En las últimas semanas, asistimos al recrudecimiento de medidas económicas contrarias al pueblo trabajador y a un marco legal que beneficia a patrones y a genocidas. En estas líneas, una mirada en los números y en las acciones que unen a los gobiernos dictatoriales con el actual Cambiemos.

“En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Estas palabras forman parte de la Carta Abierta a las Juntas Militares, que escribiera el periodista y militante Rodolfo Walsh el 24 de marzo de 1977, un día antes de su secuestro por los ejecutores del terrorismo de Estado. Atinada proclama que contextualiza, como muy pocas piezas literarias, una dictadura militar que tuvo como principal objetivo beneficiar a monopolios nacionales y extranjeros con una concentración de la riqueza. En solo un año y medio este gobierno de Cambiemos camina por el mismo sendero que aquél  de las Tres Armas.

El resultado del plan dictatorial culminó con el éxito de una reducción de la participación de las y los asalariados en la distribución del ingreso, que continúa en baja desde entonces con una excepcionalidad destacable hacia 2015, cuando alcanzó su mayor valor con un 37,4%. Entre 2003 y 2015, la participación del salario sobre el PBI pasó del 24,4% al 37,4%; mientras que Macri en sólo 15 meses provocó un retroceso de participación salarial de 3,1 pp. Un retroceso similar al de la participación salarial sobre el PBI durante la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, que pasó del 47% en 1974 al 28% en 1983. Así, cifras equiparables a las de la Dictadura se dan también en el crecimiento de hogares pobres que entre el 76 y 1983 pasó de 2 a 25%, mientras que en el periodo Cambiemos pasaron a la pobreza 1,8 millones de personas.

También las chimeneas de las fábricas se reemplazan por tractores, exportaciones de granos y productos primarios; y se destruye el desarrollo de las economías regionales como la frutihortícola en el sur. Como en la época dictatorial, el regreso a la Argentina oligárquica de la generación del 80 quiere consagrar a nuestro país como “el granero del mundo”.

Viviendo fuera de la ley

Pero esta restauración requiere también doblegar a las trabajadoras y los trabajadores y al pueblo, haciendo blanco especialmente en sus organizaciones y dirigentes más consecuentes. Comentamos ya en estas páginas que esta dirección requiere la imposición de políticas represivas. Sin dudas, Cambiemos ha decidido fogonear medidas que lo alejan cada vez más de la defensa de la Constitución y de las leyes.

Sin embargo, no está solo en el intento de implementar el modelo. Muchas leyes emanadas del Congreso contaron con el apoyo de algunas y algunos  parlamentarios del Frente Renovador de Sergio Massa, del  PJ y también del Frente Para la Victoria.  Sea esta votación en materia de leyes laborales como de medidas económicas, sociales y de derechos civiles y políticos. La única excepción de negativa a sumar los brazos en cualquiera de estas leyes fue en la Cámara de Diputados desde las bancadas del Frente de Izquierda (FIT) y en escasos legisladores del FPV.

En las calles y en los Consejos

El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el día de las trabajadoras y los trabajadores en recuerdo de aquellos que hacia mediados del siglo XIX salían a las calles para reclamar las 8 horas de trabajo y mejores condiciones laborales en la ciudad de Chicago. Las manifestaciones fueron recibidas con un plan represivo, se llevó a juico a más de 30 dirigentes obreros y se condenó a la pena de muerte a 8 de ellos. Todos considerados “subversivos”. Una palabra que, en diferentes momentos de la historia, utilizan los patrones para denominar a quienes luchan por los derechos con la certeza de que sólo con el fin de la explotación la humanidad será verdaderamente emancipada.

Este 2017 se realizaron diferentes actividades en todo el  país. La fragmentación, lamentablemente, fue otra vez la marca del día. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires se registraron cerca de cinco actividades más o menos convocantes que sumadas rondarían en un total de más de 100 mil personas.  El triunvirato de la Economía Popular y el Frente Popular Darío Santillán fueron de la partida frente el Monumento al Trabajo con cerca de 45 mil asistentes. La CGT decidió encerrarse, convocar a muy pocos delegados y realizar un acto que no duró más de 20 minutos, seguramente con las heridas que le dejó al triunviro el copamiento del palco por parte de delegados de base de diferentes sindicatos el 7 de marzo. Sectores de las CTA activaron el recuerdo frente a la carpa itinerante del congreso, el FIT en Plaza de Mayo y la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas en Av. de mayo y 9 de julio.

Mientras tanto, el Momo Vengas, secretario general de la UATRE, invitaba a Macri y funcionarios del Gobierno a festejar juntos el día de los trabajadores en el micro estadio de Ferrocarril Oeste. Este acto consolidó el acuerdo de gobierno para llevar adelante medidas de restricción de derechos laborales con bajas de salarios y deterioro de la calidad de vida del pueblo trabajador. Venegas, se sabe, legaliza desde hace rato la superexplotación de familias enteras que apenas si sobreviven con el trabajo rural. Paradójico que en ese acto se mencionara a Juan Domingo Perón, quien sancionó el Estatuto del Peón de Campo que sacaba de la esclavitud a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que vivían en situación de esclavitud. Muy paradójico (o más bien cínico), si se tiene en cuenta que el Momo Venegas garantiza desde hace muchos años que el trabajo esclavo persista aún en el siglo XXI.

Fue una semana con muchos anuncios, nuevos y viejos reclamos que tienen el telón de fondo del recambio legislativo de este año. En ese contexto, la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reapareció nuevamente intentando seducir a integrantes de sindicatos y entablando comunicación con sus seguidores a apenas unas horas de partir de gira por Europa. La duda de si se presenta  o no como candidata quedó intacta.

Por su parte, las mujeres organizadas y grupos de feministas se hicieron presentes, convocadas por la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, frente al Consejo Nacional de las Mujeres para reclamar por políticas efectivas frente al avance de femicidios y recortes de planes de protección de los derechos humanos de las humanas. “El Estado es responsable”, fue el lema de las dos jornadas que culminaron con la obtención de algunos beneficios, pero que siguen sin garantizar efectivas políticas nacionales que hagan cumplir la ley por la eliminación de toda forma de violencia hacia las mujeres que claramente deben incluir las prevenciones de femicidios. A sólo un mes del 3J #NIUNAMENOS #VIVAS NOS QUEREMOS, las feministas siguen marcando agendas concretas y concientizando a más mujeres.

Cuando la tabla del 2 es IMPUNIDAD

Volviendo a los paralelismos con la Dictadura, fue a partir del decreto de “aniquilación de la subversión” –firmado por María Estela Martínez de Perón y acompañado con la rúbrica de nefastos ministros de su gabinete como Ivansevich, Otero o López Rega– cuando se dio una vía libre a la ejecución del terrorismo de Estado en nuestro país, que se profundizó a partir del Golpe militar, civil y eclesial que este 24 de marzo cumplió 41 años.

Hoy como entonces, un proceso de degradación de derechos políticos, sociales, civiles, culturales y económicos fue sembrando el camino para que fuera posible la posterior represión y el disciplinamiento  dirigido como se sabe hacia trabajadoras y trabajadores, a sabiendas de que 6 de cada 10 detenidos-desaparecidos pertenecían a esa clase social.

30 mil detenidas/os-desaparecidas/os, más de 500 bebés apropiadas/os, 10 mil presas y presos políticos y un numero de exiliados internos y externos no muy definido.

Estos fueron los números más cercanos de las consecuencias sobre personas de las políticas represivas llevadas adelante para poder instalar un programa económico que dejó sólo algunas  de las consecuencias que venimos resaltando en estas líneas.

Los diferentes gobiernos que prosiguieron intentaron construir la impunidad para los militares genocidas y civiles que planificaron y ejecutaron el plan represivo. En estos 34 años de gobiernos constitucionales, a medida que la economía se alejó de los intereses populares, más se incrementaron las leyes de impunidad sobre los responsables civiles y militares del genocidio a la vez que se intentaron o se efectivizaron las limitaciones de derechos humanos económicos, sociales y culturales instalando nuevas formas de represión directa y normativas reglamentarias que restringen derechos.

Alfonsín instaló la “Teoría de los dos demonios” que legalizaba a la represión como una “guerra sucia” en la que hubo “excesos”. El plan era condenar sólo a algunos de los jefes máximos de las Tres Armas (las juntas de Comandantes) pero también detener a quienes estimaban como jefes de organizaciones como Montoneros y PRT-ERP. Le siguieron el Punto final y la Obediencia debida, que garantizaban impunidad para que los ejecutores materiales del genocidio no pasaran por tribunales: integrantes de grupos de tareas, oficiales de las Tres Armas, de las policías federal y provinciales, gendarmes, servicios penitenciarios y de inteligencia, todos quedaban afuera del juzgamiento. El entonces presidente, Carlos Menem, proclamó el indulto a los comandantes. Las leyes de impunidad fueron resistidas en las calles, en los tribunales nacionales e internacionales y se efectivizó en nuestro país la derogación en 2003, junto con la reactivación de los juicios que condenaron o procesaron hasta ahora apenas a 750 en todo el país.  La mayoría de ellos estarían hoy en condiciones de pedir el beneficio del 2×1. Se trata de un fallo de la Corte Suprema, que declaró aplicable el beneficio del 2×1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad en el caso de  Luis Muiña, lo que sienta un precedente.

A este armado se le suma la Iglesia que, callada o a viva voz, fue cómplice de la represión y que hipócritamente en todos estos años inclinó la balanza hacia el lado del poder y sus verdugos genocidas. Una jerarquía eclesial que nuevamente acompaña la construcción de impunidad llamando a una reconciliación que no es posible. Porque los genocidas siguen en silencio sobre la suerte de las niñas y los niños apropiados que aún nos faltan y concediendo la inexistencia del genocidio.

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Si marzo fue el mes de avances de reclamos organizados, masivos y diversos en todo el territorio nacional, abril se perfila como el inicio de una nueva etapa por parte del gobierno macrista y sus aliados provinciales, el reacomodamiento de las oposiciones y la consiguiente necesaria construcción de instancias que referencien un amplio espectro de la población que no se ve representada por las opciones políticas hegemónicas en el país.

Cambiemos encontró en la movilización del #1A la excusa perfecta para sincerar, y propagandizar tejiendo alianzas de diverso tipo, su proyecto de país: de restauración conservadora. Nunca con improvisación, pero sí con una inteligente maquinaria propia de gerentes de grandes empresas formados en las diferentes escuelas del marketing de productos diversos. Promueven las necesidades de los “consumidores” para luego satisfacerlas con algún nuevo producto prodigioso en el mercado. Así, insistiendo con la presencia de mayor delincuencia fue convenciendo con el discurso de la mano dura y el consiguiente incremento de presencia de fuerzas represivas en las calles, instalando a su vez la otra nueva necesidad que está en el fondo de todas sus dramatizaciones políticas: profundizar la flexibilización laboral, quitando los derechos recuperados al movimiento obrero y al pueblo y establecer definitivamente a las empresas transnacionales asociadas con empresarios locales como únicos capaces de construir la gran nación argentina. La restauración conservadora de las clases dominantes avanza y pone en escena todas las políticas que garanticen mayor ganancia para unos pocos a costa de los despidos, peores condiciones de trabajo y pobreza para millones que son los sobrantes de esas medidas.

La flexibilización laboral como meta

En 2017 el gobierno habilitó el regreso de viejas recetas vendidas, una vez más, como novedosas: ampliar jornadas laborales, congelar paritarias u obligarlas a la baja, limitar el derecho a la protesta, establecer nuevas formas de contratación en empresas que desconocen beneficios para las y los trabajadores o seguir postergando la implementación efectiva de la ley de Emergencia Social o la de violencia hacia las mujeres. Al detenernos en las medidas que llevan adelante grandes empresas en los últimos tiempos encontramos ejemplos como los de la metalúrgica del grupo Techint, Siderca Campana que intenta implementar jornadas laborales y francos de 6×1 en vez de 6×2 que, como señalan delegados de la fábrica, significa no solo el aumento de horas de trabajo (300 más al año y 45 días totales más) sino que reducen puestos porque lo que cubren 500 trabajadores lo pueden resolver con 250.

Se intentan actualizar políticas de flexibilización laboral de los años 90 convocando a “trabajar más y cobrar menos salarios”, o insistir con el excesivo “ausentismo del personal”. Van avanzando estrategias diversas en cada rama de trabajo con el silencio o anuencia de cúpulas sindicales que prefieren seguir preservando sus negocios que defender derechos. Son diferentes medidas que se definen desde el ejecutivo con cada rama de producción e incluso con alguna empresa. Se suspenden 600 trabajadores en Volkswagen Pacheco por un año o un año y medio (hasta el invierno 2018). En la fábrica de Alpargatas en Tucumán se suspenden 1100 trabajadores entre el 11 y 18 de abril y la totalidad de los mismos (1.330) para la segunda semana de mayo, además de suspensiones parciales que ya se llevan a cabo en las plantas que esa empresa tiene en Catamarca, Florencio Varela y La Pampa. Los trabajadores de la industria química no están en mejores condiciones, tampoco la lechera con disminuciones salariales y peligros de despidos o los siempre precarizados obreros de la construcción.

Las cúpulas sindicales de los gremios más numerosos de la CGT evalúan los alcances del paro del 6 de abril más para asegurarse el control de determinadas cajas o internas políticas que para beneficiar a sus representados de los que cada vez se alejan. En este sentido negociarán la elevación de algunos puntos los techos paritarios del 18% establecido pero sin cuestionar las medidas de fondo que flexibilizan el empleo. Por abajo, en tanto, las broncas crecen y la masividad y contundencia del paro general del 6 de abril no debe leerse solo en clave de la falta de trasporte para trasladarse sino también en que de los salarios cada vez alcanzan para menos porque siguen subiendo los precios de los productos y servicios. Según cifras del Indec, la última medición realizada con valores de febrero, indica que una familia tipo (dos adultos y dos menores), necesitó $13.673,50 para no ser considerada pobre y $5.626,95 para no ser indigente; hoy, 12 millones y medio de personas son pobres en el país.

Las legislativas del 2017 y ganar votos con la mano dura

Las políticas y el discurso hegemónico de los medios que apoyan este proyecto político, se desarrollan en el marco de las elecciones legislativas que el gobierno está dispuesto a ganar como sea. Las pujas de poder entran en un nuevo momento que no están ajenas al armado de listas oficialistas y opositoras. El PJ se reacomoda y dentro de él, el kirchnerismo que sigue intentando acercar posiciones con sindicatos de la CGT porque ya hizo la lectura que parte de su derrota se debió al alejamiento de la presencia en sus listas de los poderosos gremialistas enrolados en la dirección de la central obrera. El tablero electoral está en marcha y se tejen y destejen alianzas momentáneas atadas a acuerdos que todavía no están claros hasta donde van a llegar.

El gobierno de Cambiemos, con pirotecnia verbal en la voz de Macri, quiere convencer de las maravillas de los sacrificios e implementa las políticas represivas necesarias para poder garantizar ese proyecto de país en detrimento de mayorías que seguramente, sospecha, están mucho más organizadas que durante la profundización de políticas neoliberales de los ´90.

Así, el discurso represivo entra en vigencia con más fuerza y el marketing de la “mano dura” se lleva a la práctica con más compra de equipamiento para las fuerzas de seguridad. Como señala Federico Trofelli en Tiempo Argentino: “La ciudad de Buenos Aires prevé utilizar casi 127 millones y medio de pesos de los vecinos para equipar a la flamante policía local y convertirla en una poderosa legión de 1600 uniformados alistados para combatir manifestantes”. Medidas semejantes se llevan adelante en la provincia de Buenos Aires, en las policías locales de cada municipio provincial que suman más efectivos, junto con la Policía Federal y la Bonaerense. Un incremento de presencia represiva con Gendarmes y Prefectos en cada rincón del territorio y registro de situaciones de grupos anónimos irrumpiendo en reuniones o locales sindicales, confecciones de “listas negras”, multas, denuncias penales, amenazas de quita de personerías gremiales y detenciones de activistas sociales, acciones todas que desconocen derechos constitucionales.

Las acciones represivas, su festejo y justificación de Cambiemos, van en escalada: la represión por fuerzas de civil en la movilización del día de las mujeres el 8 de marzo cuando ya se habían concluido las manifestaciones, el ingreso policial al comedor los “Cartoneritos” en Lanús, los gases en Panamericana y el Puente Pueyrredón el día del paro general, el exagerado operativo para el desalojo de los trabajadores de AGR-Clarín (cerca de 45 camiones con infantes armados, motos y patrulleros), la represión al barrio Quom en Rosario y similares operativos en el sur, Norte y Oeste del país, instalaron un clima de represión como una necesidad casi irreductible. La semana terminó con el ingreso de la policía de Jujuy a la Universidad llevando detenido al consejero y presidente del Centro de Estudiantes Ciencias Agrarias, Joaquín Quispe, sin orden legal alguna y violando la autonomía universitaria, que se suma en esa provincia a la detención de Milagro Sala y demás dirigentes de la Tupac Amaru.

Dos días antes de la represión a los docentes el domingo 9 de abril, cuando intentaban instalar la escuela itinerante en la Plaza Congreso como medida de reclamo de la legislada e incumplida paritaria nacional, las autoridades gubernamentales presentaban en el congreso una ley para modificar el Código Penal que tiende a eliminar cualquier tipo de protesta y disidencia con las políticas estatales. Ileana Arduino, abogada y miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) señala la anticonstitucionalidad de los alcances de esa ley: “Convierte el derecho constitucional de peticionar a las autoridades en un delito porque propone castigar como amenaza la participación misma en una manifestación”, las penas oscilan entre los 2 y 6 años los cortes de rutas o hasta 10 si la protesta se da en el marco de una petición para conceder una concesión de algún poder público. Se legaliza así la criminalización de la protesta pero además es tan ambiguo en sus detalles que la fuerza represiva a cargo es quien termina definiendo agravantes, delitos y detalles de los motivos de detención. Un verdadero avance sobre derechos constitucionales elementales desafía a las organizaciones populares a construir amplias articulaciones para impedirlo.

Abril, un mes cargado de historias y desafíos

En abril 2015 dejaba este espacio terrestre el escritor Eduardo Galeano. En su libro Los hijos de los días decía del 12 de abril: Un día como hoy del año 33, día más, día menos, Jesús de Nazaret murió en la cruz. Sus jueces lo condenaron por incitación a la idolatría, blasfemias y superstición abominable. Unos siglos después, los indios de las Américas y los herejes de Europa fueron condenados por esos mismos crímenes, exactamente los mismos, y en nombre de Jesús de Nazaret se les aplicó castigo de azote, horca o fuego.

En 1995 y 1997 un 12 de abril las fuerzas represivas mataban en Tierra del Fuego y en las puebladas de Cutral-có y Plaza Hunicul respectivamente a Víctor Choque y Teresa Rodríguez, 2 trabajadores víctimas de las políticas neoliberales del menemismo. En este mes de 2017 todavía los y las docentes siguen sin una paritaria, los estatales de ATE movilizados y de paro y millones de trabajadores y trabajadoras precarizados sin aumentos y buscando caminos que unifiquen luchas, reclamos y defensas de derechos con la certeza que ni uno solo de ellos se logró sin reclamos, huelgas y movilizaciones. El 19 de abril en el Hotel recuperado Bauen gestionado por sus trabajadores y trabajadoras, realiza un festival y vigilia en Callao porque el sistema judicial que, más que nunca mira para el lado de los ricos, intenta desalojarlos. Rodeándolos de solidaridad, dirigentes de partidos políticos, organizaciones sociales, delegados gremiales, organizaciones y personalidades de los derechos humanos y la cultura, aunarán una vez más sus voces para impedir el Desalojo.

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Marzo de 2017 pasará a la historia como un momento de multitudinarias demostraciones de fuerza con capacidad de marcar agenda y poner un límite al programa del gobierno para disputar sentido en amplios sectores de la sociedad cada vez menos al margen del debate público.

Los conflictos y luchas fueron los frenos parciales a medidas –o sus intentos– antipopulares del gobierno macrista. A los paros de estatales, nacionales como provinciales durante el primer año de gestión de este gobierno, se fueron sumando tomas de fábricas en defensa de las fuentes de trabajo, asambleas reclamando paritarias sin techo, primer paro nacional de mujeres en octubre de 2016, movilizaciones del sector de la economía popular por una ley de Emergencia Social o de pueblos en defensa de la tierra, el agua y el aire frente al avance de mega proyectos mineros, petroleros y de saqueo de los bienes de la naturaleza.

Sin dudas se fue gestando un nivel de organización, debate y decisión de lucha que fue construyendo el dinamismo social de las movilizaciones que marcan este marzo. Pero, lo más destacado de este mes es que la fragmentación de las luchas va centralizando los reclamos en masivas tomas callejeras. Estas siempre superaron las 300 mil personas en cada convocatoria –sólo en la ciudad de Buenos Aires, replicándose en la provincia de Buenos Aires y en las ciudades más importantes del país–.

Se gestaron movilizaciones que lograron aglutinar, además de los sectores organizados, a toda una franja de la sociedad, indignados con el desempeño del gobierno, en ejes y reclamos comunes. Estos van desde el rechazo a los tarifazos, la inflación y la baja del poder adquisitivo del salario, hasta la defensa de los puestos de trabajo, de derechos de las mujeres conquistados y el reclamo de paritarias. Por historia, por acumulado de años y básicamente por su presencia constante en las calles desde hace décadas el protagonismo colectivo avanza aún con contradicciones y diferencias en su interior.

Ante esta situación de conflictividad social abierta y en aumento, desde el gobierno apelan a recursos diversos. Funcionarios de primera línea utilizan una mentirosa figura de “diálogo” que hasta ahora solo va para un lado y es la defensa de los intereses de las empresas más concentradas y transnacionales. La lucha docente por una paritaria nacional sin techo develó en toda la extensión del territorio el monólogo de un proyecto de país que intenta eliminar conquistas históricas. A tal punto que la gobernadora Vidal y sus ministros en la provincia de Buenos Aires, Acuña y Rodríguez Larreta en la ciudad y Bullrich desde el ministerio nacional de educación insisten con avanzar sobre las personerías gremiales y en consecuencia sobre derechos normados en el estatuto docente o la paritaria nacional. Dialogo extraño el que no escucha a millones de personas en todo el país que no aceptan las políticas de premios al “carnereo” de las huelgas o incentivos que solo intentan quebrar las luchas.

Con la pluma y la espada también

Para la defensa de las políticas conservadoras, los medios hegemónicos junto con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y funcionarios de Cambiemos manifiestan nuevamente la necesidad de implementar el protocolo antipiquetes.

Desde cómodos sillones con ingresos mensuales que multiplican por 20 veces o más a los de un salario mínimo vital y móvil, ministros, secretarios y funcionarios cuestionan la veracidad de los reclamos y los métodos elegidos. Mientras se miente sobre la inexistencia de presupuesto para aumentar salarios a docentes y estatales, se suben los montos de ingresos de las fuerzas de seguridad y se invierte y perfecciona el aparato represivo. El lanzamiento de gas pimienta el 15 de marzo a una de las cabeceras de la columna de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que subían al Puente Pueyrredón, la presión de fuerzas policiales en esa misma arteria que comunica el conurbano sur bonaerense con la ciudad de buenos Aires, el 22 de marzo en la Marcha Federal Educativa, marcan las posibles formas de incursión en marcha. Cabe mencionar que, por su parte, la gobernadora Vidal y su ministro de Seguridad no cejaron jamás de incrementar la militarización de edificios públicos ante las presencias organizadas de reclamos de diversa índole de trabajadores y trabajadoras en la ciudad de La Plata. En el mismo recorrido de decretos se abrieron causas a referentes y dirigentes sindicales en diversos puntos del país.

En un año que se manifiesta complejo dada la inminencia de las elecciones de medio término, las obras públicas –en lugares preferentemente céntricos y de mucha movilidad en el conurbano bonaerense y la CABA– se presentan esta vez con el incremento de presencia de policías locales o de la Federal. Obras públicas que provienen de fondos que endeudan municipios –como aconteció en la Ciudad de Buenos Aires–, la gobernación o la Nación. En este contexto el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, alcanzó un acuerdo con 21 provincias para avanzar en un plan que “apunta al equilibrio fiscal y la reducción de la carga impositiva previendo para avanzar en esta meta, recortes del gasto público y control del empleo estatal”. Es decir, una vez más, irán en detrimento de presupuesto para salud, educación y calidad de vida de las mayorías.

Decretos contra migrantes, o por la baja de imputabilidad a los niños y niñas o el amedrentamiento a jóvenes en las barriadas populares, así como el intento de culpabilizar a las mujeres que llegan a centros de salud con abortos en curso o denuncian la potencialidad femicida de varones de su entorno, no hacen más que mostrar que las recetas de las clases dominantes se repiten, perfeccionadas y adaptadas, desde la constitución mismo del Estado nacional. Las y los de abajo, trabajadores, desocupados y desocupadas, niños y niñas, mujeres y jóvenes son el blanco predilecto para instalar un discurso que habilite la acción estatal por decretos o por la fuerza.

Se aplican medidas disciplinadoras que en todos los casos niegan derechos. Policías de civil intentando infiltrarse en asambleas de trabajadores, uniformados yendo a escuelas bonaerenses para obtener nombres y apellidos de docentes huelguistas, seguimientos callejeros, llamadas telefónicas o mails amenazantes se intentan instalar desde un lugar oscuro del poder gobernante que nos retrotraen a épocas nefastas de nuestra historia.

En un año electoral el gobierno intentará generar consenso y estaría dispuesta a realizar una actividad callejera impulsada desde redes sociales para los primeros días de abril, que revisando la historia reciente se asemeja a aquella “Plaza del Sí” del inefable Neustadt en apoyo al gobierno privatizador de Carlos Menem. El discurso gobernante insiste con el lema de un “clima destituyente”, le conviene polarizar con el kirchnerismo o variantes del PJ, mientras que las luchas y debates en el seno de los y las trabajadoras y el pueblo siguen su curso.

Se construye participación, resistencia y un proyecto de país

Sin embargo, no le está siendo fácil la tarea y los resultados parciales no son muy alentadores para la Alianza Cambiemos. Podemos interpretar que quizás en las altas esferas del gobierno exista cierta preocupación, ya que luego de un año de asumir el gobierno, la lluvia de inversiones no llegan, la economía no repunta, no hay recuperación del poder adquisitivo y se está a pocos meses de las elecciones legislativas. Ante este panorama decidieron reformular algunos aumentos en tarifas que están en agenda y hacerlo de manera gradual.

Muchos años de movilización y organización variopinta acumula nuestro pueblo. Es tanto, tan variado y diverso que todas las masivas movilizaciones de este mes se fueron construyendo con diferentes tácticas e ideas en tensión. Las calles y veredas tomadas por cientos de miles que llegaron a cada una de esas fechas con producciones artísticas, pancartas, cantos y músicas tienen mucho que decir. Lo más destacable es sin dudas que gran parte de los y las concurrentes se juntó con otros y otras para crear una consigna, una canción, un ruido, una producción artística que esté allí. Existe cierta unidad de acción por arriba, de diferentes estructuras pero también emergen asambleas por abajo, debates con resoluciones en mayoría y minoría, contradicciones entre cúpulas de conducciones en muchos casos retrógradas y verticales o que deciden sin consultar a las bases. Todo confluye con conflictos internos multiplicando voces, presencias y participación.

Abril ofrecerá una continuidad de luchas que comenzaran con el paro general que seguramente no será tan “dominguero” como pretenden ciertos dirigentes de la CGT, el día 6. Antes cerrando este movido marzo 17, el día 30 la movilización de algunas centrales, sindicatos y movimientos sociales que otra vez llenará las ciudades. El conflicto docente no tiene respuesta pero sí más medidas de lucha que ya se están convocando en diferentes distritos. Un conflicto que es testigo y multiplicador de demandas generales de los sectores populares representado en la consigna “si ganan los docentes ganamos todos”. A partir de la pelea salarial y la paritaria nacional, no solo se está disputando por romper techos de ingresos y subas de salarios mínimos iguales a la canasta básica, sino también la resistencia al plan del gobierno hacia las y los trabajadores en su conjunto. El proyecto de país que se quiere construir desde el pueblo también está en disputa y ese es el que los sectores más consecuentes de las luchas instalan como debate necesario para que las muestras de fuerzas se conviertan en proclamas de construcción común del pueblo.

El 24 de marzo otra vez se gritó bien fuerte que son 30 mil y que la dictadura cívico-militar y eclesial entre 1976 y 1983 planificó y ejecutó un genocidio. Porque como escribió Rodolfo Walsh un día antes de su desaparición el 25 de marzo de 1977, “en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Las calles se llenaron con la presencia de los 30 mil y la continuidad de los ideales por los que lucharon. Porque la política negacionista del genocidio y el terrorismo de Estado con la que provoca este gobierno también se la disputó masivamente en las calles.

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Hoy es el comienzo de una serie de movilizaciones, que se esperan masivas, para enfrentar los sucesivos avances del gobierno nacional contra el pueblo trabajador. Recorremos los diferentes escenarios y dejamos una inquietud abierta: ¿Será el principio de un límite en la avanzada macrista?

El 2017 empezó con dificultades para Cambiemos. Los datos económicos, sociales y la seguidilla de escándalos y negociados que involucran a Macri ponen en descubierto los malabares del Presidente para no perder su credibilidad e imagen.

El Monitor Sociolaboral de Opinión Pública, realizado por el CETyD e Ibarómetro, registró “un importante incremento” en los niveles de incertidumbre laboral entre los trabajadores y las trabajadoras en relación al de fines de 2016. Según los últimos datos del Indec, el año pasado la economía cayó 2,3 por ciento.

Los escándalos de corrupción como los Panamá Papers, el vínculo de Odebrecht con Calcaterra y Arribas, la venta de Avianca y la batahola que produjo al intento de condonar la deuda de Correo Argentino, entre otros, plantean un panorama complejo y de difícil recuperación para el Gobierno en las elecciones de octubre.

La conflictividad también se acentuó: protestas de las y los docentes, de los despedidos de Atanor, de los movimientos sociales, de los científicos y los movimientos de migrantes. En el conurbano bonaerense, tras los sucesivos vetos de María Eugenia Vidal a las expropiaciones sancionadas en la Legislatura, también se multiplicaron las protestas de trabajadores por el cierre de fábricas recuperadas.

Frente a este escenario, Macri profundiza su antagonismo con el kirchnerismo. Tal como planteó en una nota reciente Alejandro Bercovich: “El cuco puede funcionar con el tan mentado ‘círculo rojo’ o con el núcleo duro de votantes del PRO, cuya confianza en Macri quedó herida por el escándalo que generó la condonación de deuda del Correo Argentino al holding de su familia. De ahí los anuncios de decretos contra los conflictos de intereses, antes de que Avianca y los peajes de la Panamericana viren también en escándalo. Pero difícilmente alcance para retener al resto de sus adherentes”. Efectivamente, la política de Cambiemos va encontrando sus límites ante el ascendente malestar y descontento social, que se expresa en las y los trabajadores, producto del deterioro de las condiciones de vida, el aumento en las tarifas de agua, electricidad, la modificación en las jubilaciones son todas medidas que reviven la mirada de que Macri y su equipo de CEOs, gobiernan para los ricos.

Docentes: entre las amenazas y los voluntariados

El conflicto del gobierno con los maestros y maestras de todo el país llegó a un punto de tensión que hasta el Presidente se refirió a Roberto Baradel, el Secretario General de SUTEBA. En la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, con un imponente despliegue de seguridad y vallas para evitar movilizaciones, Macri reiteró su discurso de la pesada herencia y polarizó con el kirchnerismo pero agregó que “Baradel no necesita que lo cuiden”, en lo que fue considerado una amenaza velada al referente gremial que ya ha recibido amenazas contra su familia en reiteradas ocasiones.

Tras la propuesta del 18% de techo salarial (sólo un 10% de abril a octubre) y de la negativa a la paritaria nacional, la CTERA anunció para hoy y mañana paro docente y su adhesión al Paro Internacional de Mujeres el 8. De esta forma, las y los docentes instalaron en la agenda pública el debate de las paritarias.

Vidal también profundizó el conflicto. Si bien anunció que “merecen ganar mejor”, ratificó que descontarán los días de paro a las maestras y los maestros que adhieran a la medida de fuerza, y fue una de las impulsoras de la implementación de “voluntarios” La campaña #VoluntarioDocenteNoAlParo, puesta en marcha por el “call center PRO”, buscó “reemplazos” para las y los docentes que paren, apelando al desprestigio, la descalificación y desmoralización en plena negociación salarial, profundizó la adhesión de docentes, la comunidad educativa y todo un sector de la población que como en las épocas más duras de neoliberalismo, supo ponerse las causas de la educación pública al hombro.

Marzo en las calles

Los movimientos populares van poniendo sus esfuerzos en intentar favorecer la mayor unidad de acción posible en las calles, sin ocultar matices y diferencias con las diversas convocatorias y acciones.

El eje está puesto en los reclamos comunes, que los aglutinan y permiten acciones multitudinarias para intentar marcar un límite a la ofensiva del capital, que se expresa con toda crudeza y, al mismo tiempo, ir generando una referencia alternativa para miles de trabajadores y trabajadoras que viven con temor a perder el trabajo, a no encontrarlo los que están sin empleo o simplemente, a que se empeore su precarización.

La agenda para marzo condensa un conjunto de acciones que se preveen de gran masividad y con el protagonismo de distintos sectores que vienen siendo afectados por la ofensiva del Gobierno. Hoy y mañana habrá paro de docentes y estatales con una alta adhesión en todo el país.

Mañana la movilización convocada por la CGT, que contará además con la participación de la CTA de los trabajadores y la CTA Autónoma, distintos sectores políticos, sociales y gremiales, tendrá su punto central en el Ministerio de Producción. Esto se debe a que la rama más afectada es la que se relaciona con la apertura de las importaciones: calzado, textil, indumentaria y los trabajadores de estos sectores han sido los más castigados.

Quizás la medida más anunciada y multitudinaria de todas sea la que convoca el movimiento de mujeres para el 8 de marzo: el paro internacional de mujeres, las calles tomadas por un movimiento que viene creciendo, contra la inacción del Estado por combatir la violencia machista, pero que también viene fortaleciéndose a nivel mundial y en potencialidad, creatividad, con gran capacidad de interpelar e involucrar a grandes y diversos sectores sociales y una significativa adhesión de los países de América Latina.

Por otro lado, el lunes 13 será el turno de diversos movimientos sociales que vienen reclamando la implementación de la Ley de Emergencia Social, compromiso que el Gobierno iba a poner en marcha a mediados de enero y que, hasta ahora, brilla por su mero enunciado y su ausencia.

Este mes también, ante un nuevo aniversario del último golpe de estado en la Argentina, se realizará el 24 de Marzo la histórica Marcha por Memoria, Verdad y Justicia. Se espera que la convocatoria sea mayor que años anteriores, ya que viene atravesado por las declaraciones de diversos funcionarios del macrismo que, cuestionando la memoria histórica, desempolvaron de la derecha más rancia de la Argentina: la teoría de los dos demonios. En ese sentido, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, saldrá fuertemente posicionado: Fueron 30.000 y fue un genocidio.

Para fines de marzo hubo algunos pronunciamientos desde la cúpula cegetista que reiteraron que “si no hay modificaciones del rumbo económico” se podría “convocar a un paro de 24 horas” ¿Se concretará el paro tantas veces anunciado o será solo una nueva disputa discursiva, entre funcionarios del gobierno y dirigentes de la Central?

El escenario económico y social amerita un primer paro nacional. El intento del gobierno de sosegar las protestas sociales en las calles viene fracasando a la par que crece el descontento social. De cara a este mes tan con tantos reclamos y tan conflictivo para el Gobierno nacional, habrá que ver si las movilizaciones y los reclamos masivos permiten ir generando mejores condiciones para enfrentar la avanzada macrista.

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A siete años de que iniciara la gran toma donde fue construido por vecinos y vecinas el barrio 17 de Noviembre, en los márgenes de Lomas de Zamora, realizamos un recorrido por el lugar con sus protagonistas y analizamos cómo y por qué suceden las ocupaciones de terrenos ociosos en el Conurbano Bonaerense.

Barrio 17 de Noviembre, alias “Tongui”

Caía la madrugada del 17 de noviembre de 2008 mientras cientos de familias se alistaban para realizar la toma del terreno baldío al que semanas más tarde bautizarían igual que aquel memorable día. Hoy, luego de siete años, el imaginario popular lo conoce simplemente como “el Campo Tongui”. Se trata de 116 hectáreas de campo ubicadas en el sur de la Provincia de Buenos Aires, a pocas cuadras del Puente La Noria, corazón de Lomas de Zamora.

Lejos de los relatos que intentan imponer los medios hegemónicos donde no escasean las bandas mafiosas y los punteros con pistola a la cintura sacados de alguna ficción de Pol-Ka, la ocupación en el Campo Tongui fue organizada por familias provenientes de barrios aledaños y se planteó desde el principio en espacios designados en parcelas o lotes. Allí, vecinos y vecinas abordaron inmediatamente la construcción con lo que tenían a mano, y montaron primero carpas, a las que reemplazaron luego por casillas de madera y chapa hasta alcanzar algunas edificaciones de ladrillos tiempo más tarde.

En diálogo con este portal, Roxana y Tito, dos vecinos que estuvieron en aquel inicio de la toma, cuentan que “ese día llovía. Vinimos con los chicos y empezamos a clavar palos en el barro y a unir los hilos que marcaban el lote. Fue complicado: había que estar, pasar frío, aguantar el calor, los mosquitos, la lluvia”. Roxana hace una pausa y sonríe… como si entre aquellos recuerdos hubiera encontrado el momento exacto en el cual empezó, para ella y su familia, una nueva etapa. “Primero teníamos una carpita donde dormíamos cuatro. No entraba nada. Después fuimos levantando una casa de chapa, y de apoco pudimos hacerla de material”, agrega Tito.

“Al principio se organizó todo con delegados por manzana, que medían los terrenos que se iban repartiendo por familias en reuniones y asambleas –rememora Roxana–. A los pocos días hubo un intento de desalojo, vinieron con todo. Tiraron lo poco que teníamos armado, desparramaron el fuego que teníamos para cocinar. Una vez que se fue la gendarmería, volvimos a nuestro lugar. De ahí en más resistimos y luchamos todos los días. Por el agua, por la luz, por mejorar la casa, la calle, la cuadra”, cuentan también.

La construcción del barrio 17 de Noviembre forma parte de una extensa lista de experiencias similares en espacios antes ociosos que, debido a la especulación, el negocio y las ganancias de funcionarios y empresarios del sector inmobiliario –quienes siempre ponderan sus intereses por sobre los derechos más elementales del pueblo trabajador– quedan sistemáticamente ignoradas por las leyes que son reducidas a letras muertas, siendo la movilización popular lo único capaz de revivirlas y accionarlas a favor de las y los más necesitados.

Barro, tal vez

En nuestros días, gran parte del territorio urbano difiere de manera significativa de aquella ilusión del pasado que presagiaba las ciudades del futuro como centros de confort y bienestar sobre la base de tecnología de punta y materiales sofisticados. Las ciudades de nuestro presente son construidas, en los mejores casos, con materiales que contienen agentes cancerígenos como el as­besto, cuando no es con madera, chapas, plásticos y otros materiales “reciclados”. La ciudad de la miseria no es más que la otra cara de la miseria de la ciudad como proyecto de control y organización de la sociedad.

La crisis habitacional mundial, que pocos se animan a llamar direc­tamente “capitalismo”, envía a una parte cada vez mayor de la población no sólo hacia soluciones extremas, sino tam­bién a acciones que se sitúan siempre lejos de toda legalidad; hecho que rápidamente es reprimido por todos los Estados en nombre de la paz social. Y es que la propiedad, de la mano del nefasto negocio inmobiliario, continúa existiendo a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea, precisamente, privada de toda propiedad.

Se vuelve necesario entender entonces que la existencia de miles de familias sin un techo propio bajo el cual vivir, así como la de las y los desempleados, o la pobreza económica en general no son errores del capitalismo, sino que estos factores son propiedades elementales de su funcionamiento: lo que explica la infinidad de propiedades y terrenos ociosos por un lado, al mismo tiempo que se les niega la vivienda a quienes no pueden pagarla, por el otro.

En definitiva, independientemente de dimes y diretes en torno a los manejos punteriles que producen y reproducen los medios para señalar y estigmatizar a las clases populares, la toma como la del Campo Tongui o como la reciente en Merlo Gómez emergen como respuesta directa a la negación del derecho social a una vivienda digna. A la urgencia de un espacio para habitar y llenar, ya no de simples cosas o de cuerpos cansados de entregar plusvalor, sino de gestos colectivos, recorridos, fuerzas y sentidos que logren no sólo satisfacer una necesidad básica, sino también resistir al avance del urbanismo, entendido como aquel vasto territorio que ha subsumido el Capital.

Organizar el barrio para la vida digna

Los asentamientos como el Tongui –una vez avanzados los cimientos que reducen la posibilidad del desalojo– se convierten rápidamente en refugio para las personas que arriban de los países del cono sur ante su dificultad para acceder a territorios regularizados. Así, guardan en su composición social la expresión de un puñado de vecinos y vecinas que cargan con el desarraigo y la migración, pero que también traen consigo un interesante cúmulo de experiencias organizativas y de resistencia que se vuelven imprescindibles a la hora de forjar y nutrir las relaciones sociales que se van entretejiendo en el barrio donde las familias comienzan a proyectar sus vidas.

En esta línea, Marcelino, vecino proveniente de Perú, que por las mañanas trabaja en la construcción y por las tardes atiende el almacén familiar, comenta que “muchos de los problemas que hay en barrios como este, en las tomas, como dicen, son problemas morales o psicológicos porque la gente llega desesperada, con necesidades, con hambre, sin trabajo. Tenemos que ayudarnos a superar eso para vivir bien”. Marcelino pide un momento y atiende la cola de vecinos que se va formando frente a la ventana del almacén. Cuando termina, explica: “Otro problema es que no hay predisposición de las autoridades para regular la situación. Nosotros queremos que las cosas se regularicen, queremos pagar el gas, la luz, todos los servicios… si no, ¿a quién le reclamás cuando se corta? Todo lo tenemos que resolver nosotros, si no terminamos pagando a alguien de afuera por la desesperación”.

Cuando se les consulta a los vecinos y vecinas del Campo Tongui cuáles creen que son las obras que más necesita el barrio, ninguno cae en la contradicción habitual entre deseo y necesidad. Saben que lo urgente son las obras hídricas y de infraestructura, pero también creen fundamental para el desarrollo de la vida digna construir allí espacios comunitarios y de encuentro entre hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños y ancianos; espacios que den respuesta mediante la acción directa al derecho negado a la cultura, a la educación y a la salud. Desde el primer día, fueron sintiendo que estas conquistas sólo se tornan posibles mediante la organización, la solidaridad y la perseverancia de la comunidad.

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