La abogada representante de la familia de Pablo Vera da cuenta del camino recorrido hasta llegar a la perpetua y a la prisión preventiva del policía Jorge Villegas. Esta vez, el gatillo fácil, el abuso policial y la connivencia con la Justicia tuvieron que dar un paso al costado.

El 25 de septiembre de 2014 un policía llamado Jorge Villegas disparó con su arma reglamentaria y en la nuca a un joven del barrio Gómez de Fiske Menuco. Pablo Vera había salido a disfrutar esa noche, y en la vuelta hacia su casa pasó enfrente de la casa del efectivo policial que, respondiendo al “olfato policial” propio de su función, cargó su arma reglamentaria y disparó contra él. Así convirtió esa noche en la última de Pablo.

Villegas sabía lo que hacía: era consciente de que había matado a un “pibe chorro” y que la institución policial lo ampararía. Era consciente de que la historia de la justicia rionegrina era la historia de la impunidad judicial-policial. Sabía que la policía había logrado desaparecer a Daniel Solano, que había aniquilado a Atahualpa y a tantos otros. Y sabía que luego del asesinato se iban a empezar a tejer ciertas redes que confluirían en su impunidad.

Lo que no podía saber Villegas es lo que efectivamente sucedió después de esa madrugada. Mató a un joven de los más estigmatizados de la ciudad, muchas veces detenido arbitrariamente, muchas veces golpeado por manos policiales, esas mismas manos que iban a acabar con su vida. Pero pese a todo esto, la familia y los amigos de Pablo no naturalizaban esa violencia, y su asesinato despertó la indignación propia del sentimiento de injusticia, y el dolor de la pérdida fue motor de una larga lucha que empezaba.

Junto con el acompañamiento de organizaciones sociales que fueron acercándose, la familia atravesó cada uno de los obstáculos que la justicia le iba imponiendo: vallas, provocaciones, ninguneos, represión, tortura, criminalización.
Así llegaron al juicio en febrero de este año y lograron una condena a perpetua. Es decir, que por primera vez se condenó a perpetua en la provincia a un efectivo policial que mató con su arma reglamentaria mientras estaba de licencia. La lucha de la familia y el acompañamiento de organizaciones logró que la Justicia reconociera que cuando un policía dispara, el que apunta es el Estado, como decía una bandera de la Coordinadora 13 de Enero en las afueras de Tribunales el día de la lectura de la sentencia.

Reconocer las connivencias policiales

Luego de ese logro teníamos una tarea pendiente: darle carácter estructural al asesinato de Pablo, al asesinato policial de jóvenes pobres. La consigna “no es un policía es toda la institución” nos seguía empujando a que se reconociera esto.

Y en alguna medida fue lo que se logró esta semana con el fallo del Superior Tribunal de Justicia, El mayor órgano judicial de la provincia reconoció no solo que Villegas actuó en cumplimiento de sus funciones, sino también que su pertenencia a la institución policial lo colocaba en peligro de fuga. El STJ tuvo en cuenta la posibilidad de “apoyo y asistencia de camaradas, tanto desde la información hasta medios materiales”. Y reafirmó, como lo hizo la Cámara Criminal III meses atrás, la existencia de “lealtades policiales” que en gran medida se percibieron durante las audiencias del juicio.

La confirmación de la prisión preventiva cobra así un doble sentido. Por un lado reafirma la lucha que venimos dando por Pablo y por la prisión perpetua y efectiva al policía Jorge Villegas. Pero, al mismo tiempo, pone en evidencia que las prácticas violentas de la policía son estructurales, y es la propia institución policial la primera en otorgarle impunidad a estos hechos.

En estos días la Policía de la Provincia de Río Negro atraviesa una de sus mayores crisis institucionales por la desaparición del policía Lucas Muñoz, hecho que pone en evidencia el poder que tiene el propio Estado de desaparecer y aniquilar a quien quiera, incluso a un propio efectivo policial.

El fallo del Superior Tribunal viene entonces a poner en evidencia y reafirmar este entramado de impunidad que envuelve al accionar judicial en la Provincia. Y tenemos claro que sólo fue posible gracias a la lucha que fuimos construyendo en estos últimos años en nuestra ciudad.

Somos conscientes de que es pequeño pero inmenso el logro conseguido en una Provincia donde la impunidad policial es el principio rector. El caso de Daniel Solano, de Atahualpa Martínez Vinaya y de tantos otros pibes asesinados por balas policiales lo demuestra.

La impunidad judicial y el privilegio a las fuerzas policiales seguirán existiendo. Pero sumamos un nuevo precedente que, al igual que la perpetua conseguida en febrero, nos lleva a seguir pronunciando siempre los nombres de quienes murieron por el accionar del Estado.

*Abogada, parte de la Coordinadora 13 de Enero

Source

El viernes pasado la sentencia fue unánime y Jorge Villegas fue encontrado culpable de homicidio. Dialogamos con la abogada de la familia de Pablo y la Coordinadora Antirrepresiva 13 de enero.

En un fallo unánime, la Cámara Tercera determinó que Jorge Villegas, el policía que disparó desde muy corta distancia y asesinó a Pablo tuviera una pena de prisión perpetua por “Homicidio calificado por la calidad del autor y por la utilización de arma de fuego” y  la “inhabilitación especial por el termino de diez años para ejercer cargos en fuerzas públicas policiales y-o de seguridad”, según puede leerse en la sentencia.

Victoria Naffa es la abogada de la familia de Pablo y representó a su madre, María del Carmen Ñancufil, como querellante. Marcha conversó con ella para conocer algunas impresiones de la sentencia: “No podemos decir que estamos contentos o felices por el resultado, porque no estaríamos acá si no hubiesen matado a Pablo. Pero sí estamos conformes porque se sentó un precedente importante en la provincia de Río Negro. Es el primer caso que se condena a perpetua en esta primera instancia de juicio oral”, explicó Naffa.

Por su parte, desde la “Coordinadora Antirrepresiva 13 de enero – Fiske Menuco”, quienes vienen trabajando en conjunto con la familia y sosteniendo la lucha codo a codo, agregaron en una detallada crónica: “El fallo reconoce que Villegas asesinó a Pablo en cumplimiento de sus funciones (‘En el caso de autos, resultó acreditado que Villegas, aun encontrándose en uso de licencia, utilizó el arma reglamentaria provista por la institución policial de la provincia para dar muerte a Pablo Vera´)”. Se trata de otro precedente importante para la oscura historia policial de la provincia de Río Negro, ya que “el Estado Rionegrino obliga con sus leyes a que los policías porten el arma las 24 horas,  y a que hagan uso de ese arma cuando lo consideren oportuno”. “Por lo que pese a estar de licencia, a la hora del día, a la portación o no de un uniforme, cuando un policía mata, el que apunta es el Estado”, concluyen desde el informe.

Una bala y una policía que teje complicidades

Recordemos que el 25 de septiembre de 2014, a las 6 de la mañana, el policía Villegas había matado de un tiro en la nuca a Pablo, de 23 años. Su justificación inicial fue que Pablo estaba adentro de su auto e intentaba robarlo. Después de más de un año se pudo llegar a este juicio. En el medio, hubo miles de trabas para poder acusarlo, cientos de mentiras, decenas de encubridores vestidos de uniformes, y una familia que nunca bajó los brazos, más allá de amenazas, encarcelamientos y torturas. “Si no encaramos esto no había nadie que lo hiciera, mi vieja está muy triste pero quiere llegar hasta el final. El miedo siempre está pero llegamos a esta instancia por Pablo”, le habían dicho los hermanos a Marcha.

Por eso este fallo es importante para la familia y quienes acompañaron, pero también apuntó al corazón de una Provincia que cuenta con policías avalados por la justicia y por parte de la sociedad: por ejemplo, es uno de los pocos lugares donde se han presenciado marchas a favor de policías acusados de asesinato, tanto en este caso por las calles de General Roca, como en el caso del trabajador desaparecido en noviembre de 2011 en Choele Choel, Daniel Solano. Por todo esto, afirma la abogada Naffa: “En este sentido este fallo rompe de alguna manera con este mensaje de impunidad y con este entramado policial-judicial en hechos que involucran violación a derechos humanos por parte de efectivos policiales”.

Respecto de la prisión de Villegas, Naffia explicó que “el Juzgado dispuso la detención, pero dejó su instrumentalización a la Jefatura de la Provincia de Río Negro, quien dispuso que Villegas se alojara en el establecimiento del COER, un espacio gobernado por la propia policía, que no es una unidad de detención y donde sin duda alguna se le dará un alojamiento de privilegio”. En ese sentido, opina: “Esperemos que se normalice la situación y se le de el tratamiento que corresponde”.

Una familia que no bajó los brazos

La familia de Pablo salió desde un principio, con las herramientas que tenía, a decir en la calle y frente a los Tribunales su verdad. Contó después con el apoyo de la Coordinadora 13 de enero y con tantas compañeras y compañeros que se fueron sumando al reclamo. En ese marco, también estuvieron acompañando Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, asesinado por la policía el 26 de junio de 2002, y Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, secuestrado y asesinado por la policía bonaerense en 2007. Y, por supuesto, la inmensa Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, junto a cada causa que la convoque.

También recordó que la familia tuvo que atravesar por estigmatizaciones, dilaciones por parte de la Justicia e incluso torturas por parte del poder policial, “y cómo el Poder Judicial se encargó de judicializar su reclamo y dejar impune la represión y las torturas”. Por eso, afirma: “Es difícil en este contexto salir a luchar contra todo ese aparato, y eso hace que la perpetua lograda sea realmente valiosa para futuras luchas”.

Todas las voces de encargaron de poner este “pequeño triunfo” en perspectiva. De recordar que estos son casos con nombres y apellidos, en este caso Pablo Alejandro Vera, pero que representan las batallas cotidianas que familiares, amigos y amigas, militantes, coordinadoras antirrepresivas y organizaciones de derechos humanos enfrentan cada vez que un policía mata a un pibe o una piba con su arma reglamentaria y el poder que le otorga el Estado.

Recordemos que, hace unos días, la misma familia de Pablo nos había expresado: “Hacemos todo esto para que no se vuelva a matar a los pibes o que si pasa salgan a pedir justicia y para que no los ensucien más”. Se trata de sentar precedentes, de seguir construyendo juntas y juntos y de, como dicen desde la Coordinadora 13 de enero: “Sabiéndonos parte de esta correlación de fuerzas y de que podemos cambiar la historia, no callaremos”.

Source

El próximo viernes 11 de marzo a las 12 y en la Ciudad Judicial, será la sentencia contra el policía Jorge Villegas, acusado de matar a Pablo Vera en un caso de gatillo fácil. Conversamos con la abogada querellante y con familiares de Pablo.

El 25 de septiembre de 2014, muy temprano, cuando era aún de noche, el policía Jorge Villegas mató de un tiro en la nuca a Pablo, de 23 años. Su justificación inicial fue que Pablo estaba adentro de su auto e intentaba robarlo. Después de más de un año se pudo llegar a juicio, y acusarlo de homicidio. En el medio, hubo miles de trabas para poder acusarlo, cientos de mentiras, decenas de encubridores vestidos de uniformes, y una familia que nunca bajó los brazos, más allá de amenazas, encarcelamientos y torturas. “Si no encaramos esto no había nadie que lo hiciera, mi vieja está muy triste pero quiere llegar hasta el final. El miedo siempre está pero llegamos a esta instancia por Pablo”, dicen.

La ciudad de General Roca (o Fiske Menuko, tal su nombre originario) se en la zona de Alto Valle, en la provincia de Río Negro. El barrio Gómez, donde vivía Pablo y aún vive su familia, está cercano a la zona frutícola lindera al galpón de Expofruit, compañía conocida en la desaparición del trabajador Daniel Solano hace ya más de cuatro años.

La policía de Río Negro tiene un prontuario frondoso de abusos de autoridad, represiones feroces, vínculos abiertos con los poderosos y amedrentamiento a jóvenes, trabajadores y, por supuesto, pobres.

Jorge Villegas prestaba servicios en la Unidad Regional II de esa provincia. Está acusado de “Homicidio doloso triplemente agravado: por empleo de arma de fuego, por abuso de la función policial y por alevosía”. Así lo explica la abogada Victoria Naffa, quien está al frente de la causa como representante de la querella: “El arma era la reglamentaria, una 9mm, y estaba bajo el estado policial, situación jurídica prevista en la ley orgánica de la policía provincial, por la cual los policías no sólo están obligados a portar el arma y a usarla cuando la situación lo amerite. La alevosía se relaciona con que el disparo fue por la espalda, a 2,5 cm de distancia y con Pablo en un total estado de indefensión”.
La primera tarea de la abogada, de la mano de la Coordinadora 13 de enero, fue desterrar la hipótesis del robo porque fue la estrategia inicial, tanto de la policía como de los funcionarios judiciales para legitimar el asesinato. En ese sentido, explica: “Se usaron las huellas del auto de la parte de afuera pero no pudieron encontrar ninguna por dentro, entre las pertenencias de Pablo no se encontró ningún elemento contundente que pudiera generar el daño que el auto tenía, los policías que intervinieron fueron los únicos testigos del procedimiento y hubo contradicciones en sus declaraciones (por ejemplo: en determinar si la puerta del auto estaba abierta o no)”. Y agrega: “La querella apuntó a dos ejes: uno, la manipulación de la escena destinada a orientar la investigación al robo de Pablo en vez de investigar el asesinato por parte de Villegas. Otro, la mecánica del hecho del disparo: el policía habló de un forcejeo y el perito balístico determinó que no pudo tratarse de un disparo accidental”.

Mientras los diarios locales hablaban del “ladrón abatido” (así comenzaba la noticia del 26 de septiembre de 2014 en el diario Río Negro: “Un policía que estaba de licencia, a sólo unos meses de jubilarse con un legajo impecable, mató de un tiro en la nuca a un joven que quiso robarle el auto en la puerta de su casa y quedó detenido”), la familia enterraba a Pablo y fueron los mismos amigos quienes les dijeron: “Esto no puede estar así. Hay que salir a la calle para mostrar que la policía mató a un pibe como cualquiera de nosotros”. Así surgió la primera marcha espontánea, desde la avenida principal hasta Tribunales, para pedir justicia. Y para que sepan, también, quién era Pablo.

¿Quién era Pablo?

Pablo había nacido un 12 de septiembre y había cumplido los 23 años hacía unos días. Uno de sus hermanos lo describe como “cumbiero, alegre y muy amiguero”. Por eso tantas y tantos decidieron organizarse ese día para marchar por él. Con 15 hermanos más, su padre falleció cuando Pablo tenía 6 años “así que los mayores, que teníamos 16 o 17 años, criamos a los más chicos a la par de mi madre”. Aclara, para que nadie se olvide, “mi viejo nos enseñó a trabajar, y así se formaron los más chicos. Pablo era trapito en el centro y también trabajaba en un aserradero”. Y no es un detalle menor, porque también tenía una hijita, Tatiana, de 5 años, a quien no le contaron aún y que lo espera cada tarde mirando por la ventana para que regrese el camión que lo llevaba del trabajo a su casa.

Repiten, los hermanos, más de una vez durante la charla que “Tatiana era su alegría”, que “el Gordo”, como le decían cariñosamente, daba todo por ella,  que solía volver del trabajo, armar una casita para ella con las frazadas y ponerse a jugar a la par. Por eso dan vueltas para contarle la verdad: “¿Cómo le explicás a una nena de cinco años que su papá no va a volver?”, se preguntan en voz alta.

También cuentan de lo que le gustaba estar con la familia y de que era el que organizaba las reuniones familiares para las fiestas o los cumpleaños: yendo casa por casa, convenciéndolos… por eso “al Gordo se lo extraña todos los días”, aclaran.

Pablo vivía con su madre, María, y a esa casa llegó una orden de allanamiento a nombre de “Pablo Alejandro Vera” el día que lo mataron. Esa misma casa fue baleada el último martes de febrero,  el “después de la marcha que hicieron policías y familiares de Villegas”, el policía acusado.

Volver a empezar

Durante aquellas primeras marchas, luego de que soltaran a Villegas y fueran a reclamar a Tribunales, familiares, amigas y amigos sufrieron una respuesta feroz de parte del (en ese entonces, flamante) grupo COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate, ex BORA). En ese entonces sufrieron traslados y torturas en la Comisaría 21, y el miedo se apoderó de muchos y muchas. “Después de eso pararon un poco las marchas porque había mucho miedo y seguía habiendo amenazas. Pero tuvimos que volver a empezar, no bajar los brazos por justicia para Pablo”, cuentan.

Luego de que más de 20 testigos dieran testimonio, las y los jueces de la Cámara Tercera del Crimen; Fernando Sánchez Freytes, Verónica Rodríguez y Laura Pérez determinaron que la sentencia será el próximo viernes 11 de marzo al mediodía.

Mientras esperan una condena ejemplar, la familia completa: “Hacemos todo esto para que no se vuelva a matar a los pibes o que si pasa salgan a pedir justicia y para que no los ensucien más”.

Source