Por Base Investigaciones Sociales

El triunfo contundente del Partido Colorado en las elecciones del pasado 30 de abril ha dejado claro que este sector político es la primera minoría del país; en este sentido algunos referentes de la oposición han señalado que existe “una mayoría que votó contra la ANR”. Sin embargo, esa mayoría se encuentra dispersa, tanto en lo electoral como en materia de organización social y política.

El voto contra hegemónico, de impugnación al sistema político y económico actual, ha sido capitalizado por Paraguayo Cubas, un actor cuyas intervenciones políticas disruptivas genera enormes adhesiones en amplias capas de la población, principalmente aquella más marginada, y al mismo tiempo produce serías desconfianzas en los sectores más avanzados del campo popular que identifican en los discursos y en la acción política de “Payo” elementos propios de movimientos de ultraderecha que hoy avanzan en la región (Bolsonaro, Trump, Milei, entre otros).

Más allá de esto, tanto el resultado electoral como las movilizaciones posteriores permiten ver que existe un descontento de un sector muy importante de la población hacia el modelo democrático actual. En este sentido el libro “Movimientos Sociales y élites: disputas en torno a la democracia (2000-2021)” señala que esta crisis se explica desde la concepción misma de la democracia, en la que difieren las élites y los movimientos sociales. Al respecto este libro puntualiza: “la política en Paraguay es un terreno de confrontación y tensiones entre la ampliación o restricción de la democracia, entre las agendas de las élites y las de la sociedad en general. Mientras los sectores sociales comparten una perspectiva participativa y esperanzadora de disfrute pleno de derechos, las élites se han ido moviendo desde el lado de la democracia liberal, característico de los primeros años de transición, hasta una concepción patrimonialista, que implica que solo este sector tiene legitimidad para acceder a las instituciones y beneficiarse de ellas, lo cual refuerza su carácter involucionista, apropiador y conservador”.

El material indica que uno de los principales problemas estructurales en Paraguay es el control del Estado por un partido político y, en un sentido más amplio, por un sector minoritario (élite) que se ha consolidado como un partido total, de la cuna a la tumba, donde cualquier interacción social o económica está intermediada por este y beneficia al sector que representa. Esta dinámica totalizante pareciera no dejar espacio ni para una perspectiva de democracia pluralista ni participativa, ya que apunta a ocupar todo el espacio político. Frente a ello, avanzar en la construcción de la democracia aspirada por los movimientos sociales, encuentra su principal impedimento en el control del Estado (tanto a su institucionalidad, su normativa y sus funcionarios) por parte de las élites.

Ante esta situación el “hartazgo” popular parece seducido por una propuesta política de mayor confrontación con el modelo, propuesta que aún no ha sido asumida por los movimientos sociales y populares, y que, como se señaló anteriormente, fue capitalizada – en esta coyuntura – por la figura de Cubas.

La construcción de movimientos sociales y organizaciones populares fortalecidas, que puedan guiar ese hartazgo hacia la construcción de una “democracia real” que responda a las necesidades de la población más vulnerable, aparece como una tarea urgente ante el avance del conservadurismo y las políticas neoliberales y extractivas que se esperan del gobierno de Peña.

Publicada originalmente en Base IS.

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Por Roberto Irrazabal

Óscar Vicente Scavone y su firma Laboratorios de Productos Éticos donaron la suma de G. 1.200 millones para la campaña interna que logró poner a Santiago Peña como candidato colorado a presidente del país. La Ley establece un tope de G. 980.890.000 para las donaciones a campañas políticas. La empresa viene facturando al Estado casi USD 220 millones de dólares desde el año 2010, según datos de Contrataciones.

Los documentos de rendición de ingresos y gastos de campaña presentados por el movimiento Honor Colorado a la Justicia Electoral, respecto a las internas partidarias, detallan la lista de personas y corporaciones que realizaron donaciones y contribuciones para el grupo que logró posicionar a Santiago Peña como candidato de los colorados a presidente de la República, y a Horacio Cartes como presidente de la Asociación Nacional Republicana.

Como principal donante del cartismo figura el empresario Óscar Vicente Scavone Rivas, ex asesor económico y comercial de Cartes cuando fue presidente de la República, así como también figura su empresa Laboratorio de Productos Éticos CISA. Scavone figura con tres donaciones de G. 300 millones (G. 900 millones) y su empresa con otra de G. 300 millones.

Según los detalles, las primeras dos donaciones, de G. 300 millones cada una, Scavone las realizó el 26 de agosto del año pasado (facturas número 3 y 4), y la tercera donación a su nombre de G. 300 millones fue el 5 de octubre del año pasado. Por último, la cuarta donación de G. 300 millones lo hizo, pero a nombre de su empresa, en fecha 3 de noviembre del 2022. En total, Honor Colorado recibió G. 1.200 millones de Scavone.

La Ley Nº 6501/2020 de Financiamiento Político señala que los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales, y los movimientos internos de éstos, no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente, en forma monetaria o no monetaria, contribuciones o donaciones individuales superiores al equivalente a diez mil jornales mínimos para actividades diversas no especificadas por cada ejercicio anual, ya sea de personas físicas o jurídicas.

Tomando el Decreto Nº 7072 del Poder Ejecutivo del año pasado, que estableció el salario mínimo para actividades diversas en 2.550.307 guaraníes y el jornal en 98.089 guaraníes, el tope establecido para donaciones individuales es de G. 980.890.000. Como artimaña para violar la ley, Scavone hizo figurar a su nombre G. 900 millones, y a nombre de su empresa G. 300 millones.

Por cierto, dicha empresa figura en el sistema de contrataciones públicas como proveedora del Estado con datos públicos desde el año 2010 hasta la fecha, y según este sistema, la suma de todas sus adjudicaciones, desde entonces a la fecha, ha sido de G. 1.576.274.542.403, es decir, unos USD 218.927.020.

El aporte de Scavone a HC configuró más de la tercera parte de todo el dinero recaudado para la campaña, que en total fue de G. 3.575.620.000, todo en concepto de donaciones, según el informe presentado a la Justicia Electoral, donde señalan además que gastaron G. 3.408.032.439.

Otros contribuyentes con grandes facturacionesEn la lista de donaciones a Honor Colorado, además de Scavone, figuran otros importantes empresarios y empresas, como el caso de Raúl Doria Cortés, con G. 130 millones, y Miguel Ángel Figueredo Caniza, con G. 34.550.000.

Ambos directores del Centro Médico La Costa que se maneja con la empresa de seguro médico Asismed, otra gran prestadora de servicios al Estado, con un total facturado desde el año 2013 a la fecha de G. 1.854.468.030.319, es decir, unos USD 257.565.004.

Figueredo Caniza también figura como representante legal y presidente de Laboratorio San Roque SRL, y presidente Consejo de Administración MAPFRE Parguay, esta última también con algunos contratos con el Estado desde el 2010, que a la fecha suman G. 3.352.921.511, según el sistema de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Otra importante donación de G. 100 millones a HC fue la realizada por el empresario Eduardo Francisco Daud Orue, propietario, junto a sus dos hermanos, de la empresa Ao Poti SA, que también figura en el sistema de proveedores del Estado, con una facturación desde el año 2012 a la fecha de G. 78.952.428.494.

La empresa Pampeiro SA figura como aportante de la suma de G. 13.820.000 para Honor Colorado, y también figura en el sistema de la DNCP, con facturaciones al Estado desde el año 2010 que a la fecha suman G. 8.165.639.743.   Pedro Daniel Barrail Troche es otro que está en la lista de aportantes, él con la suma de G. 14 millones. El mismo figura como parte de la empresa BAGA SA, que alquila oficinas en el Complejo Barrail Costanera, entre ellas al Estado, según una licitación del 2021, específicamente el MITIC, por la suma de G. 1.865.500.000.

Entre otros donantes, también aparecen empresas con antecedentes de conflictos por la tierra con comunidades indígenas, como el caso de VLW SA, que figura como aportante de G. 72 millones para la campaña de HC, así como también en publicaciones de ABC Color del 2014 que hablan de deforestación de tierras de los silvícolas totobiegosode en Puerto Casado, Alto Paraguay.

En la misma línea, se encuentra la empresa H3 Agrochemical SA, cuyo representante legal es Hermann Hutz Afara, sobrino del ex vicepresidente y actual senador Juan Afara, e hijo de Hermann Hutz, quien desalojó a los indígenas Ava Guaraní de la comunidad Tekoha Sauce, que reclama tierras que le arrebató la Itaipú Binacional. Dicha firma figura con un aporte de G. 356.250.000 para HC.

(*) Este reportaje fue publicado originalmente en Made In Paraguay y hace parte de un trabajo colaborativo de la #RedAlternativa, una organización de diez medios digitales que unen sus esfuerzos de comunicación para estas elecciones. Podés seguir nuestras publicaciones en las redes sociales con las etiquetas #eleccionespy2023 y #otramirada

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Por Concepción Oviedo

El próximo 30 de abril se celebran las elecciones nacionales en Paraguay y las listas de los partidos están ocupadas principalmente por hombres blancos. En el país  de 7 millones de habitantes hay al menos 122 mil personas indígenas, quienes pertenecen a 19 pueblos, distribuidos en más de 600 comunidades. Este año, las candidaturas indígenas representan un 0,2% del total de todo el país, según datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral(TSJE). Nueve candidates de pueblos originarios aspiran llegar a Parlamento y 10 a las concejalías gubernamentales. Sólo tres son mujeres. 

El gobernante Partido Colorado, con el exministro Santiago Peña como candidato, y la opositora Concertación Nacional, con el también exministro Efraín Alegre como postulante, aparecen como las dos fuerzas en condiciones de quedarse con el triunfo. Existen otros 10 aspirantes al Palacio de López y el país elegirá, además, 45 senadores, 80 diputados y 17 gobernadores, entre otros cargos.

Ángela Salas es del pueblo Ava Guaraní y se candidatea como senadora del Partido Convergencia Nacional del Frente Guasú. Ana Romero es guaraní y es candidata a diputada por el partido de la Alianza Encuentro Nacional, y Tania Vera, ava guaraní, candidata a diputada por el Partido Juventud.  

Líderes en sus comunidades

Las tres candidatas comparten una trayectoria luchando por los derechos de las mujeres indígenas y las juventudes en sus comunidades. Conocen muy bien las necesidades de sus compañerxs. 

Ángela Sales es oriunda de la comunidad Nueva Esperanza del Distrito de Curuguaty (Departamento de Canindeyu, al este del país). Es coordinadora de la Asociación Kuña Guarani Aty y forma parte de la ANIVID (Articulación Nacional Indígena). Sales es licenciada y docente en Lengua Guaraní. Además tiene maestrías en lengua y en Asuntos Públicos y Gobernabilidad. Es técnica superior en Comunicación para el Desarrollo. Actualmente está cursando un doctorado en Derecho Público y Gobernabilidad.

Ana Romero es una lideresa juvenil del pueblo Guaraní, oriunda del departamento de Boquerón. Actualmente reside en Mariano Roque Alonso, una ciudad situada en el Departamento Central. Es madre y tiene una trayectoria de lucha en organizaciones de base en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas principalmente pero también cercana a las luchas populares. Forma parte de la ANIVID y es presidenta de la Unión Juvenil Indígena del Paraguay y recientemente licenciada en Relaciones Internacionales.

Tania Vera es del pueblo Avá Guaraní, oriunda de Canindeyú, es docente y estudiante de Derecho. Forma parte de la Red de Promotores Jurídicos de la CONAPI(Coordinación Nacional de Pastoral Indígena).

Acceso a la tierra como prioridad

“En estos 30 años, en ningún momento en los periodos de elecciones se ha priorizado la agenda de los pueblos indígenas, sobre todo sobre la tenencia y seguridad de las tierras. En estas elecciones estamos representados por mí y por otras compañeras y compañeros indígenas. Sólo esperamos llegar a hacer historia y por sobre todo ir instalando soluciones a largo plazo”, dice Ana. 

Ángela añade más puntos a tener en cuenta, “La discriminación de las instituciones estatales por ejemplo. La ausencia de un sistema de protección social integral. En cuanto a restitución territorial no hay casi nada, solamente las políticas se basan e implementan hacia un modelo privatizado, y no hay avances, no hay posibilidad de avance para la restitución de tierras indígenas. En este momento aumentaron las comunidades atacadas por el agronegocio. Hay invasión, despojos, desalojos en diferentes sentidos y ámbitos”.

Tania agrega: “Nunca me vi reflejada en las propuestas de los candidatos, cada logro de leyes a favor de pueblos indígenas fueron conseguidos a través de la lucha de los pueblos indígenas».

Ellas además ponen sobre la mesa una realidad que afecta a cada vez más comunidades y familias indígenas: la pobreza extrema. Cuentan que la mayoría de las comunidades no accede servicios básicos, tampoco acceden a educación, oportunidad de mercado, trabajo, sufren la inseguridad alimentaria y la falta de agua. A esto se suman la falta de políticas de protección y atención a la niñez y la adolescencia, como a las mujeres indígenas.

Desafíos y aprendizajes de la política partidaria 

Coinciden en que es un desafío candidatearse. Han observado por años cómo las candidaturas reflejan las demandas  y necesidades de los 19 pueblos indígenas. Encontes lo consideran como un reto pero también un compromiso con sus luchas junto a sus compañeras y compañeros de organizaciones de base. 

“Decidí candidatearme porque estamos en una organización indígena que se llama  ANIVID. Ahí con compañeros y compañeras decidimos iniciar un Movimiento Político de los Pueblos Indígenas, en especial de las mujeres. No pudimos concretarlo por falta de recursos económicos y sólo pudimos llegar hasta la mitad de los trámites. El objetivo era tener un movimiento netamente indígena para poder participar mejor y tener una independencia de los partidos tradicionales.  Ya que no se dio ese objetivo, tratamos de empezar con el partido que más se nos adecua, el Frente Guasú, que es partido del señor Fernando Lugo”, dice Ángela. 

Recordó además que dentro del Frente Guasú les dieron  dos espacios en la lista, una para mujer y otra para hombre. Entonces consultó con sus compañeras de la Asociación Kuña Guaraní Aty y con el apoyo de ellas tomó el espacio. “Ellas me dieron fuerzas, me dieron las palabras de aliento para animarme y candidatarme”, afirma.

Cambiar el Congreso

Por su parte, Ana expresa que se candidatea porque cree necesario reformar el Congreso, lugar donde la mayoría de las veces o todas las veces se toman decisiones donde no se toman en cuenta a las personas indígenas ni campesinas. 

“Son como 70 años de lo mismo. Yo me sumo como persona, como indígena, como activista, como lideresa, como madre y por todas las identidades existentes. Aportar con experiencia y profesionalismo, no sólo por el bienestar de mi gente sino de cualquier identidad que día a día empodera, acompaña y colabora con otros por oportunidades de mejorar las condiciones de vida que todos merecemos esa vida digna en este Paraguay que habitamos”, señala.

Mientras que Tania, candidata a diputada por el Departamento de Canindeyú, expresa que su objetivo es que haya una opción diferente a los partidos tradicionales. «Como joven  mujer e indígena del pueblo Ava Guarani confío en mi capacidad, por eso decidí participar como candidata en estas elecciones, para que exista una opción de cambio y dar voz a los pueblos indígenas de Canindeyu».

Los desafíos con los que se encuentran en la campaña son varios. Uno de ellos es contar con los recursos económicos, la estructura de los partidos tradicionales que tienen un fanatismo muy marcado, como el derechista Partido Colorado. 

“Tenemos la conciencia de que muchos ciudadanos indígenas y no indígenas que no quieren apostar a un candidato indigena y he aquí el pensamiento discriminativo que sigue vigente. Aunque se quiera disfrazar de falso apoyo, a la hora de la verdad es otra y esperamos hacer historia en las elecciones”, cuenta Ana. 

Propuestas desde los territorios

Ana y Ángela forman parte de la ANIVID, que el 12 de octubre pasado presentó al Estado paraguayo 34 puntos con un plan que pueda responder a las demandas de los pueblos indígenas. 

En esta entrevista confirmaron una vez más que hasta la fecha los gobernantes actuales no dieron continuidad al diálogo, a pesar de que cumplieron con priorizar 10 puntos a solicitud de los entes estatales.

“Mi propuesta de gestión en el senado sería que el Congreso tenga la voz del pueblo, la voz de las mujeres indígenas y sería nuestra propuesta impulsar la aplicación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas. Es un documento que fue reconocido por resolución del Presidente de la República, pero hasta hoy día no se desarrolla, ni tiene presupuesto. El Plan Nacional fue una recomendación de la ONU para Paraguay, por pedido de los pueblos indígenas”, dice la candidata a senadora.

Para ambas el eje central es el acceso a tierra, la problemática central en el Paraguay, donde el 85 % de la tierra está manos del 2 % de la población. 

Algunas propuestas de las candidatas:

• Defensa territorial.
• Apoyar todas las iniciativas de la Secretaría Lingüística.
• Impulsar presupuesto para la ley de educación indígenas.
• Implementación del curriculum en lengua propia de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo.
• Impulsar que las instituciones públicas y la sociedad civil organizada trabaje por la Soberanía Alimentaria.
• Fortalecer la agricultura familiar indígenas y campesina.
• Impulsar el reconocimiento de indígenas en contexto urbano para el aseguramiento de tierras.
• Fortalecer la implementación del sistema nacional de salud para los pueblos indígenas  y dotar de mayor presupuesto a la dirección de salud indígena.
• Impulsar proyectos para niñas y adolescentes indígenas.
• impulsar una ley integral para mujeres indígenas y campesinas.

“Por ejemplo, que haya presupuesto desagregado desde el Estado, desde el gobierno para que se pueda trabajar bien en varias temáticas, ya sea territorio, salud, educación, jóvenes, niñez, mujeres. Paraguay no tiene presupuesto desagregado. Hay un presupuesto que se estira de aquí para allá, para hacer alguna cosita con las comunidades y los pueblos indígenas.  Esa fue siempre una de las cosas que tuve en mi mente antes de candidatearme”, enfatiza Ángela. 

Defensoras ambientales

Por su parte, Tania resalta su interés en la  protección integral de la niñez y la adolescencia.”Hoy por hoy en Paraguay la falencia es la protección, no estamos pudiendo resolver y van en aumento embarazos a temprana edad. Hay niños en situación de calle. Todos los programas no se realizan como deberían realizarse y por experiencia propia como organización civil hemos hecho bastante, que son pequeñas acciones que se pueden agrandar estando en el Congreso”.

Agrega que quiere trabajar en la política ambiental, teniendo en cuenta que este año se realiza la renegociación de la Hidroeléctrica de Itaipú. “Las crisis climática, la deforestación, la sequía; todas esas cuestiones que también se deben trabajar dentro del Congreso y principalmente para los sectores más afectados, como comunidades chaqueñas y otras más. Por sobre todo hacer cumplir el rol de la cámara de diputados que es velar por el control y la transparencia del gasto público”.

Tania y Angela enfatizaron en la importancia de un proyecto de Ley para la creación de escaños reservados para pueblos indígenas, y de esa forma garantizar lugares en el parlamento para la participación política de indígenas.

Sobre la situación de las niñas y mujeres

Las candidatas Ana y Ángela hablan de que es necesario que las mujeres jóvenes y adultas puedan ser líderes de las comunidades y no solo ser cabeza de hogar, madres, sino también ser representantes, dirigentes políticas en la toma de decisiones.

“Hay mucho que hacer desde las comunidades indigenas. Hay que trabajar desde la base, desde la familia, desde la comunidad e ir avanzando en otros espacios sobre los derechos de las mujeres. Como sabemos, en las comunidades hay mucho machismo, mucha discriminación y eso mismo afecta a las mujeres, en su autoestima. A las mujeres se le ve como objeto, como sirvienta que tiene que estar en su casa cuidando a sus hijos, administrando alimentos para todos, sin poder reunirse, sin poder ir a estudiar, sin poder hacer algún curso.  Hay algunos pueblos que ven todavía a las niñas como mujeres y eso es toda una lucha entre nosotros los pueblos indígenas y después en otros espacios hacer respetar los derechos de las niñas especialmente, que sean niñas, que sean adolescentes, que sean jóvenes con derechos”, dice Angela.

“Existen hoy muchas niñas con sueños, esperanzas de ser personas como otras, no simplemente ser madre a los 10 años de edad, cabeza de hogar”, dice Ana.

“Si no llegamos a donde queremos, entonces va a ser una experiencia para seguir construyendo una participación política de los pueblos indígenas”, finaliza Ángela.

*Publicada originalmente en Presentes.

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Por: María Eugenia Waldhüter

Ricardo Canese es parlamentario del Parlasur y candidato a senador por el Frente Guasu, la alianza progresista que resolvió apoyar a la fórmula presidencial de la Concertación para una Patria Nueva encabezada por Efraín Alegre y Soledad Nuñez. Aunque el escenario todavía es incierto la intención de voto oscila entre una oposición reunida en esta alianza entre diferentes fuerzas y al candidato del oficialismo, Santiago Peña por el Partido Colorado, el candidato y delfín político de Horacio Cartes, el empresario y expresidente que recientemente fue señalado junto al actual vicepresidente Hugo Velázquez por el Departamento de Estado, de Estados Unidos por hechos de corrupción. Ricardo Canese reflexionó sobre este último tramo previo a los comicios del 30 de abril y destacó la importancia de construir soberanía energética y llevar adelante una Reforma Agraria para Paraguay.

¿Qué está en juego en estas elecciones presidenciales en Paraguay?

Está en juego la democracia, el Estado de derecho. Tenemos un régimen que viene desde la dictadura de Alfredo Stroessner que ha centrado su poder en la mafia, en las actividades ilícitas. Paraguay no ha construido un Estado de derecho hasta ahora, la excepción fue el gobierno de Fernando Lugo que duró un poco menos de cuatro años y que fue depuesto con un golpe de Estado parlamentario. Tenemos el predominio un partido de gobierno fuertemente hegemónico y que hoy está dominado por la mafia, siempre estuvo dominado por la mafia, desde el dictador Alfredo Stroessner por actividades ilícitas que hoy son más evidentes y claro, nosotros las conocemos desde hace décadas. Ahora viene la gente de Estados Unidos a decir que Horacio Cartes es significativamente corrupto. Bueno, nosotros sabemos eso desde hace décadas. Cartes tiene su actividades ilícitas con el narcotraficante Andrés Rodríguez que era su socio ya desde fines de la dictadura de Alfredo Stroessner, de allí viene el enriquecimiento ilícito de Horacio Cartes por su relación con Andrés Rodríguez y todo este negocio relacionado con el narcotráfico, el lavado de activos y el contrabando de cigarrillos que hoy es uno de sus  negocios más fuertes. Si triunfa el candidato de Horacio Cartes el  futuro de Paraguay va a ser bastante incierto, nosotros por eso apostamos al triunfo de sectores democráticos, aún cuando no van a ser  precisamente progresistas pero sí que se instaure el Estado derecho, que haya libertades públicas garantizadas y que el Paraguay pueda avanzar hacia un Estado de derecho como lo tiene la mayoría de los  países de América Latina.

¿Cuáles son las principales propuestas y desafíos desde el Frente Guasu?

Desde el Frente Guasu tenemos propuestas a nivel político, económico, social y ambiental. La principal propuesta es la creación de un Estado de derecho, es nuestro compromiso con la libertad, con la democracia, viene desde la lucha antidictatorial, eso es fundamental. Queremos una democracia participativa no meramente representativa, de hecho en nuestra Constitución de 1998 se establece que la democracia en Paraguay debe ser representativa y participativa y esa segunda parte de la participación, sobre todo por los partidos de la derecha y, particularmente por el Partido Colorado que ha gobernado este país desde que cayó la dictadura y durante la dictadura se ha encargado de negar la participación a la ciudadanía. Entonces vamos a darle énfasis a la participación ciudadana, a la vigencia de los derechos humanos, particularmente entrando ya en el campo más social, la agencia de los derechos humanos de comunidades indígenas en particular campesinas, de pobladores urbanos, suburbanos sin techo, trabajadores en general. Todos los derechos sociales, ese es el énfasis que ponemos como Frente Guasu. Insistimos también en un proceso de industrialización; las garantías para un empleo digno y avanzar en empleos dignos significativos; utilizar la integración regional como una palanca de desarrollo junto con nuestra energía hidroeléctrica. Tenemos una energía hidroeléctrica abundante que seguimos exportando en su mayoría en la región. Eso tiene que ser un instrumento de desarrollo sustentable de nuestro propio país generando empleo de calidad en nuestro país de manera que nuestros compatriotas no se vean forzados a ir al exilio económico, principalmente a la Argentina, a Buenos Aires, pero también a España, a Europa, Estados Unidos y otros puntos. Tenemos un tercio de la población en el exilio económico, eso es aberrante, somos uno de los países que más expulsa población hacia el exterior porque justamente no hay condiciones de desarrollo interno. Entonces vamos a poner énfasis en un proceso de desarrollo económico y en utilizar nuestra energía eléctrica como instrumento y desarrollo sustentable para que cambie radicalmente esa ecuación actual que es de simple extracción de riqueza. Nosotros queremos generar riqueza, que haya valor agregado en nuestro país, esa es quizás nuestra  principal propuesta económica que tiene un hondo contenido social también.

Sabemos que la población campesina y el conflicto por la tierra es clave en Paraguay ¿Cómo analizan este escenario y qué lugar tiene en el programa de gobierno y legislativo?

La cuestión de la tierra para las comunidades campesinas e indígenas es fundamental en Paraguay. Nosotros vamos a insistir primero, en la recuperación de las tierras mal habidas en las tierras robadas durante la dictadura de Alfredo Stroessner y también durante los gobiernos corruptos del Partido Colorado, que le siguieron posteriormente inclusive hasta ahora con el gobierno de Mario Abdo Benítez se siguió robando tierra pública. Hay un enorme robo de tierra pública que va a latifundistas, a especuladores, y no a asegurar la tierra de comunidades indígenas, no a comunidades campesinas para la Reforma Agraria. Entonces primero, recuperar esa tierra pública robada; segundo, hacer un plan de Reforma Agraria tanto para comunidades indígenas como campesinas de manera que tenga la tierra, pero no solamente la tierra, que tengan apoyo técnico comercial, financiero, por supuesto, de manera que puedan producir más y mejor con más calidad, para poder elevar la calidad del empleo agrícola, tanto indígena como campesino en la agricultura familiar campesino indígena y para que el nivel de vida, la calidad de vida, de estas comunidades también vaya elevándose. Entonces, nuestro compromiso claro es primero con la recuperación de las tierras mal habidas, robadas al Estado por  grandes latifundistas y especuladores y segundo, la Reforma Agraria para que haya empleo de calidad sobre la base de una tierra propia para  las comunidades indígenas y campesinas, ese es nuestro compromiso no solamente ahora sino hace décadas y que creemos que si hay un gobierno del cambio, un gobierno por lo menos democrático, vamos a tener condiciones para que se avance en ese aspecto.

Tenemos entendido que hay una riña fuerte de encuestas ¿Qué expectativas hay hacia los resultados del domingo? ¿Es posible la alternancia en el poder?

Siempre hay una guerra de encuesta acá. Las realizadas en Paraguay, por lo menos, no son muy confiables pero hay encuestas internacionales que dan una situación pareja, inclusive, una ligera ventaja para la Concertación que nosotros apoyamos en mayoría como Frente Guasu. La Concertación para una Patria Nueva encabezada por Efraín Alegre y Soledad Núñez, esa Concertación estaría teniendo una ligera ventaja en las encuestas más creíbles que son internacionales. Son encuestas que han predecido la victoria de (Gustavo) Petro, de (Gabriel) Boric, también de Lula, encuestadoras bastante creíbles a nivel internacional, pero no hay que descuidarse porque el Partido Colorado y, particularmente el grupo de Cartes, es experto en fraude en la estafa electoral. Ellos tienen una capacidad para comprar votos, para robar los resultados en mesas y hasta en colegios electorales. Entonces, va a ser clave el control que tenemos muy bien articulado, el Frente Guasu tiene un miembro de mesa, hemos podido llenar prácticamente el 100% de los miembros de mesa que nos corresponde, vamos a tener apoderados y veedores para ejercer un control electoral estricto junto con el  Partido Liberal Radical Auténtico que es también partido oposición y estamos juntos en la observación, en el control de las mesas de votación. Así que no va a ser fácil esta elección, de ninguna manera, creemos que es factible el triunfo de la Concertación y donde nosotros estamos también allí insertados como la mayoría de partidos del Frente Guasu Ñemongeta de la Lista 40. La gran mayoría de los partidos y movimientos apoya esa Concertación que tiene chance de triunfar, pero el triunfo va a pelearse con muchas dificultades. Hay que anticiparse por esa capacidad de fraude tremenda que tiene el grupo de Horacio Cartes así que, el resultado es todavía incierto y estamos trabajando, estamos luchando para aumentar la diferencia de manera que el margen de fraude que tiene el Partido Colorado no le permita revertir la victoria, que en este momento yo creo que ya la  ciudadanía nos está otorgando esa confianza para el triunfo el 30 de  abril, pero queremos que ese triunfo sea por un mayor margen para que no se trunque el triunfo con el fraude que sí o sí lamentablemente el Partido Colorado va a hacer comprando cédulas, alterando resultados de mesa electorales, pero queremos minimizar ese fraude a  una mínima expresión para que se respete la voluntad popular.

*Foto: ricardocanese.com.py

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Por César Saravia

Con mucho menos ruido mediático que otras elecciones de la región, Paraguay se prepara para elegir a su próximo presidente, quien sucederá al actual mandatario Mario Abdo. Las encuestas colocan como favoritos a Efraín Alegre, de la Concertación Nacional, un bloque que integra a diferentes sectores opositores,  y a Santiago Peña, candidato por el Partido Colorado. Peña es el candidato del Cartismo, una de las dos tendencias más fuertes dentro del espacio Colorado, que en diciembre de 2022 se impuso en las internas al candidato oficialista. 

La lista de candidatos la completan Payo Cubas (candidato conservador con un discurso antiderechos), José Luis Chilavert, ex portero de la selección paraguaya, quien en esta elección intentó, sin mucho éxito, posicionarse como el “Milei paraguayo”, y Eugenio Euclides, ex canciller, candidato por el Movimiento Nueva República. 

Es difícil saber con certeza quién ganará, pues, tal y como ocurriera en 2018, las encuestas muestran resultados dispares y se incorporan como parte de la estrategia de los candidatos para inducir el voto. De todas maneras, una mirada a las más confiable anticipa una carrera cerrada, voto a voto, entre Alegre y Peña. 

Hegemonía Colorada 

Años de dictadura y de hegemonía del Partido Colorado explican en parte la apatía que se siente al pensar en las elecciones de Paraguay. Y es que han sido muy pocos los momentos en que los vientos de cambio han logrado soplar con suficiente fuerza como para hacer tambalear una sistema bipartidista que ha logrado mantener hacia afuera el disfraz de democracia, pero que en los hechos dista de ser un sistema plural y competitivo. 

Las elecciones internas de diciembre del año pasado estuvieron marcadas por la disputa entre dos grandes facciones dentro del Partido Colorado que se alinean alrededor de los últimos dos presidentes. Por un lado, el ex presidente (2013 – 2018) Horacio Cartes, uno de los empresarios más importantes de Paraguay, amigo de Mauricio Macri, y recientemente señalado por Estados Unidos como “significativamente corrupto”, y la otra, la de Mario Abdo, actual presidente, más vinculado a la burguesía nacional y a los sectores conservadores y anti derechos que al empresariado global. 

Esta pulseada la ganó Cartes, con el triunfo de Peña, ex ministro de Hacienda, que en 2017 había perdido las internas frente a Abdo y en esta ocasión tuvo su revancha. En este sentido, para el cartismo, la elección representa la posibilidad de recuperar la hegemonía dentro del partido Colorado, pero además, la posibilidad de tener control de las investigaciones que se puedan hacer luego de las acusaciones contra su principal referente. 

La amplia fuerza electoral del Colorado radica en que del padrón electoral, al menos el 54% de las personas habilitadas para votar están afiliadas a dicho partido, lo que le da una capacidad de movilización del voto muy fuerte el propio día de la elección. El oficialismo obtuvo en las internas de diciembre un total 1.201.020, con lo que su voto duro estaría cerca del 25% del padrón. En este sentido, para Abel Irala, investigador de Base IS Paraguay, el porcentaje de participación será clave para pensar en un posible triunfo opositor. Mientras más gente participe, más chances habrá de una victoria ajustada, teniendo en cuenta que en Paraguay la segunda vuelta no existe.

¿Un cambio Alegre? 

La otra cara de la hegemonía del Partido Colorado es la debilidad de los espacios progresistas y/o de izquierda para competir. La breve experiencia con Fernando Lugo al frente (2008 – 2012) que acabó con un golpe de Estado es hasta hoy la única en la que este sector ha podido gobernar. 

En los últimos años, Lugo se ha mantenido como uno de los referentes del progresismo en Paraguay, aunque con dificultades para articular un proyecto similar al que lo llevó al poder. Su lugar de presidente del Partido Guasú (principal partido progresista) y senador por este partido lo convierte en el dirigente de izquierda más visible. Tras sufrir, en agosto de 2022, un accidente cerebrovascular, Lugo tuvo que apartarse de la política por motivos de salud. Esto vino a aunar más la dificultad de la izquierda paraguaya de construir y apoyar una candidatura única. 

En este escenario, los distintos sectores que componen al Frente Guasú están divididos respecto a qué candidato apoyar. Por un lado, figuras como la senadora Esperanza Martínez, apoyan la candidatura de Efraín Alegre dentro de la Concertación Nacional. Martínez mantiene su apoyo a la Concertación a pesar de no haber logrado ser candidata, algo que desde el Frente Guasú impulsaron durante el 2022.

Por otra parte, figuras importantes del Frente Guasú, como el Senador Jorge Querey, quien es médico de cabecera de Lugo, se sumaron a la fórmula de Euclides. Querey es el candidato a vicepresidente por el Movimiento Nueva República. Distintas voces del espacio del Frente han señalado que esto no implica necesariamente que el partido está dividido, sino que responde a diferencias en los movimientos de orden táctico en las presidenciales de los grupos que los componen. Este argumento puede sustentarse en que la unidad en las listas parlamentarias no se ha visto afectada por estas diferencias.

Para Abel Irala, el programa económico de la Concertación no difiere en gran medida del del Partido Colorado, y se mantiene en el orden de las políticas neoliberales. Señaló además que en esta elección los discursos derechistas han mantenido un lugar central en la discusión del debate público. Sin embargo, advierte ciertos matices, como el de que un eventual gobierno de Alegre pondría al frente a una derecha “más moderada”, con una impronta menos agresiva hacia los movimientos sociales. En principio, una derecha más respetuosa del “Estado de derecho”. 

Las luchas más allá de lo electoral

De cara a esta coyuntura, los movimientos sociales con posicionamientos electorales, se decantan en buena parte por apoyar a la candidatura de Euclides Acevedo. Sin embargo, otros como la Federación Nacional Campesina del Paraguay (FNC), decidieron apoyar la candidatura de la Concertación. Se trata de la primera vez que la FNC tiene un posicionamiento electoral.

En Paraguay, los movimientos sociales de base campesina representan el principal sujeto político con perspectiva de cambio. Otros actores, como los sindicatos urbanos, con una afiliación de solo 6,7%, no tienen la misma fuerza ni unidad que en otros países sudamericanos. Tampoco las universidades han tenido un rol de generar nuevos liderazgos políticos, como ocurrió, por ejemplo, en Chile, en la medida que los principales partidos políticos logran cooptar también esos espacios. 

Frente a este escenario, las reivindicaciones campesinas asumen un rol central en la agenda de las luchas populares. Para Irala, la reforma agraria y la derogación de la Ley 6830/21 conocida como “Riera Zavala”  criminaliza las ocupaciones de tierras. En este sentido, más allá de la elección presidencial, será relevante el resultado que la lista del Frente Guasú, con articulaciones directas al movimiento, y que actualmente cuenta con 7 de 45 senadores, pueda tener, para avanzar en estas demandas históricas cuya discusión se dará en el ámbito parlamentario. 

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Publicado por el Colectivo “¿Dónde está Lichita?”

En una misiva enviada la representación legal de Carmen Villalba, el organismo informó que Naciones Unidas resolvió mantener abierta la Acción Urgente y envió una nueva comunicación al Estado paraguayo en la que manifiesta que El Comité contra la Desaparición Forzada continúa “altamente preocupado porque la suerte y el paradero de Carmen Elizabeth todavía no han sido esclarecidos tras un año y medio desde su desaparición”.

En relación a las supuestas tareas de búsqueda de Lichita que el Estado paraguayo dice realizar de manera “exhaustiva con carácter permanente, y con un abordaje integral que involucra, además de la propia Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), a diversas dependencias del Estado, bajo dirección y autorización de los órganos jurisdiccionales respectivos, todos los días y empleando a varios equipos de la FTC dedicados a la misión específica de búsqueda registradas en diversas plataformas electrónicas totalmente auditables”, Naciones Unidas señala su preocupación por el hecho de que “la autoridad que podría ser responsable de la alegada desaparición forzada de Carmen Elizabeth, sea la entidad principal designada para la búsqueda de la menor”.

El enfoque de Desaparición Forzada

El organismo de Naciones Unidas cuestiona de manera específica el enfoque dado por el Ministerio Público a la investigación del caso, y se manifestó “especialmente preocupado por el hecho de que el Estado no estaría tratando el caso como una posible desaparición forzada, lo cual se refleja en la naturaleza y los avances de la investigación penal”.

Resaltan con especial preocupación el hecho de que en relación al caso, la fiscalía haya iniciado la investigación y causa penal N° 589/20 (“Myriam Viviana Villalba Ayala s/ violación del deber de cuidado y educación”). “La investigación sobre la supuesta violación del deber de cuidado podría dar la impresión de que la responsabilidad principal por la alegada desaparición forzada no sería atribuible al Estado, sino a la Sra. Villalba Ayala”, señala la nota.

En este sentido, NNUU pidió al Estado paraguayo establecer, de inmediato, una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva e imparcial de su alegada desaparición forzada, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en el cual ocurrió su alegada desaparición forzada.

El Comité contra la Desaparición Forzada hace hincapié en la necesidad de “asegurar que los procesos de búsqueda e investigación tomen en cuenta todas las hipótesis posibles, incluida la posibilidad que la Sra. Carmen Elizabeth pueda encontrarse bajo custodia de fuerzas de seguridad del Estado”.

Obstáculos a la observación internacional y a la participación de la familia

El organismo de Naciones Unidas cuestionó los obstáculos presentados por el Estado paraguayo a las tareas de búsqueda realizadas por familiares, organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Desde la Campaña Internacional ¿Dónde Está Lichita?, se ha denunciado en numerosas ocasiones las amenazas de judicialización, operaciones de Fake News, acoso en cárceles y hostigamiento del que han sido objeto familiares de Lichita y activistas de la Campaña desde el inicio mismo de las denuncias sobre la desaparición forzada. El episodio más notorio de esta acción deliberada de ocultamiento emprendida por el Estado paraguayo, más no el único, fue la expulsión ilegal de integrantes de la IV Misión Humanitaria de la Campaña Internacional por Lichita, producida el 24 de julio de 2021.

La Campaña internacional ha hecho pública dos denuncias por graves hechos de amedrentamiento y tortura cometidos por la FTC contra referentes indígenas que habitan la zona del Cerro Guasu y son parte de comunidades que se reunieron con representantes de las distintas Misiones de Derechos Humanos que se acercaron a la zona donde se produjo la desaparición forzada de Lichita. La última denuncia fue presentada formalmente el pasado 14 de junio ante la Unidad Especializada en DDHH del Ministerio Público, sin que a la fecha se haya notificado sobre la apertura de una investigación sobre estos gravísimos hechos.

Ante esto, el organismo de Naciones Unidas señaló que “según la información recibida, preocupa al Comité que las autoridades no estarían facilitando las labores de búsqueda de los familiares y otras personas y grupos de la sociedad civil. En este sentido, preocupa la información recibida por el Comité sobre la supuesta obstaculización de las laboras de una misión humanitaria de búsqueda (“Misión Humanitaria Internacional”) compuesta por integrantes de organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Matanza, Argentina”.

El Comité agrega que “según la información recibida, la Misión habría sido expulsada del país por una alegada falta de coordinación previa para el ingreso en la zona donde desapareció la víctima, aunque previamente integrantes de dicha Misión habrían tenido contacto con varios funcionarios y entidades del Estado parte para coordinar la búsqueda, incluido el Vice Ministro del Interior, la Directora General de Migraciones Paraguay, el Comandante de la Policía Nacional y la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, entre otros”. En este apartado, el Comité de Naciones señala además que las autoridades paraguayas “no estarían cumpliendo con su deber informar a los familiares sobre el desarrollo de la investigación y la búsqueda”.

También exhortan al Estado paraguayo a “facilitar la participación de diferentes autoridades en la investigación y búsqueda, incluidas las instituciones de defensa de los Derechos Humanos” y a “asegurar la máxima transparencia relacionada con la búsqueda e investigación de la alegada desaparición forzada de Carmen Elizabeth, dado el carácter emblemático del caso, incluyendo la confirmación pública que el caso está se está tratando como una posible desaparición forzada, en aras de contribuir a las garantías de no repetición.

Identificar a los responsables de la desaparición forzada

Para el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de personas, es “profundamente preocupante” que, hasta la fecha, el Estado paraguayo no haya proveído de información suficiente sobre las medidas adoptadas para “investigar y determinar la responsabilidad de los perpetradores de la alegada desaparición forzada de Carmen Elizabeth”.

“En particular, preocupa que la posible participación en los hechos de la FTC no estaría siendo investigada de manera adecuada a pesar del hecho que la desaparición ocurrió en una zona bajo el control de la autoridad a pocos días del desarrollo de un operativo”, señala la comunicación de NNUU al Estado paraguayo.

El Comité pide a las autoridades paraguayas proporcionar información sobre la naturaleza de la investigación, las diferentes hipótesis, y sugiere la realización de diligencias tales como entrevistas y testimonios de elementos de la FTC, el análisis de los turnos de los elementos activos durante el periodo en que se produjo la desaparición de Lichita, un escrutinio de las bitácoras oficiales, las comunicaciones internas, videograbaciones, y otros elementos relevantes.

Exhortan además a investigar y sancionar “cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda de Carmen Elizabeth”.

Garantizar la transparencia y participación de familiares

En el tercer apartado de la comunicación, el Comité de NNUU pide a las autoridades paraguayas “tomar todas las medidas que sean necesarias para implementar mecanismos oficiales y claros a través de los cuales se informe periódicamente a los familiares, allegados y representantes de Carmen Elizabeth sobre el estado de la búsqueda y la investigación de su alegada desaparición forzada”.

El organismo recalca la necesidad de “permitir la plena participación de los familiares de Carmen Elizabeth en los procesos de búsqueda e investigación de su alegada desaparición forzada, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la investigación en curso, de conformidad con sus obligaciones convencionales en virtud del artículo 24 de la Convención y a la luz del Principio 5 de los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas”.

Por último, en el texto remitido al Estado paraguayo, Naciones Unidad pide la adopción de medidas cautelares específicas para la protección de familiares y abogados involucrados en la defensa y búsqueda de Lichita.

Paraguay deberá responder a cada uno de los requerimientos del organismo de Naciones Unidas antes del próximo 22 de julio de 2022.

https://www.marcha.org.ar/tag/eran-ninas/

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Por Redacción Marcha y BiodiversidadLa  * | Ilustración: Ximena Astudillo

“Paraguay es un país muy verde, un verde que a primera vista resulta tentador. Sin embargo, estas impresiones engañan: se trata de un territorio invadido por el agronegocio” decíamos en nuestra primera visita a los cinco campesinos criminalizados por defender su territorio en la Cárcel de Tacumbú de Paraguay. Allí los montes han sido y siguen siendo deforestados progresivamente para dar lugar a la producción ganadera a gran escala. Asimismo, hay grandes plantaciones de monocultivos de soja y maíz con uso de semillas transgénicas, al igual que la introducción de tecnología mecánica y la aplicación de agrotóxicos. En manos de unos pocos se concentra el 77% de las áreas productivas, en cambio, el 40% de los pequeños agricultores familiares e indígenas poseen tan solo el 1% de las tierras. Para dimensionar estos números, no es un dato menor saber que Paraguay es, con un 43%, el país con mayor población rural de América Latina.

Este modelo se profundizó a partir del golpe constitucional en 2012, mediante el cual se destituyó al presidente electo Fernando Lugo. En este marco, se produjo la masacre de Curuguaty, que consistió en un violento desalojo de tierras pertenecientes al Estado paraguayo, en la que murieron once campesinos y seis policías, además de un número indeterminado de personas heridas. El poder oligárquico y terrateniente utilizó este hecho para impulsar el juicio político al presidente electo Fernando Lugo, acusándolo de mal empeño de sus funciones políticas, y, en especial, vinculándolo con la masacre como responsable político. Además, validó su política golpista al criminizalizar a los y las campesinas que sostuvieron la ocupación de las tierras fiscales de Marina Cué, condenándolos a una pena de prisión de hasta 35 años. Así, se generalizó el miedo en todo el territorio paraguayo.

Sin embargo, a pesar del contexto de extrema criminalización, las fumigaciones y el avance sobre los territorios campesinos, la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria continúa. Las organizaciones campesinas e indígenas y los distintos movimientos sociales se mantienen en pie. Entre ellas, CONAMURI lleva más de 20 años defendiendo sus territorios del avance del agronegocio. Se trata de una Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas que trabaja con mujeres de la clase trabajadora del campo, organizadas en comités de producción y pequeñas asociaciones. Una respuesta organizada a la necesidad de crear espacios para las mujeres campesinas e indígenas para la defensa de sus derechos y territorios.

–¿Cuál es la situación actual en Paraguay desde el punto de vista de las comunidades?

–Nosotras luchamos en contra de los antirracistas, los antisociales, luchamos en contra de las grandes empresas trasnacionales. En Paraguay hay muchas transnacionales, que son las mineras, los sojeros. Nos están atacando en forma jurídica porque traen sus títulos y te desalojan así. A un pueblo que vive desde hace más de 30 años en su comunidad, vienen, traen un título de propiedad con la policía, con los fiscales y desalojan a pueblos indígenas y a pueblos campesinos. Entonces, la lucha no es chiquita, es muy amplia, y la sufren las mujeres, los niños y los ancianos y mucho más las embarazadas. Las embarazadas sufren la desnutrición, malformaciones de sus bebés por culpa de la fumigación. Muy fuerte está la fumigación porque usan avionetas para derramar el veneno en sus sojales y contaminan nuestros cultivos nativos, que es el maíz, el arroz orgánico, yerba orgánica; y a veces eso contamina el aire. Entonces toda esta lucha la llevan adelante las mujeres porque somos las que quedamos en las comunidades.

–¿Y es por eso que las mujeres son las defensoras de la tierra?

–Las mujeres son las defensoras de los Derechos Humanos, las defensoras ambientales, territoriales. Desde el principio las mujeres son las que defienden la vida. Uno es la vida, principalmente la vida, luego el ambiente. Así también, durante las negociaciones que se llevan a cabo en las comunidades, a veces no les preguntan a las mujeres porque primero tienen que pensar si están bien o están mal. Entonces, directamente se negocia a espalda de las mujeres. Por eso es muy importante que seamos nosotras las protagonistas y las voceras de las comunidades y territorios en las que vivimos. Es muy importante conocer nuestros derechos: primero hay que formarnos y escuchar a los demás. Después de ahí aprendemos muchas cosas y de paso ahí hacemos nuestras políticas. Y no olvidar la confianza entre las hermanas, la confianza mutua que hay que tener siempre en las organizaciones.

–¿Cómo es el día de una lideresa en tu comunidad? ¿Cuáles son las tareas que tenés?

–A veces te convierte en una madre matriarca, a veces te convierte en una enfermera, que llevas al enfermo al hospital porque tenés que estar ahí presente, buscas los medicamentos. No podés dormir bien porque es una lucha permanente. Cuando llego a casa me vienen todos los vecinos y vecinas, me preguntan cómo estoy y yo también les pregunto, si hay algún problema me contacto directo con los responsables para que podamos resolver cualquier problema. 

Es una comunidad entre familias, no importa si no son nuestros parientes, es como una casa grande. Es muy bonito ser lideresa porque ahí descubrís la solidaridad, la hermandad. Y descubrís que la importancia de una lideresa es que tenga una visión más política, de que todos tenemos que estar bien, tanto la salud, la educación, la alimentación, dentro de las viviendas dignas. También he luchado bastante por el derecho de las madres solteras. Entonces, todo eso conjunto te convierte en una matriarca grande preocupada, pero me siento feliz con mi gente.

–En este momento estamos dando el debate de que los Encuentros dejen de llamarse Nacionales y que empiecen a llamarse Plurinacionales para que contemplen a todos los pueblos y a todas las identidades ¿Cuál es tu mirada sobre eso?

–Yo creo que hay que fortalecer dentro del Abya Yala, porque fue construida por los pueblos indígenas. Y dentro del Abya Yala a veces se debate, a veces no, el feminismo. Porque existen feminismos comunitarios, feminismos colectivos, que los llamamos nosotras también, y hay movimientos feministas más políticos. Entonces, hay que llevarlo en forma paralela para que nosotras podamos participar como mujeres indígenas y ustedes que no son indígenas. Que igual vamos a estar luchando. Y dentro de la sabiduría alcanzada nuestra, como pueblo indígena, la compartimos con ustedes y ustedes los conocimientos suyos. Y ahí se va a fortalecer muy bien. Anhelamos bastante que el Encuentro sea Plurinacional.

Esta entrevista hace parte de la serie “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de Marcha Noticias y Acción por la Biodiversidad, editado por Chirimbote, con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

*La entrevista fue realizada por Camila Parodi y Nadia Fink en el año 2019.

Edición: Laura Salomé Canteros, Camila Parodi y Nadia Fink

Ilustración: Ximena Astudillo

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Por Base IS y Jorge Zárate

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Un año atrás supimos -una vez más- que todo el horror que podemos imaginar es poco, cuando quienes se creen dueños de la vida y de la muerte, despliegan sus estrategias de salvataje de su sistema corrupto capitalista, colonial, patriarcal, con la crueldad aprendida a través de siglos de ejercicio del poder.

Mario Abdo Benítez, actual presidente de Paraguay, hijo de quien fuera secretario del dictador Alfredo Stroessner -con quien “Marito” gusta compararse-, posó hace un año en una conferencia de prensa, asegurando que habían dado un golpe enérgico a la guerrilla del EPP, abatiendo a dos de sus integrantes. Una gran victoria militar, que anunció con una fantochada, en la que se desplazó hasta Concepción, el territorio donde se realizó la “acción heroica” de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del Ejército Paraguayo.

Con el tiempo se fue aclarando que los peligrosos guerrilleros abatidos eran dos niñas argentinas, María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba, de 11 años, que habían viajado a conocer a sus papás, integrantes de la guerrilla del EPP. Las niñas fueron torturadas y asesinadas, y luego se realizó el montaje -al estilo de los falsos positivos colombianos-. Se les colocó ropa militar, se las fotografió de ese modo, y luego rápidamente se las enterró y se quemó el ropaje improvisado, para ocultar la evidencia.

En el grupo viajaba su prima Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, que en ese momento tenía 14 años (hoy ya cumplió 15), que fue secuestrada el 30 de noviembre, y continúa hasta hoy desaparecida, en lo que constituye un crimen de lesa humanidad.

Iba como cuidadora del grupo de niñas, Laura Villalba, hermana de Carmen y mamá de María Carmen, quien el 23 de diciembre fue apresada, y continúa como rehén del régimen misógino y patriarcal de Mario Abdo Benítez. Durante ocho meses estuvo aislada completamente en la cárcel militar de Viñas Cué, y recientemente la trasladaron a la cárcel de Encarnación. El gobierno paraguayo, mientras garantiza la impunidad de las FTC, mantiene presa a la madre de una de las niñas. Ella les resulta peligrosa, pero no por lo que la acusan mentirosamente, de ser terrorista, de ser enfermera del EPP.

El riesgo real para el gobierno es que ella es testigo del crimen de las niñas. Por eso pretenden quebrar su espíritu, su fuerza, acusándola de ser responsable de la muerte de las niñas, por llevarlas a un lugar de tanto riesgo. ¿Tanto riesgo? Es cierto… Es un lugar de tanto riesgo, precisamente porque es una zona militarizada bajo control del Ejército Paraguayo y de sus siniestras FTC. Laura está presa por maternar, por acompañar a las niñas, por no haber podido defenderlas de la amenaza de los militares criminales, y del jefe de los mismos, el presidente, que proclamó el triunfo sobre una banda asesina, como llamó al grupo de niños y niñas.

Conflicto diplomático

Luego de conocido el crimen de las niñas, el gobierno de Argentina intervino para que se permita el ingreso del Equipo Argentino de Antropología Forense, para que ayudara a la investigación. Cuando se cumple un año del mismo, en un comunicado de la Cancillería se vuelve a insistir en este pedido. En reunión sostenida en estos días con la Gremial de Abogadas y Abogados, la Cancillería manifestó su intención de acompañar también con un Amicus Curiae la petición efectuada por los familiares de las víctimas, ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, con el fin de solicitar una investigación independiente. A pesar de la tímida intervención del gobierno argentino, la negativa sistemática del gobierno paraguayo a autorizar el acceso del Equipo Argentino de Antropología Forense, para realizar una nueva autopsia, y colaborar con la investigación, es motivo de tensiones entre ambos gobiernos.

Lxs niñxs por las niñas

El próximo lunes 6 de septiembre se realizará una concentración en Buenos Aires, convocada por la Campaña Internacional #EranNiñas, para demandar Justicia para las Niñas, Aparición con vida ya de Lichita, Libertad a Laura Villalba, Libertad a Carmen Villalba y a todxs lxs presxs políticos en Paraguay. La concentración será encabezada por niñas y niñxs organizados en diferentes colectivos y movimientos, que han dialogado en sus organizaciones sobre el significado de que dos niñas como ellxs, hayan sido asesinadas por el gobierno paraguayo. Es conmovedor ver las pancartas, los cantos, las banderas que vienen preparando ya hace muchos días, y la disposición a salir a las calles y pararse frente a la Embajada a decir: ¡Ya Basta! ¡Justicia para las Niñas!

El protagonismo de las niñeces, cuando se cumple un año del crimen, debería estremecer la conciencia de quienes asisten con indiferencia ante estos hechos, ejercitando por acción o por omisión un ejercicio de profunda crueldad. En distintos territorios de Abya Yala, se están realizando en estos días actos frente a Embajadas y Consulados.  La lucha por la vida, ya sabemos, exige no olvidar, no perdonar, no reconciliarnos. También obliga a continuar la demanda contra el estado asesino de Paraguay para que diga dónde está Lichita. Viva se la llevaron. Viva la queremos. Libertad a Laura Villalba y cárcel para los asesinos y desaparecedores de las niñas.

Junto a todas las palabras que podamos escribir, necesitamos escribir la historia con nuestros cuerpos colectivos en las calles. Que la vida de las niñas de nuestro Abya Yala, no nos sea indiferente.

#EranNiñas.

#ApariciónconvidaYadeLichita

#LibertadaLauraVillalba

#Libertad a CarmenVillalba

#Libertad a lxs presxs políticxs del Paraguay

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