Por Marcelo Musante* / Ilustración: Serko 

Si hay un grupo etario estigmatizado por el Estado Nacional, es el de los jóvenes de los barrios marginados. Un grupo social que es constantemente marcado negativamente, perseguido y encerrado por las fuerzas de seguridad, ente ellas, la propia Gendarmería Nacional. La definición descalificadora es contundente: “Ni estudian, ni trabajan”. Entonces, se vuelven “peligrosos”.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad anunció la creación del Servicio Cívico Voluntario a cargo, nada más ni nada menos, que de la Gendarmería Nacional, la misma que hace dos semanas fue sentenciada como responsable de un crimen de lesa humanidad por haber sido ejecutora de la Masacre de Rincón Bomba en Formosa en 1947. ¿Por qué una fuerza de seguridad militar debe hacerse de un proceso educativo para jóvenes de 16 a 20 años?

Masacrar

A principios de mes -el 4 de julio-, el juez federal subrogante de Formosa Fernando Carbajal caratuló como Crimen de Lesa Humanidad a la masacre de Rincón Bomba perpetrada por la Gendarmería Nacional en 1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

La represión duró varios días e incluyó fusilamientos, violación de mujeres, asesinatos de niñas y niños, incendio de cuerpos en fosas comunes, entre muchas otras atrocidades. El terror institucional en su dimensión más totalizadora. Y el horror silenciado durante más de setenta años como manto protector de la responsabilidad estatal.

Ahí está el documental “Octubre Pilagá” y libro del mismo nombre de Valeria Mapelman para entender lo sucedido en profundidad a través del relato de muchos ancianos y muchas ancianas. Es material imprescindible para ver el accionar de la muerte que implementó la Gendarmería Nacional Argentina a partir de un 10 de octubre.

Ahí están los sobrevivientes pilagá en Formosa para contar qué sucedió a quien se acerque a escuchar sus historias llenas de dolor y de resistencia. Están en Las Lomitas, Ibarreta, Estanislao del Campo, en Pozo del Tigre y en cada comunidad indígena de la zona.

Ahí están Noole Palomo, Bartolo Fernández y la Federación Pilagá para contar una y mil veces los sucedido. No se cansaron nunca de hacerlo junto con muchos de los ancianos y ancianas sobrevivientes que fueron falleciendo en un proceso judicial que duró 14 años. Que no le importó ni al Estado Nacional ni al Provincial, que fue abandonado durante una gran parte de ese tiempo por los dos abogados que lo iniciaron y que debieron sostenerlo sin recursos económicos.
Pero ahora, ahí está la sentencia con carácter de verdad emitida por el Juzgado Federal N°1 de Formosa. Un reconocimiento único en nuestro país como crimen de Lesa Humanidad contra una población indígena y que será fundamental como precedente a otros similares, como el de Masacre de Napalpí ocurrida en Chaco en 1924.

A doce días del histórico fallo, el gobierno nacional del Presidente Mauricio Macri creó el Servicio Cívico Voluntario para jóvenes de 16 a 20 años como un sistema educativo de formación en valores y disciplina que puso a cargo de la propia Gendamería Nacional. Una paradoja que encierra otras.

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Gendarmería, muerte y silencio: a 70 años de la Masacre de Rincón Bomba

Educar

La sentencia plantea la obligatoriedad de una serie de reconocimientos públicos. Dinero para obras, becas estudiantiles para jóvenes, declarar el 10 de octubre como efeméride de “La masacre de la Bomba”, la construcción de un monumento conmemorativo, y la obligatoriedad para el ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación de incluir los hechos sucedidos en la planificación académica.

Es decir, más allá de los resarcimientos económicos hay una fuerte apelación a la construcción de la memoria. A reconocer y resarcir en términos de verdad y justicia una masacre que había sido intencionalmente olvidada en la historia argentina.

Pero mientras el juez federal en Formosa sentencia la inclusión del crimen de Gendarmería Nacional en la currícula escolar, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, se sienta al lado de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, durante la conferencia de prensa de anuncio del proyecto para defenderlo en beneficio de los “los chicos que hoy no están haciendo nada, que están en la calle”, con el “el objetivo principal es adentrar a los jóvenes en el sistema de responsabilidad de valores y la disciplina”.

Un proyecto educativo que desde sus primeros objetivos estigmatiza a jóvenes que son marginados de un sistema público y que los enmarca bajo una sigla conocida como “Ni Ni”. Un grupo etario y social en los que parece que son ellos los que no quieren trabajar ni estudiar.

Esos jóvenes saben bien lo qué significa esa marcación negativa y lo que habilita represivamente para las fuerzas de seguridad en los barrios. Esos jóvenes son los que llenan las comisarías, cárceles, quedan como mano de obra del narcotráfico o son utilizados por las propias fuerzas para delinquir.

El gobierno nacional pone al frente de un proyecto educativo para jóvenes que no pueden acceder a las escuelas ni al trabajo a una fuerza de seguridad militar.

Y la ministra de Seguridad se jacta de afirmar que los “gendarmes docentes” estarán sin armas durante las clases. Como si el ejercicio de la violencia requiera exclusivamente de armas y no tuviera que ver con posicionamiento ideológicos en términos de contenidos y prácticas pedagógicas.

Historial

Se podría responder que aquellos gendarmes de la Masacre de Rincón Bomba no son estos gendarmes. Que aquella fuerza era distinta que esta.

Pero esta Gendarmería Nacional fue la misma ejecutó el 1 de agosto de 2017 la represión ilegal que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado y su violenta muerte en el Río Chubut.
Es esa misma Gendarmería Nacional a la que se la ve en muchas filmaciones bajando de camionetas disparando, tirando piedras y reprimiendo.

Es esa Gendarmería que participó del mega operativo contra la comunidad mapuche en el Lago Mascardi y que terminó con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel en el que está imputado y con prisión domiciliaria el Cabo Javier Pintos del grupo Albatros de la Prefectura Nacional. Es esa Gendarmería Nacional que hizo la pericia balística que intentó ocultar todo y simular la idea de enfrentamiento afirmando que había pólvora en la mano de Rafael.

Es la misma Gendarmería Nacional que el 13 de junio de 2014, dos de sus efectivos pararon a Andrés García Rampoy en un control sobre la Ruta 7 en Luján de Cuyo, Mendoza, y lo asesinaron de un tiro en la nuca en un caso de “gatillo fácil” sin resolver.

Es la misma que el 7 de septiembre de 2013 cuando cayó asesinado Kevin Molina en la Villa Zavaleta, y con apenas 9 años, encubrieron el enfrentamiento entre bandas narcos cuando tenían puestos de vigilancia a cien metros junto con la Prefectura.

Es la que se metió en la Universidad de Río Negro a fines del año pasado y desalojó una asamblea y toma pacífica que rechazaba los recortes presupuestarios.

Es la que actuó en acuerdo con la policía formoseña de Gildo Insfrán durante la represión del 23 de noviembre de 2010 en la Colonia La Primavera en Formosa y terminó con el qom Roberto López asesinado. Es la que en esa misma provincia amenaza a las comunidades pilagá que de Oñedié y Penqolé. En tierras donde ocurrió la masacre de Rincón Bomba y los gendarmes hace rondas nocturnas amenazando con desalojar.

En la misma Gendarmería Nacional que hace continuamente operativos violentos, requisas injustificadas y que son defendidas acríticamente por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sin ningún tipo de costo político ni judicial.

Valores

¿Por qué una fuerza represiva del Estado debe hacerse cargo de un proceso educativo y no el Ministerio de Educación? ¿A quién le habla el gobierno nacional con esta implementación del Servicio Cívico Voluntario en plena campaña electoral? ¿Qué sentido educativo puede tener para los y las jóvenes que participen yendo apenas una hora por día?

¿Será una nueva forma que adquiere el control social sobre estos y estas jóvenes? ¿Es un guiño a un sector del electorado que todavía sigue pidiendo por la reivindicación del accionar de las fuerzas militares en la última dictadura? Muchos medios de comunicación hegemónicos salieron a cuestionar las críticas al proyecto apelando a dejar de atrás los reparos, la memoria, que organizaciones sociales, de Derechos Humanos y partidos políticos tienen sobre las fuerzas militares en nuestro país.

¿Qué podrá tener para decir esta Gendarmería Nacional sobre Rincón Bomba, sobre la represión el Lof Cushamen, sobre el asesinato de Rafael Nahuel o en cada caso de gatillo fácil y encubrimiento que participó y que aquí apenas se mencionaron algunos? ¿Alcanza con que den los talleres sin armas? ¿Qué tipo de conocimiento se pretende construir desde ese lugar?

El 4 de julio la sentencia del juez Carbajal afirmó que la masacre de Rincón Bomba debe recibir un “resarcimiento civil a consecuencia de la violación de derechos humanos por los Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por y a través de material y personal perteneciente a Gendarmería Nacional”.

Esta Gendarmería nunca reconoció la masacre ni pidió disculpas públicas. La ministra de ministra Patricia Bullrich afirmó que es la institución más valorada del país. De eso se trata, de valores. De valores y de jóvenes. Las fuerzas militarizadas en nuestro país no tienen que formar parte de ningún proyecto de educación pública. Nunca más.

(*) Sociólogo, integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

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El 10 de octubre de 1947, cientos de indígenas pilagá fueron asesinados en un paraje cercano a Las Lomitas, Formosa. Las y los persiguieron, violaron, fusilaron, apilaron y quemaron. No era ni la primera ni la última vez que la Gendarmería protagonizaba una represión indígena. Pero el “problema” es siempre el mismo: la concentración pública de sujetos indígenas es una invitación a la represión.

“Les dimos corchazos para que tengan”, celebra un gendarme. Otro, tira piedras. El otro, esconde un hacha. Y otros, quizás, un cuerpo. Escenas que infunden terror pero que están muy lejos de ser inaugurales o casuales.

La desaparición forzada de Santiago Maldonado durante la feroz represión en el territorio mapuche del Pu Lof en Resistencia en Cushamen, Chubut, puso en primer plano la violenta relación de la Gendarmería Nacional con las comunidades indígenas.

Una violencia que se inscribe en un continuo histórico en donde la reunión de sujetos indígenas en el espacio público reactiva rápidamente la necesidad de poner punto final al “malón”. Esa fue una de las justificaciones históricas que se esgrimieron para fundamentar la violenta anexión de territorios indígenas a través de las avanzadas cívico-militares conocidas como “Campañas al Desierto”. Un despliegue enorme de mecanismos represivos que impactan sobre los cuerpos y los territorios indígenas que vienen aprehendidos y sostenidos desde el siglo XIX.

La Gendarmería Nacional protagonizó distintas represiones indígenas a lo largo de la historia. En 1924, una protesta indígena por las condiciones de hacimiento en la Reducción de Napalpí fue reprimida por la policía del Territorio Nacional del Chaco y por el Regimiento de Gendarmería de Línea (luego reconvertido Gendarmería Nacional) dejando un saldo de cientos de indígenas qom y mocoví asesinados.

En la actualidad, se puede mencionar -entre muchas otras y en distintos lugares del país- la voraz represión sobre la Comunidad Potae Napocna Navogoh, La Primavera, Formosa, que en 2010 se encargó de “liberar” la Ruta Provincial Nº 86. Allí –al igual que hace dos meses en Cushamen- la comunidad qom sostenía un corte de la ruta en defensa de su territorio y sus derechos. La avanzada de la Gendarmería junto a la policía formoseña terminó con el asesinato del anciano qom Roberto López, varias viviendas incendiadas y ocultamiento de la documentación luego de la represión.

En Napalpí, Potae Napocna Navogoh o Cushamen, los y las indígenas se habían reunido. Y el delito es reunirse. Cambian las fechas y el color político del gobierno de turno. Pero los imaginarios que se actualizan en las fuerzas represivas del Estado permanecen intactos: La concentración pública de sujetos indígenas es leída como una invitación a la represión sobre esos cuerpos. Y eso fue lo que pasó hace 70 años en Formosa, en una de las masacres más silenciadas de la historia argentina.

La Bomba

Tonkiet era un hombre que -según los ancianos sobrevivientes- “sanaba con su palabra”. Su llegada a fines de septiembre de 1947 a un paraje llamado La Bomba, cercano a Las Lomitas, circuló rápidamente por el montaraz paisaje formoseño.

Ese era su legítimo nombre en lengua pilagá, aunque luego fue conocido por su nombre español: Luciano Córdoba. Y en torno a él, cientos de familias se congregaron para participar de un encuentro sagrado. Con el correr de los días, fueron cientos o quizá miles de personas quienes se reunieron a orilla del madrejón y formaron un solo cuerpo colectivo, ancestral y espiritual.

Dicen que el persistente sonido de tambores y alabanzas en lengua originaria se escuchaba a varios kilómetros de distancia. Y también dicen que la multitudinaria reunión fue leída como una amenaza para civiles y militares que vigilaban el entonces territorio nacional. La Gendarmería Nacional fue la que intimó a las familias a abandonar esa concentración espontánea.

Pero los caciques, ancianas y ancianos allí reunidos no se dispersaron: era una reunión sagrada, estaban en su territorio ancestral y entendían que no significaban amenaza alguna.

Sin mediar ningún intento de entendimiento, la negación fue rápidamente asumida como un acto de rebeldía. Y en la tarde del 10 de octubre de 1947, la Gendarmería Nacional desplegó toda la ferocidad de la violencia represiva del Estado. Su delito fue reunirse.

La emboscada fue fatal: por un lado, un avión con ametralladora perseguía desde el aire; mientras que la cacería por tierra abarcó distancias de más de cien kilómetros y varios días de persecución.

El minucioso y respetuoso documental “Octubre Pilagá. Relatos sobre el Silencio”, de Valeria Mapelman, recupera la memoria oral de los sobrevivientes y saca a la luz, entre otros, los delitos sexuales cometidos contra mujeres y niñas. La violencia de género en el marco de un proceso genocida entendida como mecanismo de tortura y silenciamiento.

Allí, también se recuerda en forma colectiva cómo fue ese proceso genocida que incluye matanzas, sometimiento, traslados forzosos y desmembramiento familiar, tal como se especifica en el concepto de genocidio que la Asamblea General de las Naciones Unidas elaboraría un año después de esta masacre para analizar los crímenes del nazismo.

Quienes lograron sobrevivir, fueron capturados por los gendarmes y enviados a trabajar en “reducciones indígenas” en condiciones de semiesclavitud y bajo el control de la misma Gendarmería Nacional que llevó adelante la masacre.

Morir sin justicia

Qadeite era una niña cuando comenzó la masacre. Aquel fatídico 10 de octubre de 1947 huyó junto a su madre y su pequeño hermano. Se escondió en el monte. Pasó hambre. Escuchó inmóvil el paso de las tropas que con una jauría a cuestas avanzaban por el territorio en busca de futuros fusilamientos.

A muchos “se los tragó el monte”. El hambre y las heridas los llevó a engrosar la cantidad de muertos. Nombres e historias que ni siquiera forman parte de un listado oficial. Nombres e historias que el Estado decidió deliberadamente ocultar. Víctimas de una maquinaria genocida que aún hoy no es reconocida.

Qadeite relataba que la encontraron junto a su familia y otro grupo de personas que también estaba escapando. Y luego los llevaron a las reducciones de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas.

En esta última funcionó también el Internado para Niños José de San Martín, que manejaba un grupo de monjas y un capellán, institución destinada a impartir instrucción católica, disciplina y “pautas para el trabajo”. A sus ochenta y tantos años, Qadeite aún recordaba con angustia la imagen de su mamá forcejeando con las monjas para evitar que se llevaran a su hermanito.

“Cuando escapamos (de la Reducción) fuimos a lo de un señor que siembra algodón y ahí quedó toda la familia. Y ya después fuimos de un sembrado a otro. Toda la vida fue un peregrinar de un patrón de otro, de una cosecha a otro. Nunca más fuimos libres”.

Más de sesenta años después, eso contaba Qadeite a escasos kilómetros del epicentro de la matanza. Terreno donde no hace falta agudizar demasiado la visión para observar los pozos que indican las fosas comunes ni rasgar demasiado el polvo para que salgan a superficie los restos de las víctimas masacradas.

Una mujer tierna y valiente, que les cantaba a sus bisnietas mientras tejía sus yicas, que de a poco pudo recomponer los relatos del horror, y que tenía clarísima la ferocidad y la violencia de un Estado que nunca –ni siquiera- le pidió perdón.

Su hija, Noolé (o Cipriana Palomo, según el documento) es titular del Consejo de Mujeres de Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, una organización que reúne distintas comunidades de la provincia de Formosa y logró el reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Qadeite falleció en septiembre de 2015, unos meses después de la partida de Setkoki´en (Melitón Dominguez), otro activo sobreviviente de la masacre.

El año pasado fue el turno de Salqoe (Pedro Palavecino), un anciano que siempre instaba a seguir en la lucha por la verdad y la justicia. “Falta seguir, porque muchos no saben. Y porque todavía duele”, decía.

Y hace un mes murió Ni´daciye (Solano Caballero) que en diciembre del año pasado llegó hasta la Ciudad de Buenos Aires desde su Formosa natal para dar testimonio.

“Tengo 97 años y no olvido. Yo no olvido esta causa. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre, ahí están los huesos, ahí en la tierra. Este es mi dolor. No es chiquito. Es grande, está arriba este dolor para mí. Pero estoy contento de llegar acá, a ustedes. Pero la justicia tiene que ser grande, porque pasaron muchos años”.

En 2005, la Federación Pilagá denunció al Estado por esta masacre. Inició un juicio civil y otro penal. Los ancianos y ancianas sobrevivientes van muriendo en el olvido y sin respuestas del Estado.

Nora Cortiñas junto a Ni´daciye en diciembre de 2015. Foto: Luciana Mignoli

Genocidios de segunda

Este 10 de octubre a las 17 hs, la Federación realizará un acto por la conmemoración de los 70 años de esta masacre en la comunidad indígena de Oñedié, Ruta 28 Norte en intersección con la Ruta Nacional 81, Las Lomitas. Entre otras cosas, se inaugurará un memorial en honor a las víctimas y sobrevivientes de la masacre, realizado por el artista plástico Ulises González, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

¿Cuántos organismos de derechos humanos les mandarán sus adhesiones? ¿Cuántas figuras públicas acompañarán este día al Pueblo Pilagá? ¿Cuántos medios de comunicación destinarán amplias coberturas a esta masacre impune? ¿En cuántas escuelas recordarán este hecho histórico? ¿Y por qué hay dolores que conmueven más que otros?

Porque hasta tanto no comprendamos que esa víctima indígena se me parece, hasta tanto no podamos sentir el dolor de esas comunidades como propio, hasta tanto no nos conmueva cada conflicto y cada represión, ese proceso social genocida sigue vigente.

Un genocidio indígena sobre el cual se constituyó este Estado Nación que cree haber “bajado de los barcos” y aún hoy sigue negando que sometió a la población originaria a campos de concentración, violaciones sistemáticas, reparto forzado, trabajo semiesclavo, separación familiar, expulsión de territorios, cambio de nombres, imposición de la religión católica y eliminación física.

Porque participamos –sin siquiera saberlo- de dinámicas de circulación de estos discursos que permitieron perpetrar un genocidio, que se sostuvieron a lo largo de los años y que, desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, han tenido un salto exponencial de racismo.

El genocidio no sólo opera a través de las fuerzas militares, sino que lo hace a través del discurso dominante, del sentido común, de los medios de comunicación, de los libros de historia, de los museos, de los actos escolares.

Reconocer, asumir y trabajar ese genocidio originario nos permitirá entender cómo se construyen y legitiman las demandas actuales; y por qué aún hoy la reunión de sujetos indígenas en el espacio público sigue permitiendo desplegar toda la fuerza de los aparatos represivos del Estado ante la latencia de un malón que siempre se actualiza.

Por eso, en el 70º aniversario de una de las masacres crueles del siglo XX, Qadeite, Salqoe, Setkoki´en, Ni´daciye y todo el Pueblo Pilagá merecen que nunca deje de exigirse memoria, verdad y justicia por las víctimas y sobrevivientes de Rincón Bomba.

(*) Luciana Mignoli es periodista e integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

Crédito de la imagen de portada: Fotografía publicada en el libro de Valeria Mapelman (2015), Octubre Pilagá. Memorias y archivos de la masacre de La Bomba, Buenos Aires: Tren En Movimiento Ediciones, tomada de El último alzamiento, Revista de Gendarmería Nacional (1992).

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Ni´daciye, sobreviviente de la Masacre de La Bomba, falleció el domingo en su comunidad de La Esperanza, Formosa.  Otro anciano que se va sin justicia, pero deja su testimonio.

Don Solano Caballero falleció el domingo 18 de septiembre por la tarde. Su verdadero nombre, el que le pusieron sus padres, era Ni´daciye. Tenía muchos años, una mujer y varios hijos. Uno de ellos, Jorge, ex combatiente en la guerra de Malvinas. Y un hermano, Caincoñen, asesinado por las balas de un colono expropiador.
La comunidad La Esperanza fue el más importante de sus proyectos, un pequeño retazo de monte que alguna vez los Pilagá perdieron a manos de la Gendarmería de Línea y que volvió a sus verdaderos dueños silenciosa y pacíficamente recuperada. Pero tuvo otros. El creía en la justicia y estaba convencido de que el Estado argentino reconocería algún día el gran crimen cometido contra su pueblo.

Cada 10 de octubre, en un nuevo aniversario de la Masacre de La Bomba, tomaba el micrófono y relataba en detalle lo que había visto. Falleció Don Solano, pero no se fue del todo, siempre estará con nosotros relatando una y otra vez lo que sus ojos vieron.
Su testimonio
“Como a las seis o siete de la tarde vinieron los milicos hasta donde estábamos y empezaron a disparar. ¡Pobre gente!

Cuando empezaron los tiros caían niños, caían mujeres… ancianos. A una mujer la balearon acá, a un hombre acá en la rodilla, todos gritaban, las mujeres, los niños…

Pasó el primer tiroteo, el segundo, y en el tercero sentí miedo. Todos los que estaban ahí quedaron baleados, todos cerca del madrejón.

Cuando largaron los primeros tiros mucha gente cayó herida.

Caían por allá, por allá, por allá. Me acuerdo que a un hombre le quebraron la pierna y a otro le dispararon en la boca. A ese hombre lo llamábamos Kaamkot… a él le pegó la bala y cayó.

Más allá se escuchaban los gritos de otro anciano que había caído baleado y estaba en el suelo, se llamaba Kalaky, y tenía quebrada la pierna.

Desde ahí yo podía ver como morían los chicos y a una mujer que cargaba su yica, vi cómo la balearon en la nuca”.
“Vi morir a mucha gente ahí pero yo estaba tranquilo, no lloraba.

Entonces apareció un anciano que se acercó dónde estaba mi papá.

Dió una vuelta así caminando. Mi padre le dijo que se tirara cuerpo a tierra, arrastrándose. Yo no lo podía llevar, porque el viejo forzudo iba agazapado, y ahí nomás me pongo muy triste cuando me acuerdo, porque vi sus pies quebrados por los tiros.

Pobre hombre, pobrecito era muy viejito. Pudo acercarse a un árbol pero estaba muy mal herido. Estaba llorando, estaba lleno de lágrimas. Ahora sufro cuando me acuerdo.

¡Yo era un buen tirador, si hubiera tenido un rifle en ese momento hubiera matado unos cuantos milicos! pero no tenía con qué…

Después me escondí otra vez, esa fue la cuarta. Y largaron otra vez los tiros.

¡Paf, paf!

Todos los troncos de los árboles quedaron llenos de balas por eso la Gendarmería los volteó después.

Solo había cincuenta metros entre ellos y nosotros.

Yo estaba escondido como a unos cincuenta y cinco metros. Ahí había tres árboles. Un algarrobo, un palo mataco, y un quebracho colorado. Había varios árboles grandes, un guayabí y un mistol enorme. Cuando terminaron la matanza cortaron todos esos árboles por eso no existe más aquel monte. Si no hubieran cortado el monte hubiéramos podido encontrar ahora todas las balas incrustadas en los árboles, pero pasaron las topadoras y se llevaron los ranchos y los árboles. Si hubieran dejado el árbol donde yo me escondí podríamos encontrar las balas y ya no podrían seguir mintiendo. Todos podrían verlo”.

Junto con el remate de los heridos se había iniciado la persecución de los sobrevivientes. Don Solano huyó hacia el norte, pero algunos días más tarde fue capturado por tropas de Gendarmería y llevado en calidad de prisionero a la colonia estatal para indígenas de Bartolomé de las Casas.

Su ropa estaba hecha jirones, las espinas le habían arrancado el pelo y su cabeza sangraba. Cuando llegó a la colonia se encontró con un grupo de más 200 refugiados agrupados alrededor de distintas fogatas, hambrientos, durmiendo en el suelo.
Al día siguiente fueron repartidos en las chacras para trabajar. Les dieron herramientas, los alimentaron y pasaron muchos meses hasta que pudieron escapar y volver a sus territorios. Corría el año 1948.

(*) La autora es documentalista, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina y directora de “Octubre Pilagá, relatos del silencio (tailer https://www.youtube.com/watch?v=–IURxjrjQE).

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