Por Bárbara Favant, Lucía Media y Ma. Julia Porta* | Foto: Analía Cid

Este lunes pasado, el juez penal de la capital de Santa Fe, Nicolás Falkenberg, en un fallo ejemplar, absolvió a R., una mujer de 27 años que en 2019 tuvo un parto sola en el patio de una casa en Desvío Arijón, llegó al hospital Cullen con una hemorragia y con su beba muerta. La respuesta del nosocomio fue denunciarla en el medio de un posparto traumático y salir a los medios locales a dar detalles de la muerte de la recién nacida -se la calificó de feto en ese momento- sin que se le haya hecho una autopsia.

R. se enteró que estaba embarazada cuando cursaba el quinto mes y lo ocultó a sus conocidos y familia por distintas razones que la llevaron a esa decisión. Entre ellas, la posibilidad de reproche y rechazo de su círculo íntimo y de la sociedad de su pequeña localidad, que no es en la que parió. De distintos peritajes psicológicos que fueron expuestos durante las audiencias se desprende que tenía intenciones de llevar a término la gestación y que nunca quiso causarle daño a su bebé. Estaba en una situación compleja en lo personal en el marco de sus creencias y entorno.

Todo comenzó la noche del 8 de febrero del año pasado cuando, según la misma fiscal que la imputó, Roxana Marcolín, R. comenzó con trabajo de parto estando en su cama, y al no lograr continuar ya que había coronado “se levantó y se fue hasta el patio, no sabía qué hacer”. “Trató de que culmine el parto pero no lo podía hacer“, expresa la fiscal durante las audiencias en las que cuenta que la joven hizo todo el trabajo estando parada. Al mismo tiempo relata que “sale de forma rápida, se termina de producir el parto, mientras se estaba sacando el short que aún tenía puesto y es allí donde se produce la caída de la bebé y la fractura que termina causándole la muerte. Se encontraba en estado prácticamente de shock, la vuelve a alzar, vuelve a caerse y ella se desvanece junto con la bebé”.

Antes de caer inconsciente, alcanzó a pedir ayuda a su madre con un grito. En la casa quinta en la que se encontraban, había cuatro personas más que no sabían que estaba embarazada y menos que estaba pariendo. Cuando la mamá de R. salió a auxiliarla se encontró con toda esa situación junto con la bebé en el suelo. Comenzó a ayudarla, la puso en una caja y trató de levantar a su hija. Llegaron alrededor de las 4 de la madrugada al hospital Cullen con un cuadro de hemorragia. “Fue atendida con nula empatía y posteriormente denunciada”, según describe Falkenberg en el fallo absolutorio al que accedió Periódicas.

Según consta en el mismo, la escena fue minuciosamente estudiada por los grupos de pericia y no hay ningún indicio físico ni psicológico que pueda contradecir el relato de la joven a las autoridades, que fue corroborado además con varios testigos desde un principio.

No fue su culpa, ni su intención

Les fiscales fueron Roxana Marcolín y Raúl Nessier. A la defensa de la mujer la tomaron Carolina Walker Torres y Martín Risso Patrón. Cabe destacar que ambas partes pactaron una pena de tres años de prisión efectiva para R., con el fin de evitar que se llegue a un juicio oral. Aunque se estimaba que terminaría en una absolución, acordaron para que la mujer no tenga que pasar por ese proceso judicial que sería doloroso. Al mismo tiempo les investigadores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) cambiaron la imputación de homicidio doloso (con intención) a culposo.

Para argumentar este trato expresaron que era “una pena justa en virtud de que la imputada violó un deber de cuidado que resultó determinante para provocar la muerte de su bebé -y aún para poner en riesgo su propia salud- al no realizar los controles pertinentes del embarazo que estaba cursando, es decir, no tomó los recaudos tendientes a evitar el hecho”. Al mismo tiempo remarcaron que “provocó el fallecimiento de su bebé sin intención de causar el resultado”, que la misma “sufrió un daño psicológico importante” y que luego “demostró arrepentimiento”.

Este argumento fue desterrado totalmente por el juez Falkenberg quien además de absolver a la joven imputada, apunta a que “los hechos atribuidos a la misma resultan atípicos, ya que han sido elaborados sobre la presunta omisión de un pretendido “deber de cuidado”. También expresa que en quienes estuvieron a cargo de la investigación (fiscales) “subyacen estereotipos de género que resultan intolerables, en orden al comportamiento que se espera de la mujer sujeta a proceso”.

Al extenderse sobre el presunto “deber de cuidado”, explica que hay “inexistencia de imperativos legales -con consecuencias penales- que impongan obligaciones a la mujer embarazada”. En esta misma línea advierte que, según los testigos que había al momento del hecho, el trabajo de parto “se habría precipitado de un momento a otro, en el que necesariamente debió ponderarse el estado de shock en que se encontraba la joven”.

En el fallo absolutorio además destaca que en la legislación nacional se “le asigna a la autonomía de la mujer, sobre su propio cuerpo, aún estando embarazada”. Para sostener este punto cita el art. 88 del Código Penal que sanciona el aborto causado por la propia mujer -o que consiente que otro se lo causare-, “pero sólo cuando estas acciones son dolosas”, remarca Falkenberg. Y agrega: “No existe el delito de aborto culposo, cuando la autora es la mujer embarazada. Sólo algunas legislaciones -gr. El Salvador-, contienen punibilidad del aborto culposo, pero siempre respecto a la conducta de un tercero, más nunca cuando es causado por la propia mujer embarazada”.

En síntesis, la sentencia absolutoria de Falkenberg se funda en la atipicidad del delito atribuido, como así también en los principios de la ley de parto respetado y en textos y jurisprudencia que proponen una mirada despojada de estereotipos de género.

MPA y el sesgo de género

Otro capítulo aparte es el que Falkenberg le dedica a les fiscales Marcolín y Nessier a quienes les apunta que “evidencian sesgos de género” que “invalidan y atentan contra el regular juzgamiento de este tipo de sucesos”. El juez recuerda que el caso se inició con una imputación dolosa acusándola a R. de haber dado muerte de manera intencional y mediante el empleo de golpes a su bebé que “devino en una acusación culposa”, como ya se señaló.

Falkenberg les explica que “no puede pasarse, sin más de la infracción dolosa a la culposa, pues significan la descripción de hechos distintos, por más que el resultado sea idéntico”. Lo que dice el juez es que como no pudieron acreditar los fiscales el homicidio intencional, doloso, fueron con las mismas pruebas a tratar de probar una supuesta infracción al “deber de cuidado”. Específicamente a Marcolín le cuestiona que durante la audiencia “no puede advertirse en modo alguno cuál es la conducta que se le puede reprochar” a la imputada.

Además relata que R. fue “sometida a un escrutinio” por parte de les fiscales en el que no se le reconoció su autonomía ni su derecho a la libre elección de sus relaciones ya que durante las investigaciones se trató una y otra vez de comprobar que la mujer había ocultado su embarazo como si ese dato fuera un indicio incriminatorio.

“No cabe más que interpretar que en el reproche a tales ‘in’ conductas, subyacen -como adelanté- estereotipos o preconcepciones que están fundados en la visión tradicional y propia de una cultura patriarcal en orden al rol preconcebido de la mujer; a la idea de que su realización como tal sólo puede concretarse mediante la maternidad, por estar predestinada a parir, en razón de ser un atributo que la define”, expresa Falkenberg.

Y profundiza: “Se analiza el relato de R., según lo narrado por la fiscal en la audiencia, resulta deshumanizante indagar cuál hubiera sido su comportamiento ‘apropiado’, apenas se advierta la magnitud y trascendencia que para una mujer tiene transitar un trabajo de parto y alumbramiento natural inminente”.

El Cullen

Falkenberg tampoco dejó pasar la actitud del médico del Cullen, Justo José Cibil, que denunció a R. cuando llegó al nosocomio para pedir ayuda después de un posparto. “No hace más que evidenciar la violencia obstétrica posparto”, expresa el juez.

Además, detalla que R. fue sometida por parte del personal del efector de salud a “una práctica de nula empatía, humillante y criminalizante de quien estaba atravesando su estado puerperal y recurrió al hospital para su atención médica, tras el parto espontáneo que había transitado en el domicilio en el que se encontraba”.

“Ello impactó negativamente en la situación de R., en tanto pese a ser evidente que acudió al nosocomio en busca de ayuda tras dar a luz a su beba -y conforme surge de la imputación original fue trasladada de urgencia para tratar un cuadro de hemorragia-, recibió por respuesta una clara violación a la confidencialidad y a la intimidad, extremo éste último expresamente: contemplados en la Ley de parto humanizado (ley 25.929)”, agrega.

Y apunta a que “la divulgación efectuada por el profesional del efector público, no se encontraba amparada en ‘justa causa’ alguna”. Cabe recordar que ese día Juan Pablo Poletti, director del hospital Cullen, dio detalles del caso a la prensa. En este punto Falkenberg coincide con lo antedicho con la defensa: Poletti había realizado declaraciones “poco felices”, que fueron “bastante duras”, cuando ni siquiera estaba el resultado de la autopsia.

Por los mismos argumentos Falkenberg critica la intervención efectuada desde el órgano a cargo de la investigación, por intermedio del Licenciado en Psicología Matías Tabeni dependiente de la División Científica Forense de la Agencia de investigación Criminal quien entrevistó a la mujer para obtener “información en beneficio de la investigación, en abierta contradicción a las garantías que como tal le correspondían a R.”.

Un fallo para destacar

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, destacó el fallo del Juez en lo Penal Nicolás Falkenberg de la provincia de Santa Fe. Allí absolvió a la joven que en febrero de 2019, ante un evento obstétrico que se produjo en un domicilio particular, acudió al Hospital Cullen en estado de shock y en busca de atención médica, pero fue denunciada por quienes trabajan en el nosocomio y luego imputada del delito de homicidio doloso, y luego le cambiaron la carátula a homicidio culposo.

“En el momento de la imputación, como integrantes de esta Campaña nos pronunciamos y exigimos la inmediata libertad para la joven, señalando que se trataba de un proceso judicial generado por la falta de perspectiva de género entre los mismos agentes del Estado. Por eso valoramos hoy, además, que el juez haya rechazado el acuerdo de la Fiscalía y la defensa de condenar a la mujer mediante un juicio abreviado, reconociendo que en verdad la misma fue una víctima y no una victimaria”, expresaron en un comunicado.

Y agregaron: “El fallo del juez Falkenberg pone en evidencia la vulneración de derechos que suponen los estereotipos de género en dos ámbitos: en el Poder Judicial y en los servicios de salud pública. En este caso en particular, dichos estereotipos se cristalizaron en la Fiscalía -que basó su acusación en el supuesto “deber de cuidado” que la mujer debía asumir en su rol de “madre”- y en el Hospital José María Cullen, cuyo personal violó el secreto profesional y el derecho a la privacidad y a la intimidad de la joven, para denunciarla ante la policía y ante los medios de comunicación”.

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*original en Periódicas

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Por Laura Guarinoni / Foto:La Tinta

Una vez más un la pespectiva de género está ausente en la justicia. El tribunal criminal de Bahía Blanca condenó a Rosalía Reyes de homicidio por no haberle brindado asistencia a su hija recién nacida después del parto que se desencadenó en su casa. La defensa asegura que no tuvieron en cuenta la situación de vulnerabilidad social y económica en que la mujer vivía, que se desmayó durante el parto y que no tenía las herramientas necesarias para “hacer otra cosa”.

18 de mayo de 2005. Rosalía Reyes llegó a su casa extenuada luego de una jornada de 14 horas en el frigorífico de pollos “La Gleba” de la Universidad Nacional del Sur donde trabajaba. Criaba sola a sus tres hijos y estaba embarazada, pero lo ocultaba con ropas amplias y una faja, porque si sus jefes se daban cuenta que otra vez iba a parir la iban a echar. Era monotributista y si no trabajaba, no cobraba. No tenía ni vacaciones, ni licencia por salud o maternidad. Con su último hijo sólo había logrado quedarse en su casa unos escasos 15 días.

Llegó cansada a su hogar en la localidad bonaerense de Argerich, ubicada en el partido de Villarino, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. Le faltaba un mes para parir y la panza le pesaba. Le dijo a su hija mayor, que en ese momento tenía 12 años, que se sentía mal y se fue acostar. A los pocos minutos sintió un dolor muy fuerte, fue al baño y en dos contracciones nació su hija. Se desvaneció y cuando recobró la conciencia escuchó los gritos de sus hijos. Con un cuchillo de cocina llegó a cortar el cordón umbilical, se estaba desangrando. Lo ató como pudo y cuando fue a asistir a la recién nacida ya estaba sin vida. Se acostó abrazada a su bebé un buen rato.

En la madrugada con miedo y angustia decidió sepultar el cuerpo en el patio de la casa. En esos días buscó ayuda psicológica para la hija que la había asistido en el parto. La psicóloga fue quien reportó el caso, la policía allanó la vivienda de la familia y detuvieron a Rosalía. A partir de entonces comenzó un proceso judicial en su contra que duró varios años.

Estuvo presa un año hasta que en 2006 la Cámara de Apelaciones y Garantías de Bahía Blanca le dió la excarcelación extraordinaria. La fiscalía había pedido prisión perpetua. Aterrada agarró a sus cuatro hijos y se fue a vivir a gran Buenos Aires. Nunca más se supo de ella pese a que dictaron un pedido de captura.

13 de junio de 2019. Rosalía viajaba en la línea C de subte, hacia Retiro, cuando en una de las estaciones quedó registrada su imagen en una cámara de seguridad, detectaron que tenía un pedido de captura vigente. La detuvieron y desde entonce permanece en la cárcel bonaerense de Azul.

Habían pasado 13 años en los cuales ella trabajó en blanco, hizo aportes a la seguridad social en la Anses, inscribió a sus hijos en la escuela, votó e inclusive regresó varias veces a Argerich, lugar donde siguen viviendo sus hermanos. Inclusive se enamoró, formó una pareja y tuvo una hija más, que hoy tiene 9 años.

Condenada por mala madre

En 2019 se reanudó el juicio y el 19 de febrero de este año el Tribunal Criminal N° 3 de Bahía Blanca, integrado por los jueces Daniela Castaño, Eduardo D’Empaire y Eugenio Casas, decidió condenar a Rosalía a 8 años de prisión efectiva por “homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”.

Según explicó a minutouno.com su actual defensora Fabiana Vannini el núcleo tanto de la imputación de la Fiscalía, como del reproche la sentencia es no haber asistido a la recién nacida y haberse salvado ella, “de alguna manera le reprochan autopreservarse y no haber podido salvar a su hija”.

Los jueces coincidieron en que Rosalía tuvo “conductas omisivas configuradas por la falta de prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por hemorragia a través del cordón umbilical”.
El fallo no tuvo en cuenta el shock que produjo en esa mujer el parto a altas horas de la noche, sola con cuatro hijos menores después de una jornada laboral extenuante, así como tampoco las condiciones de vulnerabilidad económica y social que esa mujer vivía. Para la letrada se basa en un “reproche es moral y clasista. Era una mujer pobre, en una situación de vulnerabilidad social y económica que no pudo hacer otra cosa”.

En tanto, la justicia nunca juzgó ni el abandono de los padres a los cuatro hijos que tenía Rosalía, ni la responsabilidad del progenitor de su hija que falleció, ni la falta de presencia del Estado en la contención de esa mujer, su embarazo, y a la niña por nacer -derechos reconocidos a través de la suscripción de tratados internacionales-.

La criminalización de las mujeres por “malas madres” no es nuevo en nuestro país. Varias son juzgadas por la “responsabilidad por omisión”, osea por fracasar en el cuidado de sus hijos, mientras casi no existen casos con la misma condena para los progenitores.
Durante el juicio, el fiscal Jorge Viego aseveró que la Rosalía había ocultado su embarazo “tanto a nivel familiar, social y laboral” y consideró que “tuvo un plan para deshacerse de la criatura”, que culminó con el entierro del cuerpo en el patio de la casa.

“La fiscalía se basó en su ocultamiento del embarazo en el trabajo para concluir que ella tenía un plan criminal cuando la verdad es que ella no podía hacer ostensible su situación porque claramente la iban a echar”, explicó Vannini, quien además sostiene que “en el juicio no se prueba nada que indique culpabilidad alguna”.

La sentencia carece de perspectiva de género pese a que los jueces decidieron atenuar la pena de homicidio. “Entendemos la atenuación es la perspectiva de género que quisieron darle pero es insuficiente, no alcanza. Rosalía no debería haber sido condenada y deberían haber evaluado toda la situación para terminar concluyendo que no había ninguna conducta omisiva para reprocharle”, dijo la abogada.

Además, reveló que el fallo ya fue apelado y que solicitó la detención domiciliaria para Rosalía. Además, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires adelantó que apoyará la apelación sumando doctrina, jurisprudencia nacional y tratados internacionales de derechos humanos para que la perspectiva de género sea aplicada en su totalidad.

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En la provincia de Buenos Aires, una mujer de 34 años y madre de un niño está en grave estado por las consecuencias de un aborto inseguro. Es en el territorio de los declarados antiderechos, María Eugenia Vidal y Esteban Bullrich (PRO). Los costos de votar contra el aborto legal, seguro y gratuito.

Elizabeth* llegó ayer por la noche a la guardia de un Hospital de la zona norte del Conurbano, que depende de la provincia de Buenos Aires, por las consecuencias en su salud que le provocó un aborto inseguro. Allí las y los profesionales médicos le realizaron una histerectomía de urgencia. Perdió su útero y corre riesgo su vida. Tiene 34 años y es madre de un niño y fue trasladada en las últimas horas a un centro de salud de mayor complejidad.

De acuerdo a datos oficiales, por año 50 mil mujeres y personas gestantes son internadas en hospitales públicos porque abortaron de manera insegura en la clandestinidad. Se calculan 29 mil abortos por mes, 985 por día y 41 por hora. Una de estas interrupciones voluntarias de embarazos fue la de Elizabeth, a la que el Estado le dio la espalda y hoy corre riesgo su vida.

Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, publicaron un comunicado al enterarse de la situación: “En el día de hoy tomamos conocimiento de la situación de una mujer que consultó en grave estado de salud a un Hospital provincial”, relatan, “se encuentra internada peleando por su vida”. Y apuntan de forma directa a la máxima autoridad de la provincia, María Eugenia Vidal (PRO), quien se pronunció en contra del derecho al aborto seguro: “la clandestinidad es esto gobernadora, es lo que está viviendo esta mujer y su familia”.

Tras el rechazo del Senado al articulado de la media sanción de Diputados de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito también publicó una declaración en la que responsabiliza al Poder Ejecutivo Nacional y a lxs 40 senadoras y senadores, integrantes del Poder Legislativo por “cada muerta y cada presa por abortar”, ya que se “abstuvieron o votaron en contra de nuestro derecho a la vida, a la salud y al reconocimiento de nuestra dignidad”. Desde la Campaña sostuvieron: “Poco les importamos las olvidadas: las que abortamos con riesgos, las que vamos presas y vivimos clandestinas de por vida”.

Para la Campaña, el Senado rechazó “la demanda popular de aborto legal, seguro y gratuito en un proceso democrático de construcción legislativa en el que además ninguna propuesta alternativa a la problemática ha resultado”. Además advirtieron, en relación al resultado de la votación del 9 de agosto pasado: “No hay ganadores cuando las mujeres y personas gestantes de nuestro territorio siguen abortando en clandestinidad. La reflexión es profunda: ante la oportunidad de cambiar se ha elegido conservar el statu quo penal de 1921 y sostener una norma que discrimina porque condena a solo una parte de la población”.

Para la Red… estamos frente a “los costos de votar en contra del aborto legal, seguro y gratuito” y finalizan en el comunicado preguntando: “¿Todavía queda alguna duda de que la clandestinidad pone en riesgo la salud de las mujeres y personas gestantes? ¿Todavía queda alguna duda de que tenemos que dar una respuesta desde el sistema de salud?”.
*Elegimos este nombre para resguardar la identidad de la víctima

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Por Anita Pouchard Serra y Laura Salomé Canteros desde San Salvador

En el día internacional de lucha por la despenalización y legalización del derecho al aborto, las mujeres populares, lesbianas y feministas de El Salvador salieron a las calles de su ciudad capital para exigir la aprobación del proyecto de ley de cuatro causales para que el país deje de penalizar el aborto en todas sus formas. Al finalizar la marcha entregaron un petitorio a la Asamblea Legislativa. En toda América, una sola lucha, un grito fuerte y global por el aborto legal.

La cita fue a las 8 am en la Plaza de la Salud, frente al Hospital Rosales, en la agitada San Salvador. Allí, cientas de mujeres nucleadas en alianzas, coaliciones, colectivas y organizaciones feministas populares se refugiaban del sol ansiosas de poner el cuerpo y hacer historia en las calles andando la lucha por una demanda histórica en ese país y en toda la región en una fecha clave de la agenda feminista: el día de lucha internacional por la despenalización y legalización del aborto.

“Vamos compañeras, a ocupar las calles”, dijeron desde un altoparlante móvil, y todas las que allí estaban, con remeras, pancartas, antifaces y megáfonos comenzaron a marchar. “Que nos detengan, que somos feministas, que somos abortistas y no nos pueden controlar”, cantaban y bailaban. Emocionó escuchar que el “caminar sin fronteras” es una realidad en frases compartidas. Que estamos hermanadas sosteniendo a las que abortan y están presas y que los colores de la lucha y la diversidad, del cambio y el avance de derechos es potencia en grito global: ¡nosotras decidimos!

Un territorio paradigmático donde la lucha es mucha

El Salvador es, junto a Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, un territorio que penaliza el derecho al aborto de forma absoluta. Donde hay niñas y mujeres muertas y presas por abortar, donde cada veinte minutos una niña es embarazada, donde cuatro horas una mujer es víctima de violencia sexual y donde la tercera causa de muerte materna es el suicidio.

“Hace 11 meses que el Proyecto de Ley se encuentra en la Asamblea Legislativa”, afirmaron las mujeres y lesbianas que se acercaron a manifestarse y entregar un petitorio firmado por las decenas de organizaciones y colectivas feministas que integraron la marcha por las calles de San Salvador ante, mayoritariamente, la consulta de la prensa extranjera.

“Necesitamos la gestión popular de nuestra salud y es básica”, dijo otra de las activistas en la manifestación, “no tenemos acceso a seguros médicos, no tenemos espacio para ir a la unidad de salud y vamos cuando tenemos tiempo porque pasamos muy atareadas buscando el pan para nuestras familias”, y agregó, “por eso hoy estamos aquí, para que se aprueben las 4 causales, para que no se siga afectando la salud de niñas y mujeres en El Salvador”.

La punición del aborto en este país es de las más duras del mundo y va de dos a ocho años de prisión tanto para la mujer que interrumpe una gestación como para quienes la ayuden, y de entre seis y 12 años para las y los profesionales de la salud. En los casos más extremos, se ha encarcelado a mujeres acusadas de homicidio agravado, delito que conlleva una pena de hasta 50 años de cárcel. Una figura legal que recae, no casualmente, sobre las más desprotegidas, jóvenes y pobres de departamentos rurales. Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, entre el 2000 y 2011, 129 mujeres han sido procesadas en El Salvador por funcionarios/as del poder judicial por los supuestos delitos de aborto u homicidio agravado.

“La absoluta penalización del aborto es una forma de violencia estatal contra las mujeres”, afirmaron desde la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, “si una mujer está embarazada y tiene cáncer, no puede decidir interrumpirlo para que le den tratamiento y salvar su vida”. Y agregaron, “la penalización absoluta genera graves violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres e inseguridad jurídica para el ejercicio de la profesión y práctica médica”. Y señalando las responsabilidades parlamentarias en la modificación del Art. 133 del Código Penal salvadoreño señalaron: “cada día que se posterga la reforma para la despenazalición del aborto en 4 causales, se condena a niñas y mujeres a enfrentarse con embarazos impuestos, a muertes maternas prevenibles, suicidios en embarazadas y encarcelamiento hasta de 50 años en mujeres que han sufrido la pérdida de su embarazo a raíz de complicaciones obstétricas”.  

Las 4 causales de aborto que podrían ser despenalizadas, según el proyecto presentado por el oficialismo gubernamental, son: cuando el embarazo es producto de una violación; cuando el embarazo resulta de las vulneraciones en contexto del delito de trata de personas; cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, aplica a niñas y adultas; y cuando las niñas, específicamente, son víctimas de abusos.

La situación es de grave vulneración de derechos, revictimización y violencia institucional. Ante una emergencia obstétrica las mujeres que llegan a los hospitales son desatendidas o denunciadas y tratadas como delincuentes con las penas más altas del mundo. En la actualidad algunas de las mujeres que fueron condenadas por esta figura legal llevan más de 10 años de prisión, y la mayoría han sido condenadas a penas de 30 años o más. Pero pese a las condenas y a la prohibición, las mujeres siguen ejerciendo la soberanía sobre sus cuerpos- decisiones y los abortos clandestinos siguen siendo frecuentes. El Ministerio de Salud relevó que, entre 2005 y 2008, hubo en El Salvador más de 19 mil interrupciones de embarazo.

“Con mi derecho a decidir, yo decido cuando parir”

Hay historias en este pequeño país, pero que gracias a la lucha feminista son hoy globales. En enero de 2015, Carmen, que tenía 18 años cuando fue condenada a 30 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo, recibió un indulto después de cumplir siete años privada de su libertad en una cárcel. Ese mismo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado de El Salvador a resolver y dar explicaciones acerca de porqué sostiene la penalización de todo tipo de abortos al tomar estado público la historia de una joven mujer campesina, Beatriz, a quien no permitían abortar luego de saberse que cursaba una gestación que no llegaría a término.

Recientemente una menor con discapacidad intelectual víctima de las violencias de un macho fue obligada a cursar un embarazo y sometida a una cesárea porque su pelvis era demasiado pequeña para dar a luz, una historia por la que el representante en Centroamérica de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos afirmó, “obligar a una niña de 10 años con problemas de salud a tener un hijo después de haber sido violada es algo muy grave y requiere una solución y una respuesta inmediata”.

La punición del aborto no resuelve la problemática y es una omisión institucional de las responsabilidades sobre la cuestión de salud pública. La criminalización, la clandestinidad, los abortos inseguros y sus consecuencias se llevan la vida, la salud y proyectos de cada subjetividad que elige sobre su cuerpo territorio no continuar un embarazo no deseado. Las salvadoreñas lo saben bien. No siempre el aborto fue penalizado en la historia de su país. Por eso sus rostros agrietados recorrieron las calles. Acompañadas de los cuerpos jóvenes que toman su lucha como legado.   

Y por un momento fue como si no importara geografía. Fue estar en un lugar conocido, marchar donde el color de los abrazos nos guió en cantos hermanados para la liberación de todas.

“Es necesario que las y los diputados tomen las demandas de las ciudadanas. Tenemos derecho a vivir. Estamos exigiendo que aprueben las 4 causales. Es su obligación”, afirmaron las activistas mientras realizaban una performance que tenía todo de genealogía feminista retomando los nombres de las mujeres que murieron a causa del absurdo de no dar resolución a una problemática de salud pública y justicia social. Detrás una bandera adornada las rejas de la Asamblea Legislativa: “Diputados y diputadas aprueben las 4 causales. Es su obligación”.  

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Desde las 11 se tratará en reunión informativa de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, el Proyecto de Ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En la misma también se dará lugar a posiciones antiderechos.

“Esperamos sea el inicio del debate que nos permita avanzar en la concreción del derecho a decidir para todas las argentinas”. Con esta y otras frases contundentes, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito informaba a través de una declaración que hoy la Cámara de Diputados trataría su Proyecto de Ley, presentado el 30 de junio de este año.

Será durante la reunión informativa de la Comisión de Salud de la Cámara baja de la Nación, presidida por la diputada Carolina Gaillard (FpV), y no sólo se tratará el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado y presentado por la Campaña y encabezado por la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; sino también otros como los de las diputadas Mayra Mendoza y Diana Conti (FpV). También se incluirá el análisis de iniciativas parlamentarias antiderechos.

La dinámica será de exposiciones. En favor del derecho a decidir lo harán, Martha Rosenberg, médica y psicoanalista, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Mario Sebastiani, médico obstetra e integrante del Comité de Bioética del Hospital Italiano; Mariela Belski, abogada y directora de Amnistía Internacional Argentina; Mariana Carbajal, periodista e integrante a la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Victoria Tesoriero, socióloga e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir; y Marta Dillon, periodista e integrante del colectivo “Ni una menos”.

Cabe recordar que el Proyecto cuenta con el aval de alrededor de 500 organizaciones sociales, gremiales y políticas y las firmas de 40 diputadas y diputados pertenecientes a la mayoría de los bloques político parlamentarios actuales. Y el objetivo es garantizar el acceso a las condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las mujeres y personas con capacidad gestante que deciden interrumpir un embarazo y propone que la práctica sea garantizada en el sistema de salud público, privado y de obras sociales.

Una punición innecesaria

No es la primera vez que una iniciativa legislativa llega a la Cámara de Diputados ni que se da la dinámica de “las dos campanas” en relación a la problemática política de negar el derecho de las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito desde que este Proyecto fue presentado. La última vez fue en 2014, también en los primeros días de noviembre cuando otra conformación parlamentaria decidió omitir sus responsabilidades institucionales ante la demanda de mayor consenso de un cada vez más potente y masivo movimiento feminista.

Reclamo de reconocimiento histórico, el derecho al aborto es una bandera más que lucha contra la lógica de punición y la pena privativa de la libertad como herramienta de que dispone un Estado a través de sus leyes e instituciones para perseguir y condenar a su ciudadanía. Y lo hace con más fuerza cuando los poderes fácticos (Iglesia Católica, Estados y gobiernos, corporaciones médica y judicial y fuerzas represivas), emplean estrategias de dominación machistas y heteropatriarcales que matan y criminalizan -por omisión u acción- a mujeres jóvenes y pobres.

Es por eso que el Proyecto de Ley de IVE impulsa la despenalización y legalización del aborto en nuestro país, por decisión de la mujer -de acuerdo a sus propios valores y creencias-, en consonancia con el ejercicio del derecho a la salud integral y en cumplimiento de Pactos, Convenciones y Organizaciones Internacionales y Regionales de Derechos Humanos. Y el derecho a vivir una vida libre de violencias institucionales.

Para esto, es necesaria la derogación del artículo 85 del Código Penal que sanciona las acciones de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos y el diseño, implementación y monitoreo de políticas de salud pública y privada que contengan y den solución a una problemática de la sociedad argentina: la realización de aproximadamente 500 mil abortos y alrededor de 60 mil internaciones anuales en hospitales públicos del país.

“Se espera que este sea un inicio”

En entrevista radial con “Siempre es hoy”, que se emite por la Radio de la UNCuyo, Julia Martino, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, afirmó que “se espera que este sea un inicio para que el año que viene se pueda tratar formalmente con posibilidades de que se firme dictamen (en las cuatro comisiones donde tiene giro) y llegar al recinto”.

“Esta es la sexta vez que presentamos el Proyecto”, agregó Martino, valorando que en cada ocasión se logró “una pluralidad de firmas” de diputados y diputadas que apoyaron y apoyan la despenalización y legalización del derecho al aborto. El Proyecto además “fue reformado”, desde la primera vez que llegó al Congreso, en 2007, “a la luz de los avances de los últimos años”, refiriéndose a la sanción de la Ley de Identidad de Género y la modificación al Código Civil, entre otros.

El articulado del Proyecto de Ley es producto de los más de 10 años de lucha por el reconocimiento de este derecho. Fue elaborado por una comisión de expertas, integrantes de la Campaña, que tomaron los aportes y las modificaciones que querían se implementaran miles de mujeres que discutieron en foros populares organizados en todo el país durante 2015.

“La política no está tomando en su agenda este tema con la importancia que tiene”, agregó Martino, “en la agenda pública si está y lo notamos cada vez que sale un caso aberrante como fue este año el caso de ´Belén´”. Y afirmó que “por eso hemos incorporado el lema ´vivas y libres nos queremos´ porque muertas y presas son las consecuencias de la ilegalidad del aborto”.

Twittazo por el #AbortoLegal

El Proyecto de Ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito es una herramienta jurídica para exigir el reconocimiento de un derecho de las mujeres, decidir sobre sus cuerpos, su salud, su maternidad y proyectos de vida. La llegada a la Cámara baja hoy, será acompañada con una acción ciberfeminista en la red social Twitter: desde las 11 se convoca a difundir argumentos con la etiqueta #AbortoLegal.

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El derecho al aborto en Argentina: la necesidad de dar un paso adelante

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Hoy, 28 de septiembre, día de lucha por la despenalización y legalización del derecho al aborto en América Latina y el Caribe, un relato necesario. De la maternidad como deseo y el aborto como decisión personalísima, y a la vez política.

Hace un tiempo, alguien me dijo que yo estaba a favor del aborto porque no era madre, y porque nunca había estado embarazada. Hace poco, esa misma persona me dijo que no entendía -ni entiende- cómo ahora que soy madre sigo estando a favor del aborto. Antes hubiese dicho “no estoy a favor del aborto, estoy a favor de su legalización”; pero no: estoy a favor de que quien quiera hacerse un aborto pueda hacerlo, por el motivo que sea. Y, por supuesto, estoy a favor de su legalización. Ahora, porque estuve embarazada y porque soy madre -además- de una niña, sigo estando a favor de esas cosas. No me animo a decir que “ahora aún más”, pero quizás sí. Y las razones son muy simples.

Estar embarazada no es una pavada. Estar embarazada no involucra solamente lo físico -engendrar y llevar en el útero durante 9 meses a lo que será un ser humano-, sino que involucra fundamentalmente a los aspectos psíquicos y emocionales. No es un hecho solamente biológico: es psico-socio-cultural. Todo lo que se teje en él, con él, en torno a él, involucra esas dimensiones, positiva o negativamente. E involucra no sólo el embarazo en sí mismo, en donde el cuerpo -que es de una está ocupado por un embrión, un feto que luego será un bebé; un cuerpo que a una le pertenece y que sólo presta por un tiempo- sino, sobre todo, el después. Pero durante 9 meses -o el tiempo que dure el embarazo-, una vive con algo dentro, que está adentro todos los días, todas las horas del día. Eso no es una pavada: hay que convivir. Y no es gratis. Esa convivencia diaria, durante tanto tiempo, puede ser maravillosa o puede ser una tortura, una pesadilla. No quisiera pensar en cómo eso que para mí fue tan lindo podría haber sido mi peor pesadilla. Lo pienso y se me eriza la piel.

Yo tuve un embarazo buscado, deseado; tuve que hacer reposo para cuidarlo; tuve el deseo y el amor puestos en él. Dos ingredientes fundamentales, sin los cuales no hubiese podido transitar el embarazo: deseo y amor. Concebí a la que luego sería mi hija como un ser desde temprano (no desde el momento en que me enteré de que estaba embarazada, ya con nueve semanas en curso, sino un tiempo después, cuando el temor a la pérdida había terminado y pude comenzar a fantasear realmente con el/la hijo/a); le hablé, le canté, le puse música, le hice caricias a través de la panza; cuando supe que sería una niña la llamé por el nombre que su padre y yo habíamos elegido para ella. Sentí cada movimiento, cada patada, cada vuelta. Hice todo eso porque había un deseo, íntimo, personalísimo; hice una construcción: de mí, como futura madre (no era madre, ni lo sería, hasta después del parto) y del feto no como feto pero tampoco como hija sino como “futura hija” (pues no sería mi hija hasta después del nacimiento). Yo fui madre el 26 de diciembre a las 3.37 a.m.; Lucía fue mi hija desde el 26 de diciembre a las 3.37 a.m., cuando nació, cuando respiró, cuando le dimos nombre.

A veces pienso cómo hubiese sido pasar esas 25 semanas desde que me enteré de que estaba embarazada hasta que Lucía nació si ese hubiese sido un embarazo no deseado (entendiendo no deseado como no deseado de ser llevado adelante, no sólo como no haber sido deseado en la concepción). Y me respondo sin dudarlo, porque la sensación me pasa por la mente y por el cuerpo: hubiese sido terrible vivir día a día con eso dentro de mí; eso que no hubiese sido un hijo; eso que hubiese sido una tortura. Quizá -pienso- luego me hubiese acomodado… ¿Y si no? De nuevo, lo único que puedo sentir al pensarlo es horror. Y lo digo sin miedo, sin vergüenza; lo digo deseando volver a tener otro embarazo amoroso como el que tuve, anhelando en un futuro convertirme en madre por segunda vez.

Mi hija nació siendo niña, y todas sabemos lo que eso significa en este mundo. Entre tantas otras cosas, significa que biológicamente tiene la capacidad de concebir. La capacidad, pero no la obligación, y quizás nunca la necesidad ni el deseo de hacerlo. Quiero que pueda elegir: que pueda elegir no concebir, si no lo quiere; que pueda elegir no hacerse madre, si no lo quiere; o sí a ambas, si lo quiere, si lo desea. Quiero que -si lo hace-, sea por una elección; quiero que lo desee y que sea feliz transcurriendo el embarazo, porque sea fruto de su libre y pensada elección, y no su única posibilidad. Quiero que mi hija, si alguna vez se embaraza sin quererlo, pueda elegir libremente, en su mente, su cuerpo y su corazón, no convertirse en madre. Quiero que pueda decidir lo que quiera decidir y que la legalidad la ampare y la acompañe; quiero que pueda elegir sin tener miedo ni vergüenza; quiero que exista el amparo legal y -qué ilusión, ¿no?- que no exista una condena social por abortar.

Todo eso no lo quiero sólo para mi hija: lo quiero para todas nuestras pibas, para todas las mujeres; lo quiero para mí, para mis amigas, mis compañeras, mis primas, mis sobrinas, mis alumnas, mis colegas, mis vecinas; para todas las pibas de los barrios pobres a quienes no conozco. Lo quiero para todas.

La biología no es destino; el ser humano es, ante todo, un ser socio-cultural. Por eso, la maternidad es un acto sociocultural, inscripto en las formas y las convenciones sociales. Las formas de ser madre también lo son, aunque no es este el eje de este escrito.

Tener la posibilidad de no implica tener la obligación de; menos, aún, cuando el transcurrir un embarazo pone en peligro la integridad psico-socio-afectiva de las mujeres e incluso -ya que se defiende a la vida así, en forma tan vaga y general- al niño/a que nace de esos embarazos no deseados. Convertirse en madre de alguien no debería ser un gesto de resignación, una encerrona de la que no se puede salir porque no hay otra opción posible, o porque esa opción implica la diferencia entre la vida y la muerte.

Nota central:

28 de septiembre. Por todas, una declaración política por el aborto libre

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La lucha de las mujeres, de las feministas, por la despenalización y legalización del derecho al aborto es histórica. Venimos durante años insistiendo de manera terca y decidida que queremos recuperar el control sobre nuestros cuerpos y de manera particular sobre el ejercicio de la reproducción.

Parir o no parir, ejercer la maternidad, este es un asunto que por décadas ha sido parte del debate público y de toda la sociedad, al margen de ser un asunto que por excelencia compete a quienes tenemos la facultad biológica de embarazarnos. “Las mujeres parimos, las mujeres decidimos”, reza la consigna; pero pareciese que nuestros vientres han seguido siendo propiedad de las iglesias, de los Estados, de los maridos, de una sociedad que no tolera la trasgresión sobre el rol tradicional de la reproducción, que llevamos a cabo las  mujeres que abortamos y que pedimos para todas el aborto libre.

Desde 1990, el 28 de septiembre se ha convertido en una fecha para visibilizar esta bandera. Fue justo en ese año, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se declaró esta fecha y se creó la campaña latinoamericana. Para el año 2009, la campaña empezó a expandirse a Europa; un año más tarde esta ya contaba con la participación de organizaciones de mujeres de diecinueve países y cinco redes regionales. Después, con la incorporación de la campaña en importantes redes a nivel mundial, el 28 de septiembre se conmemora como un evento global.

Un día de acción, todos los días de lucha…

El aborto, como un asunto tan cotidiano en la vida de las mujeres es al mismo tiempo un tema tabú. “Muchas abortan, pero todas callamos”; y defender la lucha por el aborto no solo es un asunto estigmatizado sino doloroso en muchas ocasiones.

Nos vemos abocadas de manera constante a construir argumentos sólidos y ciertos para explicar porqué la vida de las mujeres vale lo suficiente como para darle un lugar de privilegio en la balanza; tenemos que contar las muertas por abortos inseguros para exigir que cumplan con el deber de atención oportuna, legal, segura y gratuita en los servicios de salud; y las que más mueren o padecen secuelas en sus cuerpos resultan ser las más pobres, racializadas y jóvenes; y hoy, vamos por todo el continente intentando rescatar de las prisiones a quienes por mera sospecha son criminalizadas al requerir atención obstétrica de emergencia.

Penalizar y criminalizar el aborto es una grave violación a los Derechos Humanos y en particular a los derechos sexuales y reproductivos. Despojar a las mujeres del derecho a decidir sobre si continuar o no un embarazo, nos convierte en un simple instrumento de la procreación, y esto significa un despojo de la dignidad humana, la pérdida de la autonomía reproductiva.

Prohibir y restringir el acceso al aborto tiene un impacto en la salud pública. Son miles las mujeres que en el mundo mueren por prácticas inseguras y las que sufren complicaciones que requieren atención médica, impactando en los costos de los servicios de salud y poniendo en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres.

Son las mujeres en mayor condición de vulnerabilidad, las que sufren en mayor medida el impacto del aborto inseguro; acceder a servicios privados, seguros y de calidad implica contar con recursos económicos y mayor información, condiciones que no se dan entre las más jóvenes, las negras, indígenas, campesinas, las pobres. En nuestros países “las ricas abortan, las pobres mueren”.

En países donde el aborto es legal, las tasas de embarazos interrumpidos no han aumentado de manera considerable, por el contrario estos disminuyen, así como disminuyen las atenciones por complicaciones obstétricas. “Despenalizar el aborto no salva fetos, pero si salva la vida y resguarda la salud de las mujeres”.

El aborto lleva consigo un estigma. Su práctica genera  la trasgresión de las expectativas sociales hegemónicas sobre el ideal del ser mujer; la sexualidad femenina con el fin de la reproducción; la maternidad como parte de la naturaleza y rol principal femenino; y la idea esencialista de lo femenino ligado al cuidado.

Esto, en contextos de restricciones legales, conlleva a la criminalización de las mujeres tanto en los servicios de salud como en el sistema de justicia: mujeres que sufren las fallas de los sistemas de salud, por ejemplo en el cuidado prenatal, que son violentadas por los proveedores de atención médica siendo víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso la tortura, que son denunciadas ante la justicia y que terminan enjuiciadas y condenadas de manera desproporcional inclusive por delitos como homicidio haciendo aún más grave su situación jurídica.

Penalizar y criminalizar el acceso a un derecho que solo las mujeres requieren hacer efectivo, devela la gran injusticia y discriminación a la que continuamos siendo sometidas hoy en día;  esto redunda en la situación de marginación e inequidad que vivimos las mujeres, afectando la capacidad de decidir, negando  un ejercicio pleno de ciudadanía, y sobre todo violentando los Derechos Humanos, en especial los reproductivos.

Reclamar el aborto libre, “exigiendo que los Estados garanticen, que la sociedad respete y que las iglesias no intervengan” es una apuesta fundamental, sobre un asunto esencial: la posibilidad de decidir de manera autónoma y sin riesgos el proyecto de vida que todas soñamos.

*Feminista y abogada

Nota relacionada:

“Quiero que mi hija pueda elegir libremente”

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