Por Redacción La Tinta / Foto: Colectivo Manifiesto

Jorge Maciel, integrante de “Médicos a favor de la Vida”, publicó, en su cuenta de Twitter, supuestos documentos del Hospital del Este en el que se constaría el protocolo quirúrgico, el protocolo anestésico y las indicaciones a la niña. Por ello, tiene una denuncia penal realizada por la familia de ella. La posición ideológica de Maciel es oponerse a los derechos consagrados en la Constitución Argentina. No sólo lo demostró en manifestaciones callejeras, sino que también mediante el apoyo público al médico neuquino Leandro Rodríguez Lastra durante el juicio que, finalmente, lo encontró culpable por negar un aborto no punible a una joven víctima de una violación.

Un país lleno de niñas forzadas a gestar, parir y maternar

Luego de sentir tan cerca la posibilidad de conseguir la Ley para la Interrupción del Embarazo, arrancamos el año 2019 enterándonos de la historia de una niña de 11 años que quedó embarazada, producto de la violación ejercida por el novio de su abuela, este desagradable señor que tenía, en ese momento, 65 años. Lucía pidió, en reiteradas ocasiones, que se termine esa gestación, incluso, llegó a decirlo con mucha claridad: “Sáquenme esto que me puso adentro el viejo”. Pero fue obligada a continuar hasta que terminó en una cesárea y con la muerte del bebé a los 10 días del procedimiento.

Dos meses después de la solicitud de interrupción legal del embarazo, su madre Sol contó en primera persona las torturas a las que fue sometida Lucía durante casi más de 15 días por parte del sistema provincial de salud con el apoyo de la Iglesia. Le negaron el acceso al aborto legal, le metieron miedo e, incluso, la amenazaron de que la niña podría morir en el intento de aborto y que Sol sería la culpable.

Parece un cuento de terror, pero no es ficción, es la realidad misma del Hospital del Este de Tucumán. Un sacerdote le dijo que dios no quería muerte y fuera del hospital los grupos religiosos fanáticos y antiderechos se convocaban para amedrentar y violentar a la familia. El Arzobispo de Tucumán, a través de un audio, difundió el verdadero nombre de Lucía y los abogados antiderechos también brindaron declaraciones a la prensa con su identidad real.

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Denuncias que vienen y que van

Jorge Maciel es el profesional de la salud que difundió la historia médica de Lucía por las redes sociales y, luego, con un grupo de abogadxs antiderechos de Tucumán, realizaron una denuncia penal contra José Gigena y Cecilia Ousset, los profesionales que llevaron adelante la cesárea que terminó con la gestación forzada de Lucía. La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla; el secretario de SIPROSA, Gustavo Vigliocco; la directora del hospital donde estuvo internada la niña, Beatriz Ávila, y la jefa del Servicio de Ginecología, Tatiana Obeid, también fueron denunciadxs por incumplimiento de los deberes de funcionarixs públicos.

Maciel es la figura que representa a todas las instituciones estatales que obstaculizaron el acceso a la interrupción legal del embarazo. El rechazo a él vuelve con fuerza en tanto se anunció que tiene previsto dar charlas en hospitales públicos, el Colegio de abogados y Facultad de Medicina de Tucumán, como si su accionar tuviese que ser reconocido y fuese merecedor del elogio público.

Tucumán es la única provincia del país que no está adherida a la ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673). Tampoco está adherida al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (parte de la misma ley) y tiene una de las tasas más altas del país de embarazo adolescente: el 17,8% de los embarazos son de menores de 19 años.

Durante 2017, hubo, en la provincia, 4.231 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. Además, hubo 137 partos de niñas menores de 15 años, la mayoría son embarazos infantiles forzados como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violencia. Debido a estos índices, Tucumán fue declarada provincia prioritaria por la intervención del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA).

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Un rayo de Sol para Lucía y para todxs 

Un Estado provincial que viola Derechos Humanos

CLADEM (Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y ANDHES (Abodados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), manifestaron su profunda preocupación por el desempeño del sistema público en toda esta situación. Esta violación a la intimidad de Lucía muestra la clara intención de los sectores antiderechos de castigar socialmente a la niña y perseguir a quienes garantizan derechos.

El caso de Lucía pone al descubierto la cantidad de violencias y violaciones a los derechos humanos de niñas y mujeres que buscan acceder al Aborto no punible en Argentina, no sólo por parte del Estado, sino también por sectores que proclaman defender las dos vidas, pero que, en realidad, buscan violentar y disciplinar a las mujeres.

No es la primera situación de vulneración del derecho a la privacidad de la niña. No les interesa su vida, solo castigarla por su decisión de interrumpir su embarazo. Lucía fue violada, sufrió la tortura del Estado que la quiso obligar a ser madre y, ahora, la continúan persiguiendo quienes dicen preocuparse por ella.

La Organización de las Naciones Unidas y otros organismos Internacionales también manifestaron su preocupación y condenaron al Estado argentino por el caso Lucía. Desde Naciones Unidas, consideraron que las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos mientras que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará condenó la violencia institucional a la que fue sometida la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela en Tucumán.

A partir de información brindada por el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) se instó al Estado argentino a garantizar, de manera oportuna, el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de acuerdo con la normativa vigente.

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Por Ximena Schinca* / Ilustración: Ro Ferrer

En el mes de febrero, el mundo habló de Lucía, la nena de 11 años a la que el Estado tucumano le negó su derecho a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), prolongando la tortura, y forzándola a realizarse una cesárea. Las autoridades de la provincia, los grupos anti derechos y la prensa escribieron, debatieron y difundieron detalles sobre el estado de salud de la nena, sobre quién la había violado. También discutieron si corría riesgo su vida, qué chances de sobrevida tenía el feto, cuáles fueron las maniobras para dilatar la ILE y cuál era el procedimiento más adecuado para interrumpir el embarazo resultado de una violación.

Entonces Lucía también habló, expresó con claridad cuál era su decisión, pero sólo su mamá, Sol, la escuchó y respetó. Las maniobras en este caso en Tucumán se conocieron justo un mes de después de que otra niña del NOA, esa vez en Jujuy, debiera someterse a una cesárea para interrumpir otro embarazo producto de una violación. En ese caso la dilación fue menor. El movimiento de mujeres y disidencias de la provincia reaccionó rápidamente y descubrió los obstáculos a los que sometieron a la niña. Así y todo no pudo evitar que se le realizara una cesárea y se mantuviera al prematuro en agonía cerca de 96 horas. De inmediato, el movimiento feminista de Jujuy marcó posición y advirtió que #CesáreaNoEsILe, y que había que estar alertas ante nuevas maniobras de forzar cesáreas y partos prematuros.

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La alerta recién empezaba a escucharse, cuando un mes más tarde, Lucía sufrió las mil y una dilaciones, esta vez en Tucumán. La reacción del movimiento feminista fue entonces más fuerte. Así y todo, otra vez cesárea.

Dos meses después de la pesadilla, la mamá de Lucía quiso hacer escuchar la voz de su hija; tal vez, convencida de que lo que, a Lucía, a muchas; quizá temerosa de que lo mismo pueda ocurrirle a la niña otra vez. El testimonio de Sol es sólido, consistente, denuncia las maniobras que (secreto a voces) autoridades y parte del personal del sistema de salud y la Iglesia desplegaron para asustarla desde el momento en que Lucía quedó internada en el Hospital del Este. Señala que el doctor Gustavo Vigliocco fue el primero en meterles el miedo en el cuerpo al advertirles que si aborto, riesgo de muerte. Y que, por si advertencia de muerte no fue suficiente, el capellán Roque Olea se encargó de dispensar una dosis diaria de culpa y les dijo que Dios no quería que haya muertes. Otrxs las mandaron a pensar y a denunciar el abuso sexual antes de autorizar el aborto.

El testimonio de Sol es trascendente porque brinda detalles, nombres y apellidos de los responsables de estas maniobras que en el NOA son vox populi, pero se teme denunciar mientras la violencia y el odio de los grupos anti derechos se expresa impune en las puertas de los hospitales que debieran cumplir la ley y velar por la salud y la integridad de las niñas torturadas hasta parir.

El testimonio de Sol, además, echa luz sobre el modus operandi de un sistema ensañado con mujeres y disidencias, sobre todo, cuando provienen de los sectores más humildes y vulnerados de la sociedad, cuando se les retacea información, o peor, se les brinda información deliberadamente falsa.

Y el testimonio de Sol llega también para abrazar un logro sin prensa del movimiento que acompaña y sostiene el derecho a decidir, y protege la salud integral de niñes y adolescentes: la ILE ya es derecho y hoy se respeta y se sigue practicando en su manera menos invasiva y medicamentosa en embarazos avanzados, preservando la salud integral de lxs niñxs. Así también se preserva la intimidad de ellxs y sus familias. Para que nadie vuelva a meter miedo o culpa a las niñas, un rayo de Sol para Lucía y para todxs.

*Comunicadora feminista, miembra de Global Women´s Strike (Huelga Mundial de Mujeres)

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Por Sebastián Lorenzo Pisarello / Ilustración: Ximena Foguet

Después de 25 días encerrada en un hospital, “Lucía” sólo tenía un sueño: volver a la escuela. Fue una de las razones que la sostuvo durante las largas noches que pasó entre médicos que la querían obligar a continuar con un embarazo que no deseaba, sacerdotes que la instaban a salvar “las dos vidas” y su mamá que no se despegaba de ella -salvo para ir al baño-.

La  mañana del primer día de clases, dos semanas después del alta hospitalaria,  arrancó temprano. Desayunó café con leche, comió unas tortillas, se puso el jogging, la remera y el guardapolvo blanco. Se fue a la escuela caminando con su mamá, Sol,  y sus tíos. Entró al aula y se sentó junto a su nueva compañera de banco. Por primera vez en mucho tiempo, Sol vio que Lucía volvía a sonreír. La larga noche que concluyó con una microcesárea el 26 de febrero finalmente quedaba atrás.

Lucía tiene 11 años. Lucía vivía en un pueblo en el límite de Tucumán con Santiago del Estero y Salta. Lucía fue abusada por el novio de su abuela y quedó embarazada por una violación. Lucía pidió “que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Lucía fue obligada a parir. Lucía es una de las 137 niñas que -por año- dan a luz en Tucumán. Lucía no se llama Lucía. Ese fue el nombre elegido para resguardar su intimidad. Pero Lucía sí es Lucía, el símbolo de todas las niñas que son forzadas a maternar y a dejar de ser niñas por un Estado que decide actuar según preceptos religiosos y morales. No acorde a lo que marca la ley ni lo que piden las víctimas. El nombre de Lucía es el símbolo de la sordera ideológica que no respeta cuerpos ni voluntades.

Sol tampoco se llama así pero es su seudónimo para proteger a su hija. Sentada en la punta de una mesa donde hay apenas tres vasos con agua del caño, un celular para grabar su testimonio y un par de servilletas de papel. Se la nota cansada pero firme, triste pero ya serena, abrumada pero con la claridad de quien intuye que lo peor ya pasó. Durante las próximas horas, repasará casi en orden cronológico lo que sucedió entre el 29 de enero, día que se enteró de que Lucía estaba embarazada, y el 27 de febrero, cuando finalmente le hicieron la microcesárea en medio de una turbulencia mundial.

El inicio

En 15 días a partir de que Lucía quedó internada en el Hospital del Este, a Sol un médico le dijo que si su hija abortaba podía morirse y que ella sería la culpable. Un sacerdote le dijo que Dios no quería muerte. Vio como afuera del Hospital donde estaba internada Lucía esperando que le practiquen la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) un grupo de gente se juntaba para gritarle asesina. Y sostuvo la mano de su hija que le rogaba que no la deje: en lo único que podía pensar en ese momento era en aquellas palabras del doctor cuando le dijo que en su conciencia pesaría la muerte de su hija. Pero cuando terminó la intervención médica, lloró. De la alegría. Del alivio. De saber que su hija estaba bien y con vida. Lucía estaba con vida.

Sol mueve las manos, se las agarra, se las cubre. Se toca un tatuaje de un círculo formado con los nombres de sus hijos. Sonríe, frunce el ceño y se prepara para hablar sin parar durante tres horas.

“Cuando me enteré que mi hija estaba embarazada, tiritaba de los nervios, de miedo. Al principio pensé que me podía hacer cargo de esa bebé. Pero después mi hija me dijo que no, que no quería saber nada y yo me terminé de convencer. Ella en ningún momento lo ha querido. Y yo no quería criar una niña en medio de un odio, de un desprecio, no me iba a sentir bien a cargo de una criatura que no haya sido querida, que no haya sido deseada y que sea odiada por su madre que es mi hija de 11 años. Apenas llegué al hospital del Este se lo dije a la doctora Tatiana (Obeib, jefa del Servicio de Tocoginecología). Ella me explicó que había una ley que a la chiquita la amparaba, que podía hacer un aborto y que iba a hacer todo lo posible para que se haga. Nos mandó a la casa cuatro días. Cuando me reuní con la fiscal Reuter le pregunto si había esa ley y me dice que sí, que existía y que la amparaba. Cuando la vuelvo a internar, hablo con el doctor Gustavo (Vigliocco) que porque  quería que le hagan un aborto, que la chiquita corría riesgo de muerte. Todo el tiempo me insistía con que corría riesgo de morir. Había cosas que me decían que yo no entendía. Me explica de la matriz de ella, me dice que tenía que firmar la operación y que si mi hija moría la única responsable iba a ser yo. Me daba miedo firmar por eso”.

El 7 de febrero, en un nuevo control en el Hospital, una de las dos instituciones que realiza Interrupciones Legales del Embarazo (ILEs) en la provincia, Sol pidió por primera vez que le realicen un aborto. “’Llevala a la chiquita y pensalo’”, le respondieron.

Cuatro días después, el 11 de febrero, fue ante María del Carmen Reuter, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual . En el hospital le habían dicho que tenía que denunciar el abuso sexual antes de solicitar el aborto, cosa que no exige la ley. A las mujeres pobres, a las que tienen menos recursos simbólicos y materiales, les ponen obstáculos innecesarios para acceder a sus derechos.

Cuando Sol ingresó al despacho de Reuter,  le pidió quedarse con Lucía. Creía que había perdido la responsabilidad parental porque la niña estaba siendo criada por su abuela. Así fue desde que supo que su ex pareja había abusado de las hermanas de la Lucía. Esta es la historia de una familia atravesada por la violencia contra las mujeres.

Ese 11 de febrero, en Cámara Gesell, Lucía despejó cualquier duda sobre su verdadera intención: “quiero que me saquen de adentro lo que me puso el viejo”, rogó.

Esa noche Lucía quedó internada. Sol, otra vez, pidió que le practiquen la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).  “Necesito que le saquen este bebé”, le rogó a Tatiana Obeid, jefa del Servicio de Tocoginecología del Hospital del Este.

Siprosa

El pedido de Sol, una madre desesperada, que recibía informaciones contradictorias y poco claras, no tuvo respuesta. Obeid le respondió que tenía que pensarlo, le repitió supuestos riesgos de muerte y le informó que necesitaba dos donantes de sangre como requisito para practicarle la ILE. Le sumaron obstáculos innecesarios y le acrecentaron la frustración: Sol no puede donar sangre porque tiene tatuajes. Eso le dijeron en el Hospital aunque no la frenó. Consiguió uno: un policía que custodiaba el Hospital se ofreció. Pero le faltaba uno más.

A pesar de los obstáculos, en ese mismo momento firmó el consentimiento para la práctica de la ILE. Este papel existe, lo tuvo guardado durante toda su estadía en el hospital esperando que lo retiren. Otra forma de pisotearle y negarle sus derechos. Pasaron los días, nadie retiró el documento y tomó protagonismo un personaje clave de la larga noche de Lucía: Gustavo Vigliocco.

Vigliocco es el Secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de Tucumán, el segundo en orden jerárquico dentro del Ministerio de Salud.  Tiene canas, anteojos solo con marco superior y una voz firme que transmite confianza. Sol ya lo había conocido los primeros días que llegó al hospital.  Pero esa fue la primera vez que le habló sobre el estado de Lucía. “Me dijo que estaba llena de coágulos, con la matriz a la altura del abdomen y que podía morir desangrada si le hacían una cirugía. Según él, la única opción para que Lucía no se muera era esperar cuatro semanas más en el hospital para que el embarazo sea de 7 meses y una semana”, contó Sol. Con el miedo del diagnóstico y las perspectivas planteadas, decidió que lo mejor era esperar. No dejó de llorar en toda la noche.

Sol

“En esos días le han hecho cita al padre de ella para que venga a firmar la autorización para que la operen. Con la firma de los dos decían que la podían operar. Según ellos, estaba en riesgo, estaba anémica, tenía que esperar hasta el 7 (de marzo) para que la operen (le practiquen la interrupción legal del embarazo). Me decían que le iban a dar una pastilla por la boca y que se iba a morir la criatura y que se la iban a sacar por la vagina. Y yo les he dicho que no por lo que ella estaba sufriendo, no iba a dejar que sufra más. Ellas me decían que era la única opción, con menos peligro, que le iba a doler la cintura y que iba a sentir todo lo que se siente al parir, que iba a romper bolsa.

Esas eran las únicas opciones que me daban. Pero han tardado un montón, un montón. El que tiene toda la culpa de que las cosas no han seguido los tiempos que tienen es el Doctor Gustavo (Vigliocco).  Me decía que espere hasta que mi hija cumpla los 7 meses (de embarazo) para ver si se la podía operar. Que ahí ya no había tanto riesgo y que yo iba a salvar las dos vidas: la de mi hija y la de esa criatura. Yo le respondía que no quería esperar y él me repetía que yo iba a llevar una carga de conciencia con la muerte de mi hija y de mi nieta.

El iba todos los días los días a vernos. Si yo le decía a las 12 de la noche ‘doctor, tengo que hablar con usted, necesito que me explique una cosa’, él se venía al hospital. Por mensaje me preguntaba cómo estaba Lucía, qué necesitaba. Le mandó una tablet de regalo y se la hizo cambiar porque andaba mal.

Me llegó a decir que si estaba preocupada porque la bebé vaya a una casa hogar o adopción, que no me preocupe porque él la iba a hacer reconocer, la iba a criar como a su hija y que me iba a ayudar para que ella estudie. Que le iba a construir una casa a Lucía para que esté bien. De hecho hizo destechar cuatro habitaciones de mi casa. Supuestamente iba a tirarla abajo para construirla de nuevo. Nunca volvió y mi casa quedó sin esos techos. Nunca pensé que estaba como comprando a la criatura. Yo pensé que lo hacía por amor.

Cuando se ha enterado que yo he pedido que le hagan el aborto a la chiquita, se desapareció”.

Tucumán

Tucumán es la única provincia del país que no está adherida a la a la ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673) que tiene como objetivo “alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable, entre otros objetivos”. Según la Agencia de Prensa Alternativa (APA!), “las tucumanas pagan con sus cuerpos y proyectos de vida la falta de políticas públicas que garanticen la vigencia efectiva de los derechos sexuales y reproductivos. Tucumán tiene una de las tasas más alta del país de embarazo adolescente; el 17,8% de los embarazos son de menores de 19 años. El promedio nacional es del 15% aproximadamente”.

Tampoco está adherida al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (parte de la misma ley 25.673). Cuando la Legislatura provincial intentó abordar el tema, la Iglesia Católica, principalmente, obstaculizó e impidió el debate. De hecho, existe una agrupación denominada “Padres con Derecho a Decidir” que se proclama autoconvocada, pero es apoyada por más de 20 instituciones. Entre ellas: Abogados por la Vida, Movimiento Familiar Cristiano, Fundación Eco Vida, Fundación Padre Richard, Fundación Creando Familias Sanas, Epasi, Médicos por la Vida y muchas otras que se enmarcan en el movimiento denominado “Con mis hijos no te metas”.

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Durante 2017 hubo en la provincia 4.231 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. Además, hubo 137 partos de niñas menores de 15 años, la mayoría son embarazos infantiles forzados como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violencia. Debido a estos alarmantes índices, Tucumán ha sido declarada provincia prioritaria por la intervención del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), lanzado por el Estado Nacional.

Sol II

“Iba el cura ese, entraba a la habitación con el teléfono en la mano, le hacía el cruz en la frente a mi hija y le decía que Dios no quería que haya muertes, que porque yo le quería hacer el aborto si podía seguir con la criatura. Lucía no dejaba que el cura le haga la cruz, no permitía que se le acerque ningún hombre. Pero iba todos los días. Es el capellán del Hospital, Roque Olea. Iba con ropa normal, nunca fue vestido de cura. Por ahí iba con un cosito blanco en el cuello. Me preguntaba qué iba a pasar con la bebé, si la iba a dar en adopción o si la iba a criar. No iba a rezar. Solo a preguntar cosas. A mi me parecía raro porque solo preguntaba sobre el bebé. A veces venía mañana y tarde. Me molestaba que él vaya. Si es un cura, ¿por qué nunca nos llevó ni una estampita de la Virgen? Yo soy católica”.

Casos similares

Una niña de 12 años llegó a mediados de enero de este año a un hospital de Jujuy  con un fuerte dolor abdominal. Los médicos detectaron que cursaba un embarazo de 24 semanas y la menor denunció que había sido violada por un vecino de 60 años que la amenazó con matarla si hablaba. Ella y su madre solicitaron que se le realice un aborto, contemplado por la ley, pero los médicos la derivaron a otro hospital, la mantuvieron varios días internada y finalmente por la fuerte presión política le realizaron una cesárea. La bebé murió unos días después.

A principios de abril sucedió un caso similar en San Juan. Una nena de 11 años denunció que había sido abusada por su padrastro y quedó embarazada. Aunque en principio hubo resistencias, y un grupo de antiderechos intentó obstaculizar la práctica, le realizaron la ILE.

Sol III

El 25 de febrero, Sol llamó a su prima para que la ayude. No aguantaba más en el hospital y Lucía tampoco. Todo el tiempo le pedía irse. “Buscá los pañuelos verdes, no aguanto más”, le dijo a una prima que la acompañó durante todo el proceso. La familia se puso en contacto con el Colectivo Ni Una Menos. Las organizaciones Andhes y Cladem, que pertenecen a ese colectivo, asumieron el compromiso con el caso. Casi 24 horas después, y luego de 27 días de dilación, se hizo la microcesárea en medio de una provincia convulsionada.

“A mi hija la tuvieron desde el mediodía hasta la noche sin comer ni tomar nada.  Ya lloraba de hambre. Me pedía algo para comer y no me autorizaban. El día anterior viene la doctora Tatiana (Obeid) y me dice que le tenían que poner un inyectable para la anemia. Cuando vienen con la segunda inyección el día que le hicieron la operación, mi prima les vuelve a preguntar para qué era y la enfermera le dice que era para la maduración de los pulmones del bebé y que era la segunda dosis. Después la doctora Obeid  me dijo que tenía que firmar el acta para que la lleven a un sanatorio para que le hagan el aborto porque en el hospital no había ningún médico que lo pueda hacer. Nadie la quería operar supuestamente porque corría riesgo de muerte. Decía que había un remise esperando para que la lleve pero yo no quería firmar el alta. Ahí me dijeron que iban a buscar unos médicos para que la operen. Lucía seguía con hambre. Yo la hacía jugar y le pasaba un algodón con agua por la boca porque no podía tomar ni comer nada. En eso llegan una doctora y un doctor a quién les tengo que agradecer porque por ellos tengo a mi hija con vida (Cecilia Ousset y José Gijena). Me dicen que la iban a operar a mi hija. Le pido que la salven, tenía miedo que se me muera. Me autorizan para que pase al quirófano. Yo viví todo lo que ella vivió.

Le pusieron seis inyectables en la columna. Estaba semidormida y gritaba cuando le ponían las agujas. Yo quería que no la hagan sufrir más, que la hagan dormir. Me pilló la mano y me dijo “mamá, no me dejes”. Yo le hice escuchar una alabanza porque ella va a la iglesia. Cuando la veo, estaba morada. Pensé lo peor, que la perdía. Era que le había subido la presión cuando la estaban operando. La vi con 170 de presión. Por suerte estaban esos doctores que le salvaron la vida. Cuando mi hija se despertó, los miró y les dijo ‘gracias’. Lucía nunca quiso que esta criatura nazca.

Ella pedía que se la saquen”.

El amanecer

Lucía no sabe que le sacaron un bebé. O al menos eso dice su madre.  Cree que la herida que tiene es de una operación de apéndice. Se saca fotos de la cicatriz. Ya terminó el primer día de clases y los anteojos nuevos le permiten ver bien. Se siente libre. Ya no está en el hospital, ya no hay médicos ni médicas que le toquen la panza ni le hablen de un bebé de verdad. Ella solo quiere jugar. Construye casas de tierra, con piedras y arena. Le gusta que le dé el sol en la cara, fuerte y radiante.   En unos meses podrá cumplir un sueño: tiene un viaje de estudio con sus compañeros y compañeras. Y podrá ir. Porque la larga noche terminó y en el amanecer vuelve a ser niña.

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