A dos años del estallido social, Chile vive una era transicional con desafíos de largo aliento y una encrucijada en el futuro inmediato: las presidenciales del 21 de noviembre en las que parece asomar el ocaso del duopolio que gobernó las últimas tres décadas.

Por Gerardo Szalkowicz | Fotos: Oscar De La Vega

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Por Ignacio Marchini | Fotos de Oscar De la Vega

La cadena de decisiones, errores y omisiones que llevaron a los sucesos del 30 de diciembre, evaluados en su conjunto, brindan un mapa de la situación en la que se desarrollaban los recitales de música, y de rock en particular, por esos años. La Masacre de Cromañón significó un corte que dejó expuestas las condiciones en que pibes y pibas, bandas, artistas y empresarios habitaban la noche. Un mundo abandonado a su suerte por el Estado y regido por la lógica del mercado que, a la vez, latía con un pulso artístico intenso que expresaba la renovación del rock, justamente con Callejeros como uno de sus máximos exponentes. Los y las herederas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la generación de los ‘90 que crecía a la par de un país que trataba de suturar las heridas de una crisis política, económica y social demasiada reciente como para ser del todo comprendida, se vio inmersa en y sostuvo, a la vez, una mística rockera y juvenil que bien podría encuadrarse dentro de “la cultura del aguante”, como definiera alguna vez el sociólogo Pablo Alabarces.

Pero los sucesos traumáticos dejan marcas de todo tipo y el dolor y la nostalgia no son las únicas respuestas posibles ante la ausencia ineludible y la injusticia de lo evitable. El Movimiento Cromañón, una coordinadora de diversas agrupaciones que surgieron en 2005 a partir de la masacre, es un claro ejemplo de otras vías posibles para alcanzar algún tipo de reparación personal y colectiva, transitando la memoria desde una postura activa y desplazándola del recuerdo fantasmagórico y acuciante.

Como cualquier organización social y política, los objetivos se modificaron a través del tiempo, siempre en relación con las demandas urgentes y las condiciones y exigencias del momento, articulados en torno a los vectores guía de los reclamos históricos e insobornables. Hoy organizan un festival en las inmediaciones de Cromañón desde las 12 del mediodía, donde expondrán su pliego de reivindicaciones y realizarán una jornada cultural y artística con radio abierta, bandas en vivo y la inauguración de una arcada realizada por el papá de David Chaparro, una de las víctimas.

En la actualidad, el Movimiento se encuentra enfocado en recuperar el lugar físico, el local ubicado en Bartolomé Mitre 3060, que fue restituido en noviembre del año pasado a Nueva Zarelux S.A., una empresa offshore radicada en Uruguay cuyo dueño es Rafael Levy, un hombre vinculado a talleres clandestinos y a la trata de personas que era propietario del boliche el día del incendio y que estuvo 4 años y medio preso por el delito de incendio culposo calificado. A lo largo de todos estos años hubo cuatro juicios orales en los que se condenaron a 21 personas, de las cuales 18 fueron a prisión. Hoy, todas cumplieron su condena y se encuentran en libertad. Con la excepción de Omar Chabán, el gerente del local que, de no haber muerto hace 5 años de cáncer, seguiría preso.

“Ese montón de espejos rotos”

Marcha dialogó con Belkyss Contino (B.C.) y María Luján Rossi (L.R.), sobrevivientes de Cromañón e integrantes del Movimiento que está motorizando la expropiación del boliche para convertirlo en un espacio de memoria y un patrimonio cultural de la Ciudad. Un lugar destinado a la memoria activa y no al recuerdo estático; una evocación a las víctimas, familiares, amigxs y sobrevivientes; que recuerde sus historias, quiénes eran y quiénes son hoy. Un monumento vivo y habitable que reafirme y permita construir un relato para las nuevas generaciones. Que sepan que no fue una tragedia, que los bomberos, policías, funcionarios públicos, políticos y empresarios fueron partícipes necesarios de lo ocurrido. Que Aníbal Ibarra nunca fue procesado penalmente y que hasta hace 4 años fue Legislador porteño por el Frente para la Victoria.

¿De qué se trata el proyecto que presentaron?

B.C: El primero es de expropiación. Está en la Legislatura porteña, donde hay mayoría de Vamos Juntos (Pro). Cuando nos recibieron nos dijeron que estaba buena la idea, que era importante, que les parecía bien que hubiera un lugar de “recuerdo”. Nosotras usamos la palabra memoria. Nos dijeron que no tenían presupuesto. Entonces presentamos un proyecto de protección estructural del inmueble para que se declare patrimonio de la Ciudad y no se pueda tocar. La respuesta fue un monumento, que está todo bien pero no es lo que pedimos. Nosotras somos conscientes de que ningún proyecto de expropiación y patrimonialización se logró de un día para otro. Si no es en el 2020, será el próximo año. Y si no, el siguiente. Pero no nos vamos a mover de la convicción de que acá no puede haber un local de ropa.

L.R.: Y de hecho. ya han intervenido en el lugar. La Justicia no reparó, en la devolución del inmueble a Levy, que adentro había pertenencias de las víctimas que en su momento se había pedido que se pudieran restituir, pero como estaba judicializado no se podían tocar. Celulares, banderas, zapatillas. Hasta la bicicleta de una sobreviviente. Se cagaron en todo, sobretodo en el valor simbólico. Las cosas cuentan historias y estaban las huellas de lo que pasó. Algo muy representativo eran las marcas de las manos en las paredes, que significaban la desesperación por salir. Lo pintaron encima, quieren borrar nuestro relato. Para colmo, nos enteramos de prepo, a través de un hueco de la puerta. Ni nos notificaron.

¿Y por qué les parece que les niegan la construcción de su propia versión de los hechos?

L.R.: Es la misma lógica que se usa con las víctimas del gatillo fácil, de la trata, de las cárceles. Le niegan el relato a las víctimas, a los familiares, a los amigos. Las características de Cromañón son particulares, pero están dentro de un contexto más amplio. No es que nos pasa solo a nosotras y nosotros.

B.C.: Se utilizó mucho Cromañón como bandera de política pública del Pro. No hubo una decisión de fomentar los espacios culturales autogestionados, de acompañar el acondicionamiento de los lugares que no tenían recursos para afrontar las reformas, al gobierno nunca le interesó. Lo que hicieron en nombre de Cromañón fue empezar a clausurar. Y no estamos a favor de eso. Nosotras estamos a favor de que haya espacios donde se promueva la cultura. Fue un uso perverso de lo que pasó. Acompañó a un relato y un tipo de mirada sobre la cultura que no todos y todas compartimos.

L.R.: Lo que pasó en Cromañón fue tan inesperado y tan increíble que cuesta ponerle palabras, elaborar teorías. Yo me resisto a elaborar teorías, siento que elaborar y objetivar Cromañón me abre preguntas que no puedo ni dimensionar. Por eso es que se actualiza constantemente. Y el no poder construir un relato propio, porque te limpian el lugar, es tremendo. Como si acá no hubiera pasado nada, típico del macrismo. No te dejan contar la historia de la manera que vos querés contarla porque no les conviene, porque hace peligrar la idea de un discurso único, de que las responsabilidades son solo de Ibarra, de la banda, de Chabán y de los que fueron a un lugar que tendrían que haber sabido en las condiciones que estaba.

Cromañón y después

Los factores que explican lo sucedido aquel 30 de diciembre son varios y permiten comprender esta visión que reniega de considerar a Cromañón como una “tragedia”, producto de las fuerzas incontrolables del azar. Las puertas que funcionaban como un embudo y abrían para adentro, los extractores de humo tapados, un local rebalsado que albergaba 4 veces su capacidad de público habilitada, la media sombra más barata que mandó a colocar Chabán que no era ignífuga, la infame salida de emergencias cerrada con un candado. Pero detrás de la sucesión de hechos puntuales de esa noche se esconden las múltiple decisiones (o la falta de ellas), que permitieron que sucediera. Cromañón fue la materialización, en proporciones intolerables, de una matanza latente construida durante varios años a base de conveniencias entre funcionarios del Estado, actores políticos y empresarios orientados a la maximización de ganancias.

L.R.: Yo lo vi a Chabán apoyado en un árbol, con la mirada perdida clavada en el piso, mientras los pibes sacaban gente. Y al rato se fue caminando.

B.C.: Muchos y muchas de las que murieron fue porque entraron varias veces a sacar personas.

¿Cómo fue posible que sucediera Cromañón?

B.C.: Tuvo tal magnitud que lo hizo insoportable. Por la cantidad de víctimas, por la edad que teníamos. Es tan insoportable que es preferible no pensarlo para la sociedad. Siempre es más sencillo pensar en el factor trágico, del azar. No fue casualidad, estaban todas las condiciones dadas para que sucediera. La Comisaría 9, que era la de la zona, tenía arreglos con todos los lugares, comprobado en uno de los juicios. El subcomisario Díaz, que estuvo 8 años preso, iba personalmente a cobrar la coima. Habían habilitado un plano del edificio que no correspondía con la realidad, también.

Además se había desfinanciado el área de inspecciones de la Ciudad, encubierto en el relato de que por la corrupción se lo desarticulaba. Lo dejaron sin fondos y pusieron a personas en cargos jerárquicos que no eran idóneas para desempeñar sus funciones. Fueron designaciones políticas, no por aptitudes técnicas. Hubo un montón de avisos previos de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de los boliches en Buenos Aires. También de la Auditoría de la Ciudad. Todos fueron desoídos. ¿Cómo vas a esperar que puedan hacer algo sin fondos y sin gente capacitada?

¿El Estado se hizo cargo de lo que había pasado?

B.C.: A nivel judicial, las condenas fueron bajísimas porque las figuras legales utilizadas eran por delitos menos graves. En cuanto a las responsabilidades, el Frente para la Victoria gobernaba la Ciudad en ese momento. Posterior a Cromañón, le brindaron la estructura político-partidaria a Aníbal Ibarra para ser Legislador porteño desde 2007 hasta 2015 y fue como candidato acompañando a Filmus en las elecciones de Jefe de Gobierno de 2011. Hay un entramado que lo sigue sosteniendo. La presencia actual de Vilma Ibarra, su hermana, como Secretaria Legal y Técnica del oficialismo, nos preocupa que sea la puerta de entrada para que (Aníbal) Ibarra pueda regresar a la gestión pública.

L.R.: A Ibarra se lo escrachó porque ni fue llamado a indagatoria, consideraron que no tenía responsabilidad penal. Sí responsabilidad política que, a mi gusto, fue mayor que la que dejaron entrever. No creo en su ingenuidad en un montón de cosas que tienen que ver con el armado de las inspecciones en la Ciudad.

Antes hablaban de que no les dejan construir su propio relato. ¿Cómo es el que sí habilitan?

L.R.: Que éramos unos negros de mierda que no nos importaba nada, que teníamos una guardería en el baño, la cual nunca existió, demostrado en otro de los juicios. Esa es la representación de Cromañón. Si había chicos o chicas en el baño eran hijos de las empleadas de Chabán que les decía “vení a laburar igual” aunque no tuvieran dónde dejarlos.

B.C.: Y si no, que nuestra militancia es puro desborde, que no tenemos una visión crítica de lo que pasó. Los y las sobrevivientes y los familiares desbordados emocionalmente que no razonan sobre lo que sucedió, y no es así. Hay un análisis crítico de lo que pasó después de 15 años. No es solamente mostrar lo que sentimos. Hay datos concretos sobre lo que pasó y continúa pasando. Es una manera de desviar el foco de atención. Lo mismo que con la banda, porque mediáticamente era más atractivo. Si eran o no responsables, si matarlos o permitirles la vida. No se habló, por ejemplo, del acompañamiento a sobrevivientes y familiares, que fue prácticamente nulo.

L.R.: En 2009 se presentó un proyecto de ley de reparación integral para sobrevivientes y familiares que contemplaba no solamente un subsidio por 5 años, sino también asistencia en salud, con especialidades en neurología, dermatología, psicología y psiquiatría. También solicitamos programas para reinsertar en el sistema educativo a sobrevivientes que no habían terminado el secundario, capacitación laboral para quienes no tenían trabajo, algún plan social de alimentación de la Ciudad. Ritondo, entre otros tantos, pedía como condición para acceder a los beneficios de la ley tener cierto “porcentaje de discapacidad”. No vamos a negociar que nos hagan un seguimiento como corresponde, que me permitan volver a estudiar, a tener un trabajo. No desde el lugar de “pobre de nosotros que no podemos seguir con nuestras vidas”, todo lo contrario. Justamente, como queremos seguir adelante, como Estado tenés que hacerte cargo de ayudarnos.

Ponerse las zapatillas

El pilón de zapatillas fue y continúa siendo una de las imágenes más representativas de lo que pasó en Cromañón. En la actualidad, cientos de ellas cuelgan en las afueras del boliche, para recordar a las víctimas. Y la potencia de su imagen radica en la cantidad de sentidos que encierra. La Topper rota y manuscrita, ícono de una tribu urbana ya casi extinta, abandonada, vacía, habla no sólo de la desesperación y la corrida por salir en busca de aire, sino de una ausencia. La zapatilla que no camina, que no avanza, que no tiene destino. La zapatilla colgada que habla del recuerdo.

¿Qué significan las zapatillas para ustedes, después de 15 años?

B.C.: Nosotras queremos descolgarlas. Metafóricamente hablando, obvio. En el sentido de ponérnoslas y poner a caminar a las pibas y pibes que estaban ahí dentro.

L.R.: Varios y varias hemos transitado momentos realmente oscuros, tensando cada vez más el límite, hasta que alguien te dice basta. Inevitablemente sucede, lo sé por charlar con los y las demás. Y ahí decís “ahora quiero elegir”. Y eso tiene que ver con que pasaron 15 años y no nos olvidamos, el dolor sigue siendo el mismo pero el poder registrar todo lo que hicimos es un montón. Tantas veces pensábamos que no había salida y hoy la vemos. Está bueno registrarlo, si no estamos permanentemente metidas en la nostalgia y en el dolor. Me sigue costando atravesarlo, pero hoy estoy eligiendo transitarlo de otra manera. Hoy en vez de pintar la pared de negro, la pinto con un montón de colores.

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Por Severino López | Fotos de Marcha

Hace una semana que en Banco Piano lxs trabajadorxs están en lucha. La entidad financiera pretende recortar derechos y no piensa en repartir sus ganancias a través de un bono que se le exige. O por lo menos eso creía. La Comisión Gremial Interna (CGI) se organizó y empezó a romper la monotonía de la City porteña. Con caretas de ratas, carteles con las caras de los directivos  responsables de decidir las cuestiones económicas y un parlante que suena durante todo el día, la lucha se visibiliza en la puerta de la Casa Central de la otrora Casa Piano.

“Acá estamos con los compañeros exigiendo que el Banco reconozca el esfuerzo de los trabajadores. No puede ser que con las ganancias millonarias que tienen pretendan que perdamos derechos. Es el aniversario número setenta y cinco de Banco Piano y no sólo que no nos quieren reconocer con un bono sino que pretenden que tampoco tengamos fiesta de fin de año anulando el presupuesto que se otorgó durante estos últimos tres años para tal fin”, explicó Mariano Martínez, Secretario General de la CGI.

La única respuesta de la entidad que dirige la familia Piano fue contundente: “Ya nos mandaron la policía dos veces por pegar unos carteles y por poner música. Se hicieron presentes los abogados del Banco y nos amenazaron de distintas formas. En el medio de todo llamaron a una escribana. Intentan amedrentarnos, que caigamos en la provocación, pero no lo van a lograr”, contó Martínez. Mientras el Secretario General de la CGI desarrollaba los hechos de la semana pasada, de fondo se escuchaba el tema Rata de dos Patas, de Paquita la del Barrio. En loop, una y otra vez, la música sólo se cortaba para darle lugar a la murga que improvisaban los delegados con un bombo y un par de redoblantes.

En San Martín 345, a metros de la Avenida Corrientes, la gente pasa, mira, se ríen, sacan fotos o filman algún video. No falta quien se acerque a dar palabras de aliento a quienes llevan adelante la medida. Desde hace una semana que la puerta de Banco Piano se convirtió en una atracción turística. Para que al Banco y sus accionistas les quede bien en claro de qué se les acusa, Paquita de fondo sentencia en sus prosas: “Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito”.

“Exigimos un bono por el 75 aniversario que este año cumplió la entidad, una canasta navideña para llevar a la mesa de nuestras familias y que no nos quiten el presupuesto que se otorgó durante los últimos fines de año para reuniones de equipos de trabajo”, aclara un volante que entregaban los y las trabajadoras a la gente que pasaba y apoyaba con una sonrisa cómplice. “Estamos hablando de un Banco, a ver si se entiende, no nos pueden decir que no tienen con qué pagar. La única respuesta que encontramos es que es una cuestión mezquina e ideológica, una cuestión de clase. Ganan millones y no reparten nada. El banquero cree que la fortuna que hace es gracias a sí mismo cuando somos los trabajadores los que ponemos el cuerpo todos los días”, cerró Martínez.

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Por Ana Paula Marangoni | Fotos de Oscar De la Vega y Nadia Petrizzo

Promediando las seis y media todas las mesas del Centro Cultural Torquato Tasso estaban llenas. Los y las allí presentes esperaban con expectativa el inicio del debate, integrado por la antropóloga feminista Rita Segato, la legisladora platense Victoria Tolosa Paz del Frente de Todos, Nahuel Levaggi de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT), Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) – Vía Campesina y el abogado y miembro de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria Marcos Filardi, que estuvo a cargo de la coordinación del panel.

El eje de la cita fue un tema que suele abordarse periférica o parcialmente, pero nunca centralmente. Es que la alimentación, según las y los expositores, no solo es un problema de quienes producen, sino también de toda la sociedad. Es un derecho básico que afecta transversalmente lo social, lo económico, lo demográfico y las políticas de Estado.

Nahuel Levaggi, referente de la UTT, inició la conferencia hablando de las y sujetos históricos que a partir del enorme trabajo de las organizaciones comenzó a visibilizarse: las y los productores. En un país con un porcentaje del casi 90% de población urbana, la sociedad se ocupa mayormente del consumo, sin preguntarse quiénes producen, en qué lugares y en qué condiciones, quiénes se ocupan de la distribución de alimentos y quiénes se llevan las ganancias del valor agregado. En ese sentido, agregó que “hay modelos alternativos que generarían alimentos sanos y accesibles para el pueblo y esto depende de todos y todas nosotras. Tenemos que dar la discusión para que suceda, no alcanza con votar cada 4 años. Seamos protagonistas activos de la historia”.

Esto conduce a uno de los problemas más importantes de la Argentina. Tenemos un modelo agro exportador con una enorme concentración de la tierra, basado en el uso intensivo de la tierra y el uso extensivo de agrotóxicos, en manos de un grupo minoritario de empresas que son las dueñas de todas las marcas que llegan a las góndolas.

Levaggi insistió en los problemas que conlleva nuestra matriz de producción y comercialización de alimentos, que es la que conduce al hambre. En definitiva, consumimos alimentos de mala calidad, contaminados y a precios altísimos. No faltan productores, falta democratizar la venta. En principio, se trata de disputar sentidos en la sociedad para crear la convicción de que otro modelo productivo agroecológico es posible. Las experiencias, como la de la UTT, ya existen y son posibles de multiplicarse.

En la misma línea discursiva, Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) – Vía Campesina, también hizo énfasis en lo perjudicial del actual modelo productivo, al cual nominó como el “Agronegocio”. Además, mencionó las dificultades de la agricultura campesina para generar valor agregado, lo cual necesita del acompañamiento para implementar infraestructuras mínimas.

Montón insistió en restaurar una alianza entre el campo y la ciudad. Es prioritario generar políticas públicas que limiten la concentración de la tierra, que creció de un modo alarmante, arrasando todo tipo de suelos para destinarlos casi exclusivamente al monocultivo. Un diálogo entre el campo y la ciudad podría reparar la asimetría demográfica, ya que la falta de condiciones para vivir en sectores rurales obliga a campesinos e indígenas al desarraigo y a subsistir precariamente en los conglomerados urbanos. Para Montón, “hemos sufrido muchas derrotas como organizaciones del campo por estar aislados. ¿Cómo logramos entender, como pueblo, que los problemas del campo no son solo del campo?”.

La antropóloga y pensadora feminista Rita Segato introdujo el caso de Brasilia para dar cuenta de los límites estructurales que tuvieron los gobiernos progresistas de Latinoamérica. En cuanto a formas de producción, ella planteó tres: la primera consiste en ponerle tope a la concentración de la riqueza; la segunda, que ocurrió durante la primera etapa del Partido de los Trabajadores (PT), se trata de evitar la pérdida de recursos; y la tercera, que terminó siendo en muchos casos la principal estrategia, consiste en la colocación de las commodities en el mercado global.

El uso predominante de esta última estrategia condujo a un cuello de botella, ya que las lógicas de los mercados tienden a atacar otras formas de producción alternativas, no tanto porque representen una amenaza en términos económicos, sino porque proponen un camino diferente. Y el Capital se encarga de descabezar todo proyecto o modelo que pueda llegar a cuestionar su hegemonía, así estén en un estado embrionario.

En relación con esto, Segato señaló la importancia de aquellas prácticas locales y comunitarias que escapan a las lógicas del Capital y que presentan un modelo de arraigo. En sus palabras, “ese arraigo local en un territorio irreductible donde no es posible convertir algunos bienes o formas de producción en beneficio del Capital”. En algunos sectores aún pervive la lógica de la conmutabilidad, aquello que tiene un valor más allá de lo mercantil y que no puede ser reducido a un bien o servicio. Esta lógica persiste en gran medida por las mujeres, que son quienes se ocupan en las huertas de elegir las semillas manualmente, por ejemplo, o de sostener los valores comunitarios en sus territorios.

El rol del Estado

Además de evaluar la problemática alimentaria en relación directa con el hambre, también se instaló el debate acerca de cuál debería ser el rol del Estado y qué rumbo podrá tomar el gobierno entrante, conducido por la fórmula Fernández-Fernández, para reemplazar un modelo que genera desigualdad, mala alimentación, contaminación de la tierra y de los cuerpos, inequidad social y hambre.

Para Victoria Tolosa Paz, legisladora platense del Frente de Todos y co-autora del Plan “Argentina contra el hambre”, la alimentación debe ser tratada como un derecho, ya que la mayor parte de la población en barrios populares padece de déficit nutricional, ya que estos sectores no acceden a alimentos de calidad. El Estado debe garantizar el consumo interno de alimentos y trabajar también desde la comunicación y la educación para contribuir con nuevos hábitos alimenticios. Además, señaló la importancia de que el Estado provea alimentos de calidad nutricional en las escuelas y hospitales públicos, lo cual actualmente no sucede.

El mayor punto de discusión se dio a partir de la posición de Rita Segato en relación al Estado: “El Estado no es confiable porque se mantiene exterior a la vida de las personas. Las personas lo saben y construyen pliegues, refugios. Un ejemplo de esto es la agroecología, otra forma de producción”.  En relación a este punto, que se dio cerca del cierre de la charla y que terminó volviéndose central, Victoria Tolosa Paz sostuvo que esos “pliegues” que mencionó Rita a veces son atacados antes por el Capital que por el Estado. Este último, entonces, no debería ser otro enemigo, sino que debería “regular las asimetrías y asegurar los pliegues y refugios que mencionaba Rita”.

Quienes también se mostraron en desacuerdo con el postulado inicial fueron Diego Montón y Nahuel Levaggi. Para ellos dos, al ser el Estado quien debe garantizar el pleno acceso de los y las ciudadanas a sus derechos, es el primer lugar donde acudir pero esto no implica delegarle la capacidad de acción política, sino que “es solo una de las tantas batallas a dar”. Ante estas observaciones, Segato aclaró que no criticó el acudir al Estado para que garantice los derechos, sino que la “fe estatal para la que fuimos programados” a veces puede generar que deleguemos la agencia política en él: “La gente tiene que tejer comunidades y la agencia tiene que estar siempre en ellas porque el Estado no consigue defenderlas”.

Más allá de las distintas posturas acerca de la función estatal, todos los expositores y las expositoras coincidieron en que es necesario avanzar en una transición para lograr a futuro una Argentina soberana, saludable y equitativa en este aspecto central para nuestras vidas. Resolver, en primera instancia, las urgencias del hambre. Y, mientras tanto, proteger a las agriculturas familiares, cooperativas, campesinas e indígenas, para que puedan acceder a la tierra y competir con sus productos. Brindarles herramientas, infraestructura y oportunidades para que puedan elaborar alimentos con lo cosechado de la tierra.

Será tarea de todas y todos recuperar un debate que articula en definitiva a la economía y el acceso a derechos fundamentales en todo el país. Es posible recuperar nuestra tierra y producir tanto como consumir alimentos sanos, a un precio razonable y libres de agrotóxicos. Y estos derechos deben ser para todos los sectores sociales.

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Por Ignacio Marchini / Foto: Oscar De la Vega 

Hoy se cumplen dos años desde que Santiago Maldonado desapareció en una represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. Un hecho que ocasionó el apoyo popular en grandes manifestaciones y puso en jaque la continuidad del macrismo como sistema político y cultural dominante que vio la necesidad de tomar la decisión política de incrementar la represión.

Desde entonces, la lucha de la familia y amigos y amigas de Santiago busca determinar los responsables materiales e intelectuales y las responsabilidades judiciales, penales, administrativas y políticas tras lo que significó una desaparición forzada seguida de muerte en Argentina. Por eso, señalan al juez Gustavo Lleral, a cargo de la causa, quien se rehúsa a investigar las inconsistencias de las pericias.

En diálogo con Marcha, Verónica Heredia, la abogada de la familia de Santiago Maldonado, contó los fundamentos sobre los cuales basan el pedido de reapertura de la causa y de una nueva investigación que sea imparcial e independiente al gobierno y a las fuerzas represivas.

¿Cuál es el estado actual de la causa por justicia para Santiago?

Desde el 29 de enero de este año la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia debe resolver si mantiene o no el archivo de la causa dispuesta por el juez Gustavo LLeral el 29 de noviembre de 2018. Por lo tanto, han pasado seis meses, todos los plazos legales están vencidos. Observamos una vez más que los plazos de esta causa van a responder a las elecciones, porque de aquí a fin de año quedan tres comicios. Los jueces, de aquí a fin de año, van a elegir en qué momento van a decidir, no va a responder a una cuestión legal ni judicial la resolución.

Nosotros presentamos todo en tiempo y forma, porque los plazos son perentorios. A los tres días que el juez dictó la sentencia de archivar la causa apelamos. El 4 de diciembre de 2018 la Cámara de Apelaciones nos citó a una audiencia el 29 de enero y, hasta la fecha, no dictó ninguna resolución. Cualquier decisión que se adopte, ya sea mantener el archivo o desarchivarla, no va a responder a los plazos legales. Los jueces están manejando políticamente la causa de Santiago.

¿Qué momento pensas que están esperando? ¿Después de las elecciones?

No lo sé. Lo que sí sé es que están todos los plazos vencidos. Lo que sabemos es que de acá a fin de año hay tres elecciones y en algún momento van a resolver. Están especulando con esa decisión. No responde a los plazos legales, no responde al Código Procesal. Uno de los jueces, el Presidente de la Cámara, forma parte de la comisión que tiene a cargo las escuchas telefónicas, Javier Leal de Ibarra. Él ya había dicho que la causa había que cerrarla. Lo recursé cuando dijo eso y negó lo que dijo.

Las expectativas sobre esta justicia forman parte de la desconfianza que el propio relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión dijo en su comunicado: “En Argentina, la gente no cree en el poder judicial”.

¿Cuáles son las irregularidades de la causa?

Primero, nos opusimos a que la investigación siga estando en manos del Ministerio de Seguridad. Desde el primer momento dijimos que tanto el juez, como la fiscal, como la ministra de seguridad, forman parte del problema y, obviamente, de ellos no va a salir ninguna solución. Logramos apartar al juez Guido Otranto, pero aún con todas las recusaciones que hicimos contra la fiscal Silvina Ávila no la pudimos sacar de la causa, se mantuvo con apoyo del Ministerio Público Fiscal. Tampoco logramos que el juez Gustavo Lleral resolviera iniciar una investigación sin Prefectura ni la Policía Federal. Mientras Prefectura mata a Rafael Nahuel por la espalda, acá hace las pericias, y mientras que Gendarmería reprime la protesta donde desapareció Santiago, hace las pericias de Nahuel. Todo muy pornográfico.

Ya veníamos advirtiendo que esto iba a quedar en la nada y efectivamente el juez resolvió que Santiago ingresó voluntariamente a las aguas del Río Chubut y ahí la muerte lo encontró en un pozo donde cayó. Así, groseramente está escrito en la sentencia. Por eso apelamos todo, desde la primera hasta la última resolución. Todo dijimos que estaba mal hecho, que no se había investigado porque no podían investigarse a si mismo quienes llevaban adelante la investigación. Esto es lo que venimos reclamando desde el primer momento: la conformación de un grupo de expertos independientes, con la lógica de los 43 normalistas en México, como la comisión que lleva adelante la investigación sobre la muerte de Berta Cáceres. No estamos pidiendo un absurdo, se ha hecho en diferentes partes del mundo cuando el hecho es claramente generado por el propio Estado, que no está organizado para investigarse a sí mismo.

¿Cuáles son las inconsistencias de las pericias?

Se instaló que en la autopsia se había firmado que Santiago se ahogó sólo el primero de agosto y que ahí permaneció hasta que fue encontrado el 17 de octubre. Eso lo autopsia no lo dice. Se instaló que 55 peritos habían dicho esto. No solo no dice esto, sino que no fueron 55 peritos, son 26. A partir de ahí, todo lo que se instaló mediáticamente, la autopsia no lo dice.

En la autopsia hay 55 firmas porque aparte de los 26 peritos está la del juez, los secretarios, las personas que abrían la puertas, los que cerraban, los que sacaban fotos, etc. Es un escrito que tiene 100 hojas, de las cuales las primeras diez son todas firmas y presentaciones y las últimas veinte también. Es un escrito muy escueto, muy pobre, y por eso hicimos preguntas para que se amplíen las afirmaciones que estaban en ese escrito y eso es lo que nos rechazó el juez.

¿Qué sí dice la autopsia y el juez no quiso aclarar? Dice que el estado en el que se encontraba el cuerpo de Santiago era producto de la crioconservación artificial y natural. La crioconservación natural se da a menos de 80 grados centígrados. El Río Chubut no llega a 0°. Todas las temperaturas del río que el propio informe de la autopsia dice, es más de 7° promedio. Nosotros le preguntamos al juez por qué los peritos afirman eso, de qué crioconservación hablan. Es ejemplificado el chiste que hizo la diputada Elisa Carrió (NdR: comparó a Santiago con Walt Disney). El cuerpo de ese chiste no está en ningún río, está en un lugar artificial, acondicionado para eso.

¿En la autopsia figura alguna temperatura en la que encuentran el cuerpo?

Ellos nombran el estado perfecto del cuerpo de Santiago, que conservaba hasta las huellas digitales. El cuerpo estaba perfecto. Yo vi el cuerpo. Cualquier persona que haya estado en el agua sabe como te queda la piel luego de horas, imaginate tres meses. No es lógico. ¿Qué explicación dieron? Que el cuerpo de Santiago estaba crioconservado naturalmente y eso, por lo menos en las aguas del Río Chubut, es imposible. Entonces, si estuvo crioconservado de manera natural, no fue en el Río Chubut, y si no fue en el Río Chubut, fue en otro lado. Es así de simple y eso está escrito en la autopsia y el juez no lo dijo. No solamente no lo dijo, sino que no nos permitió preguntar y que nos dieran explicaciones.

Hablan también de otras inconsistencias en las pericias

Así como dice crioconservación artificial y natural dice “muerte violenta”. Eso él tampoco lo dijo ni explicó por qué habla de muerte violenta. Lo que no dice la autopsia es que Santiago murió ahogado solo, sin que nadie lo viera, que se cayó en un pozo donde fue encontrado el 17 de octubre. Por eso, el perito de la familia en ese momento firmó la autopsia porque eso no lo dice y había que explicar y explayarse sobre qué puntos sí se estaban diciendo. Más allá de que él es antropólogo, no es especialista en crioconservación ni médico forense.

Cuando se presenta la autopsia, lo primero que hacemos es preguntar sobre todos estos puntos, que expliquen por qué escribieron eso. Ni siquiera es que los forenses negaron la respuesta, el problema es que el juez no permitió que hiciéramos la pregunta. Los peritos son especialistas en distintos temas, ellos hacen el informe y se abre una instancia para que, como abogada, pueda pedir que se amplíen ciertos puntos. El juez negó que se formularan las preguntas.

Si hay algo que no le interesó a Lleral fue saber la verdad. Él llegó para encontrar el cuerpo, que nadie explicó por qué Guido Otranto no lo encontró si el cuerpo estaba ahí el 18 de septiembre, cuando fue con 400 personas. Le pedimos a Lleral que lo citara a Otranto y que viniera a explicar cómo él sabía que Santiago estaba ahí y no lo encontró. Por supuesto, negó esa citación. Todas las preguntas que hicimos están formuladas en tiempo y forma en el expediente. El juez dio por terminada su labor cuando se encontró el cuerpo, sin ningún interés de saber qué pasó.

Hay ciertas declaraciones desde el oficialismo en pos de intervenir en la causa para darla por terminada

La injerencia del Poder Ejecutivo en la causa fue clarísima desde el primer momento. A este gobierno le interesa que la causa de Santiago siga siendo utilizada mediáticamente y electoralmente, como ellos la utilizaron en su momento. Instalaron que Santiago no estaba, que formaba parte de la RAM (NdR: Resistencia Ancestral Mapuche), que era violento, que había un 20% de probabilidades de que esté en Chile. Se dijeron barbaridades, una tras otra. Luego, cuando apareció el cuerpo, dijeron que se ahogó solo. Se terminó. La misma gente que antes hacía todo un razonamiento y decían que estábamos inventando un desaparecido, cuando aparece el cuerpo dicen que se ahogó solo. De ese modo el juez afirma en una sentencia lo que el Poder Ejecutivo estaba diciendo. Ahora quieren que esto se instale.

¿Qué pensás de la relevancia que tomó la figura de Santiago?

Santiago representa la denuncia a todo el sistema, al sistema represivo, al sistema capitalista, al sistema extractivista, la defensa de los pueblos originarios. Todo eso representa Santiago. Así que al Gobierno le interesa que quede que Santiago se ahogó solo, que se ahogó como un tonto.

Vamos a estar este primero de agosto, como vamos a estar el primero de agosto de 2020 y el primero de agosto de todos los años hasta que sepamos realmente qué pasó con Santiago el primero de agosto de 2017, qué pasó con Santiago desde el primero de agosto al 17 de octubre y qué pasó desde ese momento hasta ahora, que se está garantizando la impunidad. De allí podremos determinar los responsables materiales e intelectuales y las responsabilidades judiciales, penales, administrativas y políticas.

Maldonado y Santillán, hermanados contra la impunidad

Santiago Maldonado: principio y final.

¿Dónde está Santiago Maldonado?

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Por Ignacio Marchini y Camila Parodi para Fundación Rosa Luxemburgo | Foto Oscar de la Vega

El oficialismo no es la única fuerza política que aboga por esta reforma. El Frente Renovador, con las firmas de Sergio Massa y Graciela Camaño, el salteño  Alfredo Olmedo de Salta Somos Todos, y la Coalición Cívica, con la firma de Elisa Carrió entre otras, son algunos de los proyectos que piden por la baja de edad de punibilidad a los 14 años, incluso menos de lo que prevé el anteproyecto de Cambiemos.

Este debate surge en un contexto electoral, como cada vez que se ha dado esta discusión, desde hace, por lo menos, más de 15 años. Los partidos políticos buscan sacar votos a partir de la demagogia punitivista, es decir, del pedido de recrudecimiento de las medidas represivas contra los sectores más vulnerables, conocido como “mano dura”.

Es cierto que un sector mismo de las clases sociales más relegadas por el Estado, principales víctimas de la criminalidad cotidiana, pide por una mayor presencia policial y punitiva, por lo que el debate en torno a la baja de punibilidad es muy complejo, si bien no hay ningún dato que respalde que bajar la edad de punibilidad de soluciones a este problema.

El asesinato del chico de 14 años Brian Aguinaco a finales de 2016, a manos de un supuesto “Brian J.”, conmovió la opinión pública y reavivó el debate sobre la incidencia de los menores en los delitos graves. Este caso contó con los condimentos de que los dos chicos se llamaban igual y que tenían edades similares, por lo que los medios masivos de comunicación apelaron el morbo para reforzar una perspectiva punitivista y vengativa del caso. Uno de los puntos más graves es que la autoría del crimen nunca fue efectivamente comprobada.

Este chico de 15 años, argentino, fue infundadamente “acusado” de ser peruano, como su padre, que estaba prófugo de la justicia, y su madre, que tenía libertad condicional. La combinación de ser hijo de migrantes, menor y pobre, con un historial familiar criminal, brindaron los elementos perfectos para sacar a relucir las peores facetas del sentido común, como son la xenofobia y la criminalización de pobres y jóvenes. “Brian J.” fue expulsado a Perú a vivir con su abuela, sin siquiera estar procesado.

Usando el asesinato de Brian Aguinaco como excusa, el Ministerio de Justicia llamó a una ronda de consultas sobre la posible reforma a inicios del 2017, usando su plataforma digital Justicia 2020. En ese entonces, la propuesta fue bajar la edad de punibilidad a 14 años. La negativa de los y las especialistas fue rotunda: el 80% se manifestó en contra de bajar la edad de punibilidad por considerarla una medida regresiva en materia de derechos humanos, el mismo posicionamiento que mantienen la mayoría de los y las especialistas en el debate de este año.

Además de violar el principio jurídico de progresividad y no regresividad –según el cual no se pueden aprobar leyes que impliquen un retroceso en materia de derechos o beneficios adquiridos-, el proyecto de reforma del sistema penal juvenil sería incompatible con otras normas jurídicas, como por ejemplo la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, al darle la potestad al juez de darle intervención –o no– a los órganos específicos que contempla esta ley, cuando hoy en día esta intervención es de carácter obligatorio.

Más allá de los aspectos jurídicos, varias de las organizaciones abocadas a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes han dado sobradas razones para demostrar que la baja de la edad de punibilidad y el agravamiento de las penas no tienen resultados positivos ni en la baja del delito de jóvenes ni en la baja de reincidencia. También intervinieron ONG´s como UNICEF, según la cual “la experiencia muestra que un sistema basado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que facilite la reinserción, es mejor para la sociedad porque reduce la reincidencia y la violencia”.

Y agregan en relación al debate de la reforma en Argentina que “una Ley de Justicia Penal Juvenil acorde con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos debe crear un sistema especializado en el que se apliquen –como regla– medidas no privativas de la libertad y medidas alternativas al proceso judicial, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal”.

Hay que tener en cuenta además que, según datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, en 2016 menos del 4% de los delitos investigados por fiscalía involucraron a adolescentes menores de 18 años (3,44%) y que este porcentaje se mantiene estable desde 2009. La incidencia de los y las menores de edad en delitos graves y gravísimos es ínfima.

De ese total, “el 11,63% correspondió a robos agravados (incluido el uso de armas y otros agravantes); el 3,87% a delitos contra la integridad sexual; y el 0,96% a homicidios (más de la mitad en grado de tentativa). El resto de las investigaciones iniciadas (83,54%) se debieron a amenazas, delitos contra la propiedad y lesiones, entre otros”.

A esto hay que sumarle las penas altísimas que contempla el anteproyecto de ley. Los menores que pasarían a ser punibles, de 15 años, pueden ser condenados hasta un máximo de 15 años, es decir, podrían pasar encarcelados el mismo tiempo que ya han vivido. ¿Qué expectativa de vida puede tener un chico que pase la mitad de su vida encerrado, en un Servicio Penitenciario que los sigue vinculando con el ambiente delincuencial o les dificulta una posterior inserción laboral por el estigma carcelario?

El caso de las y los jóvenes de 16 y 17 es aún peor. En el proyecto presentado por el oficialismo, no hay topes para las penas sobre los y las adolescentes de esa franja etaria, no se les puede absolver y no se indica que debe aplicarse la pena más breve, o sea: se podrían aplicar condenas de hasta 50 años.

Si además tenemos en cuenta que el sistema penal es sumamente discriminatorio, selectivo y estigmatizante ya que no persigue a todos por igual, sino a los más pobres; que la pobreza ha crecido en los últimos años hasta el punto que 1 de cada 2 menores de 14 años es pobre; que el mismo gobierno que recorta el presupuesto para niñez, salud y educación, promoviendo la exclusión social de la infancia, es quien impulsa la reforma penal juvenil; y que el proyecto de ley penal juvenil requerirá de enormes inversiones presupuestarias (desviándolas de los presupuestos destinados a garantizar educación, salud y vivienda), el agravamiento de una repuesta penal a un problema de extracción social sería absolutamente desatinado.

El marco legal vigente

“La ley que actualmente regula las conductas disvaliosas o la delincuencia -como se suele decir- de los adolescentes y los jóvenes es una ley de la dictadura militar”. Así lo cuenta Silvia Guemureman, investigadora del CONICET y Directora del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ). Se trata del Decreto Ley 22.278, un decreto ley del año 1980 “sancionado por la Comisión Asesora Legislativa, porque durante la dictadura no funcionaba el Congreso”. Según Guemureman, “ese decreto ley se hizo cuando se creía que ya lo peor en términos del ‘combate a la subversión’ había pasado.

Antes de eso hubo una ley que habilitaba la pena de muerte de chicos de 14 y 15 años de edad, prueba de eso es la cantidad de chicos adolescentes de secundarios desaparecidos”, señala la socióloga. Este decreto tenía un objetivo muy tutelar por parte de los militares que, como sostiene Guemureman, respondía a toda la clase dominante ya que lo que primaba era “esta idea del menor en situación de riesgo moral o material del cual había que disponer.”

Esta mirada que consideraba al menor, en referencia al mayor, como algo de calidad inferior se mantuvo a lo largo de los años y data desde 1919 (y antes), con la creación de la Ley de Patronato. A finales de la década de los ´80, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN), marcando un punto de inflexión en la normativa jurídica de la niñez. Así se dio inicio a un nuevo paradigma de derechos, el de la Doctrina de Protección Integral. La figura del menor fue desplazada de la idea de “objeto de la compasión-comprensión” a la de ser vistos como sujetos plenos de derechos.

En el caso de la Argentina, la modificación de la Ley de Patronato, creada hace 100 años, fue recién en el año 2005, cuando se sancionó la Ley Nacional de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26.061).

Desde este marco legal, se entiende al sujeto –niño, niña, adolescente– con derechos que deben ser protegidos y promovidos desde el Estado y se reconoce que existen vulneraciones que son sociales y económicas, no atribuibles únicamente a la responsabilidad familiar. Después del 2005 se suponía que la Ley de Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil sería modificada, pero las jugadas legislativas y electorales la usaron como caballito de batalla para su beneficio, “ya sea para el mercado de los réditos electorales como para la criminalización mediática”, afirma Guemureman.

Para la “mano dura” no hay grieta

En lo que respecta a los debates de los últimos 10 años, podemos retrotraernos a 2008 para escuchar al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente en 2015, Daniel Scioli, reclamando en una entrevista la baja de edad de punibilidad para delitos graves. Un año después, respaldado por su entonces Ministro de Justicia Ricardo Casal, y ante el asesinato del camionero Daniel Capristo en abril de 2009, cometido por un chico de 14 años, el ex motonauta volvió a reclamar la baja de edad de imputabilidad. A fines de ese mismo año, un proyecto de ley obtuvo media sanción en Senadores pero no logró pasar la votación en la Cámara Baja y perdió el estado parlamentario.

A los dos años se repetía la secuencia con el asesinato de Fabián Esquibel por un muchacho de 15 años. A los reclamos de Scioli y Casal se sumaron el actual presidente Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, y el ex diputado bonaerense Francisco De Narváez. En 2013 Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora y candidato a diputado en ese entonces del Frente para la Victoria (FPV) reavivó el debate y fue ampliamente repudiado, incluso por integrantes de su propio armado electoral como Juliana Di Tullio o Carlos Kunkel. Tres años después, el massismo presentó un proyecto de ley con la misma propuesta. Como bien señala la Directora del OAJ, “los espasmos de la criminalidad mediática a la hora de activar el coro punitivo dentro de las agendas legislativas es una constante que se ha repetido a lo largo de estos años”.

El problema es social, no penal

En la vida de sus protagonistas, el debate sobre el Sistema Penal Juvenil tiene poca incidencia. La situación de la niñez y adolescencia empobrecida de la Argentina atraviesa un contexto de vulneración de derechos muy complejo. El vaciamiento de políticas públicas de educación, salud y bienestar social, como así también la situación económica laboral, afectan directamente la vida de niños, niñas y adolescentes.

A su vez, el avance de redes que integran la economía llamada «ilegal» pero que, en realidad, conservan lógicas de articulación e incidencia estatales sobre los territorios, merece atención. Se trata de redes que, en complicidad y presencia del Estado “ausente”, accionan sobre los cuerpos de los pibes y las pibas como posibles cuerpos de sacrificio para sostener sistemas y entramados de enriquecimiento y poder.

Redes de delincuencia, narcomenudeo y prostitución son algunas de las posibilidades ofrecidas día a día a adolescentes y jóvenes en el escenario de las barriadas populares. Papeles intensos de vida que no son interrumpidos por las lógicas del Sistema Penal Juvenil, y mucho menos por el de Protección y Promoción de Derechos. Libretos que lejos de hacer vivir, sólo dejan morir en cada episodio.

Se sigue insistiendo sobre esta discusión porque tiene que ver con la demanda en términos de la sensibilidad punitiva exacerbada de una gran parte de la población. Para Guemureman, las personas asocian, en base al “sentido común”, el malestar que sienten a diario con el aumento de la inseguridad que, en combinación con la complicidad mediática, se descarga sobre los pibes y las pibas. Efectivamente la inseguridad aumentó, pero no es la inseguridad vinculada al delito, sino la inseguridad social producto del desmantelamiento de los programas y redes de contención social.

Lo que hay que bajar es la desigualdad social, no la edad de punibilidad, ya que es desde ese cotidiano de desamparo que lo único que se alimenta es “la lógica del enemigo; el otro en términos sociales es un otro peligroso, la otredad es peligrosa”, afirma la investigadora del Observatorio de Adolescencia y Juventud Silvia Guemureman. Para ella, “en el mismo momento que mediáticamente se instala eso y se nos vuelve a alimentar los fantasmas respecto a los migrantes que nos sacan el trabajo, que nos sacan las plazas, los hospitales, las vacantes en las escuelas, se nos reinstala el tema del odio hacia el otro. Se pretende que busquemos instancias de acuerdos restaurativos que tienen corto alcance, en términos de una proyección más amplia para resolver problemas sociales”.

¿Hasta cuándo?

Como bien sabemos, las soluciones para este conflicto se inscriben en la responsabilidad y compromiso de las y los dirigentes políticos que año a año manipulan y calculan con su incidencia político mediático. Nuevamente, parecería que no sería el año de su aprobación, Cambiemos no logró la mayoría de los bloques como así tampoco fueron apoyados por las exposiciones de las y los especialistas que mayoritariamente corrieron el eje de la baja de la edad de punibilidad y se centraron en las grietas del Sistema de Protección y Promoción de Derechos y la desactualización del Sistema Penal Juvenil.

La necesidad de un debate profundo sobre la situación integral de la niñez, adolescencia y juventud continúa apareciendo como una urgencia para quienes se ocupan y preocupan por ella. Sin embargo, en lo concreto, podemos ver cómo históricamente esta población poco importa en las legislaciones y discusiones de adultos. Sólo cuando esta problemática logre trasecender los discursos meramente sensibilizadores y se materialice en politicas para la vida digna será posible su debate genuino.

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Por Francisco Cantamutto y Agostina Costantino | Foto de Oscar De la Vega

En las últimas semanas, frente a la inestabilidad cambiaria en Argentina y las políticas erráticas que viene aplicando el gobierno en esta materia, muchos referentes de la oposición (principalmente, ligados a Unidad Ciudadana) han planteado posibles soluciones frente al problema de la deuda. Habiéndose reunido con funcionarios del FMI, y dejando en claro cada vez que puede que, de ganar, no defaultearía esa deuda, Axel Kicillof es uno de los principales abanderados de que el ejemplo a seguir es el de Portugal.

Portugal sería la propuesta progresista frente al modelo de ajuste total de Grecia, para poder conciliar un programa con ciertas concesiones y los imperativos de los acreedores representados por el FMI. El largo y severo ajuste griego representaría la continuidad del esquema actual de Cambiemos, reduciendo salarios, jubilaciones y asignaciones, completando privatizaciones pendientes, consolidando el tutelaje del FMI sobre el Estado argentino. Ante ello, Portugal se ofrece como alternativa disponible, pues sin romper con el organismo, logró recuperar los salarios e impulsar cierto crecimiento.

El país lusitano está gobernado desde 2015 por una coalición de partidos de centro-izquierda. Después de la fuerte crisis que venía arrastrando desde 2008-2009, logró reactivar su economía a través del aumento en el gasto público, sin repudiar su deuda con la Troika (en la que está incluido el FMI). Es decir, logró salir de la recesión aplicando las políticas contrarias a la austeridad que se están aplicando ahora en Argentina y que se aplicaron en Grecia, que llevaron a la ruina a ambos países.

Ahora, ¿esto es realmente así? ¿Podría hacerse esto mismo en Argentina? Veamos cuatro aspectos del asunto.

En primer lugar, no es cierto que no se hayan aplicado fuertes recortes en Portugal. Según explica Esteban Mercatante, esta tarea fue llevada adelante por los gobiernos previos al actual. Se subió la alícuota del IVA, se realizaron múltiples privatizaciones, se produjo un recorte del 14% de los salarios por la vía de suspender el pago de aguinaldos, congelando el salario mínimo, y aprobando una reforma laboral que facilitó los despidos al reducir las indemnizaciones, reducir los pagos por horas extras, así como limitaciones a la negociación colectiva y reducción del tiempo de subsidio de desempleo. El abaratamiento de la mano de obra que produjeron estas medidas y las nuevas oportunidades de inversión que crearon sentaron las bases para que sí, a partir de 2015, pudiera comenzar a aumentar el gasto público. Es decir, Portugal atravesó una etapa de ajuste y reforma estructural antes de entrar en la fase “progresiva” del programa.

En el caso de Argentina, no abundan los bienes estatales disponibles para privatizar (como el Banco Nación o el Provincia de Buenos Aires) y, hasta ahora, el gobierno no ha logrado disciplinar a la fuerza de trabajo lo suficiente. Si bien los salarios reales han caído un 17% en promedio, no lo han hecho en la medida en que la burguesía demanda: no queda claro sea suficiente respecto de Portugal, considerando los distintos lugares de ambos países en la periferia global. Además, aun no lograron pasar las reformas laborales ni las reformas jubilatorias. Si ambas tareas no están resueltas, serán materia pendiente para el próximo gobierno que decida sostener esta salida.

En segundo lugar, las tensiones ligadas al endeudamiento no se resolvieron (de hecho, generan problemas al interior de la coalición) sino que se desplazaron en el tiempo: la lógica de desendeudarse pagando tensa los límites de las arcas fiscales y las cuentas externas, tal como ya quedó claro en Argentina durante el gobierno anterior.

Estos dos puntos hacen que el modelo portugués parezca más bien una versión “heterodoxa” del mismo rumbo actual. Los restantes dos aspectos son aún más ambiguos. Es necesario considerar que las políticas de desarrollo que aplica un gobierno no surgen de la nada, menos aún de la mente brillante de un economista atrás de un escritorio. Surge de la puja de poder de las distintas clases sociales o fracciones de clases y la que logra ganar esa puja es la que impone su modelo. Idealmente, cada fracción tiene representantes políticos o partidos que se alinean directamente con sus intereses. Pero generalmente, es más confuso.

El tercer punto es que, de la mano del aumento del gasto público y “beneficiados” coyunturalmente por la ola de atentados en algunos países europeos y las revueltas en los países del Norte de África, Portugal se convirtió en uno de los principales destinos turísticos de Europa. La facturación del sector turístico en Portugal en 2017 representaba el 10% del PBI. La fuerte entrada de divisas por este concepto permitió ir saldando las deudas sin sacrificar gasto público. Entonces, siguiendo el modelo portugués es claro que un sector exportador debería apoyar ese modelo.

Ahora, en el caso de Argentina, ¿qué sector sería? Dadas las condiciones actuales, “el” sector exportador por excelencia es el agroindustrial. Si la salida portuguesa se plantea como una salida progresista, ¿la salida progresista copiada a lo criollo… sería apoyada por la gran burguesía agraria? Ésta es una contradicción del “modelo” portugués que muchos candidatos no quieren mostrar.

Menos aún cuando el sector de agricultura y ganadería que serían responsables por las exportaciones para pagar la deuda representan no más del 7% del PBI y tienen un impacto de creación de empleo mucho menor que el turismo. Además de que la moneda corriente de Portugal es el euro, con cual recaudan impuestos en la misma moneda en la que están endeudados, que es todo lo contrario a lo que ocurre en Argentina: se recauda en pesos y hay que pagar en dólares (eso se llama “descalce” de monedas).

El cuarto punto es que no queda claro cuál será la postura del FMI al respecto. El organismo tuvo cierta indulgencia con Portugal a la luz de la crisis desatada previamente en Grecia, es decir, a la vista de la secuencia geopolítica. En el contexto actual, Argentina está bajo escrutinio global. El organismo ya ha apoyado con ingentes recursos al actual gobierno, volviendo al país el principal deudor del organismo. No está claro hasta dónde podrá extender los permisos sin obtener los resultados buscados. Al mismo tiempo, dada la experiencia previa del 2001 sería problemático que el país se vuelva a hundir más profundo en la crisis, merced del FMI. Tal como el punto anterior, este “socio” sugiere intensas dudas: ¿cuáles son las posibilidades progresistas de un gobierno apoyado en la fracción financiera del capital transnacional?

Todo parece indicar que la portuguesa no parece ser la salida progresista a los problemas argentinos.

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En un año electoral decisivo para la continuidad de Cambiemos, la reforma del sistema penal juvenil vuelve a ocupar la agenda pública. La baja de edad de imputabilidad, un recurso que se repite cada año impar cuando las urnas asoman, ocupa una vez más las tapas de los diarios. ¿Qué tiene de particular esta vez?

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad es recurrente, por lo menos en los últimos 10 años de historia argentina. El disparador suele ser algún asesinato perpetrado por un chico de menos de 16 años que sirve como punto de apoyo para reavivar la discusión sobre la reforma del sistema penal juvenil.

Invocando a la “puerta giratoria” y una justicia inoperante que sólo garantiza los derechos de los asesinos, los medios masivos de comunicación refuerzan la demanda con una secuencia de noticias, repetidas hasta el hartazgo, que buscan instalar una versión de la realidad según la cual bandas de delincuentes juveniles atemorizan día y noche a los y las ciudadanas ilustres. El Señor de las Moscas sería un cuento de hadas en comparación a vivir en un barrio del conurbano bonaerense.

Hagamos memoria

Esta discusión viene de largo en la agenda política del país. Podemos retrotraernos a 2008 para escuchar al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente en 2015, Daniel Scioli, reclamando en una entrevista la baja de edad de imputabilidad para delitos graves, hecho que él mismo se encargó de rescatar de los archivos hace 2 años, vía Twitter. Un año después, respaldado por su entonces Ministro de Justicia Ricardo Casal, y ante el asesinato del camionero Daniel Capristo en abril de 2009, cometido por un chico de 14 años, el ex motonauta volvió a reclamar la baja de edad de imputabilidad. A fines de ese mismo año, un proyecto de ley obtuvo media sanción en Senadores pero no logró pasar la votación en la Cámara Baja y perdió el estado parlamentario.

Dos años después se repetía la secuencia con el asesinato de Fabián Esquibel por un muchacho de 15 años. A los reclamos de Scioli y Casal se sumaron el actual presidente Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, y el exdiputado bonaerense Francisco De Narváez.

En 2013 Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora y candidato a diputado en ese entonces del Frente para la Victoria (FPV), reavivó el debate y fue ampliamente repudiado, incluso por compañeros de su propio armado electoral como Juliana Di Tullio o Carlos Kunkel. Tres años después, el massismo presentó un proyecto de ley con la misma propuesta.

En 2017, la actual gestión cambiemita puso el tema nuevamente en agenda de la mano del Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, proponiendo bajar la edad de imputabilidad penal a 14 años para delitos gravísimos (homicidios, violaciones y robos con armas) y a 15 años para delitos muy graves.

Medios al servicio

Cambian los nombres y los partidos pero la demanda siempre es la misma. Los antes mencionados son sólo algunos de los pedidos recurrentes para endurecer el sistema penal juvenil en los últimos tiempos. Este año, el oficialismo vuelve a la carga proponiendo bajar la edad de imputabilidad a 15 años y cuando se trate de “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. ¿Volverá a caer la criminalización de los y las jóvenes en saco roto?

Dejemos de lado el insípido argumento de que se trata de una estrategia del gobierno para “distraernos” de la profunda crisis económica en la que están sumergiendo al país. La manipulación informativa es una constante a tener siempre en cuenta, pero resulta insuficiente para hacernos olvidar de la pérdida de poder adquisitivo o de la inflación más alta de los últimos 27 años. Con esa misma lógica se argumentó que la discusión por la legalización del aborto “tapó” las brutales corridas cambiarias del año pasado. Como nos dijera Pablo Alabarces en relación al Mundial de Rusia, “la política, la economía, los problemas sociales, la falta de trabajo o lo que fuere, no se difunde por los medios, se experimenta como vida cotidiana”.

Doctrina de las “nuevas amenazas”

Si se tiene en cuenta que el pedido de endurecer el sistema penal viene fracasando desde su reforma en 1983, en el ocaso de la dictadura, y la enorme solidez de los argumentos en contra de la baja de la edad de imputabilidad (ya sea la regresividad jurídica que implica, la mínima injerencia de menores en delitos graves o el punitivismo como única respuesta estatal), ¿qué podría llegar a indicar que esta vez la reforma será real?

El tinte diferencial que tiene esta discusión esta vez es la suscripción del gobierno nacional a la doctrina de las “nuevas amenazas”, elaborada por el Comando Sur de Estados Unidos, con el pleno respaldo de otro Estado bélico: Israel. Estas relaciones exceden ampliamente lo teórico y ya se tradujeron en compras de hasta 2 mil millones de dólares en armamento de guerra a la primera potencia mundial y software de espionaje al Estado sionista. Tal como lo manifestara la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en aras de la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”.

Esa doctrina ya se puso en práctica con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en el marco de un operativo de Gendarmería y el asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura, con el aval explícito del Poder Ejecutivo Nacional. Lo mismo sucedió con el policía Chocobar que asesinó al ladrón Juan Pablo Kukoc por la espalda, o los cientos de casos de gatillo fácil que suceden cotidianamente en los barrios populares, tal como relevó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) con alrededor de mil casos en tres años.

Esta doctrina coloca a la “seguridad nacional y el orden público” como los principales bienes a ser protegidos, por encima de la vida de cualquier persona. Como si el terrorismo fuera una preocupación real para el país. Esta noción tiene efectos nefastos en la concepción de la seguridad interior, con un recrudecimiento de la represión policial y con la habilitación a las Fuerzas Armadas de actuar en tareas internas. Una doctrina que se impone en toda la región casi al mismo tiempo.

A esto se suma el gasto sideral en armamentos, con el argumento de garantizar la seguridad para la Cumbre del G20 que tuvo lugar en Buenos Aires el año pasado. Son significativos también los recortes en Educación y Ciencia destinados a engrosar el presupuesto en materia de Defensa y la compra de pistolas Taser (catalogadas como elementos de tortura según la ONU) para equipar a las fuerzas de seguridad en aeropuertos, subtes y trenes, entre otras decisiones políticas en pos de militarizar a las fuerzas represivas nacionales. En este contexto, la persecución punitiva de los y las más jóvenes toma un significado mucho más preocupante, mientras se desarticulan políticas públicas de contención y se cierran escuelas para las infancias vulnerables.

El Estado policial que propone el macrismo pareciera más una reacción a las demandas de la sociedad apaleada por la crisis que a una real amenaza terrorista. Producto de una creciente desocupación y conflictividad laboral, sumado a la eliminación de políticas públicas de protección, el gobierno se enfrenta a un movimiento sindical de larga tradición combativa (más allá de los obsecuentes de siempre), a los movimientos sociales, partidos políticos de izquierda y al creciente movimiento de mujeres y disidencias sexuales.

Criminalización de la protesta

Mientras tanto, el Poder Judicial avala la persecución de quienes se enfrentan al proyecto neoliberal que encabeza el gobierno de Cambiemos a través de la criminalización de referentes sociales y manifestantes, con el fin de limitar la acción colectiva. El caso de Milagro Sala, presa sin condena hace tres años, fue señero e inaugural en el accionar del Poder Judicial asociado al poder político y sus conveniencias. Una detención arbitraria y sin garantías constitucionales mínimas, sin respeto a la presunción de inocencia y la libertad durante el proceso penal. Han llegado a desoír incluso un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto del caso.

Cuando el Estado reniega de su función social y entiende que su única obligación para con la sociedad es el castigo, los y las más vulnerables son quienes más sienten las políticas punitivas: niños, niñas y adolescentes, sobretodo de los sectores populares.

Es probable que el gobierno intente ir a fondo con la reforma penal juvenil, envalentonado por el efecto Bolsonaro que promete un retroceso en materia de derechos humanos muy grave en Latinoamérica. Será cuestión de medir fuerzas con los distintos actores sociales, quienes han logrado torcerle la mano al macrismo en más de una ocasión, como en el amplio repudio a la ley conocida como “2×1” que obligó a retrotraer la medida. El fascismo latente en nuestras sociedades del Cono Sur, al igual que en otras regiones, asoma los colmillos. Y lo hace cada vez con menor disimulo.

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En el marco de la Cumbre de los Pueblos, realizada como respuesta a la reciente Cumbre de mandatarios del G20 llevada a cabo este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Rosa Luxemburgo organizó en la Facultad de Ciencias Sociales el conversatorio “El futuro del trabajo y la organización de lxs trabajadorxs frente a la economía digital”. 

La temática elegida para esta actividad se ubica entre uno de los ejes centrales para la agenda 2018 del G20. En ese sentido, desde la Fundación Rosa Luxemburgo se convocó a un espacio de reflexión junto a distintos y distintas especialistas con experiencia en dicho eje. El objetivo: pensar qué hay por detrás de lo que el G20 llama como “el futuro del trabajo”.

Si bien en parte las tecnologías son relativamente nuevas, o por lo pronto así son presentadas, hay que reflexionar sobre qué es lo nuevo y lo viejo en el mundo del trabajo, problematizando sobre las históricas formas de control y precarización laboral propias del Capitalismo. “Hoy tenemos la posibilidad de escuchar distintas experiencias para reflexionar sobre la temática y las conexiones que debe haber entre los distintos grupos de trabajadores/as sobre la misma”, fue la reflexión del coordinador de la mesa para presentar a lxs expositorxs.

La primera en tomar la palabra fue Sofía Scasserra, economista y miembro del Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio”. En su intervención se dedicó a discutir con los mitos sobre el futuro del trabajo en relación a las nuevas tecnologías. En esa línea, comentó que “últimamente suelo escuchar mucho que ´vamos a quedarnos sin empleos´, desde una mirada fatalista y futurista de que ´las máquinas nos van a reemplazar´”. Sin embargo, para Scasserra la realidad es otra, ya que esas iniciativas han sido tomadas desde el Foro de Davos, “y cuando es así, yo lo dudo”, afirmó. “Es curioso porque es la primera Revolución Industrial que se anticipa y se llama revolución antes de que suceda”, planteó irónicamente ante los recientes enunciados del Foro Económico Mundial. En ese sentido, reflexionó que ante lo dicho “es más de lo mismo con nuevas tecnologías” y explicó que, si bien hay nuevas formas de precarización y especialización se trata de “el Capitalismo reproduciéndose”.

Esta hipótesis se puede demostrar con el caso de China que es, para la economista, reconocido mundialmente como la “meca de la inteligencia artificial”. Sin embargo, a partir del mismo, se puede dar cuenta que no hay relación entre el desempleo y las nuevas tecnologías. En los últimos años se han generado “40 millones de puestos de trabajo anuales, e incluye en su mercado de trabajo a 30 millones de personas por año, por lo cual está generando un diferencial de 10 millones de puestos de trabajo por año” señaló. Y agregó en esa línea que “no se ve mucho la realidad de que no va a haber empleo. Entonces pasemos a hablar del futuro del trabajo”.

Por eso, Scasserra consideró que el movimiento sindical, de forma inteligente, plantea el debate con un eje correcto. El de las condiciones de trabajo, es decir la precarización, nuevos trabajos productos de la digitalización, en vez de discutir “si va o no a haber trabajo en el futuro”.

De esta manera, propuso agrupar los trabajos según categorías sociales que los integren y organicen por sus condiciones. En un primer grupo estarían aquellos/as trabajadores/as que sí podrían ser reemplazados/as por las máquinas. En ese sentido, la especialista sindical se detuvo ante la importancia de la construcción política y social de la reintegración de las y los mismos. Lo planteó en términos de esfuerzo “no sólo de Estados, sino también de ciudadanía y empresas”. Esto comprende la realización de nuevas capacitaciones, la aplicación de una educación formativa integral que posibilita la capacidad de adaptabilidad en vez de la especialización a una tarea específica.

Por otro lado, ubicó un segundo grupo con trabajadorxs “digitalmente tercerizados/precarizados por las plataformas y todas formas de trabajo remoto”. Las empresas ahorran con teletrabajo y cada vez ofrecen más puestos en esa calidad. Se trata aquí de un nuevo inconveniente, ahora hay “un nuevo capataz representado por un algoritmo sin capacidad de interpelar” ya que no existe el “diálogo humano” ni el cotidiano compartido. Este formato es lapidario. Funciona como una tiranía y, más allá de la vulnerabilidad de esos trabajadores/as que de por si se encuentran sin obra social, sindicato ni jubilación, es decir sin derechos mínimos, se mezcla con el “sueño de autonomía”. Esta propuesta funciona como trampa ya que “son calificados y limitados en las labores cotidianas”. De esta manera, consideró que “las mujeres tienen ahí mucho para tener en cuenta, ya que terminan teniendo las calificaciones más bajas debido a la división del trabajo y las tareas del cuidado”.

En tercer lugar, señaló a la exclusión digital como un “problema típico de los países subdesarrollados”. Entonces, si bien en Argentina la mayoría tiene celulares y tecnologías, se preguntó qué pasa si “los trabajos son remotos con computadoras no sólo en el acceso a las mismas, sino también en la infraestructura en general” y rápidamente lo explicó con el ejemplo “ante 48hs de apagones, ¿quién se hace cargo de las horas improductivas de ese trabajador emprendedor?”. Si bien en el G20 una de las mayores preocupaciones se centró en la inversión en infraestructura que deberían realizar los Estados para que “el futuro del trabajo” sea viable, para Scasserra se trata de un planteo difícil en un contexto de paraísos fiscales, tratados de libre comercio y problemas estructurales en lo que respecta a derechos básicos. Se trata de “una cáscara vacía que en la realidad no se pueden suplantar”, afirmó.

Para finalizar, colocó un último impedimento en el marco de las nuevas concepciones de trabajo. “Los puestos más productivos son las llamados ciencias duras, ahí las mujeres participamos en un 16 por ciento”. Por el contrario, evaluó que las mujeres sí se encuentran especializadas en la economía del servicio, tratándose ésta, según la especialista, en aquella que “intervienen en el 64 por ciento del PBI de América Latina”. En ese sentido, sostuvo que “corremos el riesgo de que los trabajos del futuro encasillen más y agranden la grieta sexual laboral.”

En sintonía con lo antes planteado por Sofía Scasserra, Cecilia Alemany Billorou, de la Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN – Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era), reflexionó sobre las luchas de los movimientos sindicales y feministas por los derechos. “Llevamos siglos en superar al Estado en su naturaleza. Seguimos en lucha permanente por el cumplimiento de los derechos por el Estado moderno” explicó. Sin embargo, en el actual contexto de la economía digital que, si bien afirma las estructuras tradicionales productivas y reproductivas de la economía, encuentra sus particularidades en el provecho que sacan las empresas trasnacionales de plataforma.

Sin embargo, consideró que “en la cotidianeidad, de alguna forma sentimos que nos sirve y nos coloca en rol de tomadores de decisión, por el acceso a la información que empodera” y que debemos tener en cuenta que la actual red realizada por los movimientos sociales y feministas “no podría organizarse de la misma manera sin la tecnología”. Estamos en la era digital, y “el inmediatismo para trabajar en los movimientos sociales también forma parte de esto”, afirmó Alemany.

En ese sentido, es necesario reflexionar que “nos enfrentamos a nuevas trasnacionales de transformaciones que lideran la economía sin reglas de juego y se aprovechan de eso”. Por su parte, los actuales “mantos jurídicos e institucionales” no tienen la capacidad de regular y controlar. Se tratan entonces, de “poderes absolutos” que “ni el Estado ni los trabajadores pueden controlar y pone en riesgo a las derechos históricos, culturales, sociales, económicos e inclusive cívicos y políticos”.

De esta manera, para la consultora internacional tenemos que entender mejor “el impacto de estas transnacionales desde una perspectiva de derechos”, ya que este proceso “limita otros derechos como la propia libertad de expresión y favorece el lugar de control del Estado sobre la tecnología como promesa de futuro”. Advirtió que, si bien es cierto que la flexibilidad propuesta desde la economía digital entre hombres y mujeres ahora responsables del cuidado es atractiva, hay que tomarla con cuidado.

Según Alemany Billorou este contexto tentador propicia la estrategia de los Estados totalitarios “que se aprovechan de que no sea tan fácil asociarse y expresarse”. Entonces, el uso de datos para otros fines, la incapacidad de organizarse y la limitación por uso de datos con fines totalitarios son parte del programa.

Y concluyó que “si bien hay oportunidades que son contempladas y adaptadas en esta era laboral, no debe perderse de vista que los grupos históricamente marginalizados están lejos de ser los beneficiados porque el acceso inmediato está muy lejos de la realidad”. En ese marco, propuso la generalización de tratados vinculantes que penalicen a las trasnacionales para el tratamiento de Derechos Humanos, que funcionen como clausulas internacionales y que no ejerzan censura ni control, como así también la “protección de los datos rindiendo cuentas a organismos internacionales que se agiornen a la soberanía nacional de los datos”. De esta manera, se incentivaría la creación de plataformas alternativas y políticas participativas que encausen esta problemática.

El próximo expositor fue Johannes Schulten, periodista alemán y sociólogo, autor del estudio “La larga lucha de los empleados de Amazon”. El eje de su discurso fue justamente narrar las experiencias de la primera huelga en Alemania de los empleados de Amazon. Un trabajo con un enfoque práctico y no académico, que ayude a la memoria colectiva sindical.

El sociólogo planteó tres ejes para el desarrollo de su exposición. El tipo de trabajo que se lleva en acabo en los almacenes de Amazon, una especie de “terrorismo digital”; la lucha en Alemania y su impacto en otros países de Europa; y como tercer punto, los desafíos de la clase trabajadora en base a estos últimos 6 años de experiencia con Amazon y las posibilidades de organización.

En relación al primer punto, Schulten caracterizó a Amazon como “un nuevo capitalismo digital, una plataforma de comercio en la cual detrás de la página web se escoden esos enormes almacenes de venta, que tienen hasta 2500 trabajadores”. Es un trabajo fácil, altamente estandarizado y controlado fácilmente digitalmente, la “tiranía del algoritmo”, que controla el desempeño de cada trabajador en tiempo real. “El control es constante”, observó preocupado el periodista.

Otra idea central del trabajo en Amazon es la de “la fábrica sin trabajadores”. Como explicó: “gastan mucho dinero en investigación, incluso más que fábricas como Volkswagen. Ya están reemplazando a trabajadores por robots. Hace 2 meses pudimos asistir a uno de esos almacenes y la tasa de robots es bastante alta, aunque todavía tenían cerca de 1500 empleados. Estamos lejos de las fábricas sin gente”.

En el corazón de ese estudio, “la gran huelga”, Schulten narró sobre la huelga de 2013 en 2 almacenes de Amazon, un hecho sin precedentes en Alemania ya que los trabajadores de la megaempresa de compra y venta no estaban sindicalizados. “La exigencia de los trabajadores era que paguen el convenio colectivo de comercio. Los empleadores se negaban alegando que pagaban bien y que no querían negociar”. Ahora en 2018, los sindicatos lograron, partiendo de “una organización nula”, una estructura sindical firme, con trabajadores afiliados, comisiones internas y activistas, “algo que no es nada común en Alemania”, destacó el sociólogo.

En relación al segundo punto, el impacto en otros países, Schulten destacó los casos de Gran Bretaña y Polonia. En el primero, lo más interesante es “lo luchadores y pioneros que son los sindicatos”. Sin embargo, es una situación triste ya que después de que lograron organizar a cerca de 2500 personas en una ciudad cerca de Londres, “la ley de trabajo es muy estricta y tuvieron que votar antes de poder negociar con el empleador sobre el convenio colectivo. Amazon fue muy inteligente y jugó a dividir a los trabajadores, por ejemplo, aumentando un poco los sueldos”, narró el periodista. Otras estrategias fueron echar a los activistas y presionar a los indecisos, resultando que un “80% de los trabajadores votó contra los sindicatos”.

En relación al caso de Polonia, Schulten contó que “Amazon usa ese país como mano de obra barata. Después de la huelga de 2013, quisieron usar ese país para reemplazar mano de obra. Lo curioso es que los almacenes de Polonia llegan a Alemania, no a Polonia”. También los trabajadores polacos comienzan a organizarse y a participar en los encuentros internacionales del movimiento obrero de Amazon. Un ejemplo es una huelga alemana de 2015, en la cual los trabajadores polacos (organizados en torno a activistas, no en sindicatos) fueron obligados a trabajar más para compensar la huelga de sus compañeros alemanes. La respuesta fue un acto de solidaridad haciendo una “huelga lenta”, es decir, trabajar menos.

Por último, el sociólogo alemán planteó dos desafíos para el movimiento obrero: “es súper difícil organizar a los trabajadores y súper difícil afectar a Amazon con una huelga, debido a su flexibilidad”. Sin embargo, no quiso dejar de destacar que “creció mucho la organización sindical en Alemania y sí es posible lograr otro tipo de sindicalismo: conflictivo, democrático y participativo. Hay que decir adiós a la idea de que los trabajadores se auto organizan. En los almacenes donde no hay sindicatos no pasa nada”.

La encargada de cerrar el conversatorio fue Andrea Sato de la Fundación Sol de Chile, una institución sin fines de lucro que investiga, estudia y realiza asesorías sobre educación y trabajo. Lo primero que quiso destacar es desdramatizar la idea de que “nos vamos a quedar sin empleo”, un mecanismo de miedo del Capital para que los y las trabajadoras no se salgan del “marco de control”.

En el caso de Chile, la sindicalización es muy baja: no alcanza el 16% y la negociación colectiva no llega al 8%, producto en parte de ataques sistemáticos. “Desde Fundación Sol consideramos que estas nuevas formas de trabajo vienen a profundizar lo que es el capitalismo financializado, no sólo como las finanzas articuladoras de la economía global sino desde lugares más profundos, donde las finanzas comienzan a meterse en los hogares, principalmente desde el endeudamiento”, puntualizó la investigadora.

En este escenario, es importante destacar la “acumulación por desposesión”, una lógica de mercantilización de los derechos sociales. Las personas deben endeudarse para acceder a derechos considerados como universales. “Vale la pena destacar cuestiones como la salud y la educación en Chile que están altamente privatizados. Por ejemplo, en materia educativa, un arancel promedio anual de una carrera universitaria bordea desde los 5000 hasta los 7000 dólares anuales”, graficó Sato. Esto implica que buena parte de la población se endeuda entre 25 y 30 años para pagar una carrera.

Además de esto, el sistema de previsión social, las AFP en Chile (Administradoras de Fondos de Pensiones) son un modelo de previsión privada, con 5 de las 7 principales AFP con capital extranjero estadounidense. A esto se suma la reforma tributaria que le baja los aranceles a las empresas “para fomentar el empleo, según alegan”, explicó la investigadora. En relación al mundo del trabajo, Sato explicó que esto “está enmarcado principalmente en un proceso de construcción sindical importante y un ataque al sindicalismo, producto del plan laboral instaurado en la dictadura por el hermano del actual presidente, José Piñera”. Este plan establece, por ejemplo, que la huelga no paralice. “Cuando hay una huelga en Chile, hay una figura que se llama reemplazo en huelga; el empleado tiene la facultad de reemplazar a esos trabajadores. Además, tiene que estar enmarcada en el proceso de negociación colectiva, lo cual limita mucho el efecto de la huelga. Además de todo esto, a diferencia de la mayoría de los países, no se negocia colectivamente por ramas, sino que por empresas, por lo que la solidaridad de la clase trabajadora se ve ciertamente coartada”, ejemplificó Sato.

Esto permite mantener los conflictos centralizados en cada empresa, apelando a mejoras marginales, como el salario, alejado de un movimiento de trabajadores y trabajadoras amplio. Sumado a esto, las condiciones laborales son precarias. El salario mínimo en Chile no alcanza la línea de pobreza para un hogar de 4 personas. La diferencia es de 30 dólares en relación a lo que establece el propio Estado. La investigadora explicó además que “el Estado se ha erigido como subsidiador del Capital, articulado en torno al negocio de las AFP, la salud y la educación privatizadas”. La consecuencia de esto es que las personas deben endeudarse por derechos sociales, debido a la amplia gama de privatizaciones.

Esto genera un “endeudamiento no sólo sistémico, sino profundo. Por ejemplo, en Chile somos 17 millones de personas, de las cuales 11 millones están endeudadas, pero sólo 7 millones son económicamente activas. Esto quiere decir que 4 millones de personas, entre jubiladas y estudiantes, ya están endeudadas”, graficó de manera contundente. En esta lógica, se enmarca la sobreexplotación del trabajo, no sólo productivo sino también, y principalmente, reproductivo. Según la investigadora chilena, “son las mujeres las que tienen que sostener la privatización de los derechos sociales, son las mujeres las que se quedan cuidando a los y las niñas en las casas”.

Un ejemplo claro es lo que sucede con Uber en el país trasandino. De los trabajadores y trabajadoras de esa empresa, el ingreso que percibe el 65% de la masa laboral no es su principal ingreso. Eso indica que no solo hay un endeudamiento sistémico, sino que las personas tienen que auto explotarse porque no alcanzan a vivir con los ingresos de un único trabajo. A esto hay que sumar el acceso a los automóviles en Chile que es mucho más sencillo, también producto del endeudamiento.

Sato explicó que “el subempleo en Chile es una lógica muy fuerte. Esto refiere a que las personas que trabajan de forma parcial necesitan más horas de trabajo, pero no hay. Esto alcanza al 80% de las personas”. Lo que buscan en las horas disponibles del día es más trabajo, que vienen a ofrecer las empresas de plataforma.

En relación al ataque al sindicalismo, los y las trabajadoras se ven forzadas a buscar formas creativas de organización y resistencia, muchas veces superando estas lógicas restrictivas laborales. Además de la baja sindicalización, la centralización de los conflictos en las empresas no permite que los y las trabajadoras se identifiquen como una clase explotada. Sumado a que la huelga no es paralizante, ¿qué puede hacer el movimiento obrero? Sato explicó que el sindicalismo “se ha vinculado fuertemente con otros sectores combativos, como son los reclamos de vivienda, territorio, el movimiento feminista, personas endeudadas que comprenden que, si bien un conflicto puede que no esté directamente vinculado con el trabajo, suele estar fuertemente relacionado”. Esta plataforma multisectorial busca “la superación del Capitalismo en todos los niveles y en varias direcciones”.

Para la Fundación Sol, esto ha impulsado un recambio no sólo generacional sino en el uso de recursos. Hay experiencias de sindicatos que generan no sólo espacios de autogestión sino también de soberanía alimentaria, buscando centralizar la lucha en espacios sociales más amplios. Una de las consignas más importantes es la de “no más AFP”, este sistema de previsión social que deja con pensiones de miseria a los y las jubiladas. Como cierre, Sato rescató que “en estas experiencias multisectoriales, el movimiento sindical hoy día ha buscado integrarse no sólo contra la precarización de la vida, sino que también en torno a las distintas experiencias que, desde su lugar, puedan ampliar la mirada del sindicalismo por una mucho más global”.

*Publicado originalmente en Fundación Rosa Luxemburgo

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Días antes de la Cumbre del G20, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dictó una resolución que amplía los casos en que se permite el uso de armas de fuego por los integrantes de las fuerzas represivas federales. Ante esto, el vocero oficial del ministerio aclaró que era una medida extraordinaria para garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros; sin embargo, la Resolución 956/2018 fue publicada en el Boletín Oficial.

La Resolución fue fuertemente repudiada por organismos de Derechos Humanos y de la lucha antirrepresiva, problemática que se llevó la vida de una persona cada 23 horas en el año 2017, y este año se estima que será superior. Todas pobres y sin acceso a la mal llamada justicia. “El gatillo fácil es ley”, tituló CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a la declaración que publicó apenas se conoció la reforma. “La norma hoy publicada en el Boletín Oficial habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”, afirman. “Esos intentos de justificar el tiro por la espalda o la nuca contra una persona desarmada, hoy, Cambiemos mediante, son ley en Argentina”, agrega el comunicado.

Solamente la semana pasada, antes de la Cumbre del G20 y con 24 hs. de diferencia, hubo dos asesinatos a manos de las fuerzas represivas. Uno en La Matanza y otro en Córdoba. Las víctimas pertenecían a los sectores más vulnerables. A las pocas horas de firmarse ya se conocía otro nuevo caso.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por abuso de autoridad, dado su carácter de funcionaria pública, ya que la decisión política de ampliar el uso de las armas vulnera principios constitucionales y tratados internacionales a los que el Estado argentino adhiere. Además, la Resolución del Ministerio de Seguridad no tiene la capacidad de modificar el Código Penal ni las disposiciones del sistema internacional de Derechos Humanos por lo que los integrantes de las fuerzas represivas que pretendan amparar su accionar bajo esta resolución no podrán invocarla en el proceso penal. Este sistema de jerarquías no se deroga por una Resolución siendo también una provocación más de parte del gobierno de Mauricio Macri y de la funcionaria. La Resolución nos vuelve a todas y todos sospechosos de haber cometido un delito. “La presunción de inocencia, principio rector que confiere el Código Penal pretende ser derogado y las fuerzas de seguridad parecen tener el derecho juzgar por lo que interpretan de lo que ven”, expresó Maria del Carmen Verdu.

En las últimas horas de ayer, la justicia hizo lugar a un amparo presentado por varias personas referentes de Derechos Humanos, decretando como inconstitucional e inaplicable el reglamento en la Ciudad de Buenos Aires. Será importante como sigue en las diferentes instancias judiciales así como también si se continúa la misma vía para el conjunto del país.

Cronología de la represión

Desde que se inauguró la etapa democrática los casos de gatillo fácil se vienen incrementando año a año. Ningún gobierno fue la excepción y tampoco fue capaz de contener a las fuerzas de seguridad.

El gobierno actual lleva el triste ranking de estar en primer lugar en el amparo del accionar ilegal de las fuerzas de seguridad. La construcción de un enemigo interno peligroso que necesita ser reprimido es la hipótesis necesaria para reprimir cualquier intento de resistir a una política que castiga a quienes menos tienen. Fue la misma lógica reglamentarista que se usó durante la última dictadura cívico-militar-clerical para perseguir, torturar, desaparecer y matar a luchadores y luchadoras populares y es la cristalización de la Doctrina Chocobar, la persecusión seguida de muerte de Santiago Maldonado o el fusilamiento de Rafael Nahuel.

La madre de Juan Pablo Kukoc, asesinado por el policía Luis Chocobar, expresó frente a esta Resolución que “Van a matar a los pibes pobres como perros, habilitaron la pena de muerte en Argentina”. Recordemos que Chocobar fue felicitado por el presidente Mauricio Macri por el asesinato y luego la justicia confirmó la autoría del hecho delictivo.

En una entrevista a María del Carmen Verdú (AM 830), referente de Correpi y reconocida por su intervención en defensa de los excesos de la fuerza de seguridad, fue consultada respecto de la Resolución. Allí expresó que “La única mirada que se puede tener como una persona de bien, es que esta Resolución habilita a dispararle a una persona desarmada, habilita a tirarle por la espalda, habilita a tirar en una serie de circunstancias. Como explica la Resolución, pueden ser otras las circunstancias, porque no se trata de una enumeración taxativa y lo que deja en la esfera de las propias fuerzas es determinar qué es una situación de peligro inminente o qué es el indicio o gesto inequívoco de peligro. Esa enumeración de distintas circunstancias es una especie de resúmen del menú de excusas habituales de policías, gendarmes, prefectos, etc. en los juicios: eso de pensó que tenía un arma. En el juicio del policía Otero, condenado hace un mes y pico a prisión perpetua, el policía dijo: ‘yo estaba seguro que estaban armados, porque le ví algo en la mano y era un celular con el que estaba jugando el más chico de los tres que estaba sentado en el asiento de atrás mientras los perseguía’”. Además, Verdú aseveró que “Carla Céspedes la policía exculpada escandalosamente después de fusilar a Ariel Santos cuando intentaba escapar en la moto, después de haber intentado robar un supermercado dijo que sintió que había una silueta a su lado -que en el video se ve claramente que no estaba- y que el muchacho hizo un movimiento con el brazo que le dio la impresión que iba a sacar un arma. Cuando lo fueron a ver, después que lo había acribillado no tenía nada en el bolsillo. No hay tal indefensión de los policías que argumenta Patricia Bullrich porque tenemos más de un muerto por día por gatillo fácil, hasta noviembre de 2017. Si voy a cuidar la sociedad pegando un tiro por la espalda al primero que se me cruza y me resulta sospechoso entonces definamos que es sociedad, porque por lo menos al segmento que sufre esta represión no se lo está cuidando. Facundo Ferreyra tenía 12 años, iba en una moto que no paró en un control policial, eso técnicamente es fuga, tiro por la nuca, aplauso medalla y beso a partir de esta resolución”.

Consultada respecto de la legalización de la doctrina Chocobar, expresó que “esta Resolución es convertir el gatillo fácil en ley, porque lo que Bullrich llamaba nuestra nueva doctrina (en relación al caso Chocobar) confrontaba en la caracterización con la justicia, pero esta Resolución lo que habilita es a sacar un arma. La gravedad de esta Resolución es que deroga toda resolución contraria y de pactos internacionales que le ponían un límite al accionar de las fuerzas de seguridad. Esta Resolución no es constitucional, pero nuestra doctrina permite invocarlo con el caso concreto y no antes, por eso estamos convocando a defendernos de esta verdadera legitimación del gatillo fácil en la calle con movilización con lucha organizada. Pasado mañana (por el jueves) vamos a estar en la calle con las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora con dos exigencias: el repudio y exigencia de anulación de esta Resolución y el repudio y exigencia de reapertura de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado”.

El contexto

Más allá de la Resolución en sí y todo lo que se viene exponiendo hasta el momento, es importante destacar la coyuntura en que se da.

La gestión macrista está claramente atravesada por el ajuste, los tarifazos, desempleo, inflación, entre algunos de los problemas que aquejan al pueblo trabajador. Esto es producto de un plan específico en términos políticos y económicos que tienen una gran impronta en relación a la sumisión del gobierno frente al capital extranjero. Por esta razón y teniendo en cuenta que la receta cierra con represión, es que la gestión de que encabeza Mauricio Macri pone de relieve la criminalización de la pobreza y la protesta social, como si de allí surgieran los responsables de la crisis por la que atraviesa el país.

Esta resolución se enmarca, además, en un presupuesto 2019 que se ajusta en las necesidades populares pero aumenta la inversión en fuerzas represivas y tecnología para Seguridad. El terreno se termina de allanar con una justicia cómplice que se hace la distraída como en el caso de Santiago Maldonado o demora en las investigaciones de los militantes de la CTEP asesinados días antes de la Cumbre del G20. Cuando le preguntamos a María del Carmen Verdú a qué se debe este plan, sentenció: “Todo esto se da en un contexto y objetivo claro: el plan de ajuste y represión del gobierno que se puede realizar con la orden a las fuerzas de seguridad de que vayan a fondo y garantizando impunidad”.

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