Fotos y texto por Carlos Ernesto Cano

El pasado sábado 7 de septiembre, el Congreso de la República de Guatemala ratificó el estado de sitio que el gobierno de Guatemala había decretado algunos días atrás en la región nor-oriente del país, bajo la excusa del “asesinato” de 3 miembros del ejercito por parte de pobladores de la comunidad Semuy II en el Estor, Izabal.

Este estado de sitio afectará a 22 municipios en 6 departamentos, siendo éstos, Izabal, Alta y Baja Verapaz, El Progreso, El Petén y Zacapa, casualmente una de las áreas del país en donde más recursos naturales existen y la problemática de la tierra es el factor común. Con este estado de sitio se violentarán de forma directa algunos derechos constitucionales tales como la libertad de locomoción y la de libertad de asociación, así como se podrán ejecutar detenciones sin orden de juez competente.

Pero la ciudadanía, entre organizaciones campesinas y colectivos urbanos se hicieron presentes el día sábado desde tempranas horas para repudiar e impedir que el Congreso ratificara el estado de sitio, entre las y los ciudadanos que protestaban pacíficamente se encontraban personas que venían de la costa sur del país, un área que es afectada por el monocultivo de la caña de azúcar.

Se convocó a una caminata pacífica desde la Casa Presidencial con dirección al Congreso de la República, lugar en donde se sesionaría a las 11 de la mañana para ratificar en tercera lectura el estado de sitio decretado. Pero al llegar a la 8a. calle y 8a. avenida la caminata pacífica se encontró con un fuerte dispositivo de la Policía Nacional Civil que les impidió acercarse al Parlamento, siendo violentado el derecho constitucional de la libre locomoción.

Entre la petición pacífica de las comunidades y organizaciones campesinas la Policía se negó a dejarlos pasar para que la caminata se encontrara con los colectivos urbanos quienes estaban en la 8a. avenida entre 9a. y 10. calle con un plantón pacífico exigiendo a los parlamentarios que se retractaran de ratificar el estado de sitio impuesto por el gobierno del presidente Jimmy Morales.

Eran las 12 del medio día cuando 88 diputados ratificaron el estado de sitio en los 22 municipios anteriormente enumerados. La fuerte y desproporcionada fuerza policial que se mostró el día sábado es sólo un aviso de la cantidad de policías y de elementos militares que se desplegarán en los municipios en donde regirá el estado de sitio por 30 días, abriendo la posibilidad de la violación de derechos humanos así como la criminalización a poblaciones que están organizadas en defensa de los recursos naturales y de la tierra.

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Por César Saravia y Laura Salomé Canteros / Foto: Nelton Rivera 

Las elecciones en Guatemala dejaron a su paso un sabor agridulce. Si bien las encuestas anticipaban una segunda vuelta con Sandra Torres y Alejandro Giammattei, fueron estas mismas encuestas las que subestimaron lo que podía hacer Thelma Cabrera y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que obtuvo un cuarto lugar; apenas tres puntos porcentuales por detrás del segundo lugar, logrando una histórica votación para una movimiento de base indígena y con propuesta anti- neoliberalismo y anti- colonialismo. 

Thelma Cabrera logró poner en agenda dos de los temas centrales en la búsqueda de una transformación estructural de la sociedad guatemalteca y esa necesidad fue reconocida con el voto: el reemplazo del régimen de propiedad privada de la matriz energética por una estatal, mediado por la consulta popular y comunitaria; y la necesidad de construir un Estado Plurinacional en un país donde cerca del 50% de la población se reconoce indígena. Destaca el hecho de que la votación realizada en Estados Unidos, dio a Cabrera como ganadora, pese a que en términos absolutos los votos en el país norteamericano son significativos porque expresan un deseo de la población en el extranjero por un cambio en su tierra de origen.

Por eso, frente a un sistema político corrupto y fraudulento, en que el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ha visto obligado a reconocer la necesidad de un recuento por las claras señales de fraude, ¿qué conclusiones podemos sacar de este resultado? Los 11% conseguidos por Cabrera pueden ser leídos en cierta forma como un triunfo, si pensamos que lo electoral es nada más un momento coyuntural de una lucha más amplia, una lucha que ha estado ahí, silenciosa, incluso menospreciada por algunos sectores del progresismo y la izquierda, una lucha contra un modelo que tiene como bandera la muerte y el despojo. Esa Guatemala que en sus profundidades resiste a la muerte y que logró articular un proyecto electoral por el que nadie daba nada hace unos meses; y lo hizo levantando dos de las banderas más claves en la lucha social. Quizás sea un triunfo que opere en el plano de lo simbólico, pero en un país donde reina la apatía y la desesperanza, esto es bastante, es la certeza de que “hay algo más” por fuera del pacto de las élites de corruptos y conservadores.

La elección del pasado 16 de junio, además, dio cuenta de una dispersión importante en el voto. No solo ningún candidato y candidata logró el 50%, sino que la suma de los votos de Torres y Giammattei tampoco lo logró. Es decir que la segunda vuelta tendrá como protagonistas a una candidata y a un candidato que no tienen el apoyo de al menos el 60% de las y los votantes. Es más, si miramos a la izquierda ideológica, si se suman los votos del MLP, WINAQ, URNG Maíz (partido político que surgió de la guerrilla), LIBRE y Convergencia, el resultado arroja un 19%, suficiente para entrar a la segunda vuelta. Si bien hay importantes diferencias entre estos partidos, no se puede descartar la posibilidad de que alrededor de la figura de Thelma Cabrera se puedan sumar otros sectores para pensar a futuro una alternativa más amplia.

“Ningún proceso electoral es perfecto”

A una semana de las elecciones, el partido movimiento que llevó como candidata a la primera mujer indígena del país centroamericano y que fue sorpresa ante unas elecciones que poco prometían cambiar la apatía generalizada, anunció que presentarán, a nivel municipios, las impugnaciones necesarias y tal como lo establece la ley, como evidencia de fraude tras cotejar que las actas físicas que poseen no se corresponden con los resultados publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Además informó que se estarán realizando asambleas y convocatorias a acciones colectivas de protesta y repudio frente a la estafa electoral, con el llamado a “defender nuestro voto digno en las calles”.

Más de una semana de las elecciones pasó hasta que el TSE comenzó a corregir lo que llamaron “errores” en el software, lo que perjudicó el traspaso de los datos de las actas electorales. Esto provocó que algunos candidatos/ as a diputados/ as del Parlamento Centroamericano, Congreso y cinco alcaldías recibieran hasta el doble de votos o se les restaran. Según informaron desde el Departamento de Informática del organismo, en los próximos días se verificará la adjudicación de votos, proceso que se espera finalice en 15 días, esperando se cumpla con los plazos para llegar a la segunda vuelta electoral que se realizará el 11 de agosto. 

Antes se dedicó a difundir las posiciones de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del consorcio de organizaciones de la sociedad civil que ofició de observador, “Mirador Electoral”. El primero rechazó “las insinuaciones de fraude en las elecciones”, afirmando con tono paternalista que “ningún proceso electoral es perfecto” y que, si bien la Misión recibió denuncias de compra de votos y observó el acarreo de votantes y errores en la digitación de las actas, “de ninguna forma estas acciones modifican la voluntad popular reflejada en los resultados de la contienda presidencial”. El segundo concluyó “ante las evidencias de errores de digitación de actas electorales” que “el evento electoral se desarrolló de manera normal” y que al momento del conteo, en aproximadamente el 90% de los espacios, hubo fiscales de al menos dos de los partidos políticos contendientes, confiando en que el TSE será el organismo que “desvanecerá la desconfianza y dudas que se generaron por los errores incurridos en las elecciones”.   

Cabe mencionar que en uno de los municipios del país, San Marcos, se suspendieron las elecciones por hechos de violencia que ponían en riesgo la integridad de las autoridades de mesa. Como hecho previo y que revierte una mayor gravedad institucional, el fiscal de delitos electorales, Oscar Schaad, había solicitado una licencia tras denunciar amenazas contra su integridad y la de su familia. Durante el 16 de junio se registraron además ataques contra periodistas/ corresponsales que estaban cubriendo los comicios.

Una segunda vuelta con sabor a continuidad 

Durante la jornada del lunes, pobladores de San Juan Chamelco, en el departamento de Verapaz, protestaron frente a la oficina municipal. También lo hicieron las y los pobladores de la aldea Cabezas, municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa, quienes bloquearon durante horas la carretera que conduce a El Salvador. En las últimas horas la situación se tornó confusa en Guatemala luego de que algunas organizaciones llamaran a no caer en la manipulación, luego de que el partido FCN-Nación, del presidente Jimmy Morales desconociera los resultados electorales y alertara sobre la amenaza de una “dictadura” impuesta por la UNE, el partido de Sandra Torres.

De concretarse el resultado electoral, la segunda vuelta enfrentará a Sandra Torres, quien llega por segunda vez a esta instancia, y a Alejandro Giammattei, quien fue ex director del Sistema Penitenciario de Guatemala y quien estuvo en prisión durante 10 meses a causa del “Caso Pavón” en 2006, cuando la policía y el ejército entraron a un centro penitenciario para restablecer el control, operativo en el que fueron asesinados 5 personas privadas de su libertad. Tras pasar un tiempo en prisión, Giammattei salió de la cárcel al no poder probarse su participación en los hechos. 

Tanto Torres como Giammattei son figuras conocidas en la política guatemalteca. Sus aspiraciones presidenciales vienen desde hace años y en buena medida son parte del llamado “pacto de corruptos”. Paradójicamente, todo parece indicar que Giammattei podría ser electo presidente más que por méritos propios por el amplio rechazo que genera Sandra Torres.

El desencanto de la población se profundiza y el sistema, en decadencia, garantiza, al menos por un tiempo, su supervivencia. La esperanza para los próximos años quedará en sí las fuerzas políticas desplegadas en las movilizaciones ciudadanas del 2015 y 2017, así como en la digna resistencia indígena- campesina contra el saqueo extractivista y de los incipientes movimientos feministas que se levantan contra el conservadurismo religioso, pueden encontrar un punto de encuentro que permita construir para las y los guatemaltecos, un proyecto de consenso y transformación para el disfrute de la vida digna.

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Por César Saravia y Laura Salomé Canteros / Foto: Prensa Comunitaria

Guatemala se prepara para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 16 de junio. El país llegará a ese momento luego de cinco años de crisis e inestabilidad política, que incluye la salida de la presidencia, en 2015, del militar retirado Otto Pérez Molina, actualmente en prisión por corrupción y la llegada de Jimmy Morales, un comediante que ha profundizado desde el Estado las políticas de despojo de los territorios; el aumento de la persecución y los asesinatos de líderes y lideresas sociales y defensores/as de Derechos Humanos y la institucionalización del llamado “pacto de corruptos” entre las élites locales.  

En un país con altos índices de feminicidio, crímenes de odio, embarazo forzado en niñas y adolescentes y sub- representación política -aunque no de participación-; esta elección representa para Guatemala la oportunidad histórica de que una mujer sea, por primera vez, presidenta. Sin embargo, el espectro ideológico que configuran las candidatas a presidir el ejecutivo va desde la representación de la esperanza de las comunidades que son mayoría, hasta la ultraderecha negacionista del genocidio indígena y antiderechos de las mujeres y disidencias. Un mapa de disputa política y territorial que se trasladará también a la elección y/ o renovación de 160 diputados/as del Congreso de la República, 20 diputados/as del Parlamento Centroamericano y de las/ os alcaldes/ alcaldesas de los 340 municipios.

Guatemala: Crónica de una (constante) crisis política

En los últimos años, las noticias que recorren el mundo sobre Guatemala han estado marcadas por las sucesivas crisis institucionales que ha enfrentado el país desde 2015. Secuestrada por una élite económica, militar y religiosa, heredera del régimen que predominó en el Siglo 20 luego del Golpe de Estado a Jacobo Árbenz en 1954, la nación centroamericana, de reciente vuelta a la democracia, vive hoy la impugnación de este modelo desde sectores diversos. Los cuestionamientos son desde lógicas institucionales y ciudadanistas hasta el reclamo de las comunidades indígenas y campesinas por la defensa de los bienes comunes y el fin de un modelo que tiene el despojo como bandera.

La crisis política tiene su origen en las movilizaciones de 2015, luego de que la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), instancia de carácter internacional para la investigación de casos de corrupción, un formato por primera vez aplicado en Guatemala y cuyo modelo busca expandirse a otros países centroamericanos, señaló por corrupción al entonces presidente Otto Pérez Molina, un ex militar acusado de participar en crímenes de lesa humanidad durante la guerra, y a la vicepresidente Roxana Baldetti, por el caso “La línea”, una compleja red de contrabando que involucró a altos funcionarios del gobierno de Pérez Molina. Las movilizaciones, protagonizadas por una clase media urbana hasta entonces apática llevaron a la salida del presidente y puso a la CICIG como una institución necesaria en el imaginario de buena parte de la sociedad, pese a ser una institución alineada a la política de la ONU y con importantes apoyos de Estados Unidos en su programa anticorrupción en la región. Es más, durante las movilizaciones, se vio a grandes cadenas trasnacionales cerrar sus negocios en forma de protesta, lo cual situó al conflicto político en un escenario “post ideológico”. La demanda anticorrupción pasó a ocupar el centro del debate público desplazando demandas históricas en materia de derechos humanos y sociales, como la realización de juicios a militares por las masacres cometidas durante la guerra.

En las últimas semanas, la crisis tomó un nuevo giro. Luego de que la ex fiscal y candidata por el Movimiento Semilla, Thelma Aldana, denunciara haber sido parte de una lista de personas a las que Mario Estrada, candidato a la presidencia por la Unión del Cambio Nacional. Estrada fue detenido a finales de abril en Miami por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, lo que llevó a la cancelación de su candidatura por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La detención de Estrada también complica al presidente Morales, luego de que este se reuniera en varias ocasiones con este. Estos hechos muestran un escenario que podría enmarcarse en una película de ficción y hablan del estado actual del deterioro de la democracia en Guatemala. Si el realismo mágico se inventó en Colombia, Guatemala parece haber encontrado la forma de convertirlo en política de Estado.

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Luego de la salida de Molina, las elecciones adelantadas llevaron a la presidencia a Jimmy Morales, un reconocido comediante que derrotó a Sandra Torres, secretaria general del partido Unidad Nacional de la Esperanza, partido que gobernó desde enero del 2008 a enero de 2012 con quien fuera en ese entonces esposo de Sandra, Álvaro Colom. La llegada de Morales lejos de resolver la crisis la profundizó, luego de que la misma CICIG comenzara una investigación por casos de soborno que incluía al actual presidente. Frente a esta investigación, Morales decidió arremeter contra la CICIG, logrando que la oligarquía guatemalteca y la élite militar y religiosa, cerrara filas contra lo que denominaron una “violación a la soberanía”, generando una fuerte tensión con la ONU, la Embajada estadounidense y ONGs ciudadanas con agenda anticorrupción; en su mayoría financiadas por la cooperación internacional. Este escenario llevó a nuevas movilizaciones, similares a las ocurridas en 2015, abriendo un frente social contra el denominado “pacto de corruptos”.

En agosto de 2018, el otrora comediante Morales dio una conferencia de prensa rodeado por altos mandos militares. Esa imagen, plasmada en una fotografía, fue compartida por redes sociales y se comparó a una similar durante el golpe de Estado en 1982 que llevó a Ríos Montt a la presidencia. En ese contexto y como pantalla a las acusaciones de corrupción, Morales decidió recurrir a la carta del conservadurismo, impulsando una ley que buscaba retroceder en los derechos fundamentales de las mujeres y la comunidad LGBTI.

En enero de este año, Guatemala volvió a sacudirse; los pueblos indígenas y las mujeres estuvieron al frente de grandes protestas tras el intento de Morales de retirar a la CICIG del país, organismo que anunció que lo estaba investigando por cargos de corrupción. La ira que generó la impunidad del primer mandatario se transformó en organización, una reacción popular que solo se había visto cuando la masacre con fuego de las 41 niñas del Hogar Seguro, que el 8 de marzo de 2017 murieron quemadas bajo custodia del Estado.

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Extractivismo y defensa de los bienes comunes

Por fuera de la centralidad que dan los medios de comunicación a la lucha anticorrupción, desde años se vive en Guatemala un avance de proyectos extractivos que aparecen como continuidad de las políticas de terrorismo de Estado durante los 80. Activistas e investigadores/ as han documentado la relación causal entre las masacres, ejecutadas por los ejércitos, y la instauración de megaproyectos en territorios indígenas. Uno de los casos más emblemáticos es el de la comunidad de Río Negro, en el departamento de Baja Verapaz, al norte de Guatemala. Esta comunidad se vio despojada de sus formas de vida y territorio luego de que la construcción de la represa Chixoy inundara por completo. La resistencia a este megaproyecto desencadenó una masacre donde fueron asesinadas más de 400 personas en 1982, como parte de una lógica de exterminio y desplazamiento forzado.

Sumado a la impunidad de los crímenes de guerra cometidos contra las comunidades indígenas, Guatemala vive un estado de persecución, asesinato y criminalización de lideresas y líderes sociales. Solamente hasta agosto de 2018 se registraba el asesinato de 18 defensores/ as de los Derechos Humanos. Entre los casos de persecución más sonados están el de Lolita Chávez, lideresa del pueblo Maya Kiché, quien estuvo en Argentina el año pasado relatando la situación en el participando del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. En esa ocasión, denunció la persecución que las empresas hacen bajo la complicidad del Estado femicida de Guatemala sobre las mujeres en los territorios.

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Otro caso emblemáticos son el de Bernardo Caal Xol, docente y líder comunitario maya q’eqchi de 46 años que se opuso a dos proyectos hidroeléctricos en el departamento de Alta Verapaz, por lo que fue sentenciado a 7 años de prisión por “robo agravado”. Por otra parte, hace unos días la justicia liberó de todos los cargos a Abelino Chub Caal, indígena maya Q’equchi, un triunfo que da un poco de aire a las y los defensores. Los asesinatos, no obstante, no paran, y a la fecha también han sido asesinados candidatos por el Movimiento Popular de Liberación.

Candidatas en un país con subrepresentación de las mujeres y sin agenda feminista

Guatemala ostenta, no casualmente, una democracia simulada. La baja representación política de las mujeres y de las comunidades indígenas afecta de forma considerable la legitimidad de las instituciones del Estado y la gobernabilidad diaria de las autoridades nacional y departamentales que son, meras figuras decorativas al igual que las elecciones.

Guatemala es uno de los dos países latinoamericanos -junto con Brasil- con el índice más bajo de representación política de las mujeres; un territorio donde medir estos índices de la política parece banal al lado de las frías cifras de los feminicidios, expresión de la crueldad del sistema machista que se llevó solo en los primeros tres meses de 2019 la vida y subjetividades de 177 mujeres, casi 60 por mes, casi 2 por día, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Un país donde 1.183 personas fueron asesinadas en ese período.

Hablando de sub- representación, sólo en el ámbito parlamentario, apenas el 13,9% de las mujeres guatemaltecas participa en las decisiones del Congreso y un 2,9% dirige los gobiernos municipales del país. A esto se suma la discriminación en un país donde más de la mitad de la población es indígena; apenas una mujer indígena forma parte del Congreso como diputada y un único municipio de los 340 está gobernado por una alcaldesa indígena.

En este contexto, luchar por leyes con perspectiva de género y disidencias -y su cumplimiento- y por políticas destinadas a alcanzar la paridad es, para el movimiento por los pueblos y feminista, gritar al vacío. La paridad, un concepto más que político que expresa la importancia de la redistribución del poder y las responsabilidades en los ámbitos públicos y privados, estatales y comunitarios; no está en la agenda del corrupto Estado guatemalteco. A esto se debe sumar la persecución a defensores/as de Derechos Humanos, la dificultad en el acceso a la justicia, la complicidad mediática con los machos y poderosos y claro, la postulación de una mujer que pretende con una cara bonita lavar la de su padre, uno de los máximos represores, condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Aun a pesar de la inconstitucionalidad, Zury Ríos es una de las candidatas a presidenta de Guatemala; hija del genocida Efraín Ríos Montt, sentenciado en 2013 por crímenes de lesa humanidad. Otra es la ex fiscal Thelma Aldana, cuya candidatura (por el Movimiento Semilla) está actualmente siendo bloqueada; otra Sandra Torres, quien compitió en 2015 contra Jimmy Morales; y otra Thelma Cabrera, representante del Movimiento Popular  de Liberación (MPL), herramienta electoral del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) lideresa indígena que levanta la construcción de un Estado Plurinacional como una de sus principales banderas.

¿Qué está en juego para el pueblo de Guatemala en estas elecciones? ¿Podrá la democracia y sus instituciones, a través de los partidos y el sistema representativo, alejarse del “pacto de corruptos” y superar la apatía social, la crisis de credibilidad y acercarse a las lógicas comunitarias? ¿O seguirá siendo apenas una sombra de esperanza?

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