Frente a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de incorporar las FFAA a tareas de “seguridad interior”, medida extrema para sostener el ajuste exigido por el FMI que genera el repudio de amplísimos sectores populares, cientos de personas y de organizaciones se movilizaron con una consigna clara: Ni un milico en la calle.

“Es importante que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la seguridad interior”, disparó el presidente en la conferencia de prensa organizada en Campo de Mayo, lugar donde funcionaron cuatro centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. El anuncio, que había sido anticipado por el ministro de Defensa la misma semana que se confirmaron los acuerdos con el FMI, coincidencia que nada tiene de casual, viene a completar el escenario que hace meses venimos definiendo como “estado de excepción” en materia represiva en el país.

La sola enunciación de que los militares dejarán sus cuarteles para tener presencia en el territorio nacional, fue suficiente para desatar el repudio generalizado. El diario Ámbito Financiero tuvo que congelar el acceso a los resultados de la encuesta cuando más del 80% de sus lectores contestaron un rotundo “NO” a la pregunta “¿Estás de acuerdo con que las FFAA actúen en cuestiones de seguridad interior?”. Es que, en la conciencia popular colectiva, “seguridad interior” y “fuerzas armadas” en una misma frase significan una sola cosa: más represión, y el pueblo no está dispuesto a tolerarlo sin protestar.

A partir de esta situación, ayer una multitud acompañó la ronda de las Madres en Plaza de Mayo primero, luego la lectura de la declaración del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) para luego confluir en las puertas del Ministerio de Defensa, enmarcado por una amplia diversidad de organizaciones sociales y políticas. Una clara iniciativa de los sectores populares que ya vienen sufriendo las políticas de hambre y ajuste por parte de Cambiemos.

Un objetivo definido

No hay espacio para dudas en cuanto a las tareas que el gobierno de Cambiemos quiere asignar al ejército, la fuerza aérea y la marina. Macri habló de “apoyo logístico en la zona de frontera”, lo que, como explicó el ministro de Defensa Oscar Aguad hace más de un mes, tiene como fin “liberar gendarmes” para desplazarlos a “zonas calientes” (es decir, en conflicto) del resto del país. Pero el presidente dio más precisiones cuando mencionó la intervención “en eventos de carácter estratégico”, como las inminentes reuniones del G20 con la presencia del mismísimo Trump en nuestro país; la “protección de objetivos estratégicos”, es decir, la defensa de las inversiones capitalistas vinculadas al saqueo de nuestros bienes comunes, como Vaca Muerta o los acuíferos, y “el desafío del ciberespacio”, en clara referencia a la reiterada preocupación del gobierno por el espionaje informático.

Para que los militares puedan llevar adelante sus nuevas tareas, el presidente aseguró que habrá “recursos extra presupuestarios” esos que no aparecen para salud, vivienda o educación- para más sueldos y reequipamiento logístico.

La letra del decreto habla eufemísticamente de “proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país”, argumento que esgrimieron los mismos funcionarios nacionales cuando, por turno, defendieron a gendarmería y prefectura después de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel. Los considerandos del decreto presidencial definen lo que Macri llamó los “nuevos desafíos” de este siglo como “agresiones no sólo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar”. Es la misma tesis del enemigo interno a la que aludía la ministra Patricia Bullrich cuando advertía sobre el terrorismo “anarco-mapuche-trosco-iraní” con la que justificaba los ataques de gendarmería y prefectura.

Ante la gravedad del anuncio y su inminente implementación, resulta casi colateral la discusión sobre las formas técnicas utilizadas para su sanción. El recurso elegido para eludir un debate parlamentario que podría ser molesto y estiraría los tiempos, fue anunciar la reforma de un decreto por vía de otro decreto, sin tocar las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional. Sin perjuicio de la impugnación formal que el asunto merece (por caso, la oposición parlamentaria al gobierno, ya hizo el pedido para una sesión especial que tire atrás el Decreto), la decisión de habilitar la intervención de las fuerzas armadas en la represión interior es tan mala por decreto, por ley o de facto.

En un escenario de tarifazos, despidos, inflación y recesión, el gobierno de Cambiemos reconoce que necesita más capacidad represiva para el nuevo ajuste que exige alcanzar las metas que le impone el FMI. Con sus fuerzas de seguridad desplegadas al extremo, echa mano ahora de los militares, prometiendo fuerzas de despliegue rápido y contingentes de 10.000 uniformados entrenados y equipados con tecnología represiva de punta aportada por EEUU y el Estado de Israel. Ya se abrió la licitación del ministerio de Seguridad para la adquisición de pertrechos “antidisturbio”, con una base, que se prevé se duplicará cuando se conozcan los proveedores definitivos, de $105 millones y más de u$s500 mil, destinados a reprimir las movilizaciones contra la presencia del G20.

El año pasado, cuando a través de la Corte Suprema el gobierno de Mauricio Macri intentó garantizar la impunidad de los genocidas con el 2×1, no fueron los recursos legales ni las iniciativas institucionales lo que los obligó a retroceder. Al 2×1 lo frenamos en la calle, con masivas y unitarias movilizaciones de millones de personas en todo el país, con una campaña de lucha organizada que se sostuvo en el tiempo hasta que logramos el objetivo. Con ese antecedente, la rápida reacción que ya estamos viendo, debe ser el inicio de una campaña que crezca y se extienda hasta frenar este nuevo ataque al pueblo trabajador.

* Referente de Correpi y Poder Popular.

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Claudio Rodríguez, docente y hermano de Hernán Rodríguez, jefe de máquinas del submarino ARA San Juan, cuestionó hoy al comando de la Armada por no corregir el derrotero del buque ante la entrada de agua y la avería en las baterías y puso en dudas el manejo de la información sobre la desaparición del buque.

“Planteo que si el martes avisaron que tenían un problema con la batería, ¿por qué el comando de Mar del Plata no los mandó a la zona de la plataforma?”, dijo Rodríguez, en diálogo con La Revancha (FM La Tribu).

El hermano del submarinista además puso en duda que la Armada haya hecho pública la totalidad de la información acerca de la desaparición del submarino. “Intuimos que saben desde un principio qué pasó y dónde están. Para mí nos entretuvieron”, expresó Rodríguez.

Consultado sobre el estado del submarino, el docente dijo que su hermano nunca le comentó que el ARA San Juan tuviera una falla. No obstante, agregó: “La inversión creo que fue mucha. Pero hay que ver si los jefes comandantes no se quedaron en el camino con plata de las inversiones”.

Sobre el acompañamiento a los familiares de los 44 tripulantes del submarino, Rodríguez afirmó: “Al gobierno lo noto bastante ausente. El ministro de Defensa (Oscar Aguad) no aparece, no da explicaciones. No nos llamó nadie”.

Por último, reclamó: “Como familiar quiero saber la verdad”.

Audio completo en: http://www.larevanchaprograma.com.ar/las-dudas-de-un-familiar-del-ara-san-juan-por-la-informacion-que-brindo-la-armada/

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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) presentó los puntos esenciales que la futura ley de medios debería contemplar. Analizamos sus características.

Para los medios masivos de comunicación ya no es tan relevante el debate acerca de la libertad de expresión en la Argentina. Atrás quedaron los conflictos patronales entre empresas y Estado, los límites o no de acceso al derecho a la información. Más allá de algunos pocos casos resonantes, la mayoría de las complejas modificaciones que empezaron a tejerse en el mapa comunicacional han pasado sin los cuestionamientos necesarios a excepción, claro, del sector que agrupa a los medios alternativos y populares.

En este mismo espacio habíamos advertido algunos problemas que surgían con la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a principios de este año, que absorbió a la AFSCA y la AFTIC y anuló el carácter autárquico de estos organismos, responsables de hacer cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522.

Unos meses más tarde, en el marco del mencionado Ente, se creó la comisión que se ocuparía de redactar un nuevo proyecto que contemplaría las limitaciones en materia de medios digitales que tiene la ley sancionada en 2009. Sin embargo, quienes integran la comisión tienen una dudosa procedencia para encarar un necesario proyecto que deba garantizar, además, la libertad de expresión y el acceso a la información de los diferentes actores del campo comunicacional.

“Objetivos”

Según el sitio oficial del ENACOM, el proyecto para una nueva Ley de Comunicaciones tiene como pilares “la pluralidad, la diversidad, el acceso a la información, la libertad de expresión y de prensa, el federalismo y la producción nacional de contenidos”.

Para tal fin, se propone reformar, actualizar y unificar la mencionada Ley N° 26.522 y la N° 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sancionada en diciembre de 2014.

Así las cosas, se hace difícil pensar cómo alcanzar estos objetivos cuando, al mismo tiempo que se promueven estas cuestiones, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, anuncia una inversión en el sector de la telefonía móvil de 80 mil millones de pesos sin precisar de qué manera lo hará y cómo se controlará su pertinente utilización. Hay que tener en cuenta que este sector es uno de los menos regulados del país, y más aún en comparación con otros países del mundo. Ejemplo de esto son los excesivos valores de las facturas frente a un servicio que se destaca a nivel global por su pésima prestación, lo que da como resultado cada vez más ganancias para las empresas.

Por lo pronto, nos abocaremos al análisis, para nada acabado, de los 17 puntos en cuestión.

Los principios presentados por la comisión encabezada por Silvana Giudici hacen una clara alusión a los 21 puntos que promovían la Ley sancionada en 2009. En esta oportunidad, su carácter está centralmente enfocado en los medios digitales (el gran límite de la norma anterior) que, anuncian, serán mucho más democráticos.

Es importante destacar que estas características no serán necesariamente parte de la ley. Esto que parece ser una obviedad, muchas veces queda en la superficialidad social mientras las normas terminan siendo algo muy distinto de lo que anunciaban.

Una de las características de los puntos es su falta de profundidad que, si bien debe estar contenida en la norma, anticipa una ley con ciertas ambigüedades.

Análisis de los principios

Los primeros cinco puntos se encargan de establecer ciertas características y principios que no arrojan ninguna novedad discursiva. Latiguillos como “libertad de expresión” y “acceso a la información”, así como el respeto a las previsiones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Constitución Argentina, dan forma a esta primera parte. Sin embargo, en esta aproximación, nada dice sobre qué tipo de regulación se llevaría adelante para alcanzar estos objetivos. Lo importante no es lo que se dice (que seguramente generará muchos puntos de acuerdo), sino cómo se logrará.

El punto 6 habla del acceso universal a Internet y la obligación del Estado para garantizar esta condición, así como también la neutralidad en la red. Sin embargo, esto es algo que no puede acotarse meramente a los medios de comunicación. La infraestructura informática es esencial para alcanzar este objetivo y lo concreto es que en la actualidad son las compañías privadas quienes ejercen un rol fundamental. Incluso pensando en la benevolencia del Estado, la situación es despareja. Esta condición es fundamental para entender la no neutralidad en la red, es decir, que el tráfico de contenidos esté condicionado por decisión de prestadoras de servicios de acuerdo con sus propios convenios e intereses con otros sectores.

Para los medios populares y alternativos, el punto 7 renueva y profundiza el conflicto con el sector. La no caracterización de un espacio para la dinámica de estos medios (los principios destacan tres tipos, a saber: gestión estatal, gestión privada sin fines de lucro y gestión privada con fines de lucro) sostiene los problemas de financiación, promoción y otorgamiento de licencias, sumado a la lucha por poder vivir de la comunicación aunque no sea una composición empresaria. La gestión privada con fines de lucro no es un lugar posible cuando un medio alternativo compite, desde cualquier punto de vista, con monopolios como Clarín o el Grupo UNO, mientras que el área sin fines de lucro –donde pueden aparecer las ONG, medios de difusión para grupos de diferentes etnias e incluso variables religiosas– nada tiene que ver con los medios alternativos, tanto en su conformación así también como sus fines, sin contar la imposibilidad de “lucrar”, entendiendo este concepto como la posibilidad de vivir de este trabajo.

El octavo principio le da carácter de interés público.

El punto 9 cuenta con una serie de contradicciones y características de mucha ambigüedad. En primer lugar, destaca que “En el marco del sistema presidencialista argentino, la autoridad de aplicación de las comunicaciones convergentes debe ser un órgano autónomo y autárquico”, sin embargo, como expusimos más arriba, la creación del ENACOM vino a echar por tierra esta condición de la AFSCA y la AFTIC para poner al sistema de medios bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, es decir, del Poder Ejecutivo.

Asimismo, detalla que el organismo que lleve adelante la tarea debe estar compuesto por personas de “reconocida trayectoria académica o profesional”. Una pregunta obvia es: ¿cuál es la medida? La participación de representantes de todos los sectores intervinientes debe ser una garantía y no una condición sectaria y ancestral como la presentación de un diploma que muchas veces poco dice sobre el conocimiento de la materia. No unos u otros, sino todos y todas. En esta línea, quienes ocupen la función “no pueden ejercer ningún cargo partidario”, siendo esto un riesgo en materia de decisiones que, sin duda, deberán ser políticas y a la vez democráticas. Esta condición es excluyente porque obligaría, en el caso de que el organismo tuviera una composición heterogénea, a abandonar los espacios políticos de procedencia o, como se puede suponer, esté supeditado al tan vigente discurso de la no política, donde las personas que participen no tendrían condicionamientos partidarios en apariencia pero que, sin duda, pueden ser cercanos a la clase gobernante. Por estos tiempos, que los empresarios estén cumpliendo funciones en diferentes niveles del Estado ya es moneda corriente.

El décimo punto es claramente privatista. Amparado en las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organización dependiente de la “prestigiosa” Naciones Unidas, afirma que el otorgamiento de licencias y el ancho de banda que un prestador pueda ocupar, se hará conforme a cómo vaya evolucionando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), asegurando que de esta manera se garantiza la competencia y el pluralismo. Está claro que en un contexto de desigualdad económica, la competencia que se pueda dar para seguir los desarrollos tecnológicos no fomentaría ningún tipo de pluralidad. Pensar en la posible participación de las empresas de telefonía móvil, sumado a los ya instalados grupos concentrados como Clarín, Grupo UNO, PRISA o Índalo, entre los más conocidos, repercute en que espacios más chicos, de auge reciente o de poca sustentabilidad económica, queden en el camino. Así las cosas, el mantenimiento de unos y la conformación de nuevos monopolios será un hecho.

El punto anterior es sumamente contradictorio con las garantías que establece el punto número 11 en relación con la competencia prevista por los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional donde, con claridad, afirma que el Estado garantizará “la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales”. En el mismo apartado asegura que la regulación deberá promover la competencia de los prestadores privados con fines comerciales y garantizar las actividades no comerciales. Promover y garantizar son conceptos distintos que muestran la orientación que la ley podría tener en favor de ayudar a algunos a crecer y a otros, a sobrevivir.

Uno de los principios más complejos es el número 13, en el que habla de los intermediarios en la prestación de servicios. Hoy en día, buscadores como Google o Yahoo!, así como redes sociales al estilo de Facebook y Twitter, cumplen un rol fundamental en los medios digitales. Y son pocos las y los ciudadanos que pueden asumir que en Internet hay limitaciones que no vemos, pero que existen y que forman parte de la arquitectura de la red, en los términos de Lawrence Lessig. No sólo hay filtraciones, condiciones en estos medios, sino que allí se deposita una serie de datos personales que pueden ser utilizados de una manera poco amigable para los usuarios. En este sentido, si bien existen leyes para regular la función de estas compañías que tienen actividad en todo el mundo, en general tanto las normas como quienes deben aplicarlas cuentan con serias limitaciones de conocimiento de la problemática.

Los puntos 14, 15 y 16 se refieren a cuestiones que serán difíciles de garantizar si no se contemplan los matices expuestos hasta el momento. Tanto la promoción de empleo, la independencia y la ética periodística (con lo complejo que es usar estos términos) como el pluralismo en los medios públicos, no podrán existir si no se asegura la plena participación ciudadana y de los diferentes sectores de medios que, en esta primera lectura, parece que nuevamente quedarán en el discurso convocante y no en la regla practicante.

Recién en el último punto se recuerda la existencia de los medios comunitarios. A ellos se los “fomentará” para garantizar voces de poblaciones con ciertas particularidades. La primera lectura que se puede hacer de esto es la confesión de que los espectros de mayor competitividad y alcance social están reservados para otros espacios y que los mecanismos de incentivo a través de financiación quedarán tan relegados como lo están hasta ahora.

Conclusión

Como ya lo advertíamos, este es un breve análisis de los principios presentados por la Comisión que se ocupará de redactar la nueva Ley de Medios. Estos puntos dejan tela para cortar, pero está claro que es necesario esperar el proyecto para empezar a sacar conclusiones concretas.

Por lo pronto, como era de esperar, el texto está lleno de palabras bonitas pero que se contradicen con algunas afirmaciones a veces poco claras, otras para que nos preocupemos si queremos gozar de una verdadera libertad de expresión y el pleno acceso a la información. Durante estos meses de gestión, el gobierno nacional ha utilizado estas herramientas que discursivamente se presentan como prueba y error, contradictorias y llamadas a la justificación, para finalmente avanzar con políticas concretas. La discusión está abierta.

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El miércoles 13 de julio se presentó la Red Nacional de Medios Alternativos en audiencia en el Enacom, nuevo ente de comunicaciones del, para poner en discusión los 17 puntos base y de reglamentación del proyecto – dados a conocer el pasado 6 de julio – sobre los cuales el actual gobierno pretende apoyarse para modificar la Ley de servicios de comunicación y audiovisual.

La noticia de los 17 puntos completa el proceso de anulación de la Ley de Medios 226.522, que comenzó en diciembre del año pasado cuando Mauricio Macri asumió la presidencia y a través de un polémico Decreto N° 267/15, en la práctica disolvió la Afsca. Removió a sus autoridades y dio por tierra con el carácter autárquico de la función de regulación, administración y control de la comunicación en Argentina.

La intención del gobierno de Mauricio Macri y del Ente Nacional de Comunicaciónes (ENACOM), que funciona bajo la órbita del ministro Comunicaciones Oscar Aguad, apunta a que estos 17 puntos presentados sean el marco de discusión para delinear una nueva ley de distinto carácter a la actual. ¿Qué encontramos en estos puntos?

En una lectura rápida, los 17 puntos carecen de especificidad. Parten de una definición de comunicación entendida como comunicación convergente que implica, ni más ni menos, que entender que todas las formas de comunicación en nuestro país deberían ser digitales. Desde el vamos, constituye una realidad alejada de las tecnologías de la comunicación en Argentina.

El resto de los 17 puntos van en consonancia absoluta con el discurso del macrismo en: poner en términos de mercantilizacion a la comunicación, pensando en el sector como un libre mercado entre medios “chicos” y medios grandes, que deben competir entre ellos. Por supuesto que, en un escenario con tendencia al monopolio, cae por sí misma la noción de pluralidad, la libertad de expresión y los derechos humanos, así como diversos estándares internacionales.

Se desconoce entre otras cosas, la especificidad de ciertos sectores, como por ejemplo los medios comunitarios, a los que se menciona nuevamente como simples entidades “sin fines de lucro”, de manera general y eludiendo la mención a la reserva del 33% del espectro para las comunidades. Incluso, yendo un paso más allá, indica que las licencias serán otorgadas por el Estado, pero nada indica del criterio en que eso se basará.

Otro detalle a tener en cuenta es que no menciona ningún tipo de financiamiento o fomento, como sí está especificado en la actual Ley, a excepción de las “zonas rurales y de frontera”. Esta es la razón por la cual el panorama para los sectores de medios comunitarios, cooperativos, de pueblos originarios, entre otros, resulta incierto y oscuro.

Un aspecto que ha llamado la atención a diversos sectores de la comunicación es que no se hace mención alguna al fenómeno de concentración de medios, invisibilizando un problema real y muy actual en Argentina. Los monopolios de la comunicación tiende a favorecer a grandes sectores empresariales, en detrimento de otros medios en todo lo referido al acceso a licencias, pauta publicitaria público, entre otros.

Es importante destacar que estos 17 puntos son la base de la discusión en comisiones para un anteproyecto de una futura nueva ley, que ha comenzado el pasado miércoles, con la intención de que allí sí diferentes actores sociales y políticos puedan exponer, opinar y aportar al respecto de esta intención de nueva ley.

Sin embargo las audiencias no están siendo públicas, a pesar de que sectores como la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), están haciendo explícita su opinión de que la comunicación es un derecho de todos y todas, y la normativa debe darse en medio de un debate abierto, público, amplio y plural.

En este sentido esta primer sesión estuvo presidida por Redcom, la RNMA, Copitec y Radialistas Aficionados Argentinos. Al respecto la RNMA expresó en el programa radial matutino Enredando las Mañanas que “La posición de los diferentes expositores coincidió, a pesar de que no todos pertenecíamos al mismo sector, en lo que no estaba contemplado en estos 17 puntos”, y agregaron que “Expresamos nuestros reclamos históricos como sector de medios comunitarios, repudiamos el intento de convertir al sector de comunicaciones en un mercado y exigimos que están sesiones sean abiertas, de lo contrario se hace imposible un proceso real de discusión hacia una nueva ley”. También reclamaron que mientras no haya una nueva ley, se siga aplicando la vigente y se cumplan con “Todos los compromisos asumidos como entrega de FOMeCas adeudados, licencias que deben ser otorgadas y la reserva del 33%”.

En conclusión, si bien falta un análisis exhaustivo de los 17 puntos, se ve el objetivo de cambiar el paradigma de la comunicación, tirando por la borda muchos años de lucha y de trabajo para poner en el escenario de discusión político a la comunicación, para orientarla hacia el mercado e intentar volverla un nicho más de compra-venta.

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