Como respuesta a las denuncias por el estado de los dispositivos y el plan de lucha que vienen llevando a cabo la Junta Interna de Ate Promoción Social, uno de sus integrantes recibió una amenaza telefónica.

El jueves pasado por la mañana, un integrante de la Junta Interna de ATE Promoción Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), recibió una llamada intimidatoria: “A vos que te gusta denunciar a gente que no conocés: caminá acompañado, la concha de tu madre”, fueron las palabras que, desde un número privado, enunció una voz anónima.

El mensaje se suma al hostigamiento y la persecución que las y los trabajadores afiliados en ATE padecen, desde hace tiempo, en varios de los dispositivos en los cuales están organizados. Representa, puntualmente, un intento de silenciar las denuncias que fueron realizadas sobre los negociados de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para facilitar mecanismos de fraude laboral, sobre la crisis edilicia e institucional del hogar Curapaligüe, sobre el deterioro del refugio para mujeres víctimas de violencia Mariquita Sánchez y, en general, sobre el estado de emergencia de las políticas públicas y el empleo en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

Daniela Commisso, es delegada general y expresó a Marcha que “Sin dudas, los llamados intimidatorios y el hostigamiento que algunos de nuestros compañeros y compañeras han recibido en este último tiempo dan cuenta de lo que le molesta a la gestión de Cambiemos: que nos organicemos y denunciemos la vulneración sistemática de derechos de quienes más necesitan de la presencia del Estado. A pesar de que intenten acallar nuestras voces seguiremos organizados para garantizar que las y los estatales no sigamos precarizados y se respeten los derechos de los niños, niñas, adolescentes mujeres y familias con las cuales trabajamos”.

Algunos antecedentes que provocaron la amenaza

La Junta Interna de ATE Promoción Social elaboró un informe en el cual se decreta la emergencia de las Políticas Públicas y la situación laboral. En este documento se denuncia el fraude laboral en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat: “La informalidad tiene como consecuencia la desigualdad en los salarios, así como también el desamparo legal ante un posible despido para quienes, pese a trabajar desde hace años, facturan como monotributistas. Cinco trabajadores/as que hacen la misma tarea, en el mismo programa, las mismas horas por semana, pueden cobrar cinco salarios distintos”.

Commisso, explicó que “Desde la junta interna de ATE venimos denunciando la política de vaciamiento y precarización de la política pública dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, tocando intereses y haciendo denuncias fuertes por negligencias, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y el vaciamiento del Estado que el PRO está llevando adelante desde hace años en la Ciudad de Buenos Aires”. Desde el sindicato denuncian que no sólo se terciarizan trabajadores. Sino también que hacen lo mismo con las políticas públicas del sector. El Gobierno de Ciudad de Buenos Aires cuenta solamente con 3 hogares convivenciales propios para niños, niñas y adolescentes: el resto de los hogares convivenciales (40 aproximadamente) son conveniados, es decir que pertenecen a distintas ONG y Fundaciones. De esta forma el GCBA desliga su responsabilidad de efectivizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que sufrieron graves vulneraciones de derechos.

Las trabajadoras y trabajadores organizados en ATE denuncian que estos hogares se encuentran superpoblados, excediendo casi por el doble la población que pueden alojar. Además hay 150 niños y niñas en lista de espera, en situación de extremo riesgo y sin vacante para entrar a un hogar. A si mismo las condiciones edilicias son de extrema gravedad: pedazos de techo que se caen, fugas de gas, pérdidas de agua pasando por conexiones eléctricas, comida en mal estado. Hay una medida cautelar en curso para que se hagan las refacciones correspondientes en el Hogar Curapaligüe donde el riesgo de que ocurra una tragedia es muy alto.

También se ha denunciado las condiciones del refugio Mariquita, de la Dirección General de Mujer. “El hogar vulnera los derechos de las mujeres alojadas y de sus hijos e hijas, a su vez desde la dirección del refugio se reproducen practicas machistas y expulsivas”, expresó un referente de la Junta Interna. Entre otras cosas un informe realizado por la junta decía sobre el Mariquita: “La emergencia que se vivencia en el Refugio, se refleja en la falta de recursos básicos para realizar la atención y personal insuficiente. A este cuadro de situación se suma el ejercicio de disciplinamiento y prácticas persecutorias, donde se intimida a las trabajadoras, intentando valerse de la situación de precarización laboral en la que se encuentra la mayoría del equipo. De este modo, se obliga a cubrir turnos realizando una cantidad de horas insalubre y prácticamente se prohíbe el uso de licencias (incluso en casos de enfermedad) argumentando que la falta de personal hace imposibles los reemplazos correspondientes (…) existen prácticas de maltrato, mobbing y hostigamiento laboral hacia las trabajadoras”.

“¿A vos te gusta denunciar a gente que no conoces?”

El Jueves 15 a la mañana referente de la Junta recibió un llamado telefónico de un número privado “¿a vos te gusta denunciar a gente que no conoces? Caminá acompañado la concha de tu madre”. Junto con abogados de ATE, se realizó la denuncia penal para que se investigue desde qué teléfono se originó la llamada.

Las principales autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, señaladas como responsables políticos de la amenaza recibida, ya fueron comunicadas de lo sucedido. En el comunicado realizado por la Junta expresan: “Hacemos responsables por la integridad de nuestros/as compañeros/as a los/as funcionarios/as del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Seguiremos defendiendo, como junta interna, los derechos de los/as pibes/as, las mujeres y las familias con las cuales trabajamos, al igual que nuestros derechos como estatales.”

Esta situación no resulta aislada en el contexto que sufren los sectores organizados que resisten las políticas de precarización, tercerización y negligencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Junta Interna afirman: “Se vuelve necesario no naturalizar estas situaciones, denunciarlas y seguir sin dar un paso atrás. Ellos buscan imponer miedo, les responderemos con organización”.

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Desalojan a otras 8 familias de una casa de alquiler en el Barrio de Monserrat.

El barrio de Monserrat de la Ciudad de Buenos Aires ha sido, en los últimos años, escenario constante de desalojos de hoteles y casas de alquiler. El negocio inmobiliario y la gentrificación avanza en la Ciudad Pro y el desalojo se vuelve ley en el territorio urbano, dejando en la calle a cientos de familias enteras.

El lunes 25 de abril se produjo uno más. En esta ocasión, en una casa sobre la calle Chile, que dejó sin vivienda a 8 familias. Desde temprano en la mañana, comenzó la amedrentada policial que se ha vuelto también una fija en los barrios porteños. La zona estaba vallada por lo que no se permitía el acceso de nadie, exceptuando la fuerza policial.

En la calle Chile vivían 8 familias todas con hijos, y según relata una de las vecinas tenían entre 3 y 5 hijos cada familia. Marcha se acercó al lugar y para hablar con las familias. Una de las entrevistadas cuenta que tiene un hijo discapacitado. La mayoría de los inquilinos vivían ahí desde hace más de 8 años y pagaban, todos los meses, $1500 de alquiler a quien decía ser el dueño.

Los testimonios de las vecinas desalojadas cuentan que nunca les llegó ninguna carta notificando el desalojo. La noche anterior la familia vio como vallaban la zona, “nunca me imaginé que nos iban a desalojar a nosotros”, cuenta una adolescente de 16 años habitante de la casa.

Entre llanto,  una de las vecinas expresa su impotencia: “Me duele mucho como nos han tratado, como a los perros nos trataron, estoy muy dolorida, nos han sacado como delincuentes. Ocho familias vivimos y no tenemos a dónde ir. Todos los meses hemos pagado”. Así daban cuenta las familias de la ausencia del Estado en garantizar el derecho a la vivienda digna.

A la mañana del lunes las fuerzas represivas sacaron la puerta y entraron. Les dijeron que se tenían que ir. Cuenta una de las vecinas que entraron a los empujones, “nos veían sufrir, les decíamos, que se den cuenta que teníamos chicos, y se nos reían en la cara”.

Estuvieron así hasta la noche con el desalojo, la policía abusando de su autoridad y las familias resistiendo. Recién entonces, abrieron las vallas y pude acercarme a hablar con las familias que quedaban. Una de ellas tenía sus pertenencias, muebles, en la vereda de la calle. La policía decía que era ilegal que tuviera sus cosas en la vereda y que se las tenía que llevar.

Finalmente la familia pudo llevar sus pertenencias hacia la vivienda de una amiga, que le ofrece ayuda porque conoce la situación, ella ya vivió una situación similar y sabe, como tantos otros, por lo que está pasando esta familia. Así, se cuentan de a centenas las familias que sufren los abusos del gobierno de la Ciudad. Que -lamentablemente- no es novedad y, tantas veces, tampoco es noticia.

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