Por Gerardo Szalkowicz | Foto Richard Pierrin / AFP

Haití fue el primer país independiente de las Américas y el primero del mundo que abolió la esclavitud. Por su libertad tuvo que pagarle a Francia una indemnización dantesca durante un siglo y medio. Luego siguió un largo derrotero de golpes de Estado, injerencias y ocupaciones extranjeras que lo fueron convirtiendo en uno de los territorios más empobrecidos del planeta. Hoy, casi cinco de sus 11,4 millones de habitantes padecen inseguridad alimentaria y el reciente Informe Global sobre Crisis Alimentaria lo incluyó por primera vez en la lista de los siete países que enfrentan riesgo de hambruna. Un drama de larga data pero que se profundizó en los últimos años: uno de cada cuatro niños y niñas sufre desnutrición crónica y en 2023 la cifra trepará un 30%, según estimaciones de Unicef.

La agudización reciente de esta crisis humanitaria tiene su raíz en la imposición del «modelo gangsteril», es decir, la proliferación de bandas criminales creadas desde el Norte para controlar territorios, negociados y mantener sumisa a la población. Un experimento «exitoso» en países como México, El Salvador o Colombia que se expande en silencio por toda América Latina.

La Oficina de las Naciones Unidas para los DD HH reportó esta semana que en los primeros cuatro meses del año fueron asesinadas 1446 personas. 12 por día. Además se registraron 393 heridos y 395 secuestrados. Números que reflejan un incremento del 28% respecto al mismo período de 2022.

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los DD HH, advirtió ante el Consejo de Seguridad del organismo: «Haití está al borde del precipicio. La incapacidad del Estado para garantizar los derechos humanos ha socavado por completo la confianza de la gente. El contrato social se ha derrumbado. La anarquía actual exige una respuesta contundente».

¿Por qué la ONU muestra ahora su preocupación? En diálogo con Tiempo, Henry Boisrolin, integrante del Comité Democrático Haitiano en Argentina, explica: «Un sector de la comunidad internacional, que apoya al gobierno haitiano, busca a partir de la publicación de estas cifras empujar a que el Consejo de Seguridad apruebe una nueva intervención militar, como fue la Minustah».

La aclaración de «respeto a los Derechos Humanos» huele a cola de paja. La Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah), que ocupó el país desde 2004 a 2017, dejó un tendal de denuncias de crímenes, violaciones a niñas e incluso fue la responsable de introducir el cólera que mató a más de 30 mil haitianos y haitianas.

Otros organismos también vienen alertando de esta situación pero remarcando la responsabilidad estatal y denunciando la injerencia extranjera. La Plataforma de Organizaciones Haitianas de DD HH (Pohdh) reveló que, en poco más de un año, unas 100 mil personas tuvieron que huir de sus hogares, sobre todo de los barrios populares de Puerto Príncipe, ante el recrudecimiento de la violencia. La organización denunció que el gobierno haitiano «no muestra ni voluntad ni interés en combatir a las pandillas». Las familias con mejor suerte lograron huir del país, otras regresaron a sus provincias de origen pero muchas más tuvieron que refugiarse en plazas y campamentos en condiciones inhumanas.

Otra organización humanitaria, la Fundación Je Klere, registró 2845 muertes violentas desde julio de 2021, o sea desde que asumió el gobierno Ariel Henryen (de forma muy cuestionada) tras el magnicidio de Jovenel Moïse. La plataforma enumera infinidad de secuestros, violaciones, robos, incendios, incluso cómo las pandillas matan y queman cadáveres descuartizados a plena luz del día.

Ante la inacción o complicidad de la policía local, en algunas barriadas se conformaron brigadas de vigilancia juveniles que intentan repeler a las pandillas, también a los tiros. La experiencia divide aguas entre las organizaciones populares locales, que han perdido su potencia movilizadora por el terror inoculado en la población.

Publicada originalmente en Tiempo Argentino.

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Publicado por el Colectivo “¿Dónde está Lichita?”

En una misiva enviada la representación legal de Carmen Villalba, el organismo informó que Naciones Unidas resolvió mantener abierta la Acción Urgente y envió una nueva comunicación al Estado paraguayo en la que manifiesta que El Comité contra la Desaparición Forzada continúa “altamente preocupado porque la suerte y el paradero de Carmen Elizabeth todavía no han sido esclarecidos tras un año y medio desde su desaparición”.

En relación a las supuestas tareas de búsqueda de Lichita que el Estado paraguayo dice realizar de manera “exhaustiva con carácter permanente, y con un abordaje integral que involucra, además de la propia Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), a diversas dependencias del Estado, bajo dirección y autorización de los órganos jurisdiccionales respectivos, todos los días y empleando a varios equipos de la FTC dedicados a la misión específica de búsqueda registradas en diversas plataformas electrónicas totalmente auditables”, Naciones Unidas señala su preocupación por el hecho de que “la autoridad que podría ser responsable de la alegada desaparición forzada de Carmen Elizabeth, sea la entidad principal designada para la búsqueda de la menor”.

El enfoque de Desaparición Forzada

El organismo de Naciones Unidas cuestiona de manera específica el enfoque dado por el Ministerio Público a la investigación del caso, y se manifestó “especialmente preocupado por el hecho de que el Estado no estaría tratando el caso como una posible desaparición forzada, lo cual se refleja en la naturaleza y los avances de la investigación penal”.

Resaltan con especial preocupación el hecho de que en relación al caso, la fiscalía haya iniciado la investigación y causa penal N° 589/20 (“Myriam Viviana Villalba Ayala s/ violación del deber de cuidado y educación”). “La investigación sobre la supuesta violación del deber de cuidado podría dar la impresión de que la responsabilidad principal por la alegada desaparición forzada no sería atribuible al Estado, sino a la Sra. Villalba Ayala”, señala la nota.

En este sentido, NNUU pidió al Estado paraguayo establecer, de inmediato, una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva e imparcial de su alegada desaparición forzada, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en el cual ocurrió su alegada desaparición forzada.

El Comité contra la Desaparición Forzada hace hincapié en la necesidad de “asegurar que los procesos de búsqueda e investigación tomen en cuenta todas las hipótesis posibles, incluida la posibilidad que la Sra. Carmen Elizabeth pueda encontrarse bajo custodia de fuerzas de seguridad del Estado”.

Obstáculos a la observación internacional y a la participación de la familia

El organismo de Naciones Unidas cuestionó los obstáculos presentados por el Estado paraguayo a las tareas de búsqueda realizadas por familiares, organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Desde la Campaña Internacional ¿Dónde Está Lichita?, se ha denunciado en numerosas ocasiones las amenazas de judicialización, operaciones de Fake News, acoso en cárceles y hostigamiento del que han sido objeto familiares de Lichita y activistas de la Campaña desde el inicio mismo de las denuncias sobre la desaparición forzada. El episodio más notorio de esta acción deliberada de ocultamiento emprendida por el Estado paraguayo, más no el único, fue la expulsión ilegal de integrantes de la IV Misión Humanitaria de la Campaña Internacional por Lichita, producida el 24 de julio de 2021.

La Campaña internacional ha hecho pública dos denuncias por graves hechos de amedrentamiento y tortura cometidos por la FTC contra referentes indígenas que habitan la zona del Cerro Guasu y son parte de comunidades que se reunieron con representantes de las distintas Misiones de Derechos Humanos que se acercaron a la zona donde se produjo la desaparición forzada de Lichita. La última denuncia fue presentada formalmente el pasado 14 de junio ante la Unidad Especializada en DDHH del Ministerio Público, sin que a la fecha se haya notificado sobre la apertura de una investigación sobre estos gravísimos hechos.

Ante esto, el organismo de Naciones Unidas señaló que “según la información recibida, preocupa al Comité que las autoridades no estarían facilitando las labores de búsqueda de los familiares y otras personas y grupos de la sociedad civil. En este sentido, preocupa la información recibida por el Comité sobre la supuesta obstaculización de las laboras de una misión humanitaria de búsqueda (“Misión Humanitaria Internacional”) compuesta por integrantes de organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Matanza, Argentina”.

El Comité agrega que “según la información recibida, la Misión habría sido expulsada del país por una alegada falta de coordinación previa para el ingreso en la zona donde desapareció la víctima, aunque previamente integrantes de dicha Misión habrían tenido contacto con varios funcionarios y entidades del Estado parte para coordinar la búsqueda, incluido el Vice Ministro del Interior, la Directora General de Migraciones Paraguay, el Comandante de la Policía Nacional y la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, entre otros”. En este apartado, el Comité de Naciones señala además que las autoridades paraguayas “no estarían cumpliendo con su deber informar a los familiares sobre el desarrollo de la investigación y la búsqueda”.

También exhortan al Estado paraguayo a “facilitar la participación de diferentes autoridades en la investigación y búsqueda, incluidas las instituciones de defensa de los Derechos Humanos” y a “asegurar la máxima transparencia relacionada con la búsqueda e investigación de la alegada desaparición forzada de Carmen Elizabeth, dado el carácter emblemático del caso, incluyendo la confirmación pública que el caso está se está tratando como una posible desaparición forzada, en aras de contribuir a las garantías de no repetición.

Identificar a los responsables de la desaparición forzada

Para el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de personas, es “profundamente preocupante” que, hasta la fecha, el Estado paraguayo no haya proveído de información suficiente sobre las medidas adoptadas para “investigar y determinar la responsabilidad de los perpetradores de la alegada desaparición forzada de Carmen Elizabeth”.

“En particular, preocupa que la posible participación en los hechos de la FTC no estaría siendo investigada de manera adecuada a pesar del hecho que la desaparición ocurrió en una zona bajo el control de la autoridad a pocos días del desarrollo de un operativo”, señala la comunicación de NNUU al Estado paraguayo.

El Comité pide a las autoridades paraguayas proporcionar información sobre la naturaleza de la investigación, las diferentes hipótesis, y sugiere la realización de diligencias tales como entrevistas y testimonios de elementos de la FTC, el análisis de los turnos de los elementos activos durante el periodo en que se produjo la desaparición de Lichita, un escrutinio de las bitácoras oficiales, las comunicaciones internas, videograbaciones, y otros elementos relevantes.

Exhortan además a investigar y sancionar “cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda de Carmen Elizabeth”.

Garantizar la transparencia y participación de familiares

En el tercer apartado de la comunicación, el Comité de NNUU pide a las autoridades paraguayas “tomar todas las medidas que sean necesarias para implementar mecanismos oficiales y claros a través de los cuales se informe periódicamente a los familiares, allegados y representantes de Carmen Elizabeth sobre el estado de la búsqueda y la investigación de su alegada desaparición forzada”.

El organismo recalca la necesidad de “permitir la plena participación de los familiares de Carmen Elizabeth en los procesos de búsqueda e investigación de su alegada desaparición forzada, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la investigación en curso, de conformidad con sus obligaciones convencionales en virtud del artículo 24 de la Convención y a la luz del Principio 5 de los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas”.

Por último, en el texto remitido al Estado paraguayo, Naciones Unidad pide la adopción de medidas cautelares específicas para la protección de familiares y abogados involucrados en la defensa y búsqueda de Lichita.

Paraguay deberá responder a cada uno de los requerimientos del organismo de Naciones Unidas antes del próximo 22 de julio de 2022.

https://www.marcha.org.ar/tag/eran-ninas/

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Por Nicolás Boeglin *

El pasado 8 de junio, dos mecanismos no convencionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas externaron su profunda preocupación por el hecho que los casos de asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica se mantengan impunes: se trata de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (véase sitio oficial), así como del Relator Especial sobre derecho de los pueblos indígenas y derechos humanos (véase sitio oficial). 

Este llamado se da en un momento en que la los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación aún mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas y con acceso limitado a servicios básicos de salud y a la desatención a su situación que ha provocado esta pandemia por parte de las autoridades estatales. 

El mismo Relator Especial sobe derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos de Naciones Unidas externó en un comunicado del pasado mes de mayo (véase texto completo). En el hemisferio americano, también en mayo del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un comunicado de prensa titulado “La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios” (véase texto completo) que: 

“En cuanto al derecho a la salud de los pueblos indígenas, la Comisión ha recibido información sobre los diversos obstáculos que enfrenta este colectivo en el marco de la pandemia del COVID-19. Algunos de estos desafíos se relacionan con cuestiones socioeconómicas y de accesibilidad. En general, los hospitales y centros de atención médica se encuentran alejados de las áreas rurales en las que residen amplios sectores de los pueblos indígenas de la región“. 

Un muy completo informe (véase texto completo) de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) titulado “Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial“, publicado en este mes de junio del 2020, hace ver las serias deficiencias de los Estados de América Latina en atender y en resolver el derecho a la tierra de las comunidades indígenas. 

El contexto específico en Costa Rica en el que se da a conocer el comunicado 

Se puede revisar desde ya el  comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas divulgado por el servicio de prensa de Naciones Unidas. 

Como se recordará, en menos de 12 meses, dos dirigentes indígenas costarricenses de la zona de Salitre fueron asesinados: Sergio Rojas (marzo del 2019) y Jehry Rivera (febrero del 2020). A la vez, varios de sus compañeros han recibido amenazas de muerte y sufrido distintos tipos de intimidaciones.  

Cabe recordar que al cumplirse un año de la muerte de Sergio Rojas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado oficial (véase texto completo difundido el 18/03/2020) había ya advertido a Costa Rica que: 

“La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión“.

El órgano interamericano de protección de los derechos humanos se ha mostrado extremadamente vigilante con relación a lo que ocurre en la zona de Salitre. Y es que, desde el 2015, Costa Rica tenía la obligación jurídica de proteger la vida y la integridad física de estos dirigentes, en virtud de medidas cautelares ordenadas en abril del 2015 por la misma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado costarricense (remitimos sobre el particular a nuestra nota titulada “Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH” y disponible en este enlace). 

Foto extraida de nota de prensa de la BBC titulada “Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios”, edición del 20/03/2019

El contenido del comunicado conjunto (versión integral)

En su comunicado conjunto con fecha del 8 de junio del 2020, titulado “Costa Rica: La impunidad vigente impide la protección efectiva de las personas defensoras indígenas” (véase texto completo oficial divulgado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), ambos expertos de Naciones Unidas detallan la situación imperante al externar: 

—– 

“… su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno. 

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios. 

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. 

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte.” 

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra. 

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano. Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia. 

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos. 

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.

Este nuevo señalamiento hecho público a las autoridades costarricenses por parte de mecanismos no convencionales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos evidencia la situación de extrema vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran las comunidades indígenas de Salitre (y posiblemente en otras regiones en Costa Rica). 

En el mes de mayo del 2019, tuvimos la ocasión de referirnos a una comunicación (también hecha pública) por parte de tres expertos en derechos humanos de Naciones Unidas con relación al asesinato de Sergio Rojas: véase nuestra breve nota titulada “Asesinato en Costa Rica del líder indígena Sergio Rojas: carta de órganos de Naciones Unidas hecha pública“, disponible en este enlace. 

La recuperación de territorios indígenas ante la inoperancia estatal

Cabe precisar que estos asesinatos se han dado en medio de intentos para recuperar sus territorios por parte de comunidades indígenas costarricenses ante el avance inexorable de personas no indígenas en sus territorios y la pasividad de las autoridades costarricenses. En este artículo publicado por el Semanario Universidad sobre el proceso de recuperación de territorios indígenas, titulado “Recuperación de tierras bajó ocupación no indígena en Salitre” (y cuya lectura se recomienda), se lee que:

“Debido a la inacción del Estado por no desalojar a los ocupantes ilegales, no sancionan a ninguno y no apoya a la Fuerza Pública en el sitio, se creó un clima de impunidad, un ambiente en el que sucedió el asesinato de un defensor de derechos humanos”. 

El derecho a la tierra para las comunidades indígenas costarricenses constituye una legítima reivindicación, que el mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (más conocido como “CERD”) ya le había externado en el 2007 a Costa Rica. En sus observaciones generales del 2007 al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo), se puede leer que para este órgano de tratados de Naciones:

“15. /…/El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. El Estado Parte debería tomar las medidas necesarias para llevar a efecto el fallo de la Sala Constitucional (Voto 3468-02) a fin de que se delimiten las tierras de las comunidades de Rey Curré, Térraba y Boruca y se recuperen los terrenos indígenas indebidamente alienados (inciso v) del apartado d) del artículo 5)“. 

En el 2015 (véase texto completo de sus observaciones finales al informe de Costa Rica), reiteró en los siguientes términos esta petición hecha a Costa Rica en el 2007: 

“28. El Comité reitera su recomendación (A/62/18, párr. 303) de redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. Asimismo, recomienda que, de manera prioritaria, se tomen pasos decisivos para buscar soluciones en las que los pueblos indígenas puedan recuperar las tierras dentro de sus territorios, incluso en casos de ocupación y compra ilegales y enfrentamientos o amenazas vinculadas a la conflictividad generada por esta situación, mediante acciones administrativas y judiciales que incluyan el desalojo y el enjuiciamiento de responsables. El Comité recomienda también un proceso de consulta para la delimitación y titulación de los territorios”.

En el 2016, otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones generales al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) señaló que: 

“42. El Estado parte debe: 

c) Garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria; 

d) Proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional y brinde la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques”. 

Al parecer, pese a innumerables reuniones, diagnósticos, planes, estrategias, estudios, mesas de diálogo, estas recomendaciones hechas hace ya más de 12 años a Costa Rica, reafirmadas en el 2015 y en el 2016, siguen sin lograr materializarse para las comunidades indígenas costarricenses. Una ocasión propicia para reafirmar cuán necesario es que sean debidamente implementadas las observaciones que emanen de los órganos de tratados de derechos humanos en Costa Rica; y cuán imperioso resulta que sean ámpliamente divulgadas y analizadas en el seno de la misma sociedad costarricense. 

A modo de conclusión

No cabe duda que este contundente llamado de atención de junio del 2020 a Costa Rica por parte de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas constituye una nueva evidencia de la pasividad, ya demostrada en el pasado, del Estado costarricense en la zona de Salitre. A la vez, ilustra la extrema atención que, desde Ginebra, se tiene sobre lo que ocurre en Salitre por parte de los mecanismos no convencionales de derechos humanos (y que posiblemente se tenga de igual manera desde Washington). Si este llamado no es seguido de acciones mucho más efectivas por parte del Estado en resguardo de la seguridad de los miembros de las comunidades indígenas, podría dar pié para una nueva acción ante instancias internacionales en defensa de los derechos legítimos de las comunidades indígenas de Salitre. 

* Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / UCR. Publicado originalmente por Curso de Derecho Internacional. Costa Rica en 9:14

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Por Redacción Internacionales de Colombia Informa

“Los derechos humanos enfrentan pocas pruebas mayores que cuando surgen conflictos, ataques terroristas o huelgas de desastres”, declaró Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas para iniciar la sesión. Entre las varias temáticas de la 43 sesión Guterres destacó la participación ciudadana y la acción colectiva que están tomando más fuerza y vigor en varias manifestaciones a nivel mundial.

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Los próximos días será analizada con detalle la situación de los países de Nuestra América. Se espera una actualización por parte de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de Colombia, pues Adriana Mejía, viceministra de Relaciones Exteriores de nuestro país dijo que el número de los líderes sociales asesinados había disminuido durante el gobierno de Iván Duque.

Sin embargo, el asesinato contra los líderes y lideresas sociales ha sido sistemático. Según la Defensoría del Pueblo al menos 555 líderes sociales han sido asesinados entre los años 2016 y 2019, y cerca de 51 liderazgos en lo corrido del presente año 2020. Es decir, cerca de 606 líderes y lideresas en los últimos cuatro años. Por otro lado, 180 han sido los firmantes asesinados del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Estado colombiano, desde el año 2016.

La agenda de la ONU tendrá en cuenta las diferencias de edad, género y diversidad entre las personas a las que servimos. Se centrará aún más en la protección de las minorías y los derechos de los pueblos indígenas”, siguió Antonio Guterres. “Las leyes punitivas están aumentando, con restricciones crecientes sobre las libertades de expresión, religión, participación, reunión y asociación. Los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los activistas ambientales, especialmente las mujeres están cada vez más amenazados, al igual que su compromiso es esencial para el logro de la justicia”, denunció el Secretario General.

Por su parte, Francisco José Chaux Donado, viceministro de Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior de Colombia, destacó el importante progreso realizado por Colombia en el reconocimiento de los pueblos indígenas, como lo demuestra en particular la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- sobre pueblos indígenas y tribales. Además, capítulos específicos sobre los pueblos indígenas que habrían sido incluidos en los Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la exinsurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-.

Sin embargo, la experta María Teresa Verdugo Moreno llamó la atención sobre que, a pesar que los Acuerdos de Paz contengan capítulos específicos sobre los pueblos indígenas, estos últimos siguen siendo expuesto a violencias repetidas. Además, los expertos deploraron la discriminación estructural que aún sufren los pueblos indígenas y las personas negras en Colombia, incluida su falta de acceso al agua potable y la atención médica, los problemas de registro de nacimientos que enfrentan, y la falta de educación que dificultan el acceso de las personas al mercado laboral en las regiones.

Expertos de la ONU lamentaron que la firma de los Acuerdos de Paz no pusiera fin a la violencia en Colombia y destacaron cómo en los departamentos poblados principalmente por pueblos indígenas, la intimidación y las amenazas para desplazarlos son la expresión más común de la guerra: Se han otorgado tierras ancestrales a empresas mineras sin el consentimiento informado de los pueblos. El Comité señaló que diez mil soldados están estacionados en el departamento Valle del Cauca y a pesar de la militarización del territorio esta es la región que más registra asesinatos contra defensores de derechos humanos.

Al presentar este informe, Chaux Donado declaró que el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia se basa en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en el marco de una Constitución Política, en armonía con la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, la realidad preocupó a los expertos del Cerd que no confirmaron los reconocimientos de la diversidad étnica en Colombia por el gobierno de Iván Duque.

Sin embargo, en comunicación reciente con la Unidad de Restitución de Tierras -que inició su gestión en el año 2011 con la Ley 1448-, la entidad expresó que «en el gobierno del Presidente Iván Duque se han proferido 5 sentencias que dejan en manos de las comunidades étnicas 14.341 hectáreas de tierra beneficiando a 4.215 familias».

En 15 meses las comunidades étnicas (incluidos los pueblos negros) han sido restituidas con cerca de 143 kilómetros cuadrados, menos que la superficie del municipio Arbeláez -Cundinamarca-.

El Paro Nacional en Colombia confirma la situación crítica en la cual se encuentra el gobierno del Presidente Duque. Las ciudades y los campos se han movilizado alrededor de todo el país, rechazando las políticas del Gobierno Nacional, resistiendo a la brutalidad policial y su represión violenta desde hace ya un mes. Según la Cerd 10,4% de la población colombiana es negra; y 3,4% indígena es perteneciente a 102 pueblos aborígenes.

Venezuela

El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza explicó que denunciarán nuevamente las medidas coercitivas, en este caso los bloqueos y sanciones económicas que el gobierno de Estados Unidos tiene contra el país hermano: “Las medidas coercitivas son comparables a un arma de destrucción masiva. Los tanques hoy se sustituyeron con bloqueos financieros”. Otra forma de guerra y de violaciones de derechos humanos. Antonio Guterres no mencionó nada al respecto.

Arreaza también se pronunció frente a Colombia: «Fue una verdadera lucha para Venezuela volver a integrar a los miembros del Consejo de Derechos Humanos, hubo una verdadera extorsión de Estados Unidos hacia los Estados miembros para prohibirnos la entrada, pero no lo lograron. Como miembros del Consejo de Derechos Humanos, Venezuela se ocupará de luchar contra todas violaciones, como las que están pasando en Colombia o Chile”.

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Por Geraldina Colotti

Los datos, dijo Delcy, hablan por sí mismos: de la presidencia de George W. Bush, pasando por la de Barack Obama y llegando al actual Donald Trump, EE. UU. ya ha alcanzado un récord de 44.996 bombas arrojadas, 121 por día. El del complejo militar-industrial es un gran problema que impone un sufrimiento indescriptible a las poblaciones, independientemente de su edad.

Sin embargo, también existe hoy un nuevo tipo de terrorismo de estado, que no necesita recurrir a las bombas para imponer medidas penales utilizando el dominio del dólar como moneda de reserva mundial. Y así, explicó Rodríguez, el Tesoro de los Estados Unidos, “el Pentágono económico”, militarizó las relaciones internacionales y absorbió los recursos del pueblo venezolano, fuera de la legalidad internacional. De esta forma, el orden jurídico se degrada y, a través de Venezuela, se implementa “un experimento perverso contra el multilateralismo”.

Entre 2015 y 2018, la economía venezolana ha perdido 130.000 millones de dólares, destinados a las necesidades de la población por un modelo basado en la inclusión, la justicia y la protección social como es el socialismo bolivariano. Un modelo “profundamente opuesto al proyecto monroísta que quisiera llevarnos a ser de nuevo el patio trasero del capitalismo supremacista que prevalece en los Estados Unidos hoy”, continuó la vicepresidente venezolano. Un modelo de solidaridad e inclusión, que ha levantado “la bandera de la defensa de la naturaleza, de la lucha contra la pobreza y la desigualdad”.

En poco tiempo, dijo Delcy luego en una conferencia de prensa, el socialismo bolivariano había logrado resultados reconocidos por importantes organizaciones internacionales, como la FAO, la UNESCO o la OMS, y contra las cuales se desencadenó la furia imperialista, apuntando al presidente Nicolás Maduro.

Un ataque que, recordó, fue hasta organizar el magnicidio en grado de frustración con drones explosivos que, el 4 de agosto del año pasado, se suponía que mataría al presidente, decapitaría al liderazgo bolivariano y que también involucraría a los representantes diplomáticos de los otros países presentes en el evento.

La vicepresidenta de Venezuela luego documentó el papel del gobierno colombiano de Iván Duque en el ataque a su país. Desmanteló las acusaciones presentadas a la ONU por el presidente colombiano, documentadas por presuntas fotos que muestran a una de las dos guerrillas colombianas, el ELN, entrenándose en territorio venezolano. Fotos que, sin embargo, no fueron tomadas en Venezuela, sino en Colombia, como testificó el periódico que había obtenido esas fotos de una fuente de inteligencia.

Una mentira de corta duración – comentó Rodríguez, presentando evidencia detallada de los lugares donde los paramilitares designados para desestabilizar el socialismo bolivariano se entrenan en Colombia. Una mentira que ha durado más de cincuenta años, que esconde la terrible realidad de una guerra interna que obligó a huir a 8 millones de colombianos, de los cuales casi 6 millones fueron recibidos con todos los derechos en Venezuela.

Pero los medios hegemónicos no hablan de esta realidad, sino que se ejercitan para producir cifras astronómicas sobre el número de venezolanos que abandonan el país: cifras distorsionadas, reiteró Delcy, negadas por los datos sobre el aumento del consumo o la matrícula en la escuela. Una realidad, la de la frontera, que los periodistas – invitó Rodríguez – podrían documentar directamente accediendo al sistema de cámara que existe en la sala situacional de Venezuela en la frontera. En cambio, los medios de comunicación ocultan el alcance del ataque contra Venezuela contra el cual el gobierno de Estados Unidos, entre 2015 y 2019, ha decretado más de 350 medidas coercitivas unilaterales.

Medidas que definen el bloqueo financiero total, destinado a la apropiación ilícita de los recursos venezolanos en el exterior, y que intentan sofocar a la economía bolivariana para subyugar al pueblo y empujarlo a rebelarse contra el gobierno. Al respecto, Rodríguez leyó las declaraciones cínicas del gobierno de los Estados Unidos sobre la “agonía” que se impondrá al pueblo venezolano por cualquier medio.

Pero, ¿de qué servían las sanciones contra Cuba, que han durado más de cincuenta años? “¿Pensó el imperialismo que podría así subyugar al pueblo heroico de Fidel Castro?”, preguntó Delcy, quien expresó su solidaridad con todos los demás países afectados por las sanciones de Estados Unidos, y recordó la deuda que el mundo tiene hacia el pueblo palestino: cuyos derechos se siguen negando a pesar de las numerosas resoluciones de la ONU emitidas durante la ocupación israelí.

La vicepresidenta de Venezuela también expresó solidaridad con las Bahamas, víctimas del cambio climático y denunció la “mercantilización bárbara de la Amazonia por parte de Bolsonaro, que desató su ideología extremista contra nuestro pulmón verde”. Agradeciendo el apoyo de los 120 gobiernos que componen el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), la vicepresidenta mostró la verdadera naturaleza del presidente interino “autoproclamado”, Juan Guaidó, comentando el grupo de fotos que lo retrataron junto con los miembros de una banda de narcotraficantes paramilitares. “En Colombia, recordó, se produce el 70% de la cocaína, de la cual Estados Unidos es el principal consumidor”. Y países como Nicaragua o Medio Oriente, agregó, saben cómo Estados Unidos utilizó el narcotráfico para alimentar la desestabilización.

“El uso de la fuerza prohibida por la Carta de las Naciones Unidas, las medidas coercitivas impuestas a millones de personas en todo el mundo – dijo Delcy – violan masivamente los derechos humanos, desafiando los ideales nobles y los compromisos de la comunidad internacional”. Para esto, Venezuela traerá a la Corte Penal Internacional evidencia detallada de estas violaciones cometidas por Colombia, “un país donde 123 ex combatientes fueron asesinados y 739 líderes sociales solo durante este año”.

El gobierno colombiano, dijo Delcy, se niega a colaborar con la justicia venezolana y ofrece refugio a personas acusadas de crímenes y terrorismo en Venezuela. Un gobierno que actúa, junto con otros países vasallos de los EE. UU., para socavar la soberanía de Venezuela, contra el cual, dentro del país, actúan “los mismos actores que organizaron el golpe de estado contra Chávez en 2002”. Sin embargo, 8 meses después de la autoproclamación de Guaidó, “tenemos el mismo presidente legítimo, Nicolás Maduro, que el artificio imperial no pudo vencer”, dijo Delcy. Un presidente firmemente comprometido con la búsqueda del diálogo, que está tomando forma con los miembros más moderados de la oposición.

La vicepresidenta de Venezuela reclamó “los derechos históricos sobre el Esequibo”, el área en disputa con Guyana. Al gobierno de los Estados Unidos, Venezuela pide “menos arrogancia”, mientras que al pueblo estadounidense le pide de reconocerse en el espíritu de su poeta Walt Whitman y no en el supremacismo. Y concluyó proponiendo “defender la Carta de la ONU con un frente común” para salvar al mundo “de la violencia capitalista”.

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“Las penas y las vaquitas se van par la misma senda.

Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.

Atahualpa Yupanqui

Después de 17 años los derechos de campesinas y campesinos, de todas las regiones del mundo, alcanzaron el reconcimiento en la ONU.

El pasado 20 de diciembre, luego de 17 años de trabajo continuado, fue ratificada la Declaración de los Derechos Campesinos en la sesión de la 73º de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tal como se expresa en su artículo 3º, “Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales que se reconocen en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los demás instrumentos internacionales de derechos humanos”.

La Declaración de Derechos Humanos fue adoptada por la ONU en 1948, sin embargo la mayor parte de la población mundial que está formada por campesinas, campesinos y personas que trabajan en áreas rurales recién alcanzan este reconocimiento hacia fines del año 2018.

“Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas”

Campesinas, campesinos y personas que trabajan en áreas rurales son quienes producen los alimentos que consumimos. La mayor parte de ellas y ellos no poseen la tierra que trabajan, mientras las corporaciones y las grandes empresas son dueños de la mayor parte. Esas condiciones se reproducen por donde se mire. Entre las y los campesinos se incluyen los pueblos originarios, indígenas, negros y migrantes que trabajan para sí mismos, en asociación o que trabajan para otros produciendo en la tierra.

Un largo trabajo para los derechos de campesinas y campesinos es impulsado desde la Via Campesina. “Este es un reconocimiento al papel estratégico que cumple el campesinado en la producción de alimentos. Alimentar a los pueblos y luchar contra el hambre, plantea la necesidad urgente de la reforma agraria como política fundamental para garantizar los derechos de las campesinas y los campesinos”, afirmaba Diego Montón, del MNCI de Argentina y uno de los delegados por la Via Campesina en el grupo que viene trabajando para alcanzar este reconocimiento de derechos. “Todo gobierno que se jacte de progresista y de trabajar con los derechos humanos deberá tener en cuenta la reforma agraria, como una política fundamental para garantizar los derechos para los campesinos y las campesinas”, agregó.

La Declaración en su artículo 4º hace un reconocimiento expreso al derecho de las mujeres, contra toda forma de discriminación de las campesinas y por el derecho a la igualdad de posibilidades en el acceso a sus derechos.

Las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a acceder a los recursos naturales y a participar en la gestión de los mismos. Sin embargo hoy parece lejos de concretarse. El avance del neoliberalismo a lo largo y ancho del mundo, que privilegia los negocios y las desigualdades, parece ir en contra de una normativa de difícil implementación. Al respecto, Montón decía que “La Declaración es una herramienta de lucha para que se transforme en leyes y políticas a favor de las y los campesinos y también es una herramienta de lucha por la soberanía alimentaria. Por eso la Declaración de derechos de campesinos y campesinas es un paso adelante para toda la humanidad”.

Los y las campesinas y las personas que trabajan en las zonas rurales, tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. También está explícitamente mencionado en otro de sus artículos. “En este momento, pese a producir la mayor parte de los alimentos que consumimos, los y las campesinas estamos sometidos a formas extremas de violencia. Aquellos que resisten son asesinados o arrestados. La criminalización de las luchas campesinas debe acabar y esta Declaración es un paso hacia adelante en esa dirección” afirmó Montón.

Desde la Via Campesina reconocen que el primer trabajo será hacer conocer estos derechos entre las y los campesinos para luego avanzar para que los Estados los implementen.

El 17 de abril es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, una fecha que se estableció en el año 1996 cuando la Policía Militar de Brasil asesinó a 19 campesinos y campesinas Sin Tierra en Eldorado dos Carajás, Estado do Pará. La implementación hoy parece tan alejada en nuestra región donde los Estados criminalizan y persiguen a las y los campesinos, pueblos originarios y migrantes mientras favorecen la concentración de tierras en pocas manos. Lideres y lideresas en nuestro país y en la región padecen las persecuciones en defensa de la tierra y los recursos naturales. En nuestro país hoy es Santiago Maldonado entre tantos anónimos y anónimas, Berta Cáceres en Honduras, las y los campesinos de Paraguay, de Colombia y de las distintas regiones que son asesinados, perseguidos, expulsados o encarcelados cuando defienden la tierra y sus recursos. Políticas que a veces parecen ir más allá de los presidentes de turno. Tan solo cabe recordar algunos ejemplos como los de los presidentes Fernando Lugo en Paraguay o Mel Zelaya en Honduras que fueron corridos por atreverse a defender otros intereses.

Soberanía Alimentaria

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, como una alternativa a las políticas neoliberales. Son estas políticas neoliberales las que priorizan el comercio por sobre la alimentación de los pueblos y su derecho a definirla y defenderla. Las políticas de producción industrial de alimentos ponen en manos de unos pocos, que priorizan sus ganancias, a la hora de definir que se produce, como se produce y nos envenena, con una agenda de mercado que está lejos de garantizar el derecho a la alimentación, que además sea sustentable y otros intereses públicos que pueden ser diferentes en función de los países y sus tradiciones culturales.

Tal como lo expresa la Via Campesina, “Instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han aplicado estas políticas dictadas por los intereses de las empresas transnacionales y de las grandes potencias. Unos acuerdos internacionales (OMC), regionales (Acuerdo de Libre Comercio para las Amercias-ALCA) o bilaterales de “libre” cambio de productos agrícolas permiten a dichas empresas controlar el mercado globalizado de la alimentación.

Mientras en los distintos países avanzan los proyectos de ley para privatizar el uso de la semilla de la mano de las corporaciones, las y los campesinos se oponen a que les expropien sus saberes ancestrales que están contenidos en la propiedad y uso de sus semillas, amenazadas por la globalización.

Derechos para campesinas y campesinos en el siglo XXI es el resultado de largos 17 años de trabajo colectivo para darle una legalidad a las necesidades básicas como seres humanos. Defender derechos de manera colectiva, donde se disputan los derechos a la tierra, a alimentarse, a la diversidad cultural y el derecho básico a la vida y sus recursos, amenazada por los negocios de las corporaciones. Una Declaración que se halla aún lejos de la realidad efectiva, si bien es una herramienta que permitirá sacar de las condiciones de cuasi esclavitud en la que se encuentran miles de personas que hasta ahora no tuvieron reconocidos sus derechos.

Notas relacionadas:

“La criminalización de las luchas campesinas debe acabar”

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales

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Al calor de la votación condenatoria al bloqueo yanqui contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una breve reflexión sobre la importancia de la participación popular en el proceso de reforma constitucional en Cuba.

Pesa sobre Cuba un historial de acusaciones atizado por los medios de comunicación dominantes globalmente, el Departamento de Estado, la Casa Blanca y sus aliados, el cual a través de una línea editorial infundada y amarillista, conforma una visión negativa de la dinámica política y social de la isla, basada en dos pilares que se han vuelto parte sustancial del sentido común occidental, la no existencia de una participación política libre del pueblo cubano y el cierre sobre sí mismo del gobierno revolucionario cubano. Si bien esta ofensiva mediática cuenta con tantos años como la Revolución Cubana tiene en vigencia, se ha acelerado desde la caída de la Unión Soviética demostrando un claro oportunismo político.

No obstante esta situación, el devenir cubano de las últimas décadas ha demostrado un proceso inversamente proporcional al incremento de estas acusaciones, desmitiendo las mismas sucesivamente a través de distintos escenarios, entre los que, actualmente, deben destacarse dos: la incipiente votación repudiando el bloqueo contra Cuba en las Naciones Unidas y el proceso de Reforma Constitucional en Cuba.

En el día de hoy, Cuba a logrado nuevamente el consenso diplomático internacional suficiente para condenar el inhumano bloqueo (o embargo, según sus promotores) al cual es sometido desde la década del ’60, intensificado en el Período Especial durante los años ’90 y sostenido impunemente en nuestros días.

El actual triunfo diplomático se suma a una sucesión ininterrumpida de apoyo a la prerrogativa cubana titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba”, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta sucesión de éxitos de Cuba es iniciada en 1992, creciendo año a año el visto bueno de los representantes de las Naciones del mundo, alcanzando en esta última votación el número de 189 votos a favor de la resolución condenatoria del bloqueo, y solamente dos oposiciones lógicas, la de Estados Unidos y la de Israel.

Si bien esta resolución carece de carácter imperativo para con los detractores de este “genocidio”, como lo reconocen quienes lo padecen, es necesaria su existencia ya que demuestra un consenso global sobre la condena a tan injerencista medida, cuyas ramificaciones llevan a Cuba a la pérdida de oportunidades para su desarrollo productivo, a amenazar su soberanía política y a atentar contra las condiciones sociales de las cubanas y los cubanos.

Asimismo, este apoyo prácticamente total de las Naciones allí representadas, desmiente aquella visión que los medios hegemónicos difunden de una Cuba cerrada sobre sí misma y aislada internacionalmente, aun en tiempos donde la derecha teje y amplía sus redes de influencia y desarrollo en Latinoamérica.

Puntualmente, no debe tomarse este hecho como el punto último de aspiraciones cubanas sobre el bloqueo, ya que el fin perseguido es la anulación del mismo, pero sí debe celebrarse como una victoria fundamental del pueblo cubano y sus representantes, debido a la ofensiva esgrimida desde hace unos meses por Estados Unidos en la Asamblea General, tendiente a revertir los históricos resultados en su contra, usando como principal punta de lanza a la Organización de Estados Americanos y su Secretario General Luis Almagro.

“La Soberanía reside en el pueblo”

Pero este éxito no debe entenderse como un fenómeno aislado de la política exterior cubana, sino como contraparte del proceso de debate que está atravesando el pueblo cubano al interior de la isla.

Como es sabido, en el primer semestre de este año comenzó a debatirse al interior de Cuba el proyecto de Reforma Constitucional. Tras la redacción y promulgación del nuevo texto constitucional el 2 de Junio de 2018 por parte de la Asamblea Nacional cubana, se abrió un escenario de debate amplio que persigue la difusión y discusión multisectorial y popular, que culminará con el referéndum de Febrero de 2019 en el cual se decidirá su aprobación para reemplazar la vigente Constitución Cubana de 1976 enmendada por última vez en el año 2002.

El proceso de reforma constitucional es parte de un proceso de transformación promovido por el Estado y por el Partico Comunista de Cuba (PCC), y demandado por el pueblo cubano, que se propone la actualización y mejora del funcionamiento del socialismo cubano, sin abandonar las conquistas y banderas enarboladas desde el triunfo revolucionario de 1959.

En medio de demandas de distintos sectores de la sociedad, principalmente de las y los jóvenes, desde la asunción de Raúl Castro a la presidencia en 2008 se han desarrollado distintas etapas de debate y concreción de acciones que dan cuenta de dicho proceso de transformación, entre los que se destaca: el VI Congreso del PCC en 2011 y el VII Congreso del PCC en 2016 con sus posteriores leyes fundamentales y lineamientos, el anuncio y posterior abandono de Raúl Castro de la Presidencia, la asunción como presidente de Miguel Díaz Canel Bermúdez en abril de este año y el actual proceso de reforma constitucional y su correspondiente debate.

Más allá del formato y contenido expresado en la propuesta de renovación constitucional, interesa dar luz sobre quienes son las y los protagonistas de este proceso, me refiero a las cubanas y los cubanos. Así como el último Congreso del PCC contó con casi nueve millones de intervenciones por parte del pueblo, el debate actual de Reforma Constitucional va extendiéndose cada vez más conforme avanzan los días, y si bien aún no ha alcanzado al porcentaje poblacional esperado, se prevee que supere las expectativas de las autoridades de gobierno.

Este fenómeno de participación masiva lleva ineludiblemente a confirmar los deseos de Fidel Castro, cuando instaba a su pueblo a defender las conquistas de la Revolución Cubana y también obliga a dar por tierra los presupuestos amarillistas que estigmatizan a la sociedad cubana y su sistema político de representación, tildándolo de antidemocrático y de dar lugar a la expresión popular.

En parte, lo que motiva estas acusaciones hacia Cuba es también una interpretación distinta de la democracia, ya que la democracia cubana se presenta como superadora de la democracia puramente electoral arraigada en las sociedades emergentes de la globalización.

Basta con revisar la actual Constitución cubana para encontrar un escenario de participación política que dista del propio: “En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan.”. Entre estos órganos, cabe destacarse la Asamblea Nacional del Poder Popular a la cual se somete el Poder Ejecutivo, las Asambleas Municipales y los Comités de Defensa de la Revolución.

Quizás a quienes nos han acostumbrado a asociar la democracia únicamente con el sistema de elección de nuestros representantes, nos sea útil profundizar el debate sobre si es allí, en el ejercicio sufragista, donde se agota la democracia y nuestra participación; y es probable que la lectura y el análisis del actual debate popular-Constitucional en Cuba nos devuelva una enseñanza que nos lleve a perfeccionar nuestra práctica democrática, la cual nos devuelva la esperanza de un mundo mejor en un horizonte que se presenta cada vez más adverso.

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En una histórica sesión, el viernes 28 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales por. El texto será presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para que sea ratificado. Marcha dialogó con Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena e integrante de la Via Campesina.

Derechos campesinos

 “La mayor parte de la población mundial está formada por campesinas y campesinos. La agricultura campesina no es solo una actividad económica, sino que constituye el sustento vital de todas las personas”. Así se inicia la “Declaración de los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” que elaboró La Via Campesina.  Luego de muchos años de trabajo, fue presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y aprobada con 33 votos a favor, 3 votos en contra y 11 abstenciones. Se espera que sea ratificada antes de fin de año por la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

La Via Campesina es una organización que reúne a más de 200 millones de campesinos y campesinas, de unas 180 organizaciones de 80 países del  mundo.

Un largo camino

Marcha habló con Diego Montón, quien desde 2012, año en que se inicia el proceso formal de elaboración de la Declaratoria, formó parte del colectivo internacional de derechos campesinos de la Via Campesina, con una activa participación en todas las sesiones de este grupo de trabajo intergubernamental y en las sesiones formales del Consejo de DD.HH.

Montón relató que este proceso de Declaración tiene mucho tiempo de trabajo. “Hace más de 17 años que la Via Campesina se propuso plantear la discusión en Naciones Unidas en torno a la necesidad de la declaración de derechos campesinos. Esta discusión se dio en el proceso de la ofensiva neoliberal de los ’90, en el marco del desarrollo del capital financiero en el campo con la globalización, que tuvo como consecuencia innumerables violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas, asociados a los desalojos de tierra, al acaparamiento de tierras, a la privatización de las semillas, al libre comercio, a la criminalización y persecución política de las y los dirigentes campesinos, entre otras situaciones.  En función de todas esas luchas internacionales que se estaban articulando en la Vía Campesina, junto a luchas nacionales y regionales, había que plantear una discusión en Naciones Unidas”.

¿Cómo  se inicia el proceso para llegar al Consejo de DD.HH. de Naciones Unidas?

“Después de 10 años de trabajo, en el 2008 la Vía Campesina, en una conferencia internacional, aprueba la Carta de los Derechos de las Campesinas y los Campesinos,  que es la primera herramienta con la cual la Vía Campesina empieza a trabajar con Naciones Unidas en la propuesta. En el marco de esta aprobación es que se desarrollan una serie de trabajos para ir relevando y constatando, con organizaciones de derechos humanos aliadas, las violaciones a los derechos humanos que se van dando en todo el mundo. Fue así que entre 2008 y 2011 se presentan informes al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde se van demostrando todas las violaciones de derechos humanos de las comunidades campesinas de todo el mundo.

Con este trabajo, y con un informe que realiza una académica experta de Ginebra en el año 2012, recién ahí se logra que este proceso llegue de manera formal al Consejo de Derechos Humanos”.

¿Cómo llegan a la sesión del 2018 del Consejo?

“A partir de todos estos debates se hicieron cinco borradores diferentes y fue así que llegamos con mucha expectativa a esta sesión, porque ya en el 2017 el Consejo de DD.HH. había dado el mandato de que para este año debía entregarse la versión definitiva para su aprobación”.

¿Cuál es la intervención del Estado Plurinacional de Bolivia y otras organizaciones?

“Este proceso se hizo gracias a la intervención del Estado Plurinacional de Bolivia, ya conducido por Evo, que fue el fundador de Vía Campesina. Así se crea por primera vez, por una resolución del Consejo de DD.HH., una comisión intergubernamental de trabajo para una declaración de derechos campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales.

Ese grupo es el que tomando la iniciativa de la Vía Campesina. Va a ir adaptando la Declaración a los lenguajes adecuados de Naciones Unidas y a todas las discusiones que se van dando con la participación de los estados miembros de la ONU. Además se fueron sumando a participar distintas organizaciones como la de los pastoralistas, de pescadores artesanales, de pueblos indígenas, de trabajadores agrícolas, todas organizaciones internacionales que responden al proceso y que van aportando para el mismo”.

Frente a la aprobación de la declaración también Evo Morales expresó: “Saludamos que el Consejo de DD.HH de la ONU haya aprobado la Declaración sobre los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” y atribuyó el mérito principal de esa declaración a la organización internacional Vía Campesina, entre cuyos fundadores figuran los sindicatos de productores de coca y otros sectores rurales bolivianos.

Esta declaración impulsa a los gobiernos nacionales para que implementen políticas públicas y de protección de derechos de las y los campesinos: “en este momento, pese a producir la mayor parte de los alimentos que consumimos, los y las campesinas estamos sometidos a formas extremas de violencia. Aquellos que resisten son asesinados o arrestados. La criminalización de las luchas campesinas debe acabar y esta declaración es un paso hacia adelante en esa dirección”, afirmó Montón.

Desde la Coordinadora Europea Via Campesina (ECVC) remarcaron que la declaración se alcanzó con escaso apoyo de los países centrales.  Destacaron el apoyo prestado por solo tres países: Suiza, Portugal y Ucrania, y fustigaron la falta de compromiso de los países de la Unión Europea en favor de la declaración. Al respecto expresaron que “Alemania y la Unión Europea, que a menudo expresan su apoyo a los derechos humanos, al desarrollo del sur y a la agricultura familiar, en este momento crucial, se oponen a la Declaración y se aíslan de la comunidad internacional. Esto es incomprensible e inaceptable”.

¿Qué son los derechos humanos?

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen, etnia, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. Sin embargo hasta ahora no les han sido reconocidos a las y los campesinos, entre otros”.

El 17 de abril de 1996, la Policía Militar de Brasil asesinó a 19 campesinos y campesinas Sin Tierra en Eldorado dos Carajás, Estado de Pará, Brasil. Desde ese momento, cada 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, se recuerda el necesario reconocimiento de los derechos humanos para campesinas y campesinos. Desde entonces es una lucha incansable.

“Los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los (y las) campesinos y las personas que trabajan en zonas rurales. Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos de la presente declaración que no puedan garantizarse de forma inmediata”.

Una votación que ha sido considerada una conquista para las y los campesinos, ganaderos, pescadores artesanales, pueblos indígenas y trabajadores y trabajadoras que junto con la Vía Campesina han defendido esta declaración en sus países y en el Consejo de Derechos Humanos. La soberanía alimentaria será una meta más cercana si los derechos de las y los campesinos y las personas que trabajan en áreas rurales son una realidad.

Notas relacionadas:

Declaración de los derechos campesinos  

Texto de la carta de adhesión argentina a la Declaratoria 

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Se inició el 73 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York con la presencia de distintos mandatarios mundiales. Entre ellos, Morales, Maduro y Díaz-Canel dieron una clase de dignidad en nombre de los pueblos.

Durante la semana pasada se realizó en la Sede de Nueva York de la Organización Mundial de las Nacionales Unidas la Asamblea General nro 73. Bajo el objetivo “hacer que las Naciones Unidas sean relevantes para todas las personas: liderazgo mundial y responsabilidades compartidas para lograr sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles” se reunieron los mandatarios mundiales -a quienes nos referimos en masculino por su abrumadora mayoría- para dar cuenta de su articulación política en pos de dicho titular.

Sin embargo, sabemos, que desde sus inicios la mayor preocupación de la ONU poco tiene que ver con los derechos de los pueblos y si mucho con los intereses de los imperios. En su segundo año de mandato como presidente de los Estados Unidos, el empresario Donald Trump realizó un discurso de apertura con una linea política clara, la misma que caracteriza a su gobierno de mentiras. Asi fue que, inclusive logró una carcajada colectiva de las y los presentes al referirse a sus dos años de gobierno “como los mejores de la historia estadounidense” con total impunidad.

Trump anunció su agenda de guerra, futuras intervenciones, sanciones ilegales y disputas comerciales para mantener la hegemonía imperial mundial como respuesta al avance del imperio chino. Quién, por su parte, sólo envío a su canciller Wang Yi deslegitimando a la Asamblea y su posible marco de negociación.

En ese sentido, podriamos decir que un bloque de mandatarios priorizó su relación con el imperio estadounidense. Tal como es el caso evidente de los presidentes Macri, Duque y Piñera, de Argentina, Colombia y Chile respectivamente, que se pronunciaron en defensa de las políticas neoliberales exigiendo, entre ellas, la intervención en Venezuela. Fue en nombre de la paz y los derechos humanos que, anunciaron saqueos de sus pueblos, acompañamiento a guerras del imperio, subordinación en política exterior, evitando hablar de los problemas socioeconómicos internos.

Por otro lado, el bloque que podríamos llamar socialista (o en vias de socialismo según como guste más) integrado por Cuba, Venezuela y Bolivia encontró en dicha instancia un nuevo momento para oponerse a las políticas de muerte propias del neoliberalismo. Es así que, la presencia inesperada Nicolás Maduro Moros como así también de Evo Morales Ayma y la del actual presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel no pasaron por desapersibidas y encabezaron gran parte de los titulares por sus punzantes discursos en defensa de los pueblos y contra el imperialismo.

Ocupando el histórico lugar de los Castro, Díaz- Canel sorprendió en su primer discurso internacional al sostener la histórica coherencia cubana. Al tomar la palabra reivindicó la importancia del socialismo para la búsqueda de la igualdad y la justicia, mientras que denunció las grandes problemáticas del mundo como consecuencias del capitalismo como sistema de sociedad injusto y desigual, que se sostiene sobre una agenda neoliberal, colonial y racista.

“En un mundo donde el 0,7 por ciento más rico de la población se apropia del 46 por ciento de toda la riqueza, mientras tanto el 70 por ciento más pobre solamente accede al 2,7 por ciento de la misma, y unos 3 mil 400 millones de seres humanos viven en la pobreza”  explicó Díaz-Canel Bermúdez, “no son frutos del socialismo como afirmara el presidente estadounidense, Donald Trump sino que son consecuencias del capitalismo, en particular del imperialismo y del neoliberalismo, del egoísmo, de un paradigma que privilegia la concentración de la riqueza en pocas manos” manifestó .

Por su parte, a metros del mandatario estadounidense, Evo Morales cuestionó la falsa moral propia del imperio de EEUU que mantiene un enorme gasto armamentista, promueve guerras, desconoce los convenios sobre derechos humanos y cambio climático. Denunció a su vez, que se han magnificado las tres más agrandes amenazas de esta etapa: el armamentismo y su cultura de guerra, la creciente desigualdad, y el cambio climático que amenaza la vida en el planeta.

El presidente indígena cuestionó que Estados Unidos ejerza la fuerza y la injerencia con el “afán del control geopolítico y apropiación de los recursos naturales” y afirmó que Bolivia rechaza  las acciones unilaterales impulsadas por el estadounidense. En ese marco manifestó “claro ejemplo, Irán país al que se ha hecho referencia en la mañana de hoy. En 1953 Estados Unidos financió, organizó y ejecutó un golpe de Estado en contra de un gobierno democráticamente electo, que en ejercicio de su soberanía nacionalizó su petróleo de manos de una empresa angloestadounidense, después por varias décadas apoyaron un gobierno autoritario que permitía que las ganancias del petróleo beneficien a empresas transnacionales”.

Tras haber tenido un lugar central en el discurso de aquellos gobiernos funcionales a los intrreses imperiales, el presidente Nicolás Maduro dió cuenta de la integridad de su pueblo denunciando la doctrina Monroe reeditada en una agresión en lo económico, político, diplomático y mediático, que ha generado una crisis migratoria con la que intentan justificar un escenario de intervención militar. En esa linea, Maduro ratificó la determinación del pueblo venezolano para seguir construyendo un modelo social propio: el socialismo bolivariano del siglo XXI.

En ese marcó, Maduri recalcó ante los presentes “hoy Venezuela está más fuerte que nunca, hemos sabido resistir, estamos de pie y dispuesto a seguir avanzando en la construcción de un modelo social propio, el de la revolución socialista del siglo XXI, lo decimos a los cuatro vientos”. Y a continuación manifestó “confió en el ser humano y el futuro de la humanidad (…), desde Venezuela le decimos a la ONU confiamos en los ideales nobles del pueblo venezolano que no se rendirá”.

En ese sentido, los tres presidentes y líderes hijos de Chávez y Fidel denunciaron el bloqueo a Cuba, la agresión contra Nicaragua y la invasión de Israel a Palestina. Condenaron a su vez la cultura armamentista, el capitalismo salvaje que incrementa la desigualdad, y la política neocolonial de control militar y económico de la región. Reivindicaron el multilateralismo y la pluripolaridad en la construcción de un mundo alternativo donde las tres naciones han sido referentes de otra sociedad posible.

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Ignorando la presión popular y la decisión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que determinó que el Estado brasileño debería garantizar la participación de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de este año en el país, el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó la inscripción de la candidatura del ex mandatario el pasado viernes (31 de agosto).

Según la decisión del TSE, el Partido de los Trabajadores (PT) debería presentar, en el plazo de diez días – es decir, hasta el 11 de septiembre – la inscripción de un nuevo candidato. Sin embargo, en respuesta a la decisión en esa instancia, la defensa del ex mandatario sigue presentando instrumentos jurídicos para mantener a Lula como candidato oficial de la lista electoral del PT.

Este lunes (3-9), tras visitar al ex presidente, en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, estado sureño de Paraná, donde Lula está detenido, Fernando Haddad, su candidato a vicepresidente, anunció que la defensa de Lula presentará una petición en la ONU para que la organización se exprese sobre la decisión del TSE.

“Hoy hemos presentado al presidente Lula todas las posibilidades jurídicas y él decidió, en primer lugar, presentar una solicitud en la ONU para que se manifieste sobre la decisión de las autoridades brasileñas en el marco de la determinación del Comité. En segundo lugar, decidió presentar un pedido de medida cautelar, en el ámbito electoral y en el ámbito criminal, para tener el derecho de inscribir su candidatura”, explicó Haddad.

“Sabemos que el pueblo está sufriendo una crisis sin antecedentes. La vida de las personas está cada vez más difícil y el expresidente Lula es el único camino para salir de esta situación”, defendió  el candidato a vicepresidente.

En un debate realizado el pasado domingo (2-9), Fernando Neisser, que forma parte del equipo jurídico de Lula, afirmó que la decisión del TSE viola la ley electoral.

Neisser afirmó que según el artículo 16 de la Ley Electoral [de nº 9504 de 1997], que determina que un candidato que sufrió una impugnación pero que todavía no tuvo sus recursos de apelación juzgados, es decir, sub iudice, independiente de la instancia, tiene el derecho de participar de la campaña electoral y estar en la urna electrónica. Del mismo modo, añade que este dispositivo previene el hecho de que “no hay como retroceder en el tiempo caso el candidato sea declarado inocente después de las elecciones”.

Edición: Diego Sartorato | Traducción: Luiza Mançan

*Leer en Brasil de Fato

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