A pocas semanas de las elecciones generales, el gobierno apunta a consolidarse en el marco de políticas regresivas.

El gobierno de Cambiemos salió fortalecido de las PASO, pues -de repetir la performance en octubre- se ubicaría como primera minoría en el Congreso y habría logrado expandir su alcance en las provincias, de la mano de variopintas alianzas. Todo esto en un contexto de persistente confrontación social: ya fue un éxito como no-derrota. Esta evaluación se sostiene incluso con el resultado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que el kirchnerismo blando busca estructurar bajo su liderazgo al resto del peronismo y a algunas fuerzas de centro-izquierda. El gobierno leyó esta situación con júbilo, pues le permite pensar en la continuidad de su proyecto político regresivo. Esto no era un dato antes de agosto, y constituye una novedad: según parece, el “gradualismo” del ajuste, criticado por la derecha más rancia, ha servido para ganar cierta gobernabilidad.

El mejor paralelo histórico disponible para comprender la actual deriva es el menemismo (1989-1999). Al igual que entonces, el candidato ganó con una fuerte dosis de demagogia y en el gobierno lleva adelante un proyecto social regresivo, de carácter neoliberal, todo esto logrado dentro del régimen democrático-procedimental, es decir, sin recurrir a una dictadura. Ahora bien, sobre este paralelo general, es necesario buscar precisiones que lo distingan. Lo que sigue son apenas notas preliminares en este sentido.

Proyecto pensado

En primer lugar, es importante remarcar que Cambiemos no asume en el contexto de una crisis previa. Cualquier indicador de recesión de 2015 no se compara con la larga década de estancamiento y los brotes de hiperinflación que cerraron los ’80. El miedo y la angustia del pasado inmediato no sirven de extorsión para validar cualquier medida. La denuncia de la corrupción ligada al gobierno previo tiene patas cortas, porque el actual gabinete está muy complicado. Por solo referir algunas manchas ilustres, están los Panamá Papers, Braun negociando precios minoristas con su propio tío, Aranguren y equipo aplicando un tarifazo que favorece los negocios de las empresas donde trabajaban o eran accionistas, Caputo y el equipo del ministerio de Finanzas colocando deuda a través de sus bancos, Macri condonándose a sí mismo la deuda del correo o subiendo los peajes a su propia concesionaria. La corrupción como potestad kirchnerista solo se sostiene por el blindaje mediático.

El segundo punto es que este proyecto -a diferencia de los ’90- no se da en el marco de una euforia global de reformas. El contexto actual es de una larga crisis irresuelta, que estalló en 2008 y mantiene al mundo creciendo poco, y la falta de un orden global consolidado bajo un claro liderazgo (como ejerció EEUU en aquella década). Las potencias apoyaron inicialmente a Macri, pues lo veían como la cabeza de playa de un “giro a la derecha” por la vía democrática (el voto, al menos) en la región. Pero esto no trasuntó en mayores concreciones materiales, debido por un lado a las dificultades para avanzar en el “giro” regional (derrota de Lasso en Ecuador, estancamiento de la situación venezolana), y por otro a las propias crisis de los países centrales (UE aún lidiando el Brexit y EUA con permanente cuestionamiento al gobierno).

Un tercer punto es que, aunque la agenda de reformas neoliberales es semejante, tiene el problema de que la mayoría de ellas ya fueron hechas, y solo escasamente revertidas. Esto hace que no haya un “golpe de efecto” de las reformas: no hay regalos tentadores, como el conjunto de las empresas públicas, que sirva para atraer la inversión y validar el modelo. Esto no significa que no existan negocios posibles (tenencias accionarias en manos de ANSES, rutas aéreas, etc.), sino que no alcanzan para mostrar contundencia. La liberalización de la cuenta capital y la apertura comercial fueron un hecho en el primer mes de gobierno, desmontando de un plumazo los escasos controles establecidos.

Los cuatro ejes de reformas económicas por los que el gobierno busca avanzar son la flexibilización laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria y la agenda internacional del libre comercio (en rigor, la consolidación del derecho corporativo). De allí el apremio por firmar TLCs (hasta ahora esquivos) y lograr ser sede de negociaciones multilaterales (OMC en diciembre y G20 en 2018). Los 4 ejes están ya en marcha, debatiéndose tras bambalinas o incluso públicamente.

De conjunto, el gobierno no ha logrado inflingir todas las derrotas que esperaba sobre las clases populares, aunque ha tenido algunos éxitos. Entre otros, se puede mencionar que -gracias a la inflación- redujo en términos reales los salarios, las prestaciones sociales (AUH) y las jubilaciones, precarizó algunos convenios laborales (automotrices, petroleros, construcción), logró un recorte en el sistema de ciencia y técnica, hizo realidad el absurdo blanqueo de capitales (que benefició al propio staff de gobierno), el pago a los fondos buitres, el tarifazo (aunque en cuotas, en lugar de ser súbito como buscaban), y ha desmontado o amenazado con hacerlo algunos programas sociales (quita de remedios en PAMI, los subsidios a discapacitados o las becas a universitarios/as, por ejemplo). En este sentido, se despega de la contundente derrota inflingida por Menem en sus primeros años de gobierno.

Habiendo realizado una parte sustancial del ajuste en 2016, el gobierno ha puesto en marcha un esfuerzo de obra pública para impulsar el pequeño rebote económico en año eleccionario. Los sectores más beneficiados por la política económica, como el agro o la minería, se muestran incapaces de traccionar al conjunto del PBI y menos aún la contratación de fuerza de trabajo. Pero todo esto alcanza para dilatar el debate, promoviendo la idea de una recuperación en ciernes (los “brotes verdes”), mientras pasan las elecciones. Sin embargo, hasta el momento, todo este tenue rebote y las finanzas públicas está dependiendo directamente de la toma de deuda.

Vale señalar que hay una parte de la sociedad que está avalando este rumbo, que incluso se ha movilizado expresándolo en abril de este año. Algunos son presa de engaños de la posverdad, y otros solo confundidos por el bombardeo de desinformaciones, pero también hay una parte que avala con conciencia lo que se hace. Por la vía que fuera, el gobierno ha sistemáticamente instalado algunos elementos ideológico-políticos de la derecha, incluyendo la relativización del Terrorismo de Estado (en boca de ministros, secretarios e incluso el propio presidente), o el culto a la individualidad como garantía de éxito (bajo el discurso del emprendedorismo). Asimismo, se ha aprovechado muy bien del legado consumista de los ’90, para que una parte de la población se sienta a gusto con poder comprar más bienes importados o viajar más asiduamente al exterior (ninguna de ambas cosas era imposible antes). El apoyo del conservadurismo tradicional y el poder económico, claro, lo damos por descontado. Señalar estos rasgos de una minoría social favorable al gobierno no equivale a pronunciarse por una supuesta hegemonía.

El punto de resistencia

El cuarto punto es, justamente, que la experiencia histórica está disponible, y por eso mismo una parte importante del pueblo sabe de qué se trata esto, y no se deja engañar por consignas vacías. En este sentido, el acuerdo con la burocracia sindical ha resultado insuficiente, viéndose desbordado más a menudo de lo que gustaría.

Desde su inicio, Cambiemos apareció como una opción menos conciliadora, menos hegemónica, de las fracciones del capital concentrado menos dispuestas a hacer concesiones. Es una expresión político-partidaria de la confrontación del 2008. Por ese motivo, la deriva represiva era un rasgo previsible. El protocolo anti-piquetes, el encarcelamiento ilegítimo de dirigentes sociales (con la figura central de Milagro Sala) y la represión en Cresta Roja fueron hitos inaugurales, consolidada este año con la cruzada contra los docentes, el desalojo de PepsiCo y los sistemáticos hostigamientos a comunidades ubicadas en torno a territorios con recursos valiosos (en especial, por hidrocarburos, litio y soja). En este último caso se enmarca la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Pero el sentido mismo de esta deriva es garantizar un cierto orden, que incluya (sin limitarse a) algunos buenos negocios y un horizonte de previsibilidad (el “clima de negocios”). La movilización sostenida, el uso de diversas redes sociales y medios alternativos para difundir información veraz, la militancia en los lugares de trabajo y en las calles, han mostrado que gran parte del pueblo no está dispuesta a tolerar este rumbo. Y que no acepta además la falsa polarización que reduce todo acto de resistencia a un “complot” kirchnerista: en la acción de resistencia convergen las más variadas fuerzas populares y de izquierda. El poder económico detectó esto, y de hecho ha publicado un comunicado sobre el caso Maldonado pidiendo pronta resolución: comprende que continuar este rumbo está generando más riesgos que garantías.

El gobierno enfrenta en octubre el desafío de consolidarse en la política institucional, para poder avanzar con su agenda de reformas regresivas. Por suerte, la política no se reduce a los votos, y es posible que las formas de resistencia hasta ahora desplegadas pongan coto a la ofensiva oficial. Por supuesto, mejor aún sería avanzar más allá de la resistencia al ajuste.

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La empresa de golosinas otorgó vacaciones anticipadas a 400 operarios de una de sus fábricas. En contracara con esa realidad que golpea a sus trabajadores, los dueños de la corporación tienen registradas distintas sociedades offshore.

La empresa multinacional de golosinas Arcor es noticia esta semana por el anuncio de posibles despidos a una parte de su personal obrero de su fábrica en Colonia Caroya, provincia de Córdoba.

Según medios locales, la patronal envió un comunicado al sindicato para anunciar unas vacaciones anticipadas para 400 operarios. Las razones de este cese de actividades se debe a la caída en la producción, según la versión oficial.

Sin negar la existencia de una ajustada situación económica que vive el país, no está de más recordar que Arcor es la principal empresa de alimentos y el principal exportador de dulces para distintos países. Sin mencionar que sus dueños, la familia Pagani y asociados, esconden negocios ocultos que les permiten reducir el pago de impuestos, y así incrementar su patrimonio.

Negocios de familia

Desde la base de datos OpenCorporates, el dueño de Arcor,  Luis Alejandro Pagani comparte con su esposa María Eugenia Novoa, el paquete accionario de la empresa “Li Atlantic Investment LLC”, creada en noviembre de 2012. Seis meses antes, Arcor había participado de la conformación de la Asociación Empresarial Argentina (AEA), junto con otras compañías de la talla de Clarín, Techint y Pérez Companc. Dicho looby había nacido luego de diciembre de 2001, mantenido por el descontento social contra los bancos y las empresas gigantes, por la instalación del “corralito” y la usura financiera.

Según los registros del Estado de Florida (Estados Unidos), uno de los distritos predilectos para registrar sociedades en secreto, la compañía continúa en actividad, mientras lo tiene a Sergio Limonti como su agente. Limonti también tiene su puesto en la filial de Arcor en Florida.

Por otra parte, los Panamá Papers han destapado más sociedades offshore, cuyo epicentro se encuentra en la ciudad de Montevideo, Uruguay, región donde los empresarios recurren para construir sus compañías en paraísos fiscales.

Tanto Luis Pagani como Novoa comparten dos sociedades en actividad. Una es el “Roquel Properties LTD.”, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y creada el 02 de abril de 2012. Como un chiste de pésimo gusto, justo en la fecha donde se cumplían 30 años del desembarco de las tropas argentinas en las islas Malvinas, en manos de la colonia británica. Recordemos que en 2012, comenzaba a regir el llamado “cepo” cambiario, donde una serie de medidas del gobierno restringía el retiro de dólares.

A su vez, los hermanos Luis y Alejandro Gustavo Pagani son socios y beneficiarios del “Quinam Investments LTD.”, creado justo un mes después del “Roquel”, el 02 de mayo de 2012. También registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Por otra parte, otros integrantes de la gran familia Arcor son Liliana María Pagani y Mario Enrique Pagani. Tanto accionistas como beneficiarios, registraron sus propias empresas llamadas “Karoby Consulting Limited” y “Lafico Group Limited”. Ambas empresas se armaron en la misma fecha que el “Quinam” y están registradas en el mismo archipiélago.

Todas las compañías mencionadas bajo la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas llevan la firma de los Pagani registrados bajo un domicilio del país de Uruguay. Se trata de la dirección “Dr. Luis Bonavita 1294”. En esa misma dirección están registrados los nombres de Víctor Daniel Martín y Claudia Elena Bassano. El primero es considerado como la mano derecha de Luis Pagani, estuvo a cargo de la dirección ejecutiva de Arcor y ahora es uno de los integrantes del directorio. Mientras que con su pareja, Bassano, conformaron en 2008 una empresa llamada ISAV SA, registrada en el mismo domicilio donde ellos viven actualmente, en el Complejo Capitalinas de ciudad de Córdoba.

Martín y Bassano figuran como accionistas y beneficiarios de “Ragley Enterprises Inc.”, casualmente también conformada el 02 de mayo de 2012 y bajo la jurisdicción de la corona británica.

Todas estas compañías recurrieron como intermediario para su conformación una sociedad uruguaya llamada “Hoslynd SA”. Se trata de la intermediaria en Uruguay que más empresas fantasmas ha creado en los Panamá Papers. Dicha empresa pertenece a una escribanía llamada “Hordeñana y Asociados Corredor de Bolsa SA”. Su dirección es Juncal 1205, en piso 13, de la ciudad de Montevideo.

En esa dirección está registrado, y como a cargo de la asesoría, Gonzalo Hordeñana, financista uruguayo cuyos negocios ocultos también figuran en los Panamá Papers. Además, está sindicado de haber sido uno de los intermediarios que recurrió Ernesto Clarens, el financista del empresario Lázaro Baez, para fraguar los billetes de la obra pública al exterior.

En definitiva, los empresarios de Arcor mantienen hasta el día de hoy su propia red de empresas offshore, mientras deciden recortar su personal por escasez de fondos. Parte de esos fondos, ocultos en paraísos fiscales.

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Una sociedad offshore, que aparece en los cómputos de los periodistas internacionales que investigan la fuga de capitales, tiene como accionistas a una poderosa familia cordobesa, ex dueña del matutino La Voz del Interior. Sus conexiones con el multimedio y la banca norteamericana.

Más de 320.000 sociedades offshore fueron descubiertas por el Consorcio Internacional de periodistas de Investigación (ICIJ). Gran parte de ellos, provenientes de los Panamá Papers. De esas 320.000, hay una que implica no solo al multimedio Clarín, sino al mega-banco norteamericano JP Morgan. El epicentro geográfico es la ciudad de Córdoba.

Un mes después de destaparse los primeros documentos del Panamá Papers, lo que ocurrió el 3 de abril pasado, el ICIJ creó una base de datos de acceso libre llamada “Offshore Links”, donde recopila los nombres de empresas, particulares, conexiones y domicilios particulares. La información en bruto incluye otras investigaciones pasadas que emprendió el ICIJ, pero la gran mayoría es de los Panamá Papers.

Entre el selecto grupo de personajes que armaron sus negocios, sospechados de ser ilícitos, aparecen nada menos que la familia cordobesa Remonda, parte del numeroso clan que dirigió el diario La Voz del Interior desde su nacimiento por el año 1904 hasta que se vendió al Grupo Clarín entre finales de 1997 y comienzos de 1998.

Son seis los integrantes de la familia Remonda que figuran en los Panamá Papers. Entre ellos, está Jorge Remonda, quien fue director del diario de La Voz del Interior en la década de 1970 y principios de los años ochenta. Él y su familia figuran como accionistas de una empresa llamada “ELDORADO VENTURES INC”. Fue creada el 29 de septiembre de 1997 y, según la base de datos, sigue activa. Se encuentra oculta en las Islas Vírgenes Británicas, cerca de Panamá, pero fue activada desde la región europea de Guernsey.

La venta de La Voz del Interior a Clarín se pergeñó a partir de la creación de una sociedad anónima llamada Compañía Inversora de Medios de Comunicación (CIMECO), conformada accionariamente por Clarín, La Nación, La Voz del Interior y el diario mendocino Los Andes para administrar los dos diarios más importantes del interior del país. Diez años después, Clarín le compraría las acciones de CIMECO a La Nación, para que finalmente se quedara por completo con el control de La Voz del Interior.

Según la inscripción de la AFIP, CIMECO SA fue creada oficialmente el 20 de noviembre de 1997. Mientras que a de ELDORADO VENTURES INC. fue un poco antes: el 29 de septiembre de 1997. El reducido tiempo entre la conformación de una y otra sociedad pone en duda que ambos hechos sean aislados.

Lo llamativo de esta empresa offshore es que, además de tener a seis integrantes de los Remonda, figuran otros accionistas de la talla de CHASE BANK (C.I.) NOMINEES LIMITED, TENBY NOMINEES LIMITED, CHASE BANK & TRUST COMPANY (C.I.) LIMITED y BROCK NOMINEES LIMITED.

Sorpresivamente, a partir de distintas fuentes, se ha podido confirmar que el CHASE BANK (C.I.) NOMINEES LIMITED resulta ser la filial del mega-banco estadounidense JP Morgan. La dirección que registró este accionista según los Panamá Papers –“PO Box 127; Chase House; Grenville Street; St Helier; Jersey”– resulta ser el domicilio de la filial de la JP Morgan en Jersey, muy cerca de Guernsey.

“CHASE BANK (C.I.) NOMINEES LIMITED” fue el nombre del JP Morgan de Jersey durante el período que va entre el 20 de septiembre de 1978 hasta el primero de mayo de 2002. Precisamente, en medio de ello, en 1997 nació ELDORADO VENTURES INC., donde el Chase Bank se volvió socia accionista junto con los Remonda.

¿Por qué la JP Morgan decidió registrarse como accionista de una empresa offshore que había tenido como accionistas a una familia cordobesa?

La respuesta provendría el 22 de junio de 2009. Hernán Arbizu, un empleado del JP Morgan Argentina, había filtrado una serie de nombres y cifras ante la justicia. En ella, especificaba una serie de transferencias no autorizadas de las que él había participado. Para aquella fecha, el periodista Jorge Lanata, en su paso por el hoy extinto diario Crítica de la Argentina, publicó una crónica sobre la declaración que había realizado Arbizu frente al juzgado, los allanamientos realizados en las oficinas del JP Morgan, en la calle porteña del Madero 900 en el piso 22, y la planilla de empresarios argentinos que fueron beneficiados por esas operaciones, acompañado de los respectivos caudales de fondos que se movieron de manera ilícita.

Es decir, en plena tratativas para la venta del diario La Voz del Interior, los Remonda tuvieron como contacto directo a los dueños del Grupo Clarín, que podrían haber funcionado como intermediarios para llegar a un acuerdo de negocios con el JP Morgan.

De allí que los Remonda conformaron ELDORADO VENTURES INC., con ellos mismos como accionistas en paralelo con la filial de la banca Morgan en Jersey.

Otro de los accionistas de ELDORADO es el TENBY NOMINEES LIMITED, una empresa financiera cuyo nombre se repite en otros casos de los Panamá Papers. Su dirección oficial es el Helvetia Court South Esplanade, St Peter Port. Su único agente a cargo es la mega financiera Credit Suisse.

A su vez, el Credit Suisse es el buffet de financistas suizos que asesoraron a los Remonda, junto con otros centenares casos dentro de los Panamá Papers, para armar definitivamente la sociedad offshore. Su sede está en Suiza, considerada como el mayor paraíso fiscal del mundo, al tener muchísimos beneficios para el resguardo del dinero. Entre ellas, la alta confidencialidad.

Pero eso no es todo.

El autor de esta nota, a la hora de trabajar para el portal Striptease del Poder, descubrió que los Remonda también tienen registrada otra sociedad offshore, donde también habría viajado parte del dinero fugado. Se trata del PANTOJA TRADING CORP, creada el 8 de junio de 2004 y cuya dirección oficial es la avenida Brickell 1300 en Miami, Estados Unidos. Los nombres que figuran en la sociedad son los mismos integrantes de la familia Remonda que aparecen en los Panamá Papers.

Todo esta conexión de los Remonda, con los empresarios de Clarín y los banqueros de la banca Morgan termina ratificando las denuncias que viene llevando a cabo Hernán Arbizu, quien hace unos días atrás fue citado a declarar en la justicia de Estados Unidos, debido a la denuncia que le hizo la bancada norteamericana por la filtración de datos. Citación que fue cubierta por los medios de Clarín como una “detención”, cuando en realidad Arbizu ni siquiera permanece arrestado.

Es así que la conexión de Clarín-JP Morgan en los Panamá Papers termina dándole más señales de la hipótesis de que los directivos del multimedio están salpicados en el negocio gigantesco de la fuga de capitales y cuentas secretas.

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El escándalo conocido a nivel mundial como los Papeles de Panamá recién empieza a desplegarse. En la Argentina, el impacto fue inmediato, dado que involucra al propio presidente Macri y todo su entorno familiar. Hasta el momento las explicaciones son escasas y las pruebas directamente nulas, apelando –como ya es costumbre– a la fe y la buena voluntad.

El origen del escándalo

La cantidad de documentos hackeados del estudio Mossack Fonseca es varias veces más grande que los involucrados en el Wikileaks, del que aún surgen novedades. Procesarlo demanda mucho tiempo, y los alcances del escándalo están lejos de conocerse. Esta fue la razón aducida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), que procesa los documentos mediante un software de reconocimiento gráfico.

Si bien sea probablemente cierto, esta asociación de periodistas creada en 1997 no es exactamente neutral. Según denunció Julian Assange, es financiada por Organized Crime and Corruption Reporting Project y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Níkolás Stolpkin completa la lista con otros destacados aportantes: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York. Open Society Foundations responde al especulador global George Soros, mientras que la Ford tiene conocidas relaciones históricas con la CIA. Aunque la fuente del hackeo es anónima, su procesamiento claramente responde a urgencias de geopolítica estadounidense. Esto explicaría por qué no abundan en la lista del escándalo nombres de esta nacionalidad.

Pero el origen no debe opacar los hallazgos reales, sino más bien explicar el foco de énfasis al inicio: por qué aparecen unos nombres antes que otros. De hecho, dado que Estados Unidos cuenta con sus propias zonas de secrecía –Delaware, Wyoming, Nevada–, de mucha mayor escala que Panamá: los estadounidenses pueden aprovechar sus propios “paraísos”. En el listado se vio afectado, por ejemplo, el primer ministro David Cameron que, tras mentir públicamente tres veces al respecto, debió aceptar haber obtenido rédito de una sociedad creada por su padre. Como participan del consorcio grandes medios de comunicación de la mayor parte del mundo, con agendas sólo en parte homogéneas, se dificulta contener la información. De hecho, el diario alemán Süddeutsche Zeitung (aquí traducción) se sorprendió del trato amable que la prensa argentina dio al presidente Macri.

Es que los representantes por la Argentina en el ICIJ son periodistas de La Nación y Canal 13. Su objetivo de búsqueda primario era la ex presidenta Cristina Fernández, y “tropezaron” con estos casos alrededor del ahora presidente Macri. Mostrando lo sesgado e interesado de su investigación, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon reconoció que poseían esta información sensible antes de la segunda vuelta electoral, y decidieron evitar su estado público hasta ahora. Información que sin dudas hubiera incidido en el resultado, pues hubiera puesto en duda la transparencia promocionada por Cambiemos.

El impacto local

Las cuentas offshore son instrumentos financieros utilizados a escala mundial, con el objeto de ocultar información y evitar el pago de impuestos. Apañados por leyes locales que permiten estas prácticas, las empresas y los empresarios más poderosos toman provecho de ellas, incluyendo actividades ilícitas. Desde que inició su gobierno, las acciones de Cambiemos no han contribuido a controlar el uso de estas cuentas, sino más bien lo contrario. La quita de controles a los movimientos de capitales (incluyendo la desaparición del mal llamado “cepo”) y los despidos masivos en la Unidad de Investigación Financiera facilitan los usos ilícitos de las cuentas offshore.

Ahora bien, esto no debe sorprender en el marco de un gobierno cuyas figuras centrales están implicadas en este tipo de prácticas. La investigadora de CONICET y UNSam, Ana Castellani, ubicó a siete funcionarios del gabinete nacional con cuentas offshore:

– Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Involucrado en Kalushy SA, en Panamá. Avruj señaló que la empresa fue creada por la ONG B’nai B’rith, para la que trabajó. La organización lo negó de manera contundente.

– Carlos Augusto Lo Turco, Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Involucrado en Marbira SA, en Panamá.

– Jesús María Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Involucrado en Trafimex SA Holding Corporation, en Panamá.

– Clarisa Lifsic, Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrada en 4 empresas en Chipre desde mediados de los años noventa, de las cuales tres continúan activas a la fecha. Orsett Investments Limited, Emerging Ukranian Limited, Ukranian Dolphin Limited y Prior Investments Limited.

– Hugo Darío Miguel, Subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrado en TESACOM Panamá SA.

– Jorge Braulio Norverto, Subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa. Involucrado en La Jotabe, en Florida.

– María Paula Schiappapietra, Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. Involucrada en Los Didis, en Florida.

Por supuesto, hay que agregar al listado al presidente Mauricio Macri, con al menos dos sociedades registradas en Panamá que lo ubican como director, Fleg Trading y Kagemusha. La última en operatoria y la primera vigente entre 1998 y 2008, ambas sin declarar por el presidente. De esta segunda, Macri dijo que no tuvo operatoria porque el negocio en Brasil no prosperó. Sin embargo, trascendió recientemente que el negocio en cuestión –la expansión del Pago Fácil en el país vecino– ocurrió bajo el mando del consorcio Macri durante el período 2001-2006, para ser luego vendido al socio Western Union. Es decir, es posible que el presidente haya mentido en su declaración jurada y en su excusa pública, siguiendo el patrón del inglés Cameron. Como señalamos, todo el entorno familiar de Macri está implicado con cuentas de este tipo en Panamá, lo que favorece la naturalidad con la que Macri reacciona ante las preguntas: forma parte de lo “normal” para el empresario.

El gobierno no dio hasta ahora ninguna explicación, y no aportó pruebas: todo se reduce a la voluntad de quien quiera creer. Los libros de las cuentas offshore podrían ser aportados por sus titulares si así lo quisieran. Como ya dijimos, no sólo la sospecha por actividades ilegales, sino la evasión y elusión impositiva, además de la falsedad de las declaraciones juradas, son elementos para cuestionar el accionar del gobierno. El discurso de la transparencia queda muy rápidamente desprestigiado.

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Entrevista con Claudio Katz, integrante de Economistas de Izquierda (EDI), donde presenta como esta constituido el gobierno que encabeza Mauricio Macri a partir de los Panama Papers.

-¿Cómo afecta el escándalo de los Panamá Papers al presidente Macri?

-Estalló el escándalo que faltaba para saber quién es Macri. No solo es el gobierno del ajuste, sino que también es un campeón de la corrupción, figura con otros presidentes en compañías anotadas en paraísos fiscales, no una sino en dos. Y jamás se constituye una empresa de ésas para algo lícito, siempre es para evadir impuestos, para fugar capital, como mínimo.

El estudio que patrocinó la empresa Mossack Fonseca es el mayor de lavado de dinero del mundo, están involucrados todos los casos de corrupción, el Lava Jato de Brasil, el ocultamiento de los bienes de la familia real de España, y no es extraño que el grupo Macri esté en eso porque hizo todos los negocios sucios que se pueden hacer con el Estado desde hace décadas.

Miembro privilegiado de la patria contratista, de la estatización de la deuda, de la pesificación asimétrica, incluso fueron procesados por evasión en 1995 cuando la Corte Suprema menemista los dejó impunes, pero quedaron en el recuerdo de esa Ley Sevel por contrabandos, por la importación de autos truchos.

Creo que es muy probable que estas empresas off shore sean el mecanismo para lavar dinero de operaciones de ventas ficticias de empresas. Hay muchos indicios de eso porque los argumentos de Macri son completamente ridículos, dice que era director pero no accionista de esas empresas. El director no es un individuo ocasional por cuestiones familiares, en estas compañías con negocios tan oscuros, la pantalla está en los accionistas y los que manejan el negocio turbio son justamente los directores.

Macri puede decir lo que quiera sobre la declaración jurada de impuestos, pero tiene que explicar por qué tiene una empresa en un paraíso fiscal. Eso de que hizo una empresa para hacer una inversión en Brasil por vía Bahamas no tiene explicaciones lógicas. La única manera de aclarar esto es transparentando el movimiento de la sociedad, ¿qué hizo esa empresa durante una década? Si muestra esos libros sabremos qué ocurre, pero justamente eso es lo que se van a empeñar en ocultar.

En estos días está saltando todo porque junto con la empresa fantasma de Macri saltó otra de su ex Ministro de Economía de la Ciudad de Buenos Aires, Grindetti, que también tiene una off shore en Panamá y poderes para administrar cuentas en Suiza; es el mismo mecanismo de Macri, él no va a poder justificar por qué tiene una empresa de ese tipo, que después se descubre que no tiene movimientos.

Hay que ponerle mucha atención al caso de Grindetti, porque siempre fue un hombre del grupo Macri, antes de estar en la Ciudad, después de la Ciudad, ahora en Lanús y tal vez sea el intermediario de todas las operaciones turbias del grupo. Día a día se ve que la corrupción es el modo corriente de operar de este gobierno, por eso censuraron ese informe de C5N sobre las licitaciones otorgadas de Macri a Caputo, sobre las extensiones fiscales al grupo Calcaterra que son dos empresarios estrechamente vinculados a la familia Macri.

La corrupción es un dato casi cotidiano, es un dato de color, Macri viaja al sur y se aloja en la quinta de Lewis, el magnate inglés que usurpa tierras de la Patagonia e impide el acceso al Lago Escondido, además utiliza el helicóptero de este hombre. Este es un gobierno de Ceos, de empresarios que del sector privado al público cruzan de un lado al otro del mostrador con mucha rapidez y que nombran familiares por todos lados.

Estamos ante la evidencia de cómo es el gobierno de Macri, pero además, los Panamá papers son importantes porque involucran al Gobierno y  la oposición, apareció en la lista Daniel Muñoz, un ex secretario de Néstor Kirchner ya denunciado por transportar bolsos de dinero. Lo más importante es esto: el estudio que asesoró a Macri en las empresas off shore, es el mismo que le armó las empresas a Báez, el mismo que le dijo cómo generar un centenar de compañías en Nevada para el famoso proceso de lavar dinero. Entonces, los medios que acaban de mostrar cómo lo detuvieron a Báez, están haciendo mucho escándalo con eso, con el video de Martín Báez contando dinero, por recibir fortunas del Estado para después armar empresas truchas e ir a la Rosadita para luego convertirlos a dólares y lavarlos en empresas de Panamá y Suiza. Lo mismo por lo que recibe tantas acusaciones Báez, es lo que si se investiga un poco, van a encontrar en las empresas off shore de Macri, es el mismo circuito de evasión y blanqueo de dinero. Y si alguien investiga un poco más, seguramente algo parecido haya detrás de los bingos de Cristóbal López que fueron apadrinados por el macrismo y el kirchnerismo. Conclusión, en materia de malversación de fondos, de estafas al Estado, de enriquecimiento personal, hay muchos paralelos entre el capitalismo kirchnerista y el macrista, funcionan con el mismo tipo de operaciones, con el mismo tipo de moral. Esto es lo que vamos a seguir viendo en los próximos días, porque no va a ser fácil esto que siguen intentando los medios oficialistas de tapar todo, de que no se sepa, de hablar de Báez pero no hablar de Macri. Es difícil de tapar porque este escándalo tiene escala internacional, está por fuera del control de los jueces y los medios de comunicación argentinos.

Argentina es noticia en el mundo de nuevo, pero no por las razones que Macri quería. Esto va a seguir, son once millones de páginas, de las cuales se publicaron hasta ahora solamente un centenar.

Es muy sospechoso que no figure nada de Estados Unidos, de Alemania, de Israel, de Japón. Solamente están Macri, Putin, Peña Nieto, la familia real española, Sudáfrica, Sudán, Arabia Saudita, pero Estados Unidos, Inglaterra y los demás todavía no aparecen y hay que ver si sucede porque hay una guerra de mafias también. Están los banqueros que hacen off shore en Delaware, en Londres, en los paraísos fiscales del norte y que están en competencia con Panamá, las Bahamas, las Islas Caimán. Yo creo que hasta hoy, el país más serio en esto es Islandia, porque ahí ya hay manifestaciones masivas pidiendo la renuncia del Primer Ministro involucrado. Ese es el camino y la reacción popular que tiene que surgir contra esto.

Es el momento de actuar y responder la brutal ofensiva ajustadora

-El gobierno está pasando por una crisis política que se suma a los despidos en el ámbito privado y público, más los tarifazos ¿Sería el momento para convocar a una acción contundente en contra de la política que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri?

No me cabe duda. El efecto de los Panamá papers sobre el ajuste puede ser importante porque le quita a Macri legitimidad para seguir haciendo esta cirugía brutal, permite ver el costado de fraudes que hay en todo el acuerdo con los buitres, porque a éstos que se les va a pagar la deuda son los mismos bancos intermediarios de las operaciones off shore, el nexo es justamente el ministro Prat Gay que estaba ya denunciado por sus relaciones con el JP Morgan.

El tema deuda es escandaloso porque le dieron a Singer todo lo que quería, es una concesión descomunal, emiten 20.000 millones de dólares para pagar una deuda original de 4.600, incluyen todo lo que quieren los acreedores, honorarios a los abogados, incluso de juicios que perdieron, ganancias de los fondos buitre que van desde el 800% al 3.000%, se va a hacer la mayor emisión de un país emergente para pagarle a estos grupos.

Todo eso con el falso argumento “así se evita el ajuste”, dicen que si nos endeudamos evitamos hacer el ajuste, como si lo que están haciendo no fuera un brutal ajuste, que además va a ser mayor por la deuda, porque el paso siguiente es que vuelva el FMI, que puede ser antes de lo que muchos imaginan si el gobierno no logra colocar los 20.000 millones de dólares y le pide directamente la plata al FMI.

Y como bien decís, todo lo que hemos visto en los últimos meses, devaluación, baja de retenciones, el arreglo escandaloso con los buitres, no es nada al lado del tarifazo que empezó este mes con porcentajes tremebundos que están hechos para favorecer a las mismas empresas que recibieron fortunas con los subsidios que les otorgó el gobierno anterior; ahora se dice que no se puede continuar con los subsidios y que hay que aumentar las tarifas. Ojo con esto, los subsidios no favorecieron al pueblo, fueron plata del Estado para empresas que cobraban a cambio de declaraciones juradas sobre costos. Ahí también si se escarba un poquito, se encuentran grupos que fugan capitales, ya veremos en la lista de argentinos de los Panamá Papers si está o no alguna de estas empresas.

Es un momento para actuar, pero además porque hay una coincidencia general entre los economistas que dicen que el combo de devaluación, tarifazo, reducción de retenciones, arreglo con los buitres va a producir una tasa de inflación que ya anda por el 35% y no se sabe hasta dónde puede llegar. Tenemos inflación seguro, tenemos recesión seguro en este primer cuatrimestre, tenemos una pobreza escandalosa, la UCA acaba de publicar un informe que dice que sólo en la era Macri se generaron 1.400.000 pobres y 350.000 indigentes más en tres meses.

Yo creo que hay dos escenarios posibles para el segundo semestre del año, uno que es lo que ellos llaman “escenario favorable” y es que empiecen a llegar las inversiones, y si eso pasa vamos a tener un modelo muy parecido al de la primera etapa de Menem, algún crecimiento económico pero con fuerte exclusión. Un modelo donde los dólares que van a venir van a ser para invertir en empresas que no generan empleo: soja, litio, energía, servicios, negocios, bancos. Si las cosas salen como ellos dicen, “que van a llover dólares” tenemos un período parecido al del ´92/´97 de crecimiento con exclusión.  Y si las cosas salen mal, si a partir de junio, julio, agosto, no llegan los dólares, sino que continúa el esquema actual, vamos a tener la segunda etapa de Menem, ´97/´99 de recesión con exclusión y una situación de crisis de proporciones muy severas, así que como decís, es un escenario para actuar y responder.

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El gobierno nacional hizo campaña prometiendo ‘transparencia’ frente a la supuesta corrupción heredada. ¿Es la transparencia la fórmula mágica que mejorará el porvenir de la sociedad? La fallida experiencia de la Alianza como antecedente histórico.

Es consabido que todo gobierno construye un relato, en torno al cual gira su perspectiva respecto del pasado y acerca del futuro que intenta consolidar. Aquella acusación al anterior gobierno de construir ‘un relato K’, en realidad no es más que una descripción realista de una conducta repetida, y tal vez necesaria en términos de garantizar la hegemonía política, por todos los proyectos políticos en el poder.

Si bien estos relatos tienen múltiples ideas-fuerza, una de las principales ideas del relato macrista, que se vienen construyendo desde la campaña electoral a caballo de los grandes medios de comunicación, es la de la transparencia. Este concepto aludiría a la apertura de la gestión pública frente al control ciudadano, lo cual eliminaría el margen del accionar corrupto de los ‘opacos’ funcionarios políticos. Pero vale preguntarse, ¿es nueva esta apelación a la transparencia en la historia política argentina? ¿Cuáles son los sentidos ideológicos que contiene en forma implícita la idea de transparencia?

En primer lugar la apelación a la transparencia carece de sentido si no existe un consenso previo entorno a un escenario de corrupción aguda. Y como todo relato, cobra sentido en tanto se diferencia del relato anterior, en una pretendida relación de espejo invertido con el kirchnerismo. El relato macrista entonces, sin demasiadas sofisticaciones, asocia al pasado con el  kirchnerismo y la corrupción, y al presente con el cambio y la transparencia.

El actual gobierno cuenta para ello con una serie de denuncias judiciales en torno a lavado de activos, que involucran a funcionarios del anterior gobierno y que pretenden inclusive alcanzar a su máxima referente política. Como contra partida, si las causas de escuchas ilegales no fueran suficientes, el macrismo debe enfrentar ahora las acusaciones por las cuentas no declaradas en paraísos fiscales.

Ante este escenario, se abre un extenso campo de indagaciones en el cual se pueden analizar uno por uno los casos de corrupción aludidos. Se podría comparar punto por punto, expediente por expediente, para luego reflexionar acerca de cuál gobierno es o fue más corrupto que el anterior, o menos que el gobierno que vendrá. Es precisamente de ese campo de indagaciones del que pretendemos apartarnos, para ampliar el prisma y reflexionar en forma general en torno a la idea de transparencia.

El déjà vu de la transparencia

El presidente electo de los argentinos, luego del cierre de la votación declaró lo siguiente: “Se va a terminar la corrupción, la impunidad, vamos a vivir dentro de la ley (…), saludo a todos, a los que nos votaron y a los que no, porque entiendo que el mensaje de unos y otros es que quieren construir un país sin divisiones”.

La salida de la corrupción y la superación de un estado de ‘división entre los argentinos’ aparecen como dos de los puntos más destacados de esta alocución, de quien se preparaba para asumir la máxima magistratura nacional. Pero el testimonio en cuestión no proviene del balotaje de noviembre de 2015, sino del año 1999. Más precisamente de aquel 24 de octubre en el cual Fernando De la Rúa fue electo presidente por la fórmula de la Alianza. A partir de allí la Alianza, que llegaba a la presidencia luego de la década menemista, hizo del discurso de la transparencia su principal caballito de batalla. Las similitudes con la propuesta actual de Mauricio Macri son evidentes y abundantes.

Es por ello que la reflexión necesariamente requiere de una perspectiva histórica al momento de pensar los grandes nudos de la política Argentina. ¿Qué significado tiene volver al ‘consenso de la transparencia’ casi veinte años después?

La adopción por los slogans como ‘transparencia’ o ‘unidad de los argentinos’ es una reedición de un discurso ideológico y político que reniega de las tradiciones fuertes de la historia política, tal como se dio durante el período neoliberal en el país. En términos de construcción de sentido común, la receta neoliberal se proponía desacreditar a las grandes corrientes ideologías, desprestigiar el funcionamiento del Estado benefactor, y promover la cultura de la gestión aséptica y empresarial como el método más efectivo para regular  a la sociedad.

De tal forma, se buscó negar la conflictividad social y la confrontación ideológica propias de todo escenario social, y cambiar dirigentes políticos y organizaciones populares por gerentes de empresas y consultores privados u ONGs. Con esta receta, la sociedad se encaminaría a un círculo virtuoso de crecimiento y expansión.

En los casos en que el análisis concreto demostraba que este círculo virtuoso no tenía lugar, como en el caso argentino tras el ciclo neoliberal de privatizaciones y despidos, el discurso consensuado desde los grandes centros del poder apuntaban sus cañones a un único y principal enemigo: la corrupción.

La corrupción fue tomada como un desvío o una interferencia propia de la codicia de los seres humanos, que perturbaba el normal funcionamiento del modelo neoliberal. Es por ello que ante los indicadores del fracaso de las experiencias neoliberales (que se traducían en crisis sociales, auge del desempleo, aumento inusitado de los niveles de pobreza e indigencia), el motivo radicaba siempre en un ‘error humano’. De tal forma la receta neoliberal en sí misma funcionaba bien, a menos que se viera interrumpida por el funcionamiento codicioso y corrupto de los funcionarios políticos.

Es por ello que la noción de transparencia cobró una significación tan grande para el relato de la Alianza. En lugar de situar una crítica certera al neoliberalismo heredado de las presidencias menemistas, la crítica apuntó justamente a la falta de claridad y al manejo corrupto de las cuentas nacionales. En síntesis, el gobierno de la Alianza no prometía un cambio de modelo político, sino mejorar las interferencias que la corrupción había generado. De tal forma, se apuntaba a un neoliberalismo transparente que se diferenciara del neoliberalismo corrupto del menemismo.

El propio decurso histórico le demostró al gobierno de De la Rúa que tomar medidas de ajuste y endeudamiento externo, aunque sean de forma ‘transparente’, conllevan inevitablemente a un escenario de crisis y de descomposición social. Para colmo, en un corto tiempo el propio gobierno fue protagonista de uno de los escándalos de corrupción más grande de la historia, al intentar aprobar -vía sobornos- una ley que profundizaba la flexibilización laboral menemista.

Viejos remedios para antiguos padecimientos

El antecedente entonces del gobierno de la Alianza contiene sobrados elementos desde los cuales pensar la actualidad del gobierno de Macri. Invita también a cuestionar el actual ‘consenso de la transparencia’ que, paradójicamente no hace más que ocultar y volver opacas las medidas de gobierno en sí mismas, ocupados por advertir o no mecanismos corruptos para sus aprobaciones.

No se trata, desde ya, de negar la importancia de los actos de corrupción de éste o de cualquier gobierno. La corrupción es una práctica social que debe ser denunciada y combatida tout court. Por otra parte, no puede homologarse la corrupción espontánea de un ciudadano común, a los desfalcos orquestados desde el Estado nacional por quienes fueron elegidos para velar por el bien común. Pero saldados esos puntos, cualquier otra apelación a la ‘transparencia’ por sobre la evaluación concreta de las medidas políticas de largo aliento que constituyen a un proyecto político, puede ocultar más de lo que muestra.

La aparición de cuentas no declaradas en paraísos fiscales a nombre del presidente y de muchos de los miembros de Cambiemos tal vez confirme que en este gobierno hay igual o más corruptos que en gobiernos anteriores. Pero eso no alcanza para echar por tierra con aquel mito de la ‘transparencia’.

Para ello es necesario recordar que los mayores padecimientos para el pueblo se debieron a proyectos políticos excluyentes que privilegiaron a los sectores más concentrados de la economía, antes que al desvío de recursos en manos de la corrupción. Por caso, y volviendo a la experiencia de la Alianza, más grave que el hecho de querer comprar voluntades para aprobar la reforma laboral, fue el proyecto de Ley en sí mismo, que protegía a los empresarios y sumía en la precariedad y el desconcierto a los trabajadores.

De la misma forma, el actual gobierno parece estar sembrando el descalabro económico y social del futuro cercano, pero no ya por sus práctica corruptas, o no principalmente por ellas, sino por el conjunto de medidas económicas y políticas que tomó en apenas cien días, en donde los únicos beneficiados han sido los sectores dominantes.

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Se desató esta semana un nuevo escándalo mundial por la filtración de documentos de sociedades offshore en Panamá. Escándalo político y ético que involucra a Macri.

A fines del siglo XIX los isleños de Gran Caimán salvaron a los tripulantes de un navío inglés encallado, y por esa acción, el rey Eduardo III los eximió para siempre del pago de impuestos. Así se resume la historia del primer paraíso fiscal, atando en el mismo relato la expansión de ultramar, el colonialismo y las necesidades del capital. El problema se ha vuelto mucho mayor en este siglo XXI. El escándalo estalló esta semana con la filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio jurídico Mossack Fonseca (cuarto creador de sociedades offshore a nivel mundial) sobre la actividad empresarial en Panamá, entidad clasificada como paraíso fiscal en casi cualquier índice que se consulte. Entre 140 políticos en el mudo, apareció el nombre del Gerente de la Nación Mauricio Macri.

¿Qué son los paraísos fiscales?

Hay acuerdo en que… no está claro. Algunas organizaciones prefieren hablar de jurisdicciones de secrecía, para enfatizar el rasgo central. Se pueden enumerar 4 características:

1. Laxa regulación financiera. Se permite realizar múltiples actividades económicas casi sin control alguno. Esto implica no sólo la facilidad para constituir y desmembrar sociedades casi sin requisitos, sino el énfasis en el secreto bancario, razones que facilitan la llegada de dinero cuyos dueños no quieren preguntas.
2. Baja o nula tributación. Estas jurisdicciones usan la baja fiscalidad para atraer inversiones, lo que implica que una facilidad para evitar pagar impuestos en sus países de origen y en los que actúan.
3. Carácter de enclave. Muchas veces las facilidades de los puntos anteriores aplican sólo para no residentes, estableciendo un doble estándar difícil de justificar con los residentes. El enclave significa que estas actividades no generan encadenamientos en el resto de la economía, más allá de su ínfimo impacto en el empleo. Se produce así una dualidad en la jurisdicción a todo nivel.
4. Autarquía de la jurisdicción. No necesariamente se trata de países, muchas zonas de secrecía son provincias o territorios de ultramar (colonias). Sólo requiere la posibilidad de definir reglas de tributación y regulación de la actividad económica. El caso más conocido por los fraudes en Argentina es el del Estado de Delaware, en Estados Unidos.

La proliferación de estas zonas de secrecía tiene directa relación con la mundialización del capital en la etapa abierta a fines de los años ’70. A partir de allí, la desregulación financiera y comercial ha sido la regla, fomentando la competencia entre países para atraer inversiones en condiciones cada vez más ventajosas para los capitalistas y con menos impacto en la economía “huésped”. Esta lógica aplica en general para la inversión extranjera: incluso la CEPAL –de postura favorable a la atracción de esta inversión- ha indicado en sus últimos informes que este pasivo implica salidas sistemáticas para la región que llegan a sobrepasar el monto de los ingresos. Si en nuestro país tenemos discusiones sobre qué efecto positivo puede conllevar el incentivo a las inversiones, por ejemplo, en la megaminería, estas dudas se expresan con más claridad en estas jurisdicciones: elevados beneficios para los inversores y muy poco para los receptores.

Aún con estas  características básicas, las estimaciones son difíciles de realizar. La organización de justicia impositiva Tax Justice Network encuentra 72 paraísos, mientras que la OCDE, bajo la presión de las principales potencias, detectó en 2009 la existencia de apenas 42. La mirada de esta organización evita pronunciarse de manera contundente sobre las prácticas de secrecía en países desarrollados. La base de datos del Índice de Secrecía Financiera estimó un ranking que consideró no sólo la falta de regulación sino el peso de cada paraíso, y muestra en primer lugar a Suiza, seguido por Hong Kong y Estados Unidos. Luxemburgo ocupa el sexto lugar, Alemania el octavo, Japón el 12° y Reino Unido el 15°. Es decir, no se trata de pequeños países sin recursos.

Aunque la secrecía impide estimaciones precisas, hay algunos datos contundentes. La OCDE señala que el 84% de los fondos que operan en estas jurisdicciones tiene origen ilegal. Es decir, se trata del lugar de lavado de dinero sucio proveniente del tráfico de armas, narcóticos, personas, órganos, corrupción. Entre los países dependientes, sin embargo, la proporción parece invertirse: según la ONG Global Financial Integrity de los 1,1 billones de dólares salidos de estos países durante 2013, el 83% corresponden a manipulaciones de precio por parte de empresas trasnacionales. Esto significa subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones por operaciones internas a la propia empresa, lo que se conocen como precios de transferencia del comercio intra-firma (el 60% del comercio mundial). Es decir, no sólo delincuentes utilizan estas zonas, sino también “respetables” empresas de renombre. Ese año salieron de Argentina 17.171 millones de dólares, suficiente para cubrir todo el déficit fiscal. El experto Jorge Gaggero ha estimado que los montos de fuga de dólares al exterior han estado asociados al endeudamiento externo, lo que quiere decir: la deuda –como la que quiere tomar el gobierno-va fundamentalmente a financiar estas salidas.

Doble moral, y doble ganancia

El uso de los paraísos, entonces, conlleva una fuerte sospecha de ilegalidad junto a la certeza de elusión de impuestos. Aunque podemos dudar sobre lo primero, sobre lo segundo no hay ambigüedad. El peso del escándalo de los Papeles de Panamá recae entonces por varias vías sobre el actual presidente Mauricio Macri. El mismo aparece sindicado como director de la empresa Fleg Trading Ltd. entre 1998 y 2008, y de una segunda llamada Kagemusha, constituida en 1981 y aún en operatoria. En ambos casos, Macri eludió presentar este dato en sus declaraciones juradas como servidor público: siendo diputado desde 2005, jefe de gobierno porteño entre 2007 y 2015 y actual presidente, se trata de una omisión sospechosa. En primer lugar, porque no queda claro si participó como accionista –debido a que las acciones están sin nominar–, en cuyo caso correspondía informarlo. En segundo lugar, hay una zona gris legal en la AFIP respecto de si debía declarar su rol como director, pero no hay dudas al respecto si por esa actividad tuvo algún tipo de ingresos: ¿es acaso creíble que sea director por más de 3 décadas de una empresa que no le retribuye un centavo? En ambos casos, Macri habría infringido la ley. Hasta el momento, no ha ofrecido pruebas que respalden sus comentarios en la materia.

Pero aún si no violó la ley, caben objeciones de orden político y ético. Por un lado, Cambiemos ha enfatizado la necesidad de reducir el déficit fiscal, recortando subsidios y planes sociales, volcando el ajuste sobre los sectores más vulnerables. En el mismo sentido ha justificado los masivos despidos en el Estado, entre los cuales están los más de 100 de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), dedicada a investigar estas prácticas ilícitas. Y sin embargo, mostrando un doble estándar de moral entre discurso y práctica, Macri decide colocar sus recursos en un paraíso fiscal, evitando pagar impuestos en el país. Es decir, una injusta exención impositiva para quienes fugan recursos de nuestra economía. Por otro lado, resulta también reñido con el objetivo declarado de atraer inversiones la práctica de hacer sus propias inversiones en estos paraísos: ¿qué clase de confianza busca infundir entre sus colegas si él mismo no está dispuesto a invertir su riqueza en su país?

Macri no parece esforzarse en justificarse, como buen empresario. Tanto los despidos en la UIF como la rápida y profunda desregulación del mercado cambiario (que incluyen el levantamiento del “cepo”) van en la línea de habilitar más de estos desmanejos e ilícitos empresariales. No se trata de un efecto lateral, es el proyecto mismo de Cambiemos.

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