En el ámbito educativo se intensifica el conflicto. Mientras se producen amenazas y torturas en Moreno. También en el ámbito universitario continúa se prolonga el conflicto.

“Ollas no”. Secuestro y tortura a una maestra

El jueves pasado, en Moreno,  miles de docentes,  organizaciones sociales y de trabajadoras y trabajadores salieron a la calle a exigirle al gobierno provincial,  de María Eugenia Vidal,  la inversión en educación necesaria que permita el restablecimiento de las clases en el distrito, al tiempo que repudiaron y reclamaron el esclarecimiento del secuestro y tortura de la docente Corina de Bonis.

Las y los trabajadores de la educación, que desde la muerte de Sandra y Rubén, hace más de 40 días, realizan un acampe frente al Consejo Escolar de Moreno, denunciaron:  “las prácticas asesinas, el mensaje mafioso, sabemos de dónde vienen, de los gobiernos de derecha que antes eran cómplices de los genocidas y hoy están en el poder. Pero esto no nos pone de rodillas, cada vez más fortalecidos, en unidad, peleando para que se esclarezcan los hechos”.

Mariana Cataño, Titular de la Seccional Moreno del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), denunció que hay más docentes amenazadas en el distrito y la continuidad del ajuste a pesar de las denuncias de falta de comida en los comedores escolares y de inversión en infraestructura en las escuelas, “si quieren que demos clases, pongan las plata, tomen la decisión política, arreglen las escuelas, nutran los comedores.  Ese grupo de tareas quiere decirnos ‘miren lo que les vamos a hacer’, no vamos a permitir que Moreno sea una zona liberada. Querían meternos miedo pero estamos de pie en la calle. Más unidad de las y los trabajadores para parar el ajuste que mata”.

Docentes bonaerenses realizaron el viernes “marchas de antorchas” en distintas plazas de la Provincia para repudiar el secuestro de la maestra Corina de Bonis, que fue secuestrada y torturada en el partido de Moreno.

“Con nuestros guardapolvos blancos y rodeados de la comunidad educativa, exigiremos: Justicia ya por Sandra y Rubén, el esclarecimiento urgente del secuestro y la tortura sufridos por Corina De Bonis y de las amenazas a docentes y a la comunidad educativa de Moreno”, afirmaron en un comunicado de Suteba.

A pocos días de que haya pasado este brutal hecho, el gobierno de Vidal lanza un nuevo ataque contra el conjunto de las y los trabajadores docentes. La gobernadora de Buenos Aires pretende limitar el derecho de huelga de este importante gremio declarando a la educación “servicio público esencial”.

Continúa el conflicto de docentes universitarios por salario y mayor presupuesto

En el marco de la sexta semana de paro de la CONADU Histórica,  en reclamo de una recomposición salarial del 30%, se realizaron distintas actividades en las universidades de distintos puntos del país.

En la Universidad Nacional de Buenos Aires,  desde las 7:30 del jueves,  se realizó un corte frente al Ministerio de Educación. Se realizaron además asambleas y clases públicas en las distintas unidades académicas.

Por otro lado, el  lunes 10 ADUNC (COMAHUE) acompañó en toda la región a las rutas a las y los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria del Comahue (FUC). En Cipolletti, Cinco Saltos y Fiske Menuco los cortes funcionaron con la participación de estudiantes, docentes,  organizaciones sociales y gremiales que acompañaron la medida.

También desde el martes se realizaron clases públicas y charlas debate para dar continuidad al plan de lucha en la Universidad Nacional del Litoral. Se acompañó a los estudiantes durante la toma de la Facultad de Humanidades que fue levantada el miércoles.

En Luján, el martes, en el Centro Regional San Miguel, se llevaron adelante 3 clases públicas sobre la avenida Balbín.

En todas las Universidades Nacionales -como Jujuy, Tucumán, Tierra del Fuego, Cuyo, San Juan, Nordeste, entre otras- las asociaciones de base continuaron con las medidas de fuerza y las iniciativas de visibilización en unidad con el movimiento estudiantil.

El jueves 13 de septiembre,  desde las 11:00, se movilizaron al Congreso junto a todos los niveles de la educación por el Presupuesto Educativo. El viernes 14 sesionó el Congreso Extraordinario para analizar la continuidad del plan de lucha nacional.

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Trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa Cueroflex ocuparon a principios de julio el Ministerio de Energía para protestar contra los tarifazos. La decisión fue acompañada por la Corriente Federal de Trabajadores, la Federación Gráfica, la Federación de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados y el gremio de Curtidores, entre otras organizaciones sindicales y sociales. Marcha dialogó con Andrés Ruggeri, del Programa Facultad Abierta, sobre la situación crítica de las fábricas recuperadas.  

Permanecieron unas horas en el hall. Las autoridades se comprometieron a evitar los cortes de luz y gas en las fábricas recuperadas y cooperativas. Con esa promesa se levantó la protesta. ¿Qué podés comentar sobre esta situación que atraviesan las fábricas recuperadas y cooperativas?

Esa fue una medida que se tomó entre varias organizaciones. Cueroflex fue la que más trabajadores aportó porque es una de las más complicadas por el tarifazo. Pero es una situación que afecta a todas las empresas recuperadas, sobre todo las industriales que tienen altos costos energéticos. Hay una situación que no sólo es para las recuperadas, para las Pymes también, en general para toda la economía que no es especulativa ni exportadora. Son estos altísimos costos que está generando el tarifazo que viene implementando el gobierno desde que asumió y que compromete la actividad productiva del país. La diferencia con las fábricas recuperadas es que tienen la capacidad de movilizarse y visibilizar el reclamo.

Hay cierta desesperación porque la situación está llegando al límite en muchas fábricas. Esta nueva vieja gestión, porque la política es la misma, solo cambiaron algunos personajes, tuvo que abrir un poco la negativa férrea que venían teniendo hasta ahora donde no había nada que negociar. Esta vez prometieron suspender los cortes, aunque no sé exactamente si se avanzó en la promesa de discutir una tarifa diferenciada para las recuperadas.

Los aumentos de gas y electricidad impactan fuertemente, como vos bien decís, no solamente a las empresas recuperadas por sus trabajadores sino también a las pequeñas y medianas empresas. Mencionaste dos temas, la tarifa diferencial y la suspensión de los cortes. ¿Hay alguna otra medida que exijan las recuperadas? No solamente en referencia al tema energético, sino de conjunto.

Hay varias. Inclusive con el tema energético hay otra medida más que es el congelamiento de las deudas. Porque lo que está provocando mayores problemas es que se va acumulando deuda. Por ejemplo, Cueroflex tiene una deuda de casi 9 millones de pesos entre gas y luz y todos los meses le llega un millón más. La deuda sube exponencialmente, puede no cortarse el suministro pero la deuda se acumula. Lo que se está intentando es aguantar hasta que cambie la situación política, hasta que cambie el gobierno. Evitar el cierre por causa de esta situación. Pero después hay muchas otras, un pedido histórico como es la Ley de Expropiación.

Algo se resolvió favorablemente en Santa Fe.

En Santa Fe y en otras provincias un poco más insólitas en este sentido porque no se caracterizan por tener empresas recuperadas, como son La Rioja y San Luis, donde hay una decisión política de los gobiernos de avanzar en las expropiaciones y en darle las fábricas que van cerrando a cooperativas de trabajadores. Hay casos nuevos en esas provincias.

¿Ha habido cierre de empresas recuperadas por estas razones que estamos comentando?

Sí. Hubo algunos cierres. Estamos por sacar un nuevo informe y una de las cosas que más nos llaman la atención es una cantidad importante de fábricas que si bien siguen en manos de los trabajadores, están trabajando con muy bajo nivel de producción o directamente están paradas. Una de las causas son las tarifas impagables.

Dos ejemplos. Una es Inimbó que es una textil de Resistencia, Chaco, una de las primeras recuperadas en 1993 que está prácticamente sin trabajar y otra en Santa Fe, Vitrofin, una fábrica de cristalería fina con vidrio soplado que no pueden prender los hornos siendo prácticamente todo el costo que tienen. De hecho hace dos o tres semanas se hizo una gran actividad para recaudar dinero, una cena solidaria en Rosario para ayudar a Vitrofin. Es una situación que se está expandiendo y hay pérdida de puestos de trabajo porque la gente se empieza a ir de las cooperativas.

Es lo que está pasando en Neuquén con Zanón.

Zanón acumula una deuda infernal, de millones de pesos.

Se han ido muchos trabajadores. Están también las problemáticas que tienen que ver con la Justicia. En el caso de La Toma, y en el caso de una de las cerámicas recuperadas de Neuquén, el Bauen también.

Sí. El Bauen tiene una deuda de agua muy importante.

Estuviste bastante tiempo fuera del país, viajaste a Sudáfrica ¿Cómo marcha la organización de los congresos regionales de fábricas recuperadas?

Se están organizando en este momento los tres que se vienen armando como regionales, el de Sudamérica va a ser a principios de noviembre en Chile, del 1 al 3 en Santiago. El comité local ya está funcionando, ahora estamos por empezar la convocatoria a nivel regional.

El otro que viene con fuerza es el de América del Norte, impulsado por el cambio de gobierno que va a haber en México. Se va a hacer del 8 al 10 de noviembre en la ciudad de México en las instalaciones de la nueva cooperativa que se armó con el sindicato mexicano de electricistas que es la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro.

Un sindicato de mucha tradición de lucha.

Y que vivieron una situación terrible cuando Felipe Calderón, el Presidente anterior a Peña Nieto que llegó al poder por fraude contra López Obrador en 2006, cerró directamente la empresa de energía estatal de la ciudad de México que era donde estaban prácticamente todos los afiliados al sindicato. Una situación de mucha lucha que finalmente llevó a la formación de esta cooperativa. Y en ese encuentro de América del Norte se está desarrollando con mayor activismo la zona de EE UU y Canadá. Hay un foro de izquierda que se hace todos los años en Nueva York donde hubo una mesa especial para tratar el tema de la economía de los trabajadores y especialmente para la organización de nuestra red que tuvo bastante repercusión, así que creo que va a haber un salto importante de esa regional.

La regional europea viene con un poco más de retraso, hubo dificultad de los compañeros de Rimaflou, que eran los que iban a organizar, después dijeron que no y ahora retomaron la responsabilidad de organizar el tercer encuentro regional que va a ser en Milán entre marzo y abril del próximo año.

¿Alguna novedad de Sudáfrica?

Estuve hablando con compañeros, di algunas charlas respecto de este tema. Está un poco verde la organización de una región en África, pero se está empezando a mover. En realidad yo estuve haciendo otro trabajo allá, en Angola y Namibia. En Sudáfrica también hubo un cambio de gobierno al estilo Dilma Rousseff, una especie de golpe parlamentario, asumió otro Presidente, hubo una huelga general muy grande y empieza a haber un clima de lucha obrera.

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Lo afirmó en Carcarañá (Santa Fe) el presidente Mauricio Macri en el acto de reapertura del frigorífico Mattievich que estuvo cerrado durante 7 años, ahora en manos de Supermercado Coto, que absorbió 540 trabajadores. ¿Se estaba refiriendo a su propio gobierno y al FMI? Para nada. Volvió a defender su política económica: “Estamos  en el rumbo correcto, vamos a avanzar contra viento y marea”, sostuvo. “Hoy tenemos claro cuál es el rumbo” (sic) y vinculó a los piquetes y los juicios laborales con comportamientos mafiosos.

“La Patria no se rinde”

La concentración convocada bajo el lema “La Patria no se rinde” en el Día de la Independencia fue masiva. Reunió a integrantes de las organizaciones sindicales, sociales y políticas que llamaron a la manifestación y a personas autoconvocadas que reclaman el cambio del rumbo económico del Gobierno.

La convocatoria retomó la protesta contra el acuerdo con el FMI que, el 25 de mayo pasado, reunió a una multitud en el Obelisco. Con la invitación abierta a acercarse con banderas argentinas a cantar el Himno, se instaló un escenario montado junto al Ministerio de Desarrollo Social, donde se programaron shows de música en vivo. A modo de cierre, se cantó el Himno y se leyó una proclama.

Mientras tanto, desde la Casa de Tucumán, el presidente Mauricio Macri admitió el mal momento del país y para ponerlo en palabras eligió una metáfora marítima: “Estamos pasando una tormenta fruto de muchas circunstancias, entre ellas hay temas de nuestra gestión, de mercados externos y de gobiernos anteriores”, señaló y completó: “El rumbo del barco está claro, sigue siendo el mismo”.

El acto fue la única actividad presidencial en una visita exprés a la provincia. A pesar de eso, la Casa de Tucumán tuvo 2.500 policías especialmente destinados a la custodia del mandatario y  vallas varias manzanas a la redonda para evitar las protestas y escraches contra el presidente.

Los actos contra Macri comenzaron el viernes, cuando ATE Tucumán montó una radio abierta en la puerta misma de la Casa Histórica para denunciar la situación que viven los estatales tucumanos, para manifestarse en contra del acuerdo con el FMI y para repudiar “la contradictoria visita de un presidente vende patria a nuestra provincia, la Cuna de la Independencia”.

Conflictos docentes

El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica que sesionó el viernes de la semana pasada resolvió el no inicio del segundo cuatrimestre con cese total de actividades, a partir del 6 de agosto. Asimismo, convocar a una marcha nacional universitaria de docentes, estudiantes y no docentes, en defensa de la Universidad Pública y contra el ajuste.

La medida fue anunciada frente al Ministerio de Educación de la Nación, en un acto conjunto con la otra federación docente, CONADU.

La resolución de no comenzar el 2º cuatrimestre expresa el hartazgo y bronca de la docencia universitaria y preuniversitaria que desde noviembre tienen congelado el salario, que como propina se les ha dado un adelanto del 5%, y que desde hace 60 días el gobierno nacional y los rectores no convocan a la comisión paritaria del sector.

Ratificaron el pedido de un 30% de aumento salarial con cláusula gatillo y le dicen no al ajuste presupuestario en las universidades nacionales.

En medio de una huelga docente de varias semanas, y el Ministerio de Educación ocupado hace un mes, el Gobierno de Chubut decidió descontar los días de paro desde el 16 de mayo.

Tras el fracaso de las paritarias, el gobernador Arcioni otorgó un incremento salarial de $1.200 al básico, más una cifra remunerativa de $1.500.

En la localidad de Rawson, los docentes nucleados en Atech anunciaron el comienzo de una huelga de hambre ante la noticia de que el gobernador Mariano Arcioni establecerá por decreto el aumento de sueldos de los maestros de la provincia.

Trabajadores de Télam

Desde el presidente de Télam, Rodolfo Pousá, hasta los mandos medios periodísticos, han decidido no presentarse en la agencia desde el 26 de junio. “Ellos están haciendo un abandono de tareas”, sostuvo Esteban Giacchero, delegado por el SiPreBA.

El Directorio de la Agencia Nacional de Noticias Télam despidió a 357 trabajadoras y trabajadores de las áreas de Periodismo y Administración, de las cuales un centenar son mujeres jefas de hogar. El desguace es único en la historia de los medios de nuestro país y es sintomático del ahorcamiento que este gobierno viene realizando desde 2015 con ajuste, recorte y castigo a la libertad de expresión.

Según datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), en estos últimos dos años y medio se han perdido unos 3.000 puestos de trabajo en medios de comunicación, sumado al cierre de numerosas redacciones. Cabe destacar que esta situación afecta principalmente a las trabajadoras de prensa que representan un promedio del 35 % de quienes se quedaron desempleadas.

El ajuste y vaciamiento también puede ser leído como una manera de disciplinar específicamente a las mujeres, que encuentra su primer antecedente en el 8M de este año, cuando el Directorio de la empresa sancionó a ocho trabajadoras que participaron de las actividades previstas para ese día de protesta. Seis de ellas fueron despedidas.

En medio de las protestas que realizaron dirigentes y militantes de ATE, CTEP y la CCC, Jorge Triaca, titular de la cartera de Trabajo, visitó Tucumán y brindó una breve conferencia de prensa, donde justificó los despidos en Télam: “El Estado Nacional encontró un organismo que había crecido en más de 500 trabajadores, y como se trata de una actividad con mucho impacto a partir de las modificaciones en la tecnología, hubo una necesidad de analizar su dotación” (sic).

Mientras, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, avanza en la decisión de contratar a una empresa de marketing y comunicación, con la intención de renovar la imagen de una eventual nueva etapa de la agencia estatal de noticias.

En tanto, la reputación de los trabajadores comenzó a ser atacada en Twitter con posteos por su ideología, su militancia sindical, su contratación en el gobierno anterior y se los acusa de “chorros”. Los trolls de Marcos Peña a full.

¿”Revolución de los aviones”?

Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos (APA, APTA, UPSA, APLA, ATCPEA, ATEPSA y UALA) lanzaron un plan de lucha en rechazo a la política aerocomercial del Gobierno, que contempla un paro de actividades para hoy viernes 13 de julio, que afectará a unos 80.000 pasajeros en el inicio de las vacaciones de invierno.

La medida de fuerza de los sindicalistas llega poco después que el Gobierno informó que a partir del 15 de agosto se eliminarán las tarifas mínimas de referencia para los vuelos de cabotaje adquiridos con 30 días de anticipación, lo que significará una reducción en el precio de los pasajes tal como solicitaron las compañías low cost.

Entre los reclamos figuran la banda tarifaria; el achicamiento del grupo de bandera y la falta de un plan de Empresa Pública; el ingreso de empresa bajo Convenios Colectivos de Trabajo; la exigencia a las empresas extranjeras para que realicen las inversiones en las filiales nacionales; el respeto a la reciprocidad en los acuerdos bilaterales; entre otros puntos.

“Es una falsa imagen, de que se puede viajar barato a cualquier lado y a cualquier costo, porque estas prácticas esconden precarización de todas las áreas, como atención al usuario, seguridad y tercerización laboral”, afirmó Pablo Biro, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

Al mismo tiempo, denunció que “el Gobierno viene haciendo un ajuste en las aerolíneas desde que asumieron” y agregó que “el presupuesto de Aerolíneas se pide en pesos en el presupuesto nacional, pero gasta en dólares”. Sobre esto último explicó que “con la devaluación que hicieron, Aerolíneas perdió un gran porcentaje de su presupuesto”.

Respecto a la influencia negativa que tienen las low cost sobre la línea de bandera consideró que “Aerolíneas Argentinas tiene la obligación de cubrir las líneas rentables y también las no rentables”, mientras que las de bajo costo “solamente buscan explotar las rutas rentables”.

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In Memoriam de María Zelaya

El lunes 4 al mediodía, organizaciones sociales se movilizaron solicitando subsidios provinciales de $ 700 (U$S 30) y alimentos para algunos cientos de personas que allí se encontraban. Ricardo Escobar, taxista de 62 años, llegó a la esquina de la movilización y paró a algunos metros del cordón de seguridad. Se acercaron dos manifestantes para explicarle que por ahí no podría pasar, porque había familias movilizadas y niños jugando en el perímetro organizado. El taxista les dijo que eran unos “negros de mierda”, “vayan a trabajar” y algunas groserías más. Un compañero y María Zelaya le explicaron que estaban movilizados como cuando los taxistas se agrupan por sus reclamos. El taxista pisó el acelerador y atropelló a María Zelaya y dos compañeros más. La arrastró 4 metros. Frenó. Ella cayó del capot, perpendicular al auto, quedando tendida en el piso. El taxista aceleró pasándole a lo largo con las ruedas por el cuerpo y la cabeza, hasta desaparecer de la vista de los manifestantes. Dos compañeros lo corrieron en moto y lo detuvieron en un semáforo, hasta entregarlo a la policía que se encontraba en la esquina.

El gobierno de Mauricio Macri y el FMI acordaron un préstamo “Stand-By” de 50.000 millones de dólares, con una duración de tres años, en un claro espaldarazo del organismo a la política macrista y una señal a los mercados. A cambio del préstamo el FMI exigirá el cumplimiento de duras metas fiscales y de inflación: quita de subsidios, recorte de gastos en obras públicas y en salarios estatales (congelamiento de sueldos), achique en las transferencias a las provincias y que se avance con un ajuste en el sistema de la seguridad social.

Esto en un marco de fuerte caída del valor del peso, dólar e inflación en aumento, bajos salarios, recesión, y despidos masivos en el Estado y empresas privadas.

En cuanto a las metas inflacionarias, se acordó: una suba del 17% para 2019, 13% para 2020, y 9% para 2021. Los antecedentes indican que estas metas son de difícil cumplimiento, en una Argentina donde la meta inflacionaria anual para 2018, que el gobierno estimaba era del 15%, estaría cercana al 28 o 30%, de acuerdo a diferentes consultoras privadas.

También se van a tomar medidas tendientes a “fortalecer la autonomía del Banco Central” para lo cual “se enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA”.

En cuanto a la reducción del gasto público: disminución de las metas del déficit fiscal primario (sin tomar en cuenta los pagos de deuda), un 2,7 % del PBI en 2018 (contra 3,2 % de las metas previas); 1,3 % en 2019 (antes era 2,2 %); 0 % en 2020 (contra 1,2 % previo) y superávit de 0,5 % en 2021 (contra 0 de antes). Lo que se omite en estas proyecciones es el aumento del déficit financiero (incluye intereses de la deuda) que varió del 3,9 % en 2015 al 5,5 % del PIB en 2017.

Los recortes al gasto no comenzaron con el anuncio del jueves. En medio de la disparada del dólar Dujovne y Caputo comunicaron la reducción de la meta del déficit fiscal para este año desde 3,2 a 2,7 % del PBI. Esto implicó una disminución de $ 30.000 millones en obra pública.

El afán del Gobierno por reducir el gasto se concentró en recortar los subsidios (tarifazos de los servicios públicos), despidos y salarios a la baja de las y los trabajadores estatales, mientras tuvo una merma en la recaudación por la reforma tributaria pro patronal, y la reducción de las retenciones a las exportaciones que favoreció al agro y a las mineras.

Un informe de Cifra advirtió que entre 2015 y 2017 “el ahorro de U$S 8.000 millones por la quita de subsidios fue compensado con U$S 9.200 millones que, o bien, se pagan a los acreedores, o bien, constituyen una transferencia de ingresos a los exportadores”.

El 1º de junio hubo un nuevo recorte del gasto. Así, el ministro de Hacienda junto a su par de Modernización, Andrés Ibarra, informaron de un “ahorro” de $ 20.000 millones en el Estado. Los funcionarios anunciaron que no habrá ingresos de personal en la Administración Pública durante 24 meses bajo cualquier tipo de modalidad y dejarán sin efecto los convenios por asistencia técnica con universidades nacionales a partir del 31 de diciembre. Bajo esta modalidad se estima que hay 7.000 personas contratadas y que serían desvinculadas a fin de año. También informaron que reducirán en un 30 % las horas extra, comidas y viáticos, un golpe al salario ya que muchos trabajadores estatales por las bajas remuneraciones trabajan más horas.

El veto presidencial al proyecto que limitaba los aumentos de las tarifas demostró que Cambiemos para cumplir las metas del FMI seguirá con la reducción de subsidios y los tarifazos.

El acuerdo incluye una “salvaguarda para ampliación del gasto social equivalente a 0,2 % del PBI”. Esta cláusula implica que pueden ampliar programas sociales. Migajas que acordaron el Fondo y el Gobierno ante la profundización del ajuste.

Para Néstor Pitrola del FIT-PO: “los U$S 55.600 millones de nuevo endeudamiento pactados con el FMI y los otros organismos multilaterales vienen a sostener un endeudamiento todavía mayor, puesto que el Tesoro recomprará las Lebacs en el mismo plazo de la deuda con esos organismos, emitiendo bonos del Estado por otros U$S 44.000 millones que constituyen el stock de Lebacs del Banco Central. Se trata de una escalada de deuda que coloca a la Argentina, si computamos las deudas provinciales, en un rango cercano al 100% de su PBI, en el próximo período.”

“La contrapartida de este colosal plan de endeudamiento y ajuste, es una nueva política devaluatoria hasta que el dólar encuentre su precio, puesto que fue condición del Fondo retirar de la pizarras la oferta de U$S 5.000 millones para dejar flotar el tipo de cambio.”

Por otro lado, continuó Pitrola, “se confirma el ajuste del gasto en $ 200.000 millones en el Presupuesto 2019, pero antes de eso, ya mismo, se libera el 2018 de toda meta inflacionaria lo que constituye una política consciente y deliberada de confiscación salarial vía inflación: pruebas al canto, el Presidente firmó un decreto que fija un techo de dos cuotas del 2,5%, esta vez por escrito, como adicional salarial. Objetivamente, es el fin de paritarias, puesto que se trata de un incremento por decreto, cuyo objetivo es la pérdida de por lo menos diez puntos salariales, respecto de una inflación que estará en el orden del 30%”.

Pitrola concluyó: “El ajustazo se completa con el corte de la obra pública de financiamiento estatal, el congelamiento de los salarios públicos, excluidos del 5% adicional, la reducción de transferencias a las provincias, los nuevos tarifazos de octubre que reflejarán la actual y futuras devaluaciones, la convalidación del robo de la movilidad declarada inconstitucional recientemente y el congelamiento de los planes sociales”.

Pusieron la fecha

Los directivos de la CGT pusieron la fecha al paro general para el próximo 25 de junio.  La conducción cegetista participó de una reunión en Casa Rosada con Nicolás Dujovne y Mario Quintana. En la misma, entregaron un petitorio en el que exigieron una ley que congele los despidos por 6 meses en los sectores público y privado, la reapertura de paritarias “sin ningún tipo de limitación”, que se exima del pago del impuesto a las ganancias el aguinaldo de julio para la cuarta categoría, la devolución “total y urgente” de los fondos correspondientes a las obras sociales sindicales y el “compromiso para que no exista modificación alguna sobre la actual Ley de Contrato de Trabajo”. Sin definiciones, quedaron en volver a verse las caras el martes cuando finalice el “cuarto intermedio”.

Mientras la cúpula de la CGT con mucha resistencia le puso fecha al paro nacional, Hugo Moyano paralizó las rutas ayer, con un paro total de camioneros. En medio del corte de la Autopista Buenos Aires-Cañuelas anunció: “El martes tenemos la audiencia con Fadeaac. Si no tenemos una respuesta que sea favorable al poder adquisitivo del salario de los trabajadores el jueves hacemos un paro nacional. Que nadie diga que no hemos avisado”.

La CTA Autónoma conducida por Pablo Micheli y la CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky, se sumaron al paro y movilización del  14 de junio, convocado por el gremio de Camioneros, con la participación también del gremio docente CTERA, que había convocado a una medida de fuerza con movilización. También estuvieron presentes los movimientos sociales, apoyando activamente la medida con ollas populares y movilización.

En tanto, el sector de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) que responde a Ricardo Peidro y al estatal Hugo Godoy también convocó este jueves a un paro nacional para el 19 de este mes, que incluirá movilizaciones, en rechazo de las políticas económicas oficiales y los topes salariales paritarios.

La Asociación Trabajadores del Estado rechazó la propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para la paritaria 2018, que representa un aumento del 3% en julio, un 6% en agosto, y otro 6% en septiembre, más un bono no remunerativo de $ 2.000 a cobrar por única vez en junio, para los empleados públicos que cobren hasta $ 40.000.

“El salario promedio de un trabajador del Estado nacional es de $ 18.000 en mano, cuando una canasta básica mínima esta en el orden de los $ 28.000, por lo cual el aumento del 15% es claramente insuficiente y sigue llevando a la mayoría de los trabajadores del Estado a una situación de pobreza”, advirtió Pablo Spataro, integrante del Consejo Directivo Nacional del sindicato y del equipo paritario.

La cláusula de revisión se fijó para marzo de 2019. Según un comunicado emitido por la UPCN de Andrés Rodríguez, justificó esa cifra a cambio de frenar los despidos por 60 días y el bono extraordinario de $ 2.000 en junio.

Por su parte, los convocantes del Plenario Nacional de Trabajadores, que impulsa el sindicalismo combativo para el próximo 23 en el Microestadio de Lanús, realizaron el viernes al mediodía una conferencia de prensa con fuertes críticas al acuerdo del gobierno con el FMI y también a la CGT, por suspender el anuncio de una medida de fuerza.

Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA anunció la participación con una columna independiente en la convocatoria de la CTA del 14. Marcharon con las banderas del paro activo nacional, por un plan de lucha y contra el plan de guerra de Macri, los gobernadores y el FMI contra la clase obrera.

Finalmente la cúpula de la CGT le puso fecha al paro nacional, con mucha resistencia mientras los demás sectores agremiados se suman con sus propias columnas a las medidas de fuerza y movilización en unidad.

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Asumiendo la defensa de las empresas proveedoras de servicios el Presidente-Gerente Mauricio Macri manifestó: “Las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace años y en los próximos 5 van a mejorar la distribución”.

Mientras tanto, el miércoles concretaron el envío de un proyecto al Senado, eliminando impuestos a los servicios que puedan estar cobrando provincias o municipios. Se llama “Ley de transparencia en la facturación de servicios públicos esenciales”. Más de 13 provincias le respondieron que no cobraban ningún impuesto específico a los servicios, pero el oficialismo avanzó igual.

El proyecto presentado plantea para la luz, el agua y el gas que “las facturas de los servicios esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado”. De esta forma anularía, de aprobarse, cualquier otro impuesto. Solo establece dos excepciones: IVA e Ingresos Brutos. Curiosamente, en las fundamentaciones de la ley, el macrismo sostiene que busca “garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa” y tiene como objetivo “evitar distorsiones en la información y el monto a abonar, producido por conceptos ajenos a la prestación”.

La gobernadora Vidal se adelantó al Proyecto y anunció “rebajas” como un gran gesto del Gobierno para “aliviar” los padecimientos de los bonaerenses. Más allá de ser insignificante por el escaso porcentaje que implican los descuentos en relación a las tarifas exorbitantes, además trascendió que se trata de impuestos que no se cobraron durante dos años por una medida judicial y que la administración de Vidal apeló para poder cobrárselo a los bonaerenses a partir de enero.

Al mismo tiempo, el gobierno nacional autorizó a las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas a aplicar un incremento del 16,7% para el tubo de 10 kilos, que ahora llegará a las familias a un precio final de 216 pesos, tras acumular en el año un alza del 61,3%.

Este incremento golpeará a las zonas del Gran Buenos Aires o Gran Córdoba donde todavía no hay red de gas natural y a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones en las que tampoco hay ese servicio.

Convocadas por las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y el Movimiento 21F, que encabeza el gremio de Camioneros y la Multisectorial contra el tarifazo, y que acompañaron otros gremios, organizaciones políticas y sociales, miles de personas marcharon el jueves 12 del Congreso al Obelisco y le reclamaron al gobierno nacional que suspenda por un año los aumentos en los servicios públicos y que se retrotraigan las tarifas a los valores de diciembre pasado.

“Lo de la Casa Rosada de hoy fue una farsa y tan grande que hay que pagarla en cuotas. Los voceros del Gobierno aclararon que no se mueve nada de los tarifazos, lo único que cambiaron es la forma de pagarlo, lo que significa una transferencia enorme de recursos de los trabajadores a estos grupos económicos que en dos años han aplicado un tarifazo del 1.000 % mientras los salarios aumentaron el 67 %”, sumó el legislador porteño Gabriel Solano (PO-FIT).

El documento de la Multisectorial contra el tarifazo leído en el Obelisco, además de los reclamos, detalla que los tarifazos no solo engordan las ganancias de los grandes grupos empresarios sino también las de los funcionarios “Aranguren, Caputo y Dujovne en guaridas fiscales”. El hit del verano (Andate Macri lpqtp) volvió a estallar en la multitud.

Conflicto docente

Con una gran adhesión de toda la comunidad educativa se desarrolló en la ciudad de Neuquén la “Marcha de los Guardapolvos” organizada por ATEN. Compuesta de dos columnas, una que salió desde el aeropuerto y la otra desde el Parque Industrial, y confluyeron en Casa de Gobierno.

Durante el extenso recorrido de las marchas, muchas escuelas se fueron sumando a las columnas, junto a padres y madres que quieren ver a sus hijos en las aulas, pero con docentes bien pagos, con edificios en condiciones y con partidas presupuestarias que garanticen una educación de calidad. El conflicto suma 25 días de huelga.

La “nueva” propuesta salarial que realizó el Gobierno de Vidal el viernes 13 consta de un aumento escalonado en tres cuotas, la primera del 5 % en enero, la segunda del 3 % en abril y un 2 % en junio, con una suma de $ 3.000 por presentismo. A diferencia de propuestas anteriores, esta vez el aumento del 10 % ofrecido es semestral, para volver a discutir nuevamente en julio.

Los gremios docentes anunciaron su rechazo y realizaron un paro y movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires el miércoles. La medida contó con la adhesión del 90 % de la docencia bonaerense.

Por otra parte, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, les pidió a los docentes a través de un programa de TV que digan de dónde recortar gastos para poder darles el aumento de salario a maestras, profesores, bibliotecarixs y preceptores. Estas son las 5 medidas sugeridas desde Alternativa Docente en SUTEBA Multicolor:

1. Elimine los más de 20.000 millones que usted destina a subsidiar a la Iglesia y a las empresas de la enseñanza privada. Junto a eso: Usted y todos sus funcionarios políticos y legisladores deben dejar de enviar sus hijos a costosas escuelas privadas y los manden a la escuela pública.
2. Deje de pagar la deuda y a los bonistas extranjeros (solo en intereses su gobierno paga este año más de 28.000 millones).
3. Ponga un impuesto especial a las corporaciones, pooles de siembra, la banca, megamineras y especuladores de la Bolsa, no al salario que no es “ganancia”.
4. Que como gobernadora, todos sus ministros, funcionarios políticos y diputados ganen como una docente o que ganemos todxs como diputado.
5. Destine el aumento del 33% al 37% en la recaudación de impuestos para salarios, educación y salud. Lo mismo con los 40.000 millones de pesos extra que recibe este año por el Pacto Fiscal.

Movimientos populares piden que se destine el 25 % de la obra pública y compre social a cooperativas

En el marco de una jornada de reclamo para que no se cierren planes sociales y para que no se estigmatice a las y los trabajadores de la economía popular, se organizó una feria en la Plaza de los Congresos en la que se visibilizó la labor de todo un sector del pueblo que produce sus propias formas de sobrevivir en el marco del tarifazo y la inflación generalizada.

“Vinimos para expresarle al Congreso, a la opinión pública y al Gobierno que la economía popular trabaja, produce, organiza su forma de vida y que no somos vagos ni planeros. Generamos una forma de abordar la difícil situación que sucede en el territorio con los tarifazos, la inflación y aumentos de insumos”, expresó Gildo Onorato, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Fueron más de 500 stands y puestos para mostrar la producción, charlas, promotores de salud, trabajo comunitario y social, cooperativas de viviendas que montaron réplicas de sus construcciones.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), afirmó en un comunicado: “Con el nuevo programa ´Hacemos Futuro´ el gobierno pretende eliminar los puestos de trabajo que se regían bajo el programa ´Ellas Hacen´ y ´Argentina Trabaja´, para transformarlos en capacitaciones. Pero desde hace un tiempo venimos denunciando que el achicamiento en presupuesto de educación, el cierre de cursos, la eliminación de sedes de FINES, las paritarias a la baja y el cesanteo a profesores, hacen imposible que el sistema educativo actual absorba a las miles de personas que cobran estos programas”.

El Frente Popular Darío Santillán, el FPDS Corriente Nacional, la Corriente Juana Azurduy, Surcos, el Movimiento Mulcs e Izquierda Latinoamericana Socialista agregaron que el Ministerio de Trabajo pretende eliminar los programas laborales que dependen de su cartera y de los cuales dependen miles de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular.

“No es momento de esperar. Es momento de organizar la bronca y salir a las calles para parar el ajuste del gobierno”, concluyó Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán.

Este 1° de mayo los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular marcharán desde Constitución hasta el Monumento al Trabajo. En dicha jornada se planteará la idea de construir una herramienta gremial unificada para nuclear a todo el sector. Previamente, la dirigencia de los movimientos participará el 27 de abril de un acto en el microestadio de Ferro junto a las principales organizaciones sindicales para continuar enfrentando el ajuste y exigir trabajo digno para todos en unidad.

Continúa el conflicto en Carrefour

El rechazo de los trabajadores de Carrefour al acuerdo final que habían rubricado Armando Cavalieri, en la cartera a cargo de Jorge Triaca, con el responsable legal de Carrefour, abre un signo de interrogación sobre el futuro del entendimiento. Ahora, el Ministerio de Trabajo decidió habilitar la instancia de Conciliación Obligatoria por 15 días.
Desde Trabajo dijeron que el acuerdo, a pesar del descontento en los locales, sigue su curso hacia la homologación, y no se ve ni afectado ni interrumpido por la Conciliación Obligatoria. Sin embargo, el sábado mismo quedó demostrado que Cavalieri no logra garantizar el manejo de la paz social, algo que había firmado el viernes 13, por lo que se abre un interrogante sobre el futuro de la pactado.

“En caso de que se homologue, vamos a recurrir a la justicia penal”, destacó el equipo jurídico de Ramón Muerza, secretario de Organización. Sostienen que lesiona derechos adquiridos, que la ley indica que algún representante de los trabajadores de la empresa debería haber estado presente en las negociaciones y que es inconstitucional.

También están redactando la carta documento a la AFIP, por su obligación para garantizar los aportes, una dirigida a la ANSES, para que evite el desfinanciamiento del organismo que implica lo pactado, y otra a la Procuración del Tesoro, en virtud de su rol de contralor de los actos administrativos de Gobierno.

Además, los supermercados regionales agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos se quejaron del acuerdo al que arribó Carrefour que le permite reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario.

Cargill recibe la solidaridad de ATE

Los trabajadores de Cargill de las plantas Villa Gobernador Gálvez de Santa Fe y Bahía Blanca iban a trabajar como todos los días y se encontraron con las puertas de las fábricas cerradas. La empresa decretó un nuevo Lock out alegando que no están dadas las condiciones para operar de forma segura, suspendiendo a todo el personal sin goce de haberes hasta el 30 de abril.

En las puertas de Cargill se hizo presente la solidaridad de los trabajadores de ATE. Allí el secretario general, Hugo Godoy, advirtió que en los últimos meses se registraron más de 4.000 despidos en distintas reparticiones del Estado.
“Hoy (23.4) se materializan 330 despidos en Agroindustria y hay nuevas amenazas en el Senasa y en el Inta”, advirtió Godoy, y recordó que la semana pasada hubo más de 200 despidos en la Dirección Nacional de Discapacidad. “Echan trabajadores y mientras tanto hay 100.000 pensiones por discapacidad paradas en los cajones de los funcionarios”.

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El viernes, en la residencia presidencial de Olivos, Carrefour y el sindicato de Comercio firmaron un “Acuerdo colectivo de crisis”. Este habilita a la empresa francesa a 1.000 retiros voluntarios, baja de salarios, rebaja del 50% de las cargas sociales y cierre de sucursales con solo avisar al Ministerio y el gremio 30 días antes. La multinacional estará formalmente en crisis hasta marzo de 2021, lo que le permitirá abaratar los despidos.

Este sábado en muchos hipermercados (San Lorenzo, Warnes y otros), así como en varias sucursales de distintos barrios, hubo asambleas y paros. El rechazo al acuerdo, que implica no solo la pérdida de puestos de trabajo hoy sino una espada de Damocles por tres años, era mayoritario.

Ramón Muerza y Mario Amado, quienes tienen la intención de disputarle el sindicato que dirige hace 35 años Armando Cavalieri, participaron personalmente de las medidas. Cabe recordar que Comercio es uno de los sindicatos que aceptó el techo paritario impuesto por el gobierno nacional del 15% y que en febrero fue uno de los diez gremios que “en concepto de capacitación” se repartieron 1.000 millones de pesos.

Mario Amado aseguró que “este acuerdo es nefasto para nosotros. Cavalieri no nos representa. Nos deja tres años a merced de una empresa que nos mintió”. Además denunció que “esta crisis la generó la empresa hasta con actos de corrupción dentro de la misma empresa. En los últimos 12 años hubo sobreprecio para el mantenimiento”.

La medida fue levantada luego de que directivos de Carrefour aceptaron recibir a integrantes de la Secretaría de Organización en un hotel del centro porteño y se confirmó una reunión en el Ministerio de Trabajo para este lunes a las 16:00. Allí serán recibidos también los delegados que se oponen al acuerdo.

Esta primera reacción también tiene eco en otras grandes cadenas. Es que el temor que empezó a correr ayer, una vez que viera la luz lo pactado por Cavalieri, Carrefour y Jorge Triaca, es que Cencosud, Wallmart, Coto y Día % sigan el mismo camino y busquen un trato similar por parte del Ministerio de Trabajo. Eso generalizaría los despidos y la reducción de salarios en toda la actividad.

Por su parte, con un comunicado emitido ayer, el Sindicato de Choferes de Camiones comunicó que, en la sede de La Federación de Choferes de Camiones de Argentina, se reunieron Hugo Moyano, Pablo Moyano, Marcelo Aparicio y Oscar Borda, con Rami Baitieh, CEO de Carrefour. El representante de la compañía se comprometió ante los directivos de Camioneros a respetar la planta de personal correspondiente al convenio 40/89 de este sindicato que agrupa a 1.700 trabajadores de un total de 19.000, asegurando que no habrá despidos.

Los puntos principales de este acuerdo -que tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2021- y en el cual las partes se comprometen a mantener la “paz social” incluyen:

–1.000 retiros voluntarios: hasta el 150% de indemnización y con “beneficios” en cuanto a seguro médico para embarazadas y matrimonios y “gratificación” a quienes estén en condiciones de jubilarse. Se establece un adicional de cobertura médica de 18 meses para las trabajadoras embarazadas que renuncien, de 12 meses para las parejas que trabajen en la empresa y decidan irse y una moratoria de hasta dos años para los que se encuentren a dos años de jubilarse.

Hasta octubre de 2019 la empresa se compromete a no despedir personal. Desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2021, Carrefour podría despedir trabajadores pagándoles por debajo de la indemnización que corresponde, gracias a la vigencia del proceso preventivo de crisis.

–cierre de sucursales: con 30 días de preaviso al sindicato y al Ministerio de Trabajo y reubicación de quienes quisieran mantener la relación laboral buscando un “equilibrio sustentable en la dotación de cada sucursal”.

–baja de salarios: aplicación de las negociaciones salariales sólo al básico del convenio, dejando por fuera los adicionales, lo que reduce los haberes por lo menos por los próximos 3 años. El acuerdo contempla que las actuales paritarias del sector se apliquen sólo a la categoría básica de convenio, mientras que la suba en los adicionales tendrá un tope de 3.480 pesos. Pero, además, desde 2019 hasta 2021 las subas salariales se aplicarán sólo sobre el básico de convenio, lo cual excluye de las paritarias una parte del actual sueldo de bolsillo de los trabajadores de Carrefour.

 –rebaja de aportes patronales: exclusión del pago del 50% de las contribuciones previsionales patronales sobre la totalidad de la plantilla de empleados. “Se acuerda por un plazo de 18 meses (…) la exclusión del 50 % de las contribuciones previsionales patronales sobre el total de las remuneraciones de todo el personal integrante de la nómina de la empresa”.

–cláusula de paz social: “las partes se comprometen a mantener la paz social en el seno de la empresa (…) ante cualquier situación de conflicto que pudiera avecinarse”, reza el punto Quinto del acuerdo.

El abogado y ex diputado Héctor Recalde calificó de “ilegal e inconstitucional” ya que viola derechos adquiridos de los trabajadores, como la remuneración y las condiciones de trabajo, y extiende su plazo de acción a 30 meses”.

Notas relacionadas: Carrefour anuncia despidos masivos

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El Ministerio de Modernización y el de Economía elaboraron y comenzaron a difundir el Proyecto de ley con el que el Ejecutivo pretende seguir ahorrando a costa de los trabajadores y las trabajadoras estatales. En CABA, los docentes anunciaron paro de 24 horas, de igual forma los Bancarios. 

Luego de los despidos masivos en INTI, Hospital Posadas, Fabricaciones Militares, en la mina de Río Turbio y en los Ministerios de Defensa y Hacienda; y del cierre de sectores como la Lotería Nacional, entre otros, que amenazan extenderse y continuar durante los próximos meses, el Ministerio de Modernización y el de Economía elaboraron y comenzaron a difundir el Proyecto de ley con el que el Ejecutivo pretende seguir ahorrando a costa de los trabajadores y las trabajadoras estatales.

El borrador, que habría sido elevado al presidente Mauricio Macri para que lo firme como Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto 2018, contempla que:

• Para aquel empleado de 65 años o más “que no cuente con los años de servicio necesarios para obtener su jubilación ordinaria”, existirá la posibilidad de recibir 24 cuotas mensuales iguales “no remunerativas” equivalentes a su salario neto.
• Para aquellos que tengan 60 años pero no alcancen la categoría anterior, la norma prevé que se les paguen hasta 36 cuotas mensuales no remunerativas equivalentes a su salario neto, siempre y cuando no se superen las 12 cuotas una vez cumplidos los 65 años.
• El tercer caso es el de los menores de 60 años, para quienes habrá un resarcimiento al momento de la desvinculación de hasta 6 cuotas en función de la antigüedad y luego entre 6 y 24 cuotas mensuales adicionales no remunerativas, pero del 70% de su salario neto.

De esta forma, Cambiemos buscará que con la presión de la posibilidad latente y constante de perder la fuente laboral, miles de trabajadores y trabajadoras preocupados por su futuro, se acojan a la nueva norma.

La Junta Interna de ATE-INDEC hizo público su preocupación frente a la información que circuló sobre la disolución del organismo. En ese sentido emitió un comunicado donde subraya al sector en estado de alerta y movilización, llamando a la unidad para “construir una gran asamblea general para discutir el tema”. El comunicado también revalorizó posturas que son históricas de esta Junta Interna como “mantener el INDEC ajeno a todo tipo de presiones o injerencias políticas”.

ATE denunció despidos “a mansalva” en la Municipalidad de La Plata. Al finalizar el mes de marzo, nuevamente se han comenzado a producir notificaciones de despidos, indiscriminadas, arbitrarias y en cantidades tales que llegan al 20 % en algunas Direcciones.

Un plenario regional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un paro el próximo 5 de abril en todo el sur argentino para exigir la reincorporación de los 500 despedidos, estabilidad laboral y la puesta en marcha del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

Docentes

Las clases comenzaron hace cuatro semanas, pero el conflicto por los salarios docentes continúa. Solo hubo acuerdo con los gremios en Formosa (20%), Santiago del Estero (20%), Corrientes (17%), San Juan (17%), Tucumán (17%) y Misiones (15,5%) por encima de la barrera del 15% que pretende imponer el gobierno nacional. En cinco casos las negociaciones fueron del 15% o por debajo: Córdoba (15%), Salta (15%), Río Negro (15%), La Pampa (10%) y Jujuy (5%) donde las negociaciones se retomarán en junio y octubre. Lo hicieron por decreto San Luis (21%), Mendoza (15,7%) y Santa Fe (18%). Córdoba, San Juan, San Luis y Santa Fe incluyen “cláusula gatillo”.

En Capital, el gobierno otorgará el 15% en 3 tramos lo que fue rechazado por los gremios mayoritarios UTE y Ademys. Al respecto, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), adelantó que realizarán un paro por 24 horas esta semana “contra el techo a los salarios”.

En La Rioja el gobierno otorgó un 10,5% de incremento, pero la negociación sigue abierta. También se sigue negociando en la Provincia de Buenos Aires donde el miércoles vuelven a reunirse en La Plata (si no hay acuerdo convocaron un paro para el 5 de abril con movilización a La Plata junto con el resto de los gremios estatales), en Catamarca donde el gobierno ofreció 16,5%, Chaco (6%), Chubut (15%) y Entre Ríos (15%). No hubo negociaciones en Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Bancarios

La totalidad de las Comisiones Gremiales Internas del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) anunciaron un paro general de dos días para el martes 3 y miércoles 4, en rechazo de lo que consideran un “vaciamiento” de la entidad y en demanda de “salarios justos”, de acuerdo con una declaración sindical.

Asimismo, la conducción nacional de la Asociación Bancaria decidió paralizar las tareas en todo el país el viernes 6 de abril y convocar a otra huelga general de 48 horas para la semana siguiente “si no se alcanza un acuerdo paritario definitivo” luego del fin de semana largo de Pascuas, informaron los secretarios generales Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe.

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La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) realizó un paro de 48 horas miércoles y jueves pasados. El primer día se movilizaron 10.000 trabajadores de la educación denunciando que las partidas actuales destinadas por el gobierno de Omar Gutiérrez a comedores de escuelas públicas es apenas de $9.77 de comedor y $2.53 de refrigerio por alumno. Los educadores también reclaman por paritarias libres, sueldos dignos y mayor infraestructura escolar.

Referentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) reiteraron su rechazo a la nueva oferta salarial del gobierno provincial y plantearon un plan de acción que incluirá un paro de actividades que aún no tiene fecha fijada.

El gobierno mantuvo la oferta del 15 % en tres tramos: 5 % en enero, 5 % en mayo y 5 % en septiembre, y un reconocimiento por presentismo de 6.000 pesos a pagar en forma bimestral. Además, la propuesta incluyó el pago de una suma de 3.000 pesos como gratificación curricular por única vez.

La oferta, rechazada de plano por todos los gremios, incluido el más fuerte en la provincia, Suteba, derivó en la decisión de un plan de lucha que comenzó con una marcha de antorchas que partió desde el Congreso Nacional a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

Además, en el Boletín Oficial del viernes pasado, se publicó la medida por la que María Eugenia Vidal ordena jubilar de oficio a alrededor de 3.000 docentes, que cobrarán el 60% de sus haberes. Los afectados por la medida, tampoco percibirán el aguinaldo ni los aumentos que se resuelvan en la negociación paritaria provincial.

Los gremios denuncian además, que los docentes que sean alcanzados por la decisión, no podrán utilizar la obra social IOMA hasta tanto finalicen los trámites. Las fuentes gremiales aseguran que el gobierno busca desfinanciar la caja docente del Instituto de Previsión Social “para ejecutar la reforma previsional provincial y quedarse luego con los ingresos de los docentes”. En esa misma dirección, la Federación de Educadores Bonaerenses y SUTEBA el mismo viernes, horas después de que se publicara la medida, presentaron ante la Dirección de Escuelas un documento para impugnar la resolución 2397/17 porque “condena a los docentes a la pobreza”.

El jueves pasado, en la mesa salarial docente de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de Larreta ofreció un aumento del 15% en cuotas: 8% en marzo, 4% en agosto y un 3% en noviembre. Por otra parte, se comprometió a abonar el 3,5% que debía por la cláusula gatillo del 2017 junto a un bono de $1.000 por única vez. Tanto la conducción de UTE como la de Ademys, los sindicatos mayoritarios, anunciaron públicamente que la rechazan.

Con 15 provincias en conflicto por falta de acuerdo salarial, la Junta Ejecutiva de Ctera acordó un programa de acción y definió realizar una jornada nacional de protesta el próximo 4 de abril, a 11 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en la que cada jurisdicción definirá las medidas a desarrollar.

El gremio reiterará el pedido de la apertura de la paritaria nacional docente, que fue la consigna del paro de 48 horas realizado el 5 y 6 de marzo en el inicio del ciclo lectivo y exigirán el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Entre los motivos principales de la convocatoria del 4 de abril figura la solidaridad con todas las provincias en lucha.

El plan de Ctera continuará con asambleas en todas las escuelas entre el 9 y el 13 de abril y con plenarios regionales entre el 19 y el 27 del mismo mes con vistas a una Marcha Federal Educativa.

Los movimientos populares vuelven a la calle

El Ministerio de Trabajo, en forma intempestiva, decidió suspender el pago a 18.647 trabajadores de la economía popular, enmarcados en el Programa de Trabajo Autogestionado a partir del mes de mayo.

A esto se suma el cierre de programas como “Entrenamiento para el Trabajo”, que además de una ayuda económica para quienes se estaban capacitando incluía materiales y equipamiento para poder desarrollar los cursos, y la suspensión del programa “Seguro de capacitación y empleo”, al que tenían acceso personas en situación de extrema vulnerabilidad laboral, como ex detenidos y trans.

Por estos motivos la CTEP, la CCC y Barrios de Pie, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, realizaron medidas de acción directa hoy miércoles 28 de marzo, con ollas populares y concentraciones en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país.

Desde hace 17 días, distintos movimientos sociales y cooperativas realizan un acampe frente al Municipio en la ciudad de Mar del Plata. Solicitan a las autoridades la continuidad de los contratos laborales, más puestos de trabajo genuino y el cumplimiento del programa “Mejor Vivir”.

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“Hay dirigentes que han adoptado las formas de vida, los automóviles, las casas, las inversiones y los gustos de la oligarquía a la que dicen combatir. Desde luego con una actitud de este tipo no pueden encabezar a la clase obrera. Con ellos, que voluntariamente han asumido ese nombre de colaboracionistas, que significa entregadores en el lenguaje internacional de la deslealtad, no hay advenimiento posible”.

Amado Olmos

Las primeras paritarias concluyeron con aumentos salariales del 15%, en 2 o 3 cuotas, y en la mayoría de los casos con cláusulas de revisión. Se trata de un porcentaje que coincide con la meta de inflación fijada por el Gobierno para 2018.

La más importante es la de empleados de comercio que involucra a un millón de trabajadores. También firmaron pintura, remiseros, tintoreros, obras sanitarias, transporte (UTA), Luz y Fuerza. Con porcentajes menores firmaron Sutecba (12%) y mientras que aeronáuticos y Utedyc (entidades deportivas y civiles) por arriba del 17%.

“El club del 15%” adelantó paritarias para colaborar con el gobierno. El problema es que la meta de inflación del 15% no coincide con las expectativas del Banco Central que se ubican en torno al 20%. Así se cumple el objetivo del gobierno: que los salarios corran por detrás de la inflación.

A diferencia del 2017, cuando muchos gremios firmaron cláusulas gatillo de ajuste automático si la inflación superaba el acuerdo salarial, este año rigen cláusulas “de revisión”.

Los datos oficiales de Trabajo marcan que los salarios formales están varios puntos por debajo de los niveles de 2015. En 2016 los salarios registrados aumentaron el 30,9%, frente a una inflación del 41%: 10 puntos menos. En 2017, los salarios subieron el 27,1% con una inflación del 24,8%: 2,3 puntos más.

En 2018, de mantenerse este tipo de acuerdos, los salarios se atrasarán un 3%. Incluso algunas consultoras, como Ecolatina, reconoce una expectativa de inflación aún mayor (21-22%). Por lo tanto, “firmar un aumento salarial del 15% significa perder la carrera contra los precios y resignar poder adquisitivo”, sostiene Lorenzo Sigaut Gravina, su economista-jefe.

Para el sector público, afirmó Nicolás Dujovne, las paritarias no superarán el 15%. Resultan más inciertos los ingresos de los cuentapropistas y de los trabajadores informales, que se manejan al margen de las paritarias.

Sin acuerdo

Los bancarios iniciarán un “plan de lucha en reclamo por aumentos salariales”, informó Sergio Palazzo, Secretario General del gremio, luego de la reunión que tuvo con las distintas Cámaras que nuclean a los trabajadores del sector en la sede del Ministerio de Trabajo. En el acta firmada por todos los actores presentes quedó expresamente escrito que las patronales ofrecieron un aumento del 15%, a pagar en forma escalonada de la siguiente manera: un 7% a enero de 2018, un 4% a partir del 1º de julio de 2018 y un 4% a partir del 1º de octubre del mismo año, no acumulativos, tomando como base el salario de diciembre.

Durante la improvisada conferencia de prensa, Palazzo advirtió que las Cámaras “no hicieron ninguna oferta concreta y lo único que fueron a hacer al Ministerio de Trabajo fue a pedir autorización para liquidar un aumento del 15% en cuotas”. Además pidieron “una disminución del 50% del bono por el día del bancario y la eliminación del que se cobra a fin de año”, explicó.

Tal postura no se compadece ni con la inflación registrada en el año 2017 (24,8%), ni con la disparada (19,9%) del Índice de Precios prevista para 2018 por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del propio Banco Central. Mucho menos con las fabulosas rentas que obtienen año a año los bancos, sobre todo en el negocio fácil de prestarle al Estado o cobrar tasas usurarias a familias y empresas.

Por todo ello, el Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria, atento a lo dispuesto por el Consejo Directivo Nacional, convoca a dar inicio a un plan de acción que en su primera parte consistirá en:

1) La realización de asambleas activas en todo el país a partir del lunes 26 de marzo de 2018, en horario de atención al público.

2) La realización de un paro nacional de 24 horas en fecha a determinar.

Finalmente, hace responsables por las derivaciones de este conflicto a quienes los generaron: las cámaras empresarias, los bancos, el Presidente del Banco Central y autoridades del Ministerio de Trabajo.

La seccional Rosario de ATE anunció en un comunicado el rechazo a la oferta salarial presentada por el gobierno santafesino en la reunión paritaria realizada el miércoles.

“El gobierno nos está ofreciendo un 18% en cuotas cuando las tarifas aumentaron de una sola vez y por encima del 30%, ni hablar de alquileres y combustible que vienen aumentando intensamente, y el transporte que tuvo otro aumento fuerte el fin de semana. El gobierno por un lado está ofreciendo un aumento miserable y por el otro aumenta las tarifas tres o cuatro veces más”, señaló Lorena Almirón, Secretaria Adjunta de ATE Rosario, en una conferencia de prensa.

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SIPRUS – FESPROSA) informó que la votación de las bases en torno a la propuesta salarial “muestra una aplastante tendencia por el rechazo”.

Por su parte, 31.000 docentes provinciales de AMSAFE tampoco aceptaron y van a nuevas medidas de lucha con desobligación y marcha el 27 de marzo y huelga -si no hay mejora en el ofrecimiento- martes y miércoles de la próxima semana.

Los gremios estatales provinciales se manifestaron este 27 de marzo en rechazo al incremento salarial propuesto por el Gobierno de Santa Fe.

El martes pasado pararon y se movilizaron 15.000 trabajadores en Rawson, la capital de Chubut, con cortes de ruta y otras medidas de lucha a lo largo y ancho de la provincia, y el gobierno se vio obligado a recibir a representantes de los sindicatos.

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Paritarias a la baja, despidos, desmantelamiento y cerco informativo, algunos de los ejes en el panorama sindical de esta semana.

“La inflación seguirá bajando y continuará el camino de la reducción que se inició en el 2016”, afirmó Marcos Peña en el Congreso, pero los datos publicados el mismo miércoles  por el Indec y la Dirección General de Estadística y Censos porteño desmintieron al funcionario.

Los precios en febrero se aceleraron. Según el Indec el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional trepó al 2,4 % con relación al mes anterior.

En tanto, la inflación de febrero porteña alcanzó el 2,6 %, acumulando en los dos primeros meses del año una suba de 4,2 %.

La meta oficial de inflación para este año es del 15 %, pero los analistas advierten que difícilmente se pueda cumplir. Si se mantienen los niveles registrados del primer bimestre del año, el acumulado del primer cuatrimestre de 2018 llegaría al 8 %.

La contracara de la suba de precios es el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, y la pulseada del Gobierno por mantener techos salariales del 15 % acorde a la meta de inflación sin cláusulas gatillos.

Docentes

El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios docentes para el próximo miércoles 21 en el Ministerio de Economía, a una nueva reunión de la mesa paritaria salarial. En la última, el Ejecutivo provincial ratificó su propuesta de aumento del 15% en tres tramos y un plus por presentismo.

Los gremios del Suteba, Feb y Udocba rechazaron la propuesta y una cláusula de revisión para monitorear la inflación en octubre próximo. Respecto del presentismo, se propuso a los maestros un reconocimiento anual para este año de hasta 6.000 pesos en cuotas bimestrales.
La “oferta” que presentará el Gobierno de Vidal esta semana prácticamente será la misma, por lo que se descuenta que no habría grandes avances.

Tras las masivas protestas que se sucedieron desde que se conoció la decisión de cerrar los 441 Bachilleratos para Adultos que funcionaban en la provincia de Buenos Aires y la relocalización de los más de 6.000 alumnos mayores de 18 años inscriptos, la Dirección General de Educación y Cultura resolvió la reanudación de las clases en sus respectivos establecimientos, aunque la resolución todavía no fue difundida oficialmente.

Apenas tres meses atrás, en coincidencia con la finalización del ciclo lectivo 2017, la gobernadora María Eugenia Vidal había dispuesto que los adultos que quisieran iniciar o finalizar sus estudios, primarios y/o secundarios debían hacerlo “bajo las diferentes ofertas educativas dependientes de la Dirección de Educación de Adultos”. Pero la gobernadora retrocedió sobre sus pasos, al igual que lo hizo con el prenunciado cierre de las seis escuelas del Delta clausuradas a principios de año.

Estatales

A dos meses de las y los 122 despidos en el Hospital Posadas, los trabajadores y trabajadoras denunciaron una nueva ola de cesantías, que ya afectó a 30 empleados más y alcanzaría a 130 a fines de marzo con el vencimiento de los próximos contratos. Denunciaron “persecución política, sindical e ideológica” y que el Gobierno nacional pretende “privatizar” algunos servicios del hospital. También convocaron una movilización para el próximo martes.

Mirta Jaime, dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) remarcó que los despidos castigan a las y los trabajadores que no quisieron firmar nuevos contratos con condiciones de trabajo todavía más precarias. “Nos aprietan. Nos dicen que si no firmamos un contrato más precarizado quedamos en la calle. Y muchos compañeros lo terminan firmando por miedo. Hace diez años venimos dando una pelea feroz para no firmar contratos precarios. El 80 % de los trabajadores del hospital son precarizados”, detalló Jaime, en la conferencia de prensa que brindaron junto a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y ATE Nacional.

Los 258 despedidos y despedidas, el descuento del 40% del salario a trabajadores que se sumaron al conflicto para defender a sus compañeros y compañeras y al INTI, las maniobras de intimidación que llevaron adelante al ingresar y destruir la casa del secretario general y la secretaria gremial, el uso de patotas para apretar a trabajadores, las amenazas, las grabaciones y filmaciones, el espionaje, la guerra sucia mediática, la criminalización de las y los despedidos, son solo algunos ejemplos de la violencia que han infringido al conjunto de trabajadores del INTI que hoy siguen de pie y defendiendo su fuente de trabajo y sus derechos laborales.

Llegar a este punto no fue fácil, pese a que siempre tuvieron voluntad de diálogo. La permanencia pacífica, el apoyo de la sociedad, de todo el arco político, de los industriales, de los organismos estatales, de la Universidad fue vital para avivar cada día la fuerza de la lucha.

El famoso “ajuste a la política” que anunció el gobierno de Macri luego del escándalo del que fue protagonista Jorge Triaca con su empleada doméstica, aparece ante los ojos de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Trabajo como un reacomodamiento de fichas, en vez del saneamiento de los cargos jerárquicos de los organismos públicos que habían anunciado.

“A contramano del discurso público del macrismo, Marcos Peña y Jorge Triaca firmaron una resolución conjunta que crea más cargos que los que deroga en el Ministerio de Trabajo y además le da a Triaca más de un millón de pesos para contratar asesores”, señalaron.

Aunque como era de esperarse las novedades de la nueva estructura trajo incertidumbre, la asamblea del martes pasado mostró que también hay voluntad de organización y lucha. El momento es preparatorio, ya que no se han anunciado despidos masivos, pero los trabajadores y trabajadoras ya están en guardia.

Finalmente, la asamblea resolvió realizar una acción interna el viernes 16 y un abrazo al Ministerio el martes 20 que culmine en una conferencia de prensa abierta a Hacienda, Posadas, INTI y los diferentes sectores en lucha.

Ferroviarios

Los directivos del grupo Ferrovías, actuales gerenciadores del servicio del tren Belgrano Norte, apuntan a un plan de despidos masivos. Mientras, la conducción de la lista Verde de la Unión Ferroviaria se pasea con Triaca por Europa y los delegados del sector actúan en complicidad con la empresa, advierten los trabajadores de la lista Roja, en un comunicado.

Profundizando la flexibilización laboral se ha firmado un convenio totalmente patronal, se avanza en un plan de despidos en todas las líneas y a través de un Decreto de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se cierra Ferrobaires, dejando sin tren a numerosas localidades y sin trabajo a aproximadamente 1.500 ferroviarios. Este plan ha contado con la recompensada colaboración de la burocracia sindical de la UF y de todos los gremios ferroviarios.

No obstante, organizaciones sindicales y políticas se movilizaron a la Casa de Gobierno bonaerense para denunciar los despidos masivos en el sector ferroviario por el cierre de Ferrobaires y el traspaso del control de esas líneas al área del Ministerio de Transporte nacional. El traspaso se concretó el viernes, como la había dispuesto la gobernadora María Eugenia Vidal en enero pasado, y se materializó en el envío de 650 telegramas de despido, que se suman a un centenar de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, y el cierre de 104 estaciones de ferrocarril de pueblos bonaerenses.

“Hoy se hace esta marcha porque es el cierre definitivo de Ferrobaires y para exigir a la Gobernación la reapertura de ramales, ya que hay 104 pueblos sin trenes”, expresó Alfredo Fornaro, supervisor general de Ferrobaires desde hace 20 años e integrante de Unión Ferroviaria, Lista Bordó.

Hasta la Casa de Gobierno bonaerense llegaron los dirigentes de la Unión Ferroviaria —opuestos a la conducción del secretario general Sergio Sasia—, trabajadores ferroviarios del Belgrano Norte, del Sarmiento y de las ciudades de Bahía Blanca, Tandil y Bragado. Además acompañaron la protesta  organizaciones sociales que defienden el servicio de pasajeros hacia los pueblos bonaerenses y partidos de izquierda, la CTA y Barrios de Pie.

Azucareros

El pasado lunes, en una reunión mantenida por los sindicatos azucareros que conforman la Federación Regional Azucarera, se definió la implementación de un plan de lucha a escala nacional. Se trasladarán a la ciudad de Buenos Aires, en donde realizarán jornadas de reclamo por cinco días hábiles del 19 al 23 de marzo, con el apoyo de la CTA Autónoma y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Asimismo anunciaron que estas medidas se enmarcan en un plan de protesta que continuarán a nivel local en las provincias de Jujuy y Salta luego del reclamo en Capital Federal. En este sentido, prevén una jornada de Paro Nacional Azucarero en conjunto con una serie de medidas de fuerza y movilizaciones.

Este jueves las y los trabajadores de Tabacal realizaron un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida fue en repudio a las amenazas, la implementación del turno relevante, los despidos y las rebajas de sueldos.

Conflicto en medios

En Radio El Mundo se cumplió el miércoles el primer día de cese de tareas, que continuó el jueves, por la incertidumbre en la que entró la histórica señal cuando en enero pasado quienes estaban a cargo de la emisora decidieron fugarse y dejar a más de 90 trabajadores y trabajadoras a la deriva.

Por otro lado, y en base a las decisiones que viene tomando Hernán Lombardi desde el Sistema Federal de Medios Públicos que van camino al desmantelamiento de Canal 7, Radio Nacional (con sus 50 filiales) y la agencia oficial Télam, el lunes pasado, luego de una reunión con autoridades de la empresa, las y los trabajadores de la TV Pública plantearon la posibilidad de levantar las medidas de fuerza a la expectativa de una reunión a realizarse el jueves. Pero las autoridades se negaron a que los trabajadores y las trabajadoras tengan el derecho a comunicar a través de la pantalla los motivos que afectan la operatividad y la calidad periodística del noticiero central. Frente a esa negativa, la asamblea votó y aprobó mantener la retención de tareas durante las emisiones del día y dejar en suspenso el plan de paros sorpresivos hasta el jueves 15, en espera de una respuesta de las autoridades del canal y del Sistema Nacional de Medios Públicos, a las que responsabilizan por los problemas operativos y la merma en la calidad periodística que pueda percibir la audiencia, así como la no salida al aire de los noticieros por causa de este conflicto.

Otro medio que cesó sus actividades para exigir que se les abonen los salarios que vienen cobrando en cuotas fue C5N. Así lo dieron a conocer a través de Twitter los periodistas Gustavo Sylvestre y Juan Amorín.

Paritarias

Las cámaras empresarias del sector bancario volvieron a ofrecer un 15 % de aumento, pero en 3 cuotas y siguen empantanadas las paritarias del sector.

Según informó la AB, el próximo jueves 22 habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, y además el Consejo Directivo del gremio se reunirá para “determinar medidas de fuerza si la propuesta sigue sin ser suficiente”.

En línea con los deseos del gobierno, Luz y Fuerza firmó por el 15 %. Será en dos tramos: 11 % en marzo y 4 % en junio. El acuerdo incluye cláusula de revisión en setiembre.

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