Por Laura Salomé Canteros* / Foto: J. Lopresto

El Consenso de Montevideo es un acuerdo regional adoptado por los gobiernos de América Latina y el Caribe durante la primera reunión de la Conferencia regional sobre Población y Desarrollo celebrada en Montevideo (Uruguay) en 2013. Es el acuerdo intergubernamental más progresista del mundo en materia de Derechos Sexuales y (no) Reproductivos.

Es un encuentro de potencias feministas; un documento integral que transversaliza e intersecta diferentes temáticas generando un tejido de políticas para garantizar derechos y que contiene una agenda de revisiones construida de forma interseccional e intergeneracional con énfasis en una vida libre de violencia de género para todas las personas.

Los países de la región se comprometieron, desde entonces, a asegurar la efectiva implementación de los programas de educación integral para la sexualidad, a promover, proteger y garantizar a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y a promover políticas que contribuyan a que las personas tomen decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y proyectos de vida con respeto de su orientación sexual e identidad de género, racial u originaria sin coerción, discriminación ni violencias patriarcales.

Esto incluye incorporar en el conjunto de prestaciones integrales en los servicios de salud sexual y reproductiva, medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención frente al embarazo no deseado. En ocasión de esta fecha simbólica se realizó una conferencia de prensa convocada por redes regionales de organizaciones de la sociedad civil. Retomamos algunas de sus voces para tener más argumentos de porqué los Estados y sus políticas públicas de Derechos Humanos las entendemos como IRREVERSIBLES.

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Para Ana Cristina González Vélez, médica, activista y de la Articulación feminista Marcosur, “el primer logro a destacar del Consenso de Montevideo es la existencia de un sólido movimiento feminista”; ya que “gracias a ese movimiento que la agenda se defiende, se sostiene y se avanza”. Y agregó que: “La expansión y fortalecimiento de los movimientos feministas en su amplia diversidad es un rasgo distintivo de nuestra región y ha sido clave para la lucha por la autonomía y libertad reproductiva y para denunciar las violaciones a esos derechos”.

“El segundo logro a destacar es la consolidación de la agenda de derechos sexuales y reproductivos en los acuerdos intergubernamentales y otros instrumentos legales y estándares de derechos humanos”, afirmó González Vélez. “Un fortalecimiento en el compromiso de los gobiernos de la región en los escenarios de negociación latinoamericana, a diferencia de lo que sucede a nivel global”. Y destacó que es además un paradigma que pone en el centro el Estado laico, el rechazo a la criminalización y la protección a defensoras de derechos humanos”.

Por último, “el tercer logro que quiero destacar es la autonomía y la libertad reproductiva”, afirmó, y mencionó hitos de avance en el “marco legal y el acceso a los servicios”, como “la despenalización de la píldora de anticoncepción de emergencia en Honduras, la liberalización de las leyes de aborto en varios países de la región y en 11 estados mexicanos”, además de resoluciones judiciales de que “la penalización es inconstitucional”. Y finalizó: “En suma, el logro más sobresaliente de la última década son los avances en la lucha por el aborto”.

Las deudas de los Estados: avanzar a la par de todos los derechos

“Desde la Patagonia y hasta el río Bravo, la marea verde se ha levantado en una sola voz para resistir, transformar y asegurar los derechos que nos corresponden”, afirmó en conferencia de prensa, una referente de La Ceiba, una organización feminista de Honduras.  “Sentencias de las Cortes de México, Colombia han apuntado con toda contundencia a que el aborto tiene que dejar de ser un delito”, y agregó que “el Congreso argentino marcó vanguardia despenalizando el aborto hasta las 14 semanas”. Pero que, sin embargo, la “desigualdad sigue estando presente de forma contrastante en la región: en El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, territorios donde el aborto se encuentra completamente penalizado”.

Para Milene Molina, de la Red MAAD, es “tremendamente importante visibilizar la existencia de la población afrodescendiente como una población con derechos”, una obligación de los Estados y gobiernos al momento de “hablar de igualdad de género y autonomía de las mujeres afrodescendientes”; ya que “el racismo no es un problema exclusivo de las personas que lo sufrimos en nuestra vida cotidiana, sino que es un problema que aqueja a la sociedad y tiene un reflejo en la desigualdad”. Por lo que, los “Estados deben asumir un compromiso real con el Consenso de Montevideo para un compromiso también con la población afrodescendiente”.

Mientras que, para Pamela Pérez Ponce de la Red LAC, las brechas de desigualdades materiales existentes en la región dificultan el acceso de los derechos sexuales y (no) reproductivos. “Las condiciones en las que vivimos no son las de una vida digna y no se garantizan espacios seguros ni adecuados según las necesidades”, afirmó, y se refirió a la importancia para las juventudes de acceder de forma plena a la Educación Sexual Integral “con perspectivas de género, de juventudes, intercultural y antirracista”. Y propuso no aislar; pensar también en “un acceso desigual a nuestros derechos laborales, la precarización y la flexibilización… ¿Cómo se puede garantizar el ejercicio de los derechos si no hay un reconocimiento efectivo?”.

Para Norma Don Juan Pérez de ECMIA, “hay muchos retos por delante; uno es la disponibilidad de datos sobre la situación de los derechos de las mujeres indígenas ya que solo algunos países recogen datos desagregados de pueblos y tampoco se producen desde un enfoque intergeneracional”. Por eso, es fundamental que “las redes regionales asuman el protagonismo en esta agenda y se sumen a la evaluación del Consenso exigiendo su implementación”.

Por último, la valoración es que “aún falta mucho para la plena implementación del Consenso de Montevideo en nuestra región”, como afirmó Cecilia Stapff, de Iniciativas Sanitarias de la organización FOS Feminista, pero interpeló: “Como feministas estamos comprometidas en la lucha contra la vulneración de los derechos para que haya justicia de género y reproductiva”.

Nuestros feminismos: movimientos democratizadores y de liberación

Este aniversario llega para la región en un contexto donde las opciones fascistas, disfrazadas de liberales, como en Argentina pretenden llegar a los Estados para recortar derechos. Por eso, dar las discusiones dentro de los movimientos feministas y las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para abortar la neutralidad y garantizar que las voluntades políticas a favor de instrumentos como el Consenso de Montevideo se transformen en gobiernos.

Los feminismos son movimientos democratizadores de las sociedades y de la política; y en los últimos años además son protagonistas de las grandes transformaciones para la vida sabrosa. Por eso, el asalto de los Estados a través de las urnas para la perpetuación de las desigualdades por parte de opciones que pretenden instalar proyectos políticos de odio, fue un tema de la conferencia de prensa. Para estas referentes feministas regionales, “estamos librando una batalla cultural muy importante”, un factor fundamental para “las conquistas que hemos alcanzado y los logros que hemos conseguido en las tres o cuatro últimas décadas”. Por eso, avanzar unidas: “somos ciudadanas plenas y merecemos vivir con igualdad y con libertad”.

*editora Marcha Noticias

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Por Joshi Leban* desde El Salvador | Foto: Colectiva Feminista

Llevaba un par de meses desconectada de espacios de organización. El cansancio y la desesperanza me tenían de bajón, como popularmente se dice acá, y es que en El Salvador, los retrocesos en materia de Derechos Humanos son cada día más crueles, a tal grado de normalizar que aquellos derechos que significaron años de lucha y resistencia no son sirven de nada.

Como dije, desesperanzada me sentía; hasta que una amiga me compartió una invitación a un espacio para articular acciones en memoria de Beatriz y mi pecho nuevamente retumbó. Sí, un espacio de lucha por la memoria de Beatriz, esa joven que sin saberlo es el motivo por el que me involucré en la lucha por los derechos de las mujeres.

Hay quienes seguramente conocen la historia de Beatriz pero para quienes no, déjenme contarles sobre su hazaña que hasta hoy nos moviliza e inspira.

Con la Bea éramos contemporáneas, ella nació el 30 de octubre de 1990, en una comunidad rural de Usulután. A sus 19 años fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que erróneamente ataca el tejido sano y puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos.

Nuestra historia se cruza allá en 2013, yo vivía en uno de los municipios más violentos del país y mi historia de vida me acercó a un grupo de teatro que a través de sus obras buscaban sensibilizar a las jóvenes sobre la prevención de embarazos, ITS y VIH. Este espacio me dio la oportunidad de participar en un intercambio con colectivas de mujeres jóvenes feministas y quedé helada al conocer al clamor de una joven que ante un Estado y leyes que le restringían su derecho a la vida, no tuvo el temor de alzar su voz y exigir lo que ella y todes quienes la acompañaban consideraban justo: Beatriz tiene derecho a vivir.

En febrero de 2013 a Beatriz se le diagnosticó un embarazo de alto riesgo y cuando acudió al hospital por lesiones vinculadas al lupus, un ultrasonido reportó una malformación congénita en el feto, conocida como anencefalia. Al conocer el nulo pronóstico de vida del feto y las posibles complicaciones para su salud, Beatriz solicitó la interrupción del embarazo, pero el personal médico le explicó que eso no era posible en El Salvador.

Hasta 1998, la ley permitía abortar a mujeres que enfrentaban la misma situación que Beatriz, pero con el retroceso que significó la penalización, el Estado fue el verdugo que la mantuvo recluida por más de ochenta días en el hospital de maternidad. Por si fuera poco, padeciendo además el acoso de grupos conservadores que odian a las mujeres y se oponen a sus derechos, tratando de convencerla que lo que estaba pidiendo era un error.

Recuerdo muy bien que durante más de ochenta días experimenté mis primeras acciones como activista, mi primera vez en un plantón, en una marcha, en un volanteo, despojándome del pudor para desnudar mi cuerpo y hacer bodypaint… Fueron muchas primeras veces. El deseo y la rabia por la injusticia que atravesaba Beatriz me hizo viajar casi todos los días sin ninguna queja a San Salvador, y eso que no siempre tenía el dinero para movilizarme.

Diez años después, llega una nueva invitación para luchar por Beatriz, ahora ella no está físicamente entre nosotres, pero su legado de lucha y resistencia nos inspira para exigir un cambio real para las mujeres en El Salvador.

Hoy haciendo uso de la memoria histórica traemos al presente la fuerza de Beatriz, su causa nos convoca a movilizarnos ampliamente para denunciar que lo que vivió no puede repetirse y que la ley que prohíbe el aborto en El Salvador debe cambiar. Este próximo 22 y 23 de marzo se llevará a cabo en Costa Rica la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una lucha que trascendió fronteras y que busca la justicia que le fue negada a ella y a su familia.

La causa de Beatriz nos convoca para decir con mucha fuerza nunca más. Despenalización del aborto ya. #JusticiaParaBeatriz.

*Activista feminista.

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Por Laura Salomé Canteros | Iliustración: Voces Feministas Mx

Era jueves al mediodía y desde una página de Facebook llamada “Ojitos Preciosos 2.0”, atribuida a operadores de la derecha antidemocrática de Bolivia, se publicaba: “A más de 3 mil personas pasé el video de Eva Copa”, y se difundía el link a un grupo de Telegram que superaba lxs 5 mil integrantes, definido por sus administradores como la “página donde está la zorra de los masistas, Eva Copa”. Un antro digital donde se alojó un video sexual que violentó a al menos dos mujeres: una, anónima, avasallando su derecho a la intimidad; y otra, pública, ejerciendo violencia política.

“Con un video falso pretendieron manchar mi honor y dignidad personal”… “Exigo al Ministerio de Gobierno una minuciosa investigación para dar con él o los responsables de una publicación que circuló en redes sociales”… “Acudiré a instancias nacionales e internacionales hasta que esta cobarde acción sea sancionada”. De esta forma, Eva Copa (MAS), presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, el órgano de mayor importancia según la Constitución Política del Estado, trabajadora social, oriunda de El Alto y de 33 años, denunciaba la operación política.

En las redes de Eva Copa se entrelazan los relatos de una época de terror para el país hermano que comenzó con el Golpe de Estado en noviembre del año pasado: efemérides, despedidas a asambleístas y compañerxs que fallecieron por COVID-19, solidaridad con las y los apresados ilegalmente, acción en la Asamblea y violencia política hacia mujeres que representan al pueblo.

Según la Ley Modelo Interamericana, la violencia política es “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”.

Específicamente, para la normativa boliviana, el repudio a la violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, está incluido dentro de la Ley 348, de protección integral de sus derechos.

Por eso, la publicación y difusión, sin consentimiento, de un video grabado en la intimidad de una pareja sexo- afectiva y su utilización para la extorsión de una política que es atacada a diario por la derecha fundamentalista que gobierna -y los medios a su servicio-, nos recuerdan que en Bolivia está vigente el machismo y se practica el colonialismo y la suspensión de derechos fundamentales.

Era viernes a la noche, cuando desde la página de Facebook del programa de TV “Detrás de la verdad”, se difundía otro video. Esta vez, una entrevista con la otra protagonista involuntaria de esta historia. Una mujer humilde que afirmaba “ser la del video”, vulnerada por su ex pareja y revictimizada simbólica y mediáticamente por el presentador con preguntas que nada aportaban. La subjetividad de una joven expuesta para la “polémica” y la burla patriarcal en lxs más de 2 mil usuarixs que comentaron la entrevista y lxs más de 3 mil que la compartieron en sus perfiles.

“Están arruinando mi vida entera, tengo mucho miedo”, afirmó la joven, “el video es de hace cuatro años, una relación se respeta aunque se termine. No tienen derecho, porqué discriminar a una mujer”… “Saquen los videos, que no se compartan más”, pidió bajo lágrimas que denotaban la verguenza ante la impunidad de los machos organizados para el espectáculo de la TV, las redes sociales, el desgobierno y la extorsión política. Con imágenes que revictimizaron a una mujer del pueblo y que pretendieron disciplinar políticamente a la presidenta de la Asamblea Legislativa.

La difusión de este video sexual sin consentimiento de su protagonista y su utilización contra la presidenta del Senado, fue condenada por la Defensoría del Pueblo por ser acciones que “afectan la dignidad de cualquier mujer y evidencian la reproducción de un sistema patriarcal en que impera toda forma de violencia, incluyendo la mediática y la política”; exhortando al Ministerio Público, “a iniciar acciones de investigación correspondientes, promoviendo la garantía de los derechos”. Una advertencia no menor, ya que la vigilancia en redes sociales por parte del Estado -un atentado contra la libertad de expresión-, opera como una herramienta para la autocensura, el disciplinamiento y la persecución política en la Bolivia post Golpe de Estado.

Prevenir, atender y erradicar la violencia en política es fundamental, ya que es un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres e identidades feminizadas -porque dificulta el acceso, la permanencia, ascenso y efectivo ejercicio de puestos de representación y toma de decisión-; y es un mecanismo que refuerza roles tradicionales de género, atentando además contra la pluralidad de voces, la diversidad de propuestas y la calidad de las democracias.

Quien fuera revictimizada y expuesta por un programa de TV en esta historia, recibió además el hostigamiento de comentarios de violencia machista en las redes sociales, emitidos por usuarixs, como manifestaciones de los dispositivos de poder vinculados al género, que regulan y producen la subordinación a mujeres y disidencias, a favor de la normatividad heterosexista y cisgénero.

La violencia política se envidencia en comportamientos dirigidos con el propósito de desalentar la participación de las mujeres en la política, presionando para que renuncien a sus candidaturas o a un cargo político en particular. Dentro de una campaña, esto incluye acciones contra candidatas, activistas y votantes de un determinado partido o frente electoral. Eva Copa es, actualmente, una de las principales opositoras al gobierno de facto en Bolivia y representa al pueblo como autoridad, formando parte de un espacio político de mayorías indígena y campesina, obrera y comerciante. No casualmente los sectores que se enfrentarán desde hoy, mediante huelgas y bloqueos en las calles, a quienes pretenden gobernar por la fuerza, sin legitimidad ni elecciones.

Recuerda chequear y difundir el Kit de cuidados digitales de la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe:

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Por Laura Salomé Canteros @laurasalome | Foto: Marcha

El año pasado, las protestas de los feminismos organizados en México -al igual que en Chile-, fueron las más contestatarias de la región reclamando políticamente la postergación de los gobiernos en la protección con políticas públicas de las vidas de mujeres, lesbianas, travestis y trans y el reconocimiento histórico de parte de los Estados de los derechos negados.

En México, en particular, desde que asumió el año pasado como presidente Andrés Manuel López Obrador, cambiando el signo político de la gestión tras el desgobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto, se multiplicaron los espacios de articulación de la demanda por la despenalización del aborto voluntario, legal, seguro y gratuito; exigiendo esa garantía en todo el territorio -al momento está despenalizado en algunos Estados- para terminar con una desigualdad sistemáticamente señalada por feminismos, sociedad civil y organismos de Derechos Humanos.

Las conquistas de los feminismos llevaron a que en la capital del país, CDMX, hace 13 años se garantice la decisión de las mujeres en relación a sus cuerpos- territorios y proyectos de vida y se haya logrado reducir a cero la tasa de muerte de personas gestantes. Un hito que fue celebrado incluso por la comunicación oficial del gobierno de AMLO, en voz del Instituto Nacional de las Mujeres: https://twitter.com/inmujeres/status/1253798819067834375

La semana pasada, mediante un artículo publicado en el diario La Reforma se conoció la noticia: “Alista Suprema Corte despenalizar aborto”. La máxima autoridad en materia de legislación del país, discutirá la despenalización del aborto y en una jornada histórica, podría sentar un precedente para avanzar en la legalización, dejar de criminalizar a las mujeres y reconocer la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho.

Concretamente, el 29 de julio los cinco magistrados discutirán un amparo otorgado por un juez federal que ordenó al Congreso de Veracruz, a reformar el Código Penal local para dejar de penalizar a las mujeres que abortan. Un puntapié que podría ser clave para despenalizar en todo el país. Al repecto, uno de los ministros de la Corte, Juan Luis González, afirmó que se llegará a la sesión con un proyecto que establece que la prohibición y penalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud sexual y (no) reproductiva.

“La prohibición total de la interrupción del embarazo -vía tipificación penal- es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud”, dice el proyecto que será discutido el miércoles próximo. Y avanza: “Considerando las exigencias de los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y su evolución, las decisiones de la mujer durante el período de las primeras doce semanas del embarazo, previos al período fetal, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado. Por lo tanto, no es acorde con las obligaciones convencionales aparejar una sanción penal”.

Si tres de los cinco magistrados que integran la Sala Primera de la Suprema Corte, aprueban el proyecto, y si bien el fallo solo se refiere al caso del Estado de Veracruz, sentaría jurisprudencia y daría la oportunidad para que organizaciones feministas lleven a juicio los Códigos Penales que aún contemplan alguna sanción y conseguir que el aborto deje de estar penalizado en todo el país.

En México, el aborto voluntario es legal sólo en la ciudad capital y en Oaxaca, donde se permite que las mujeres puedan interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación; ya que cada año son entre 750 mil y 1 millón las que realizan abortos clandestinos e inseguros. Si bien, desde 2008, la posibilidad de que cada persona criminalizada por aborto lleve su historia a la máxima autoridad en leyes del país alegando inconstitucionalidad; este es un camino colectivo y contra la desigualdad porque en general las que van presas o incluso mueren son las más pobres.

De ser negativo el fallo, la Suprema Corte, se sumará a los poderes que se oponen a generar políticas públicas con perspectiva de derechos. De ser positivo, la decisión podría generar un conflicto de intereses entre la Corte, los legislativos locales -en específico el de Veracruz- y los partidos políticos, pero de todas formas será histórico y un camino más hacia el reconocimiento.

El miércoles, la cita estará acompañada de una llamada a la acción sin fronteras: “Pañuelazo virtual por el aborto legal en Veracruz. ¡Apoyemos el proyecto de resolución de la SCJN! Sube tu foto a las redes con los hashtags: #TiempoDeGarantizar y #CorteXLosDerechos”. Así organizan desde Marea Verde México en tiempos de aislamiento y calles ausentes de demandas. Los feminismos y las mujeres avanzan, es hora de que las leyes se adecúen a las costumbres sociales y los poderes garanticen derechos, acorde con la época que les toca. O se hagan a un lado…

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Por Redacción Revista Maya | Foto: ALP

Desde noviembre del año pasado Bolivia sufre una de sus más profundas crisis política, económica, social, cultural, a la que se sumó otra de tipo sanitaria a raíz de la pandemia del Covid-19. El tablero político está marcado por una polarización extrema, donde los sectores de derecha y empresariales, apoyados de las Fuerzas Armadas y la Policía, no han escatimado en recurrir a todo tipo de artilugios para aferrarse al poder, pasando por la ejecución de dos sendas masacres, hasta la persecución política, inhabilitación de candidatxs opositores, aliento a pandillas paramilitares, entre otras.

Sonia Brito Sandoval es diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y se refirió a la situación por la que atraviesa el país en materia de Derechos Humanos.

– ¿Cómo evalúa la actual situación de DD.HH. en Bolivia?

Bolivia está viviendo flagrantes violaciones de Derechos Humanos, se han vulnerado casi todos los derechos individuales y también colectivos. A partir del golpe de Estado iniciado en octubre del año pasado, se han sucedido una serie de vulneraciones de Derechos Humanos, por lo que la situación es muy alarmante. Vamos a mencionar solo algunas de estas:

1. Al momento del golpe, en octubre y noviembre de 2019, como parte de una estrategia, la derecha realizó la quema de domicilios particulares de autoridades del MAS: de senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, ministros y otros, presionándoles para renunciar, incluso familiares del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera vivieron momentos muy difíciles. Luego de este escenario, donde se obligó a la renuncia de los primeros mandatarios de Estado, Jeanine Áñez asumió de manera inconstitucional la presidencia, ordenado la acción de tropas militares contra sectores sociales movilizados con el trágico resultado de las masacres de Sacaba y Senkata.

2. También se iniciaron detenciones arbitrarias contra los vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y sus representaciones departamentales, acusados de delitos electorales sin ninguna prueba ni sustento jurídico; luego continuaron las detenciones de dirigentes y líderes sociales acusados falsamente con cargos de sedición y terrorismo. En el mes de diciembre se reportaron aproximadamente mil detenciones.

3. Varios gobernadores, alcaldes y concejales del MAS fueron forzados a renunciar para ilegalmente suplirles por autoridades del hoy oficialismo, utilizando grupos paramilitares de choque que atentaban contra estas autoridades y sus familias.

4. Los medios de comunicación alternativos fueron silenciados, muchos periodistas despedidos y perseguidos, quitaron la licencia de las radios comunitarias para reabrirlas después bajo el control de los golpistas. Un periodista argentino fue muerto y hasta hoy no se investigó lo sucedido.

5. El órgano judicial trabaja como un brazo operativo de la represión, prestándose para iniciar procesos y detenciones ilegales, por lo que varios jueces y fiscales se resistieron, prefirieron renunciar y/o fueron despedidos.

6. El gobierno de facto ha fomentado y promovido la existencia de grupos irregulares paramilitares en Cochabamba, la denominada “Resistencia Juvenil Kochala”, y otros grupos en el Oriente, que con consignas racistas y recibiendo la protección del Gobierno y la asignación de recursos económicos, han realizado muchas arbitrariedades y abusos contra los sectores populares.

– ¿Puede referirse en detalle a la historia de Patricia Hermosa y los atropellos padecidos por ella?

Patricia Hermosa fue denunciada, sin mayor prueba, por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo en el mes de diciembre 2019, por lo que ella se presentó voluntariamente a declarar y se le permitió defenderse en libertad; sin embargo, en su calidad de abogada y representante legal de Evo Morales, cuando se encontraba realizando trámites para inscribirlo como candidato a senador por Cochabamba, fue detenida el 30 de enero, sin contar con mandamiento de detención, siendo retenida en una movilidad por más de una hora, secuestrados los documentos y la computadora que portaba, e incluso, como se demostró posteriormente, los personeros del régimen desaparecieron la libreta de servicio militar de Morales.

Desde su detención han transcurrido casi seis meses, todas las acciones de libertad o de medidas sustitutivas han sido negadas. Se ha declarado en los medios que la detuvieron embarazada y que tuvo un sangrado de 10 días, lo que habría generado la pérdida de su embarazo. En los últimos meses se ha deteriorado su salud y se ha desmayado en el penal de Obrajes, sin permitírsele que pueda ser atendida en un centro hospitalario. Han transcurrido más de 10 días aislada en cuarentena por un posible contagio de Covid, restringiéndole hasta el uso de la ducha y la comunicación con sus familiares.

– ¿Se puede afirmar que en Bolivia se coarta la libertad de expresión y acción de los opositores al gobierno de Áñez? 

Fueron cerradas las radios comunitarias, tomaron el control de medios estatales, dejaron de dar publicidad a medios imparciales como el caso de Abya Yala, PAT y Gigavisión, entre otros.

Existe una denuncia internacional por la muerte del periodista argentino Tomás Moro y la detención de Facundo Molares. Hay un silenciamiento de periodistas imparciales. Se cortó la señal de medios televisivos como Telesur.

¿Hay una política de persecución contra el MAS y por qué?

Entre los objetivos más importante del golpe fue acabar con la estructura del MAS, con sus líderes principales, sus candidatos, los dirigentes de las organizaciones sociales, porque buscaban revertir las conquistas sociales y populares alcanzadas durante el Proceso de Cambio. El gobierno de Áñez actúa bajo el mandato y órdenes de Estados Unidos, tiene intereses económicos y políticos; procura volver al modelo neoliberal y privatizar la economía, permitiendo que el capital transnacional retome el control de las empresas estratégicas hoy a cargo del Estado. Uno de sus intereses mayores es el litio.

¿Cuáles son las posiciones y declaraciones de organismos internacionales respecto a Bolivia en cuanto a vulneraciones a los DD.HH.?

Tanto el sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se han pronunciado en diversas oportunidades. En el mes de diciembre llegaron las misiones de la Comisión Interamericana a de Derechos Humanos (CIDH), como del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Después de procesos investigativos han emitido un informe sobre las graves vulneraciones de Derechos Humanos vividas en el país. Igualmente se han pronunciado los Relatores Especiales Sobre Libertad de Expresión, Sobre Independencia de Poderes, Sobre Racismo, ONU Mujeres, en relación a distintos atropellos.

En los últimos días, en la ciudad de Cochabamba fueron detenidos jóvenes opositores al régimen, entre ellos dos menores de edad, ¿cuál es el estatus de la causa?

Hay sectores sociales que tienen demandas propias y uno de esos son los pobladores de la zona de K’ara K’ara, en Cochabamba, donde se encuentra el botadero municipal, saturado desde hace varios años atrás y expuestos sus pobladores a la contaminación, ya que la Alcaldía no ha tenido una propuesta seria de un tratamiento sanitario de la basura ni de su industrialización. Esta preocupación, sumada a la falta de agua, ha movilizado a la gente, lo que ha generado una represión con la acción conjunta de la policía, los militares y grupos de paramilitares.

La detención ilegal primero de tres jóvenes y posteriormente de otros cinco (entre ellos menores de edad), ha generado indignación de los jóvenes de K’ara K’ara. Los primeros detenidos se encuentran con detención preventiva, siendo llevados al penal de Chanchocoro a dos varones y a Obrajes a la compañera Lucy Escobar; claramente se ve que son detenidos políticos.

¿Hay alguna investigación en curso respecto a las masacres de Sacaba y Senkata?

La Asamblea Legislativa ha conformado una Comisión de Investigación sobre la vulneración de Derechos Humanos desde octubre 2019, que incluye las masacres de Sacaba y Senkata. Esta concluirá su trabajo en breve. Por tratarse de delitos de lesa humanidad tendría en sus conclusiones que determinar procesos penales por los asesinados en las masacres y otros probables procesos por violaciones de derechos.

Asimismo, el Ministerio Público se encuentra investigando lo sucedido, pero después de meses no se conoce ningún resultado a la fecha, suponemos que por la falta de imparcialidad.

¿Qué otros derechos han sido vulnerados?

Además de todos los explicados, está la violación de los derechos colectivos como el derecho humano a la salud en medio de la pandemia, ya que no obstante ingentes cantidades de créditos y recursos aprobados desde la Asamblea, estos no se reflejan en la salud del pueblo, los hospitales públicos han colapsado y se está dejando morir a las personas en las calles, sin estrategias en salud que articulen el sistema público, privado y de pensiones de salud que puedan atender a toda la población boliviana.

Otros derechos colectivos vulnerados son los económicos, ya que por falta de estrategias y políticas estatales los sectores populares están sufriendo la grave crisis económica generada por la pandemia.

– ¿A dónde deben dirigirse los familiares de una víctima de violación de DD.HH.? ¿Dónde se presentan las denuncias y qué instituciones la amparan?

Los denunciantes deben acudir al Defensor del Pueblo. Igual pueden hacer denuncias internacionales ante la CIDH, las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realiza la fiscalización a los otros órganos del Estado, los cuales se han negando a responder, ya que se vive en un Estado de no derecho. Por eso, es necesario restaurar el Estado de derecho, el respeto de la Constitución Política del Estado (CPE) y a los Derechos Humanos.

*original en Revista Maya

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Por Redacción Plurinacional.info | Foto: Canal Encuentro

Las masacres de Senkata (El Alto, La Paz) y Sacaba (Cochabamba); el racismo, la discriminación y la humillación al pueblo; el desprecio a la pollera de las mujeres y a la wiphala, la bandera de los pueblos originarios.

La complicidad de los medios de comunicación con el régimen de facto, el periodismo de guerra y el uso de la religión católica y evangelista; la impunidad con la que operan los grupos civiles paramilitares y parapoliciales con la bendición del gobierno de facto; el silenciamiento de los medios de comunicación comunitarios y alternativos. La persecución y criminalización contra dirigentes populares, la guerra jurídica (Lawfare), el armado de causas judiciales con delitos inventados, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de centenares de bolivianos.

Historias debidas

Eso y mucho más demuestra documental “Historias Debidas” (El Golpe de Estado en Bolivia 2019) producido en Argentina por Andrés Irigoyen (Dirección) y Ana Cacopardo (Conducción y guión) y estrenado en el canal Encuentro el 15 de julio, a 8 meses de la Masacre de Sacaba.

Muestra valiosos, conmovedores e inéditos testimonios de madres que siguen llorando por sus hijos acribillados desde helicópteros militares o hermanas que perdieron a sus hermanos baleados por policías o militares; heridos que evocan que muchos médicos de hospitales no les quisieron atender y los enviaron para “que Evo los atienda” o que acudan a la medicina natural y tradicional al ser indígenas y no citadinos.

Feminismo comunitario

Un documental donde se encuentra la mirada del feminismo comunitario, con Adriana Guzmán, al proceso de cambio interrumpido por el Golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 que impuso en Palacio Quemado a Jeanine Añez, Arturo Murillo, Fernando López, Karen Longaric, Oscar Ortiz que tienen el poder absoluro y lo ejercen con violencia, prepotencia y pisoteo a la Constitución y Leyes.

“Fueron 14 años de dignidad y sobre todo con una Constitución del Estado Plurinacional maravillosa que el pueblo la redactó”, dice Guzmán al evocar el rompimiento del orden constitucional con el Golpe de Estado de noviembre del 2019.

“No volveremos a ser sus sirvientas”

“La derecha nos dice volverán a ser nuestras sirvientas (empleadas domésticas)”, revela Guzmán y ella misma responde: “Nosotros decimos no volveremos a ser sus sirvientas”.

Todos los testimonios no sólo arrancan lágrimas y bronca sino ganas para no callar y seguir denunciando a los prepotentes y violentos del régimen de Añez.

Gregoria Siles, madre del joven Omar Calle, asesinado el 15 de noviembre de 2019 por el ejército boliviano durante una marcha pacífica de campesinos cocaleros, recuerda que ella también fue víctima del brutalidad militar y policial.

“Me dijeron perra de mierda”

“Me dijeron perra de mierda. Cuánto te pagó el Evo. Me robaron mi dinero, me patearon y me rompieron la mano”, dice al recordar que cuando fue al hospital para hacerse curar su mano rota, vio en uno de los televisores de la sala de espera que se informaba sobre la muerte de su hijo. “Sin hacerme curar, me salí del hospital y fui a buscar a mi hijo”, relata con un llanto incontenible.

Las voces de las viudas, de la madres y padres, de las hermanas y hermanos que perdieron a sus familiares durante las masacres del régimen de Añez, con sus ministros Arturo Murillo y Fernando López,  no aparecen en la radio, la televisión y los diarios de Bolivia. Y solo se pueden conocer en medios internacionales como el Canal Encuentro de Argentina y las redes sociales.

Tras ver este documental uno se pregunta: ¿Vamos a olvidar la crueldad de los que todo el día, por sus medios amigos, hablan de la vida, democracia, libertad y acusan de violentos, sediciosos y terroristasa los bolivianos que reclaman justicia? ¿Hasta cuándo las masacres de Sacaba y Senkata quedarán sin castigo?

Puedes ver el documental en:

*nota originalmente publicada en Plurinacional.info

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Por Claudia Korol* / Foto: Biodiversidad

El patriarcado capitalista y colonial, impacta con sus violencias de manera diferenciada en los cuerpos y vidas de las mujeres. En la medida en que se expande el agronegocio, y el capital penetra en los territorios para garantizar la generación de lucro, avanzan la contaminación con agrotóxicos, la contaminación transgénica, la contaminación de la tierra y el agua, del ambiente, amenazando la producción de alimentos realizados por la agricultura campesina, a la propia existencia de la agricultura campesina, a los alimentos de toda la población, y a la salud de la población rural y urbana.

Se profundizan la mercantilización y colonización de la vida, descargando violencias sobre el territorio-cuerpo y el territorio-tierra. Sintetizando los impactos sobre las mujeres, podemos identificar:

Destrucción del modelo de agricultura campesina:

El agronegocio ocupa y / o contamina los territorios donde históricamente las mujeres sostenían la agricultura campesina, expulsando a las mujeres de la producción de alimentos, y consolidando la división sexual del trabajo que menosprecia e invisibiliza el trabajo de las mujeres y las relega a la esfera doméstica y al trabajo de cuidados. También consolida la división entre la producción agropecuaria y la reproducción de la vida, atentando contra la sustentabilidad de la vida, la autonomía de las mujeres, sus conocimientos y su papel como sujeto político. En determinadas regiones se pierden las agriculturas campesinas como proyectos productivos, y con ello las primeras afectadas son las mujeres que eran / son sus primeras sostenedoras.

Conflictos territoriales:

El avance del agronegocio promueve el acaparamiento de tierras, desalojando a las comunidades campesinas e indígenas de los territorios que habitaron históricamente, especialmente donde viven comunidades indígenas, negando sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales, y su propia existencia como pueblos. Las mujeres de las comunidades son afectadas por estos desplazamientos, y en algunos lugares son obligadas a migrar, despojadas de toda forma de economía de subsistencia. Existen muchos campesinos/as e indígenas asesinados y criminalizadas, en conflictos territoriales.

Acceso a la tierra:

Existen en el mundo alrededor de 1.600 millones de mujeres campesinas (más de la cuarta parte de la población), pero sólo el 2% de la tierra es propiedad de ellas, y reciben el 1% de todo el crédito [1]. En América Latina y El Caribe, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la población rural asciende a 121 millones de personas, lo que corresponde al 20% del total de la población. De este total, el 48% son mujeres (58 millones). Sólo el 30% de mujeres rurales poseen tierras agrícolas, y no tienen acceso a los medios de producción. La FAO señala también que sólo el 18% de las “explotaciones agrícolas” regionales son manejadas por mujeres. Las mujeres reciben el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica para el sector [2]. Muchas poblaciones rurales se ven rodeadas por el agronegocio, que arrienda y compra tierras provocando el incremento del precio de ese bien fundamental para la producción de alimentos. El incremento del precio de la tierra ha llevado a que mucha gente –especialmente jóvenes- decida abandonar el campo, lo que debilita el tejido social y provoca la pérdida de centros educativos, de salud, y otros servicios.

Daños al medio ambiente:

No hay medidas concretas para detener la destrucción del ambiente que produce el agronegocio, y su impacto en la vida de las comunidades y de las mujeres. En algunos casos las poblaciones están luchando por un ambiente no contaminado, y particularmente se han logrado disposiciones en lugares donde se encuentran escuelas o poblados. Las redes de pueblos afectados por las fumigaciones, de médicos-as, de maestros-as de pueblos fumigados, tratan de cuidar la salud de las personas, de las comunidades, y también las economías de subsistencia que lograron desarrollar los pueblos y comunidades.

Señala Miriam Nobre (Marcha Mundial de las Mujeres-Brasil): “El proyecto del agronegocio tiene costos ambientales, sociales y económicos. Ambientales, por la destrucción directa, ya sea por la contaminación de agua y suelo, o por la emisión de gases de efecto invernadero, ya que este modelo de agricultura es adicto al petróleo, debido a la mecanización, los aditivos químicos, y las grandes distancias que recorren sus productos”.

Salud de las mujeres:

“Nosotras somos las que parimos, nos afecta de manera diferente. Nuestro cuerpo es más vulnerable a los herbicidas, fungicidas e insecticidas que son extremadamente fuertes. Los hombres salen de las casas. Las mujeres quedan con los niños y niñas en las casas”. (María Ramona, Organización Cultiva, Paraguay.

La mayor parte de los agrotóxicos afectan los sistemas hormonales y reproductivos de las mujeres. Hay estudios que revelan el impacto diferencial de los agrotóxicos en los cuerpos de mujeres, vinculados a desequilibrios hormonales (los llamados “disruptores endócrinos”) y determinados cánceres (de útero, de mama). Muchos de los agrotóxicos causan, simultáneamente, enfermedades crónicas como cáncer, leucemia u otros trastornos endócrinos, a la vez que malformaciones y abortos.

Un estudio realizado en Mato Grosso, Brasil, revela la contaminación de la leche materna por el crecimiento del agronegocio. Se señala:

“Se encontraron variadas sustancias contaminantes en la leche humana, que tienen efectos adversos sobre el sistema reproductivo y hormonal, pudiendo inducir el aborto y otras enfermedades”.

Se profundiza la división sexual del trabajo. Las mujeres como cuidadoras:

La división sexual del trabajo hace que los daños del modelo del agronegocio al conjunto de la vida familiar signifiquen sobre-explotación de las mujeres en su rol de cuidadoras de la vida y en los trabajos precarios a los que acceden. La división sexual del trabajo, genera la invisibilidad tanto del trabajo en la casa de las mujeres, como de los trabajos productivos de cuidados de animales, de las huertas, intercambio de alimentos, etc.. Por un lado el trabajo es invisible, pero este trabajo invisible se ve recargado porque hay más familiares afectados/as en su salud, en su posibilidad de trabajar, y las mismas mujeres quedando en la casa están más expuestas a las fumigaciones. Las tareas domésticas relacionadas al trato del agua, lavado de la ropa de la familia, y particularmente la ropa de los varones que trabajan aplicando agrotóxicos, amplían los riesgos para las mujeres.

Migraciones a las ciudades de las mujeres campesinas:

Una de las mayores consecuencias es el desplazamiento forzado de mujeres campesinas que llegan a las ciudades o migran a países vecinos o europeos, exponiéndose a diversas formas de violencia, como la trata con fines laborales o sexuales, o están obligadas a sobrevivir en empleos precarios y sobreexplotadas. Muchas de las mujeres migrantes tienen como única opción laboral el trabajo doméstico, o son víctimas de la explotación sexual.

Hacia un feminismo indígena, comunitario, campesino y popular:

Asegurar el enfrentamiento a los despojos del territorio tierra y del territorio cuerpo, es parte de la formación de los feminismos en el Abya Yala, con un carácter antipatriarcal, clasista, anticolonial, antirracista, comunitario y anticapitalista. La organización de las mujeres originarias, negras, quilombolas, campesinas, trabajadoras, migrantes, mujeres que habitan villas y favelas (desplazadas por la avance del agronegocio), es fundamental para poder enfrentar las políticas de muerte, destrucción de la naturaleza y desarticulación de las comunidades.

Dicen las mujeres campesinas de la CLOC: “La lucha por la emancipación de la mujer debe ir de la mano de la lucha para acabar con la propiedad privada, por el derecho a la tierra y el territorio, por la reforma agraria, contra las transnacionales, contra los transgénicos, contra los plaguicidas, por el fin de las mineras, etc.

La feminización de la resistencia al agronegocio, y los procesos de formación feminista, son claves para que puedan crearse y fortalecerse las semillas no transgénicas de estos feminismos.

*publicado originalmente en Biodiversidad

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El neoliberalismo y sus instrumentos ganan protagonismo en la crisis, se presentan autónomos y al mismo tiempo afectados, se victimizan, y llegan a aparecer como causa por la que algunos héroes debieran dar la vida. El descarte de los que ya acumularon tiempo de vida, esos que ya no pueden seguir produciendo riqueza para la sociedad de mercado, toma apariencia de ofrenda.

Por esa libertad de consumir, habrá que darlo todo

El llamado al distanciamiento social oculta el abandono. Otra vez nos colocan frente a la fantasía de lo necesario, ocultando la lógica aparentemente natural del “sálvese quien pueda” y “cada quien vaya a su casa”. Algunos filósofos toman parte en la disputa de proyectos que vivimos y reflexionan sobre la posibilidad de superar el capitalismo neoliberal, frente a la desnudez de la fragilidad del capital para salvar vidas.

En dos puntos están de acuerdo:

Primero: El absoluto fracaso del mercado se expresa una vez más en esta crisis. Se hunde la imagen de la mano invisible que no precisa al Estado. ¿Por qué la mano invisible no coloca nuevas camas y amplía la capacidad hospitalaria ante los límites de las estructuras sanitarias y los sistemas de salud en general? ¿Por qué no distribuye equipamientos básicos y deja a grandes ciudades esperando por el apoyo que pueda llegar? El virus ha sido la gota que colma.

Por otro lado, “no hay desastres naturales, las circunstancias en que la mutación de un virus se convierte en una amenaza para la vida, depende de acciones humanas. La difusión del virus depende de grietas y vulnerabilidades en el modelo económico hegemónico.”

David Harvey

A partir de ese consenso, el debate está en si podremos superar la lógica del capital imaginando un mundo en comunidad, de solidaridad global, centrado en la vida; o si el capitalismo ganará todavía más fuerza y poder de control sobre todos los ciudadanos del planeta y nos espera un tiempo de mayor pobreza, soledad y total entrega de nuestra intimidad, donde los de siempre se cargarán las peores consecuencias.

Slavoj Žižek ha hablado del golpe mortal que significa el coronavirus al capitalismo y del tiempo de las alternativas, de sociedades más allá de los estados nación, mientras el filósofo sudcoreano Byung –Chul Han dice que el virus no vencerá al capitalismo dada su capacidad de aislarnos. “Ningún virus es capaz de hacer la revolución. Son las personas.” Con esta frase se devela la naturaleza de un debate que pareciera externo a nosotros.

En nuestra región el dilema capital-vida está en el centro de la disputa de proyectos, conducida por gobiernos de extrema derecha y gobiernos comprometidos con proyectos de justicia.

Alberto Fernández dice que luchar contra la pandemia es ir juntos, trae de vuelta al país a las y los argentinos, trabaja con los intendentes para tomar las medidas, se encuentra con los curas de las villas, agradece a los camioneros que están en la calle junto a otros trabajadores y trabajadoras sirviendo al pueblo, a los médicos y personal de salud, y en la Cumbre virtual del G 20 plantea la batalla entre economía y vida. Mientras tanto, Bolsonaro insiste en dejarle a Dios la respuesta a la pandemia, demostrando total incapacidad para salvar la vida de su pueblo, insiste en que el coronavirus es una “gripecita que no afectará a los brasileños”, quienes pueden bucear en una alcantarilla y salir ilesos; sigue sin declarar la cuarentena con más de 2000 casos.

Mientras Nicolás Maduro suprime el pago de alquileres de comercio y viviendas, administra una crisis agravada por las sanciones de EEUU, mantiene la entrega de las cajas CLAP a las familias venezolanas, toma medidas drásticas para evitar la propagación de la enfermedad y disminuye el patrón de contagio;  en Perú los bancos siguen cobrando la congelación de deudas, ganando más dinero con la crisis, y en EEUU la administración Trump pierde tiempo en responder a la pandemia y expresa preocupación con que el remedio expresado en las medidas no sea peor que la enfermedad causada a una economía impactada por esta otra crisis.

En medio del drama y la incapacidad de hacer frente a la propagación de la enfermedad, EEUU fortalece las sanciones contra Venezuela, incluyendo la amenaza a laboratorios para que no les vendan pruebas ni medicamentos; pide a los países que se nieguen a la ayuda médica ofrecida desde Cuba, presiona para unas elecciones de la OEA que han dejado a Almagro por cinco años más en la silla y se lanza a la búsqueda de una vacuna en Alemania con dudosas intenciones. Ellos saben que todo eso es absurdo casi increíble y, aun así, lo hacen.

La crisis también nos revela la ausencia de mecanismos de integración solidarios. Recientemente en la Cumbre de la Unión Europea, Alemania, Holanda y Austria se han negado al pedido de Francia, Italia y España de un plan europeo ambicioso y conjunto. Han dicho que “nuestra respuesta se intensificará según sea necesario, con más acciones, de manera inclusiva (…) a la luz de los acontecimientos…para una respuesta integral…” En fin, ¿se acuerdan de aquella canción de Serrat: “los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un dialogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes…  entre esos tipos y yo hay algo personal”. ¡Y yo que creía que a Serrat se le iba la mano!.

En nuestra región, ante un FMI que negó la ayuda a Venezuela del fondo de emergencias ocultando su origen en la espalda de los más pobres, de la explotación de nuestros bienes comunes, de la fragilidad de nuestras economías endeudadas y ante una OEA totalmente desaparecida frente a la crisis, qué distinto sería si contáramos con UNASUR y el Banco del Sur, con una CELAC capaz de articular visiones regionales; con mecanismos de integración que construyeron soberanía regional para el diálogo y la colaboración.

En su ausencia, nos hemos refugiado en las realidades nacionales, solo superadas por el internacionalismo y la solidaridad entre algunos pueblos de la región que sostienen los principios del ALBA como inspiración cotidiana.

Con una gestión que ha demostrado compromiso con el pueblo, autoridad y osadía en el tratamiento a la pandemia, enfrentando una crisis también agravada por las sanciones recrudecidas del bloqueo de EE.UU hacia la isla, hoy están en Venezuela 136 médicos cubanos para enfrentar el coronavirus. A los 53 que llegaron a Lombardía, se suman 200 en el Caribe que estarán trabajando en Antigua y Barbudas, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Santa Lucía. Son 140 los médicos cubanos miembros de la Brigada Henry Reeve que ya están en Jamaica y llegó a Buenos Aires el primer avión con colaboradores cubanos. El distanciamiento necesario para prevenir el virus no puede dejarnos solos, abandonados a la suerte de cada quien.

Ante la lógica sacrificial del capital, se precisa la belleza de compartir recursos y experiencias para guardar cada vida; ante el dolor de cada pérdida, la ternura entre los pueblos.

Tenemos esa fuerza. Venimos de años de luchas, de testimonios diversos de la posibilidad de un mundo distinto. Debemos hacer notar esa resistencia para reconstruir la democracia, poner la alternativa sobre la mesa y regresar a un camino de justicia, como nos dice Naomi Klein.

No hay tiempo que perder. La gente está en casa, pero pendiente, expectante, evaluando, preocupada por lo que pasará; imaginando la crisis que vendrá, en la incertidumbre, en la sospecha de quienes cargarán con los despidos y la pobreza.

El movimiento popular en América Latina tiene propuestas: la soberanía alimentaria, la suspensión del pago de la deuda de la que realmente somos acreedores, la garantía de todos los derechos en salud y educación que tan afectados han sido en los últimos años, el derecho a la tierra de quien la trabaja, la garantía de salarios y renta para toda la población, la necesidad de políticas para las y los trabajadores precarizados, que ni siquiera pueden estar tranquilamente en casa porque morirían de hambre, la defensa de los derechos de las mujeres sobre quienes caen todos los impactos de un sistema patriarcal que sabe por dónde comenzar su cacería.

En estos días la gente reflexiona, imagina las cosas de otro modo, descubre sentimientos dormidos, devela causas y responsables. Es tiempo entonces de dialogar, de buscar las vías para pensar juntos, para ser más, para regresar más unidos cuando pase la tormenta. La incertidumbre es inevitable, pero una certeza tenemos: dependerá de nosotros/as.

Estas no son consignas. Son luchas que anuncian la semilla de otro tiempo, donde la justicia, la vida en armonía con la Naturaleza, el protagonismo popular en los barrios, serán conquistas de las batallas que libremos organizados en amplios frentes de luchas.

En este tiempo, Nuestra América debe hacerse cargo de su futuro inspirada en la fuerza de los pueblos cuando se unen en nombre de la justicia, la libertad y la belleza; en nombre de la vida.

(*) Integrante del Centro Memorial Martin Luther King

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Por Sonia Izquierdo @izquierdosim desde CDMX 
Las mujeres mexicanas se sumaron al paro creado por el colectivo feminista de Veracruz, Brujas del Mar, con el propósito de evidenciar la ausencia que resultó tan masiva y notoria como la protesta del domingo, cuando miles de mujeres inundaron las calles de las principales ciudades del país, para exigir al Estado mexicano justicia, seguridad y respeto, pero sobre todo un alto a la violencia de género.
En la capital del país las calles se vieron diferentes; los vagones exclusivos para mujeres en servicios de transporte como el Metrobús y el Metro en horas pico se veían vacíos.
La ausencia de ellas fue palpable en las escuelas y los centros de trabajo, e incluso en los medios de comunicación, donde las principales voces son mujeres, y no estuvieron en sus espacios.
El paro de este lunes llega un día después de las protestas masivas que se vivieron para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La tía de Karla Karina Sandoval, fue una de las muchas mujeres que se dieron cita en la marcha. Ella llevaba una cartulina con la foto de su sobrina Karina asesinada en noviembre de 2019.
“No quiero otra sobrina muerta, por eso estoy aquí pacíficamente. A ella la mataron en Querétaro, donde dicen que la ciudad es bella y la ciudad donde no pasa nada. Sí pasa, y la mataron ahí y hasta ahorita no hay respuesta”, señaló.
La joven de 20 años de edad fue asesinada y su cuerpo fue localizado en la carretera México – Querétaro, en dirección Celaya. A casi cinco meses de los hechos no hay detenidos.

Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaime Zamudio, conocida como ‘Marichuy’, indicó: “Ya rompimos el silencio todas desde las abuelitas hasta las niñas todas, vamos a estar denunciando a los culeros, así que no se metan con nuestras niñas, no se metan con nosotras porque no va haber agresión sin respuesta”.
Ella es una madre que sufre por el feminicidio de su hija, quien en 2016 fue arrojada desde la ventana de su departamento y cuatro años después sigue impune su caso, debido a que las autoridades no han actuado de manera correcta.
Así como ellas, cientos de mujeres dieron sus testimonios en la Antimonumenta, que se convirtió en un símbolo de las organizaciones feministas y colectivas de mujeres contra la violencia de género; ahí exigieron a las autoridades dejar de cuidar a los monumentos colocando vallas y mejor frenar la ola de feminicidios que azota al país.

En México se cometen 10 feminicidios cada día, por eso el grito de ellas era: “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, “Vivas nos queremos”, “No están solas” y “Justicia, justicia”.
Ante este hartazgo y la exigencia de justicia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfrentado severas críticas por su forma de responder y responsabilizar a “políticas neoliberales”, de sexenios pasados, por el incremento de feminicidios, pero sin dar una solución.
En respuesta y sumándose al paro nacional, la conferencia mañanera de 9 de marzo resistió la ausencia de los más de 30 periodistas que habitualmente cubren la conferencia del ejecutivo; únicamente seis asistieron y portaron algún emblema de lucha.
México sin duda vivió una huelga que por primera vez ha puesto a prueba #UnDíaSinNosotras. Su fuerza desapareció en muchos lugares para demostrar su valor y exigir seguridad y justicia ante las agresiones que reciben en las escuelas, la calle, el hogar y los centros de trabajo.

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Las mujeres del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) ocuparon el Ministerio de Agricultura en Brasilia, capital de Brasil, este lunes (09) por la mañana. Participaron de la protesta 3500 trabajadoras de 24 estados del país. La movilización forma parte de la Jornada Nacional de Lucha de las Mujeres Sin Tierra.

Durante la acción, las trabajadoras denunciaron la distribución de títulos individuales de tierra para integrantes de los asentamientos de la reforma agraria, la llamada titularización de tierras, que tiene como objetivo privatizar áreas de la agricultura, los recortes en las inversión públicas y la liberación desenfrenada de agrotóxicos por parte del gobierno de Jair Bolsonaro.

Sobre la distribución de títulos individuales de lotes de tierra para integrantes de los asentamientos, la acción efectivamente regulariza la venta de lotes de la Reforma Agraria y asigna al Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra) la responsabilidad en relación a áreas colectivas de asentamientos donde se ubican las escuelas y centros de formación organizados por el MST. “Siempre hemos defendido el Contrato de Concesión de Uso (CCU) porque limita la mercantilización de las tierras conquistada y para nosotros la tierra es un bien común de la naturaleza y no una mercancía”, explica Maria da Silva Trindade, militante del MST.

Pese a los esfuerzos del actual gobierno para ocultar su fracaso en la economía, los brasileños sufren en carne propia la caída en las inversiones públicas que supera la cifra de R$ 66 mil millones entre 2012 y 2014 y ahora en 2020 estará por debajo de R$ 20 mil millones, según pronósticos. En este contexto, se incrementa el desempleo, se multiplica el número de personas en la pobreza, sin techo y sin alimentos, tanto que Brasil volvió a estar en el Mapa del Hambre, un análisis realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

“Este escenario salió mal en otros país pero encuentra aquí las mismas justificaciones fantasiosas. Se trata de una mentira esta idea de que si el gobierno tiene menos gastos, el mercado tendrá más confianza y todo se mejorará”, critica la militante del MST. Según ella, la derecha bolsonarista y paramilitar es la expresión del proyecto ultraliberal que tiene como objetivo destruir los derechos de la clase obrera.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, fueron concedidas 474 nuevas licencias para el registro de agrotóxicos, la más grande concesión de licencia de los últimos 15 años. Además de eso, las políticas de la reforma agraria fueron desmanteladas a través de decretos que reducen la estructura del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). El decreto n° 10.252 extinguió el Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (Pronera), el programa Tierra y Sol y otros programas de incentivo hacia las comunidades de asentamientos, quilombolas y comunidades tradicionales.

Lo mismo pasó con el Programa de Adquisición de Alimentos que el año pasado contó con R$ 188 millones y ahora pasará se reducirá a R$ 101 millones.

Además, el gobierno de Jair Bolsonaro está decidido a privatizar las tierras y fomentar la deforestación ambiental. Un ejemplo es la MP 901/19 que en la práctica quitará 4.745 hectáreas de flora nativa de los estados de Amapá y Roraima de la protección ambiental y liberará estas áreas para la minería.

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