Por Voces Urgentes / @VocesUrgentes

José Geraldo Rojas, Manuel J. Cordero Benítez, Alexi Ontiveros Mora, Eudes Rojas Peña, Kebin Navas Rodríguez, Milaidis Navas González, eran las y los compañeros asesinados.

El suceso ocurrió a las 10:30 am del sábado en el kilómetro 12 de la carretera agrícola que conduce a la reserva Ticoporo, Municipio Sucre (Socopo), según informa la CRBZ en comunicado: “El modus operandi permite inferir que el cobarde ataque fue realizado por un equipo con entrenamiento militar, presumiblemente integrado por elementos del paramilitarismo colombiano, ex policías venezolanos y delincuencia común… Hay que recordar que en los últimos días las llamadas Autodefensas Colombo Venezolanas han atacado unidades militares de la FANB y, de forma sistemática, amenazando a los cuerpos de seguridad y a militantes chavistas. Esto como parte de los planes de intervención imperial sobre nuestra patria. El hecho de que la operación haya sido dirigida por una mujer de acento colombiano nos da pie para afirmar lo anterior.”

Desde que se conoció la información se sumaron diversas voces en repudio y solidarizándose con los familiares de las víctimas y de la CRBZ, entre ellas un comunicado firmado por un número importante de organizaciones sociales, que expresan: “Por ello ratificamos las denuncias que desde hace años venimos realizando, se incrementan las acciones de mercenarios paramilitares que hacen parte del asedio contrarrevolucionario a la militancia chavista, impulsada por la oligarquía venezolana y colombiana, se configura así un problema que compromete la seguridad y soberanía del Estado.

Exigimos una vez más la actuación firme de las instituciones del Estado, quienes están en deuda con el pueblo que pide justicia, son cientos los casos similares que hoy están en total impunidad, lo que ataca, entre otras cosas, directamente al espíritu comunal, comunitario, base de nuestra democracia participativa y protagónica, corazón mismo de la fuerza de la revolución”.

Desde el primer momento en redes y medios de oposición iniciaron como es ya costumbre el intento de una segunda muerte: la mediática. Intentaron justificar la vil acción, relativizando lo sucedido y criminalizando a la organización del pueblo que se abrieron paso en días de violencia fascista para la defensa de sus territorios, así nacieron las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez: “Eran los días en que la derecha venezolana dirigida por Estados Unidos sometía al país a una ola de violencia fascista sin precedentes: operaciones paramilitares contra cuarteles militares y policiales, incendio de centros de acopio de alimentos, destrucción de centros de salud, sedes de partidos políticos y organizaciones sociales, asedio a urbanismos de Misión Vivienda, asesinato de chavistas y personas sin filiación política, eran cometidos día a día bajo el disfraz mediático de “pueblo pacífico en protesta contra el gobierno”.

Organización popular que desarrolla varios objetivos: “su accionar no se limita a tareas de preparación para la defensa, sino que se enfoca, hoy, de forma primordial en tareas organizativas de carácter social y productivo, como aporte para enfrentar la crisis económica y el bloqueo…los(as) más de 1.000 brigadistas de las BDPHCh se mantienen desplegados(as), por un lado, en la realización de operativos de ayuda solidaria como parte central del voluntariado que empuja la Red Popular de Ayuda Solidaria, y por otro, en el apoyo a la ejecución del plan de siembra conuquero y de resistencia, que implica la meta de más de 4.000 hectáreas de siembra entre rubros como maíz, frijol y arroz en Barinas, Apure, Táchira y otros estados del país.”

Disparan en sentido contrario algunos partidarios de la oposición para tratar de ocultar lo evidente, la acción de mercenarios al servicio de los latifundistas y sus planes locales de apoyo a los intentos de desestabilización nacional, así lo afirmo éste 29 de julio Diosdado Cabello, en la rueda de prensa semanal del partido PSUV: “No es nuevo que nuestros campesinos y nuestras campesinas sean asesinados por grupos paramilitares. El sicariato. Más de 300 muertos”.

Y también informo: “Fueron ajusticiados, hasta una señora con un niño de apenas un mes de nacido. Es la violencia que viene importada desde Colombia. Son ellos exportando violencia y drogas, maldad para el mundo. Nuestra solidaridad con el movimiento campesino y exigimos una investigación que dé con los culpables, los autores materiales e intelectuales de ese hecho”

Coincidiendo con las exigencias de la CRBZ: “La Corriente y las BDPHCH pedimos la mayor celeridad en las investigaciones que lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables materiales e intelectuales. Confiamos en las capacidades de nuestros órganos de investigación judicial, pero mantendremos una lucha mediante la denuncia y la movilización para pedir que estos asesinatos no queden impunes.”

Quedando además con mayor compromiso para continuar la lucha, dirigiéndose directamente a los responsables de la masacre: “A los asesinos les decimos que no nos amilanaremos, que como personas somos humanamente vulnerables, pero espiritualmente estamos ferreamente conformados por lo que ha sido nuestro pueblo siempre, un pueblo valiente e irreductible. En cualquier terreno nos encontraran de pie y con determinación. No esperen clemencia si actúan de forma cobarde y artera. El brazo de la justicia bolivariano es largo y siempre hace justicia.”

La noche de éste 29 de julio cierra con una nueva muestra de solidaridad, repudio y exigencia de justicia, con un mensaje claro en redes sociales con la etiqueta #NoMasChavistasAsesinados que encabezó las tendencias a nivel nacional.

En una dura lucha cotidiana para continuar el andar, en el marco de la mayor crisis en la historia del país, con medidas coercitivas ilegales impulsada por el imperio, con permanentes ingresos al espacio aéreo venezolano por naves espías, informado por el mismo jefe del Comando Sur, está nueva masacre recuerda que la guerra híbrida que se enfrenta tiene varias dimensiones y que en una de ellas sigue poniendo los muertos, con una total impunidad.

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Hace más de un mes se empezó a recrudecer la confrontación armada entre el reducto existente del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos insurgentes que operan en la región del Catatumbo.

El Catatumbo, departamento de Norte de Santander, es una región limítrofe con Venezuela que se ha caracterizado como una de las zonas más conflictivas del país en tanto convergen el abandono estatal, la presencia de múltiples actores armados (ELN, EPL, antiguas FARC-EP, grupos paramilitares, Policía y Ejército), los cultivos de uso ilícito y de rutas para el narcotráfico, la economía extractiva ligada al petróleo y la presencia de grandes cultivos de palma africana, por nombrar los más evidentes.

Contexto

La complejidad de esta región se da por diversos procesos históricos ligados a grandes transformaciones económicas que vienen presentándose desde hace casi un siglo en el territorio. De esta forma, el Catatumbo se relacionó con el mundo a través de la extracción de petróleo desde hace más de ochenta años, pero más adelante, en la década de los ochenta, se ligaría también a través de los cultivos de uso ilícito. En el nuevo milenio incursionó la agroindustria en la región, específicamente con el cultivo de palma africana o palma de aceite destinada para la producción de biocombustible y acompañada de un fuerte proceso de copamiento territorial militar y paramilitar que daría lugar a masacres (la del municipio de Tibú en el corregimiento de la Gabarra en 1999) y a un fuerte proceso de despojo y concentración de tierras.

Por su ubicación geográfica este territorio goza de tener una invaluable oferta de bienes naturales estratégicos como el petróleo y el carbón, además de otros minerales como el plomo, el cobre y el fosfato. Dicha riqueza mineral ligó al Catatumbo a la economía extractiva, pero a su vez con la extracción del petróleo se incentivó el asentamiento de contingentes de trabajadores de esta industria, dando paso también a la organización de los trabajadores y a un sindicalismo combativo que será protagonista en las luchas sociales que se han dado desde ese entonces hasta el presente.

El abandono estatal padecido en el Catatumbo en términos de infraestructura vial, salud, educación y bienestar social en general, contrasta con el fuerte despliegue actual de más de 12.000 efectivos de la fuerza pública en sus tierras dedicados a labores de inteligencia, vigilancia de infraestructura petrolera, combate contrainsurgente y contra las drogas.

La inoperancia del Estado ha dejado como consecuencia el aumento de la pobreza y la disminución de la calidad de vida de sus pobladores, además de profundizar la crisis agraria debido a la imposibilidad del campesinado para comercializar sus productos a causa de la inexistencia de vías o al pésimo estado de estas, dificultando la conexión al interior y con el resto del país. Por motivo de esa exclusión estructural, desde la década del noventa miles de campesinos se han visto empujado a cambiar sus cultivos de café, yuca, plátano y hortalizas por matas de coca, cuyo procesamiento y transformación en pasta base y cocaína han servido como fuente de financiación de diversos actores armados presentes en la región.

Esta realidad socioeconómica dio pie para que en la región se establecieran y consolidaran tanto organizaciones sociales como proyectos político-militares. Los primeros se han encargado de organizar la vida comunitaria a través de las Juntas de Acción Comunal encargándose de la convivencia entre vecinos y actores armados, de la construcción de carreteras, colegios y puestos de salud, de la creación de planes de vida colectivos, de la defensa y protección de los bienes naturales y del territorio, de la defensa de los derechos humanos, entre algunas otras actividades.

Estos proyectos sociales entre los que se encuentran el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), el cabildo indígena del pueblo Barí y el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP) han sido algunos de los actores sociales regionales que se han encargado de hacer frente al proyecto de despojo y militarización que el Estado, las trasnacionales y los terratenientes de la región vienen consolidando a sangre y fuego desde hace varias décadas, razón por la cual han sido tachados como auxiliadores o pertenecientes a grupos insurgentes.

En cuanto a los proyectos político-militares que hacen o hicieron presencia en la región, debemos remitirnos a los últimos 40 años, periodo en el que se establecieron por las ventajas estratégicas que brinda la cercanía a la frontera con Venezuela, en términos de abastecimiento y posibilidades de mantener una retaguardia, pero además, por las ventajas que prestan las formaciones montañosas y escarpadas del Catatumbo que sirven para resguardarse del Ejército.

El Catatumbo fue hasta la entrega de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), la única región de Colombia donde coexistían las tres organizaciones insurgentes nacidas en la década de los sesenta en este país: el ELN, el EPL y las anteriormente denominadas FARC-EP. Estas guerrillas han desempeñado el papel del Estado impartiendo justicia, solucionando los problemas de convivencia en las comunidades, construyendo también escuelas y puestos de salud y en general organizando la vida social de los territorios de influencia.

Sus principales fuentes de financiación en la región se han centrado en la extorsión a empresas y comerciantes, cobro al gramaje de pasta base de coca y contrabando de combustible, lo que obligó a construir acuerdos entre estos grupos para repartirse zonas y las rentas derivadas de dichas actividades.

La confrontación actual EPL-ELN

El inicio del proceso de concentración y entrega de armas por parte de las FARC-EP durante el 2017 genera cambios y ajustes en la compleja repartición de las influencias territoriales de las organizaciones insurgentes presentes en el Catatumbo. Al abandonar las FARC-EP sus antiguas áreas de control en la región, se genera la oportunidad para que las estructuras del ELN y del EPL iniciaran un proceso de expansión y fortalecimiento en las zonas dominadas anteriormente por las FARC.

A la recomposición de las influencias territoriales se le suma la reacomodación de la comandancia local del EPL (también denominada como ‘Los Pelusos’) entre 2015 y 2016 tras la muerte en combate de ‘Megateo’ y la captura de ‘David León’, principales de dicha organización. Tras esos acontecimientos se fractura el mando del EPL , dando lugar a una sucesión de mando caracterizada por sostener fuertes lazos con actividades y rentas derivadas de la producción y tráfico de cocaína y del contrabando de gasolina originaria de Venezuela.

Por otro lado, con el inicio de las negociaciones entre el ELN y el Gobierno a partir del año 2016 y con el inicio del cese bilateral del fuego decretado en octubre del 2017, el EPL empieza a expandir su influencia de manera más contundente hacia zonas controladas por el ELN, lo que genera el el rompimiento de acuerdos entre ambos grupos en zonas en donde existían acuerdos para el tránsito y abastecimiento de las dos agrupaciones y acuerdos para la repartición de las rentas provenientes del contrabando de gasolina, la comercialización de insumos para el procesamiento de cocaína y del control de los cultivos de uso ilícito (que en la región tienen una extensión de más de 25.000 hectáreas).

El 15 de marzo iniciaron los combates entre el ELN y el EPL tras una serie de acciones militares en donde ambos grupos sufrieron bajas. En esa fecha también inició el éxodo de campesinos buscando huir de la confrontación. Un mes después, el 15 de abril, el EPL decretaría un paro armado en la región llamando al cese de actividades de transporte y comerciales e invitando a los catatumberos a mantenerse resguardados en sus casas, mientras el ELN llamó a desobedecer dicho paro. Las consecuencias que deja el paro van desde la parálisis del transporte intermunicipal, el desabastecimiento de víveres, paso restringido de ambulancias, cese de clases en todas las escuelas de la región y en general una grave crisis humanitaria que afecta las dinámicas cotidianas de la población.

El 23 de abril se dio a conocer un comunicado en el que el EPL anuncia un cese temporal de hostilidades contra el ELN que tuvo una duración de tres días, en donde se autoriza a la población a reabrir el comercio para procurar el abastecimiento de víveres y el acceso a otros servicios básicos. A pesar de esto la zozobra y la incertidumbre en la región se mantiene debido a la imposibilidad de que ambos grupos lleguen a acuerdos que detenga de manera contundente la confrontación, sumando también la clásica respuesta estatal orientada a la militarización y al tratamiento de guerra a los pobladores catatumberos.

La respuesta de los movimientos sociales ante la actual crisis

Según la oficina de la ONU en Colombia, la confrontación entre el ELN y el EPL ha dejado un saldo de más de 3.000 personas desplazadas y graves restricciones en la movilidad y acceso a bienes y servicios básicos de otras 144.000. Ante esta crisis humanitaria, diversos actores sociales y políticos de la región, junto con la iglesia católica e instituciones de orden local, regional, nacional e internacional, decidieron conformar la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, un organismo que pretende visibilizar la situación humanitaria del Catatumbo, pero también posicionarse como interlocutor político legítimo ante el Gobierno Nacional y los actores armados presentes en el territorio para articular acciones y buscar mecanismos que garanticen la protección de las comunidades y de los procesos organizativos que hacen presencia en el Catatumbo.

De esta forma, representantes de las principales organizaciones campesinas e indígenas que desarrollan sus actividades en la región (CISCA, MCP, ASCAMCAT, Pueblo Barí) se dieron cita el 12 y 13 de abril en Bogotá junto a la Defensoría del Pueblo, la embajada de Alemania, Naciones Unidas, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría Genera, la FARC y la gestoría de Paz del ELN. Asimismo estuvieron presentes los senadores del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla e Iván Cepeda.

Este escenario sirvió para que los movimientos sociales del Catatumbo denunciaran las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario que vienen padeciendo a raíz de la confrontación entre el EPL y el ELN y por las actuaciones de la fuerza pública, además permitió que le exigieran al Gobierno articulación institucional y respuestas de impacto real para hacer frente a la situación humanitaria que vayan más allá de la presencia de la fuerza pública y que reconozcan el olvido y la exclusión histórica que ha padecido la región por parte del Estado.

Producto de este encuentro, el 22 de abril en el municipio de El Tarra en el Catatumbo se realizó una asamblea que contó con la participación de más de 5000 personas en donde los participantes se comprometieron con la paz de la región. En las conclusiones de la asamblea en El Tarra se evidencian las demandas de los habitantes del Catatumbo, por un lado las de carácter inmediato frente a la confrontación armada, por otro lado las de carácter estructural y político frente al Estado. En las primeras se evidencia la necesidad de detener la guerra cuyas principales víctimas son la población civil, la salida que reclaman es política y negociada.

La demanda por el respeto a las decisiones de las organizaciones sociales, pero además el respeto a las zonas humanitarias, a los corredores humanitarios y a las misiones de verificación, estrategias procedentes de la población civil para garantizar el acceso a sus derechos. Garantizar el respeto a la vida y a la integridad de los líderes sociales y comunales de la región. Finalmente, desminar los territorios, garantizar el derecho a la educación y a la salud, así como el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Mientras las demandas al Estado pasan por el cumplimiento de los acuerdos de paz con la insurgencia, el pueblo catatumbero exige un cambio en el enfoque militar, ya que la experiencia de las comunidades ha indicado que este solo agudiza y agrava el conflicto en la región.

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*Julian Peña es estudiante de geografía de la Universidad Nacional de Colombia y colaborador de Marcha Noticias.

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