La lucha de las mujeres, de las feministas, por la despenalización y legalización del derecho al aborto es histórica. Venimos durante años insistiendo de manera terca y decidida que queremos recuperar el control sobre nuestros cuerpos y de manera particular sobre el ejercicio de la reproducción.

Parir o no parir, ejercer la maternidad, este es un asunto que por décadas ha sido parte del debate público y de toda la sociedad, al margen de ser un asunto que por excelencia compete a quienes tenemos la facultad biológica de embarazarnos. “Las mujeres parimos, las mujeres decidimos”, reza la consigna; pero pareciese que nuestros vientres han seguido siendo propiedad de las iglesias, de los Estados, de los maridos, de una sociedad que no tolera la trasgresión sobre el rol tradicional de la reproducción, que llevamos a cabo las  mujeres que abortamos y que pedimos para todas el aborto libre.

Desde 1990, el 28 de septiembre se ha convertido en una fecha para visibilizar esta bandera. Fue justo en ese año, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se declaró esta fecha y se creó la campaña latinoamericana. Para el año 2009, la campaña empezó a expandirse a Europa; un año más tarde esta ya contaba con la participación de organizaciones de mujeres de diecinueve países y cinco redes regionales. Después, con la incorporación de la campaña en importantes redes a nivel mundial, el 28 de septiembre se conmemora como un evento global.

Un día de acción, todos los días de lucha…

El aborto, como un asunto tan cotidiano en la vida de las mujeres es al mismo tiempo un tema tabú. “Muchas abortan, pero todas callamos”; y defender la lucha por el aborto no solo es un asunto estigmatizado sino doloroso en muchas ocasiones.

Nos vemos abocadas de manera constante a construir argumentos sólidos y ciertos para explicar porqué la vida de las mujeres vale lo suficiente como para darle un lugar de privilegio en la balanza; tenemos que contar las muertas por abortos inseguros para exigir que cumplan con el deber de atención oportuna, legal, segura y gratuita en los servicios de salud; y las que más mueren o padecen secuelas en sus cuerpos resultan ser las más pobres, racializadas y jóvenes; y hoy, vamos por todo el continente intentando rescatar de las prisiones a quienes por mera sospecha son criminalizadas al requerir atención obstétrica de emergencia.

Penalizar y criminalizar el aborto es una grave violación a los Derechos Humanos y en particular a los derechos sexuales y reproductivos. Despojar a las mujeres del derecho a decidir sobre si continuar o no un embarazo, nos convierte en un simple instrumento de la procreación, y esto significa un despojo de la dignidad humana, la pérdida de la autonomía reproductiva.

Prohibir y restringir el acceso al aborto tiene un impacto en la salud pública. Son miles las mujeres que en el mundo mueren por prácticas inseguras y las que sufren complicaciones que requieren atención médica, impactando en los costos de los servicios de salud y poniendo en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres.

Son las mujeres en mayor condición de vulnerabilidad, las que sufren en mayor medida el impacto del aborto inseguro; acceder a servicios privados, seguros y de calidad implica contar con recursos económicos y mayor información, condiciones que no se dan entre las más jóvenes, las negras, indígenas, campesinas, las pobres. En nuestros países “las ricas abortan, las pobres mueren”.

En países donde el aborto es legal, las tasas de embarazos interrumpidos no han aumentado de manera considerable, por el contrario estos disminuyen, así como disminuyen las atenciones por complicaciones obstétricas. “Despenalizar el aborto no salva fetos, pero si salva la vida y resguarda la salud de las mujeres”.

El aborto lleva consigo un estigma. Su práctica genera  la trasgresión de las expectativas sociales hegemónicas sobre el ideal del ser mujer; la sexualidad femenina con el fin de la reproducción; la maternidad como parte de la naturaleza y rol principal femenino; y la idea esencialista de lo femenino ligado al cuidado.

Esto, en contextos de restricciones legales, conlleva a la criminalización de las mujeres tanto en los servicios de salud como en el sistema de justicia: mujeres que sufren las fallas de los sistemas de salud, por ejemplo en el cuidado prenatal, que son violentadas por los proveedores de atención médica siendo víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso la tortura, que son denunciadas ante la justicia y que terminan enjuiciadas y condenadas de manera desproporcional inclusive por delitos como homicidio haciendo aún más grave su situación jurídica.

Penalizar y criminalizar el acceso a un derecho que solo las mujeres requieren hacer efectivo, devela la gran injusticia y discriminación a la que continuamos siendo sometidas hoy en día;  esto redunda en la situación de marginación e inequidad que vivimos las mujeres, afectando la capacidad de decidir, negando  un ejercicio pleno de ciudadanía, y sobre todo violentando los Derechos Humanos, en especial los reproductivos.

Reclamar el aborto libre, “exigiendo que los Estados garanticen, que la sociedad respete y que las iglesias no intervengan” es una apuesta fundamental, sobre un asunto esencial: la posibilidad de decidir de manera autónoma y sin riesgos el proyecto de vida que todas soñamos.

*Feminista y abogada

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El derecho al aborto para las mujeres de Argentina y la comparación con las legislaciones en América latina y el Caribe en el día en que se presenta ante el Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.  

En la mayoría de los treinta países del sur del continente el acceso al aborto continúa siendo restringido desde el margen legal, y sigue siendo considerado un delito en las leyes penales. Pocos países han logrado avances significativos, lo que no implica el acceso libre para las mujeres, quienes por el contrario experimenten múltiples barreras a la hora de requerir una interrupción del embarazo segura y en las condiciones que ellas necesitan.

En América latina y el Caribe, el contexto es de penalización parcial o total del aborto. En casi todos los países existen excepciones al “delito de aborto” establecidas en las normas, que contemplan causales eximentes de responsabilidad, lo que significa que no se aplican las penas en ciertas circunstancias. Este tipo de regulación conocido como “modelo de indicaciones”, considera la prohibición como regla general, con permisos en situaciones que típicamente abarcan casos de peligro para la vida o la salud (física, mental y social) de las mujeres, violencia sexual, malformaciones fetales y con menor frecuencia afectaciones socieconómicas.

Tan solo cuatro países han legalizado el aborto bajo voluntad y a simple solicitud de la mujer, estos son Cuba, Guyana, Uruguay y México (Distrito Federal); allí se ha regulado bajo el “modelo de plazos”, en el que no se considera delito a los abortos que sean realizados hasta un momento determinado de la gestación. En contraste Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana continúan siendo lugares donde se encuentra completamente prohibido, y la vulneración a los derechos de las mujeres y la autonomía reproductiva crece a niveles alarmantes, por ejemplo en el Salvador y otros países, la persecución judicial ha llevado a graves condenas contra mujeres que han presentado emergencias obstétricas y han sido denunciadas de manera irregular en los servicios sanitarios.

El anterior panorama continúa siendo preocupante, pues aunque la mayoría de los Estados ha asumido compromisos internacionales ante organismos de Derechos Humanos para garantizar a nivel interno los derechos sexuales y reproductivos y los servicios de salud, que incluyen la atención del aborto inseguro y el acceso al aborto legal con el fin de no exponer a las mujeres a las graves consecuencias de las practicas riesgosas, en América latina y el Caribe el aborto inseguro continúa siendo un grave problema de salud pública y de derechos humanos, principalmente porque su penalización profundiza las condiciones de injusticia social, inequidad y subordinación que afectan a las mujeres.

Pese a que el modelo por causales que impera en la mayoría de los países obliga a los Estados a prestar servicios de salud que podrían reducir de manera significativa los riesgos y evitar más daños a la salud y los derechos de las mujeres, la imposición de todo tipo de barreras continúa afectando de manera desproporcionada principalmente a las mujeres con mayores condiciones de vulnerabilidad, pobreza y discriminación, es decir, a las más jóvenes, las más pobres y  las más excluidas por su condición de etnia o de raza.

Argentina: las mujeres, presas de las interpretaciones

En Argentina, el aborto se encuentra regulado en los artículos 85 al 88 del código penal; el artículo 86 establece causales excepcionales en las que el aborto no es punible, haciendo parte entonces del conjunto de países que aplican el modelo de causales o indicaciones, en tanto no se aplica la ley penal a los abortos que se practiquen cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo – aborto terapéutico o causal salud;  o cuando el embarazo es resultado de violencia sexual – causal violación.

Siendo una de las grandes barreras de acceso la forma restrictiva de interpretación de las leyes por parte de jueces y personal sanitario y  las múltiples discusiones a lo largo de los años sobre el alcance de las mismas y la obligatoriedad en la prestación de servicios de salud que de ellas se desprende, en el año 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció, sentando un fallo sin precedentes y en el cual se aclararon las múltiples obligaciones del Estado y sus diversos sectores vinculados a garantizar el acceso al aborto legal en las circunstancias excepcionales contempladas por la ley.

En este sentido la CSJN reconoció que: i. Toda mujer embarazada como producto de violencia sexual tiene derecho a acceder al aborto legal, y no solo quienes tengan alguna discapacidad intelectual o psicosocial; ii. Es obligación de las autoridades gubernamentales, judiciales y sanitarias garantizar el derecho de las mujeres al aborto no punible. Así mismo la Corte afirmó que, “el Estado, como garante de la administración de la salud pública, es el que tiene la obligación, siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible, de poner a disposición, de quien solicita la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura”.

De esta manera y con una sentencia ejemplar, que daría lugar a un gran avance en materia de regulación y en el marco legal, el máximo tribunal estableció lineamientos específicos para garantizar la práctica de los abortos legales y solicitó a las autoridades públicas implementar y hacer efectivos protocolos sanitarios para la atención de los abortos no penalizables y la asistencia integral a las víctimas de violencia sexual; adicionalmente exhortó al poder judicial de abstenerse de procesar penalmente el acceso a los abortos legales.

El Ministerio de Salud de la Nación, en cumplimiento de las obligaciones desprendidas del fallo de la Corte Suprema de Justicia, y de sus funciones de autoridad nacional sanitaria, elaboró el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a Interrumpir legalmente un Embarazo, determinando de manera clara los derechos de las mujeres que como pacientes solicitan los servicios de salud para la práctica del aborto, las obligaciones del personal de salud, las responsabilidades de las instituciones sanitarias y las alternativas de atención en todos los casos.

En los últimos tres años se ha observado avances importantes en el nivel nacional y provincial para incluir en las normas locales los mandatos dados por la CSJN, sin embargo, el acceso a los servicios de salud en las dos causales establecidas continúa siendo de difícil cumplimiento, siendo aún un derecho de papel para la gran mayoría de las mujeres que se encuentran en estas circunstancias excepcionales y un derecho nulo para todas aquellas que a voluntad no desean continuar con un embarazo no deseado.

La penalización, una violación sistemática a los derechos

La penalización del aborto continúa siendo un grave problema de salud pública, una violación sistemática a los derechos sexuales y reproductivos y un gran obstáculo para la justicia social y la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres. Penalizar y restringir el acceso a un derecho que solo las mujeres requieren hacer efectivo, devela la gran injusticia y discriminación a la que continuamos siendo sometidas hoy en dia; estas condiciones redundan en la situación de marginación e inequidad que viven las mujeres, afectando su capacidad de decidir, negándole un ejercicio pleno de ciudadanía, y sobre todo violentando sus Derechos Humanos, en especial los reproductivos.

Desde al año 2007 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, iniciativa que integra a más de trescientas agrupaciones, organizaciones y personas que promueven la legalización del aborto en el país,  ha venido presentando ante el Congreso de la Nación un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Como producto de una amplia discusión a nivel nacional y de un importante proceso participativo, un nuevo texto ha sido elaborado con el fin de incorporar las múltiples recomendaciones y directrices legales, sanitarias y de Derechos Humanos que se han dado los últimos años por diversos organismos.

Hoy será presentado ante el Congreso de la Nación un nuevo Proyecto de Ley que propone modificar la legislación para que se reconozca el derecho de toda mujer a decidir de manera voluntaria por un aborto legal y seguro hasta las catorce semanas de gestación, y que no se establezcan plazos cuando el embarazo pone en riesgo la salud física, mental y social de la mujer, cuando el mismo es producto de violencia sexual o cuando se presenten malformaciones fetales graves.

Las mujeres argentinas encuentran entonces una nueva oportunidad para que los derechos sexuales y reproductivos, considerados Derechos Humanos, sean reconocidos de manera integral en la legislación nacional y se garanticen de manera definitiva los servicios de salud que hacen real y efectiva la autonomía reproductiva de las mujeres. Es una oportunidad para que el Estado salde una deuda con las mujeres y con la sociedad que reclama a gritos: “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto Legal para no morir”.

*Feminista, abogada defensora de los derechos sexuales y reproductivos

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La ex senadora colombiana y defensora de Derechos Humanos fue víctima el 1 de abril de un ataque por parte de hombres armados. Pensar en Piedad Córdoba Ruiz es pensar en las mujeres sobrevivientes de los conflictos armados y en las que están en resistencia en Colombia.

Llegábamos a la cita en medio de un aguacero torrencial; mujeres de diversos rincones nos encontrábamos para hablar del feminismo popular, y con una nueva excusa para seguir botando ideas, juntando corazones, abrazarnos un poco, pensarnos juntas cómo continuar construyendo ese mundo que soñamos y creemos posible. Era viernes 1 de abril y al mismo tiempo se anunciaba en diversas redes, que en Quibdó (Colombia) se había frustrado un atentado en contra de la vida de Piedad Córdoba Ruiz.

La sala en silencio por unos segundos, tras dar a conocer la noticia tomó la decisión de pronunciarse, porque en cualquier lugar del mundo las feministas siempre estamos dispuestas a gritar y materializar la consigna: “si nos tocan a una, nos tocan a todas”.

Hablar de Piedad es hablar de diálogo y paz. Resumir en pocas líneas la lucha de esta mujer es un encargo difícil; Piedad Córdoba es una feminista colombiana, afrodescendiente, que ha dedicado su vida a la lucha institucional y desde el escenario de lo público; que le ha apostado de manera férrea a la paz, al diálogo para la superación del conflicto y a la justicia social en Colombia.

Durante dieciocho años fue congresista de la nación, dando debates en temas marginales frente a la pobreza, la exclusión, las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y la guerra. En ese escenario se dio a conocer como una mujer de carácter deliberante e independiente, alineada en una posición más radical frente a la derecha y su actuación guerrerista en el país.

Esto le costó hacia finales de los años noventa, el secuestro del que fue víctima por orden de Carlos Castaño Gil (comandante jefe de los grupos paramilitares), luego el exilio y tras su retorno, dos atentados en contra de su vida de los cuales salió ilesa. Pese a ello, su actividad política en la oposición al régimen de Álvaro Uribe Vélez a inicios de la década del dos mil fortaleció los lazos de unidad de la izquierda en momentos donde se dieron importantes derrotas a la derecha colombiana.

De sus gestiones más reconocidas se destaca el trabajo como facilitadora, con el presidente Hugo Chávez, de la liberación de seis políticos/as colombianos/as que se encontraban como rehenes[1] de las FARC[2]; desde ese momento sus posiciones contra la guerra se radicalizaron y su trabajo por lograr una salida negociada al conflicto, actuando como referente, facilitadora y generadora de debate político le ha significado una campaña permanente de odio en su contra promovida por la derecha colombiana y los medios de comunicación hegemónicos.

La estigmatización sistemática sobre Piedad, calificada de “traidora de la patria”, ha puesto un blanco permanente en su contra, esto en un país en donde ser referente social y político señalada de estar a favor de la insurgencia, es un justificante para que cualquiera hale del gatillo.

La persecución y la falta de garantías para ejercer la oposición le costó su derecho a la participación política, siendo sancionada e inhabilitada para ejercer cargos públicos precisamente por su labor a favor de la paz.

Tal parece que en Colombia ser una constructora de paz, tiene un gran costo político que se paga no solo con la judicialización y la criminalización sino con la vida misma.

No es casual que una movilización convocada por el partido político Centro Democrático[3] en contra de los diálogos con la insurgencia, sea apoyada explícitamente por el ejército paramilitar, que llevó a cabo un paro armado afectando a siete departamentos del país, causando muertes y ataques a bienes civiles. Todo al mismo tiempo, incluyendo el ataque a Piedad Córdoba y una amenaza de muerte que circuló en contra de un grupo de mujeres y organizaciones de mujeres referentes del movimiento social y de víctimas en Colombia.

El ataque frustrado contra la vida de Piedad Córdoba, se da en un contexto en el que la derecha arrecia su discurso de guerra y hace un llamado en contra de la paz. Las múltiples acciones por parte de sus principales líderes políticos, tienen como fin generar un ambiente de inestabilidad frente a los procesos de negociación y la actuación de la justicia en Colombia; ambiente de profunda oposición política a la restitución de los derechos de las víctimas, la devolución de las tierras despojadas, la reparación, el desmantelamiento del paramilitarismo y la verdad sobre el terrorismo de estado.

Pensar en Piedad es pensar en las mujeres que están en resistencia en Colombia. Las mujeres sobrevivientes quienes el conflicto armado atravesó sus vidas, las que han dicho que su cuerpo no es botín de conquistadores, las que han gritado que no quieren parir hijos para la guerra; las mujeres que han levantado los/as muertos/as y reconstruido el tejido, el territorio y los proyectos sociales y políticos; las mujeres que ya no están, las arrebatadas por el patriarcado, el capitalismo, el guerrerismo. Pensar en Piedad es pensar en las víctimas.

Los ataques y la persecución sistemática que se ha intensificado en contra de líderes sociales y referentes de paz, cobra especial relevancia justamente por las discusiones sobre la materialización de la justicia y la reparación para las mujeres víctimas y las garantías de no repetición.

La intensidad y la dureza de la violencia dirigida contra las mujeres referentes en Colombia es una muestra de la gran oposición que existe a que las agendas de las mujeres se posicionen en el escenario político, particularmente en la construcción de una paz duradera que implica necesariamente la trasformación de las estructuras que discriminan a las mujeres y perpetúan una sociedad desigual, de explotación, saqueo y violencia.

Rodear a Piedad, no es solo estar a favor de la paz, es manifestarse en el sentido que el cuerpo de las mujeres es un territorio inviolable, un territorio donde se manifiestan los aportes indiscutibles a la reconstrucción del país, la soberanía, la justicia social y al trabajo por los cambios sociales que Colombia necesita.

Las mujeres organizadas representan un potencial trasformador y potencian la fuerza y la resistencia que han demostrado muchas otras mujeres frente a la violencia y la insistencia de parar la guerra y reparar la gran tragedia humanitaria. Es potenciar las posibilidades de articulación de múltiples sectores y organizaciones sociales y políticas de las mujeres y con todo el movimiento social alrededor de un acuerdo común sobre la paz y sobre el país que todos y todas soñamos.

*Feminista y militante del Congreso de los Pueblos

[1] Asamblea General de Naciones Unidas. Convención internacional contra la toma de rehenes. Artículo 1 1. Resolución 34/146 el 17 de diciembre de 1979 Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conv_%20interna_%20cont_toma_rehen.pdf

[2] Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. Grupo insurgente Colombiano que actualmente dialoga con el Estado  para la consecución de un acuerdo de paz.

[3] Partido político colombiano, de tendencia derechista, fundado en el año 2013 por el expresidente de la república Alvaro Uribe Vélez.

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