Ayer el Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP), una organización de pueblos originarios y vecinos formada para proteger los sitios sagrados indígenas y los humedales continentales del río Luján en Tigre y Escobar, celebró en Punta Querandí su 8º aniversario.

El Movimiento en Defensa de la Pacha se organizó en el 2009 para proteger Punta Querandí y otros lugares amenazados, pero la lucha había empezado muchos años antes.

Algunos vecinos del paraje ya llevaban dos años de reclamos para que la empresa EIDICO no destruya “el camino de la vía muerta” que era su único acceso vehicular.

El MDP surge luego de algunos años de haber circulado boca en boca por distintos espacios de pueblos originarios del Gran Buenos Aires la información sobre la existencia de cementerios indígenas destruidos o amenazados por emprendimientos inmobiliarios. Otro hecho que impulsó a dar este paso fue la entrega del sitio Punta Canal (Punta Querandí) al empresario Jorge O’Reilly por parte de los arqueólogos autorizados por el Estado Provincial para resguardar el patrimonio cultural ancestral en Tigre y Escobar.

A partir del 2009, la lucha se intensifica, con asambleas semanales y quincenales en Punta Querandí. En el 2010 se inicia el campamento permanente para resistir contra las máquinas de EIDICO que habían iniciado la destrucción del predio. Desde el 2011, el ‘acampe’ se consolida con el salón comunitario Cacique Manuá y otras construcciones en el territorio, multiplicándose las actividades culturales, educativas y espirituales.

Resistencia comunitaria

Punta Querandí es un espacio arqueológico, sagrado y educativo que es custodiado por familias de distintos pueblos originarios que allí desarrollan su espiritualidad y realizan talleres de enseñanza abiertos a toda la sociedad. Está localizado en el Paraje Punta Canal, entre Maschwitz (Escobar) y Dique Luján (Tigre), rodeado de barrios privados del Complejo Villa Nueva de la empresa EIDICO, cuyo presidente Jorge O’Reilly fue asesor de Sergio Massa. El intendente de Tigre, Julio Zamora, vive en este complejo de casi 1.000 hectáreas que año tras año avanza sobre más terrenos.

Desde hace casi una década, esta resistencia comunitaria es llevada adelante por el Movimiento en Defensa de la Pacha, una organización formada por familias guaraní, quechua, la comunidad qom Cacique Ramón Chara, ambientalistas, comunicadores y vecinos. Las actividades culturales, ceremoniales y educativas realizadas semanalmente transformaron a Punta Querandí en un espacio de fortalecimiento de la identidad ancestral y de transmisión de conocimientos: armado de techo de capi ñaro (paja brava), cestería con totora, construcción con barro, alfarería con arcilla, música sikuri, lenguas indígenas y visitas de escuelas, son algunas de las propuestas habituales.

El espacio, de menos de una hectárea, sigue en peligro a pesar de haber logrado el reconocimiento de distintos organismos oficiales, como el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas en 2011, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en 2015 y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en 2016. El empresario Jorge O’Reilly no cede sus pretensiones sobre el lugar. Y los funcionarios no avanzan sobre sus intereses.

En el caso del Municipio de Tigre, la decisión política de perjudicar a Punta Querandí se hace evidente en la falta de arreglo del puente que se cayó en agosto de 2015 debido a su deficiente instalación y a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades. Los funcionarios abandonaron a las familias del paraje, quienes no tienen otro acceso público para acceder a sus viviendas. Además, los concejales oficialistas se niegan a repudiar los hechos de violencia contra el sitio sagrado de los pueblos originarios, como las dos destrucciones de un Opy (templo guaraní) que tuvieron lugar en septiembre y en diciembre del año pasado, allanando el camino para nuevas agresiones.

Por su parte, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien se comprometió en febrero de 2016 a recuperar el camino de acceso a Punta Querandí, ha incumplido su palabra: luego de casi de un año, no se ha avanzado ni un paso en ese sentido. El barrio privado San Benito continúa usurpando la calle pública perimetral pese a ser una obligación legal. En el 2014, el presidente de EIDICO, Jorge O’Reilly, había advertido que iba a hacer todo lo que esté a su alcance para no abrir la calle. Un empresario puede más que un Municipio.

Autoridades cómplices

Lugar ribereño de gran concurrencia popular, ex parada del ferrocarril hasta 1967 y sitio arqueológico milenario: estos tres motivos parecen más que suficientes para que el Estado resguarde Punta Querandí. Sin embargo, en el 2007 este lugar fue entregado por las autoridades estatales para los negociados de barrios privados, una decisión política en la que confluyeron el organismo nacional titular de las tierras (ONABE-ADIF), el área arqueológica de la provincia y las intendencias de Tigre y Escobar.

Mientras los funcionarios siguen demorando la resolución, el sitio sagrado de los pueblos originarios se fortalece con cada encuentro en el camino hasta alcanzar su protección definitiva, la consolidación de la costa para evitar su desmoronamiento, la recuperación de las miles de piezas excavadas por una campaña pagada por el empresario inmobiliario y el re entierro del esqueleto extraído del sitio Arroyo Garín, yacimiento destruido por el country Santa Catalina a pocos metros de Punta Querandí.

En la zona norte del Gran Buenos Aires, los barrios privados destruyeron miles de hectáreas de humedales, desaparecieron sitios arqueológicos con enterratorios humanos de los pueblos originarios y generaron más inundaciones a los vecinos preexistentes. Esta avanzada que violó los derechos humanos fue avalada y promovida por los Municipios de Tigre y Escobar.

En la Cuenca del Río Luján durante la última década crecieron distintas luchas contra la invasión de los mega emprendimientos de barrios privados, se ha instalado el tema y se han logrado fallos judiciales -de dudoso cumplimiento- que ordenan frenar todas las obras preventivamente hasta tener los resultados de un estudio de impacto ambiental acumulativo. Para garantizar la clausura definitiva de este modelo nefasto de “progreso” para pocos, organizaciones de Luján, Pilar, Campana, Escobar y Tigre impulsan la campaña “Más humedales, Menos inundados” con una gran cantidad de adhesiones.

Tigre: intento fallido de facilitar autorizaciones para barrios privados

El martes 27 de diciembre fue la última sesión del Concejo Deliberante de Tigre. El oficialismo pretendía aprobar un Proyecto de ordenanza enviado desde el Departamento ejecutivo para modificar el artículo 50 del Código de Zonificación que obliga al Intendente a enviar al cuerpo deliberativo los estudios para autorizar las “urbanizaciones especiales”. De haberse aprobado, el jefe comunal podría autorizar directamente la instalación de countries y torres de departamentos.

Muchísimas organizaciones se pusieron en alerta por la iniciativa y se convocaron en el Concejo Deliberante para presenciar la sesión. El proyecto con la firma del Intendente Julio Zamora, fue interpretado como una evidente maniobra para beneficiar estos negociados inmobiliarios sin que tomen trascendencia pública.

Los reclamos para frenar los barrios privados, proteger los últimos humedales continentales y promover otro tipo de desarrollo urbano, tienen muchos años en Tigre. Los concejales del Frente Renovador han “cajoneado” todos los proyectos de ordenanza que proponen la prohibición de estos emprendimientos. La Intendencia continúa entregando el territorio a las desarrolladoras inmobiliarias. En los alrededores de Punta Querandí y en otros puntos de la localidad de Dique Luján, hay una gran cantidad de proyectos que ponen en riesgo el patrimonio natural y cultural. En la zona isleña, las denuncias por construcciones ilegales son cada vez más frecuentes.

En las horas previas habían comenzado a escucharse distintos cuestionamientos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado en el que destacó: “el proyecto contradice de forma flagrante lo establecido por los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, que detallan las competencias de los concejos deliberantes municipales.

Su aprobación además supone profundizar la falta de transparencia y arbitrariedad que han caracterizado los procedimientos de aprobación de los proyectos urbanos en la provincia de Buenos Aires. Este manejo opaco explica la segregación, el déficit de infraestructura y los crecientes riesgos ambientales que sufren hoy los habitantes de la Provincia”, agregó el reconocido organismo de Derechos Humanos.

“Con este cambio en el código lo único que ganan es oscuridad”, analizaba a minutos de la sesión el concejal Federico Ugo. “El massismo tiene mayoría para aprobar automáticamente sus iniciativas en el Concejo Deliberante, pero dicha instancia deja estos negociados más expuestos, como sucedió con ‘Remeros Beach’ en el 2015, tiempo después paralizado por un fallo del Juzgado Federal de San Isidro que además prohibió a los municipios autorizar nuevos proyectos”.

Finalmente, para descomprimir la situación, el Frente Renovador decidió retirar la iniciativa del “orden del día”.

Manifestación frente a Nordelta por la desaparición de lugares sagrados en Tigre

El Movimiento en Defensa de la Pacha realizó una concentración frente a Nordelta, en Ruta 27 y Arroyo Sarandí, para difundir a la comunidad tigrense la destrucción de enterratorios ancestrales y los ataques contra lugares ceremoniales de los pueblos originarios por la construcción de barrios privados. También denunciaron que el Municipio incentiva estos negociados, permite la violencia empresarial y deja sin accesos a los vecinos que “molestan” a la mafia inmobiliaria. La convocatoria fue el domingo 11 de diciembre.

El daño generado por el mercado inmobiliario no se agota en la desaparición del patrimonio arqueológico indígena: la destrucción de miles de hectáreas de humedales agravó las inundaciones a los vecinos preexistentes, desplazó a pobladores históricos y privatizó calles, costas y cursos de agua, entre otras problemáticas.

En toda la Cuenca del Río Luján, los vecinos con el apoyo de sectores académicos reclaman la prohibición de este “modelo urbanizador” con altos costos sociales y ambientales. Sin embargo, las autoridades de Tigre mantienen su política: toda la franja continental del distrito está liberada para que sigan avanzando los countries náuticos.

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Un fallo judicial de la Cámara Federal de San Martín beneficia a los emprendimientos inmobiliarios de barrios privados que habían sido clausurados en julio por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Entre otros aspectos, la resolución de la Cámara Federal declara la incompetencia de la Justicia Federal para seguir entendiendo en esta causa.

“Esto es un gesto simple y exclusivamente de poder: sacarlos de un lugar incómodo y traerlos a un espacio de confort, como podría llegar a ser ahora la Fiscalía y los fiscales de la zona norte, que sabemos que están trabajando en forma directa en función de los intereses del Frente Renovador liderado por Sergio Massa”, evaluó Ricardo Barbieri, quien es responsable del blog El Tigre Verde y además integra el Consejo Ambiental de Tigre, un espacio donde coordinan organizaciones del distrito.

Barbieri también anunció una Contracumbre que realizarán numerosas organizaciones y sectores sociales el lunes 26 de septiembre, que tendrá lugar en la puerta del Museo de Arte Tigre (MAT), en rechazo al “Salón Inmobiliario Tigre 2016”, un mega evento impulsado por el Municipio junto a las grandes empresas del sector privado. “Vamos a explicar nuestra propia visión de lo que es el desarrollo urbano”, relató.

El martes 20 de septiembre, ya se había realizado una conferencia de prensa por el “Real Estado de Tigre” con la presencia de diversos sectores ambientales, sociales, políticos, vecinos autoconvocados y multisectoriales en el Concejo Deliberante de Tigre.

Los espacios convocantes hicieron público un documento en el que ponen en discusión la visión de crecimiento de Tigre. “Mientras el Municipio promueve el crecimiento de barrios cerrados, torres y demás negocios inmobiliarios, nosotros planteamos que no puede haber crecimiento si no crecemos todos los tigrenses”, plantearon los organizadores.
Además, los sectores que se dieron cita manifestaron su repudio al evento “Salón Inmobiliario Tigre Real Estate”, a realizarse el próximo 26 de septiembre en el Museo de Arte de Tigre, Av. Victorica 972, en donde habrá paneles sobre el aprovechamiento de la Ley de blanqueo para realizar inversiones inmobiliarias y el “modelo Miami” para Tigre.

Asimismo, convocaron a participar a la comunidad para expresar cuál es el estado real de Tigre ese mismo día desde las 15:30 en la puerta del Museo de Arte donde estarán presentes el actual intendente de Tigre, Julio Zamora, el Presidente del Banco Nación, Julio Carlos Melconián, y el Presidente de Nordelta, Eduardo Constantini.

Nuevo atentado a la espiritualidad originaria en Punta Querandí

Desde el Movimiento en Defensa de la Pacha, responsabilizan al presidente de EIDICO, Jorge O’Reilly, por la destrucción y desaparición de un “Opy” (Casa de Oración) que iba a ser presentado en el marco de la ceremonia del nuevo ciclo guaraní el próximo domingo 25 de septiembre. También se robaron carteles que señalizan el territorio.

“El Opy es donde nosotros nos encontramos con todas las palabras de nuestros seres superiores. Y lamentablemente esta gente con mucha maldad nos destruyeron todo, ya estaba hecho”, señaló Reinaldo Roa, integrante del pueblo guaraní y vecino del barrio La Paloma de Tigre. “Estoy muy apenado, me siento muy mal, nos siguen invadiendo y destruyendo nuestra cultura, nuestra espiritualidad”, agregó. “Se metieron con un lugar máximo de lo sagrado, esto toca no solamente a los guaraníes sino a todos los hermanos de este continente y del mundo”.

Punta Querandí es un espacio arqueológico, sagrado y educativo que es reivindicado y protegido por familias de distintos pueblos originarios que allí desarrollan su espiritualidad y realizan talleres de enseñanza abiertos a toda la sociedad. Está localizado en el Paraje Punta Canal, entre Maschwitz (Escobar) y Dique Luján (Tigre), rodeado de barrios privados del Complejo Villa Nueva de la empresa EIDICO, cuyo presidente Jorge O’Reilly fue asesor de Sergio Massa. El intendente de Tigre, Julio Zamora, vive en este complejo.

En el marco de la campaña “Más humedales, menos inundados”, un grupo de vecinos realizaron una volanteada en la entrada de la empresa EIDICO cuando sus directivos estaban reunidos con inversores del proyecto Santa Ana, del complejo de countries náuticos “Villa Nueva”.

“Estamos seguros que la suspensión es provisoria, antes de fin de año se destraba”, decían confiados desde la firma y razón no les faltaba. Para explicar el porqué de las clausuras, culpan a “estos Indios Querandí” y “a las organizaciones ambientalistas, fanáticos que no quieren hablar”. También se quejan de que “ningún funcionario quiere firmar la aprobación de impacto ambiental”.

Esta actividad, realizada el miércoles 24 de agosto, se efectuó durante una reunión de la empresa con quienes financian mes a mes uno de sus emprendimientos, pequeños inversores muy preocupados por el freno judicial de las obras.

Santiago Chara, referente de la comunidad qom del barrio Arroyo El Claro y del Movimiento en Defensa de la Pacha de Punta Querandí, expresó: “Fuimos para informar a los compradores por una posible estafa, están engañando a la gente, vendiéndole algo que no deberían, lo hacen de manera ilegal”.

Incendian cooperativa de junqueros que resiste al avance inmobiliario en el Delta

Las familias de junqueros que conforman la cooperativa Isla Esperanza y forman parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que funciona desde 2010 en la primera sección del Delta, volvieron a sufrir un incendio con tintes de atentado. Sus viviendas, donde muchos vivían desde hacía 40 años, también fueron quemadas y tiradas abajo hace unos años, cuando el mega emprendimiento inmobiliario Colony Park amenazaba con terminar con sus tierras y con su vida isleña, y aunque muchos no pudieron volver a levantar sus casas, formaron la cooperativa y desde entonces resisten y se mantienen en lucha por sus tierras.

“Nos quemaron todo: la máquina para hacer cortinas de juncos, unos 100 mazos de juncos que había adentro y que cuesta unos 5.000 pesos, las bobinas de hilos, de tanzas, los cajones de las abejas, unos 300 libros de la cooperativa”, relata Héctor Orlando Arroyo, de 68 años, que vivió durante 40 años trabajando con los juncos en el Delta, hasta que su casa fue tirada abajo en 2008.

El incendio ocurrió el domingo 18 de agosto alrededor de las 19:00, en el galpón ubicado en el arroyo Anguila y Paloma, cuando ya estaba anocheciendo. Un vecino vio salir una lancha a toda velocidad, con tres personas dentro. Por detrás, las llamas de unos 7 metros, según relata Héctor Maestre, otro integrante de la cooperativa. En medio de la oscuridad y la rapidez de lo acontecido, el testigo sólo alcanzó a distinguir que se trataba de una lancha blanca y azul, con tres personas a bordo.

“Fuimos a hacer la denuncia a Prefectura, que está ahí cerca y que fue puesta por la jueza Arroyo Salgado precisamente para preservar la zona de conflicto, y resulta que dicen que no vieron ni escucharon nada”, denuncia Maestre, de 31 años y miembro de la cooperativa desde 2009. Y explica que ya en 2008, cuando las casas de los isleños que vivían en el lugar fueron quemadas y tiradas abajo, la Prefectura tampoco actuó.

Desde su lugar de trabajo y organización, en el que también realizan apicultura y cultivan frutales, luchan contra el avance de mega emprendimientos en la zona, y en defensa de los humedales. Hace poco, parte de esa movilización de la que participan ambientalistas y organizaciones sociales y políticas, lograron también que la jueza Arroyo Salgado detuviera la construcción de otro mega emprendimiento inmobiliario en Tigre: el famoso Remeros Beach, que pretende construirse en Rincón de Milberg.

Continúa la campaña “Más humedales, menos inundados”

El pasado 30 de julio en Tigre, la Asamblea en Defensa del Humedal de Escobar junto a un gran arco de organizaciones sociales, políticas y culturales de toda la cuenca del Río Luján, Delta del Paraná y Río de la Plata, lanzaron la Campaña “+ Humedales – Inundados”. Este reclamo conjunto exige a las autoridades la detención urgente de los emprendimientos inmobiliarios e industriales privados sobre humedales, planicies de inundación y costas en la cuenca del Río Luján y Delta del Paraná.

Con motivo de seguir difundiendo la campaña, diversas organizaciones ambientalistas, sociales y culturales de la zona llevaron adelante el sábado 3 de septiembre una jornada de concientización en la Plaza de las Banderas de Belén de Escobar.

Durante la actividad, similar a la que habían realizado en la estación de Tigre, los integrantes de la denominada Asamblea en Defensa del Humedal compartieron con la comunidad sus principales reclamos a través de una radio abierta, entregando volantes a la gente que pasaba por el lugar y sumando firmas en adhesión a un Proyecto de ordenanza que prohíba la radicación de desarrollos inmobiliarios en zonas de humedales.

“Hay una situación de ilegalidad de base por el lugar en el cual se construyen. Están sobre bienes del dominio público, es decir que pertenecen al conjunto de todos los argentinos, en cuya superficie se encuentran las napas de agua de las que todos nos abastecemos, donde se recargan y purifican su calidad, y por donde debe correr el agua en las crecientes para, entre otras cosas, evitar inundaciones”, explicó la presidenta de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (AAPE), Viviana Rebasa, al tiempo que culpabilizó a los distintos gobiernos provinciales por los asentamientos sobre bañados.

Rebasa también cuestionó al intendente Sujarchuk por su relación con el Desarrollador de Puertos, un mega emprendimiento que ocupará 1.400 hectáreas, en su mayoría de humedales: “Ahora, él trata de imponer a Eduardo Constantini como un nuevo actor social de Escobar porque dice que va a hacer obras. Pero las obras hidráulicas tienen que ser sometidas a proyectos de impacto ambiental y, además, la comunidad científica se pronuncia en ese sentido por la relocalización y la recomposición ambiental. Está haciendo un doble discurso, es un engaño”, aseveró.

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Hoy realizará una audiencia pública en el municipio de Tigre para evaluar el mega emprendimiento “Remeros Beach”. Conversamos con Fernando Rodríguez, de la Asociación por la Justicia Ambiental para conocer más sobre la resistencia a esos proyectos.

-¿De qué se trata este emprendimiento inmobiliario?

Es un proyecto inmobiliario que está proponiendo la empresa Vizora para construirse en la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre. Ocuparía unas 18 hectáreas, serían edificios de hasta 22 pisos de altura con una laguna artificial, que se denomina “Cristal Lagoon” en la parte central y los edificios de alrededor.

El Municipio está convocando a una audiencia para que todas las organizaciones y personas que deseen expresarse lo hagan. Por esto desde la Asociación por la Justicia Ambiental lo estamos difundiendo, porque nos parece muy importante que participe la mayor cantidad de personas posibles, que planteen si para ellos es o no beneficioso.

Creemos que es un emprendimiento que va a dañar seriamente al medioambiente, va a continuar con la incidencia que han tenido durante los últimos años estos desarrollos en las inundaciones de todo lo que es la cuenca del río Luján, sobre todo porque se plantea construir sobre una zona de humedales.

Justamente una de las funciones fundamentales que tienen los humedales es la de retener el excedente de agua cuando se producen grandes lluvias. La idea es poder participar, manifestarnos cada uno de su lado para que luego la Provincia de Buenos Aires decida si aprobar o no el proyecto inmobiliario. Y es fundamental la participación comunitaria, más allá de que sea una audiencia de carácter consultiva y no vinculante. Es importante que la gente participe, que se haga oír y que vea cuáles son las diferentes posturas respecto a estos emprendimientos.

-Sin embargo, no es el único emprendimiento de estas características que se está desarrollando en la zona, y que genera graves consecuencias para los habitantes de la zona…

 En ese sentido, hay organizaciones y asambleas vecinales que vienen trabajando hace años, denunciando este accionar, porque en la zona de Tigre, San Fernando, Escobar, Luján, Pilar, se vienen desarrollando este tipo de emprendimientos desmesurados sin ninguna consideración de los impactos que producen, hace un tiempo largo. Justamente las asambleas, organizaciones y grupos de vecinos son los que han venido trabajando y en su momento han podido frenar algunos de estos emprendimientos como el llamado “Colony Park”, actualmente hay otro emprendimiento de grandes dimensiones en la localidad de Escobar denominado “Puertos del Lago”, que es como un hermano de Nordelta, es la misma empresa la que lo está desarrollando, que pertenece a  Humberto Constantini.

Las organizaciones están haciendo un trabajo importante desde hace mucho tiempo, concientizando a los vecinos, porque estos proyectos se venden desde el desarrollo y el empleo pero no se tiene en cuenta el grave impacto ambiental y las consecuencias.

Lo podemos ver en las últimas inundaciones, donde no solo se han producido pérdidas materiales, sino que también se han perdido vidas humanas.

En este sentido hay una causa que se está tramitando en el juzgado federal de San Isidro a raíz de estas muertes, a cargo de la Jueza Arroyo Salgado. Hace poco tiempo los querellantes, que son grupos de vecinos junto con el fiscal, habían pedido una medida cautelar para detener las obras de desarrollo inmobiliario hasta tanto se pueda evaluar bien el impacto que están produciendo. Hasta el momento, lamentablemente, la Jueza no ha hecho lugar a esta medida solicitada.

-¿Qué significa que se realice un emprendimiento sobre una franja de humedales?

Nuestro país tiene una gran extensión y dentro de ella hay muchos humedales, que cumplen funciones primordiales para lo que es el medioambiente, entre ellas el almacenamiento de agua dulce, la regulación de los caudales de los ríos, la retención de sedimentos, la flora, la fauna, la biodiversidad que se produce dentro de ellos, almacenan el exceso hídrico que se produce cuando hay grandes lluvias. Justamente por eso, hoy en día en el Congreso Nacional existe un Proyecto de ley que se está tratando, actualmente está en el Senado, el cual consiste en un presupuesto mínimo de protección a los humedales a nivel nacional.

Pero viene demorado porque las mineras, el agro y los grandes terratenientes quieren limitar lo más posible este Proyecto de ley porque no podrían desarrollar sus actividades en estos lugares. Por eso desde la Asociación por la Justicia Ambiental y otras organizaciones venimos tratando que salga.

Actualmente se está tratando en las Comisiones de Ambiente y Agricultura del Senado y veremos si esta vez puede avanzar. Justamente uno de los artículos plantea realizar un inventario a nivel nacional de los humedales existentes, esto lleva su tiempo porque hay lugares que pueden ser identificados más fácilmente y otros que, por sus características, no. La idea es sancionar una ley que sea una base, luego cada provincia y cada municipio puede ir más allá en la protección de sus humedales, pero al menos tener una ley marco a nivel nacional que establezca una protección mínima de los humedales.

–¿Y cuál es la posición que adoptan las autoridades del Municipio de Tigre y los aledaños, como el de Escobar, donde se impulsan este tipo de emprendimientos?

El caso de Tigre es paradigmático, porque más de un 50% de su extensión está ocupada por varios countries y barrios cerrados. Ahí se ve claramente que por parte del Poder Ejecutivo actual y del anterior hay un favorecimiento a estos emprendimientos.

En el caso de Escobar hay emprendimientos que se encuentran paralizados por no haber cumplido con todos los pasos administrativos, pero la idea es que no solo sea por esto que se detengan, sino por evaluar el daño que se produce en el medioambiente. También, haciendo mención a lo que es la cuenca de río Luján, el año pasado se sancionó una ley que crea el Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU) que es un comité que va a llevar adelante, planificar, controlar, todas las obras necesarias en la cuenca del río Luján para mitigar las inundaciones.

Este comité no está funcionando, aunque se están designando algunas autoridades no conforme a la ley y que no están previstas en ella. La ley plantea la necesidad de formar un Consejo consultivo integrado por vecinos, asociaciones y profesionales para brindar la participación comunitaria y este Consejo no fue convocado aún. Por eso estamos denunciando que la Provincia de Buenos Aires está llevando adelante obras cuando no tiene conformado este Comité, no se están realizando los estudios correspondientes y, sin embargo, se sigue adelante.

La Audiencia será hoy, martes 21 de junio, a partir de las 15.00 en el Museo de la Reconquista, ubicado en Av. Liniers 818, partido de Tigre.

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