Por Noor Jiménez Abraham* / Foto: Educ.ar

A la pregunta repetida: ¿cuándo se reinician las clases?, la reiterada respuesta del ministro de educación, Nicolás Trotta, sobre que, de manera virtual, las aulas siguen funcionando. En tiempos de Covid19 se escucha sobre la preocupación de familias por las demandas del homeschooling o educación en el hogar, que en este caso no fue una decisión ligada a la voluntad sino al imperativo de la pandemia.

De esta situación se derivan otras, como la falta de conectividad y la sobrecarga, especialmente de mujeres, en tiempos en los que ellas tienen más trabajo en sus casas –todavía son quienes unilateralmente cubren las exigencias de la familia las 24 horas del día

Según datos del Censo Nacional de Personal Docente de 2014, tres de cada cuatro docentes son mujeres y el 35,5% ejerce en la provincia de Buenos Aires con un porcentaje de alumnos y alumnas del 36,5% (Sice –Secretaría de Innovación y Calidad Educativa-, mayo de 2017).

La educación suele ser de esos temas en los que la gente juzga solo desde un lugar que se podría denominar de “sentido común”. Es decir, haber pasado por un aula en algún momento de la vida o tener familiares en el sistema escolar. Estas dos situaciones parecieran dar pasaporte para opinar, criticar y hasta sentenciar lo que es o no correcto.

Las personas que se encuentran en el primer grupo, haber pasado por un aula en algún momento de sus vidas, parecen desconocer un dato relevante: la escuela actual está muy distante de la de años previos, y no tan lejanos. Si bien no se dieron transformaciones coyunturales, lo que sí cambió es la sociedad, eso que se denomina comunidad educativa, y que incluye a docentes, alumnos y alumnas, personal administrativo, auxiliares, jerarquías y familias.

A quienes están en el segundo grupo, el de tener algún familiar cercano en etapa escolar, la ansiedad actual de las personas adultas está generando en niñas, niños y adolescentes una gran angustia, pues deben vivir el momento con la observación cercana, mucho mayor que antes del tiempo de aislamiento social, en el que, además, tienen que compartir con sus familias todas las jornadas, a veces sin lugar para espacios personales.

Silvia, profesora de escuela de gestión privada de la provincia de Buenos Aires manifiesta que “si bien la institución nos dio absoluta libertad, nos brindó pocas herramientas y la mayoría de niños y niñas tienen escasos conocimientos tecnológicos”. A ese malestar le suma el hecho de recibir respuestas de las familias de los y las estudiantes, que intervienen con sus opiniones sobre las tareas “de mala manera”; tales casos fueron elevados a su directivo quien le manifestó que “hagamos oídos sordos a lo que madres y padres critican”.

Si bien el ministro de educación mencionó en distintas entrevistas en los medios masivos la buena voluntad y el profesionalismo docente, se escucharon críticas desde otros sectores no expertos en el tema, sobre si la cantidad de tarea es mucha, poca, difícil, sencilla y otras valoraciones.

Al ser consultada por Marcha, Laura, docente de primaria en el Mariano Acosta, en su rol de mamá cuenta que su hija adolescente, que concurre a otra escuela, “a veces está colapsada y me pide que la ayude”, a lo que agrega: “En mi escuela hay gente que la pasa muy mal, les cuesta distribuirse los horarios para usar la única computadora que tienen en la casa, yo mando al colegio por correo las actividades, se imprimen y quienes las necesitan las pueden pasar a buscar”. Con respecto a su doble trabajo, manifiesta: “Hay que contener muchos frentes a la vez”.

De acuerdo con lo publicado por la consultora Grow (Género y Trabajo): “Incluso sin una crisis, las responsabilidades de cuidado generalmente recaen en las mujeres. Mientras que el 83% de las mujeres con hijos/as realiza tareas de cuidado, el 13% los varones realizan estas tareas” (ENES, 2015)(7).

Entre los interrogantes al ministro Trotta, está el reiterado pedido de fecha de vuelta a las aulas presenciales, a lo que él repite que se desconoce porque está ligada al desarrollo de la enfermedad ya que niñas, niños y adolescentes, aunque no son quienes mayormente la padecen, sí son las personas con grandes posibilidades de transmitirla a otras en riesgo.

Surgieron dudas además con respecto a los recreos: “¿los van a sacar para recuperar el tiempo en que no hubo clases”?, interrogan al ministro. A lo que el funcionario responde que “el año no se perdió porque tanto docentes como alumnas y alumnos están trabajando desde el día 1”.

De ser implementada semejante política sería pensada solo desde la mirada de la eficiencia (en duda) y no en los seres humanos que se pretende proteger y de quienes, paradójicamente, también se menciona su agotamiento.

Stella, profesora de escuela pública de nivel secundario, se refiere a la gestión de la angustia que genera la situación: Los docentes no estamos capacitados para resolver lo emocional, no solo porque nos faltan herramientas sino porque no percibo que el personal jerárquico esté haciendo un buen trabajo alrededor de esto, siento que la mayor demanda es la contención de las emociones”.

El home office al que se hace referencia actualmente no aplicaría en el caso de la docencia, ya que trabajadores y trabajadoras deben utilizar sus propios recursos (tablets, pc, notebooks, teléfonos) y la conectividad, vía wifi,o por datos del celular, es un cargo que abonan en forma personal.

Silvia afirma: “En mi caso yo prefiero que mis estudiantes no tengan mi número de teléfono, como preservación; el caudal de trabajo aumentó muchísimo, estoy con la vista cansada, y veo peor que antes de que todo esto empezara”.

Grupos de WhatsApp armados en forma compulsiva, mensajes de audio larguísimos, que llegan a toda hora, y que pueden ser no solo de estudiantes sino también del personal directivo o de otras personas de la comunidad educativa –preceptores y preceptoras, equipos de orientación o personal administrativo-, con marchas y contramarchas en los pedidos y consignas; sin fines de semana ni feriados, frente a una población trabajadora que es mayoritariamente femenina y que, a su vez, siente la recarga de las tareas de cuidado.

Lara, alumna de cuarto año de escuela secundaria de gestión privada de la CABA, dice que en su escuela se creó una plataforma, y que siente que es mucha la exigencia, con actividades que superan las habituales. Y agrega: “Hay días que me los tomo como respiro para descansar un poco. Algunos profesores explican temas, otros preguntan cómo viene la cuarentena. Yo no salgo ni a la puerta, me siento bastante estresada. Hay muchos compañeros a los que les cuesta ponerse al día, una profesora que nos dijo: en este momento, hagan lo que puedan”.

Otro tema son las vacaciones, le consultan al ministro si va a haber clases en enero. Él reitera que el presente ciclo escolar no fue un tiempo perdido. Y más allá de sus palabras, cabría imaginarse el contexto de las aulas en verano, en un sistema en el que ni ventilador hay en algunas escuelas y en el que otras carecen de agua.

María Laura, profesora de escuela pública en la provincia de Buenos Aires, declara: “Existen directivos cálidos que piden información en forma amorosa: mandálo como puedas, profe, si se te cortó la luz o estás sin wifi, no importa si está hecho a mano”. Según sus expresiones, otros arrasan a docentes que quedan en medio de reclamos de arriba, de abajo y del costado.

Si bien previo a la pandemia existían en otros niveles educativos cursos virtuales, siempre contemplaron poblaciones adultas y entre los requisitos primaba el de la conectividad. La continuidad pedagógica frente al COVID19 visibilizó la problemática por sectores sociales y edades.

En medio de la contingencia educativa, niños, niñas y adolescentes, sin embargo, aprendieron a desarrollar otras habilidades, capacidades que, más allá de las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación), son también importantes, como la compresión de textos, la interpretación de consignas o el aprendizaje sobre el modo de entregar un trabajo en forma legible.

Diego, profesor de escuela media con gestión estatal de la provincia de Buenos. Aires, afirma: “En medio de una pandemia que afecta a todo el planeta, las escuelas no son una isla, tenemos modificada nuestra actividad, ya no está la interacción cotidiana con compañeros, directivos y alumnos. Trabajar en nuestros hogares a priori parecía más cómodo, pero nos encontramos con problemas de conectividad de un lado y del otro, se ha modificado nuestra rutina, y eso nos provoca angustia. Las ganas de retomar nos generan impotencia y al mismo tiempo sabemos que es necesario el aislamiento, por lo que es una contradicción.

Docentes reclaman que se sienten expuestos, antes sus aulas eran de ellos y ellas con sus alumnos y alumnas, ahora el juego se abrió y participan personas que deberían ser ajenas a ese proceso porque la situación activa de aprendizaje les pertenece a los niños y a las niñas.

En el portal de educación de Fernando Carlos (docente y abogado), seguido por alrededor de 275000 personas, se expresaron profesores que no desean hacer sesiones de zoom u otras aplicaciones de sala de reunión, sienten que es una violación a su intimidad entrar la escuela a su casa, que de algún modo los y las incomoda, o temen hacer videos o audios que después puedan tener otro destino, viralizados en las redes, “mi límite son mis alumnos y las paredes del aula”, expresó una maestra.

Alejandro, maestro de grado en una escuela primaria de gestión pública en la CABA, cuenta que el modo de comunicación es a través de una página, “a veces la situación es tediosa, no estamos preparados para esto y tratamos de reinventarnos día a día”. Reconoce y agradece a editoriales que les envían material para el trabajo virtual. Y subraya: “Procuramos no solo dar tareas, sino estar presentes apoyando a las familias. A partir de esta semana –la número 7- empezamos a recibir capacitación del Gobierno de la Ciudad. Tratamos que los chicos y las chicas no se sientan en soledad, y acompañarlos desde nuestro lugar, que es la docencia”.

En la provincia de Buenos Aires existen casos de cursos con puestos docentes vacantes, dado que el aislamiento obligatorio se decretó a mediados de marzo y que la mayoría de los trámites se realizan en forma presencial, no se llegó a tiempo para cubrir varias de las suplencias, por lo que equipos directivos solicitaron a profesores y profesoras de otros cursos que se ocupen de esos grupos a modo de favor para que el alumnado no quedase sin clase: un trabajo “de onda”, por el que no reciben compensación económica.

Diego agrega que “en algunas escuelas el equipo directivo es realista, se puso a la cabeza de esta nueva metodología y decidió acompañar el proceso de todos los actores, y en otras, descargó todo el peso sobre los docentes. Creo que hay que actuar donde hay sobre exigencias”

“¿Qué voy a hacer si hay que volver a trabajar?” se lee en algunos comentarios en las redes sociales, especialmente de parte de madres que en general tienen la carga de gestionar el cuidado de menores y de personas adultas mayores, en un pedido de respuesta a las instituciones educativas sobre situaciones que exceden la función de las mismas.

Dentro de los países afectados por la pandemia no en todos los casos se generaron soluciones educativas para continuar el proceso de enseñanza, y entre los que lo hicieron, los métodos elegidos fueron diferentes. En Argentina el tema surgió desde el día 1, con una premura con la que el sistema no estaba preparado. La profesora Stella manifiesta: “No hubo una consulta, se trató de resolver todo rápido, entonces ahora veo que estamos disconformes, docentes y estudiantes, faltó preguntar sobre los sentimientos y las necesidades”.

Sillas ergonómicas, almohadilla para el mouse, asignaciones por el desgaste de los elementos propios que se utilizan, están entre los requerimientos contemplados para el tele trabajo (aún sin regular).

Stella subraya que “estábamos muy poco capacitados en aspectos tecnológicos, es urgente una capacitación en servicio, si nos exigen, es nuestro derecho que nos capaciten”. Con respecto a las emociones agrega: “Cuando fui a la escuela a repartir alimentos, un alumno me dijo: “Gracias, profe, por no mandar tareas largas”. Eso es reconfortante, nosotros necesitamos recibir la valoración, no solo de alumnos, también de directivos”.

En cuanto a los sindicatos, en la provincia de Buenos Aires, tanto la Feb (Federación de Educadores Bonaerenses) como el Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), decidieron reclamar ante la DGCyE (Dirección General de Cultura y Educación) “un protocolo para docentes que cumplen con la continuidad pedagógica, desde sus hogares, para establecer horarios concretos de trabajo. La hiperconectividad de los docentes a toda hora del día y la falta de horarios fijos, afecta la propia situación personal y familiar de los trabajadores y trabajadoras de la educación”, explicó la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini.

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Por Noor Jimenez Abraham*

Claudia Concha Ávila fue condenada a prisión perpetua por matar a su pareja, Ezequiel Gustavo Ponce, el 2 de diciembre pasado en un motel de Ushuaia por el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur.

Claudia –quien fue víctima del delito de trata de personas-, fue condenada por homicidio agravado por el vínculo y desde RATT Argentina (Red Alto al Tráfico y la Trata) se reclama que la justicia no consideró atenuantes para una mujer que había sido rescatada mediante un operativo federal, “pero que no lo fue de los terribles efectos sobre su psiquis y cuerpo”, según declaró la licenciada Viviana Caminos, presidenta de la ONG.

“Claudia tenía su “fiolo” que le sacaba la plata y ejercía violencia sobre ella. Lo denunció, pidió una perimetral, en una sociedad como la de Ushuaia más amiga de los puteros y proxenetas que de las víctimas, donde se investiga después que todo ocurrió. Fue así como ella volvió con su victimario”, expresó Caminos.

El sitio web de la provincia de Tierra del Fuego pública el rescate de víctimas de trata de personas por parte de Gendarmería Nacional y del equipo de la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Rappaport, allí se puede leer cómo el Secretario de Seguridad, Javier Espósito, manifiesta sus felicitaciones por el desarrollo de los operativos.

“Claudia fue rescatada en 2013 en el local nocturno Candilejas”, contó la presidenta de RATT Argentina en diálogo con Marcha, “luego de una noche violenta que Claudia describió como de alcohol y drogas, su ex pareja terminó muerto y ella con cadena perpetua, en un caso donde la justicia no consideró ni un solo atenuante”.

Ávila declaró ante los jueces que ella se dedicaba a la prostitución y que en ese contexto había conocido a Ponce con quien luego había iniciado una relación sentimental, en la que atravesó situaciones de violencia como cuando él la amenazó con un arma para volver a estar juntos. Ella tiene 44 años y según afirmó Caminos “pide que no la dejemos sola”.

“Porque la Justicia deja sueltos a los violadores pero es terrible con las mujeres que osan enfrentar al macho, veo las fotos actuales de Claudia y la noto demacrada, más triste. Ningún medio nacional contó su historia de desamparo y desamor”, manifestó Viviana Caminos quien la conoció personalmente hace dos años cuando Ávila se había comunicado con el equipo de RATT Argentina al pedir ayuda para ver a su hijo que estaba internado en Buenos Aires. Caminos agregó: “ella estaba desesperada porque no tenía dinero, con ataques de angustia por no conseguir trabajo, ella no quería volver a la prostitución”.

*Doctora en Ciencias de la Comunicación Social

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Si “no te representan” las que luchan por tus derechos, ¿quiénes te representan? La reflexión a días de una movilización histórica.

El miércoles 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, fecha que más allá de la difusión comercial para promover la compra de flores y bombones, tiene como principal foco concientizar sobre los derechos no adquiridos de los que la sociedad tiene deuda pendiente con las humanas.

Argentina y países del mundo ubicados en los cuatro puntos cardinales del planisferio (algunos como Panamá, Turquía, Brasil o Alemania; y 50 más) llevaron a cabo un Paro Internacional de Mujeres para visibilizar qué sucede un día en que ellas no aportan trabajo, creatividad, tareas de cuidado a la familia, labores de limpieza en las casas, y consignas referidas a las violencias de género como la explotación sexual, la inequidad en el pago de salarios, la feminización de la pobreza, la tiranía que la Iglesia y el Estado ejercen sobre los cuerpos al no dejarlas decidir, la criminalización de las migrantes y los derechos de personas homosexuales, transexuales y travestis.

Luego de meses de asambleas abiertas y democráticas en las que mujeres representantes de diferentes sectores y autoconvocadas dieron forma a la manifestación que se llevó a cabo en toda la Argentina, la jornada del #8M #ParoInternacionalDeMujeres – como se la reconoció en las redes sociales junto a la consigna #VivasNosQueremos- se desarrolló con un “ruidazo” que comenzó a las 12 del mediodía y el inicio del cese de actividades. En Buenos Aires, una movilización a las 17 se desplazó desde Congreso hasta Plaza de Mayo para culminar con la lectura de un documento único con los puntos explicativos de las violencias que atraviesan a las mujeres y personas travestis y transexuales a lo largo de sus vidas y que se pide sean consideradas por el Estado en su papel de garante de los derechos establecidos en leyes vigentes y de los que aún quedan por tratarse, como el aborto legal, seguro y gratuito, demanda que subraya que son las mujeres pobres las que mueren por falta de condiciones de salubridad, dado que quienes tienen mayor poder adquisitivo se hacen las prácticas bajo una atención más cuidada, si bien siempre en un marco de marginalidad.

Fueron más de 300 mil aquellas que con canciones, colores, banderas, pidieron al grito de #NiUnaMenos. También hubo varones acompañando. Después de terminado el acto, y cuando ya se habían retirado la mayoría de las participantes, algunas de ellas, en grupos que se reunieron en bares o continuaban manifestando o simplemente transitando la calle, fueron víctimas de una razzia policial, detenidas y requisadas por personal de fuerzas de seguridad, en ciertos casos, sin identificación, circunstancia similar a la del día anterior con lesbianas militantes mientras promocionaban las actividades.

Las respuestas

Asombra que en un país que ha sufrido la violencia y la persecución, haya personas que manifiesten que “no las representan” esas mujeres que varios medios se han encargado de mostrar como agresivas, mientras ocultaban a qué respondían ellas, o cómo se las sometía a agresiones, violando sus derechos.

¿Y quiénes son representativas, entonces? Porque es verdad que no hay una sola manera de hacer reclamos. En el caso del #8M, por ejemplo, algunas personas se expresaron en sus barrios, otras prefirieron la gran multitud, y también de varias diversas maneras, con performances, o cantos, o pintando sus cuerpos, portando banderas, y otras, se sintieron cómodas desde su rol de acompañar, aplaudir, sacar fotos, mirar. Todas son expresiones dignas. Porque hacer oír la voz en los derechos es en sí un acto digno. Las grandes conquistas han comenzado así. Lo que hoy se naturaliza por cotidiano (el voto femenino, calzarse pantalones, elegir entre muchas posibilidades de profesiones, y una más extensa lista) fueron en su momento puntos para la acusación de aquellas que se jugaron el buen nombre. La pasividad cuando se considera que algo no está bien, no termina como aliada de los logros.

Esas mujeres, lesbianas y bisexuales, travestis y personas trans que estaban allí militando el #8M, son las que salen cotidianamente a dar la mano a sus congéneres en peligro; quienes promueven las denuncias que las instituciones desoyen, y que se paran frente a los juzgados para exigir justicia, o se interponen a un policía para que no le peguen a otra. Ellas juegan su cuerpo, su voz, su energía. Alguien puede no identificarse para llevar a cabo estas acciones y también es válido, pero de allí a desacreditarlas, a considerarlas con desprecio, el camino es peligroso. Ellas se exponen por las que no conocen, simplemente, por la sororidad –alianza entre mujeres- que desde los grandes poderes se intenta destruir, porque en la división es sencillo dominar.

Quienes no quieran mostrar las tetas, que usen sus corpiños; las que deseen no abortar, continuarán con sus embarazos; las que no se sientan convocadas a elegir libremente, pueden seguir buscando hombres que lo hagan por ellas; el punto es que las violencias no paran allí, avanzan y se cuelan por cada costado: un padre que no pasa alimentos, un médico que toca en el lugar que no es el doliente, el joven que acosa porque no quiere entender un no; y así en una escala ascendente que termina con el número de una mujer muerta cada 18 horas a manos de los hombres que decían amarlas, de niños y niñas abusados en el interior de sus familias y de adolescentes desaparecidas en una tierra que no se traga a las personas.

No es necesario aplaudirlas si no se desea, pero será necesario repensar la historia, porque la realidad que se conoce porque otros la contaron suele soslayar las partes que cambiarían las posturas que se pretenden mantener; y ponerse en la otra vereda, puede equivaler a quedarse del lado de quienes algún día se interpondrán justo allí donde comienza la propia sombra.

El machismo no tiene género, y la violencia tampoco, pero sí apuntan a víctimas predilectas, son esos seres que el patriarcado ha construido como débiles porque justamente les ha otorgado menos oportunidades para dominar mejor. Deconstruir esa normativa es un camino complejo y, la mayoría de las veces, poco sereno.

*Doctora en Ciencias de la Comunicación Social

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La sentencia por trata de personas en Tierra del Fuego, cuya demanda fue sostenida por una de las víctimas, explotada en el local Sheik de Ushuaia, hace historia en un dictamen que reconoce el delito y la responsabilidad del municipio.

En la tarde del miércoles 30 de noviembre de 2016, en Ushuaia, la doctora Ana María D`Alessio leyó, en nombre del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, el dictamen por el que se resolvió condenar a Pedro Eduardo Montoya como autor penalmente responsable del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas, a la pena de 7 años de prisión más multa, y a Ivana Claudia García y Lucy Campos Alberca, como partícipes secundarias del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas, a la pena de 3 años de prisión de ejecución en suspenso.

La originalidad de esta sentencia -además de establecerse la culpabilidad de las tres personas demandadas por Alika Kinan por ser propietarias y administrar respectivamente el local Sheik donde fue víctima de explotación sexual- es que se dispone el pago solidario de $780.000 en concepto de indemnización por daños y perjuicios a García y Montoya y a la Municipalidad de Ushuaia.

También se falló el decomiso de la moneda y de los bienes secuestrados para la devolución  a las víctimas según lo que se disponga de acuerdo a lo reclamado por ellas y  que el dinero que no esté afectado a devolución se transfiera a la Oficina de Rescate y Acompañamiento dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Los otros dos jueces integrantes del tribunal fueron Luis Alberto Giménez y Enrique Jorge Guanziroli, quien firmó en disidencia parcial y cuyas especificaciones podrán conocerse el 7 de diciembre cuando se den a conocer los fundamentos

Vamos a seguir

Luego de conocerse el veredicto, Alika Kinan manifestó: “Vamos a seguir porque son miles las víctimas y son miles las demandas que vienen de aquí en adelante, esta es la primera”. Con respecto a las expresiones que desde Ushuaia pretendieron amedrentar su participación, Alika agregó que “cada cual sabe de qué lado está” y que “hay mucho desconocimiento”. En referencia a la sentencia, dijo: “Esto no me repara a mí, no repara a mi familia, yo creo que hay que continuar por muchas otras mujeres que todavía están en esta situación”.

El fiscal de distrito, Adrián García Lois, se manifestó conforme con las condenas en líneas generales: “se logró el decomiso del local y de la camioneta además de la multa que hemos pedido, estamos conformes, esperábamos una pena un poco más alta, al cambiar la participación de dos personas, las penas se redujeron sensiblemente”. Afirmó también que la sentencia marca un hito en el sentido en que  responsabiliza a un municipio y lo condena a una indemnización civil y eso abre las puertas a otras víctimas. “Nosotros estamos conformes en líneas generales, habíamos pedido la co-autoría a los tres imputados. Lo más importante para nosotros es que acá había que dar un paso más allá con respecto a lo que es el concepto de trata”.

Por su parte, Marcela Rodríguez, abogada de la querella, sentenció que “el Estado debe pagar los daños que ha contribuido a ocasionar” y habló sobre los indicios para que otras víctimas puedan llegar a una reparación, que es lo que los instrumentos internacionales reconocen. “Lo más importante en este juicio ha sido la valentía tanto de Alika como de la otra testigo que en estos cuatro años es la primera vez que se animó a declarar, no lo había hecho en el momento del allanamiento ni posteriormente”, expresó.

Según Rodríguez, las demandantes contaron experiencias desgarradoras de sus vidas mientras el resto se refería con eufemismos: “Se hablaba  del lugar donde había citas, la confitería, el lugar de encuentros, el local ese al que yo no iba,  mientras las mujeres nos hablaban de violaciones, de violencia sexual, cómo eran compradas como mercancías, cómo eran pasadas de un prostíbulo a otro, el propio abogado de la defensa lo dijo que las pasaban de un prostíbulo a otro en un estado proxeneta”.

Complicidad del Estado

Alika se refirió a la hipocresía en torno al delito de trata: “hoy no solamente estamos llevando a juicio a los proxenetas sino al Municipio que creó un terreno fértil, como también lo creó la provincia, y no es la actual gestión ni las anteriores, fueron muchísimas otras gestiones por las cuales pasaron muchísimas otras mujeres, acá no apuntamos a una persona, estamos apuntando a la sociedad”.  Manifestó que cree que todavía hay casos de trata y explotación sexual en Tierra del Fuego y que no están siendo visibilizados. “Yo no llevo a juicio a la sociedad yo le pido ayuda a la sociedad, para que todos participen activamente en la reparación”, subrayó.

Marcela Rodríguez se pronunció a raíz de la pena que se juzgó para las mujeres imputadas y que según su parecer no fue acorde a lo que declararon las víctimas, con respecto a sus comportamientos y acciones, “se trataba de tres personas y cada una tenía su rol, se distribuyeron funciones, definitivamente Montoya tenía un rol protagónico, pero considero que han sido penas bajas”.

Al respecto, Alika dijo: “todos sabemos que la justicia es garantista, yo esperaba que fuera prisión inmediata y efectiva…una manera de reparar era verlos salir presos de acá” y en relación a las posibles demandas de otras víctimas subrayó que incluso las mujeres que hoy no reconocen su explotación, pueden llegar a este proceso y se refirió a los 20 años que pasaron desde que ella comenzó a ser prostituida. “La respuesta no está en el hoy está en la historia de cada una de nosotras”, enfatizó.

García Lois se refirió a que la propia Corte Suprema ha establecido que hasta que no quede firme la sentencia condenatoria no es posible la detención preventiva en el momento del fallo. Y destacó el esfuerzo compartido por todo el Ministerio Público para el logro de este dictamen, en especial destacó la participación de Marcelo Colombo, a cargo de la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas).

El futuro

Con respecto a la incidencia de este fallo en el proceso a próximas demandas, Rodríguez afirmó que hay mujeres que quizás en este momento no puedan llegar a plantearse estar en frente de los tribunales pero que tal vez hayan empezado a transitar el camino y subrayó que hay otras víctimas que en este momento están siendo querellantes en el país. Manifestó que  escuchar las voces de las sobrevivientes de la trata fue fundamental para lograr que los jueces adoptaran esa decisión y que lo que ocurre en Ushuaia se replica en otros lugares del país: “acá lo que sucede es que hubo ordenanzas que han permitido, facilitado, habilitado la actividad, que convirtieron a la provincia en una especie de co-socio de la explotación”.

Kinán dijo que hay provincias que mantienen las habilitaciones e incluso las libretas sanitarias. “Eso es lo que se tienen que replantear, gracias a los funcionarios cómplices  que nos administraban como si fuéramos ganado, muchas se han suicidado y se han arruinado miles vidas. A ellos hay que hacerles juicio”.

Aún no se sabe si se presentarán apelaciones al fallo, pero mientras se espera la lectura de los fundamentos, Alika agradece el apoyo de las organizaciones que no solo lo expresaron a viva voz sino que pusieron su presencia para sostenerla.

Viviana Caminos, presidenta de Ratt Argentina (Red Alto al Tráfico y la Trata), ONG que trabaja en la concientización y prevención de este delito, expresó que “solo los Estados violan los Derechos Humanos”, y se refirió a que “todo atentado contra la vida, la integridad, la dignidad y la libertad esencial de un ser humano, es una transgresión de normas éticas fundamentales”.

Según sus expresiones era claro que en Ushuaia el gobierno municipal violaba sistemáticamente los derechos humanos de aquellas personas a quienes exigía libretas sanitarias con controles de salud diferentes a la de otras personas empleadas (por ejemplo, exámenes ginecológicos) y habilitaba locales nocturnos a sabiendas de que allí se explotaban mujeres. “Estas libretas se pedían para proteger la salud de los clientes.prostituyentes y no de las personas allí explotadas. Era todo un sistema que toleraba y alentaba el negocio de la prostitución por parte de los mercaderes del sexo ajeno. Alika nunca se enriqueció, Alika es pobre. Esa es la diferencia”.

*doctora en Ciencias de la comunicación Social

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Las tres personas imputadas en el juicio en el que Alika Kinan querelló al Estado y a sus proxenetas fueron condenadas por el delito de trata de personas. El municipio de Ushuaia deberá indemnizar por daños y perjuicios.

En Ushuaia, a las 18.30 del miércoles 30 de noviembre se hizo historia al reconocerse el delito de trata de personas a través del relato de las sobrevivientes y de las pruebas presentadas. Luego de cinco años en que se produjera el allanamiento del prostíbulo “Sheik” que funcionaba en esa ciudad y en el que Alika Kinan y otras victimas era explotada sexualmente.

Pedro Eduardo Montoya, dueño del “Sheik”, fue condenado a 7 años de prision mas una multa de 70 mil pesos por ser autor penalmente resposanble del delito de trata de personas. Por su parte, Ivana Claudia García y Lucy Campos Alberca, pareja y encargada del local respectivamente, fueron condenadas a 3 años de ejecución en suspenso como partícipes secundarias agravado por pluralidad de victimas del delito de trata de personas. Ivana García, deberá, además, pagar una multa de 30 mil pesos.

El Tribunal, compuesto por Ana María D´Alessio, Luis Alberto Giménez y Enrique Jorge Guanziroli, dispuso además, el decomiso de los bienes personales de Montoya y la devolución del dinero secuestrado en el lugar de acogimiento, que será entregado a las victimas y la suma no expuesta a devolución a la Oficina de Rescate y Acompañamiento dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El municipio de Ushuaia deberá abonar 780 mil pesos indemnizatorios por daños y perjuicios.

Adrián García Lois, fiscal de la causa e integrante del Ministerio Público Fiscal, manifestó que, si bien las penas son menores que las pedidas, esta sentencia da cuenta de un cambio de mirada en cuanto a la persecución del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Por su parte, Marcela Rodríguez, abogada de la demandante, afirmó que “este fallo es un paso alentador para que otras victimas se animen” a declarar, ya que Alika no es la única querellante en el país, e informó que, una vez conocidos los fundamentos de la sentencia, que estarán el 7 de diciembre, decidirán si apelan o no el veredicto.

Con cantos al inicio y al cierre, diversas organizaciones se encontraron para expresar el apoyo a la lucha de Alika Kinan. Entre las presentes estuvieron el colectivo Furia Trava y la ONG RATT Argentina. En sus letras, expresaban “que la prostitución no es un trabajo” y que son los “proxenetas quienes tienen que tener miedo e ir presos”.

Al final hubo abrazos, emoción y más cantos. Reuniones en las que Alika se dirigió a las compañeras que la apoyaron a lo largo de todos estos años: “Chicas, vamos a meter presos a todos los proxenetas”.

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A las 18 se conocerá en Tierra del Fuego la sentencia del juicio histórico por trata de personas en el que, por primera vez, una sobreviviente de explotación sexual, Alika Kinan, es querella acusando a sus proxenetas y al Estado municipal.

Esta mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, las personas acusadas tuvieron su oportunidad para expresarse antes de que hoy a las 18 se de la sentencia, en el Tribunal Provincial de Tierra del Fuego (Monte Gallinero). Además, está en juego la demanda por reparación económica por un monto de $ 2.365.000.

Pedro Montoya, acusado por ser propietario de “Sheik”-bar nocturno donde se mantenía bajo explotación sexual a la demandante, encuadró su inocencia bajo el paraguas de los controles de los organismos a tal fin: “Le pregunté a mi abogado y me contestó que no estábamos incurriendo en ningún tipo de delito y que estábamos bajo las ordenanzas en vigencia, sujetos a inspecciones, de todas las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Policía, Migraciones, Ministerio Público de Trabajo, Sadaic, Capif, DGR Provincia y, por supuesto, Municipalidad de Ushuaia, órganos contralores que verificaban siempre la actividad comercial desarrollada. Siempre pensé que estaba realizando un trabajo lícito y a derecho”. También afirmó “jamás abusé, exploté, martiricé, sometí, exploté a nadie”.

A su vez, Ivana García, pareja de Montoya, comenzó su relato con la frase “sentí que pasaron un límite”, y expresó su molestia porque se hizo referencia a su hija con nombre y apellido: “Durante cuatro años nos mantuvimos al margen de toda agresión por resguardar la identidad de mi hija, no entiendo cuando a supuestas víctimas para resguardar su identidad la llaman por una letra. Somos personas no somos animales”. Agregó que tuvieron varios comercios –almacén, casa de comidas, salón de fiestas, y que todo estaba declarado. “Creo en la justicia de mi país pero también creo en la justicia divina. La justicia divina es la única que va a juzgar mi conciencia”.

Lucy Alberca Campos, una de las acusadas y administradora de “Sheik”, para quien los fiscales pidieron 5 años de prisión, manifestó que no iba a ser uso del derecho a sus palabras finales antes de la sentencia. Para Montoya y García, la fiscalía solicitó 12 y 9 años respectivamente.

Esta mañana el diario local “Prensa” se refirió al caso como nota de tapa con una bajada que aludía a la víctima como “una de las alternadoras, quien pretende una indemnización de sus ex empleadores”, lo que pone en contexto una sociedad que fue indiferente al delito que se cometía.

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El juicio histórico por el que en Tierra del Fuego, Alika Kinan está querellando no solo a proxenetas sino también al municipio de Ushuaia por haber sido víctima del delito de trata de personas, interpela sobre la explotación sexual y es precedente para reparaciones futuras en causas similares.

Todo el mundo lo sabía

En las jornadas del juicio que comenzó el lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, a cargo de la jueza Ana María D’Alessio y los jueces Luis Alberto Giménez y Enrique Jorge Guanziroli, se escucharon los testimonios de funcionarios y profesionales en  instancias del allanamiento del local El Sheik –bar nocturno del que fue rescatada Alika junto a otras seis mujeres. Ester Garzón, del Ministerio de Desarrollo Social de Tierra del Fuego  dijo que “sabía por comentarios que era un lugar de citas, de recreación de los hombres, que todo el mundo en Ushuaia lo sabía”.

Por su parte, María Eugenia Cremades, psicóloga del Ministerio de  Desarrollo Social de Tierra del Fuego, manifestó que el local era oscuro, que las habitaciones estaban afuera, apenas se salía y que se ingresaba a ellas por un pasillo oscuro, húmedo y con el techo roto. Según su relato en las habitaciones había mucho olor a gas y eran muy pequeñas, con suciedad y desorden, no había nada para recreación, ni televisión, ni radios. el baño  era diminuto, sin ducha ni inodoro. “Ninguna mujer podría vivir en esas condiciones”, dijo, y agregó:”“Todas estaban signadas por situaciones complejas, de riesgo, mantenían a sus familias, hijos, madre, padre”, su formación era escasa, primario incompleto. Su temor era que su familia se enterara a qué se dedicaban”.

Pérdida de la identidad

Dafne Alfie, psicóloga del programa de Rescate y Acompañamiento a Personas damnificadas por el delito de Trata, especificó las condiciones de vulnerabilidad de todas las personas rescatadas: el cambio de nombre que les produce pérdida de la identidad, la falta de estudios formales que les restringe el acceso al trabajo, el hecho de estar en otro país (pérdida de afectos, del territorio conocido, de su cultura), el factor económico (madres, único sostén de hijos, de madres y padres), tener trabajos informales y precarizados, ser migrantes (desconocimiento del territorio, de la cultura, de personas y organizaciones que puedan ayudarlas). El traslado que se les facilita hacia los prostíbulos, les genera deudas por las que no se pueden ir hasta  pagarlas.

El abogado defensor de Pedro Montoya e Ivana García –dueños del bar nocturno El Sheik, donde se explotaba a Alika, e imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual cometido mediante el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas- consultó a Alfie  si sabía  “que hay personas que se consideran trabajadoras sexuales”, esta pregunta fue desestimada por el tribunal.

Lucy Campos Alberca, otra de las imputadas, en este caso como partícipe necesaria porque era quien administraba el local El Sheik,  habló sobre su historia de vida en Perú y contó que se inició en la prostitución en Buenos Aires y que en 2006 viajó a Ushuaia a ejercer la prostitución en Black and White. Expresó que convivió 5 años con una pareja, y que luego empezó a desempeñarse como encargada de El Sheik hasta el momento del allanamiento. Está actualmente procesada en otra causa por tráfico de drogas y trata de personas.

Pedro Montoya, dueño de El Sheik declaró: “No siento haberme apartado de la ley, no eran víctimas sino socias, nos aprovechamos de las necesidades de los hombres que necesitan ir a buscar compañía”. Dijo que su negocio era la bebida, “las chicas eran artistas, éramos cómplices en engañar a los hombres haciéndoles creer que las copas era alcohol cuando era agua”.

Mientras se esperan los alegatos la sentencia, Viviana Caminos, presidenta de la ONG Ratt Argentina –Red Alto al Tráfico y la Trata- en diálogo con Marcha, informó que “El relato que realizaron los gendarmes en sus declaraciones, confirmaría la existencia de un sistema de captación, traslado, recibimiento y explotación de las mujeres”

*Doctora en Ciencias de la Comunicación Social

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Resiliente y empoderada, surge, como el Ave Fénix, Alika Kinan, quien fue víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Ella decidió demandar no solo a sus tratantes sino al municipio de Ushuaia, Tierra del Fuego, por la cadena de connivencias que dio lugar al delito que la sometió en ese lugar. Desde ayer y hasta el jueves se desarrollan las audiencias en el juicio oral y público que vuelve a la luz el pensamiento prostibulario que naturaliza y favorece la explotación sexual.

Día dos

Hoy se llevó a cabo la segunda jornada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, a cargo de la jueza Ana María D’Alessio y los jueces Luis Alberto Giménez y Enrique Jorge Guanziroli, bajo la mirada atenta del titular de la Protex –Procuraduría de Trata y Explotación de Personas- Marcelo Colombo; de la abogada de la querella, integrante de la Defensoría General de la Nación, Marcela Rodríguez; y del fiscal Adrián García Lois.

Ayer, al leerse un resumen de la causa, el abogado de Pedro Montoya e Ivana García –dueños del bar nocturno El Sheik, donde se explotaba a Alika y a otras mujeres de entre 21 y 28 años, algunas de ellas argentinas y otras oriundas de República Dominicana y Colombia– hizo referencias tales como “trabajadoras sexuales”, además de enfatizar en la “rotación” de Alika por otros prostíbulos. “Con este tipo de manifestaciones recurrentemente se oculta la vulnerabilidad a la que están sometidas las víctimas que son captadas una y otra vez por el sistema que las vulnera”, expresó la licenciada Viviana Caminos, presidenta de Ratt Argentina (Red Alto al Tráfico y la Trata), organización que trabaja por la prevención y concientización social frente al delito.

Durante la mañana del día dos se debatió si una mujer que fue llevada como testigo de Lucy Campos, acusada de partícipe necesaria por ser quien administraba el bar El Sheik, debía declarar como testigo o si en realidad tenía que ser considerada una víctima y hacerlo a puertas cerradas, ya que existe la posibilidad de que ella también haya sido explotada. En referencia a la poca sensibilidad y conocimiento de la situación de vulnerabilidad, Viviana Caminos, que se trasladó a Tierra del Fuego por el seguimiento de este caso, comentó que el defensor de Campos, Dr. José Bongiovane, había expresado: “Escúchenla a ella para ver si se siente víctima o no”. Ante estos dichos, la presidenta de Ratt, Argentina, en diálogo con Marcha, esgrimió: “Como si las personas que fueron víctimas de trata pudiesen considerarse víctimas con facilidad”. Finalmente, la mujer, de apellido Bustamante, declaró a puertas cerradas, sin la presencia de público.

También declaró María Ramona Báez, encargada de la inspección municipal a momentos del allanamiento de El Sheik –2012–, quien informó que las víctimas se encontraban en estado de confusión y que en el lugar había roedores. Confirmó además el uso de libretas sanitarias y que se usaban mayoritariamente para las mujeres.

El psicólogo del municipio que intervino en el allanamiento afirmó que no existían allí profesionales especializados en el tema de trata, presentó un informe que no dejaba en claro la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habló de las condiciones del lugar con especificaciones como: mugre, hacinamiento, mal olor. Detalló también que algunas de las personas de nacionalidad dominicana regresaron a su país.

La encargada de la Secretaría de la Mujer del municipio de Ushuaia, Laura Ávila, se manifestó en una entrevista dada al diario zonal, y alabó la actitud “inquebrantable” de Alika por accionar contra los proxenetas, y las decisiones políticas que generaron un abanico de protección y de garantía de derechos. Frente a estas declaraciones, Viviana Caminos expresó que “esta es una opinión relevante ya que muestra la complicidad del gobierno municipal, el que también está siendo querellado”.

Sociedad indiferente

En los días previos al juicio, y también durante la primera jornada, Alika fue perseguida con acusaciones a favor de las personas imputadas, que pretendían amedrentar su lucha. Según Caminos, “la sociedad de Tierra del Fuego está dividida, por un lado se encuentran las integrantes del movimiento de mujeres que acompañan a Alika, y por otro, una parte de la comunidad que resulta indiferente, con una mirada patriarcal que naturaliza la prostitución”. Y agregó: “Ushuaia es una comunidad que sigue siendo patriarcal y totalmente discriminatoria. Como organización social que trabaja contra la trata, observamos que en el sur recién se está empezando a trabajar el tema, con mucho esfuerzo de las compañeras, que están solas, por lo que debemos apoyarlas”.

.Ayer por la tarde las psicólogas del Programa de Rescate que acompañan la causa y que contienen a Alika para que esta situación no agregue más dolor a lo que ella misma viene manifestando, explicitaron que estaba en condiciones de declarar, pero que debía hacerlo a puertas cerradas, sin público, pudiendo los abogados defensores de los imputados, consultarlos y volver a preguntar o repreguntar. Los imputados aún no han dado su testimonio. El viernes se presentará la sentencia.

En 1996 Alika había recibido un pasaje que la llevó de Córdoba a Tierra del Fuego. El día que arribó tuvo que ir a la policía y hacer una apertura de legajo y demostrar que sus antecedentes eran de “buena conducta”; ella había ingresado al sistema prostibulario a los 17 años. En varias oportunidades se refirió a los exudados vaginales a los que la sometían todos los meses como práctica de rutina.

Ayer Alika escribió en su muro de facebook: “Compañeras, no quiero irme a dormir sin que cada una sepa que hoy somos todas y que voy a ir respondiendo en la medida de lo posible. Son cientos los mensajes de apoyo y se notó!!! Sólo el amor y la coherencia nos hacen triunfar. Gracias por el empujón y encender la hoguera. Las quiero”.

Mientras tanto, el país sigue el juicio en forma presencial –en Buenos Aires, ayer, hubo manifestaciones frente a la Casa de Tierra del Fuego– y por las redes sociales, en contra de la explotación sexual y a favor de Alika y de todas las víctimas del delito de trata, bajo la resistente consigna #AlikaNoEstáSola.

*Doctora en Ciencias de la Comunicación Social

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“Estamos preparadxs en alguna medida para que los ataques lleguen de afuera, pero cuando vienen de adentro, la realidad es devastadora”, asegura Paula Wachter, Directora Ejecutiva de Red por la Infancia, en entrevista con Marcha.

Red por la Infancia es una organización que se creó a partir de la necesidad de un grupo de madres en circunstancias en que denunciaron al abusador de sus hijos e hijas y se encontraron con un sistema que no les creía, no las protegía y que revictimizaba a los niños y niñas. En esta situación, ellas fueron conectándose hasta armar un tejido de cobertura nacional que articula acciones con profesionales preparados en la temática para llegar a tener mejor acceso a la justicia.

“El agresor es alguien que queremos e incluso con el que formamos una familia; el mundo como lo conocemos se desmorona y hay que empezar a construir otro”, manifiesta Watcher, “es necesario describir la soledad de las mamás denunciantes, porque no hay un programa dentro del Estado que acompañe a estos niños, sus madres o adultos protectores, hay un vacío legal, donde las mujeres tienen que no solo sostenerse a sí mismas y a sus hijos, sino que son obligadas a entender un sistema que es confuso y contradictorio”.

En muchos de estos casos los niños y las niñas son revinculizadas con sus agresores, en varias ocasiones a través del inexistente y llamado Síndrome de Alienación Parental -rechazado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) hace ya 15 años por no cumplir con los criterios clínicos para ser catalogado como tal-. Mediante este proceso, que se utilizó en Argentina y que fue invalidado por dictámenes del Congreso de la Nación, pero que aún en la actualidad sigue siendo fundamento de fallos judiciales –si bien no se manifiesta abiertamente-, se desconfía de lo expresado por las niñas y los niños y se invierte la carga de la prueba, por lo que la mujer que denuncia es acusada como madre maliciosa, que contamina a sus hijxs con recuerdos falsos en contra de su padre por venganza hacia él.

“Solamente el 12 % de los niños y las niñas abusados obtienen ayuda”

“La piedra angular del abuso es la coacción, al niño o a la niña se le impone el silencio obligado, se lo amenaza con que si lo cuenta le va a pasar algo malo a él, a la madre, o a quien lo denuncie”, asegura Wachter.

El nuevo Código Civil y Comercial proporcionó un avance al jerarquizar la potestad del o la menor a ser oído y a ejercer su derecho a revincularse, o no, con su progenitor; y con la implementación de la figura del abogado del niño o la niña. De este modo, niñas y niños empiezan a tener su propia voz en el proceso y a expresarse sobre cuestiones que afectan su vida, en un conflicto que antes se consideraba solo de adultos, cuando en realidad son ellos los más afectados.

En la actualidad, existe un protocolo diseñado para las escuelas, con el propósito de que las y los docentes tengan un rol más activo, especialmente en lo que se refiere a la denuncia, dado que se debe generar conciencia sobre lo importante de su observación, dado que muchas veces los niños y las niñas confían fuertemente en sus maestrxs o son lxs docentes quienes pueden percibir comportamientos abusivos a través de manifestaciones de sus alumnxs; con la premisa de que el niño o la niña suele hablar una vez, la calidad de la escucha de aquella persona con quien se encuentra va a condicionar su futuro, porque “si observa que alguien juzga o ignora su relato de abuso, posiblemente no lo vuelva a repetir”, sentencia la Directora Ejecutiva de Red por la Infancia.

Uno de cada cinco niñxs es abusado antes de los 18 años

Todo funcionario/a público tiene la obligación indelegable de poner en conocimiento de las autoridades si sabe sobre el abuso hacia un niño o niña, por lo que el hecho de estar preparado para responder en estas situaciones, disminuirá el impacto inicial frente a la parálisis emocional que podría provocar el mandato de actuar.

La Guía de orientación y recursos sobre abuso sexual en la infancia es un material de consulta que la Red por la Infancia presentó  en agosto junto con FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer) y Salud Activa, con fondos de la embajada de Canadá, con el objetivo de acompañar a madres y a niñxs a lo largo de la ruta crítica de la denuncia.

Se estima que de cada 100 abusos, solo uno recibe condena, por eso desde el 2015 la ley contempla los plazos para la prescripción del delito a partir del momento en que la víctima decide realizar la denuncia, ya que las personas abusadas deben romper con barreras como la estigmatización, la acusación a un familiar cercano, y la propia dificultad de revivir un relato que les resulta demasiado doloroso. Sin embargo, es a través del pedido de justicia como finalmente pueden reparar ese capítulo de sus vidas. “Devolverle la voz a estos adultos que a su vez fueron niños abusados y que lo digan cuando quieran y  puedan”, relata Paula Wachter.

“Todos tenemos un caso en la familia o entre nuestras amistades, y en la medida en que se derribe el mandato de que de eso no se habla, vamos a lograr una mejor respuesta institucional. Darle voz a estos niños y sostener a las familias que estén pasando por esa situación, es tarea de todos; el proceso resulta arduo, pero con el apoyo adecuado se puede cambiar el futuro”, afirma Paula.

*Doctora en Ciencias de la Comunicación Social

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El lunes 5 de setiembre, a las 17, en Oberá, Misiones, se realizará una marcha, cuya trascendencia se espera nacional, para exigir la liberación de Victoria Aguirre. “Queremos que el juicio tome estado público para que los jueces no puedan lavarse las manos y beneficiar al asesino de mi sobrina”, aseveró su hermana, Claudia.

Hace un año, Marcha contaba la situación de Victoria Elisabeth Aguirre, detenida con prisión preventiva bajo la imputación de “homicidio calificado” contra su hija, si bien según las conclusiones del cuerpo médico forense, la muerte de la niña, Selene Ayelén Aguirre, se produjo por traumatismo y fractura de cráneo más hemorragia interna, y el hundimiento tiene el tamaño del puño de la ex pareja de Victoria, Rolando Emilio Lovera.

La marcha forma parte de las acciones pautadas en una mesa que reúne a familiares, vecinxs, gremios y otras entidades, no solo en la provincia de Misiones sino en diferentes puntos del país, y a través de la cual se exigirá que, en lo que respecta a Lovera, el delito se enmarque como femicidio vinculado en lugar  de “homicidio simple” tal lo caratulado al presente.

El femicidio vinculado es una figura prevista en el Código Penal que define a los asesinatos ejecutados “como medio para causar sufrimiento a una mujer con la que la víctima tenía un vínculo familiar o afectivo”.

La causa tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Oberá, a cargo de la jueza  Alba Kunzmann de Gauchat; Victoria está detenida desde el 29 de enero de 2015,  por el posible delito de “homicidio agravado por el vínculo”, lo que le valdría una pena de cadena perpetua. Según su abogado defensor, Roberto Bondar “este caso se va a resolver por un TA TE TI, porque los jueces no son idóneos”.

Las personas integrantes de la Mesa por la Liberación de Victoria Aguirre expresaron que “tenemos el objetivo de acompañar la causa, en la que en cada instancia se la ha victimizado por ser mujer y por ser pobre”. En tal sentido, el Consejo Nacional de las Mujeres, presidido por Fabiana Tüñez, presentó un amicus curiae.

“El tema de los plazos procesales dejan mucho que desear; la justicia sigue victimizando a mi hermana una y otra vez, nos dijeron que el juicio saldría a fin del año pasado, y lo mismo en junio de 2016. Ordenaron nuevas pericias psicológicas a Victoria cuando ya se había cerrado toda posibilidad de presentar pruebas al expediente. Nos siguen pateando la pelota hacia adelante. Lo último que nos dijeron es que sería en la primera semana de setiembre”, agregó Claudia Aguirre.

Tanto el abogado de Victoria, como los médicos que en su momento atendieron a su hija, afirman que siempre fue una madre cuidadosa y observadora de las necesidades de la niña, y estas declaraciones se hicieron constar en el expediente.

En el comunicado emitido desde la mesa que promueve su liberación se expresa: “Exigimos la inmediata liberación y la pronta absolución de Victoria, quien tras haber sido torturada a manos de Rolando Lovera -que en el mismo acto se convirtió en el femicida de su hija Selene-, volvió a ser víctima de un proceso judicial que reproduce el machismo que impera sobre las familias, según el cual la responsabilidad de lo que sucede a los hijos es exclusiva responsabilidad de la madre, sin tener en cuenta los demás factores que la puedan afectar”.

*Doctora en Ciencias de la Comunicación Social

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