En agosto del año 2016 el presidente Mauricio Macri firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia que promueve la Cobertura Universal de Salud, que parece avanzar contra el sistema público de salud. Asociaciones de salud, gremios, organizaciones sociales dieron la voz de alerta contra este sistema que promueve un paradigma que no se basa en la promoción de derechos y que afecta a los más vulnerables.

La semana pasada la Cobertura ha comenzado a ser implementada en la provincia de Mendoza y amenaza con extenderse frente a la perplejidad y el desconocimiento de los menos entendidos.

Marcha entrevistó a Jorge Yabkowski, Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa) que nos brindó mayores precisiones respecto de la salud entendida como un negocio.

-¿La CUS o Cobertura Universal de Salud es una iniciativa de este gobierno, que implicaciones tiene?

-La CUS no es una estrategia de este gobierno, sino que es una estrategia a nivel mundial llevada adelante por el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller y luego cooptada por la Organización Mundial de la Salud a fines de los 90 y comienzos del 2000. Argentina durante el gobierno de Nestor Kirchner votó esta reforma en la asamblea de la OMS del 2005 y luego Cristina Kirchner la apoyó también en el 2012 en la asamblea mundial de las Naciones Unidas, votando la consigna Cobertura Universal para Todos en el 2030 y el gobierno de Macri la instrumenta a través del decreto 908 de 2016.

Estamos frente a una política que dice que el sector más pobre de la población que no tiene cobertura sindical formal,  a través de su seguridad social y ni medicina prepaga, la va a cubrir un seguro público, un seguro de pobres, con una canasta básica de prestaciones, para que los eventos más catastróficos no lo afecten o por lo menos no impacten negativamente en su economía según lo que la declaración de la CUS plantea.

-¿Cuál es la postura de FESPROSA y que plantean?

-Nosotros siempre estuvimos en contra del seguro de pobres y  planteamos como estrategia la conformación de un sistema universal de salud basado en el que ya tenemos, que son 1700 hospitales y 6000 unidades sanitarias, que son insuficientes para cubrir la demanda de la población pero tienen un gran liderazgo en la atención del sector más pobre, para cubrir accidentes, pediatría, en formación de recursos humanos. Un sistema que es insuficiente pero que con inversión pública, con reorganización nacional y aumento de su eficacia social, podría bien ser el gran sistema de salud que los argentinos necesitamos.

La CUS era en su origen una estrategia para sacarle recursos al sector público ponerlo en un seguro y establecer la eficiencia basada, no en parámetros, sino en la competencia entre el sector público y privado, al modelo de Colombia y terminar de segmentar el mercado de la salud entre quienes pueden pagarlo y tienen trabajo y  el sector pobre, con su seguro de pobres. Esto necesitaba de una inversión, que no aparecía, no había quien ponga la plata. Hablaron primero de los 8.000 millones del fondo de redistribución de las obras sociales, que no alcanzan ni para empezar a organizar el padrón y ahora después de analizar los presupuestos provinciales y nacionales, no hay dinero para la CUS. La CUS es un seguro que presupone población nominalizada, una cápita dineraria y prestaciones garantizadas, es decir una canasta, pero ninguna de esas tres cosas está. El viceministro (de salud de la Nación) Adolfo Rubinstein,  en una polémica que  sostuvimos en la Facultad de Medicina el viernes pasado, dijo que la CUS no es un seguro, que no hay canasta básica, que no es carnet de pobre y que se accede con el documento, es decir, la CUS no es nada y no tiene presupuesto.

La CUS  es una estrategia,  un programa de reorganización,  basado en la digitalización de la historia clínica, con un archivo nacional, pero la nación no tiene plata fresca para poner y lo tendrán que poner las provincias, que esperaban recibir plata por la CUS y no tener que poner. La empiezan a mirar con recelo. Es decir que, por el momento, la CUS es un discurso político de los funcionarios del ministerio de salud y no es nada más. Puede ser que transforme al hospital público en una gran guardia con prestaciones restringidas, pero al día de hoy, en coincidencia con lo que vienen diciendo distintos sectores, no deja de ser un anuncio de campaña. De hecho los 8.000 millones que aportó el fondo de redistribución (ANSES) para empezar a organizar la CUS aún siguen depositados en el Banco Nación y, no solo eso, ahora son 9.200 millones porque rindieron 1.200 millones este año, porque no se tocó.

La estrategia para nosotros está basada en la rentabilidad financiera, el mix público-privado. Frente a eso ponemos la necesidad de un sistema nacional desde la perspectiva de derechos.

-¿Qué recortes implica respecto a la atención en el hospital público?

-Esto es lo que toda canasta básica implica, que se cubren algunas cosas y otras no. Teóricamente se creó a través de un decreto la Administración General de Tecnológía Médica, que entre sus misiones incluye confeccionar esa canasta donde íbamos a saber que se cubría y que no. Ahora el viceministro de salud dice que no va a haber canasta y que vamos a seguir cubriendo todo como siempre con lo cual toda restricción es hipotética, no hay manera de saberlo. La prioridad absoluta la tiene materno infantil, que está en todos los seguros de pobres en el mundo.

Esto último que dice Yabkowski, se refiere a la exposición del el viceministro que la semana anterior había hecho en la facultad con gran extensión  (50 minutos)  donde no dio precisiones concretas sobre la CUS . Mientras desde FESPROSA expresan que “la plata no está y  tenemos que hacer conciencia entre la gente para que este proyecto no avance”.

-¿Qué implicancias puede tener respecto a las condiciones laborales de los profesionales de la salud?

-El viceministro de salud, Rubinstein,  dice “Nuestro modelo es el plan de medicina familiar de Brasil, que introdujo a 110 millones de brasileños en un programa”. Nosotros respondimos que  el plan de medicina de Brasil incluía salarios elevados, carrera sanitaria, fomento para la vivienda y educación de las familias en zona desfavorable, así consiguieron profesionales. ¿Cómo vas a armar un sistema basado en la atención continua e integral? Si la base son los médicos comunitarios que ganan 10 mil pesos y están precarizados, los de Córdoba no cobran hace nueve meses, porque el sistema está basado en la precarización laboral. A lo cual el viceministro contestó que efectivamente es así, y que hay que mejorar los salarios y las condiciones de trabajo.

Si un hospital trabaja para el seguro como los médicos colombianos, lo que tiene que hacer es captar asegurados y hacer muchas prestaciones. Si hay un hospital privado que compite con él, estas prestaciones pueden ser absorbidas por el sector privado.

En las últimas convenciones colectivas de trabajo, como por ejemplo la que firmó Andrés Rodriguez por UPCN, en el convenio colectivo de trabajo de la administración central de la Nación, incluye clausulas de productividad y de presentismo. Si nosotros metemos al sistema de salud con clausulas de productividad, la transformación que puede sufrir es tener un salario de 95% por convenio, como es ahora, algunos estímulos por el recupero del dinero de las obras sociales, como es el plan Sama (u otros planes de recupero) en la provincia de Buenos Aires, a tener un 20 o 30% de salario básico y el resto cobrar si atendés a la gente que viene por el seguro. Ahí se produce un cambio donde se subsidia la demanda, que en lugar de financiar al hospital público se financie al seguro y se cree un sistema de competencia público-privada para atender ese seguro, que es lo que ocurrió en Colombia y terminó con el cierre de 20 hospitales que no pudieron resistir la competencia.

En este caso el viceministro dice que todo lo que aparece como peligro para el modelo no lo van a hacer, hay una precarización que no se está resolviendo.

-¿A qué concepción ideológica responde este modelo de salud?

-El trabajo que publicó Mapfre en EE. UU. ve la transformación del sistema de salud como una oportunidad. La filosofía de esta gente es que el problema es el sector público, que es pesado e ineficiente, y que el derecho a la salud no está garantizado porque hay restricciones implícitas. Si bien todo el mundo tiene derecho a todo, las listas de espera, el arancelamiento, el gasto privado de bolsillo para comprar insumos y medicamentos, habla de restricciones implícitas. Ellos de lo que hablan es de transformar estas restricciones implícitas en restricciones explícitas, es decir saber qué se va a dar y qué no se va a dar y el mejor de ese programa va a ser el que se quede con la plata del seguro. Entonces el sector público va a tener que esforzarse más en la competencia con el privado para captar estos fondos que atiendan la canasta, o sea las restricciones explícitas. Esto responde a una concepción del estado abiertamente neoliberal donde tiene por función en  salud regular y financiar, en parte, y nunca ser prestador. Es el modelo norteamericano donde no existe el hospital público, son todos prestadores privados y seguros, donde no hay derechos de la ciudadanía a la salud, el concepto es de renta, costo/beneficio y cuál es el piso mínimo de prestaciones. Por eso los socios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) están con la CUS para todos en el 2030, con la participación de tres grandes actores: el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller y la Fundación Bill y Melina Gates, los filántropos que están penetrando en el mercado de la salud por encima del Banco Mundial y del gobierno de EE. UU.

Un medida lejos del pueblo

La CUS hoy parece más cercana a un anuncio de campaña, pero amenaza con transformar al sistema público de salud que tenemos. La gestión de la salud, parece ser una temática reservada a los especialistas, que deja bastante alejados a los sectores populares que solo acceden como usuarios mayoritarios y pasivos del sistema. Queda oculta la relación de la salud con las condiciones de vida, la vivienda, el trabajo, la educación como un conjunto del cual forma parte. Quizás se haga necesaria la participación popular en la evaluación de las necesidades, en la gestión y construcción de respuestas, como otro modo posible, que movilizará las iniciativas que impulsen la defensa de los legítimos derechos para y por el pueblo.

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En las últimas semanas venimos asistiendo a una diversidad de situaciones que ponen de manifiesto las dificultades que atraviesa la agricultura, en manos de pequeños productores, mientras la población aumenta el riesgo de contaminación. Distintas iniciativas de organización muestran que aún contra los gigantes, apañados por el Estado, es posible luchar de manera organizada. 

La agricultura sin la dependencia de agroquímicos es totalmente posible y además muy rentable. Así lo plantean con énfasis desde la Red de Comunidades y Municipios (RENAMA) que fomentan la agroecología. El pasado fin de semana cumplió un año y lo celebró con un encuentro en la localidad de Lincoln, donde se llegaron desde distintos lugares para debatir sobre otra manera de cultivar y de cuidar la vida.

Además, con el destino de visibilizar la gravedad de una situación que afectan directamente a la vida, se realizó una nueva edición de la Marcha Mundial Contra Monsanto el pasado 20 de mayo. Mientras tanto, desde las políticas públicas se alientan a las grandes corporaciones, que incluso tienen un lugar en la TV Pública y hasta en el INTA se ha indicado no usar la palabra agrotóxico. Una  política nacional vampirezca que mientras hace crecer a las corporaciones, le chupa la vida a las personas.

RENAMA

El viernes 12 y sábado 13 de mayo, en la localidad de Lincoln, Provincia de Buenos Aires, se reunieron distintas organizaciones, municipios, defensorías, público, investigadores/as, médicos/as, abogados/as ambientalistas, ingenieros/as agrónomos, productores y otras agrupaciones bajo la consigna: “Tenemos un motivo común: la salud, el campo y la vida”.

Con distintas mesas y paneles se realizó un intenso debate, con presentación de experiencias y propuestas diversas en torno a la Agroecología como una posibilidad concreta de producción. También estuvieron presentes mesas acerca de la salud, las cuestiones relacionadas a lo legal, entre varios paneles propuestos para los dos días.

RENAMA es una organización incipiente que viene alentando y difundiendo una realidad contraria a las políticas públicas: es posible producir de manera agroecológica y además es rentable. Tal como ellos lo expresan: “RENAMA es un colectivo de personas que logra demostrar que la agricultura extensiva (y la no extensiva también) sin usar pesticidas es posible, y es rentable”. Una red nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecologia, con el propósito de ofrecer una herramienta de gestión y producción alternativa, ya probada y con resultados exitosos en diversas partes del mundo y del País.

Un nuevo encuentro que muestra la necesidad para la vida humana: producir lo que consumimos de otro modo que no sea el envenenamiento progresivo.

¿Qué tiene que ver Monsanto?

Monsanto, una corporación que se expande a costa de la muerte de las personas, fue encontrada culpable por el Tribunal Internacional de La Haya, del delito de Ecocidio, de afectar el derecho a un ambiente sano, a la salud, a la alimentación y a la libertad para la investigación científica. Un juicio impulsado por organizaciones y llevado adelante por un tribunal integrado por cinco juristas internacionales.

Este 20 de Mayo se realizó la Marcha Mundial Contra Monsanto con múltiples actividades destinadas a exponer y visibilizar la grave situación, auspiciada por distintas organizaciones que han entendido que no solo se trata de una cuestión de la ecología. Una corporación emblema del modelo extractivista que desprecia la vida humana para hacerse de ganancias y que además tiene políticas extorsivas hacia los productores, amenazados para cobrarles regalías por la patente de las semillas, por pooles de abogados y alentados desde el propio Estado Nacional que lo patrocina.

INTA prohíbe

Otra de las políticas que se promueven desde el Estado acaba de difundirse. Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA), el Ingeniero Agrónomo Hernán Trebino, Director del Centro Regional Buenos Aires Norte, ordenó a través de un comunicado que “Deberá practicarse una abstención irrestricta del empleo de el término agrotóxico, ya que su empleo implica una posición valorativa negativa”. Además, agregó que se debe emplear productos fitosanitarios o agroquímicos en vez de agrotóxicos. La capacidad de asombro crece a cada minuto, una decisión institucional que pone en tela de juicio la ética profesional de las y los trabajadores de la institución.

Esta política de silenciamiento en favor de las corporaciones ya se está extendiendo hasta a la educación. En el cuaderno de un chico de escuela primaria de Totoras, provincia de Santa Fe, se puede ver una foto con el logo del INTA, donde se habla de fitosanitarios y se les enseña que no se llaman agrotóxicos, con trabajos alusivos. Las y los Vecinos Autoconvocados de la Ciudad están organizándose y denunciando estas acciones, que silenciosamente intentan borrar la responsabilidad del Estado, aliado a las corporaciones para favorecerlas.

También merece mencionarse como el propio Estado municipal en Totoras viola un amparo judicial que hizo lugar al establecimiento de un límite agronómico, para proteger a la población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con mucha demora ha comenzado a reconocer el daño que produce el uso de agrotóxicos. Los médicos de los pueblos fumigados también se vienen organizando para denunciar lo que se percibe en su vida cotidiana: muerte, enfermedad y malformaciones que se expanden como una plaga, algo que hasta hace poco tiempo no sucedía. Una ecuación que incluye en su primer término la expansión del monocultivo sojero y el uso de agrotóxicos para aumentar el negocio, cuyo resultado es la contaminación que llegó incluso a la cuenca del Río Paraná y hasta el SENASA encontró sus rastros en productos de origen animal.
Agriculturas familiares en extinción

Otro aspecto son las políticas públicas dirigidas al sector de las agriculturas familiares. Apenas comenzado el mes de mayo, con el Decreto N° 302/2017,  se eliminó la Secretaría de Agriculturas Familiares. Una formalidad que en la práctica vienen denunciando desde las economías regionales a lo largo y ancho del país, al que se suman los pequeños productores de las agriculturas familiares. Mientras el Estado apela a la formalidad de la modificación del organigrama ministerial, que permite desentenderse del conjunto de las problemáticas para dividirlas burocráticamente, se multiplica la organización de los diversos sectores que representan al gran conjunto de pequeños productores. Un funcionario poco idóneo parece ser la mejor justificación para transformar las políticas que se dirigen a una actividad que se realiza a pequeña escala pero que produce ingresos para miles de familias.

En la práctica la Secretaría ya había sido desarticulada, sin dar ningún tipo de respuesta a las problemáticas de los pequeños productores que se quejaban amargamente, afectados por el conjunto de medidas económicas que beneficiaron a las grandes corporaciones y terratenientes con quitas de retenciones, subsidios y favores financieros a su medida. Mientras que los pequeños productores, mucho de los cuales vive en condiciones de extrema precariedad, vieron afectados sus costos por la dolarización de sus insumos, el aumento de los servicios y las políticas abusivas de los grandes monopolios que concentran la comercialización. Las imágenes de verdurazos en Plaza de Mayo, parecen bastante elocuentes.

Entre los antecedentes del depuesto Secretario de Agriculturas Familiares, Oscar Alloatti, se puede leer en el portal de Chacra: “Vivían en una casa (estilo) chorizo, de barro, techo de paja, tenían 8 vacas y 10 caballos en un campo arrendado, en Entre Ríos”. El funcionario también fue secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe en el período 1999-2003, con Carlos Reutemann como gobernador. Luego hizo comunicación con Luis Landriscina en Tv y radio, lo que finalizó en 2009. Hasta asumir el actual cargo y ya jubilado, conducía un programa de TV rural semanal “Ñu porá” (campo bueno) y cubría todos los rincones del Litoral.

Organizarse

Con políticas públicas que promueven a la gran corporación Monsanto, se regula a favor de los grandes terratenientes mientras empobrece y abandona a los pequeños productores y a las economías regionales, el campo y la agricultura sufren un proceso de concentración y especulación. El gigante Monsanto es promovido por las políticas públicas que le conceden hasta un programa en la tv pública y el paquete incluye la promoción de un cambio en el uso de la lengua. La Argentina es hoy el país donde se realiza el mayor uso de agrotóxicos a escala global, un gran laboratorio.

Sin embargo las comunidades se oponen con organización, tal el caso de distintas iniciativas colectivas como RENAMA, la Marcha Mundial Contra Monsanto, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y muchas otras iniciativas como la de los Vecinos Autoconvocados en Totoras, que encuentran su fuerza en juntarse, organizarse y luchar para preservar la vida. Cabe preguntarse ¿de donde se extraerían las ganancias si no hay vida humana?

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