Por Huerquen* / Foto: Alvaro Ybarra Zavala / Getty Images

Hoy que la pandemia nos hizo familiar hablar de curvas y picos, hacer el mismo ejercicio con el modelo agrícola es esclarecedor de su inviabilidad: en estos más de 20 años el aumento de la superficie sembrada y de los rindes por hectárea, no se corresponden con el aumento de la cantidad de kilos/litros de agrotóxicos aplicados y liberados al ambiente. Mientras las dos primeras crecen aritméticamente, la última crece exponencialmente. En 1996 se usaban 3 litros de glifosato (al 48%) por hectárea, y hoy se están usando casi 14 (encima del 60% de promedio) dice Eduardo Cerdá de RENAMA, y con mezclas de químicos sobre las que no sabemos su dinámica en el ambiente y menos su impacto biológico.

Ya sabemos lo que pasa cuando las curvas se disparan: en los Pueblos Fumigados de la pampa húmeda y del norte argentino han cambiado las formas de enfermar y morir. Además de una lista larga de enfermedades que tocan demasiadas puertas en cada localidad, como el cáncer, los problemas de tiroides, dolencias respiratorias, digestivas y epidérmicas o nacimientos con malformaciones; abordar la complejidad del modelo nos lleva a reconocer todo lo que han cambiado la forma y el rostro de nuestros territorios.

Benito Juárez, al centro-sur de la provincia de Buenos Aires, es uno de los tantos partidos donde el agronegocio hizo pie hace tiempo y tenía una ordenanza cuya única restricción a los venenos del agro eran el asfalto y el timbre de la escuela; pero que el jueves 25 de junio votó su nueva ordenanza “buenas prácticas ambientales en el uso de agroquímicos”. Como en todos y cada uno: una historia aparte, y una parte del todo.

Juárez

Rodolfo Tula, además de vecino de “Juárez” es ingeniero agrónomo y trabaja en el INTA: “este modelo basado en la dependencia de insumos externos y fuerte demanda de capital que hoy es hegemónico, impactó en Juárez con cambios muy profundos durante las últimas décadas. Acá por ejemplo desde 1960 tenemos casi la misma población en todo el partido, 20.300 habitantes, pero cambió donde están ubicados: si en 1960 había 6.000 personas en la ciudad cabecera, en el 2010 estamos en 14.000. Disminuyó la gente que vivía en zonas rurales. Cambió la relación entre lo rural y lo urbano, en lo comercial, y lo social en el sector rural. También cambió el número de explotaciones agropecuarias, según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, desde el 2002 la provincia de Buenos Aires pierde casi el 30% de los establecimientos. Este es un modelo que expulsa a la gente del campo y que además hace desaparecer las explotaciones más chicas, porque es muy demandante de escala y de capital.”

Mauro Jáuregui, que forma parte de la Asamblea de Autoconvocadxs por la Salud Ambiental (AASA) que viene denunciando los impactos de las fumigaciones, concuerda: “Acá había puestos por todos lados con familias enteras. Desde los 90 eso empieza a cambiar y comienzan a desaparecer escuelas por falta de alumnos, por falta de puestos. Eso produce un desarraigo enorme. El pueblo no puede absorber a toda esa gente por falta de trabajo y mucha gente se va a otras ciudades más grandes como Tandil”.

Rodolfo continúa: “Los agroquímicos también impactan fuertemente en la pérdida de biodiversidad y en la salud; además generan daños y conflictos entre particulares. De todo esto surge la necesidad de ordenar el territorio y legislar sobre la aplicación de estos productos”.

Discusión territorial y ordenanza

En 2014 la Municipalidad decide trabajar un plan de ordenamiento territorial, y para su confección se realizan talleres en todas las localidades del partido, con participación del INTA y distintos actores comunitarios, abordándolo en su complejidad. “Talleres abiertos y participativos donde tomábamos inquietudes y demandas de los vecinos sobre su territorio. Un plan que entiende que la respuesta es socio-técnica, con las personas y lo intereses colectivos adentro, y con un componente ético indivisible de cualquier análisis. A su vez talleres sectoriales con productores, con jóvenes, con la junta de comisiones vecinales; y todo eso sumado al trabajo en gabinete con datos topográficos, de la escorrentía de aguas, de las relaciones comerciales con partidos vecinos, etc. Se genera un diagnóstico que se presenta en un taller con todos los actores de la comunidad, y se presentan los temas que surgieron más fuertemente. Uno de ellos es la necesidad de restringir la aplicación de agroquímicos, que queda fuertemente instalado y con la urgencia de trabajarlo”.

Para Rodolfo el debate multisectorial permitió consensos, que sin negar matices y diferencias, fue la base de un proyecto de ordenanza que, en agosto de 2018, todos los bloques del concejo deliberante local se comprometían a votar. 48hs antes del tratamiento, el bloque de Cambiemos que tenía la mayoría rompe el acuerdo, y presenta un proyecto propio que permitía fumigar a 30 metros de la zona urbana, y lo vota. De los 7 miembros de su bloque 6 son productores agropecuarios que utilizan agrotóxicos, y uno además es aplicador.

Esa ordenanza es vetada por el intendente y proyecto original vuelve a primer plano. Este proyecto se votó el pasado 25 de junio y se aprobó por unanimidad.

De la lectura de la ordenanza y anexos anotamos: Se establecen «Zonas Verdes”, de exclusión de fumigaciones, en el polígono que rodea a cada centro urbano (Benito Juárez, Villa Cacique, Barker, Estación López, Tedín Uriburu, Bunge y El Luchador) desde 400 a 800 metros, y 2 km para aplicaciones aéreas. “Zonas buffer” de 500 metros de los pozos de dotación de agua, y 50 metros a cada lado de los límites de cursos y espejos. 500 metros de exclusión para escuelas rurales, viviendas habitadas y “unidades de producción no convencionales”. Se delimitan con detalle condiciones climáticas de fumigaciones y se establece la plantación de “Vegetación Testigo” que “podrá dar cuenta del daño por agroquímicos”. Prohibición de fumigar banquinas consideradas como espacio de resguardo ambiental. Un observatorio y seguimiento satelital.

Balances

“Creo que es la única ordenanza que se hace en el partido con participación de un montón de actores” dice Mauro y continúa: “Creo que eso la hace destacada, que ha sido amasada, leudada, cocinada en una mesa muy grande. Y me parece muy importante que se hizo bien horizontal.”

Para Rodolfo “lo más destacado de la ordenanza es que se habla del modelo, y no sólo de la toxicidad de los productos sobre la salud y el ambiente, que por supuesto era una cuestión central; pero todas las intervenciones que se hicieron en el recinto fueron en el sentido de hablar de qué generó y qué genera un modelo que expulsa a la gente del campo, que brinda menos mano de obra, que necesita capital para sostenerse, que disminuye la biodiversidad, que no genera alimentos a nivel local. Todo esto se puso en relieve. Logramos que se aborde la complejidad y no es fácil evadir estas discusiones donde se plantean visiones reduccionistas sobre limitar las derivas, sobre las llamadas buenas prácticas y que en general llevan a un cuello de botella donde todo queda supeditado a una o dos variables.”

“Lo otro a destacar es el logro que mediante el plan de ordenamiento territorial podamos decidir soberanamente cómo queremos vivir los vecinos del partido. Se planteaba esperar a que venga la ley provincial y nosotros dijimos que no, que tenemos el derecho de decidir colectivamente como queremos vivir, relacionarnos, qué queremos fomentar y qué no; como por ejemplo que los lugares de restricción son para promover otro modelo productivo como es la agroecología. Es un gran avance” concluye.

Juárez, pandemia y después

Lo de Juárez es particular y también general; un proceso concretísimo a su vez conectado con lo que sucede en muchos otros pueblos de la pampa húmeda. Ahí donde grupos de vecinos y organizaciones sociales enfrentan (de distintas maneras) el lobby del agronegocio que encarnan organizaciones como CASAFE, Aapresid, CREA, la Sociedad Rural u otras, impulsando ordenanzas que obligan a las y los vecinos convivir con los agrotóxicos; desplegando un discurso fuertemente negacionista de su impacto negativo en lo sanitario, lo ambiental y (también en) lo económico; y además con aceitadas conexiones con determinadas representaciones políticas.

También es elocuente de la importancia del rol del Estado cuando se decide a ponerle límite a este poder económico; y también de los límites del consenso como quienes fantasean con poder “poner en suspenso” la lógica del capital.

A su vez “abordar la complejidad” como plantean en Juárez es algo distinto a los discursos maximalistas que contraponen el debate de “metros de exclusión” con “discutir el modelo”. Discutir el modelo, más que una declamación, implica justamente abordar esa complejidad en lo concreto de sus particularidades para avanzar (y que no avancen). Esos metros ganados son importantes para la vida de los y las vecinas de Juárez y para la construcción ahí de experiencias agroecológicas, y esto sigue.

Para Mauro “La ordenanza sale ahora en medio de semejante crisis; lo que queda es lo propositivo, es la producción agroecológica, es hacer de estos pequeños pueblos unidades productivas; que puedan asociarse, que puedan dar alimentos sin veneno”.

Para Rodolfo “Esta coyuntura, que es tremenda en un montón de aspectos, nos brinda una oportunidad de reflexionar; antes en los periurbanos había muchos productores familiares, diversificados, chacras mixtas que proveían al pueblo de alimentos sanos y frescos; y es innegable que ese es un modelo más soberano alimentariamente, muchísimo menos dependiente, esto nadie lo duda y es una conclusión muy grande. Están apareciendo herramientas, desde el Estado nacional y provincial, que incluyen todo esto, y están las organizaciones sociales gracias a las que el tema está instalado”.

*Publicada originalmente en Huerquen

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Por Vivian Palbmaum y Laura Salomé Canteros* / Foto: gobernación Mendoza

El viernes pasado, con huelgas de hambre, batucadas y medidas de protesta pacíficas, presos y presas de cárceles y otros lugares de detención del país decidieron derribar, una vez más, los muros que parecen separarles. Exigieron se respeten derechos básicos a pesar del miedo, la preocupación e incertidumbre de sus familiares. Poniendo frente a la opinión pública situaciones coyunturales y carencias históricas: sobrepoblación y tratos crueles e inhumanos en épocas de pandemia y de la paradoja del encierro como privilegio.

A un sistema penitenciario en crisis se sumó el peligro de contagio de COVID19. La movilización de lxs presxs para defender el derecho a la vida obligó a autoridades a que se implementaran medidas urgentes y movilizó a gabinetes ministeriales de Nación y provincias frente a la inacción de jueces y la represión de agentes del Servicio Penitenciario. 

La intervención de organismos de Derechos Humanos en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) fue clave para que se tenga en cuenta la situación de las personas detenidas en función de su edad, la preexistencia de enfermedades, de la madres y otras situaciones potenciales que aumentan el riesgo frente al coronavirus. De esta forma, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires otorgará la prisión domiciliaria a unxs 2.300 presxs que integran los grupos de riesgo, que están a punto de cumplir sus condenas o están encerradxs por delitos menores.

Un panorama nacional

Río Negro. En Choele Choel, las protestas comenzaron tras la confirmación del positivo de COVID 19 de un trabajador de la salud el pasado 9 de abril, quien luego falleció. Desde entonces, se tomaron varias medidas de aislamiento pero los presos siguieron denunciando el abandono y la falta de protocolos sanitarios frente a la pandemia.

La Rioja. Hace pocas horas se iniciaron medidas de protesta en los pabellones 6, 7, 8, 10, 11 y 12. El reclamo fue pocas horas después de la muerte de otro detenido en un episodio más que confuso. Policía y fuerzas de seguridad reprimieron a familiares y la ministra Gabriela Asis confirmó 18 heridos, entre presos y personal del servicio penitenciario. 

Mendoza. En la cárcel de Borbollón, las mujeres privadas de su libertad protestaron durante cinco días. El viernes 24, al igual que en otros penales, exigieron medidas de protección; sin embargo, la respuesta fue la represión con balas de goma y además el ingreso de agentes de otra cárcel de la provincia. Como consecuencia, cinco mujeres terminaron heridas, una de gravedad; según pudo constatar el Comité de Prevención de la Tortura. “El reclamo de las mujeres tiene como fundamento el incumplimiento del Habeas Corpus resuelto en el marco de la pandemia”, ratificó el Comité en un comunicado que contradijo la versión de la gobernación de la provincia que afirmó que no hubo heridas tras la represión. Tras el “ruidazo” -protesta golpeando puertas-, pudieron acceder a teléfonos celulares.

En el Complejo Penitenciario de Boulogne Sur Mer, el Comité provincial realizó entrevistas a las personas privadas de su libertad que están en huelga de hambre, una medida de fuerza que lleva 15 días. Se constató que no hubo respuestas a los pedidos por parte de las autoridades que son tres: celeridad en el otorgamiento de prisiones domiciliarias a personas que integran grupos de riesgo enmarcados en el COVID 19; pronta resolución de trámites de libertad asistida y condicional; y aplicación de protocolos de salud en los complejos penitenciarios. La mesa intersectorial de diálogo aún no ha sido conformada.

Corrientes. El martes 21 en la Unidad 1 de Corrientes capital, el Servicio Penitenciario reprimió la protesta que realizaron los detenidos de manera brutal. La protesta, que se inició el lunes pasado con una huelga de hambre en demanda de la aplicación de libertades anticipadas y prisión domiciliaria a quienes integran grupos de riesgo. Como consecuencia de la represión uno de los detenidos resultó muerto y 14 personas heridas. 

Chaco. El domingo 26 por la noche iniciaron una huelga de hambre la totalidad de quienes habitan la Unidad Penal 11, unos 450 detenidos y en el Complejo Penitenciario Federal en demanda que se tomen las medidas sanitarias y de protección necesarias, con demandas similares a las demás unidades penitenciarias.

Santa Fe. Desde el domingo 26, los presos de las cárceles de Piñero y Coronda, se encuentran en huelga de hambre. Fue tras el acuerdo al que llegó la mesa de diálogo en la cárcel de Devoto y en exigencia al poder judicial de que “no hagan abandono de persona”. Así lo manifestaron a través de las banderas que colgaron en los pabellones: “No estamos condenados a muerte” y “Huelga de hambre pacífica por nuestros derechos”. En la Unidad 11 de Piñero, quienes están al frente de los reclamos son los presos de los grupos de alto riesgo en la salud.  

Buenos Aires. El Servicio Penitenciario Bonaerense asesinó el miércoles 22 a Federico Rey en la Unidad Nº 23 de Florencio Varela. Por su parte, en la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes el Servicio Penitenciario local mató a José Candía. El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires relevó a la cúpula penitenciaria de la Unidad 23 de Florencio Varela. La autopsia determinó que Federico Rey fue asesinado de 8 impactos de bala, al menos uno de plomo.

Aún se desconoce las medidas que tomará el ejecutivo provincial que tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida y la integridad de las personas privadas de su libertad frente a los abusos a los que se ven sometidos por las fuerzas que están a su cargo. Mientras lo piensan, no estamos todas, porque la represalia recayó sobre una de las más vulnerables: en la U40 de Lomas de Zamora, Magaly Saraco de Medina, quien fue sacada de su celda de manera ilegal y depositada en los buzones de castigo, dónde en la madrugada del día de hoy apareció sin vida. El Servicio Penitenciario intenta instalar la conocida hipótesis del suicidio frente a las prácticas ilegales de los buzones de castigo.  

Desde la Unidad Nº 17, Pabellón 1, de Urdampilleta, también en huelga de hambre pacífica, se escuchó la voz que traspasó los muros, y que con el código en la mano dice “solamente estamos reclamando por nuestros derechos, estamos pidiendo lo que está establecido en la Constitución Nacional y en el Código Penal. Morigeraciones y excarcelaciones preventivas por el coronavirus. Nosotros queremos hacer la protesta de manera pacífica, no queremos llegar a lo que pasó en otras unidades, no queremos la muerte de ningún otro pibe, por eso venimos de manera pacífica a hacer eco de lo que nos corresponde”. Las voz de los presos aludió al fallo de los doctores Violini y Borinsky, de la Cámara de Casación Penal de La Plata, que ordenaron que se aplique el beneficio de la excarcelación a las personas que se encuentran en grupos de riesgo, por edad y porque están cercanas a cumplir la pena para disminuir el riesgo de contagio que puede haber. “Si ingresa el virus morimos todos, es un genocidio lo que puede pasar acá”. Por el reclamo que llevan adelante en ese pabellón, los detenidos están “engomados”, en la celda como castigo. Además hicieron notar que la trasmisión de la enfermedad a la población carcelaria podría llegar solamente vía el Servicio Penitenciario, “porque nosotros desde acá no nos movemos”.  

También se sumaron al reclamo, la Unidad 33 de Florencio Varela, la Unidad 15 de Batán, la Alcaldía de Campana, la Unidad 5 de Dolores, la Unidad 27 Pabellón 3, la Unidad 57 Pabellón B5, la Unidad 37 de Barker, los buzones de la Unidad 28, la Unidad 46 Pabellón 1 y 2 de San Martín, la Unidad 48, Pabellón 9 de San Martín. También la protesta se extendió a las unidades de mujeres: Unidad Nº 54 Pabellón 1 de mujeres, Unidad 33 y 8, en donde hay pabellones de madres, donde las mujeres están detenidas cumpliendo la condena con sus hijes. También en la Unidad 4 de mujeres de Ezeiza, las presas hicieron un reclamo pacífico para que se respeten sus derechos.

Tal como reveló el comunicado, el viernes pasado, “el motivo de los reclamos fue que en estos días se confirmó que un detenido de la Unidad Penitenciaria N° 42 de Florencio Varela tiene COVID-19 y hasta hace pocas semanas había estado alojado en la Unidad N° 23, de la misma localidad”.  Además mencionan que se sospecha de un caso de COVID-19 en el penal de Melchor Romero y se  teme que haya más casos que no se estén dando a conocer. Hace pocas horas se reveló que uno de los detenidos que falleció en la protesta de Devoto también estaba infectado por el virus, lo que significa una situación de extrema gravedad. Tampoco los protocolos de resguardo se vienen respetando. 

La protesta en Devoto, la presencia de familiares y organismos y la presión de  organizaciones lograron que se firmara un acuerdo para una mesa de diálogo que se inició el sábado pasado. Estuvieron presentes jueces de la Cámara de Casación, el Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representantes del CNPT y Procuración Penitenciaria, Defensoría General de la Nación, PROCUVIN, CLPT CABA y representantes de los pabellones de los módulos I, II, III, V y VI del complejo. Se entabló un diálogo donde se escuchó la voz de los internos alojados en los pabellones que propusieron como primera medida concreta “que se considere que lo que aquí se trata abarca el universo de alojados en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, por lo que no solo era un tema de la Cárcel de Devoto (Complejo penitenciario federal de la CABA) y los temas tratados se comunicarán al resto de la población penal del país del sistema federal”. Al finalizar la mesa, los delegados de los pabellones sometieron a consideración de sus compañeros, con una lectura a viva voz, de lo resuelto en este primer encuentro.

Algunas de las demandas de las protestas que continúan son: domiciliarias para grupos de riesgo; libertades condicionales para quienes están con plazo cumplido y/o que están a poco de cumplirlo y no fueron condenadxs por delitos violentos, cortar con lo que llaman “abuso de preventivas”. También: garantizar condiciones dignas para quienes habitan las cárceles (materiales de profilaxis, turnos no recargados y atención sanitaria). El reclamo es claro: no lleguemos tarde a las cárceles. La situación se suma a la crisis del sistema penitenciario en su conjunto, con sobrepoblación, falta de acceso a la salud, la higiene, el trabajo y la educación, con alimentación insuficiente, falta de colchones que obligan y muchas otras violaciones de derechos elementales para la vida digna, porque el único derecho del que lxs presxs están privados es el derecho a la libertad.

A esto se respondió con balas de goma, gases lacrimógenos y la amenaza de detención ya que, en las inmediaciones de Devoto, por ejemplo, familiares se hicieron presentes para pedir que cese la represión dentro del penal y garantizar la integridad de quienes realizaban la medida de protesta. Con un comunicado, las organizaciones exigieron que cese la represión y que se garantice la integridad física de lxs detenidxs en distintas unidades.

Doble vulneración

En los últimos años, en Argentina se ha podido observar un crecimiento exponencial del encarcelamiento de mujeres trans y travesti. Los últimos datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), dan cuenta de una creciente criminalización hacia este colectivo por la ley de 23.737, ya que siete de cada diez se encuentran privadas de su libertad por infringir la ley de estupefacientes. Para finales del 2018, el 76 % se encontraba detenida sin condena firme. Entonces, la ley de drogas actúa de forma discriminatoria y desproporcionada contra las mujeres trans y travestis, dejándolas expuestas a múltiples situaciones de violencia institucional en las cárceles.

Para las travestis y las mujeres trans privadas de libertad, la Ley de Identidad de Género no se tradujo en mejoras en las condiciones y calidad de vida en las cárceles. Deudas que son vulneraciones de derechos, actos de discriminación y violencias hacia este colectivo por motivos de identidad de género; tales como la ruptura de vínculos familiares, con amigues y con la comunidad, y servicios de educación y salud inadecuados. Dentro de las cárceles y como castigo, las mujeres trans son transferidas frecuentemente de una prisión a otra por exigir sus derechos y pueden ser ubicadas en áreas donde existen peores condiciones. De este modo, el acceso al derechos a la educación, capacitación y otros servicios es limitado.

Por eso, la emergencia es también considerar la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las personas que están doblemente vulnerables: para travestis, trans y no binaries no hay tiempo. Son un grupo de riesgo que padece las múltiples consecuencias en sus cuerpos golpeados por una histórica marginación. Es una necesidad que se halla invisibilizada y que necesita una pronta resolución por parte de jueces y ejecutivos.

La pandemia es el encierro sin derechos

*agradecimientos: Periodismo Explícito (Mendoza) y Cartago TV (Río Negro)

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La caída de la actividad económica y el freno a la obra pública hace que el gobierno apueste por el programa de Participación Pública Privada (PPP) con escasos controles públicos. 

La actividad económica tuvo un freno por segundo mes consecutivo (0,2% durante febrero, 0,1% en marzo respecto del mes anterior), de acuerdo a los datos del Indec.

La caída más significativa se concentró en la agricultura y ganadería con una reducción del 5,5%, como consecuencia de las menores cosechas por las adversas condiciones climáticas.

Si bien la construcción tuvo un alza del 5,9%, el porcentaje es bajo teniendo en cuenta que desde junio del año pasado venía creciendo a tasa de dos dígitos. Esto se debe a la reducción de inversiones del Estado en obra pública e infraestructura.

Freno a la obra pública

Nicolás Dujovne dio a conocer que se ajustará el presupuesto destinado a la obra pública en $ 30.000 millones. Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, de buen diálogo con el Ejecutivo, sabe que la parálisis de los proyectos viales y de infraestructura que motoriza el Gobierno afectará de lleno a su sector y habló de “incertidumbre” en la construcción.

En la estructura del Gobierno hay solo tres ministerios que ejecutan obra pública: Energía, Transporte e Interior y Obras Públicas. Dejará de invertir en infraestructura en los dos primeros. Los fondos que le tocan a Interior en principio no se tocarían como prenda de cambio con los gobernadores.

El gobierno apuesta a que el programa de Participación Pública Privada (PPP) sea una tabla de salvación para la obra pública. El jueves 17 se hizo la apertura de los sobres con las ofertas económicas para seis corredores viales, que suponen una inversión de U$S 6.000 millones.

La presentación llegó después de dos años de esta iniciativa por parte de las autoridades y de demandas de las constructoras locales y extranjeras para hacer al PPP más “atractivo” para las empresas.

El último de los beneficios fue destinar todo lo que se recauda al impuesto al gasoil al pago de los PPP. Por medio del Decreto 301/2018, Cambiemos definió “destinar a partir del 1° de enero de 2020 la totalidad de los fondos con cargo al Sistema Vial Integrado (Sisvial) al Fideicomiso Individual PPP que se constituya conforme lo previsto en el artículo 60 de la Ley 27.431 para el Programa Red de Autopistas y Rutas Seguras (RARS) con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas de conformidad con lo establecido en el artículo 23, inciso g) del Decreto 976/01”.

Este incentivo se sumó a otros que habían sido otorgados por las mismas razones: la chance de discutir diferencias en tribunales internacionales; los cambios impositivos que permiten eximir a los privados del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de Ganancias; el permiso para importar maquinaria temporariamente y sin costo; y la suba a los valores de los peajes,  una vez que estén terminadas las autopistas.

En la agenda siguen obras con una línea ferroviaria desde Vaca Muerta a Bahía Blanca, centrales térmicas, edificios para el servicio penitenciario, hospitales y hasta iluminación pública.

Son conocidos los reparos del FMI sobre esta forma de financiamiento, ya que el pago de estas obras será a través de un bono público, que los funcionarios de Cambiemos niegan que sea deuda pública. No obstante, se trata de un compromiso que asume el Estado.

Sin embargo, hay dudas sobre la efectividad de los PPP. Para Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción “no reemplazan a la obra pública, la complementa. El esquema de PPP es factible para obras de magnitud; para obras de menor monto, como la construcción de acceso al agua, cloacas, pavimento en un barrio o una escuela, no puede realizarse por PPP, se hace con obra pública tradicional. Esta es la parte que va a estar complicada”, dijo.

Poco control

La Auditoría General de la Nación (AGN) tendrá serias dificultades para controlar los PPP, lo cual privará de fiscalización apropiada a un conjunto de emprendimientos a licitar en los próximos años por un valor estimado en U$S 130.000 millones; deuda estatal que honrarán las próximas administraciones.

Una de las particularidades del sistema es que los emprendimientos no están bajo la Ley de Obra Pública, ni el reglamento de contrataciones de la administración nacional, con lo que el seguimiento de esos contratos no es competencia de los órganos de contralor habituales. Tampoco le cabe las pautas de cancelación en moneda nacional de deudas contraídas en moneda extranjera (artículo 765 del Código Civil y Comercial) ni la prohibición de indexación. Esto propicia que se consoliden obligaciones estatales en moneda dura y ajustables, con la consecuente imprevisibilidad sobre los futuros presupuestos públicos.

Este régimen de inversión jurídicamente particular fue creado por la Ley 27.328, sin embargo, hay precisiones de los contratos que quedan al arbitrio de cada ministerio público firmante.

El artículo 22 de la norma ordena a la AGN “incluir en cada plan de acción anual la auditoría de la totalidad de los contratos de PPP existentes, su desarrollo y resultado”. Pero esa orden excede las atribuciones naturales de la Auditoría, órgano colegiado que depende del Congreso de la Nación y que sus informes son siempre ex post, nunca en tiempo real. El propio presidente del organismo, Oscar Lamberto, reconoció que no cuenta con personal idóneo suficiente para cumplir esa misión.

Finalmente, la AGN acató la orden e incluyó en su plan anual de auditoría el análisis de los seis contratos que hasta ahora firmó el Estado. No obstante, el jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda, Ariel Sigal, reconoció que “no pasa un solo día en que un diario de Latinoamérica no muestre un caso que no funcionó el PPP, pero no por eso hay que dejar de intentarlo”, consideró.

Los PPP responden a cambios estratégicos en el capitalismo mundial

Edgardo Logiudice analiza los PPP en “El ceomacrismo, las Alianzas Público-Privadas y cambios estratégicos del capitalismo”, publicado en Herramienta N° 59, Primavera 2016.

Allí señala que la economía mundial está en recesión y ello acarrea dos problemas: inseguridad de los mercados y, lo más preocupante, peligro de ingobernabilidad. Para Logiudice, la economía de la deuda parece haber tocado techo. Las innovaciones tecnológicas, la economía colaborativa y las grandes cadenas globales de valor no parecen ser un lugar para que puedan alojarse los grandes flujos de capitales líquidos. Ni las tasas negativas del Banco Central Europeo, ni la hasta hace poco tiempo congelada y reducida tasa de la Reserva Federal de EE UU, han derivado fondos hacia la producción. Además la baja de las materias primas y los commodities ha dejado magullados a muchos negocios financieros y a las economías de América Latina. Los fondos no hallan lugares seguros. Entonces, inducen a los gobiernos, simples gestores de endeudamiento y recaudación, a asegurar inversiones con obras de infraestructura. Acá es donde van a aparecer los PPP.

Cita a la publicación chilena,  de corte liberal, Nuevo Poder: “los inversionistas han decidido realizar un cambio en sus estrategias globales. Si antes lograr una mayor rentabilidad era lo que les quitaba el sueño, hoy lo que los mantiene despiertos es simplemente tener su dinero en un lugar seguro”.

En diciembre de 2014, el BM publicó la opinión del gerente para América Latina de su organismo afectado al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), dedicado a los PPP, donde decía: “AL se enfrenta a una desaceleración económica después de una década de bonanza […]. La situación ahora es cómo prepararse cuando hay que desarrollar grandes autopistas, acueductos o centrales eléctricas para cubrir la mayor demanda de servicios de los latinoamericanos”. Y continuaba: “Superar este escenario exige la construcción de bienes públicos para la estabilidad y el pleno empleo a nivel global […] y una nueva arquitectura financiera que reduzca la incertidumbre y la volatilidad generada por el apalancamiento excesivo y los movimientos especulativos de capital”.

En sintonía con esa estrategia, en 2015 la Casa de Altos Estudios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, publicó “Participación del sector privado en la infraestructura: oportunidades e instrumentos”, de Ariel Chirom y Alejandro Schachter. Allí señalan los bienes que tienen en la mira, el papel del inversor y el subordinado papel del sector público.

Comienza definiendo qué entienden por infraestructura: transporte, telecomunicaciones, agua, saneamiento, etc., es decir, los recursos básicos de cualquier nación que son de uso público.

Luego sugiere los mecanismos para atraer inversiones, porque no se trata de que el sector privado solo financie, también debe gestionar la producción o provisión del servicio, para lo cual se debe hacer cargo del proyecto en su totalidad otorgándole  el Estado cierta libertad para buscar mecanismos y soluciones innovadoras en pos de mejoras de eficiencia. El sector público debe generar los incentivos correctos: brindar señales claras a los inversionistas de que los compromisos incluidos en los contratos serán cumplidos y mitigar el riesgo regulatorio. En primer lugar, renunciar al atributo del Estado de rescindir los contratos.

En segundo lugar, dejar la regulación de los servicios en manos de un órgano cuyos directivos puedan actuar con independencia, no solo con autonomía presupuestaria y administrativa, sino además no estar sujeto a los procedimientos generales del sector público. Hasta aquí lo público no aparece.

¿Cuál es entonces el rol del Estado y la ley? Deben garantizar todos los riesgos de la inversión. Por ejemplo, la adquisición de energía, esto se llama “contratos futuros de demanda asegurada”. El otro riesgo a garantizar es el de un ingreso mínimo, asegurar al inversor que haga su ganancia con los bienes públicos. Para ello propone un fondo de infraestructuras de garantías constituido a partir de activos suficientes para garantizar la confianza del inversor, pero administrado por alguna sociedad que se encuentre fuera del accionar del gobierno, preferiblemente extranjera.

La Ley 27.328 se inspira en estos presupuestos. Por eso fue celebrada por el estudio jurídico financiero Marval, O’Farrell & Mairal: “El régimen impulsado por el PEN implica un cambio de paradigma en la contratación pública, al excluirse o limitarse significativamente las prerrogativas de derecho público de la Administración (entre otras, el poder de modificar unilateralmente el contrato, la rescisión por razón de interés público…)”.

El artículo de Logiudice concluye que los PPP (Public Private Partnerships), según su denominación en inglés, bien pueden significar también Poder Político Privado.

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El Ministerio de Modernización pretende despedir a uno/a de cada tres trabajadores/as del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El vaciamiento del INAI hace peligrar la Ley 26160 de Relevamiento Territorial.

A tan solo cinco meses de ser prorrogada la Ley Nacional 26.160 de Relevamiento Territorial, está en grave peligro su ejecución. Desde su sanción en 2006, representó un avance en la demanda al Estado Argentino del reconocimiento de la propiedad comunitaria de territorios indígenas.

Esta ley es una herramienta importante en la lucha de pueblos originarios, porque declara la emergencia sobre la posesión y propiedad de las tierras donde viven las comunidades, ordena el relevamiento y suspende los desalojos. Es tarea del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ejecutarla. No obstante, su aplicación puede peligrar si se despide a uno de cada tres trabajadores y trabajadoras del INAI, como pretende el Ministerio de Modernización.

Las oficinas del INAI se encuentran en el Espacio Memoria y DD. HH. en la Ex-ESMA y está bajo la dirección de Jimena Psathakis, cuestionada por tener una trayectoria relacionada a la defensa de la mega-minería y las actividades extractivistas -en Fundación Cambio Democrático; Plataforma Argentina de Diálogo Minero; Grupo de Diálogo Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable-.

A pesar que desde 2016 el instituto subejecutó su presupuesto y hubo cincuenta despidos, según el Ministerio de Modernización todavía se encuentra excedido en cuarenta y cinco trabajadores y trabajadoras. Así se lo hicieron saber a los delegados y las delegadas de ATE del Instituto, proponiéndoles que el mismo sindicato formule una lista de despidos para que sea “con el menor daño posible”.

Lisandro Arijón, delegado de ATE, declaró a los medios que “con cuarenta y cinco compañeros/as menos, uno/a de cada tres trabajadores/as del INAI se va a ir y el conflicto sindical va a ser tan grande que el instituto va a verse paralizado”. Arijón comentó que tantos despidos afectan las políticas de Estado, porque no van a poder continuar las tareas de registro de las comunidades ni relevar los territorios. De esta forma, la Ley de Relevamiento Territorial no se va a poder llevar adelante.

El delegado también advirtió que al gobierno no le sirve el instituto, porque “quiere desguazar cualquier área que este cerca de los más vulnerables. Nuestras comunidades son de economía de subsistencia que todos los días ven vulnerados, no solo sus derechos básicos, sino su cultura. El gobierno avanza sobre su cultura, sus costumbres, sus tradiciones y su territorio.”

También se refirió a los conflictos de tierras y los desalojos; “no vamos a poder interceder cuando la familia Brown, la familia Macri o Lewis o Benetton quieran seguir avanzando sobre las comunidades. No vamos a poder estar ahí con nuestros abogados para frenarlos, para hacer valer el derecho en el territorio”

Al momento, las y los trabajadores decidieron realizar un cese de actividades, mantener un estado de asamblea permanente y piden dialogar con la presidenta del INAI. Para defender los puestos de trabajo planean concurrir a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, por estar vulnerándose el tratado 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y acudir al Ministerio de Justicia para tomar acciones gremiales que reviertan la situación.

Desde las organizaciones de pueblos originarios, también denuncian al Estado por el vaciamiento del INAI y expresaron su solidaridad con los y las trabajadoras. Vienen en alerta por el ajuste en sectores y programas relacionados a sus derechos, como el vaciamiento de la Secretaria de Agricultura Familiar, el INTI, el INTA y el Senasa, que ya ha afectado a agricultores familiares y pequeños productores rurales. En pleno contexto de persecución y represión sobre las poblaciones originarias, temen que ahora sea más difícil detener el avance de las mineras, las petroleras y la soja sobre sus territorios.

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Enfrentando a toda estadística inflacionaria, la bolsa de harina de trigo aumentó más del 100% entre enero y mayo. Un aumento que, al sumarse a los tarifazos y la recesión le dejan cada vez menos margen de maniobra a las panaderías. Los tarifazos, la devaluación y el lobby latifundista al servicio del hambre.

El pan nuestro de cada día

En enero, la bolsa de 50 kilos de harina de trigo rondaba los 350 pesos. A fines de mayo, ese mismo producto está costando alrededor de 750 pesos. A pesar de que los índices oficiales estiman una inflación del 10% entre estos meses, el aumento del costo de la harina supera el 100%.

Las panaderías de todo el país vienen absorbiendo los aumentos del costo de la harina y los embates de los tarifazos para no derivarlos totalmente al precio. De ser así, el kilo de pan que en Buenos Aires a principio de año costaba en promedio entre 30 y 35 pesos, pasaría a valer entre $80 y $90. Un aumento que lastima el bolsillo de los sectores más vulnerables y que se traduciría también en un menor margen de ventas para el sector panadero. Este contexto se vuelve aún peor para las provincias norteñas, donde la producción de trigo viaja en camión y debe absorber también los aumentos de combustibles. En Misiones la bolsa de 50 kilos de pan llega a valer 1000 pesos.

El sector panadero viene haciendo malabares desde principio de año. Aumentar los precios proporcionalmente a los aumentos de sus costos significaría un impacto negativo en las ventas, que ya se vieron diezmadas por los golpes al bolsillo que viene sosteniendo la clase trabajadora, y llevaría a pérdida de puestos de trabajo o cierre de emprendimientos. El 25 de abril se realizó un “Panazo” en Congreso, dónde miles de personas de todas partes de la Ciudad y la Provincia hicieron horas de cola para recibir medio kilo de pan. La situación, lejos de mejorar, resulta más adversa que nunca.

Quita de retenciones y especulación

Siendo Argentina una economía que históricamente produce trigo, surge la incógnita de la razón de tales aumentos en el precio de la harina. La respuesta surge desde el mismo sector productor. Una de las razones se centra en la especulación financiera de los grandes productores. El aumento del precio internacional del trigo y la estampida del dólar de las últimas semanas llevo a que productores de granos reservasen su cosecha en silo bolsa a la espera de un nivel más favorable de exportación. El trigo puede durar hasta dos años reservado sin perder sus propiedades. Los productores con espalda financiera juegan sus plenos siempre a los mercados internacionales.

Desde su asunción, la gestión cambiemita eliminó las retenciones a la exportación de trigo –entre otros granos. Esto se traduce en que cada aumento del dólar y cada aumento del precio internacional del trigo se traslade a la economía local, o que en caso de que esto no suceda, se destine la producción a la exportación y no al consumo doméstico, generando un margen mayor de ganancia. Si a esto se le suma el déficit de control estatal sobre los productores, el resultado es el que estamos viviendo: el nivel de vida a merced de las ganancias latifundistas. Se reservan las cosechas para esperar un nivel de dólar que les permita maximizar sus ganancias.

El tarifazo y el miércoles

Como si esta situación no fuese suficiente, el bolsillo de los y las trabajadoras y del sector panadero viene soportando también el sistemático aumento de tarifas. En 2018, el gas aumentó entre 32 y 40% y la luz un 30%, sumado a los aumentos que se vienen sosteniendo desde el comienzo de esta gestión. Como si fuese escaso, se esperan nuevos aumentos para agosto y octubre. La esperanza está en este miércoles, donde la cámara de senadores decidirá si se pone un freno a estos aumentos y un retroceso a niveles 2017, dándole un respiro al aumento del pan y al bolsillo de todo el sector trabajador. Lejos de ilusionarnos, desde la gestión cambiemita ya advierten que vetarán la ley en caso de aprobarse.

La redistribución se sostiene siempre hacia arriba. La transferencia de recursos desde los sectores bajos hacia los concentrados se agudiza en tiempos de crisis. El mensaje es el mismo que durante el jueves negro. Riqueza para los especuladores, pan duro para quienes sostienen este modelo. El grito en la calle que se inició durante el pedido por la Ley de Emergencia Social, se replica en esta Marcha Federal de los movimientos sociales: pan para hoy, pan para mañana.

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Por Camila Parodi. El mandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó al Congreso Nacional su renuncia. Se trata de una nueva maniobra para poder asumir al legislativo como senador el próximo 1 de julio. Un nuevo capítulo de la serie del estado paraguayo donde la realidad política imita ficciones.

Si bien la maniobra era conocida y esperada por la mayoría de su audiencia, para el analista y periodista paraguayo Jorge Zárate, el accionar llevado a cabo por Horacio Cartes en el día de ayer tiene a su vez otro trasfondo. En ese sentido, Zárate explicó para Marcha “se trata de una estrategia de blindaje con los fueros de por medio para evitar los ataques concretos que se le vendrán encima por sus actividades como contrabandista de cigarrillos”. Por su parte, recordó “los vínculos con probados lavadores de dinero como Darío Messer, un prófugo de la justicia brasileña, actor principal del Lava Jato, al que el hasta hoy presidente definió como “mi hermano del alma” lo ponen en evidencia”. Y ante el posible tratamiento de su pedido en el Congreso manifestó “las huestes de Benítez analizan si les conviene que jure, Fernando Lugo, que preside el Congreso ya anunció el voto en contra de su bancada y también un sector del Partido Liberal hará lo propio” es así que “hasta el momento se entiende que Cartes asumiría” sin embargo recordó a las y los fanáticos del periplo paraguayo “pero todo puede suceder en un mes en la política de Paraguay”.

A pesar de la desprolijidad y evidente corrupción conocida en el gobierno de Cartes tras el golpe de estado a Fernando Lugo, cada pieza se coloca con precisión, en ese marco Zárate recordó “vale decir que Cartes, si consigue jurar como senador el 1 de julio próximo, tendrá una bancada propia en el Congreso que utilizará para presionar al mandatario electo, Mario Abdo Benítez”. En ese contexto, las respuestas de las organizaciones y sindicatos no tardaron en llegar y éstos “se preparan para responder mañana en una movilización frente al Congreso ante la presentación de un proyecto de ley que según el gobierno es para proteger los fondos previsionales pero que da mucha discrecionalidad a sus autoridades, cuestión que hace temer por los casi 4 mil millones de dólares que deben garantizar las jubilaciones de los paraguayos” destacó el periodista. A su vez, “se esperan las protestas contra el juramento de Cartes el 1/7 y también contra la asunción de Benítez el 15/8 pero todavía falta mucho para acciones unitarias entre campo y ciudad, a pesar de que se comprende la necesidad de caminar hacia allí” afirmó Zárate.

Como si esta ficción hubiera atendido los reclamos de su público, tras años de pedir la renuncia de Cartes por tratarse, ni más ni menos, de la cara visible de un proceso electoral enmarcado en el golpe de estado como así también ejecutor de las políticas de neoliberales, la renuncia llegó a escena. Pero no como era esperada por el campo popular, es decir para dar inicio a un nuevo acontecimiento democrático. Al contrario, se reinventa en un nuevo capítulo que, lejos de aportar novedad anticipa una repetición de escenas corrupción, complicidad, privatización y muerte.

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Con el resultado de 39,14 % de votos para Iván Duque (Centro Democrático) y de 25,09 % votos para Gustavo Petro (Colombia Humana), ambos candidatos resultan los ganadores de la primera vuelta electoral presidencial. El resto de puestos quedó: Sergio Fajardo con 23,74 %; Germán Vargas Lleras con 7,27 % ; Humberto de la Callo con 2,06 % ; Jorge Antonio Trujillo con 0,39 % y el voto en blanco con 0,31 % . La segunda vuelta sucederá el próximo 17 de junio y en ella se enfrentarán los proyectos de país de la ultraderecha y el progresismo.

En las primeras elecciones presidenciales sin confrontaciones armadas gracias al desarme de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Cese Unilateral al Fuego decretado por el Ejército de Liberación Nacional, solamente votó el 53,33 % de los votantes habilitados.

Aunque esta vez disminuyó la abstención con una votación de 19.503.704 personas de 36.783.940 habilitadas votaron, todavía los proyectos de países presentados no convencen a las mayorías. También resulta interesante que aunque la candidata Viviane Morales se retiró de la campaña días atrás, recibió un 0,21 % de votos.

Sin embargo, la gran victoria del día es que la disputa por el segundo lugar para la próxima vuelta estuvo reñida entre los candidatos Gustavo Petro y Sergio Fajardo, lo cual desmiente los pronósticos de que solamente la derecha y ultraderecha tendrían posibilidad presidencial.

Aunque se reportaron disímiles fraudes a través de las redes ciudadanas que posibilitó Colombia Informa la Registraduría reporta que fueron unas elecciones muy tranquilas. Cabe destacar que esta entidad estuvo bajo investigación por denuncias de posibles fraudes en su proceder.

Igualmente, es importante señalar el trágico acontecimiento del asesinato de uno de los líderes de la Colombia Humana, la noche de este sábado. El también líder campesino Muñoz fungiría como testigo por esa coalición electoral esta jornada.

La candidata a Vicepresidenta, Ángela María Robledo dijo en televisión nacional que recibían la noticia del paso a segunda vuelta “con mucha alegría y serenidad. Hicimos una campaña en democracia e hicimos una campaña en democracia. Celebramos la segunda oportunidad y hacemos un llamado a la unidad”. Y adelantó que mañana estarían anunciando las alianzas para esta contienda.

Al parecer, en Colombia el próximo 17 de junio se disputarán la construcción de país entre el bien y el mal.

CI PC-CC/PC/27/05/18/18:02

Fuente: www.colombiainforma.info

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“Odiar al Real Madrid es, ni mas ni menos, que odiar el injusto ordenamiento del mundo”, nos dice el cronista. Así comienza la sentencia de su odio asumido a lo que representa el Real Madrid luego de quedarse por tercera vez consecutiva con la Champions League en una final extraña contra el Liverpool el sábado pasado. Esta vez fue un arquero que olvidó sus cualidades, o un árbitro que no supo de faltas. Ayer, un penal incobrable o un minuto adicionado de más. Todo, como en cualquier orden capitalista, está a favor del poderoso. Por suerte, el cronista no.

Odio al Real Madrid desde siempre. Adquirí el uso de razón bajo esa premisa. Odiar al Real Madrid era la consigna de guerra de cada fin de semana. Enfrentarse a la vanguardia de la empresa global y al paradigma del negocio en el fútbol, así como también a la cultura, la historia y las instituciones fascistas y monárquicas. Sin embargo, el odio tenía que ver principalmente con los valores que todo eso generaba en sus simpatizante, esos que son, finalmente, los que uno conoce y se encuentra en la vida cotidiana. Yo era muy chiquito, vivía en México y todos los mexicanos habían sido convertidos al madridismo porque el goleador era Hugo Sánchez, por lo cual, el niño que yo era, estaba rodeado. Acorralado.

Los madridistas reúnen en su ser cada una de las peores características de la humanidad. Son siempre, y de manera inconsciente, un compendio de todo lo peor. Son todo lo que no hay que ser y al mismo tiempo. Son arribistas. Aspiracionistas, que les dicen hoy. Quieren ser algo que no son. Les molesta la masa, les molesta ser parte de ella e intentan diferenciarse. Son los que menos hablan de fútbol porque no lo entienden, porque no saben. No saben y no aprenden porque no les hace falta: basta con poner los trofeos sobre la mesa. El que sabe, sabe, y el que no, es jefe. Detrás de su ignorancia se esconde la prepotencia de los ganadores. Ganadores de nada que valga la pena, pero ganadores al fin.

Son nuevos ricos y ostentosos de mal gusto. O viejos pobres cansados de sí mismos, asumiendo y asimilando la cultura dominante. Pobres, ricos, negros, blancos, lindos, feos, siempre insensatos paletos fanfarrones, siempre con la alegría a cuestas de ser “los mejores”. Esa alegría espantosa y tan extendida que no remite de, ni redunda en nada bueno. Solo en la creación de una comunidad sin identidad, llena de premios que no sirven para nada. Los hinchas de Boca saben perfectamente de lo que estoy hablando.

En fin, a lo que vamos. Que el Real Madrid ganó la Champion por tercera vez consecutiva y lo hizo nuevamente bajo ese halo de sospecha y ese manto de injusticia que se cierne sobre el universo cada vez que juegan. No estoy diciendo que los partidos estén comprados, no quiero ser tan burdo; lo que estoy diciendo es que las coordenadas que rigen el devenir del planeta están posicionadas en función de las necesidades de Florentino Pérez. Nada nuevo bajo el sol. Intuyo que puedo parecer un poco exagerado, pero lo que pasó el sábado pasado también lo fue, y a lo mejor me quedo corto.

Si Ortega y su amigo Gasset decían: “yo y mis circunstancias”, pues el fútbol actual se ha convertido en “el Real Madrid y las suyas” (sus circunstancias, digo). Todas ellas, las circunstancias, aparentemente azarosas y aleatorias, pero siempre obedeciendo secretamente a la alineación de los planetas dispuesta por Florentino desde sus malignos laboratorios secretos.

Si hacemos un breve repaso por el recorrido de los merenguitos hasta levantar la Orejuda, porque de fútbol estamos hablando, creo, nos daremos cuenta de forma inequívoca que los partidos del Madrid se han convertido en un pequeño mundo real a pequeña escala, donde las condiciones de poder y desigualdad del capitalismo se reproducen perfectamente en los noventa minutos, en vivo y en directo, con relatos y comentarios exclusivos de Adam Smith.

Veremos, decía, una constelación de variables donde hasta el libre albedrío juega en su favor. Esa constelación infernal donde lo planificado y lo espontáneo se confabulan para llegar al mismo fin. Esa mezcla de variables que logra que, si un pobre y rico juegan a la ruleta bajo las mismas condiciones, y apuestan libremente la misma cantidad de fichas, al número y color que les dé la gana, sin mano negra ni crupier comprado, siempre va a ganar el rico. Por todo eso odiar al Real Madrid es, ni mas ni menos, que odiar el injusto ordenamiento del mundo.

Si hacemos la retrospectiva de sus últimos partidos, nos daremos cuenta de que en algún pasaje de cada uno de ellos, al Madrid lo pasaron por arriba. Lo pasearon. Es cierto que los merengues son uno de los mejores equipos del mundo, es cierto que sus jugadores son desequilibrantes, de eso no hay duda. Y que además tiene a Marcelo, el mejor jugador del mundo. Ah no, perdón, me confundí. El mejor del mundo no juega en el Madrid, juega en el Barcelona. Perdón Iniesta, parece que tuve un lapsus. Cuestión que si hacemos la retrospectiva y dejamos de ver el mundo con el diario del lunes, nos daremos cuenta de que nada es lo que parece.

En la vuelta de los cuartos, la Juve le estaba dando un bailongo de proporciones y cuando ganaba tres a cero y lo estaba dejando fuera, se reunieron todas circunstancias del mundo, y las Ortega y Gasset también, y le dieron un penal a los de blanco, que pasaron de ronda. ¿Que pudo haber sido penal? Sí, claro que sí. ¿Que esos penales no se cobran? No, claro que no. Cualquiera que sepa de fútbol un poquito, sabe que ese penal no se cobra aunque sea penal. No se cobra y pun, como diría Merlí. Pero claro, los hinchas del Madrid no saben de fútbol, solo de triunfos, por lo que no vale la pena entrar en una discusión sin interlocutor válido.

En la vuelta de semis contra el Bayer, los alemanes estaban dando una pequeña lección de juego asociado. Atacaban una vez y otra también. No tenían ni a Neuer, ni a Robben, ni a Vidal, pero Thiago se vistió de todos ellos y no paró de hacer estragos. La cosa estaba nuevamente cuesta arriba para el Madrid hasta que, sí señoras, sí señores, las circunstancias sean unidas porque esa es la ley primera. Al arquero alemán se le desordenaron los patitos y se hizo un auto caño imposible de creer y todo se fue al carajo. Ni a la mano invisible de Adam Smith se le hubiera ocurrido menuda picardía. Ni a Florentino coimearlo para que haga semejante chascarrillo. Y en fin. Pasaron a la final y cada cosa en su lugar.

Y así las cosas, la historia de la final ya la conocen todos, y si no la conocen no se las voy a contar yo porque no soy periodista. Dios me libre de ese estrés. Iban casi 30 minutos de partido y el Madrid estaba, nuevamente, desconcertado. El actual tricampeón del mundo era pasado por encima por tercer partido consecutivo. El juego del Liverpool era imparable y las circunstancia miraban anonadadas desde el palco. Se miraban entre sí, desconcertadas, sin saber qué hacer. Hasta que, apareció ese azar que nadie en su sano juicio creería azaroso. Sergio Ramos no quería romper a Salha con hache final pero lo rompió. Y Salah, que además de ser egipcio, era el mejor jugador de la cancha hasta el momento, quedó afuera y todo comenzó a irse nuevamente a la mierda.

Cuando todo era para los merenguitos, el fútbol hizo justicia y un senegalés cuyo nombre no recuerdo y a lo mejor no es senegalés, empató el partido y parecía que el pobre le ganaba en la ruleta al rico, pero no. La justicia duró lo que siempre dura: una ilusión de segundo. En ese momento, Adam Smith se masajeó las cienes con su mano invisible, pensó y pensó hasta que le vino a la mente la imagen del arquero del Bayer, y recordó que el arquero del Liverpool también era alemán, y chan, se le ocurrió una solución: le desmagnetizó las neuronas hasta que se anularon por completo entre sí, y comenzó el espectáculo. En fin, nuevamente cada cosa en su lugar. Nada que decir, salvo que, el materialismo histórico no tenía razón. A cada uno lo suyo.

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Colombia vivirá el domingo una de las elecciones más enigmáticas de su historia. Cinco candidatos se disputan el próximo gobierno en un contexto de polarización, de denuncias por un eventual fraude y con profundas cicatrices de un conflicto armado que toma diferentes rumbos. De llegar a darse balotaje se realizaría el 15 de junio.

La ley colombiana establece desde la Constitución de 1991 que quien obtenga la mitad más uno de los votos es el próximo presidente de la República. La única persona que desde entonces ha logrado ganar los comicios en primera vuelta ha sido Álvaro Uribe, en dos oportunidades. Por estos días, todas las encuestas están encabezadas por Iván Duque con un 45 por ciento, lo que indica que habría balotaje el 15 de junio con quien llegue al segundo lugar.

Duque es el candidato de la ultraderecha por el partido Centro Democrático, manejado por el senador Álvaro Uribe y fieles detractores de los procesos de paz. Con el candidato Germán Vargas Lleras, también de derecha, representan a las élites políticas y económicas.

Los medios de comunicación alineados con grandes conglomerados financieros se han encargado de posicionar a Vargas Lleras en las últimas semanas, un candidato que viene del partido Cambio Radical, colectividad que -al igual que el Centro Democrático- tiene una parte importante de sus integrantes en prisión o bajo investigaciones por corrupción y vínculos con el paramilitarismo. Vargas Lleras tiene una amplia experiencia como funcionario en anteriores gobiernos y se quedó con el apoyo del “santismo” y los sectores conservadores que no están alineados con el uribismo. Como vicepresidente de Juan Manuel Santos, se apropió de proyectos de infraestructura y de planes para entregar “casas gratis”. Cada una de estas apuestas estuvo permeada por conocidas irregularidades, pero igualmente han sido sus principales derroteros de campaña.

La Coalición Colombia integrada por la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo eligió a Sergio Fajardo como candidato presidencial y a Claudia López como vice de la fórmula. Este autodenominado “centro” cada día se aleja más de los sectores democráticos en aras de los cálculos electorales, lo cual denota que cada día es más distante una de las exigencias ciudadanas que se han venido planteando para sobreponerse a la derecha en estas elecciones: la posible alianza entre Gustavo Petro, Fajardo y Humberto De la Calle (candidato del Partido Liberal y ex jefe del gabinete del gobierno en los diálogos de paz en Cuba con las FARC-EP).

Este domingo se decide el futuro político, social y económico de Colombia. Si gana la derecha, que es la que lleva dos siglos gobernando y alrededor de 70 años impidiendo una democracia plena, se continuará con la postura lacaya hacia los Estados Unidos, se profundizará el modelo neoliberal basado en la extracción indiscriminada de riquezas naturales y se afianzará el modelo de seguridad del enemigo interno, aun con la inexistencia de las FARC como insurgencia. Si gana Fajardo hay incertidumbre, pues la tibieza y falta de posiciones claras no permiten una lectura de lo que se puede esperar, aunque sus conexiones políticas y el desprecio a la izquierda contradice su supuesta “neutralidad”.

Petro, quien tiene el apoyo de la mayoría de sectores progresistas, de la izquierda y de las bases liberales, ha despertado un respaldo popular reflejado no solo en las redes sociales sino en plazas públicas abarrotadas de manifestantes que ven en el proyecto de la “Colombia Humana” una esperanza de cambio para el país y una alternativa para que la ultraderecha militarista no se postre en el poder.

Petro incomoda a los sectores más pudientes por sus propuestas en torno al uso de la tierra y del cambio de un modelo extractivista hacia una economía basada en la productividad agrícola. Al haber participado en el Movimiento 19 de Abril (M-19) en su juventud y en partidos de izquierda, ha sido estigmatizado. El mayor ejemplo es acusarlo de querer convertir a Colombia en una segunda Cuba o Venezuela. Es defensor de la solución política al conflicto armado y dentro de su programa sobresalen las reformas que se harían en materia de salud y educación.

Ahora bien, las críticas que desde la izquierda se le tienen a Petro no son pocas. Los últimos posicionamientos frente a Venezuela y la extradición de Jesús Santrich (de la FARC) son elementos para el debate que están consignados en artículos recientes de Miguel Ángel Beltrán, Felipe Polanía, Renán Vega y Pablo Solana; contradicciones y jugadas políticas que aun votando por él no se pueden pasar por alto.

En todo caso, Petro es el candidato de quienes apuestan a la construcción de la paz y la justicia social, y también es el favorito entre los jóvenes. Su postulante vicepresidencial, Ángela María Robledo, es una reconocida defensora de derechos humanos y como senadora cumplió un papel importante de denuncia y gestión pública. En sus propuestas de gobierno son los más cercanos a la promoción de derechos y la esperada apertura democrática. No obstante, las complicaciones para que logre llegar a segunda vuelta son claras.

Aunque las encuestas siempre lo han tenido en los primeros tres lugares de favorabilidad, hay que recordar que en Colombia ningún presidente ha llegado a serlo por los sondeos de opinión o por sus cualidades humanas; por el contrario, lo que predomina es la maquinaria electoral, las prebendas a cambio de votos y puestos burocráticos en el Estado, la eliminación física y moral del adversario político, entre otros elementos en los que las derechas son expertas.

Este domingo el debate es sobre la continuidad de un modelo de país que no tiene otro destino que el abismo, o sobre cómo se edifica un bloque alternativo que sea capaz de frenar a la clase política más sanguinaria del continente.

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*Publicado inicialmente en La tinta.

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Después de leer y escuchar varias opiniones y reacciones acerca del artículo “Bombas de humo en la izquierda colombiana”, quiero precisar algunos planteamientos antes de la primera ronda electoral del próximo domingo 27 de mayo.

Es cierto que después de más de 20 años en el exilio mi conocimiento de la situación actual en Colombia no esté atravesado por una praxis política en el país mismo en medio de las comunidades. Mi análisis se basa en los discursos de Gustavo Petro, en las entrevistas y los debates que se puedan ver en Internet y en algunos artículos de prensa. En ese sentido, es cierto que no tengo una perspectiva desde las movilizaciones que han acompañado la gira presidencial de Petro.

Algunas de los comentarios al artículo plantean que el análisis es incompleto, que no he revisado los textos a profundidad y solo he señalado algunos comentarios editorializados. Otras personas afirman que el discurso de Petro es popular y que lo que se escucha en los medios solo es un discurso electoral y mediático. Es cierto, desconozco el grado de imbricación de los movimientos sociales en la campaña de Petro. Es más, partiendo de comentarios de amigos y de las mismas reacciones al artículo anterior sospecho que muchos sectores políticos ven en la candidatura de Petro una posibilidad para el campo popular. Incluso hay quienes retomando la ya conocida forma mesiánica argumentan que tenemos derecho a la esperanza y a vivir esa esperanza. La primera conclusión: al parecer hay un movimiento popular que se está alzando en torno a las movilizaciones y el trabajo de campaña para Petro.

Una segunda conclusión que rastreo es mucho más subjetiva; tiene que ver con el estado de ánimo que leo en este debate y algo de los medios. Me da la sensación que Colombia es una náufraga que busca aferrarse a algo que flote. Después de más de un siglo de guerra cualquier sociedad comienza a agotar su capacidad de autoinventarse. No hablo de la realidad en las regiones y en las comunidades, sino del imaginario de la supuesta nación. La gente está harta de la represión, de la corrupción, de la desvergüenza, de la injusticia. Sin embargo, el hartazgo se queda encerrado en las ficciones de la nación, desde la democracia hasta los discursos de la colombianidad.

En el tráfico mediático de las redes sociales encuentro a menudo alusiones al sino trágico del magnicidio. Se tiende a meter en un mismo costal las muertes del general Rafael Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro e incluso Alvaro Gómez Hurtado. El mismo Petro hacía ilusión en su cierre de campaña al asesinato a hachazos contra el general Rafael Uribe. La composición de este martirologio se puede discutir, sin embargo, lo que quiero resaltar es la forma que toma el deseo de transformación y cambio. El decálogo de mártires pareciera anunciar el final trágico, como en el caso de Santiago Nasar. Las últimas denuncias sobre la posibilidad del fraude que se vienen realizando desde la campaña de Petro parecieran confirmar ese sino fatídico. Quién no sabe que el fraude electoral es inherente a la democracia en Colombia. Solo basta recordar a Gaitán cuando decía que el pueblo votaba hasta las cuatro de la tarde y que después votaba la Registraduría.

Estanislao Zuleta escribía en su Elogio a la Dificultad: “Puede decirse que nuestro problema no consiste sola ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos; que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos, como en la forma misma de desear. Deseamos mal”. La campaña de Petro, en tanto aspiración institucional es a mi parecer, la forma de desear mal. El deseo mismo de cambiar la situación de desesperanza, el reino del engaño y de la injusticia, sale a las movilizaciones de la campaña, llena plazas, inunda las estadísticas y las redes sociales. Sin embargo, pareciera que ese deseo estuviera condenado a la frustración. Apostar por la vía electoral pareciera ser apostar por la frustración. El Estado es la frustración.

Petro ha llamado a la movilización popular para defender el pase a la segunda vuelta. En mi opinión si Petro llegara a la segunda vuelta se podría generar una tensión social y política que en un momento haría la situación incontrolable para la oligarquía. Despachar a Petro en la primera vuelta ahorraría una situación incómoda para las élites que controlan el país. El fraude puede legitimarse mejor en la primera vuelta. Lo que algunas personas desde Colombia me decían hace unas semanas como pronóstico atrevido, parece ser ahora vox populi: contra todos los pronósticos Vargas Lleras puede pasar a la segunda vuelta con el puntero de la narcopolítica Iván Duque.

El estilo y carácter de Petro son materia de debate público. Yo particularmente sigo viendo una personalidad megalómana, arrogante y narcisista, sin embargo, creo que la personalidad de Petro no es tanto el problema, como sí la vocación caudillista de mucha gente en Colombia. Por mi parte prefiero dejar el tema como excusa para leer “El miedo a la libertad”, de Erich Fromm. Sin embargo, de tantas cosas que dice Petro, el llamado a salir a las calles para denunciar el fraude electoral, por muy acertado pareciera ser un grito de ahogado. La gran expectativa de estas elecciones radica en que, de salir Vargas Lleras a la segunda vuelta, se confirmará que el sistema electoral esta corrupto. El problema es que muchas personas piensan que será así y el ahogado está ahí, en saber que la corrupción ganará. ¿Piensa entonces Petro convocar a una acción de desobediencia civil? De ser así podríamos estar frente a un desafío en la lucha política colombiana, pues en caso de que Petro deje de ser candidato al no pasar a la segunda vuelta, podría hacerse el dirigente de un movimiento, como diría él mismo, ciudadano, que exija en las plazas un cambio político.

La pregunta que de esto me surge es, ¿qué tanto puede aguantar Petro la presión? Un movimiento ciudadano como el que se puede desatar con los ánimos de la campaña será represaliado y por parte del país mediático y las élites permanentemente deslegitimado. Una cosa es una campaña electoral y otra cosa es ponerse al frente de un movimiento de desobediencia. Será entonces necesario establecer compromisos claros en un movimiento de ese tipo, y la voz cantante tendrá que ser colectiva y consensuada, ojalá menos primera persona del singular en los discursos de Petro.

Pero si el resultado de las elecciones del 27 no fuera arreglado por la corrupción, entonces se confirmaría la tendencia en las estadísticas y Petro pasaría a la segunda vuelta. En ese caso sería necesario que el movimiento social y ciudadano que respalda a Petro se estableciera como interlocutor directo de la campaña y hablara de sus deseos y de la forma de realizar esos deseos. Que el diálogo con los movimientos sociales y ciudadanos se haga más visible como parte actuante y que la campaña sea menos personalizada.

En uno o en otro caso pienso que, de ser como varias personas de Colombia me han dicho, y alrededor de la campaña de Petro se viene aglutinando el movimiento popular y de izquierda, entonces Petro tendrá que ceder parte del protagonismo a estos movimientos. Mientras tanto esperemos que el domingo en la noche Petro llame a la desobediencia civil y las plazas de las ciudades se llenen de campamentos ciudadanos. Amanecerá y veremos dijo el ciego.

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*Felipe Polanía es educador artístico y exiliado colombiano en Suiza desde hace dos décadas.

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