosquera, fue asesinado en agosto por paramilitares en la ciudad de Popayán, capital del departamento, junto a su domicilio. Esteban era bien conocido como líder estudiantil y sufrió la pérdida de un ojo durante una protesta en el 2018 a causa de una granada aturdidora lanzada por el Esmad. Sus compañeros de universidad informaron: “Esteban fue capturado ilegalmente dos veces por la Policía en las movilizaciones del paro nacional, a pesar de que se identificaba como periodista, porque participaba en un colectivo de comunicaciones alternativas de la universidad”.

La existencia de nexos entre la fuerza pública y los actores paramilitares se materializa con frecuencia en la historia de Colombia. En un documental realizado por la Universidad de Nariño se explica con todo detalle cómo opera el terror paramilitar amparado por la policía y el ejército. Entre 2000 y 2003, las actividades que realizaban los paramilitares “lograron generar terror en la comunidad universitaria” de Nariño, produjeron numerosos desplazamientos y culminaron con el asesinato de cuatro estudiantes y un trabajador de la universidad.  El informe retrospectivo del centro académico concluye: “En la planeación y concreción de estos actos la complicidad de miembros de la fuerza pública fue determinante. Su vínculo con grupos paramilitares se materializó en el intercambio de información, en el señalamiento a la comunidad universitaria de integrar supuestas redes de apoyo a las guerrillas y en la infiltración de los paramilitares en la comunidad universitaria”.

En un encuentro propiciado por la Comisión de la Verdad para analizar las consecuencias que tuvo el conflicto armado en la Universidad de Nariño, celebrado en agosto de 2021, dos ex jefes de las AUC en la región declararon y pidieron perdón por sus crímenes. Aunque sus declaraciones deben leerse entre líneas, estos dos paramilitares adscritos al Bloque Libertadores del Sur, Guillermo Marín y Aníbal Gómez, admitieron haber cometido el asesinato de los cuatro estudiantes y revelaron que la información para realizarlos “provenía de la inteligencia del Ejército”. Gómez aseguró que a ellos no les constaba que los estudiantes tuvieran relación con grupos ilegales, pero un sargento del Ejército colombiano le entregó en mano “la lista de estudiantes [a los] que había que quitarles la vida”, y añadió: “Si uno dijera motivos para la muerte de los estudiantes, pues, primero, el dedo señalador de la inteligencia militar, y segundo, las informaciones que pasaban los mismos estudiantes que resultaron siendo parte de las AUC”.

El asesinato premeditado de Esteban Mosquera en Popayán parece haber tenido las mismas intenciones que motivaron las muertes de estudiantes universitarios dos décadas atrás, cuando “el miedo como instrumento emocional de control logró instalarse en la comunidad universitaria, frenando significativamente el ingreso de nuevos estudiantes a las organizaciones políticas y diezmando las acciones de movilización”, en palabras de los relatores del caso de la Universidad de Nariño.

Los planes de asesinar al gobernador del Magdalena

El gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, debió abandonar Colombia el 19 de agosto tras denunciar ante la Fiscalía un plan paramilitar para asesinarlo. Esta denuncia fue ratificada por altos oficiales de la policía y el ejército, quienes dos días antes sostuvieron una reunión virtual con la “fuente confiable” citada por el gobernador. Simultáneamente a estos hechos, en sectores populares de Santa Marta aparecieron grafitis en los que se anuncia la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la organización paramilitar que pretendería cometer este crimen político. En un mensaje publicado el 26 de agosto, el gobernador explica así la situación: “Salí del país por información de fuente confiable de un plan inminente de las AGC o Clan del Golfo para atentar contra mi vida; salí para evitar que se consumara el plan”, escribió en Twitter.  

Oriundo del municipio de Aracata (Magadalena, al pie de la Sierra Nevada), Carlos Caicedo militó desde muy joven en partidos políticos de izquierda que confluyeron en la Unión Patriótica, la organización exterminada por el paramilitarismo. Tras haber sido rector de la Universidad del Magdalena durante seis años, y a pesar de varios juicios con testimonios fraguados en su contra con los que intentaron doblegarlo, Caicedo afianzó su carrera política como alcalde de Santa Marta, capital del departamento, donde su gestión fue muy bien valorada. A finales de 2019 fue elegido gobernador del Magdalena con el 58 % de los votos, consolidando a su partido Fuerza Ciudadana como primera formación política del departamento. Es el único gobernador con perfil progresista de los 32 departamentos colombianos.

Al poco tiempo de ser nombrado gobernador, Caicedo desmanteló negocios de las viejas oligarquías regionales cercanas al uribismo y atacó frontalmente al poder de los carteles narco-paramilitares que operan principalmente en la Sierra Nevada, en particular el clan de “los Pachenca”, sucesores del llamado Bloque Resistencia Tayrona de las AUC y que ahora se autodenominan Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Carlos Caicedo reclamó con insistencia a Iván Duque que se dejara de considerar a este grupo como “delincuencial común” y se lo incluyera en la categoría de Grupo Armado Organizado (GAO), como corresponde a los grupos paramilitares y de narcotraficantes. En una entrevista publicada por El Tiempo en mayo de 2020, Caicedo denunciaba que ese “grupo criminal estaba recibiendo información directa de la Policía y el Ejército, lo que ha facilitado su desarrollo de actividades ilícitas y su fortalecimiento”.

La existencia de estas filtraciones ya fue denunciada al gobernador por el líder social Alejandro Llinás, poco después asesinado. Llinás aseguraba que las cartas que él enviaba a la Gobernación con información de irregularidades —como el cobro de “peajes” en áreas turísticas de Santa Marta— eran filtradas tanto a la policía como a la organización criminal. Su asesinato es prueba mayor de esas filtraciones. Una investigación del portal 360 grados, publicada en diciembre de 2020, traza el perfil de este líder social y ecologista asesinado y caracteriza a sus verdugos:

“Llinás denunciaba lo que todos saben y callan por miedo: en esa zona del Magdalena existe un gobierno paralelo. Mandan las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), conocidas también como Los Pachencas; una estructura narcoparamilitar heredera del clan de Hernán Giraldo, dueña de la zona desde fines de los ochenta, que ha mutado sin perder su esencia: asesinatos contra líderes sociales, extorsiones, despojo de tierras, apropiación de rutas y rentas del narco, control social, amenazas y dominio del territorio”.

Al denunciar estos hechos, Caicedo ofreció a la Fiscalía todo el apoyo de la administración departamental para desmantelar al grupo Los Pachenca, al que responsabiliza del asesinato de más de 80 líderes sociales durante los últimos años en el Magdalena.

Las denuncias del gobernador obligaron al presidente Iván Duque a actuar. A comienzos de septiembre Duque anunció, con gran despliegue informativo, la captura de Norberto Quiroga Poveda, “Alias 5-5”, considerado el máximo cabecilla del rebautizado Grupo Delincuencial Organizado (GAO) de ‘Los Pachenca’. Duque presentó la operación como “un triunfo de la Fuerza Pública” tras definir a “Alias 5-5” como un “asesino de líderes sociales, masacrador, narcotraficante y, también, involucrado en redes de proxenetismo”. En cualquier caso, poco después de la captura de “Alias 5-5”, un narcotraficante de su misma calaña, “Alias 5-7”, escapaba de la cárcel de alta seguridad tras un traslado a una visita médica. En Colombia es frecuente que los capos narcos paguen por salir de la cárcel por la puerta principal. Con tales antecedentes, la captura en sí no asegura que el jefe paramilitar vaya a ser juzgado y mucho menos que cumpla una condena.

los planes paramilitares de asesinar a políticos opositores, incluido el gobernador rebelde del Magdalena, muestran que el límite de la democracia en Colombia es que nunca gobierne un político progresista, en ningún lugar del país, si no quiere acabar pagando con su vida

Mientras tanto, el presidente Duque abandonó a su suerte la seguridad del gobernador del Magdalena. El jefe jurídico de la gobernación, José Humberto Torres, indicó que el gobernador debió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de disposición del Estado colombiano para garantizar su seguridad. La Unidad Nacional de Protección, que es un organismo estatal de seguridad, “literalmente nos está vendiendo la protección”, dijo Torres, ya que obliga a la gobernación a pagar por ella. Esta situación contrasta vistosamente con la protección oficial que recibió “Alias 5-5” mientras realizaba todas sus actividades criminales hasta el momento de su detención.

El gobierno de Iván Duque insiste en que el esquema de seguridad de Caicedo es el mejor del país, argumento en el que coinciden con él los paramilitares de las AGC. En un “Comunicado a la opinión pública” los propios criminales niegan su intención de asesinar al gobernador: “Han informado los medios de comunicación que como producto de las supuestas amenazas de las AGC el señor Caicedo ha abandonado el país a pesar de que posee un vigoroso esquema de seguridad […]. Queremos hacer un llamado a la opinión pública para que no crea en estas mentiras que dicen políticos en evidencia por su pésima gestión.”. 

La organización narco-paramilitar goza de tanta impunidad que se permite lanzar un mensaje político como si tuviera entidad legal. En el territorio del Magdalena y otros departamentos del Caribe “hay una alianza básica entre los Pachenca y el Clan del Golfo para dividirse el territorio” en la captura y administración de rentas ilícitas, afirma el periodista de Barranquilla César Molinares, experto en el tema. “No hay conflicto entre ellos mientras se respetan los acuerdos, en caso contrario hay ajustes de cuentas”.

Deudores del poder político que les permite operar en el territorio, los clanes mafiosos se pagan con sus servicios sicariales. El gobernador ahora exiliado por la amenaza paramilitar responsabiliza directamente al uribismo: “Hago responsable al presidente y Uribe si las AGC atentan contra mi vida; uno por crear clima de desprecio a mi Gobierno y al pueblo del Magdalena en favor de la impunidad de grupos paramilitares, y el otro por azuzar a la extrema derecha en contra nuestra y de la izquierda colombiana”. Y para rematar la idea sin dejar sombra de duda, Caicedo añade otro trino: “El Uribismo expresado en sus clanes políticos-narco paramilitares han tratado de liquidarme moral y judicialmente con sus órganos de control, me han detenido injustamente, hecho todo tipo de montajes, y campañas difamatorias; ninguna les ha funcionado. Ahora planean asesinarme.”

En el siniestro cálculo político que articula el accionar paramilitar, la ejecución, el desmembramiento y la decapitación de jóvenes en un contexto de protesta social produce un tremendo impacto emocional desmovilizador. Del mismo modo, los planes paramilitares de asesinar a políticos opositores, incluido el gobernador rebelde del Magdalena, muestran que el límite de la democracia en Colombia es que nunca gobierne un político progresista, en ningún lugar del país, si no quiere acabar pagando con su vida. Caicedo reveló que Gustavo Petro, el candidato de Colombia Humana con mayor intención de voto en las próximas elecciones, también estaría en la mira de estos grupos paramilitares.

(*) Publicada originalmente en El Salto

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Por Sasha Yumbila Paz | Foto: Salud Hernández Mora | Lugar donde asesinaron los jóvenes en Samaniego

El siguiente testimonio es el resultado de una entrevista directa con un líder comunal del suroccidente colombiano, que cuenta con grabación de soporte, la cual está protegida por el derecho profesional.

Ahora bien, al indagar sobre Los Contadores, quienes a sangre y fuego quieren controlar el pacífico nariñense y parte de la cordillera occidental, el líder me pide reserva de su identidad para evitar represalias por parte de los autores de la oleada de violencia que azota esa región del país y me dice:
“ ‘Los contadores’ son paramilitares que operan entre Tumaco, Llorente y Barbacoas, geográficamente operan en la parte del piedemonte costero hasta la llanura del Pacífico, esa banda hace más de un mes movió parte de su actividad criminal a la cordillera occidental, exactamente por los lados de Samaniego.

¿A qué llegó esa banda paramilitar? A llenar de coca parte de esa cordillera, controlar las rutas y beneficiarse del narcotráfico. Esa zona es altamente militarizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y en Samaniego directamente opera la Brigada 23, la cual hace parte de la Tercera División
del Ejército, lo que nos hace concluir a la comunidad que los ofíciales del ejército y policía saben quienes son los que dirigen esa banda en la región y cometen los asesinatos, el ejército no hace nada para evitar que esta violencia nos siga azotando, parecido a lo que sucede en el Chocó que en vez que la fuerza pública ataque a los grupos paramilitares lo que hace es protegerlos; por ejemplo, en los últimos meses once líderes del pueblo indígenas Awá han sido asesinados y la semana pasada le hicieron un atentado a un líder de ese pueblo que afortunadamente salió ileso en el
casco urbano de Llorente.”

En esa línea, según este líder comunal, la muerte de Cristian Felipe Caicedo y Maicol Ibarra en Leiva (Nariño) el diez de agosto y la masacre de ocho jóvenes en Samaniego (Nariño) el quince de agosto hacen parte de un plan de bandas narcoparamilitares, cuyo objetivo es “sembrar el régimen del terror e intimidar a las comunidades para ejercer control territorial desde Tumaco, Barbacoas y Samaniego”.

Así mismo, él solicita a la comunidad internacional y a los organismos de Derechos Humanos hacer verificación en el terreno de la connivencia de las bandas narcoparamilitares con miembros de la fuerza pública y que se adelanten las investigaciones pertinentes para dar con los determinadores y autores materiales de los crímenes sistemáticos en la región.

* Escritora de historias, ambientalista, trabajadora humanitaria, performista y periodista independiente.

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Por Colombia Informa

Este martes en la mañana la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se reunió por tercera vez, de forma virtual, para definir el futuro del expresidente y actual senador de la república por el partido Centro Democrático.

El proceso por el que es investigado comenzó en el 23 de febrero de 2012 cuando Uribe Vélez denunció al congresista Iván Cepeda porque, según él, Cepeda pedía a ex integrantes de grupos paramilitares que testificaran en su contra a cambio de beneficios.

Esto sucede luego de que en febrero del mismo año Cepeda realizó un debate de control político contra el expresidente y su hermano Santiago Uribe, acusándolos de promover el paramilitarismo a través de la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Siete años después, la Corte Suprema determinó que Iván Cepeda no abusó de sus funciones ni lideró un “cartel de falsos testigos”, impulsando la investigación de Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal.

En el 2018, el entonces magistrado José Luis Barceló decidió llamarlo a indagatoria al encontrar que, presuntamente, Uribe había intentado cambiar el testimonio de varios testigos para que se retractaran de sus afirmaciones en las que lo señalaban de promover el paramilitarismo en Antioquia, y para que inculparan a Iván Cepeda de estar fabricando testimonios en su contra.

La decisión de la corte daría paso a la posibilidad para que se reabriera un proceso por paramilitarismo contra Uribe, pues los testigos que lo sindican por sobornos coinciden en que participó y favoreció a grupos paramilitares.

Asimismo, Diego Cadena, abogado que trabajó para Uribe Vélez, fue señalado en días anteriores por la Fiscalía de dar dinero a testigos para que declararan en contra de Iván Cepeda. Ente esta acusación el abogado aseguró que el dinero entregado a los exparamilitares tenía “fines humanitarios” y que no se trató de un soborno para comprar testimonios.

La Corte Suprema ha analizado 27 mil horas de grabación y escuchado a 43 testigos, entre ellos a varios exjefes paramilitares. Uno de ellos fue Carlos Enrique Vélez, alias Victor, quien afirmó que el abogado Cadena lo visitó en la cárcel de Riosucio, Caldas, para ofrecerle dinero a cambio de dar versiones favorables sobre el expresidente.Según la Fiscalía General, Cadena ofreció $200 millones para conseguir declaraciones falsas. De estos, $48 millones llegaron a manos de Carlos Enrique Vélez.

El expresidente negó estas acusaciones, afirmando que no tuvo conocimiento de lo imputado a Cadena y que tampoco autorizó hacerlo.

Hoy, antes de que la Corte dictara la medida, Uribe fue el primero que habló acerca de una orden de aseguramiento en su contra a través de su cuenta de Twitter.

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El sábado 14 de abril fue asesinado Carlos Enrique Areiza, uno de los falsos testigos por los cuáles se adelanta una investigación al senador Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia había ordenado otorgarle medidas de protección especiales, pues era una persona clave del proceso por fabricación de falsos testimonios que se lleva en su contra.

Areiza, quien fue asesinado por sicarios en el departamento de Antioquia tras cumplir tres semanas de libertad, había denunciado que recibía amenazas desde el año 2011. La situación fue mas compleja cuando aceptó el delito de falso testimonio y haber sido presionado para mentir en el caso del exgobernador Luis Alfredo Ramos, del Centro Democrático, investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares. La Corte Suprema lo había llamado a indagatoria para esclarecer la posible fabricación de testigos donde está involucrado Álvaro Uribe. La orden de proteger su integridad no se cumplió.

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, organizó en el Congreso en el año 2014 un debate sobre paramilitarismo, donde afirmó que paramilitares presos vinculan una finca de los Uribe Vélez en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), justo cuando Uribe fungía como gobernador de Antioquia.

Uribe ha sido insistente en afirmar que Cepeda instigó a Areiza para testificar contra su hermano Santiago Uribe, contra el ideólogo y senador del uribismo José Obdulio Gaviria y contra Luis Alfredo Ramos. También lo acusa de ofrecer un soborno de 100 millones de pesos que, tanto Areiza como Cepeda, negaron haber consensuado, el cual tendría como fin señalar a Uribe y su círculo político de vínculos con paramilitares. Desde el 2012 Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema supuestamente por organizar un cartel de falsos testigos: “lo que sí es manipulación de testigos es aprovecharse de pertenecer a una Comisión de Derechos Humanos para visitar cárceles, docenas de veces, como no han podido negarlo, para ofrecer beneficios a personas que acusen a mi hermano o a mí”. Esta denuncia se revertió en su contra este año, pues la Corte comprobó que Areiza no escribió la carta por la que investigaban a Cepeda.

La Corte Suprema no solo desestimó las denuncias contra Cepeda y lo absolvió, sino que dejó en firme investigación contra Uribe por manipulación de testigos. Aseguran tener evidencias como llamadas telefónicas, amenazas contra los testigos y sus familias y unas supuestas “fallas técnicas”, que no es otra cosa que la desaparición de registros y evidencias de la Sala de Interceptaciones de la Fiscalía, algo a todas luces grave pues denota hasta dónde llegan los tentáculos uribistas y la corrupción del sistema judicial.

Llama la atención que Areiza no es el primer muerto entre quienes tienen información contra el exmandatario y su hermano, detalles que podrían esclarecer su participación en la creación del grupo paramilitar “Los 12 apóstoles”. La investigación contra Santiago Uribe que se adelanta hace más de 20 años y que lo envió a prisión en 2016 (hoy en prisión domiciliaria), tiene 12 testigos fundamentales de los cuales han sido asesinados nueve.

Cabe señalar que, actualmente, Luis Alfredo Ramos es jefe de debate del candidato presidencial uribista, Iván Duque, y que su entorno político más cercano está prófugo o en prisión por corrupción, parapolítica y participación en crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, es de recordar que Uribe enfrenta 28 procesos en la Corte Suprema, además de múltiples investigaciones que han sido cerradas por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (también llamada “Comisión de Absoluciones” por el nivel de impunidad en los fallos).

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El investigador Carlos Montoya Cely, coordinador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, analiza la ausencia del Estado colombiano para investigar y castigar con seriedad la responsabilidad intelectual de los asesinatos sistemáticos contra líderes sociales. Mientras publicamos esta nota se anunció el homicidio de otro líder campesino y un reincorporado de las FARC.

Dispara. Alias “Chiqui” un sicario del bajo Cauca antioqueño al servicio del Clan Úsuga cuenta la rutina de un asesinato: lo llaman para darle los detalles de la víctima, más tarde lo recogen en moto, le entregan el arma, dispara. Después regresa el arma y continúa su trabajo cotidiano, el suyo, en una cerrajería. Desde hace más de un año Chiqui hace parte del grupo de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación. Él sabía que trabajaba para los Úsuga pero no para quién trabajaban ellos. Es decir, sabemos quién aprieta el gatillo, no quién paga para que disparen.

La mayoría de los relatos sobre los hechos detrás de la muerte violenta contra líderes sociales están relacionados con situaciones de sicariato: Aldemar García, defensor de la tierra, fue asesinado a tiros por sujetos motorizados que cubrían sus rostros con los cascos; Faiver Cerón Gómez, fue asesinado mientras se desplazaba en motocicleta hacía su casa, tres sujetos lo esperaron en la vía y abrieron fuego contra el presidente de la junta de acción comunal. Los rastros que dejan las muertes de líderes sociales encajan perfectamente con las historias de sicarios a sueldo, hombres que como Chiqui cumplen ordenes. Autores materiales, el eslabón más bajo en una cadena de crimen organizado; no el autor intelectual del asesinato.

La violencia contra líderes sociales en Colombia produce un cadáver cada tres días. Desde el 24 de noviembre de 2016 al 15 de marzo de 2018, se han producido, de acuerdo con el observatorio de violencia selectiva de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, 417 agresiones, entre ellas, 139 homicidios.

El observatorio de Pares, en su trabajo de monitoreo de agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, ha construido los perfiles de las víctimas y ha caracterizo a los victimarios con el objetivo de generar insumos que permitan la comprensión del fenómeno de violencia contra esta población.  Al caracterizar los victimarios encontramos cinco grupos; i) No identificados, ii) Organizaciones Criminales iii) Disidencias o Desertores de las FARC iv) Grupos Armados Ilegales (ELN) y V) Fuerza Pública.

De acuerdo a las cifras, sobre las 417 agresiones registradas en 243, es decir el 58% de los casos, no es posible reconocer algún determinador. El segundo grupo con más hechos victimizantes son las Organizaciones Criminales con el 31% de los casos reportados, sigue la Fuerza Pública con el 7% y termina el ELN y las disidencias o desertores de las FARC con el 2% cada uno.

Tipo de Responsable según hecho*

Fuente: Observatorio Violencia Selectiva Fundación Paz & Reconciliación-Pares. *La gráfica omite las acciones hechas por la fuerza pública, las cuales según los datos del sistema de información estarían relacionadas con 23 detenciones arbitrarias y 5 homicidios extrajudiciales.

En la clasificación no identificado, la categoría responde a dos tipos de  actores: i) Actores No Identificados y ii) Estructura Criminal No Identificada.  Cuándo se habla de actores no identificados, se están reconociendo aquellos hechos en los que la información no permite inferir que hay una estructura criminal detrás del evento, un ejemplo es el caso de la lideresa Alicia López, asesinada en marzo de 2017 “El crimen se presentó a las 8:45 a.m. en una tienda de ese barrio de la comuna 7 de Medellín. Según testigos, dos hombres entraron hasta el establecimiento comercial y dispararon en repetidas ocasiones.” (El Colombiano, 2017)

El segundo tipo de no identificado, tiene relación con narrativas que permiten determinar que detrás del hecho hay una estructura criminal que materializa la agresión. Los relatos en estos casos son mucho más explícitos sobre la capacidad de la organización y la lógica operativa con la que funcionan estas estructuras, por ejemplo, Porfirio Jaramillo, un reconocido reclamante de tierras del Urabá antioqueño, fue asesinado en enero de 2017 por una estructura criminal no identificada;

“En la noche del pasado sábado cuatro hombres fuertemente armados ingresaron a la vivienda del campesino ubicada en la vereda Guacamayas, en el municipio de Turno (Antioquia) ante la mirada atónita de sus familiares y amigos. […] aseguró que hace cuatro meses le llegó una comunicación al líder campesino en la que se le daba un plazo para abandonar su finca. Inmediatamente puso una denuncia ante la Policía y la Fiscalía sobre estos hechos, indicando que sospechaba de dónde venían estas intimidaciones. Jaramillo había regresado hace dos años a la vereda después de haber sido desplazado por los grupos paramilitares. La Unión Nacional de Protección indicó que en los últimos meses se había iniciado el estudio de la protección del reclamante de tierras” (El Espectador, 2017)

En este caso los móviles nos permiten entender que hay niveles de organización criminal detrás del hecho, incluso la relación con grupos paramilitares, inmediatamente ubica al victimario como representante de organizaciones criminales que tienen presencia permanente en el territorio. Desde luego, el hecho de que la mayoría de las agresiones sean perpetuadas por actores no identificados, reproduce la impunidad y minimiza el hecho. No identificar el actor permite que se reproduzcan ideas que asocian los homicidios con acciones aisladas, lejanos a la actividad política que desempeñaba la víctima.

Lamentablemente, del total de los hechos asociados a la tipología de no identificado, el 86% de los casos no tiene información suficiente para vincular siquiera a estructuras criminales no identificadas, seguramente este es uno de los elementos que permite la reproducción sistemática de estas acciones.

Por otra parte, los territorios en que ocurren estas acciones, son escenarios en disputa de las organizaciones criminales. Según los datos, en Cauca (23 casos) Antioquia (19 casos) Córdoba (12 casos) Chocó (10 casos) y Nariño (9 casos) han ocurrido el 52% de los homicidios contra líderes sociales. Los mapas a continuación muestran las complejas condiciones que viven estas zonas en términos de presencia de diferentes grupos armados ilegales. Esto dificulta la relación entre hecho violento y grupo armado, en tanto la condición de disputa hace que sea difusa la vinculación de la acción con un grupo determinado.

Mapas de Seguridad Norte del Cauca (Izquierda) y Bajo Cauca Antioqueño (Derecha)

Bajo Cauca Antioqueño. Fuente: Fundación paz y Reconciliación-Pares

Norte del Cauca. Fuente: Fundación Paz y Reconciliación-Pares

A pesar de lo difuso que resulta otorgar responsabilidades a una sola organización criminal, parece claro que estas acciones hacen parte de un repertorio de violencia que es ofrecido, indistintamente, por diferentes estructuras criminales y que es tomado por actores que desde la legalidad transitan en la ilegalidad.

No se trata de ninguna manera de hechos aislados, es un comportamiento sistemático contra las actividades que desarrollan los líderes y defensores de derechos humanos, al final, los determinadores de las acciones siguen entre las sombras de la impunidad. La investigación académica ha delineado un perfil claro de las víctimas, pero la justicia ha sido incapaz de establecer un perfil del determinador.

Por ahora, actores materiales de asesinatos, como Alias “Chiqui” están a disposición de la justicia de manera voluntaria y muchos otros han sido capturados, pero no se ha avanzado en reconocer quiénes son los responsables intelectuales. De acuerdo con la investigación de Pares, el Clan del golfo, o las Águilas Negras no son los determinadores, son simplemente mercenarios que ponen a disposición este servicio criminal, la pregunta sin resolver es ¿Quiénes son los principales clientes de estos servicios?

Nota: Para saber más sobre la violencia selectiva en Colombia visita todo nuestro especial #NosEstánMatando. La primera entrega fue sobre el perfil de los líderes asesinados y las próximas serán sobre agresiones y respuesta institucional.

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*Publicado inicialmente por la Fundación Paz y Reconciliación.

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7.132 armas de la guerrilla de las FARC-EP fueron entregadas a la misión de la ONU. Con esto, cumplen su palabra y la sociedad colombiana espera que el Gobierno haga lo mismo: que entregue tierras, democratice el sistema político e implemente sin trucos los acuerdos de La Habana.

Que los más de 7.000 guerrilleros y guerrilleras concentradas le hayan cumplido al país, que hayan pedido perdón por los avatares del conflicto y de su accionar militar, que se hayan salvado más de 2.600 vidas (según la ONU) debido al cese del fuego, es de celebrar. Su consigna fue “dejar las armas para tomar la palabra”.

La dejación de armas de las FARC, en su sentido histórico y político como acontecimiento trascendental para el devenir de la Nación, es un hecho que sin duda simboliza la esperanza de vivir en un país diferente, sobre todo para quienes han sufrido la guerra con mayor rigor. 260.000 muertos, 7 millones de desplazados, alrededor de 80.000 desaparecidos, 9.500 presos políticos y miles de exiliados, son algunas de las consecuencias del conflicto armado colombiano que hoy se encuentra en un periodo cúspide de la solución política.

Es de reconocer que gracias a los acuerdos de La Habana, la oposición política por primera vez en la historia cuenta con un Estatuto que le da garantías democráticas para ejercer sus derechos. Las FARC ingresará al escenario político legal luego de 53 años de lucha armada, así, en agosto realizarán un congreso donde darán directrices y completarán su estrategia a seguir.

Sin embargo, para que en Colombia se hable del fin de la guerra, sin un optimismo que a veces se torna petulante, hay que tener en cuenta otros aspectos. La mesa de diálogo en Ecuador entre la guerrilla del ELN y el Gobierno avanza, aunque con serias dificultades, pues no ha llegado el momento en el que ambas partes empiezan a ceder. Los combates militares continúan. Mientras la insurgencia reclama un cese bilateral del fuego para “humanizar la guerra” y mejorar las condiciones de diálogo, el Gobierno presiona para que esta organización abandone la práctica del secuestro. El ELN es observadora de cada detalle ocurrido en el contexto del diálogo con las FARC y por eso la desconfianza: asesinato de guerrilleros amnistiados, asesinato de militantes de izquierda y líderes sociales, incumplimiento en lo más básico del Acuerdo, brutalidad policial contra la protesta social, entre otros.

Asimismo, sin ningún reparo, el Gobierno continúa afirmando que el paramilitarismo no existe, aún cuando las investigaciones arrojan claras evidencias de que estos ejércitos, que nacieron de la convivencia entre terratenientes, políticos y empresarios, son los principales victimarios de la violencia contra actores sociales, políticos y de derechos humanos. Desde ahora, lo que pase en los territorios anteriormente controlados por las FARC, es responsabilidad del Estado. ¿Qué viene sucediendo? Un peligroso crecimiento del paramilitarismo, aunque se usen los eufemismos de “bandas criminales” (Bacrim), neoparamilitares o “grupos sucesores del paramilitarismo”. Es imperativo que el cuerpo élite creado para perseguir a los paramilitares los combata. El paramilitarismo sí existe y como organizaciones criminales deben desaparecer. Para el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), solo en 2016 los paramilitares cometieron 550 violaciones de Derechos Humanos.

Por otro lado, en el marco de los incumplimientos del Gobierno, más de 3.400 guerrilleros presos se encuentran hace varios días en una manifestación pacífica exigiendo ser indultados como lo precisa el Acuerdo en el punto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ahora bien, difícilmente habrá fin de la guerra si las condiciones que originaron la violencia se mantienen intactas, como se ve evidenciado en el modelo de desarrollo del gobierno de Santos, que mantiene 22 millones de pobres y 12 millones en pobreza extrema. Igualmente se ve con ejemplos como Buenaventura (pacífico colombiano), donde se viene sufriendo la represión policial y la militarización por exigir condiciones básicas de vida como tener agua y electricidad, mientras el territorio es saqueado por las multinacionales. No habrá paz sin el desmonte efectivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que continúa hostigando con brutalidad al magisterio en diferentes zonas del país, sector que lleva tiempo exigiéndole al presidente Santos cumplir los acuerdos de huelgas anteriores. Lo mismo sucede con el movimiento indígena, campesino y sindical. Los niños y niñas siguen pagando con su vida el abandono estatal, mueren de hambre, de desnutrición. Así no habrá paz.

El llamado fin de la guerra en Colombia es una bandera política, un instrumento discursivo, pero es, sobre todo, una ilusión. Si bien es fundamental para el país que este movimiento armado continúe en la lucha como partido político, lo cierto es que el desprecio a la izquierda revolucionaria en Colombia es más profundo y generalizado que el reducido apoyo a la izquierda democrática, un desprecio irracional ocasionado por medio siglo de guerra no solo bélica, sino también ideológica.

Un ejemplo claro es el aprovechamiento político de la explosión ocurrida el pasado 18 de junio en uno de los centros comerciales de élite de la capital donde murieron tres mujeres. Sin duda cumplió con uno de sus objetivos: opacar la dejación de armas de las FARC y politizar este acto de terrorismo para ir acumulando votos de cara a las elecciones presidenciales de 2018. ¿A quién le sirve una explosión en un baño de mujeres? A quienes viven de la guerra, a quienes no tienen otra forma de capitalizar el poder político que mediante la generación de odio, miedo y violencia.

La extrema derecha, representada por el cuestionado expresidente y ahora senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, tiene como propósito “hacer trizas los acuerdos de paz”. Juegan a confundir. Torpedean cualquier intento de cambio a sus lógicas guerreristas. Sin embargo, es una de las fuerzas políticas más grandes del país, como quedó demostrado en octubre pasado con los resultados del Plebiscito por la Paz, donde ganó el NO, con ayuda de publicidad engañosa y propaganda con mentiras orquestadas por sectores eclesiales, moralistas fanáticos y anticomunistas acérrimos de dicho partido.

Finalmente, cabe señalar que por dicha explosión fueron capturadas nueve personas, una de ellas puesta en libertad por definirse como una captura ilegal. Lo curioso es que, como viene sucediendo en los últimos años, son personas reconocidas en materia académica, política o social. Causas armadas (falsos positivos judiciales) que envían un mensaje negativo al país, pues no solo es recurrente la captura de personas inocentes bajo pruebas y testigos falsos, sino que se aprovecha cualquier ocasión para estigmatizar aún más a la universidad pública; abogadas, artistas, periodistas y especialmente profesionales de las ciencias humanas comprometidos con la paz desde sus organizaciones sociales. Un sistema de justicia fallido, el cual sigue sin estar preparado para este momento político.

Así, se hace imprescindible la movilización social y la unidad en la práctica, para que no triunfe el odio, para que no gane el mayor cáncer que tiene Colombia, es decir, Uribe y el uribismo. En el futuro pueden surgir nuevas guerras, ojalá me equivoque y pronto podamos hablar del conflicto armado como un asunto del pasado.

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En la última semana fueron asesinados de forma gradual cuatro líderes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, a su vez, otros dos han sufrido atentados con arma de fuego. Voceros del movimiento confirman que la lista de muertos asciende a 124 en los últimos cuatro años, en plenos diálogos de paz, donde uno de los compromisos es justamente la actuación del Estado para desmantelar el paramilitarismo, enemigo de la solución política al conflicto armado.

Ha avanzado la mesa de negociación entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno colombiano. La firma definitiva del Nuevo Acuerdo para la Terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, lograda el pasado 12 de noviembre, exige caminar hacia la inmediata implementación. Aún así, la ofensiva militar y paramilitar de 2016 hacia el movimiento social se ha acrecentado de manera alarmante, dejando como saldo cientos de líderes y lideresas sociales que, por su ejercicio político y su militancia social orientada a respaldar el fin del conflicto armado, han sido perseguidos, amenazados y asesinados de manera sistemática.

Los escenarios políticos tradicionales, los medios masivos de comunicación y diferentes instituciones del Estado, son cómplices de que la opinión pública no conozca ni condene las acciones de diferentes estructuras paramilitares que siguen actuando con la connivencia de la Fuerza Pública.

La estigmatización social y persecución política para quienes pertenecen a organizaciones políticas y sociales que luchan por la paz, es un fenómeno transversal en la histórica política de exclusión y exterminio que el Estado colombiano que ha ejercido sobre la movilización popular en el país. El genocidio político cometido durante la década de 1980 contra el partido de izquierda Unión Patriótica (UP), donde el Estado colombiano y las estructuras narcoparamilitares enconadas en su interior, asesinaron a más de 5.000 militantes. En la misma época aniquilaron al movimiento A Luchar!. El movimiento social actual interpreta los asesinatos de los últimos días como el desarrollo de un nuevo genocidio donde las fuerzas políticas de derecha y ultraderecha renuncian a dejar de utilizar el mecanismo de la violencia para detener el avance de la organización de los movimientos populares y su trabajo por la consecución de una paz con justicia social.

A pesar de que el gobierno de Juan Manuel Santos anunció el ‘cese bilateral de fuegos y hostilidades’ el pasado 29 de agosto, la cifra alarmante de líderes y lideresas sociales asesinadas desde entonces, demuestra que las hostilidades por parte del Estado y sus estructuras paramilitares contra el movimiento social nunca se han detenido, por el contrario, se han incrementado. También violaron el cese de fuegos, asesinando a dos guerrilleros días después de la firma del Nuevo Acuerdo dado en La Habana (Cuba).

En 48 horas hubo cuatro homicidios y dos atentados contra la vida de integrantes de los procesos regionales del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica , uno tras otro, territorios donde hay fuerte presencia del Ejército Nacional. Los asesinatos perpetrados contra miembros de asociaciones campesinas y personas reclamantes de tierras, ocurre después de que han sido frecuentemente amenazados y hostigados. Los grupos paramilitares tienen presencia en las regiones rurales donde dichas asociaciones adelantan trabajos en el marco de defender las Zonas de Reserva Campesina.

Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, Ejército Anti Restitución de Tierras, Águilas Negras, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las principales estructuras paramilitares victimarias.

La difusión de panfletos amenazantes, en los que se imponen toques de queda, se anuncian asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, torturas, desapariciones, entre otras prácticas realizadas por estos grupos, demuestra la impunidad de la que gozan en regiones del país como San Vicente del Caguán, región históricamente afectada por el conflicto armado. Humberto Sánchez, alcalde de esta región y perteneciente al parapolítico partido Centro Democrático, hizo declaraciones justificando dichos acciones del paramilitarismo contra el movimiento social, homogenizando a todos con la frase “eran guerrilleros”. Cabe recordar que Sánchez prohibió en esta región usar mochila y decir la palabra “compañero”, rechazando con infantilismo y peligrosidad cualquier expresión que pueda oler a izquierda, justo en la región que fue sede de los fallidos diálogos de paz dutante el gobierno de Andrés Pastrana.

El Ejército Nacional busca presentar estos asesinatos como ‘guerrilleros dados de baja durante operaciones realizadas contra la guerrilla ELN’, respondiendo nuevamente al mecanismo de las ejecuciones extrajudiciales que caracteriza a la fuerzas militares colombianas.

Erley Monroy en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, Didier Losada Barreto Platanillo en La Macarena, departamento del Meta, José Antonio Velásquez y Jhon Rodríguez en Caloto, departamento del Cauca, Rodrigo Cabrera en Policarpa, departamento de Nariño, Argemiro Lara en Ovejas, departamento de Sucre, los atentados contra Danilo Bolaños Díaz en Nariño y Hugo Cuellar en Caquetá (quién salía del velorio de su compañero Erley Monroy), la desaparición Hannier Hurtado en el Valle del Cauca, se suma a la cifra de más de 124 militantes de este movimiento, en su mayoría campesinos comprometidos con aportar al fin de la guerra

El Estado ya empezó a incumplir los acuerdos al no proteger la vida y los derechos de las comunidades y sus territorios como una verdadera garantía para la participación política. La existencia de pluralidad de pensamiento en un país que camina sobre el sendero de la reconciliación necesita de acciones concretas por parte del Estado: acciones jurídicas y voluntad política que garantice el desmonte efectivo del paramilitarismo, brindando plenas garantías para que el movimiento social colombiano en su conjunto pueda participar en política sin que lo sigan exterminando.

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La detención de Santiago Uribe Véliz -hermano del ex presidente colombiano- vuelve a poner los ojos sobre la complicidad del ex mandatario con el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia.

El pasado 29 de febrero fue capturado, en la ciudad de Medellín, Santiago Uribe, hermano del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Este hecho es el primer corolario importante en relación a varios procesos judiciales en los que se investiga la relación y connivencia de la familia del ex presidente con el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia. La detención del menor de los hermanos Uribe Vélez es consecuencia de una denuncia en la cual se le incrimina como precursor del grupo paramilitar llamado “Los Doce Apóstoles”.

La acusación en su contra se remonta al año 1997 cuando por primera vez Santiago Uribe fue llamado a indagatoria en el marco de una investigación, que intentaba develar la verdad respecto de los crímenes de secuestro, extorsión y homicidio, cometidos por el grupo “Los Doce Apóstoles” entre los años 1993 y 1994. Este proceso fue parcialmente archivado en el año 1999 por supuesta falta de pruebas, pero quedó abierto a la presentación de material probatorio para darle continuidad a la investigación.

Esas pruebas llegaron desde Buenos Aires en el año 2010, cuando el agente retirado de la Policía Colombiana, Juan Carlos Meneses Quintero, dio su testimonio ante Adolfo Pérez Esquivel; Carlos Zamorano de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Eduardo Freiler, juez de la Cámara de Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Beinusz Smuckler y Ernesto Moreau de la Asociación Americana de Juristas. Esta confesión, sumada a relatos como el del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz confirmaron, no un vínculo instrumental u ocasional, sino que corroboraron que Santiago Uribe Vélez creó, financió y fue jefe del grupo armado criminal “Los Doce Apóstoles”.

Hasta hace poco, el menor de los Uribe Vélez estuvo protegido por el halo de impunidad que su hermano ex presidente se encargó personalmente de custodiar. Entre otras cosas Álvaro Uribe Vélez llevó adelante una campaña de desprestigio público internacional contra Adolfo Pérez Esquivel que volvió a sacar a la luz en los últimos días. En el marco de la declaración de defensa a su hermano, manifestó que los abogados de los denunciantes han contado con algunos ayudantes a los que se refiere como “protectores de la guerrilla, declarados enemigos míos”, y entre los cuales incluye a Pérez Esquivel definiéndolo como “Nobel de paz, al servicio del terrorismo, protector de falsos testigos”.

Han sido muchos los esfuerzos, investigativos y judiciales, por desentrañar la dimensión de la relación entre Álvaro Uribe y su familia y la guerra en Colombia. Esfuerzos que han llegado hasta la Corte Penal Internacional donde sigue en marcha una investigación para determinar la participación del ex presidente en el caso de los mal llamados “falsos positivos” y otras barbaries como la Masacre de El Aro, en la que los propios perpetradores, bajo indagatoria judicial, han develado la complicidad del ex mandatario.

Otro de esos esfuerzos se sintetizó de manera concreta en el libro de Jorge Rojas e Iván Cepeda, “A las puertas del Ubérrimo” (El Ubérrimo es una de las fincas del ex presidente), en el que se narra con precisión el proceso de consolidación del proyecto paramilitar, la manera en que se afianzó un modelo de terror y de eliminación física del contradictor; la confabulación entre el poder político, el paramilitarismo y el narcotráfico; y el protagonismo de los Uribe Vélez en toda esta historia. Los datos que expone el libro son contundentes y muestran el panorama del conflicto armado, las masacres, los secuestros, la desaparición, la usurpación de tierras a gran escala, y el consecuente proceso de desplazamiento forzado y la monopolización de la propiedad sobre la tierra. Beneficiarios centrales de este proceso, fueron los Uribe Vélez que al ritmo que se profundizaba la guerra iban ampliando su poder económico y político en las regiones bajo su influencia.

De otra parte, y como muestra adicional del oscuro prontuario de Uribe Vélez, hace un poco más de una década fue desclasificado por el Pentágono y hecho público un informe de inteligencia titulado “perfil de los narcotraficantes colombianos”, elaborado en septiembre de 1991 por el gobierno de los Estados Unidos. Dentro del listado, se expone bajo el numeral 82, lo siguiente: “Álvaro Uribe Vélez, político colombiano y senador dedicado a colaborarle al cartel de Medellín en altos niveles gubernamentales. Uribe fue involucrado con la actividad de narcóticos en los Estados Unidos. Su papá fue asesinado en Colombia por su conexión con los traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es muy cercano a Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar”.

Reconstruir la historia de la relación entre el paramilitarismo y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su familia, significa remontarnos a varios de los hechos más sangrientos y dolorosos que ha vivido Colombia en las últimas décadas, y en especial al terrorismo desplegado en los departamentos -provincias- de Córdoba y Antioquia. Zonas en las cuales, no por coincidencia, no solo los Uribe Vélez concentran su mayor poder territorial y político; sino que es allí donde los grupos paramilitares lograron su mayor crecimiento y expansión; y donde los crímenes del Estado en connivencia con el paramilitarismo han dejado la mayor cantidad de víctimas.

Aún con el poder de la política, de la justicia y de las armas jugando a su favor, veinte años después de iniciada la investigación, Santiago Uribe fue capturado y los defensores de la paz, la memoria y la justicia en Colombia esperamos que su captura permita no solo llegar al fondo respecto del caso de “Los Doce Apóstoles”; sino también empezar a desentrañar el papel de Santiago y en especial de Álvaro Uribe Vélez en la comisión de crímenes de lesa humanidad y en la instauración del régimen de terror que persiste en Colombia desde hace más de medio siglo.

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