Por Mauricio Vidal (desde Neuquén)

Diego Sepúlveda es Trabajador Social. Uno de las y los cinco integrantes del equipo de Servicio Social del Hospital “Dr. Natalio Burd” de la Ciudad de Centenario. Afiliado a ATE,  actualmente forma parte del cuerpo de Delegadxs de ATE en el hospital. La elección de su representación se dio en el contexto de la pandemia junto a ocho compañeras y compañeros. En esta entrevista, hablamos de la situación sanitaria de la ciudad de Centenario, la organización que llevaron adelante las y los trabajadores de la salud y las desigualdades que se manifiestan más profundamente desde la llegada del Covid-19

-¿Cómo fue la evolución de la pandemia covid-19 en la provincia de Neuquén, y cómo se manifiesta en la ciudad de Centenario?

-La evolución se puede contar a partir del dato frío de la curva de contagios y la contención que se hizo al principio de la pandemia, pero esta información, si bien es importante, considero que no refleja la realidad social más compleja que están viviendo quienes estaban en el mercado de trabajo informal o con situación de desempleo. Del mismo modo que no refleja el abandono en el sistema público de salud en lo que a recurso humano e infraestructura se refiere.

No es novedad afirmar que con la pandemia se profundizó la crisis social preexistente. Puso de manifiesto que un amplio sector de la población está inserta en el mercado de trabajo informal y que, a partir del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dejó de percibir sus ingresos económico de subsistencia, lo cual implicó un aumento considerable en las demandas de asistencia directa de usuarias y usuarios de los servicios de asistencia del Estado. Del mismo modo, que la situación de encierro ha generado condiciones más adversas aún para mujeres y niñxs que padecen situaciones de violencias, y este aspecto en particular no ha sido tomado en cuenta por los gobiernos municipal y provincial.

Centenario tiene la característica de ser una ciudad con crecimiento demográfico acelerado, lo cual en gran parte se debe su ubicación en la “Ruta del Petróleo”. En el Censo de 2010 se estableció que es la segunda ciudad más grande la provincia y toda la previsión de este crecimiento demográfico nunca se tradujo en políticas públicas de planificación urbana. Una manifestación concreta de eso es la proliferación de los asentamientos urbanos ante la falta de políticas que garanticen el acceso a la tierra y vivienda. Esto lo destaco porque es donde sale a la luz que gran parte de la población de Centenario no posee los servicios básicos y, mucho menos, viviendas en condiciones de habitabilidad que permitan cumplir con pautas básicas de cuidado frente a la pandemia.

En esta ciudad de por sí el invierno es duro, pero con la pandemia esto se ha complejizado aún más. La política de asistencia del Estado provincial y local dista mucho de ser una política integral que pretenda resolver las situaciones de emergencia, ya que posee la característica de ser altamente burocrática e insuficiente en la resolución de la situación social que atraviesan las personas que poseen sus derechos vulnerados.

A todo ello se le suma el deterioro y vaciamiento de la salud pública, el faltante de recurso humano en la gran mayoría de los servicios, por lo cual no se cuenta con el plantel óptimo y esto, frente a la pandemia, se expresa aún más porque muchas compañeras y compañeros no están acudiendo a trabajar por estar dentro de la población de riesgo.

La tercerización de los servicios de maestranza, cocina y camilleros es sumamente preocupante, dado que son servicios prestados por empresas privadas que en la gran mayoría de los casos ofrecen contrataciones precarias y flexibles.

-En ese sentido, ¿cuáles son las estrategias que han utilizado los gobiernos provincial y municipal para gestionar la pandemia?

-En términos generales se podría decir que la estrategia de la provincia ha pasado por el endeudamiento de la provincia, lo cual fue avalado por la ley de emergencia sanitaria (n° 3230) y el exhaustivo control de la circulación de personas que, en muchos casos, redundó en violencia policial, algunas de las cuales han tomado estado público o fueron denunciadas en las redes sociales.

Respecto al mega endeudamiento, claramente no se reflejó en mejoras para el sistema de salud y menos aún en el sector de la población que con la pandemia padece aún más las desigualdades estructurales de esta sociedad.

Desde el discurso oficial, también se viene apelando a la estrategia de culpabilizar e individualizar la responsabilidad de los contagios en las trabajadoras y los trabajadores, para ocultar las precarias condiciones en las que se trabaja, desde antes de la pandemia, pero que ahora eso constituye un riesgo en cuanto a exposición a los contagios. Lo mismo ocurre en relación a los Elementos de Protección Personal (EPP): al inicio de la pandemia se envió a varios hospitales de la provincia “tapabocas” caseros, lo cual fue rechazado, pero aún hoy podemos ver a gente que está trabajando con esos tapabocas. Desde distintos lugares de trabajo se están solicitando medidas que resguarden al personal de salud, pero eso no está siendo escuchado por las autoridades del ministerio de salud, ni de las direcciones de los hospitales.

-Como parte del plantel de trabajadorxs de la salud pública que está enfrentando la crisis sanitaria, ¿qué transformaciones de índole familiar, laboral y social se produjeron? ¿Cuál es la situación actual y que procesos de organización entre trabajadorxs se están dando?

-Las transformaciones de índole familiar son en términos generales y, por lo que compartimos a diario con lxs compañerxs en las asambleas, las mismas para la mayoría. Principalmente, está presente el miedo de contagiar a alguien de nuestra familia, sobre todo para quienes conviven con personas incluidas dentro de la población de riesgo. Para quienes tenemos niñxs en edad escolar, resulta difícil la reorganización constante para garantizar el cuidado.

En términos laborales, pesan los cambios por el cierre de los dispositivos de intervención grupal, el tener que acudir a otras formas de intervención como las llamadas telefónicas, videollamadas, entre otras.

Este conjunto de cosas viene acumulando mucho desgaste en lxs trabajdorxs de salud, el cual no está siendo tenido en cuenta a la hora de pensar en protección y cuidado. Venimos manifestando que en el tratamiento de la pandemia hay una mirada médica hegemónica que no contempla el nivel de desgaste y agotamiento que atraviesa todo el personal de salud; entonces pareciera ser que si están todos los EPP, no deberíamos contagiarnos y si lo hacemos es nuestra responsabilidad.

Desde el inicio de la pandemia, en el hospital ha quedado en claro la ausencia de una coordinación concreta. En las dos primeras semanas, por órdenes de la dirección del hospital, se hizo reducción de la atención, lo cual implicó que cada servicio se organizara para garantizar la prestación de los servicios y con ello también se evitaba el hacinamiento de trabajadores y trabajadoras. Luego de esto, de un modo incomprensible e infundado, se obligó a la totalidad a volver a trabajar a las jornadas laborales habituales (8 horas diarias), sin considerar la falta de espacios físicos en las oficinas. En simultáneo, se desafectó a la jefa de enfermería por avalar la reducción de la jornada laboral a 30 horas, lo cual estaba fundado en el resguardo de la salud integral de lxs trabajadorxs, en la disminución en tiempo de exposición y también en el cuidado de la salud mental de quienes están en la primera línea.

Esto derivó en un proceso de organización y se empezó a convocar asambleas semanales, donde se fueron definiendo las acciones por desarrollar. Con el recurso de la asamblea se fueron eligiendo delegadxs ATE en distintos servicios, lo cual fortaleció la organización.

-¿En esas asambleas, cuáles salieron como sus demandas y reivindicaciones más urgentes?

-Dentro de las demandas urgentes estamos pidiendo el cumplimiento total de nuestros derechos laborales establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo; la reducción de la jornada laboral de todos los servicios a 30 horas semanales; los EPP en calidad y cantidad para todo el personal de salud; el pago de incremento salarial por el IPC pactado en el mes de febrero y el pago del aguinaldo completo.

¿Y cómo responde está respondiendo la comunidad al reclamo están realizando?

-La comunidad de Centenario es usuaria del hospital y conoce mejor que nadie el deterioro que está atravesando la salud pública. También conoce toda la lucha realizada por la reapertura del servicio de pediatría, entre otras, y por ello es solidaria y manifiesta acuerdo y apoyo con los reclamos que se vienen realizando.

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Newken lleva casi 40 días de paro de trabajadoras y trabajadores de la educación. En una de las provincias con la mayor renta,   proveniente de los hidrocarburos, el sueldo docente inicial está por debajo de la línea de pobreza, mientras se subvenciona la educación privada y la garrafa social parece un bien en extinción. Una lucha de las trabajadoras en defensa de la vida digna.

Vivir en Newken es vivir en una provincia de profundas contradicciones.

Una provincia gobernada desde hace casi 60 años por el MPN (Movimiento Popular Neuquino), un partido provincial de corte conservador y feudal, sin alternancia de ningún tipo, ni siquiera durante los años de la dictadura.

Una provincia con uno de los yacimientos de mayor rentabilidad en el mercado de hidrocarburos no convencionales: Vaca Muerta, que genera ingresos inimaginables para la provincia y, por ende, alianzas políticas criminales en todos los niveles de gobierno. Los informes ambientales denuncian altos grados de explotación y contaminación de suelos, aire y ríos. Este proyecto económico, tan rentable para unos pocos avasalla a las comunidades mapuce en sus territorios ancestrales trayendo muerte y destrucción para toda la población.

Una provincia productora de electricidad, gas y petróleo en la que la gente hace cola para acceder a la garrafa social, a los planes sociales, o ante una oferta de empleo precarizado.

Vivimos en una provincia donde el índice de pobreza supera el 25% y el salario de una maestra que recién se inicia hoy no supera los 15.000 pesos. Es decir, está debajo de la línea de pobreza.

Este contexto provincial no se entiende por fuera de las políticas nacionales de ajuste y precarización de la clase trabajadora, que afectan especialmente a las “mujeres”, que en los sindicatos docentes representan alrededor del 80% del sector. Ni tampoco se entiende por fuera de las políticas represivas necesarias para mantener ese ajuste, que en la Patagonia se traducen en la construcción del enemigo interno declarándola “la zona de mayor conflictividad social”.

También vivimos en una provincia de diversas formas de la resistencia: desde las comunidades mapuce hasta las fábricas recuperadas, las Madres de Plaza de Mayo – filial Alto Valle, el sindicato de las y los trabajadores de la educación, que hace 11 años se vio atravesado por el fusilamiento público de Carlos Fuentealba, cuyos responsables políticos aún están libres e impunes. Tan impunes como para presentar su candidatura a las próximas elecciones para gobernador. Tan impunes como para ser parte del Ministerio de Seguridad del gobierno nacional.

El sindicato ATEN (Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén) este año lleva adelante una huelga que hoy alcanza los 37 días de paro, con un alto grado de acatamiento. El pliego de reivindicaciones va desde el aumento salarial, pasando por el reclamo para que se aumenten las partidas de refrigerio (hoy de poco más de 2 pesos por niñx por día), el pedido de transporte para que lxs niñxs de las zonas rurales puedan llegar a las escuelas, calefacción, techos que no se lluevan, que se quiten los subsidios a las escuelas privadas, en una férrea defensa de la educación pública como un derecho social.

En estos casi 40 días de huelga, como históricamente lo viene haciendo, este sindicato tomó sus decisiones en asambleas con la presencia de miles de compañeras y compañeros, que además garantizaron el desarrollo de las innumerables actividades que se llevaron cabo: desde bloqueos a la casa de gobierno y organismos públicos, volanteadas en calles y rutas, marchas multitudinarias por las ciudades de la provincia, escraches a los funcionarios en todos los actos oficiales. Esta forma del paro activo nos permite encontrarnos, construir y debatir ideas, analizar la realidad, generar lazos solidarios y creativos, organizar fondos de huelga para resistir los descuentos a nuestros salarios (que en algunos casos alcanzaron el 40%), remar por el río en defensa de la educación pública, organizar ferias, festivales, peñas, murgas y bailes populares, realizar clases públicas donde debatimos ideas, analizamos el contexto local y nacional, para seguir construyendo prácticas colectivas que abren los debates, y cuestionan incluso los posicionamientos de las dirigencias.

Somos las mismas maestras las que hacemos tortas fritas en la vereda del consejo provincial de educación para sumar al fondo de huelga, las que organizamos el piquete y cortamos las rutas, y las que debatimos en una asamblea.

Somos las mismas maestras sostén de hogar las que construimos otros modos de hacer política, las que ante la precarización brutal de estos tiempos que corren inventamos otras formas de los vínculos y la materialidad de la vida, las que construimos estrategias de afectividades no neoliberales, las que hacemos estallar las paredes del aula potenciando el encuentro con otras y otros: encuentros que permitan aumentar las posibilidades del hacer y del pensar.

Sólo la lucha traerá justicia. Y justicia, para nosotras y nosotros, es que todas las vidas sean dignas de ser vividas.

[i] “Neuquen” escrito en mapuzugun

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El 12 de abril de 1997 era asesinada por una bala policial Teresa Rodríguez, de 25 años. Empleada doméstica que vivía en la ciudad de Cutral-co, provincia de Neuquén, era fanática de Gilda y se convirtió en símbolo. Su nombre fue identidad del movimiento piquetero.

Las políticas implementadas por el neoliberalismo de la mano de Carlos Menem en la década del 90 tuvo como objetivo la privatización de todas las empresas estatales en beneficio de grandes empresas multinacionales. Pero este proyecto económico, político y social arrasó con los derechos de los y las trabajadoras con despidos y quitas de conquistas históricas.

La desocupación y la carestía de la vida cotidiana fue la marca de época. Se avanzó sobre cientos de miles de puestos de trabajo de empresas estatales como YPF, Gas del Estado, Entel, Aerolíneas y Obras Sanitarias de la Nación. El petróleo, el gas, el agua y los servicios esenciales pasaban a manos de multinacionales con la sociedad de empresarios locales siempre dispuestos a servir al gran poder económico mundial.

La educación pública como instancia de igualación y formación común de millones de trabajadores y trabajadoras, fue también el flanco de aquellas políticas impuestas por los mismos organismos que hoy, con el gobierno macrista reingresan aumentando la deuda externa que pagará el pueblo. Los y las docentes llevaban para el 12 de abril de 1997 más de 20 días de huelgas y movilizaciones en reclamo del recorte de 20% por zona desfavorable que pretendía imponerse

Aquellas medidas antipopulares y de destrucción de construcciones políticas y sociales de años, que apenas empezaban a recomponerse luego de la feroz dictadura genocida que vino a desaparecer para disciplinar al pueblo, fueron resistidas y combatidas aún en favorables condiciones.

En abril de aquel 1997 los y las docentes neuquinas realizaron diferentes medidas de lucha para resistir los recortes salariales y en defensa de la educación publica, gratuita y laica. Meses de paros y acciones diversas llenaron las calles de la provincia de Neuquen. Los trabajdores del petróleo despedidos, ya habían retomado viejos métodos de lucha del movimiento obrero: corte de rutas para impedir la libre circulación de las mercancías en ciudades que crecieron y fueron tales al calor de la industria petrolera. Los despedidos de YPF tomaron las calles en Plaza Huincul y Cutral-có, dos ciudades contiguas, reclamando reincorporaciones, revisión de despidos y trabajo digno.

Fue así que docentes, trabajadores del petróleo y de otros gremios, apostados en diferentes movilizaciones y medidas de lucha, fueron reprimidos por la Gendarmería que tuvo que retroceder por la respuesta del conjunto de los habitantes de esas ciudades que quedarán en la memoria como una de las cunas de los piquetes de desocupados y desocupadas que marcará a fuego a generaciones siguientes.

A media mañana del 12 de abril de 1997, la policía de la provincia se sumó a la represión y un disparo de bala de plomo rebotó en el piso pegándole luego a Teresa Rodríguez en el cuello. Teresa tenía a su novio en los piquetes de desocupados, ella ese día salía de su casa como muchas mañanas y la bala la atraviesa. La noticia de esa muerte se expandió rápidamente y ya no se podía ocultar que en Cutral-co estaba realizándose una verdadera pueblada. Como muchas otras veces desde el poder se intentó imponer la teoría de los excesos policiales remarcándose que la muerte de Teresa fue un efecto no deseado de la necesaria liberación de las rutas.

Teresa Rodriguez era una mujer que salía a ganarse el mango como empleada doméstica y parte de los habitantes de esas ciudades que contagiaron dignidad de lucha a todo el país. Para investigar su crimen se abrieron dos causas que, pasados los años, no tuvieron resultados. Solo 4 policías: Santiago Antigual, Leonardo Magallanes, Daniel Vece y Daniel Videla fueron condenados por “abuso de armas” a dos años y medio de prisión en suspenso y 5 policías más fueron absueltos. Todos siguieron siendo parte de las fuerzas represivas neuquinas.

Muchas especulaciones se escuchaban por entonces respecto a Teresa. Todas tendientes a construir la teoría de los excesos, porque en su caso no se trataba de una sindicalista o militante lo que la convertía en una suerte de víctima inocente. Esa tremenda clasificación que pretende lavar culpas de los victimarios que son las fuerzas represivas del Estado avanzando sobre el pueblo.

Teresa Rodríguez tenía 25 años y era madre joven. Es símbolo de una época; su madre y su padre conformaron una familia humilde, de trabajadores y tuvieron 5 hijxs que como parte de este pueblo, practicaron la solidaridad y el involucramiento en la vida colectiva. Esa empleada doméstica, fanática de Gilda, asesinada por la policía, se convirtió en símbolo de las luchas que empezaban y su nombre fue parte de la identidad del movimiento piquetero de fin del siglo XXI. Las mujeres que salían a cortar rutas eran así, como ella.

Teresa es como miles de nuestras mujeres, trabajadora doméstica, madre, fanatica de la cumbia y las fiestas populares, la solidaridad como forma de vivir. Ayer marchabamos por Micaela García, gritábamos “porque el patriarcado se va a caer” y sobre todo, porque las pibas que vos mataste van a volver. No podía dejar de imaginar el cuerpo de Teresa bailando Gilda en ese círculo de cantos y gritos de justicia por Teresa Rodriguez, por Micaela y por todas las que mató este sistema capitalista y patriarcal hoy en avanzada e incrementando el avance represivo.

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A 10 años del asesinato del docente, cómo fueron esas semanas de abril de 2007 y qué mensaje se quiso dar con la represión. Sobre los responsables y tras el dolor, la eterna lucha contra la impunidad.

El conflicto docente del año 2007 arrastraba varias semanas de negociaciones frustradas, paros y movilizaciones, e incluso una marcha-caravana que unió los casi 200 kilómetros entre Neuquén y Zapala. Ante la desidia del gobierno, ya casi en Semana Santa, Aten decidió realizar un bloqueo en ese punto neurálgico que es la ruta 22 a la altura de Arroyito con el fin de afectar el circuito turístico de la provincia.

Ese 4 de abril el tránsito sobre la ruta se cortó: lo cortaron las fuerzas de seguridad de la provincia que desataron una feroz represión hacia las y los trabajadores de la educación, quienes nunca llegaron a realizar la actividad de protesta resuelta en asambleas. Hubo una decisión política para impedir que Aten ocupase la ruta, y las imágenes de ese día hablaron por sí mismas: la cantidad de efectivos policiales, incluyendo grupos especiales armados hasta los dientes, camiones hidrantes, y la presencia de funcionarios provinciales y cúpula policial. Hay que recordar sus nombres porque también están dentro de la cadena de responsabilidades políticas del asesinato: Raúl Pascuarelli, Carlos Salazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Mario Rinzafri y Miguel Ángel Escobar, además de los jefes de los grupos especiales de la policía. Pero lo que más puso en evidencia la definición política del gobierno de Jorge Sobisch fue la inmediatez y modalidad con la que se desató la represión. No se pretendía dispersar una manifestación, sino que se llevó a cabo una persecución y cacería de las y los docentes a campo traviesa. Una represión que no cesaba aún cuando era evidente que las y los trabajadores de la educación no iban a cortar la ruta. El asesinato de Carlos sucedió en ese contexto de retirada de manifestantes en los autos.

No hay otra explicación que la decisión política asumida por un gobierno como modalidad para “solucionar” los conflictos sociales. Una forma que encadena responsabilidades de distinto tipo y que van desde quien apretó el gatillo (José Darío Poblete) hasta la máxima autoridad de la provincia, Jorge Omar Sobisch. Su desprecio por la actividad docente es tal que no le importó matar a un trabajador de la educación y en los días siguientes reivindicó públicamente el accionar policial diciendo que son situaciones no queridas, pero volvería a tomar la misma decisión.

Tampoco puedo dejar de situar que esto sucedió en un año electoral en que Sobisch se presentaba en las elecciones presidenciales como el candidato “antipiquetes”. Hasta ese día su compañero de fórmula iba a ser Mauricio Macri, quien le soltó la mano a raíz del asesinato de Carlos, y Sobisch tuvo que buscar su aliado en la figura de Jorge Asís.

Entonces pienso en que sí, fue una determinación política del gobierno que las y los docentes no corten la ruta en Arroyito, pero también fue un mensaje más amplio y de una claridad impresionante a todos los sectores que nos organizamos, reclamamos y defendemos nuestros derechos. Pretendieron “educar” con el escarmiento a las y los educadores de la provincia, y a través de ello a todo el resto de la sociedad.

La muerte de Carlos marcó un límite imprimiéndole un nuevo giro al conflicto; al exceder los aspectos sindicales el asesinato del docente en medio de un reclamo legítimo, se vuelve repudio social y generalizado, y se arraiga en las calles neuquinas desbordadas de pueblo en demanda de justicia y la renuncia del gobernador.

Por esos días las y los docentes de Neuquén volvieron a dar cátedra y nos enseñaron a transformar ese dolor que atravesaba los cuerpos en acción: en las movilizaciones multitudinarias, en el acampe frente a casa de gobierno, en el corte de puente, en los escraches y visitas pedagógicas a funcionarios provinciales. Empaparon las calles de una multiplicidad de formas creativas para ejercer la justicia callejera y popular, esa que emerge de nuestras rabias ante tanta impunidad, cuando la justicia burguesa es cómplice y protege a nuestros verdugos. La voz de Sandra Rodríguez resonó potentemente frente a las más de veinte mil personas presentes en el acto al culminar una de las movilizaciones de mayor convocatoria de la historia de Neuquén, el 9 de abril de 2007. La fortaleza y claridad que tuvieron sus palabras generó silencios cargados de emotividad. No vaciló en denunciar que quienes dieron las órdenes fueron tan responsables del asesinato como quien apretó el gatillo. A lo largo de todos estos años esas palabras iniciales de Sandra y sus declaraciones posteriores generaron que “su” Carlos devenga en un Carlos colectivo que está grabado en los cuerpos y no se olvida, aunque desde el riñón del poder político de la provincia se busquen e inventen mecanismos y resortes para que la memoria caduque y con ella la demanda de justicia.

El asesinato de Carlos duele colectivamente, es una herida que no cierra y que cada 4 de abril emerge con más fuerza cuando recordamos 2007. Desarma de manera individual y duele colectivamente, sí. Pero ese dolor se transforma en acción y en el andar colectivo nos volvemos a armar cuando se entrelazan la memoria, las demandas por justicia completa y nuestros gritos y acciones de rabia contra tanta impunidad. Porque, como dijo Galeano, yo también tengo la certeza de que no hay impunidad que sea eternamente impune.

*artículo publicado originalmente en 8300web

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El 2017 arrancó bajando las expectativas. Más ajuste económico, flexibilización, despidos y una justicia poco independiente, conforman este panorama sindical.

Un año de gestión que arrancó con una devaluación fuerte, levantamiento de regulaciones en el mercado cambiario y en el comercio exterior, eliminación de retenciones y facilidades al libre movimiento de salida de capitales.

La promesa del ingreso de inversiones por 20.000 millones de dólares no se cumplió, tampoco la del mercado mundial ávido de productos argentinos.

La gestión de Prat Gay terminó con un deterioro del mercado interno por la caída del poder adquisitivo de la población, un déficit del 6,8% del PBI y una caída de éste del 3% con la casi totalidad de las ramas industriales en baja, desempleo en alza, cierre de empresas, suspensiones, retroceso de la inversión y suba del endeudamiento externo.

Y la mayor inflación de los últimos 25 años.

Nuevas autoridades

El designado en Hacienda, Nicolás Dujovne, definió la reducción del déficit fiscal como su objetivo inmediato antes que la recuperación del empleo y la producción.

El ajuste va a venir por el lado de la reducción del gasto y de las transferencias a provincias como a sectores sociales que reciben subsidios. El objetivo para el 2017: bajar el déficit para seguir recibiendo crédito del exterior.

De esta manera el gobierno retoma la ofensiva en toda la línea luego de la tregua pactada con la CGT, parte de los movimientos sociales y los gobiernos provinciales a quienes les refinanció deudas a 3 años a partir del 29 de diciembre de 2017.

El gobierno otorgó $ 16.323,6 millones a 16 provincias en concepto de adelantos de fondos coparticipables en 2016. Para Jujuy, que representa el 1,9% del territorio nacional y el 1,8% de su población, fueron $ 3.175,2 millones, un 19,5% de la ayuda pagaderos a 3 años a partir de fines del actual. Un pago por los servicios prestados.

El caso Sala y los piedrazos a Macri

En un proceso judicial plagado de irregularidades, concluyó el 28 de diciembre el primer juicio contra Milagro Sala. De los dos delitos que se le imputaban (daño agravado y amenazas coactivas), la dirigente de la Tupac Amaru fue condenada solo por uno de ellos, el de “daño agravado”, a tres años de prisión en suspenso. Sin embargo resultó absuelta por el delito de “amenazas”.

En los delitos porque se la juzgaba, la Fiscalía había pedido tres años de condena, lo que finalmente sucedió, pero sólo por uno de ellos. Por lo tanto, la condenaron a una pena mayor de la que pidió la propia Fiscalía. Otra de las irregularidades es que fue condenada por un hecho en el que no estuvo presente.

Además, el Tribunal Oral de la Cámara Contravencional de Jujuy condenó el viernes en horas de la noche a Milagro Sala a la pena máxima que contempla una multa de 3.780 pesos y la inhabilitación especial para formar parte de personas jurídicas y demás asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas que requieran autorización provincial, para funcionar por tres años y tres meses desde que quede firme la sentencia, y a la organización Tupac Amaru, que dirige Sala, con una multa máxima de 3.780 pesos y la clausura de la sede de la calle Alvear de la capital jujeña por tres meses desde que quede firme la sentencia.

El juicio contravencional en la que se la condena a Sala por segunda vez en una semana, es por el haber realizado un acampe junto a la Red de Organizaciones Sociales, durante 51 días en la plaza Belgrano, durante diciembre del 2015 y enero del 2016, frente a la Casa de gobierno de la capital jujeña. El mismo fue producto de la falta de respuestas de un pliego de reclamos que involucraba a 18.000 cooperativistas y que dicha organización había presentado al gobernador Gerardo Morales.

El fallo sienta un precedente negativo para luchadores del campo popular, en un contexto de crisis económica y social, que busca aleccionar la protesta social.

Ahora, el caso Sala, se pretende aplicar a la dirigencia de las y los trabajadores estatales neuquinos que tampoco estaban presentes cuando piedras de origen hasta ahora desconocido impactaron en la camioneta que transportaba a Mauricio Macri en la localidad de Traful.

El presidente Mauricio Macri arribó a Neuquén, en medio de una ola de telegramas de despidos en organismos nacionales que funcionan en la provincia.

A raíz de ello, un grupo de trabajadores estatales nucleados en ATE Neuquén se acercó a la localidad de Villa Traful -en donde el presidente fue invitado a un acto- con el fin de manifestar el repudio a las políticas económicas de ajuste y los despidos de trabajadores efectuados por sus funcionarios.

Los trabajadores que se acercaron a efectuar sus reclamos, fueron interceptados por un fuerte operativo policial que arremetió contra ellos a través de balas de goma y gases lacrimógenos. Varios integrantes de ATE Neuquén sufrieron serias heridas de proyectiles de goma en diversas partes del cuerpo.

A través de un comunicado presidencial, se justificó el violento accionar de las fuerzas policiales tras asegurar falazmente que los manifestantes lanzaron piedras al auto que trasladaba a Mauricio Macri, “hecho que jamás ocurrió”, según los dirigentes de ATE.

El secretario general de la ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, desmintió que integrantes de la organización hayan atacado el vehículo en el que se trasladó en Traful el Presidente de la Nación al asistir a la inauguración de un Centro de Información Turística y Ambiental, aunque reconoció que le hicieron “un escrache” por los despidos producidos en organismos nacionales (ANSES, Migraciones y en el Ministerio de Trabajo).

Finalmente, José Gerez, fiscal general de Neuquén, expresó que luego de viajar a Villa Traful en helicóptero, Macri tuvo “un intercambio verbal con los manifestantes”.
Sobre los daños en el vehículo, el fiscal aclaró: “No sabemos si es una piedra, porque no rompe el vidrio. El cristal se cayó después”. Por último, afirmó: “Nos gustaría tomarle testimonial al Presidente”.

Vuelta a la flexibilidad laboral de los 90

La mitad de las negociaciones salariales del 2017 deberán incorporar cláusulas de productividad, de acuerdo a la planificación del Gobierno para esa ronda de paritarias. El criterio, surge de la hoja de ruta que empezó a develar del Ministerio de Trabajo y que incluye iniciativas relacionadas con cambios en el sistema indemnizatorio y un relanzamiento del régimen de pasantías.
El ítem de productividad es uno de los principales del plan de la cartera que conduce Jorge Triaca. Según el documento en la ronda de negociaciones entre empresarios y gremios de este año “el 30% de los acuerdos alcanzados” incorporó criterios de “productividad y competitividad” y menciona sectores como “petroleros y navieros”. “El objetivo es alcanzar que al menos ese porcentaje crezca al 50% de las negociaciones que se realicen en 2017”, añade la guía del Ministerio.
Uno de los objetivos enumerados en el documento “Planificación 2017” es la reducción de la “litigiosidad laboral” con una baja de las indemnizaciones que percibe el trabajador en caso de comprobarse un vínculo informal. A través de un Proyecto de ley, prevé que el trabajador dejará de cobrar las sanciones económicas (extras indemnizatorios) aplicadas al empleador por falta de registración del empleado, por inscripción tardía, por declaración de menor salario que el efectivamente pagado o por despido incausado. Esos montos, de aprobarse la iniciativa, pasarán a la ANSES.

El documento fue presentado esta semana a sus colaboradores por el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, y recoge planes esbozados por Triaca y Mauricio Macri en sus reuniones periódicas. Uno de sus capítulos más extensos apunta a una reformulación de los programas de pasantías laborales y la elevación del sistema resultante al rango de ley. “El objetivo final es que toda la formación pre-laboral pueda tener un período de aprendizaje de entre 3 y 12 meses, por fuera del marco laboral. De otro modo las empresas no van a querer participar. Esa es nuestra agenda”, afirmó Ponte, un ex directivo del grupo Techint.

En la vereda contraria, el laboralista Lucio Garzón Maceda alertó que “las condiciones para aumentar la productividad son, necesariamente, que los trabajadores tengan salarios muy altos o bien, que sean salvajemente explotados”. “En el medio no hay nada. Quisiera creer que el Gobierno no pretende tener esclavos”, afirmó. Garzón Maceda recordó que “en 1994 (el entonces ministro de Economía, Domingo) Cavallo impuso que todos los convenios tuvieran cláusulas de productividad”.

Volvieron los despidos masivos de estatales

Como en 2015, y a pesar de las sucesivas promesas de Cambiemos en sentido contrario, en las últimas horas del 2016 se desató una nueva ola de despidos masivos de empleados públicos, que ya golpeó a dos ministerios y tiene en vilo al resto.

El jueves pasado, en la Ciudad de Buenos Aires, se realizó una Asamblea de trabajadores del Ministerio de Educación de la Nación y se decidió la toma por tiempo indeterminado de la sede ubicada en Santa Fe 1548. La medida responde a 3.000 despidos: 2.600 vinculados al programa de postítulos “Nuestra Escuela” y 400 a empleados de distintas áreas.

Al día siguiente los trabajadores decidieron suspender la medida ante la promesa oficial de conformar a partir del lunes una mesa de negociación.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de la frustrada candidata a titular de la ONU, Susana Malcorra, se produjeron 27 cesantías.

En el Ministerio de Agroindustria el titular de la cartera, Ricardo Buryaile, decidió eliminar varias Subsecretarías que dependen de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, que conduce Santiago Hardie. En ellas trabajan 200 personas.

Este lunes los trabajadores del Ministerio de Hacienda concentrarán en la puerta de Yrigoyen 250, contra los despidos de Romina por ser madre y de Mayra por ser delegada sindical.

Recuperadas

Luego de más de 20 años de lucha y resistencia, se aprobó durante la última sesión ordinaria del año, la ley Nº 7.948 que otorga a los trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa de Producción y Consumo Inimbó (Chaco) el edificio en el que funciona la empresa social.

El jueves pasado, miles de personas acompañaron a las y los trabajadores del Hotel Bauen en rechazo al veto presidencial a la Ley de expropiación votada por el Senado y se comprometieron con un nuevo plan de lucha que el 1º de marzo llegará al Congreso para volver a exigir la expropiación.

El reciente veto presidencial a la expropiación del hotel Bauen, autogestionado por sus trabajadores desde hace 13 años, se suma a por lo menos otras 23 negativas más, concretadas en los últimos cinco años, por el propio Mauricio Macri durante su gestión como Jefe de Gobierno porteño.

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Señalizarán el lugar donde fusilaron a ocho presos en 1916. Tras un siglo de silencio oficial se realizará una investigación sobre los hechos. Además, se supo que las muertes están asentadas en las actas de defunción del Registro Civil pero con un mes de diferencia de la fecha de los asesinatos.

“Fue una represión ilegal por parte del Estado (…) Hubo una matanza en Aguada del Saino”, afirmó la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli, al ser consultada por lo sucedido hace cien años, en lo que hoy conocemos como paraje Zainuco, en la provincia de Neuquén. Las defunciones de los ocho presos fusilados a fines de mayo de 1916 están asentadas como tales en el archivo del Registro Civil provincial, pero con fecha del 20 de junio.

A fines de mayo de 1916 el comisario Adalberto Satub fusiló a ocho presos que se habían escapado de la incipiente U9. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el lugar del asesinato. Lo que se conoce de los hechos es gracias al periodista Abel Chaneton. Los intentos de algunos mandatarios por investigar fueron silenciados. Cien años después el gobierno provincial parece que hará algo.

Por empezar Comelli reconoció que fue un crimen y que fue ilegal. En una entrevista que mantuvo con 8300 indicó que “los incidentes están probados como tales, que hubo ocho muertos, y las circunstancias nos plantean que hubo una matanza en Aguada del Saino”. “Es un hito, un hecho emblemático, una represión ilegal por parte del Estado”, agregó la nueva subsecretaria de Derechos Humanos.

Sus declaraciones cobran relevancia porque transcurrió un siglo de silencio, sin recordatorios, ni aniversarios conmemorados, ni repudios a un accionar policial abusivo. Cien años de una fosa común olvidada en el medio de la nada, a pocos kilómetros de Zapala, con apenas una cruz clavada y unas piedras marcando el terreno.

Otra novedad a la que pudo acceder 8300 es que las defunciones de José Cancino, Nicolás Ayacura Figueroa, Fructuoso Padín, José López, Antonio Stradelli, Tránsito Álvarez, Francisco Cerca y Desiderio Guzmán están asentadas en los libros del Registro Civil. Así lo confirmó el director del organismo, Santiago Núñez. “Están todos registrados. En el archivo está el duplicado, y el original está en el Registro de Aluminé”, explicó Nuñez. Según agregó el funcionario en las actas solo figura la fecha de muerte y no la causa. Los fusilamientos ocurrieron el 30 de mayo, o al menos ese día es el que quedó fijado en la historia reciente neuquina. Núñez indicó que la fecha que figura en el acta es del 20 de junio de 1916.

En tanto, Comelli adelantó que señalizarán el lugar donde están enterrados los restos y que lo harán en el mismo sentido que los “sitios de la memoria”. Para ello explicó que es necesario realizar un informe que de cuenta de los hechos. La subsecretaria indicó que trabajarán con la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue, con el área de Memoria, Verdad y Justicia y con el Archivo Provincial. “La idea es poder tener un informe que nos sirva de soporte, también queremos garantizar la preservación del sitio”, destacó.

En paralelo desde la Universidad Nacional del Comahue y la de Río Negro se informó que están trabajando para señalizar el lugar y recordar a las víctimas.

Una historia de abuso policial

La organización “Zainuco”, que defiende los derechos humanos “en la calle y en la cárcel”, adoptó ese nombre en homenaje a los fusilados y a Abel Chaneton. Consideraron que esa matanza tiene estrecha relación con las violaciones a los derechos esenciales que sufren las personas privadas de su libertad en la actualidad. El abuso policial es el hilo conductor. Sin embargo, Comelli no opinó en el mismo sentido. “Son cosas distintas. Hay que recordar que en ese momento la U9 estaba recién en construcción. Esos hechos se dieron a cielo abierto, no es un acto de encierro, no fue un motín. No es una temática penitenciaria sino el abuso policial”, explicó.

Como reflejo de la interpretación de los hechos en 1963, en pleno gobierno dictatorial a través de un decreto se impuso el nombre de “Adalberto Staub” a la Escuela de Policías “en virtud del prestigio que había alcanzado quien se había desempeñado como Jefe de Policía del Territorio del Neuquén”. Comelli también reconoció que el nombre debería ser cambiado, pero por el momento no es parte del programa que impulsará para recordar a los presos fusilados en Zainuco.

Esta matanza fue una de las bases en las que se fundó la policía neuquina. El abuso de poder se mantiene intacto en el crimen todavía impune de Cristian Ibazeta, en la absolución de los efectivos acusados de cometer torturas, en los asesinatos policiales de los adolescentes Barian Hernández y Matías Casas.

*Periodista de la Cooperativa de Travajo para la Comunicación 8300 web

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Mediante un amparo se logró suspender la audiencia pública que permitiría la instalación de una mina contaminante a cielo abierto en Las Coloradas, al sudeste de la provincia de Neuquén. El 7 de agosto habrá movilización en el pueblo bajo la consigna “el río es nuestro alimento”. Mientras tanto, en la capital neuquina se presentó un proyecto de ley en la Legislatura para prohibir la minería contaminante a cielo abierto en toda la provincia.

Por un aviso en el Boletín Oficial de la provincia, del 12 de junio, que convocaba a una “Audiencia Pública para la Actividad Minera” los y las vecinas de Las Coloradas, provincia de Neuquén, se enteraron que la minera Southern Copper pretendía instalarse a unos kilómetros de su pueblo a extraer cobre, oro y molibdeno. La explotación sería a cielo abierto y provocaría la contaminación del río Catan Lil, fuente de vida para el pueblo y comunidades aledañas.

En la última asamblea de vecinos y vecinas autoconvocadas de Las Coloradas, el sábado pasado, aseguraron: “Esta lucha no la vamos a perder”. La convicción ya está dando sus frutos: lograron suspender la audiencia pública no vinculante prevista para el 12 de agosto que tenía por fin habilitar la exploración y posterior explotación de la minera. La justicia dio lugar a un amparo y una medida cautelar que permitieron poner un freno. “Es el primer triunfo de la asamblea”, expresó Germán Zuñiga, abogado de la Asamblea, a 8300web.

“Seguramente van a publicar una nueva audiencia y resolver el problema de la carencia de información que denunciamos, pero se trata del primer triunfo de la asamblea” dijo Zuñiga. La suspensión “nos da aire para organizarnos y armar las nuevas estrategias” y agregó que “No sabemos cuánto puede durar, un amparo se debería resolver rápido pero nunca se sabe”.

“El río es nuestro alimento”

“El río es nuestro alimento” es el lema de la Asamblea y el nombre del programa de radio que hace tres semanas empezó a emitirse en la única radio, la municipal, para difundir la causa. La frase la dijo una vecina de Las Coloradas en medio de una asamblea y se tomó como consigna principal para difundir y garantizar la importancia del reclamo.

El río Catan Lil abastece a Las Coloradas y a la comunidad mapuche Felipin que está ubicada en la costa del afluente. Las comunidades Cayulef, Paineo, Cayupan y Namuncurá también se proveen de agua que les llevan desde este torrente. “Si hoy a Las Coloradas le contaminas el río, no tenés fuente de vida”, dijo un poblador. La zona es bastante árida y sobre todo en el verano el agua es un recurso escaso.

El pueblo es la cabecera del departamento Catán Lil y está al sudeste de la provincia de Neuquén, a 140 km de Zapala. Se puede acceder por la Ruta Nacional 40 o la Ruta Provincial 46, esta última pasa por la zona denominada La Voluntad, dentro de la cual está Las Nenas y los cerros en los que se pretende instalar la minera Southern Copper, de capitales estadounidenses y mexicanos. La voluntad queda aproximadamente a 20 km del pueblo en línea recta y 40 km por ruta, donde pasan los ríos Picún Leufú y Llao Llao que luego forman al Catan Lil.

En el pueblo viven alrededor de 1200 personas, de las cuales más de 300 trabajan en la administración pública y sólo un tercio están en planta permanente. Desde que el pueblo existe está gobernado por el Movimiento Popular Neuquino (el partido que gobierna la provincia hace más de 50 años). En Las Coloradas no hay gas natural ni internet, no llega ningún periódico, la electricidad se provee mediante generador eléctrico. El combustible se abastece de un trailer, la red de cloacas es precaria y la señal de teléfono es limitada. El agua se habilita para uso doméstico únicamente de 7 a 13 hs y de 18 a 22, por falta de capacidad de bombeo; la planta de tratamiento está ubicada al lado del cementerio y en la zona hay un nivel de diarrea superior al promedio.

Pese a ser un pueblo desatendido por el Estado provincial y con ciertas necesidades insatisfechas (o satisfechas de modo precario), está lleno de vida. El paisaje es imponente y sus pobladoras y pobladores, hospitalarios. Hay dos escuelas: una primaria y una secundaria, una fundación donde se aprenden oficios y un hospital donde llegan personas de distintas localidades cercanas a atenderse. Los y las jóvenes cada vez más tienen la posibilidad de ir a otros lugares a estudiar y volver al pueblo o a la zona. La iglesia, que en toda su fachada tiene inscripciones que rezan “No a la mina”, es un lugar de encuentro y allí se realizan las asambleas. Tanto las y los nacidos y criados como quienes llegaron de otros lugares tienen claro algo: hay que defender al río de la contaminación.

Junto a los y las vecinas de Las Coloradas trabaja el grupo de apoyo de Junín de Los Andes e integrantes de comunidades mapuches, especialmente de Felipin ya que la minera pretende explorar y explotar en parte de lo que está reconocido como su territorio, incluso en el informe de impacto ambiental presentado por Southern Copper.

Hecha la ley, hecha la trampa

El Concejo Deliberante de Las Coloradas promulgó una ordenanza que a simple vista parece acompañar el reclamo del pueblo, pero ha sido cuestionada ya que no prohíbe la megaminería contaminante si no que “no autoriza la minería” y tampoco especifica a qué tipo de minería se refiere. “Se ha perdido la posibilidad importante de hace una norma muy buena y lo más protectora posible del ambiente y la comunidad”, expresó Zuñiga. Además, la ordenanza se refiere al “ejido municipal” y la zona donde Southern Copper pretende extraer oro, cobre y molibdeno está fuera de él.

Por la prohibición la minería a cielo abierto en la provincia

En Neuquén Capital diputados y diputadas opositoras al MPN presentaron un proyecto de ley para prohibir en el territorio de la provincia “la actividad minera metalífera en la modalidad denominada a cielo abierto o tajo abierto en todas su etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales” como figura en el artículo 1 del proyecto.

El proyecto lleva la firma de las y los legisladores Alfredo Marcote y Raúl Dobrusín (Upie), Gabriel Romero (Frente Renovador), Beatriz Kreitman (CC Ari), Jesús Escobar (Movimiento Libres del Sur) y Gabriela Suppicich (FIT).

También prohíbe “la utilización de cianuro, cianuro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico”, entre otros. El artículo 3 del proyecto estipula que las empresas o personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley poseen la titularidad de concesiones de yacimientos minerales de primera categoría “deben adecuar todos sus procesos a las previsiones de la presente ley”.

En los fundamentos del proyecto se sostiene que la megaminería a cielo abierto “constituye una de las actividades más agresivas para el ambiente, con graves e irreparables perjuicios. La sola horadación de la roca montañosa deja expuesto un inmenso cráter artificial, susceptible de que los agentes naturales (lluvias, vientos, movimientos telúricos y expansiones propias del terreno) arrastren lejos del ámbito de la mina el polvo, las rocas trituradas y los desechos propios de la extracción”.

¿Cómo sigue?

El próximo miércoles los y las vecinas realizarán una conferencia de prensa en el obispado de Neuquén capital a las 10.30, previa a la marcha y festival artístico que harán el viernes 7 de agosto en Las Coloradas manifestándose contra la mina y en defensa del río. La marcha será a las 11 de la mañana y se convoca en el polideportivo municipal. Desde la Asamblea invitaron a las personas y organizaciones del resto de la provincia y el país a movilizarse en sus ciudades para apoyar esta lucha que recién comienza y que por ahora cumple las expectativas de la asamblea que se organiza para decir no a la minería contaminante.

*Redactoras de la cooperativa (8300) web

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En un comunicado difundido por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Las Coloradas expresaron su preocupación ante los anuncios de exploración minera sobre la cuenca Catan Lil, en la provincia de Neuquén. Las organizaciones y miembros de las comunidades que integran la Asamblea rechazaron la audiencia pública no vinculante convocada por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el próximo 12 de agosto sobre el proyecto de la minera mexicana Southern Copper, que perforará 10 pozos en un área cercana al cerro Chachil, entre Zapala y Las Coloradas.

En el comunicado difundido por la Asamblea expresaron que “rechazan todo proyecto que no cuente con la licencia social de la población de nuestro departamento”. Así también exigen “que se realice la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT (Ley nacional 24.071) a las comunidades preexistentes afectadas”, como es el caso de Las Coloradas.

German Zuñiga, habitante de Zapala y abogado de la Asamblea explicó a Marcha que la información que se ha dado de la Dirección de Minería es muy reducida. “No se es claro en cuanto a los días de exploración, siguen hablando que son cuarenta días que son los que salen en el boletín oficial de la provincia de Neuquén, pero en el informe de impacto ambiental se habla de tres meses”, afirmó. “Con lo cual, como mínimo la información es incongruente.”

El Abogado de la Asamblea Las Coloradas ratificó que se oponen a que la audiencia sea no vinculante porque consideran que no hay muchas posibilidades de que la ciudadanía sea escuchada. “Es una mera formalidad para darle ingreso a la empresa, o por lo menos, darle inicio formalmente al proyecto de explotación”, aseveró Zuñiga. Desde la Asamblea informaron que además, se está intentando frenar este proyecto con una ordenanza desde la municipalidad, pero se han encontrado con el problema que el proyecto de exploración se encuentra fuera del ejido municipal. Zuñiga expresó que están buscando una estrategia alternativa o alguna acción judicial que suspenda la audiencia del 12 de agosto.

Además desmintieron que el gobierno provincial y la empresa tengan el visto bueno de las comunidades que habitan la región. “También en el informe se dice que tuvieron la conformidad de Juan Romero, que es un ex lonko (jefe de comunidad mapuche) Felipin. Apenas se supo esa información, el lonko salió a desmentir esa información  y por otro lado, ya iniciaron las acciones judiciales contra la empresa por haber utilizado su nombre sin consulta previa” relató a Marcha el abogado.

¿La minería de cobre no contamina?

A través de un comunicado, la Dirección de Minería, informó que la minera Southern Copper presentó un informe de impacto ambiental que fue aprobado por la Dirección de Minería y por la Secretaría de Ambiente. El trabajo de exploración consistiría en realizar diez perforaciones de pequeño diámetro -diez centímetros- de entre 300 y 500 metros de profundidad, para extraer testigos de roca y luego analizarlos en laboratorio.

El Director de Minería de Neuquén, Carlos Portilla, expresó al Diario de Río Negro que “es importante destacar que la cantidad máxima de agua que se utilizará será de 60 metros cúbicos por día de perforación, reutilizándose pozo a pozo; es decir que el agua usada no se derrama ya que se reutiliza en un circuito cerrado de circulación”. Portilla también explicó que el agua que no se utilice al final de las perforaciones será analizada por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos. En este sentido si se encuentra apta, se devolverá al arroyo más cercano, y de no ser así, deberá ser procesada para devolverle las aptitudes de potabilidad.

Germán Zuñiga expresó que en relación a la posibilidad de no contaminación, “es una afirmación no categórica, susceptible y necesaria de acreditación. Por lo menos en el proceso de exploración es imposible que no se contamine o que no haya una modificación en el ambiente, ya sea desde el suelo, desde el aire, la flora y la fauna”.

Además alertó sobre el peligro de que estos trabajos de exploración abran la posibilidad de que se instalen un proyecto de megaminería a cielo abierto. “El Director de Minería de la provincia de Neuquén, en una de las entrevistas radiales que ha tenido, manifestó que ojalá que haya cobre, y oro, lo cual nos profundiza la preocupación” afirmó Zuñiga. “Sólo si estamos hablando de cobre es que está diseminado, y es casi imposible que se puede realizar con una minería tradicional, lo cual estaríamos ante una posible explotación de minería a cielo abierto”, sentenció.

¿Quiénes son Southern Cooper?

La empresa Southern Cooper nació en el año 2005 de la fusión de las empresas Southern Perú Cooper Corporation con Minera Mexico y subsidiarias. Según como se presentan en su página web, se transformaron en la empresa “con las mayores reservas de cobre entre compañías que cotizan en bolsa y una de las corporaciones minero- metalúrgicas más grande del mundo”.  La empresa Southern Cooper trascendió mediáticamente por el desastre ambiental generado en el proyecto de extracción de Cobre de Tía María en Perú.

Cuando Southern empezó sus operaciones en los años cincuenta, contaminó severamente la costa producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves. Darío Oviedo, director de Servicios Ambientales de Southern, expresó al diario el Mercurio de Perú “que esto debe ser entendido dentro de un contexto histórico ya que en esa época no existían tecnologías limpias ni las exigencias de protección del medio ambiente que tenemos hoy, por lo que la tendencia era fundamentalmente aumentar la producción sin tomar en cuenta factores medioambientales”.

En julio de 2009 la empresa presentó al Estado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual recibió una serie de observaciones, entre las cuales el uso del agua era el tema más sensible. La población asumió que el agua que destinaban a la agricultura se usaría en las operaciones de la minera. El 16 de marzo del 2011, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) presentó un informe con 138 observaciones, que indicaba, entre otras cosas, que no se contaba con un estudio hidrogeológico. Al filtrarse información del informe de la UNOPS se desataron una serie de protestas, recibieron una feroz represión policial que dejó un saldo de tres muertos y medio centenar de heridos. En marzo del 2015 se retomaron las protestas contra la explotación minera de la empresa mexicana. Los largos treinta días de resistencia popular dejaron el saldo de un muerto y varios heridos.

La lucha llevada a cabo por las organizaciones que se oponen a este tipo de proyectos extractivistas dio sus frutos. Tal es así que el 27 de mayo pasado el director de Relaciones Institucionales de Southern Perú Copper Corporation, Julio Morriberón, anunció el retiro definitivo del proyecto minero Tía María de Arequipa. “En primer lugar, la arremetida de un nuevo tipo de terrorismo, el terrorismo antiminero. En segundo lugar, la parálisis del Estado en su rol de promover las inversiones y dar las garantías necesarias para que se pongan en marcha” expresó Morriberón a medios peruanos. Días más tarde por presión del gobierno peruano la empresa se rectificó de lo anunciado días antes.

La historia se repite a lo largo de la cordillera latinoamericana. Una empresa trasnacional que se instala en connivencia con los gobiernos de turno, saquea los recursos naturales para satisfacer la demanda de bienes suntuarios de los países desarrollados y a cambio, un porcentaje de regalías que representa un vuelto para dichas empresas. A cambio nos dejan un medio ambiente destruido, promesas de desarrollos regionales que nunca se materializan y un futuro contaminado. Es por eso que la lucha continúa.

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Se cumplen ocho años desde el asesinato de un maestro por parte de la Policía neuquina, un crimen de Estado en democracia. La exigencia de justicia sigue en pie porque la responsabilidad no empieza ni acaba en el verdugo que lo ajustició. A lo largo y ancho del país el desafío es mantener activo su legado de humildad y compromiso. La tiza y el barro, el guardapolvo y la ruta, el sindicato y el barrio se entrecruzan en memoria de Carlos Fuentealba.

La Justicia

El 4 de Abril de 2007 Carlos salía a la ruta Nº 22 en Arroyito, Neuquén para exigir un salario digno y la mejora de las condiciones materiales de las escuelas abandonadas por un gobierno provincial que sostenía los privilegios de una minoría enriquecida por la renta petrolera, mientras los márgenes del pueblo neuquino continuaban sufriendo la vulneración de derechos básicos.

Hacía tan solo dos años que había comenzado su docencia en el CPEM Nº69, ubicado en Cuenca 15 uno, barrio de tierras tomadas, techos de chapa y ausencia de un plan de vivienda digna. Cuenta Sandra Rodríguez, su compañera, que Carlos decía que no era el obrero quien tenía que ir a la escuela sino la escuela al obrero, y con ello en mente llegó al barrio. En poco tiempo fue elegido delegado de su escuela y como tal participó de la asamblea de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN), que decidió el corte de ruta como forma de fortalecer la huelga. Codo a codo con sus compañeros y compañeras, aquel 4 de abril Carlos fue uno más en aquella jornada en que la dignidad de los guardapolvos debió enfrentar el cinismo de la represión policial.

“El 7 de abril habrá una audiencia pública donde vamos a llamar a la impugnación del sobreseimiento de 15 policías que operaron aquel 4 de abril. En ese operativo de una brutal represión. Queremos dejar bien claro que Darío Poblete, el autor material, no actuó solo. Por eso es tan importante esta audiencia pública, así como es tan importante que este 4 de abril presionemos conjuntamente pidiendo justicia para que podamos avanzar en la causa Fuentealba II”.

La voz de Sandra Rodríguez es la de la incansable lucha por justicia completa. La causa Fuentealba II, que investiga las complicidades políticas, ha sido frenada innumerables veces por una justicia provincial que defiende a los poderosos -como el ex gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Omar Sobisch- y a las fuerzas de seguridad. Hasta el día de hoy la lucha no ha logrado torcer la vía de la impunidad. Este 4 de abril el acto central fue nuevamente realizado por el sindicato de base de la CTERA-ATEN. Así como hoy el sindicato Ademys y las seccionales multicolor de SUTEBA convocan a la docencia a marchar a las 18hs desde el Obelisco a la Casa de Neuquén en la Ciudad de Buenos Aires, en otros puntos del país se realizaron acciones locales de apoyo al reclamo por justicia.

La memoria como puente

Alguien dijo alguna vez que a los desaparecidos los desaparecen dos veces, una vez físicamente, y otra, desapareciendo el por qué de su desaparición. Por estos días, como consecuencia de la recuperación de la identidad docente que Carlos Fuentealba practicó en vida se retoma un legado histórico interrumpido, el de los 606 maestros y maestras asesinados/as y desaparecidos/as que construían un sindicalismo de base comprometido con el cambio social en la Argentina. Muchos luchadores y luchadoras anónimas día a día en las aulas como Carlos. Entre ellos, referentes gremiales locales que en su vocación unitaria parieron la CTERA como central nacional de los trabajadores y trabajadoras de la educación.

El 24 de marzo de 1976 a las 3 de la madrugada, la primera víctima de la dictadura militar sería un maestro. Isauro Arancibia, Secretario General del gremio tucumano ATEP, era asesinado de 120 balazos junto a su hermano Arturo en la sede del sindicato donde dormían, dispuestos a sostener hasta las últimas circunstancias sus ideas junto a sus compañeros. A Isauro lo mataron en el sindicato como a Carlos lo mataron en la ruta. La dictadura militar le tuvo miedo a un proyecto ejemplar de organización sindical. El gobierno de Neuquén le tuvo miedo a la acción ejemplar de las y los docentes poniendo el cuerpo, mostrando que las calles son el lugar por excelencia para la expresión y la conquista de derechos.

Isauro fue uno de los grandes hacedores de la unidad nacional y protagonista del Congreso fundacional de la CTERA el 11 de septiembre de 1973. La declaración de principios de la CTERA encarna un programa de avanzada para la organización docente: es la síntesis colectiva de un proyecto interrumpido. Hoy, esta declaración es un desaparecido más, que comienza a ser recuperado.

La memoria como presente

En febrero de 2014, ante la falta de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, docentes y vecinos de Parque Patricios se organizaban, tomaban una escuela abandonada y le exigían al gobierno que utilizara el edificio para crear un nuevo establecimiento y así garantizar el derecho incumplido a la educación de muchos niños y niñas del barrio. Fruto de la lucha hoy esa escuela está en obra y llevará el nombre de Carlos Fuentealba. Y no hay nada más justo que ello, porque Carlos encarnó en vida la misma relación entre organización, barrio y escuela que parió esta nueva institución.

Por otra parte, luego de muchos años de taras, el sindicalismo de base docente se ha encaminado en la construcción de una opción unitaria en distintos puntos del país. De allí surgen las once seccionales de SUTEBA que encabeza la Lista Multicolor o las conducciones de ATEN y ADOSAC, que han despertado nuevos procesos de organización.

Estos son simples ejemplos emblemáticos de encuentro con una identidad común que trasciende décadas y provincias. La historia se reconstruye en una búsqueda que sigue camino, que fue la de Carlos, la de Isauro y la de las y los 606 maestros asesinados/as y desaparecidos/as: que quienes son docentes discutan desde la escuela, en asambleas, sus posiciones y que éstas marquen las decisiones del sindicato, que los sindicatos se comprometan con las injusticias que viven quienes son estudiantes, los niños y las niñas del país cuerpo a cuerpo con las comunidades, que el derecho a la dignidad de la educación pública se defienda primero en las calles y luego en los escritorios, que el sindicato no sea un administrador de beneficios, sino una herramienta de expresión de las demandas y proyectos de cambio de las y los docentes.

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