Por Raul Palencia

La Mesa Nacional de Diálogo por la Paz se realizó en el palacio de Miraflores el 16 de septiembre y contó con la presencia de una delegación del Gobierno en donde estuvo presente la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el vicepresidente de comunicaciones, Jorge Rodríguez y el Canciller de la república, Jorge Arreaza. Del lado de la oposición estuvo una fracción compuesta por distintos representantes de partidos políticos: Felipe Mujica, Partido MAS. Luis Romero,Partido Avanzada Progresista (AP). Timoteo Zambrano, Partido Cambiemos, Claudio Fermín, Partido Soluciones para Venezuela y Pedro Véliz, Partido Bandera Roja.

“El paso que se da con esta firma de acuerdos con una fracción aunque minoritaria, marca una avance en la agenda más urgente del país”. Este diálogo busca traccionar otros actores que puedan sumarse a construir una serie de pasos para alcanzar la paz, que esté por fuera de la estrategia de los Estados Unidos quienes buscan establecer un gobierno paralelo, atropellando la democracia y la soberanía del país. “Esta otra fracción -que en febrero de este año, acompañó la autoproclamación de Juan Guaidó- hoy se encuentra sin capacidad de convocatoria ni fuerza a nivel nacional pero sigue siendo la cara visible, a nivel internacional”. Como continuidad a este plan del sector más aferrado al pentágono, el país ha sido sometido al sufrimiento de apagones, desabastecimiento y traumantes incertidumbres.  

Alcances y límites de los diálogos

Los diálogos realizados en Oslo, Noruega y luego en la isla de Barbados, auspiciados por el mismo gobierno lograron sentar a los sectores de la oposición más cercanos a Juan Guaidó y por ende a los más alineados a Estados Unidos. Estos intercambios fueron una continuidad de sus agendas: La oposición busca -bajo la consigna cese a la usurpación y la petición de elecciones libres- que el Gobierno Venezolano abra la posibilidad para un periodo electoral sin la candidatura de Nicolás Maduro. Por parte del Gobierno Bolivariano la prioridad es el levantamiento del bloqueo por parte del gobierno de D. Trump, que es la principal causa de la crisis para el pueblo Venezolano y la principal presión que utiliza la oposición para acumular fuerza política. Aunque han logrado avanzar en otros puntos, las tensiones y la continuidad de estos diálogos dependerá de la voluntad política de la oposición. Lo cierto es que por parte del sector del llamado presidente interino, no hay capacidad de tomar decisiones ni poner nada en la mesa que no sea autorizado en Washington, su táctica apunta más a continuar construyendo fuerzas con Colombia y amenazando con intervencionismo militares. 

Venezuela apuesta la Paz

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es quien impulsa esta mesa de diálogo en el país. Desde la Cancillería Venezolana sostuvieron para Marcha “este acuerdo es una expresión más mesa de la voluntad política del Gobierno Nacional por utilizar el diálogo como mecanismo político para la resolución de conflictos, en ese sentido es positivo en cuanto oposición y gobierno puedan sentarse a dialogar ante las diferencia”. Para la Cancillería Venezolana el principal riesgo de este contexto es “que hay sectores dentro de la oposición que no reconocen al gobierno nacional como un actor con el cual hay que sentarse a dialogar” y advierten “es la oposición quien justamente ha seguido apostado las medidas violentas y es el sector que cerró una vez más el diálogo facilitado por el Gobierno de Noruega”. Inclusive recuerdan que “en plena mesa de diálogo han apostado a la sanciones que le Gobierno estadounidense le ha impuesto al pueblo Venezolano y la reciente activación en el marco de la OEA del convenio interamericano de asistencia recíproca y estas medidas siempre han venido empujando la posibilidad de un hecho violento y de una confrontación directa”.

Basta con recordar que desde el 2014 la oposición impulsó las guarimbas como una medida de presión directa y desestabilización hacía el Gobierno Venezolano. Luego esta crisis agudizó en el 2017 y como respuesta se generó un proceso de diálogo infértil en República Dominicana. Este recorrido muestra la dificultad de negociación de la oposición quienes también no han promovido diálogos amplios en donde se puedan escuchar las voces de los movimientos populares, quienes han sido los sectores que han dado respuestas concretas a las crisis generadas. Este sector es importante ya que ha sido el pueblo Venezolano quien propone organizadamente, alternativas a las presiones del bloqueo. Estos sectores sufren el acoso de la oposición, como el sector campesino que es acosado por latifundistas que buscan sabotear el proceso de fortalecimiento del aparato productivo. 

Por ello es importante valorar los acuerdos generados en este diálogo ya que han podido firmar 6 acuerdos: (1) incorporación del sector del PSUV para ampliar el diálogo y las diferentes voces de los sectores. (2) La conformación de un nuevo consejo electoral para garantizar un período de elecciones. (3) conformar una comisión de la verdad que pueda exhortar a la justicia a tomar medidas con los detenidos. (4) La defensa de la Guyana Esequiba. (5) Rechazo y levantamiento inmediato de la sanciones económicas, y (6) instrumentar un programa que permita el intercambio de petróleo por alimentos y bienes necesario.

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Banderas verdes y amarillas vestían la extensa Avenida Paulista en San Pablo. A sus costados, jóvenes y familias brasileñas cantaban el himno. Una postal acompañada de carteles con cosignas como “Fuera PT”, “SOS intervención militar” o “Dilma corrupta, esto es una dictadura, no queremos ser Cuba”. La imagen se replicó en varias ciudades de Brasil en donde miles de manifestantes marcharon, otra vez, en contra del gobierno de Dilma Rousseff. Las marchas tuvieron una concurrencia mucho menor que las del 15 de marzo.

El escándalo en Petrobras, el mal desempeño en la economía, los planes sociales del PT, los vínculos con Cuba, Venezuela y hasta Argentina. Cada brasileño marchó por una causa distinta. Confiados en que velan por la democracia del país, paradójicamente esos mensajes se mezclan, de manera peligrosa, con un pedido de “salvación”: la intervervención militar para restaurar el orden en un país que para algunos está sumido en la corrupción. Así, el ala de la derecha más dura toma protagonismo y busca fortalecerse después de 6 meses, cuando los brasileños acudieron a las urnas para elegir nuevamente al Partido de los Trabajadores para la dirección del país.

El medio es el mensaje

En la jornada de ayer se estima que participaron más de 700.000 manifestantes, un número un tanto menor a las protestas de marzo, en donde se calculó que marcharon dos millones de brasileños. Pero los grandes medios de comunicación, como la cadena O Globo, aportan más cifras para acentuar el descontento social: el índice de aprobación de la presidenta cayó al 13% luego del escándalo de Petrobras.

El partido gobernante es acusado de recibir los sobornos como donaciones de campañas y más de 50 políticos están siendo investigados por supuestas conexiones con el esquema. Rousseff no ha sido acusada ni está siendo investigada aunque dirigió el consejo de administración desde 2003 a 2010; sin embargo dos de sus ex jefes de gabinete están sujetos a una indagación.

Es por ello que un 63% de la población está a favor de un juicio político a la mandataria, según una encuesta de la empresa Datafolha divulgada ayer. El 33% se opone, reveló el sondeo que se realizó entre el jueves y viernes con 2.834 entrevistas con un margen de error de 2 puntos porcentuales. Los números buscan justificar un posible escenario de desestabilización en el Planalto. Y así, la democracia en Brasil se pone en juego.

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