Por Ana Paula Marangoni 

A 5 años de la muerte del fiscal Nisman, un grupo de personas se congregó en Plaza de Mayo para reclamar justicia. La contaminación de las fuentes de Plaza de Mayo, teñidas de rojo, parece ser la metáfora más atinada para expresar de algún modo, lo opuesto a la opinión de quienes acudieron a la cita. Porque si hay un rastro contaminado hasta el absurdo, es el del misterioso fiscal sobre el que se investigó mucho la única escena incontaminada, su baño, y muy poco sobre sus vínculos mafiosos al interior de la corporación judicial.

El reciente estreno de la serie documental “El fiscal, la presidenta y el espía”, dirigida por el británico Justin Webster, produjo un antes y un después en la opinión pública y mediática sobre la muerte de Nisman. Y es que, en su favor, reúne declaraciones más que relevantes, y difíciles de obtener: la del ex agente de inteligencia Jaime Stiuso; el supuesto “espía Camporista” de la denuncia del fiscal, Allan Bogado; Ross Newland, delegado de la CIA en Buenos entre 1997 y el 2001; y James Bernazzani, agente del FBI enviado especialmente para colaborar en la investigación AMIA. A los testimonios de lujo, se suman los de Laura Alonso y Diego Lagomarsino, entre muchos otros.

Mientras que una serie no puede ser más que eso, y no reemplaza el deber de esclarecer un caso desde el ámbito judicial (además de que nadie está obligado a decir la verdad para una producción audiovisual), el rompecabezas de testimonios extiende una cantidad de vericuetos hasta hace poco desconocidos en detalle para la opinión pública. La secuencia de testimonios permite contrastarlos; y, sin dar veredicto, al modo de las novelas policiales, le permite al espectador realizar su propia pesquisa, facilitando a su debido tiempo cada llave para resolver los enigmas de la investigación.

De las declaraciones se desprenden, inferencias mediante (hay un cuidado excesivo en no mostrar en ningún momento un rumbo tendencioso), una cantidad de infidencias más que alarmantes, no ya sobre las causas de la muerte del fiscal, sino sobre sus prácticas en vida. Queda en evidencia, con el correr de los testimonios, que el fiscal Alberto Nisman armaba causas a partir de datos aportados por inteligencia (directamente por Jaime Stiuso), y de muy difícil (o improbable) verificación. Es decir, no sólo tomaba información del espurio agente de la ex SIDE, sino que directamente operaba con sorpresivas primicias cuya verificación (elemento indispensable para el debido funcionamiento de la justicia) resultaba por lo menos dudosa. Esto ya había sucedido con la causa AMIA, y lo mismo ocurrió con la denuncia que presentó días antes de su muerte. En su última presentación televisiva, en el programa “A dos voces” de TN, el mismo fiscal exponía como máxima prueba de su denuncia una serie de escuchas absolutamente ilegales, algo que a los periodistas más prestigiosos de los últimos 50 años no les llamó la atención.

Una de las novedades que en el documental más se desarrolla, y no tiene sentido aclarar aquí, es que la denuncia presentada contra el gobierno de CFK por el Memorándum con Irán no resistía la menor revisión, y estaba plagada de errores fácilmente posibles de desmentir, entre ellos, la identificación de Allan Bogado como agente de inteligencia del gobierno, quien en distintas ocasiones ha cambiado ligeramente sus declaraciones. En la serie reconoce que respondía a Stiuso para reunir datos y que el contenido de las escuchas formaba parte del “verso” que realizaba él mismo, haciéndose pasar por hombre del gobierno, para ganarse la confianza de aquellos a quienes investigaba.

En una reciente entrevista con Gustavo Sylvestre y Ariel Zac para Radio 10, posterior al estreno de la serie, llegó a afirmar que integrantes de Presidencia (concretamente, el ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis) del gobierno de Mauricio Macri lo guionaron para declarar en contra del gobierno de Cristina Fernández, en la causa de Nisman sobre el Memorándum que tomó el juez Bonadío. Nunca explica con suficiente claridad su trabajo para inteligencia, ni por qué lo denunció Stiuso en noviembre de 2014 como falso agente de la ex SIDE, ni cuánto sabe sobre Nisman, AMIA, o la comunidad iraní en Argentina. Desliza que Stiuso le tendió una trampa a Nisman y que omitió intencionalmente comentarle acerca de la denuncia que él mismo había hecho a Allan; sugiere que falta investigar las llamadas de y a Nisman antes de irse a Europa y las razones que tuvo para volver de urgencia de Europa, dejando a su hija sola en el aeropuerto; insiste en investigar las comunicaciones entre Patricia Bullrich, Laura Alonso, Alberto Mazzino y Jaime Stiuso. Deja más dudas que certezas, y no escapa de la sospecha. Pero parece inverosímil que no se hubieran podido reconstruir contactos y movimientos del fiscal, al menos entre uno y dos meses anteriores a su muerte.

Sí queda en claro que el entonces fiscal, en lugar de investigar, delegaba en agentes de inteligencia las presuntas “investigaciones”, a las que simplemente les daba un marco legal, sin corroboración alguna. Esta pista debería al menos escandalizar a quienes se golpearon el pecho en contra de la impunidad y la corrupción, incluyendo a los manifestantes en la plaza de mayo que insisten en el presunto homicidio por parte de allegados a Cristina Fernández, sin la más absoluta prueba, pero que no cuestionan que en 4 años de gobierno macrista la causa no haya alcanzado la sentencia.

Otra pista de las aguas contaminadas que se expone en la serie es el trabajo de Diego Lagomarsino. El informático, que logró imponer su apariencia de che pibe ingenuo era testaferro de una cuenta de Nisman y le daba a su jefe la mitad de su sueldo. Dos hechos claros de corrupción que indicarían, para comenzar, malversación de fondos, de abusos de poder y prácticas intrínsecamente corruptas del fiscal Nisman.

Por fuera del documental, hay otros asuntos que tampoco han sido investigados: los ingresos del fiscal no justificados con su sueldo. La cantidad de propiedades, los gastos, y el departamento en Le Parc que alquilaba sin contrato alguno. ¿De dónde provenía ese dinero? ¿Quién financiaba a Nisman?

Por último, otro dato pasado por alto son las llamadas y mensajes con dueños de agencias de modelos, y su vínculo habitual con modelos, demostrado en mensajes y fotos. ¿A nadie llama la atención esto? ¿Cuál es la red de prostitución VIP a la que el fiscal, como tantos otros, suscribía? Si los ricos tienen el poder de investigar y hacer justicia, ¿quién se ocupa de juzgar sus redes clandestinas?

Investigar la muerte de Alberto Nisman parece ser un camino que permite descubrir uno por uno los pecados capitales del fiscal, y el intento desesperado de algunos círculos por desviar esta pista hacia la hipótesis de su homicidio.

Tanto la serie documental como las investigaciones que surgieron y se potenciaron a partir de su estreno, dan cuenta de un fiscal altamente corrupto que obtenía y lavaba dinero ilegalmente, que operaba para agentes de inteligencia en lugar de investigar, que obstruyó la búsqueda de justicia en la causa AMIA, que muy probablemente tenía consumos en redes de prostitución VIP, y que, finalmente, presentó una denuncia contra el gobierno sin ningún respaldo ni sustento legal.

El estado de su causa, el obrar de Arroyo Salgado, las idas y vueltas de la causa AMIA, y las irregularidades del juez Bonadío, entre otros, son las piezas inconexas de una casta judicial que sustenta niveles de vida exultantes para que nunca se resuelva ningún caso. La verdad, para ellos, es pura frivolidad.

La muerte de Nisman parece hoy una novela interactiva que cada una y cada uno lee desde un ángulo diferente, armando su propia versión de los hechos. Una suerte de Rayuela escalofriante, sin pasajes románticos, con abundancia de episodios sórdidos y plagada de huecos argumentales. Para quien escribe, es sin dudas la historia de alguien que terminó ahogándose en las aguas turbulentas del poder. Aguas que el común de los mortales tan poco conocemos pero que, a la vista, huelen muy mal.

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A seis meses del hallazgo sin vida del fiscal, la reconstrucción del móvil que llevó al fiscal de la AMIA a quitarse la vida, cuatro días después de presentar una denuncia a la presidenta.

¿Qué razones tendría Alberto Nisman para quitarse la vida, si estaba investigando al gobierno argentino en una denuncia de gran trascendencia?

En base a informes de inteligencia, aportados por la CIA y el Mossad, a través del agente de la SIDE, Jaime Stiusso, el fiscal Nisman y el juez Ricardo Canicobal Corral, habitué de la embajada de EE.UU., requirieron a Interpol la captura de la cúpula iraní que gobernaba al país en 1994, señalándola como responsable del atentado a la AMIA.

Este pedido de captura recayó por encima del presidente de aquel entonces de Irán, Akbar Ashemi Rafsanjani, el canciller Akbar Velayaty, el embajador iraní en Argentina Hadi Soleimanpour, y otros cinco altos funcionarios iraníes.

Esta política fue ratificada tanto por el presidente Néstor Kirchner como por su sucesora y esposa Cristina Fernández, ante la Asamblea General de la ONU.

Pero a partir del 2011, la política kirchnerista cambio. Cesó con esos reclamos y comenzó a negociar con el gobierno iraní un polémico Memorándum de entendimiento con la finalidad de crear una comisión de la verdad, que investigara las causas del atentado, siendo aprobado por el Congreso argentino a principios de 2013.

Desde un principio, el fiscal Nisman obstaculizó la puesta en marcha del Memorándum, planteando su inconstitucionalidad. A fines de 2013, con la llegada de Hasán Rouhaní a la presidencia de Irán, también se registró un cambio entre los EE.UU. e Irán, quienes comenzaron las negociaciones a los fines que la Organización Internacional de Energía Atómica supervise el desarrollo nuclear pacífico de Irán, a cambio de acordar el levantamiento de las sanciones económicas.

Las negociaciones culminaron en abril de 2015, cuatro meses después de la muerte de Nisman. Dicho acuerdo nuclear fue repudiado por el estado de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu.

En estas negociaciones que llevaba adelante EE.UU. e Irán participaron algunos funcionarios que habían sido imputados por Nisman en el atentado de la AMIA en 2006. Estos eran Rafsanjani, Velayaty y Soleimanpour. Cuando estas negociaciones comenzaron, Nisman le propuso al gobierno argentino, a través del secretario Carlos Zannini, que Argentina pidiera la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU para lograr, mediante medidas coercitivas, la extradición de los funcionarios iraníes que había imputado. Además, incluyó como responsable al atentado al mismísimo actual presidente de Irán.

Esta idea del fiscal de la AMIA de recurrir a la ONU está plasmada en los escritos encontrados en la caja fuerte de la fiscalía de la AMIA y que fue rechazo de plano por el gobierno argentino dado que, evidentemente, tenía la intención de entorpecer las negociaciones entre EE.UU. e Irán.

Mientras el acuerdo Irán-EE.UU. avanzaba a paso firme, en diciembre de 2014, Jaime Stiuso fue expulsado de la SIDE por el gobierno nacional.

Poco después, el 14 de enero de 2015, luego del atentado contra la revista francesa Charlie Hebdo y con el término “terrorismo” plasmado en la agenda mediática mundial, Nisman interrumpió sus vacaciones en Europa y presentó, en plena feria judicial, su famosa denuncia penal contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman y otras personas que no eran funcionarios del gobierno.

Según el informe de Cafiero y Llorens, presentado ante la fiscal Viviana Fein, la intención de Nisman con esa denuncia era la de tratar de doblarle al gobierno argentino para que accediera, finalmente, a llevar el caso AMIA ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Para ello, el propósito del fiscal era desatar un gran escándalo internacional a fin de sabotear las tratativas entre EE.UU. e Irán, mostrando al mundo que el presidente Barack Obama estaba negociando con terroristas.

En concreto, la famosa denuncia de Nisman contra el gobierno argentino por encubrimiento, rechazada en tres instancias judiciales y ya archivada, se basaba en cuatro aspectos esenciales: 1) La caída de los pedidos de captura por parte de Interpol. 2) El aumento de intercambio comercial de petróleo y granos entre Argentina e Irán. 3) Las escuchas telefónicas realizadas a personajes de rango menor (D’Elia, Kahlil, Esteche, etc.). Y 4) Las escuchas telefónicas en las que intervino el falso espía Ramón Alan Bogado, supuestamente bajo el mando directo de la Presidencia de la Nación.

Inmediatamente después, estas pruebas que sustentaban la estruendosa acusación de Nisman, comenzaron a caerse una por una.

Un día después de presentada la denuncia, el ex director de Interpol, Roland Noble, aseguró que ese aspecto era falso, dado que las alertas rojas contra los funcionarios iraníes no se habían caído y que el gobierno argentino no había hecho nada en tal sentido.

Luego, se reveló que los intercambios comerciales entre Argentina e Irán, en lugar de crecer como sostenía el fallecido fiscal, decrecieron luego de la firma del Memorándum.

Respecto a las 5.000 horas de escuchas sobre D’Elia, Esteche y Kahlil, el propio fiscal las relativizó en la famosa entrevista que le hicieron en el programa A dos voces en TN, diciendo que no eran pruebas, sino meros indicios.

Por último, en vísperas de acudir ante el Congreso para explicar su denuncia contra la presidenta, Nisman trató de comunicarse varias veces con Stiuso, quien no le atendió el teléfono. Por eso, se comunicó con el agente de la SIDE, Alberto Massino, colega de Stiuso, a través del cual se habría enterado que el supuesto agente de la presidencia, Bogado, en realidad era un estafador que había sido denunciado por la SIDE por impostor.

Tras la caída de esa prueba fundamental, ese fatídico domingo de 18 de enero, el diario La Nación publicó en su tapa que las escuchas telefónicas del espía trucho Bogado eran la esencia de la denuncia de Nisman, con la cual al día siguiente se presentaría ante el Congreso. El fiscal leyó esa nota en la versión digital del diario, según constataron los peritos informáticos, mientras que el ejemplar impreso que lucía esa nota en su tapa se encontraba tirado en la puerta en su departamento el día en que fue hallado muerto.

De esta manera, a pocas horas de concretarse su presentación ante el Congreso, el fiscal Alberto Nisman se encontró con que se habían caído todas las pruebas en las que se basaba su espectacular denuncia contra el gobierno. Las mismas que él había considerado irrefutables.

Ante esta situación, sumado a su carácter narcisista, con estadios de euforia, depresión y ataques de pánico, Nisman habría tomado la decisión de quitarse la vida. Con su vestimenta de entre-casa, adentro del baño, frente al espejo del lavatorio para apuntar correctamente el arma y empleando sus dos manos para sostener la pistola con el que se quitaría la vida.

Tras la muerte del fiscal Nisman, se encabalgaron sobre ella los fondos buitres que a través de la Fundación para la Defensa de la Democracia, crearon en EE.UU. el premio “Alberto Nisman al coraje”. El Grupo Clarín, el diario La Nación y el líder del PRO Mauricio Macri, apoyado por Elisa Carrió, dijeron que la muerte del fiscal era una bisagra en la Historia Argentina, que marcaba un antes y un después.

De hecho, a partir de las conclusiones de la junta médica como de los peritos oficiales mostrando las debilidades de la teoría de la querella, el Grupo Clarín puso en duda el desempeño de Viviana Fein, asegurando que su equipo arruinó la escena del lugar y que por ende jamás se sabría la verdad.

En particular, el programa Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata, mostró al aire el material fílmico de cómo se trabajó en la escena, llevando conclusiones rebuscadas como la supuesta sobrepoblación de peritos en el departamento o que se borraban la sangre de la pistola con un papel higiénico, cuando en realidad se trataba de leer el registro numérico del arma. Incluso, la producción entrevistó al famoso forense Cyrill Wecht, quien asevera haber hecho un análisis de la causa, más el aporte de cinco peritos “independientes” para concluir, dejando en claro su opinión personal, que “es mucho más probable que haya sido un homicidio que un suicidio”. En ningún momento, se menciona los nombres de los cinco “independientes”.

Desde el lado político, el caso Nisman fue aprovechado electoralmente para lograr la derechización del voto, en base al quiebre del Frente Amplio UNEN, boicoteado por Carrió, para lograr la unión del nuevo frente encabezado por el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica.

Al igual que lo había hecho con la Tragedia de Cromagnon para llegar a ser Jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri utilizó el caso Nisman para impulsar su candidatura a la presidencia, en detrimento de la pérdida de votos en Scioli y Massa, y con el acaparamiento del voto opositor y las banderas de la marcha del 18F.

Así, la utilización de las lágrimas de las 85 víctimas del ataque a la AMIA, más la sangre de un fiscal que traicionó los intereses de Argentina, fueron llevados adelante inescrupulosamente como agua de molinos para girar los negocios de las finanzas, la politiquería y los grandes medios de comunicación.

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