Por Laura Salomé Canteros / Foto: @dezetag

Chile estalló contra la precarización de la vida, la desmemoria y el racismo y sus propuestas de cambio para la vida digna, la autonomía y la felicidad del pueblo amaga asomarse como mística y convicción en las elecciones presidenciales del domingo 21 de noviembre.

Valentina Olivares Grey es activista feminista, comunicadora y política de izquierdas. Es integrante de una generación que está corriendo el cerco de lo posible y es una militante de la unidad para combatir el terrorismo del capital poniendo a la política en el centro.

Valentina es ágil, sensible, consciente de lo complejo del momento, y al igual que el análisis que realizó previo a las elecciones constituyentes, esta vez nos explica el contexto de la que será una de las jornadas más esperadas y ojalá, esperanzadoras, en la región.

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– Valentina, ¿qué se juega en estas elecciones?

Lo que se juega son las condiciones de posibilidad para encauzar y profundizar el proceso de cambios que se instaló con el estallido de 2019 y para enfrentar -desde una perspectiva antineoliberal- la crisis y la recuperación social económica post pandemia.

Lo principal que nos jugamos, en este momento, en términos de mediano plazo es un gobierno que pueda acompañar el proceso constituyente y que haga viable la entrada en vigencia, en un corto plazo de la Constitución que va a salir de la Convención el próximo año. Y dadas las características programáticas de las candidaturas que tienen mayor posibilidad de ser electas -en el caso de la izquierda centro izquierda, Gabriel Boric-, lo que nos jugamos es la posibilidad de una mucho mayor redistribución de la riqueza social a través de reformas económicas -principalmente orientadas a mayor recaudación y ampliación de la seguridad social-, tanto en la ampliación de financiamiento, capacidades y servicios que entregan los gobiernos locales a niveles municipal y regional como en la provisión de derechos básicos que tienen que ver con seguridad social, la reforma de pensiones -la más significativa-, la reforma de salud y otras reformas importantes en materia política que no se mencionan en los programas porque eso está delegado principalmente en la tarea de la Convención Constitucional. Por primera vez, de manera tardía por supuesto y siempre con desafíos pendientes, pero de manera contundente

En esa perspectiva de transformación política y de construcción de condiciones de posibilidad para largo plazo, la agenda feminista y la agenda ambiental son muy relevantes. Tanto en materia de ampliación de derechos que tienen que ver con el ámbito del reconocimiento y la erradicación de las violencias para la población, para las disidencias sexuales y para las mujeres, y también en la construcción de una seguridad social con un enfoque feminista transversal donde la propuesta más significativa -además de la transversalización de la mirada en las políticas de salud, educación y pensiones-, tiene que ver con la creación de un sistema nacional de cuidados;  desde la ampliación de servicios de protección a la infancia y de cuidados en materia de políticas públicas ya existentes a la coordinación de esos servicios y la instalación de nuevas agencias y mecanismos institucionales que permitan la corresponsabilidad social para la sostenibilidad de la vida.

Respecto del enfrentamiento con la derecha, es una definición que está en disputa. El despliegue tras el desplazamiento del candidato de centro derecha por la figura de José Antonio Kast -que no sabemos qué rendimiento electoral va a tener-, refuerza la posición en la que está la derecha política que es de alta fragmentación. Y en esa alta fragmentación, una radicalización importante de un sector con una agenda que entra en sintonía con proyectos como los de Bolsonaro (Brasil), los de Trump (EE.UU.) o los de Vox (España). Por eso, lo que se ha instalado en estos días es un clivaje entre una alternativa democrática, de progreso y de cambio con gobernabilidad, que sería la de Gabriel Boric; versus la alternativa del miedo y de volver al pasado pinochetista de José Kast. Este es un conflicto en desarrollo porque ha sido muy reciente el golpe que ha recibido la escena política con el crecimiento de Kast en términos mediáticos y en cómo lo han inflado las encuesta; entonces todavía no está ordenado cómo ese conflicto se representa para la población y cuál es la disputa que instalan las izquierdas para poder nombrarlo y proyectarlo.

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Por Maru Waldhüter y Laura Salomé Canteros 

Elecciones en Perú: deudas históricas, polarización y voces trans que importan. ¿Pueden los modelos neoliberales subsistir con el motor del odio? ¿Pueden las propuestas de cambio ser conservadoras? Mañana, quienes vayan a las urnas en el país andino, decidirán quién estará al frente del Ejecutivo. Las opciones vuelven a poner a quienes llevan propuestas feministas y LGBTIQ+ en una encrucijada, ya que tanto Pedro Castillo Terrones (Perú Libre), como Keiko Fujimori (Fuerza Popular), se manifestaron contra el derecho a decidir y el respeto a la identidad de género.

La primera vuelta se realizó el 11 de abril y quienes ejercieron su voto, lo hicieron en 2.724.752 por Pedro Castillo Terrones por Perú Libre y en 1.930.762 por Keiko Fujimori de Fuerza Popular, lo que anuncia una definición voto a voto. Ante este panorama, dialogamos con Gahela Cari Tseneg Contreras, activista trans y ex candidata legislativa de Juntos por Perú, el espacio que candidateó como presidenta a Verónika Mendoza, quien en los medios y en las redes llamó a realizar un “voto crítico” por Castillo. Dos preguntas, dos respuestas para entender por qué seguirán en la lucha.

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– ¿Qué está en juego en estas elecciones?

El destino del país, ya que lamentablemente hay dos opciones en segunda vuelta que no garantizan los derechos de toda la ciudadanía.

Por un lado, la propuesta encabezada por la Señora K (Keiko Fujimori) y su banda criminal que busca seguir profundizando este modelo económico que ha generado miseria, pobreza y dolor; un modelo económico que ha servido para profundizar las desigualdades, darle beneficios tributarios y económicos a quienes más tienen y perjudicar a quienes menos; un modelo económico que se ha sustentado en los hombros de lxs más pobres de este país, quienes viven en condiciones de explotación pero también en los hombros de las mujeres que mueren víctimas del feminicidio y de las personas LGBTIQ+ que mueren producto de crímenes de odio. Ese modelo económico es el sistema capitalista extractivista y patriarcal. Un modelo que les permite seguir cometiendo delitos, actos de corrupción y atropellos con total impunidad. El fujimorismo que hoy pretende alzarse como la insignia de la democracia, se ha ocupado de pisotearla de manera constante y permanente durante todos estos años y hoy pretenden decirnos que votar por el fujimorismo es votar por la democracia; sin embargo, es antisocial y cada vez que ha sido de su antojo, ha pisoteado las libertades persiguiendo periodistas críticxs, asesinando estudiantes y líderes sociales y esterilizando mujeres indígenas en contra de su voluntad. El fujimorismo es el más grande enemigo de la democracia. La Señora K (Keiko Fujimori), es la más grande amenaza para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ y mujeres indígenas, afros y pobres. Recordemos cómo la bancada mayoritaria fujimorista obstaculizaba todas las propuestas legislativas a favor de la vida de las mujeres y las personas LGBTIQ+ por órdenes de la Señora K. Se opusieron al enfoque de género e interpelaron ministros por intentar implementar políticas públicas para educar en igualdad, políticas que hubieran servido para prevenir situaciones de discriminación y violencias. El fujimorismo es desprecio por la vida de las personas LGBTIQ+ y de las mujeres; por eso, son el enemigo más grande.

Por otro lado, tenemos una alternativa de cambio (Pedro Castillo), que no refleja ni recoge todas las luchas de nuestros pueblos; una propuesta que sigue girando en un anillo conservador, por eso las personas LGBTIQ+ y las mujeres y la ciudadanía en general deben mostrarse vigilantes. Entonces, nos toca entender que los cambios no van a caer del cielo. El machismo y la transfobia en el señor Castillo, son el resultado del desconocimiento; él no entiende que los feminicidios son un resultado del machismo, una consecuencia de la ausencia de políticas públicas para garantizar una vida libre de violencias, de políticas públicas que nos permitan prevenir situaciones de discriminación y violencia de género contra mujeres y personas LGBTIQ+ por orientación sexual e identidad de género.

Por eso, desde mi posición planteo un voto crítico por el señor Castillo porque tengo claro que el fujimorismo es la mayor amenaza para la democracia. El señor Castillo no ha gobernado, con él tenemos muchas dudas, pero a pesar de su machismo y transfobia, ha firmado un compromiso para respetar a las minorías y a todas las personas. Ha suscrito a un acuerdo que reconoce la lucha por la igualdad y no discriminación aunque eso no nos garantiza que un gobierno suyo respete la vida de las personas LGBTIQ+ y nuestros derechos. Castillo no nos va a dar nuestros derechos, para eso, vamos a tener que pelear los en las calles, en nuestros hogares, centros educativos y laborales. Nos tocará seguir luchando con coraje y alegría pase lo que pase. Quienes luchamos por derechos tenemos la obligación de juntar nuestras voces, unir nuestros corazones y pelear con más coraje.

https://twitter.com/Gahelatrans/status/1400569849273896963

– ¿Qué significa el voto crítico a Pedro Castillo?

Significa que si gana (Pedro) Castillo, no me voy a quedar sentada a ver cómo los cambios caen del cielo; o como el señor nos da o nos quita derechos. El voto crítico a Castillo significa que voy a pelear con más coraje y alegrías para que estén los cambios positivos en este país; significa que voy a seguir enfrentando el machismo, la homofobia, la transfobia y todas las formas de discriminación, vengan de dónde vengan, así sean del machismo de militantes de derecha o de izquierda.

Significa que voy a enfrentar las políticas públicas que pretenden recortar derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, significa que no voy a callarme ni guardar silencio ante cualquier decisión que afecte nuestras vidas y que voy a seguir haciendo política, pedagogía y voy a seguir luchando con amor, coraje, autogestión y alegría para poder construir un mundo en el que podamos vivir y convivir en armonía. Significa que Castillo no me representa pero tengo claro y estoy convencida que es el mal menor frente al fujimorismo; porque la señora cae con toda su banda criminal, porque nos ha demostrado con hechos concretos y objetivos que es la mayor amenaza para la democracia para las mujeres para las personas LGBTIQ+ y pobres. Por eso, mi voto no es un cheque en blanco; mi voto es crítico, no me he callado ante ninguna declaración o acción que atente contra la vida de las mujeres, de las personas LGBTIQ+ indígenas y pobres en este país.

He condenado y rechazado cada una de las declaraciones y acciones que atenten contra nuestras vidas y nuestros derechos; porque luchar por la igualdad es un acto permanente, y porque nuestra lucha no se termina en las urnas. Si queremos un panorama distinto para el 2026, tenemos que restar procesos, construir organización, militar en partidos políticos para poder gestar cambios, para poder tener propuestas feministas y candidatas feministas en las próximas elecciones. Eso no cae del cielo, se construye, por eso seguiré militando con coraje, alegría y mucho amor.

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Con la revuelta social se hizo aún más evidente el fracaso del modelo neoliberal en Chile y aunque la Convención Constitucional se instaló como una solución para esquivar el foco de la revuelta y la demanda popular por una Asamblea Constituyente, los movimientos sociales y asambleas territoriales buscan irrumpir en el proceso institucional pese a la desigualdad de condiciones que han debido enfrentar.

ESTONOESCHILE.CL es un una plataforma web, levantada con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo – Cono Sur; que busca entregar herramientas a la ciudadanía informando y educando sobre los amarres del modelo neoliberal en la Constitución de 1980 y sus impactos en las distintas esferas de la vida. A través de historietas y material gráfico se explican los problemas y vulneraciones a los DD.HH. que ha generado la economía extractivista, el “modelo” de las AFP, la privatización de las aguas, la mercantilización de los derechos sociales y la precarización transversal de la vida en los distintos territorios del país.

Sophia Boddenberg, periodista y parte del equipo tras el sitio, señala que el proyecto “se basa en la premisa de que las políticas neoliberales impuestas a la fuerza durante la dictadura cívico-militar, y profundizadas durante los gobiernos de la postdictadura, han socavado la democracia y no responden a la voluntad de los pueblos”. “Definitivamente Esto no es Chile” agrega. Además destaca que paralelamente a lo descrito, las trabajadoras y trabajadores, los pueblos originarios, la población migrante, las pobladoras y pobladores, las y los estudiantes, las y los profesores, los movimientos sociales y todo el pueblo que ha luchado en las calles por una vida digna son Chile.

Los movimientos sociales se han movilizado ante la carencia de seguridad social y la devastación de la naturaleza y los bienes comunes, pero no sólo se han quedado en ello, sino que también han desarrollado soluciones en la última década para superar el modelo neoliberal. “Alternativas concretas y viables para construir economías solidarias, fortalecer la soberanía alimentaria, gestionar las aguas de forma comunitaria; crear un modelo de pensiones de reparto, fortalecer los sistemas de salud y educación públicos y muchas más” dice Stefanía Vega, antropóloga y miembro del grupo creador de ESTONOESCHILE.CL. “Esas alternativas las presentamos en el sitio web junto a cada problemática” detalla.

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Por Laura Salomé Canteros @laurasalome / Foto: Archivo

Es un 1 de Mayo atípico. Nosotras, trabajadoras mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries, feministas organizadas, no nos encontraremos en la Plaza (Lorea o en cualquier otra) como cada año. Sino que lo haremos desde la virtualidad de nuestros espacios; organizadas en un llamado a “salir juntes de la pandemia y cambiar el sistema”. Convocadas a hermanarnos en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos desde la construcción de feminismos como fuerzas transfronterizas y como memoria de luchas a un 1 de Mayo Feminista y Sin Fronteras.

“Durante la pandemia y en los próximos meses, el proceso de insubordinación alimentado por la huelga feminista convierte nuestro trabajo reproductivo en un campo de lucha”, afirma el Manifiesto firmado por cientas de coaliciones y organizaciones feministas del todo el mundo. El “1 de Mayo Feminista Transfronterizo”, una iniciativa surgida de las Non Una Di Meno https://www.facebook.com/events/2560684267514544/, levantará banderas acostumbradas: históricas y coyunturales. Lo hará “para contestar la división sexual y racista del trabajo y para exigir la socialización del trabajo de cuidado” y “porque si nos unimos no solo podemos salir de la pandemia, sino cambiarlo todo”.

Un análisis regional de las demandas sin fronteras de un 1 de Mayo en que las feministas enfrentamos a la alianza criminal del patriarcado y el capital que amenaza con confinarnos más allá de la pandemia.

Argentina

“Flora Tristán decía que hay alguien más oprimido que los trabajadores y son las mujeres de los trabajadores. Y si bien, no somos mujeres de nadie, somos quienes transitamos los trabajos más precarizados, peores pagos y sufrimos la marginación y la pobreza mundial, mucho más que los varones”. Con estas palabras, Celeste Mac Dougall, historiadora y docente, activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, interviene sobre esta fecha.

“El 1 de Mayo tiene que ser feminista porque el problema de la explotación y de la clase trabajadora es un problema del feminismo; y tiene que ser sin fronteras porque las problemáticas que traen las opresiones del capitalismo y el patriarcado tampoco las admiten”, dice Celeste Mac Dougall: “a la vez, tiene que ser feminista en un sentido profundamente transformador de la sociedad, no podemos romper techos de cristal si otras van a quedar barriendo las esquirlas”.

Para la activista feminista, las demandas en Argentina, la región y el mundo tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. “Las consecuencias de esta pandemia van a ser catastróficas en términos de la salud de las mujeres en falta de acceso a métodos anticonceptivos, control de la natalidad y el estar sumergidas a situaciones de violencia” y agrega, “debemos revalorizar, desde lo ético, pasando por lo simbólico hasta lo material, las tareas de cuidado. Porque si entendimos que esas tareas que llevan adelante las mujeres son importantes, esa valoración debe ser central”.

Chile

“Este 1 de Mayo nos pilla caminando y luchando por sobrevivir en medio de tres crisis muy importantes que se vive en Chile hace mucho tiempo: una social, una política y una económica”, dice Valentina Olivares Grey, activista feminista popular. “Una crisis social producto de la precarización, mercantilización y el endeudamiento de las vidas de millones; una crisis económica que hoy estalla pero que tiene raíces produndas en la que los ajustes del capital no han logrado dar respuesta a las urgencias sociales y por el contrario, las profundizan año a año; y una crisis política, porque la Constitución dictatorial -y sus ajustes- distorsionaron la democracia chilena dando una sobrerrepresentación que jamás en la historia han tenido los sectores más conservadores”.

“Todas esas crisis, materializadas en los cuerpos precarios, en los cuerpos feminizados, han sido denunciadas por los movimientos sociales los últimos años; y en particular por el movimiento feminista con una masividad y potencia que nadie vio venir”, agrega. “Desde octubre, los movimientos populares salieron a destruir las verdades del capital y el patriarcado. A poner en el espacio público esa rabia y la urgencia política de construir vidas vivibles”. Sin embargo, en esta pandemia, “las conquistas que mantenemos a fuego vivo en nuestros corazones tambalean ante una fuerza del capital que está poniendo la ganancia por sobre la vida de las personas”.

Por eso, afirma Olivares Grey, “Ante una crisis sanitaria que amenaza la vida de mayorías, ante esta economía del terror neoliberal, las feministas enfrentamos este 1 de Mayo con el desafío de poner la esperanza en el centro. Una esperanza que parte por el mínimo, que es construir soluciones colectivas para sobrevivir ante la crisis”. “Estas prácticas de solidaridad son alternativas políticas y no pasan solamente por lo que sucede en nuestro territorio, sino que tienen que ser parte de un esfuerzo internacionalista del movimiento feminista y de los movimientos populares”. Porque “esta crisis en todo el mundo, se ha transformado, para el capital y para el patriarcado, en una oportunidad para acelear los ajustes de un modelo que fabrica violencia y precariedad; y es para nosotras, las feministas, una urgencia política pensar modelos económico- sociales realmente distintos, libres de violencias, con vidas justas y vivibles”.

Ecuador

“Que vaya un saludo amoroso, rebelde, combativo a quienes formamos parte de la clase trabajadora, fundamentalmente a las mujeres que estamos soteniendo el cuidado y la vida en estos momentos”, dice Alejandra Santillán Ortíz, del Parlamento Plurinacional y Popular de Organizaciones Feministas, una articulación creada tras el paro de octubre de 2019. “Fuimos las protagonistas de las luchas populares, de las insurrecciones que han atravesado este continente y de la memoria ancestral de nuestros países, dónde hemos visto florecer un movimiento feminista plural, antisistémico, que busca transformarlo todo”.

“En este 1 de Mayo en confinamiento obligatorio, cuando los poderes del mundo, los empresarios y las élites, han decidido reajustar para hacernos pagar las crisis a nosotras y nosotros; es también el momento donde podemos imaginarnos y recuperar esas trayectorias de lucha, resistencias y esos saberes que nos permitieron llegar hasta aquí para poder imaginar otro mundo y otras vidas más dignas”, dice. “Hemos visto, en estas semanas, como los intereses del capital -nacional y transnacional-, son los que organizan este gobierno, que decidió pagar la deuda externa y establecer medidas que buscan el despido de los y las trabajadoras; pero además, ha dejado de lado temas centrales como el incremento de la violencia machista, la sobrecarga de trabajo sobre las mujeres y el trabajo de producción agrícola que los pueblos y nacionalidades están haciendo para sostener a las ciudades”, agrega la feminista.

Para Santillán Ortíz, “el gobierno de los empresarios ha tomado decisiones apresuradas para que volvamos a la normalidad, tienen miedo de que perdamos la disciplina, ese lugar subordinado en esta estructura”. Por eso, “hemos decidido hacer de este 1 de Mayo, una jornada combativa y de denuncia”, porque “solo juntas, compartiendo nuestro dolor, desde la empatía profunda, podremos alcanzar horizontes emancipatorios y de justicia social para los pueblos del Abya Yala. Porque somos las mujeres, quienes estamos en la primera línea de la insubordinación y rebeldía”.

El Salvador

“En este 1 de Mayo, demandamos que los gobiernos pongan en el centro de la política laboral la vida, lo que necesariamente implica reconocer como trabajo las tareas de cuidados que precisamente permiten el sostenimiento y la reproducción de la vida”, afirmó Franchesca Mata, abogada e integrante del Movimiento Centroamericano 2 de Marzo.

“Esta pandemia ha realzado lo que desde distintos feminismos se ha venido señalando: que la salida es colectiva, que la cultura individualista no construye; sino al contrario, destruye y que sólo la organización y la lucha colectiva nos permiten avanzar en nuevas conquistas sociales. Por eso y más reafirmamos que el 1 de Mayo deberá ser feminista y sin fronteras”.

México

“Al igual que el 1 de Mayo, todas las fechas deberían (y deben) ser feministas, es un tema de justicia”, dice Iovana Rocha Cano, docente feminista guanajuatense. “En México, las mujeres venimos de años y meses recientes de visualización y legítima protesta, y lo hemos hecho porque hoy en día ni espacios públicos ni privados están exentos de exclusiones, violencias, regateos en menoscabo de la vida, libertades, dignidad de las mujeres”, agrega en tono de reflexión. “Han sido meses sin tregua donde nos hemos apropiado de las conmemoraciones para hacerlas feministas”.

“Este 1ero de mayo es feminista y sin fronteras. Lo nombramos como hemos nombrado otras conmemoraciones donde estábamos invisibilizadas, y lo hacemos hoy con la fuerza del temor, la angustia y la desesperación de una pandemia que amenaza con reproducir las condiciones de pobrezas, violencias y desigualdades de las mujeres”, afirma Rocha Cano. “En México, las mujeres cuentan con un promedio de escolarización de secundaria, maternidades adolescentes, formación y dedicación en modelos hegemónico/ patriarcales, ingresos al mercado informal comercio, servicios y actividades que generan ingresos apenas por encima del salario mínimo; condiciones que explican la histórica feminización de la pobreza”.

Para Iovana Rocha Cano, “nombrar y apropiar el 1 de Mayo es hacer visible también, la ruta histórica marcada por la complicidad, injusticias y movimientos feministas para lograr el acceso de las mujeres a los espacios laborales”. “México es un país de jefaturas femeninas y sin embargo, los espacios formales de empleo (con prestaciones mínimas de ley) no son espacios de acceso igualitario”… “Increíblemente somos habitantes de un país que a los 20 años nos considera ´muy jóvenes´, en tanto a los 40 son ´mujeres viejas´, criterios enmarcados en el género y la forma en qué son vistas las mujeres en un territorio donde permanentemente nuestras capacidades “deben ser” puestas a prueba. El acoso y el hostigamiento son delitos que hoy pondría en mayúsculas al enunciar las preocupaciones de las mujeres en los espacios públicos”.

Uruguay

Para Rocío Deheza, de “La Comité”, el comité feminista del Frente Amplio, “hoy la plaza es tu casa pero siempre las calles serán nuestras”. Las voces del 1 de Mayo feminista y sin fronteras deben ser colectivas: “es un día de reivindicación de la lucha colectiva por el trabajo digno, cuando urge la solidaridad. En este contexto de emergencia sanitaria, los primeros sectores de actividad afectados por la pandemia son los llamados feminizados, por su enorme presencia de mujeres como ser el trabajo doméstico, el sector de cuidados y otros”.

Para ella, “urge discutir políticamente esto, atentiendo a la división sexual del trabajo que naturaliza como propias tareas de mujeres y hombres, generando brechas salariales”. Y agrega que “el aislamiento social y confinamiento refuerzan el reparto desigual de trabajo generando pobreza y desigualdad” y, “como en toda crisis orientada por medidas neoliberales que libran las soluciones al mercado, es el pueblo quien pagará las consecuencias”. Por eso, desde La Comité, exigen al gobierno de derecha, “medidas sociales y económicas que atiendan las realidades de las personas y permitan a la gente quedarse en una vivienda y condiciones dignas”.

Venezuela

“Nos hacemos eco de este llamado de las feministas transfronterizas porque somos un solo pueblo latinoamericano, un pueblo que picaron en pedazos, con fronteras de mentiras que responden a intereses de las grandes burguesías y oligarquías”. Con estas palabras, nos habla sobre el 1 de Mayo, Daniela Hinojosa de la colectiva Tinta Violeta de la Red La Araña Feminista.

“Esta pandemia ha puesto sobre la palestra el tema de la economía del cuidado, de cómo la economía capitalista y patriarcal que se basa en la acumulación para unos pocos y unas pocas, significa y se revierte contra los pueblos y contra las mujeres que sin dudas son las mas dolidas; porque la mayoría de las pobres y los pobres en el mundo son mujeres jefas de familia”, agrega. “Son los trabajos relacionados con la salud; los del campo, la siembra, la cosecha; la distribución; y el trabajo que realizan “las bodegueras”, aquellas chicas que trabajan en las cajas de los supermercados, los más importantes y los que sostienen la vida de todas y todos”.

Es entonces, desde el República Bolivariana, que (nos) envían un saludo: “a todas las trabajadoras, que somos todas las mujeres que nos toca el trabajo del hogar, que nos toca cuidar la vida en el hogar, a las mujeres que también nos toca trabajar por un sueldo y vender nuestra fuerza de trabajo a algun capitalista o aquellas que siendo autónomas estamos buscando, todo el tiempo viviendo al día para poder sacar adelante a nosotras mismas y a nuestras familias”.

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Fotos y texto por Gonzalo Pehuén desde Santiago, Chile

Tres meses.

Era una tarde de octubre, el día 18 más precisamente; cinco días atrás una chica de Liceo daba un salto que sería fundamental para los tiempos subsiguientes: aún cuando todavía no lo sabían, el salto de ese torniquete del metro el lunes 14 sería un salto para la historia reciente de Chile. Era una tarde como cualquier otra, y quienes desde ese lunes llevábamos la cuenta de los hechos en el metro a raíz del alza en el pasaje, nos encontrábamos con que el centro de Santiago ardía; las autoridades habían decidido cancelar el servicio en plena hora punta con el fin de evitar las evasiones masivas, y aquello que días atrás habían dicho que no había prendido, se extendió como reguero de pólvora, y ardió por todo Chile. Era el 18 de octubre del año 2019, una fecha que quedaría marcada literalmente a fuego en el cuerpo de todo el país. Ese día, sin saberlo, la incompetencia del gobierno había dado inicio a la revuelta.

El panorama ya era conocido, pero no por eso resultaba tedioso. Aunque el número de personas distaba mucho de ser el que fuera dos meses atrás en que ni caminar se podía los viernes en los alrededores de la Plaza de la Dignidad (por entonces todavía denominada Plaza Italia), toda el área en torno era nuevamente escenario de batallas.

Era 17 de enero, apenas a pasos de cumplirse tres meses y la Plaza de la Dignidad nuevamente ardía contra la represión del Estado.

El piso de las veredas ya no existe, un barrial que hace recordar al conurbano bonaerense un día de lluvia es lo que se pisa en la esquina de la Alameda Bernardo O’Higgins con el pasaje Ramón Corbalán, a una cuadra de la plaza. Las calles se riegan como no lo están en casi todo el año; es como si esa agua que es saqueada fuera devuelta por el guanaco, mezclada con ácido, y transformara la Alameda en un pequeño río como aquellos que han sido robados por “Aguas Andinas”.

Una nube ardiente inunda el aire, y solo los gritos de “paco muerto” o “paco perkin” son capaces de cortarla. Los gritos surcan el aire cuales lacrimógenas, la multitud que da cara a los Carabineros se infunda ánimos aullando al unísono mientras avanzan palmo a palmo con los escudos, mientras los “camotes” calientes, recién picados de alguna vereda, vuelan en dirección a la línea de pacos que se encuentra enfrente. El ruido del metal golpeado, el festejo cuando una molotov da en el blanco, los cantos surgidos de algún video viral, la solidaridad despertada de forma espontánea y que en las calles es casi moneda corriente.

Tres meses de revuelta han dejado mucho aprendizaje. Tres meses de revuelta cambiaron la vida de todo un pueblo.

Al contemplarse las cifras duras, las mismas duelen más que cualquier herida que pueda recibirse en el día a día. Más de 300 son los casos de lesiones oculares, 2500 las personas privadas de su libertad, y más de 30 las víctimas fatales del terrorismo del Estado. Los casos de torturas, de apremios ilegales, de violencia política sexual, son casi incontables. Las agresiones perpetradas de forma arbitraria se suman a los casos de secuestros llevados a cabo por civiles, sustrayendo de la vía pública a personas que luego aparecen en alguna comisaría. Los ultrajes sexuales no cesaron al igual que las cacerías desmesuradas en las poblas.

Los números de la revuelta, sin embargo, no logran reflejar el pulso de la calle. El número de personas heridas es realmente mucho mayor al graficado en las estadísticas, ya que no todas son atendidas por equipos médicos. Muchas de las personas detenidas han llegado a figurar como desaparecidas, en algunos casos por días, y en otros han sido “liberadas” sin siquiera haber pasado por una comisaría o dependencia de Carabineros. Los centros de torturas son ocultos por el velo del Estado, que busca tapar bajo la alfombra su accionar terrorista desplazando de su cargo a apenas un puñado de funcionarios. Algo distinto sucede con la ahora emblemática estación Baquedano del metro, esa misma que ubicada en pleno centro de la ciudad y que tras funcionar como centro de tortura durante los días del toque de queda, fue objeto de pedradas, molotovs y de cuanto objeto arrojadizo pudiera valerse la población, tapando casi al completo sus entradas; accesos mismos desde los que en más de una ocasión dispararon perdigones y gases a la multitud que reclamaba.

Sin embargo la población no es “weona” y si de números hablamos, el porcentaje de apoyo al gobierno es cada vez menor, llegándose a mencionar un irrisorio 6% de aprobación. ¿Pero qué puede esperarse de un gobierno electo por menos de un cuarto de la población en condiciones de votar? Tan solo la consulta ciudadana de diciembre contó en algunas regiones con una mayor participación que más de una elección presidencial, contando alrededor de 2 millones y medio de votantes, del cual el 92% se inclinó a favor de una nueva Constitución.

La realidad chilena se va transformando día tras día, y si bien puede que muchxs no estén del todo de acuerdo con las formas democráticas liberales, con el tipo de representatividad que otorga el sufragio, es innegable que el aumento en la participación dan cuenta de un mayor compromiso en las políticas del país, algo que se puede ver en las expresiones de diferentes figuras en los festivales típicos del verano chileno. Y no hace falta mirar las señales de televisión para notar eso: en las calles, en las micros del transporte público, la coyuntura actual es tema de conversación.

La realidad chilena se va transformando a medida que los días se convierten en semanas, y estas se transforman en meses. La realidad chilena lleva tres meses mutando.

La convocatoria del sábado 18 no llegó a ser lo masiva que podía esperarse. No obstante lo que podía apreciarse en la plaza, cordones de Carabineros en las arterias que discurren hacía la Plaza de la Dignidad impidieron el acceso de mucha gente. De todas maneras, se protestó en las poblas, y así y todo ya el mismo viernes el número cuadruplicaba al del sábado. El pasar de las semanas va dejando su huella, no solo por la tierra que va resurgiendo donde otrora hubiera cemento, sino por las heridas en los cuerpos y el ánimo. La tan fetichizada primera línea fue dejada a su suerte en más de una ocasión, acrecentando los riesgos de detenciones y atropellos.

Al transcurrir tres meses, los efectos de no dejar ni un solo día las calles se van sintiendo. El debate frente a quienes solo van a “carretear” (tomar alcohol y “festejar”) se va marcando profundo y plantea un escenario que no a todo el mundo le resulta agradable. Y sin embargo esa masa “pacifista” es muy consciente de que todo es posible gracias a esas personas que arriesgan todo por buscar un Chile más justo.

La celebración del Año Nuevo fue una muestra de ello y de los cambios que se van operando. Desde las 18hs del martes 31 de diciembre hasta las 6hs del 1 de enero no se le dio tregua a los efectivos de Fuerzas Especiales apostados en los alrededores de la Plaza de la Dignidad, mientras miles de personas se congregaban en la misma a compartir la cena de despedida del año. Lxs encapuchadxs recibían comida de parte de voluntarixs que habían instalado una cocina frente a la estación del metro, al igual que las familias que habían trasladado mesas, sillas, heladeritas, y comida de sobra como para repartir a quien no tuviera cena. Hasta el mismo momento de las 00hs fue distinto a cualquier otro; no hubo cuenta regresiva ni gritos de “Feliz Año”, solo el canto de “El pueblo unido jamás será vencido” mientras se compartía el brindis al igual que había sucedido con la cena.

El “Año Nuevo” se comenzaba luchando. Tal y como se especula que pueda llegar a seguir.

Si bien se aprecia una notable baja en las convocatorias, enero no es un mes exento de lucha. El boicot a las PSU estuvo marcado por una fuerte represión al igual que las evasiones al metro, y el atropello de un chico de Liceo por parte de Carabineros en la comuna de Pudahuel llevó a feroces jornadas de manifestaciones en sus calles, desmedidamente reprimidas.

El verano se ha tornado una suerte de tiempo de “descanso”; aunque el centro de la ciudad parezca vacío, en las periferias y regiones la actividad se descentraliza y adopta nuevas modalidades.

Sobre febrero poco se especula, pero se espera que para marzo la “cagá” quede nuevamente. El gobierno se prepara para ello con el paquete de medidas que hacen de los cortes de calle y las caras tapadas delitos mayores que un abuso sexual.

El proceso iniciado el 18 de octubre del 2019 es largo, y aunque mucho ha pasado en el medio, es algo que recién comienza. Las especulaciones son muchas pero ninguna logra dar un panorama certero. Qué puede llegar a surgir del devenir de los hechos se oculta tras una nube de incertidumbre; pero hay una certeza que asoma entre todo eso, y es que al asentarse la tierra del estallido, Chile ya nunca será lo mismo.

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Por Carla Perelló y Laura Salomé Canteros / Foto: FOI – Fotógrafas Organizadas Independientes

La apertura del segundo Encuentro Plurinacional de las que Luchan que se realizó en Santiago, Chile se dio en una de las Universidades más combativas. Aunque por estas épocas, todas lo son. Fue además de forma simultánea con una de las represiones más crueles: ese viernes 10 de enero, en horas de la tarde, quienes integran las primeras líneas de los movimientos estudiantil, ciudadano y feminista y resisten a la provocación represiva del gobierno de Sebastián Piñera, fueron rociados en inmediaciones de la Plaza Dignidad (ex Plaza Italia) por el agua de un guanaco que contenía alguna sustancia tóxica que les quemó la piel. Fue uno de los primeros viernes, desde que comenzó el estallido el pasado 18 de octubre, donde nadie fue asesinado enfrentando a los guardianes uniformados del modelo de exclusión neoliberal que pronto caerá en Chile.

El segundo Encuentro Plurinacional de las que Luchan (EPL) se realizó el fin de semana pasado en la Universidad de Santiago, Chile y fue una instancia para definir las demandas del 8 de Marzo, exigencias que representan también a quienes luchan por que se garantice el derecho a la educación. En Chile, al igual que en todos los territorios, les pibis ya no se callan más. Pero por levantar la voz son criminalizades, sancionades o expulsades. Son estudiantes activxs, están en la primera línea de las demandas y el debate social, pero estas medidas expropian el aprendizaje, sus logros y esfuerzos. Per esto les impulsa a seguir porque ante la represión, la rebeldía es mayor.

En un contexto represivo y de pérdida -y reapropiación- de toda autoridad, el paradigma de educación privatizada que rige en Chile no escapa a las reformas y cambios radicales que demanda la sociedad movilizada. Por eso, una de las conclusiones del EPL fue el boicot a la PSU, la prueba estandarizada que define los ingresos a la Universidad con una intención de excluir. “¿Cómo ibamos a rendir la PSU mientras tenemos compañeros/ as presos/as, mutilados/ as, asesinados/ as y familias enteras estremecidas por el dolor de perder a uno de los/ as suyos/as por luchar por una vida digna?”, afirmó en un comunicado la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarixs. La respuesta del gobierno fue de querellar a 34 dirigentes secundarixs tras las movilizaciones que lograron que en varias sedes universitarias se cancelaran estas pruebas de admisión.

“Para ellxs solo somos un número más en su cuenta bancaria”

En la Universidad Andrés Bello, el 2 de enero pasado, decenas de estudiantes participaron de tomas por el derecho a la educación y fueron expulsades. “La Universidad no nos deja contar lo que pasó”, afirman quienes fueron damnificadxs en un video que circula por las redes sociales, que se transformó además en la primera forma de comunicación por la censura en la que incurren los medios empresariales. “Somos mas de 30 les estudiantes sancionadxs, nos informaron mediante un correo que estábamos en proceso de sumario (investigación interna de la Universidad), a lo que debimos apelar, pero la Universidad no tomó en cuenta nuestras declaraciones y siguó con su sanción para todes”, contó Paz, una de las estudiantes expulsadas en diálogo con El Grito del Sur.

“Son responsables todes lxs administrativxs de la Universidad, que se apegan al reglamento de disciplina (que está fuera de la Constitución, cuartando el derecho a libre expresión y el derecho a la educación)”, agregó Paz. “El mensaje que quieren dar es claro, nuestra universidad es de las que más lucra en nuestro país y quieren tenernos con la venda en los ojos, para ellxs solo somos un número más en su cuenta bancaria, no les interesa su comunidad estudiantil, esperan que vivamos con el miedo a las sanciones, esperan que nos quedemos en silencio”.

Para Paz, las autoridades de la Universidad “están en contra de todo tipo de manifestación social” y “nos quieren en silencio porque si alzamos la voz, ellxs son los que agarran miedo”. Durante 2017, les estudiantes tomaron sedes de Universidades a lo largo de todo Chile contra los abusos y acosos de parte de profesores e integrantes de la comunidad académica. El “ya no nos callamos más” es sin fronteras. “El mensaje de la Universidad es tener a lxs estudiantes sumisos, porque rebeldes los podemos hacer caer pesado, por eso su respuesta siempre será la represión”.

En este momento Paz y el resto de les estudiantes sancionadxs, emitieron la última apelación que la Universidad acepta y el 23 de enero serán notificados por si todo sigue igual o les reintegran. “Si seguimos expulsades tendremos que emitir un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para exigir nuestro derecho”, contó. Es la última carta que les queda, apelar a la Constitución -la misma que se debe reformular- y el derecho a la educación. “Si la Corte de Apelaciones falla a nuestro favor, la Universidad tendrá que reintegrarnos aunque ellos no quieran”, finalizó.

“La juventud forma parte de la primera y segunda línea”

Male Briones es integrante del espacio de Feminismo Popular en Argentina. Viajó a participar del EPL en Santiago, Chile, y considera que es “notable cómo el movimiento feminista chileno está siendo potenciado o dinamizado por el sector juvenil”. En diálogo con El Grito del Sur, contó lo que quedó en su memoria producto de esta experiencia. “En el estallido social, fueron los movimientos estudiantiles quienes dieron el primer golpe político y no con una reinvindicación concreta sino diciendo ´no son 30 pesos, son 30 años´ y con una mirada antipatriarcal, anticapitalista y antiimperialista”, analizó. “Eso se notó en el Encuentro, se discutió el adultocentrismo, el poco lugar que tiene la juventud -no en la acción- sino en la discusión política”, agregó.

Durante el Encuentro la participación de las más jóvenes no fue muy visibile y para Male, eso se debió a que “están en plena movilización porque la juventud es parte de la primera y segunda línea del estallido”. Sin embargo agregó, “se notó en las instituciones la importancia que ese sector dinamizador está teniendo para tener un lugar político en la sociedad para discutir la integralidad. Que no es solo un gobierno el responsable, sino una forma en la que está compuesto el Estado y el poder, y la juventud no apuesta por un movimiento secundario o la educación gratuita, está apostando para hacer un cambio de raíz y constituir otro tipo de sociedad”. “Sin la juventud y todos los cambios que están produciendo en Chile en este momento, el Encuentro no hubiera sido igual, el movimiento feminista tampoco ni estuviera avanzando como lo está haciendo”, analizó Male, “y es un sector que va a tomar cada vez más lugar en las discusiones políticas”.

Durante el Encuentro, el eje de Educación arrojó también sus conclusiones producto de los debates y seguramente se transformarán en demandas concretas en la Huelga General Feminista del próximo 8 de Marzo. Dejar de lado la supremacía de “lo privado”; generar espacios de encuentro entre los diferentes sectores de la educación; que sea pública, laica y no sexista, anticolonial, antirracista y con perspectiva de Derechos Humanos y ortientada hacia el Buen Vivir de los pueblos fueron las principales. Además se exigió el fin del Estado subsidiario de las escuelas confesionales, una reforma universitaria, la creación de protocolos contra el acoso, el fin a las evaluaciones estandarizadas, el cese de las criminalización a estudiantes y profesorxs que apoyan el levantamiento social y la reuncia de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos.

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El uso del lenguaje inclusivo y les niñes jugando son posiciones políticas de los feminismos en Chile y en todo territorio. Lejos de sostener una “guardería”, las coordinadoras del EPL propusieron para elles un espacio donde el juego y la reflexión tuvieron el mismo lugar. “Les niñes deben aprender de política porque no pueden estar encerrados en sus casas pensando que afuera todo está bien”, dijo Felipe de 8 años frente a una aula magna colmada de activistas feministas. “Estamos mal con todo lo que está pasando, nos están traicionando”, dijo Mauricio de 10 años, “no están sacando los ojos y cuando eres niño te queda muy marcado eso”. “Queremos que les niñes y grandes marchen juntos”, dijeron, “que todas las personas puedan jugar todo, porque hay que compartirlo todo”. “¡Que renuncie Piñera”, gritó una niña. Y todes aplaudieron. El reconocimiento de les niñes y les jóvenes como sujetos políticos es parte del cambio de un Chile que se refunda para ser mejor.

*nota publicada originalmente en El Grito del Sur

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Una articulación sin fronteras

Migrar con derechos rumbo a la autodeterminación

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Hace diez días que el descontento social en Chile reventó en forma de gritos, cacerolazos y barricadas, movilizando a millones de personas. Fue así que “el jaguar de Latinoamérica”, como los economistas chilenos en los años 90’ describían a nuestro país, se sacó la máscara, revelando que solo era un lugar donde la desigualdad se acumulaba bajo la alfombra, ante la pasividad de sus habitantes y la ceguera de sus autoridades.

Las movilizaciones explotaron con tremenda fuerza, ante un Gobierno atónito, siendo calificado por la Primera Dama, Cecilia Morel como “alienígena”. Su primera respuesta: declarar Estado de Excepción y sacar a fuerzas policiales y militares a las calles, en directo enfrentamiento con los y las manifestantes, que fueron víctimas de disparos y fuerte represión por parte de Carabineros.

Habían transcurrido menos de tres días de Estado de Emergencia y el mismo presidente, Sebastián Piñera, afirmó que se trataba de “una guerra”, aunque el enemigo solo sostuviera letreros, cucharas y ollas. El saldo de esta decisión: 20 personas muertas (información corroborada hasta este momento), más de 3.500 personas detenidas, 1.100 personas heridas, según informaciones desde el Gobierno e informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta la mañana del martes 29 de octubre. Además de esas cifras la Defensoría de la Niñez, señala que 19 niños, niñas y adolescentes recibieron impactos de perdigones, 18 fueron víctimas de daño físico y más de 240 fueron detenidos.

Pero eso no detuvo las movilizaciones: a pesar del cansancio de las continuas marchas y el miedo y angustia por la represión, el viernes 25 de octubre se logró convocar a la marcha más grande de Chile, la cual reunió a más de 1 millón doscientas mil personas, solo en la capital; escenario que se repitió en regiones y ciudades de todo el territorio. Las calles se vieron desbordadas de protesta, en postales que pasarán a la historia. Con esto se probó que, a pesar de los continuos intentos por criminalizar las manifestaciones, estas siguen siendo representativas del malestar que aqueja a todos los chilenos y chilenas: la profunda necesidad de una vida digna, donde no esté privatizado cada derecho social. Las movilizaciones han sido descritas como las más convocantes luego del plesbicito que terminó con la dictadura de Augusto Pinochet.

El viernes por la noche, la estrategia del Gobierno fue “felicitar” la pacífica marcha, e intentó atribuírsela (a pesar de que cientos de asistentes dieron a conocer vídeos de represión, uso de camiones lanza agua y gas). Ahí, el mismo mandatario que solo hacía unos días había declarado una guerra contra quienes protestaban, señaló que “la multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado”, declaró Piñera, señalando más tarde que pediría la renuncia de todo su gabinete de ministros.

En paralelo, debido a las constantes denuncias de violaciones de los Derechos Humanos y peticiones de algunos parlamentarios chilenos, la alta comisionado de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunciaba el envío de una misión que debía arribar el lunes 28 de octubre al país. Por lo que, rápidamente, se pasó de aplaudir la gran marcha, a intentar retomar la “normalidad”.

No hay “normalidad” sin justicia

Durante todo el fin de semana, destacaron los constantes discursos invitando a retomar trabajos, clases, recorridos y rutinas en la jornada del lunes 28 y esto se vio acompañado de una serie de decisiones desde el gobierno.

Primero, se quitó el toque de queda que restringía el movimiento en distintas ciudades del país y luego, fueron publicados los decretos que establecían el término del Estado de Excepción en 15 de las 16 regiones del país. En Santiago, se anunció el funcionamiento parcial del Metro; mientras que, en las otras capitales, se intentó retomar la frecuencia de buses interurbanos y el comercio. Los canales de televisión abandonaron la cobertura a las movilizaciones y retomaron su programación habitual; incluso dedicaron largas notas a los primeros centros comerciales que abrieron sus puertas.

Pero, ¿cómo volver a la “normalidad”, si no se logran los cambios estructurales exigidos? Aún con una salud y educación públicas en crisis, aún con niños y niñas muriendo en el Servicio Nacional de Menores, aún con la misma Constitución escrita en Dictadura. ¿Cómo volver a trabajar y transitar como si nada, por las calles donde murieron decenas e hirieron a miles? ¿Y con nadie tomando responsabilidad política por lo ocurrido? Eran las preguntas que cruzaron por la mente de la población.

La respuesta claramente era “No hemos logrado nada. Esto sigue”. El sábado, en Concepción, miles de personas volvieron a salir a marchar. Fue en la Plaza de la Independencia, el mismo lugar donde Bernardo O’Higgins realizó la declaración solemne de la independencia chilena, que los militares decidieron disparar en contra los y las manifestantes, quienes huyeron con terror.

AHORA. Efectivos militares dispararon sobre manifestantes y cargan contra estos en la Plaza Independencia de Concepción #EstoNoHaTerminado #Chile #Constitucion2020 #Concepción pic.twitter.com/ozc2IRvhTU

— Resumen (@rsumen) October 26, 2019

Mientras que el domingo, la Región del Valparaíso sorprendió con una multitudinaria nueva marcha, que repletó la costanera entera de toda esa zona costera; nuevamente, el actuar de militares y fuerzas policiales fue de reprimir entre balines de goma, chorros de agua, disparos con armas de fuego y lacrimógenas, sin importarle que hubieran niños, niñas, adultos mayores y familias enteras en el lugar.

Si bien, el lunes no llegó la comisión de la ONU y se anunció su reprogramación “unos días después”, las protestas continuaron con aún más fuerza, en respuesta, no solo a la falta de cambios estructurales, sino que, también, debido a un cambio de gabinete tan insólito, que parecía una mala broma. No se removió a los actores principales de la indignación: Salud (Jaime Mañalich, expulsado incluso del Colegio Médico), Educación (Marcela Cubillos, quien reprimió a educadores en paro durante mediados de este año), Transporte (Gloria Hutt, tema que originó el alza del descontento).

Santiago, Concepción, Valparaíso y otras ciudades volvieron a manifestar su descontento, y mientras finalizaba la actividad, espontáneamente plazas públicas y calles comenzaron a llenarse de manifestaciones y fuego, remarcando que ya no es posible volver a cerrar los ojos ante tantas atrocidades.

Este tercer informe busca resumir las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período.

La prensa en el blanco de críticas y balas

Una de las instituciones sociales que ha estado en el centro de las críticas, como también de la represión, ha sido el periodismo. En Chile, los medios de comunicación se caracterizan por estar fuertemente centralizados -ubicados en la capital, Santiago- y por pertenecer a unos pocos empresarios poderosos. Aunque se intenta romper el cerco informativo con reportes desde medios independientes, portales web, radios comunitarias, organizaciones civiles y redes sociales, claramente el alcance de estos no es el mismo que el de un canal nacional o diario parte del duopolio.

Uno de los medios más denunciados estos días fue La Tercera, periódico que está entre los más leídos del país (tanto en su versión impresa como digital), luego de que adjudicaran los ataques incendiarios del Metro de Santiago a supuestos ciudadanos extranjeros. La nota, firmada solo como “Equipo La Tercera”, declaraba que “según fuentes de inteligencia policial, se detectó participación de ciudadanos cubanos y venezolanos en las manifestaciones”. Al rato después, también subieron una segunda nota titulada “Gobierno rastrea rol de venezolanos en Twitter”.

Rápidamente, esta información fue descartada por el fiscal a cargo de la investigación de destrozos en el Metro, Omar Mérida: “La Fiscalía no tiene antecedentes de identidades ni nacionalidades específicas”. Por lo que, ese mismo día en la tarde, La Tercera sacó una aclaración y afirmaron que se trataba de “un error del que nos hacemos cargo”, negando que buscaran criminalizar a ciudadanos extranjeros viviendo en Chile, aunque claramente ese fue el efecto de la nota, además de aumentar la “conspiranoia”.

Este no es el único medio de difundir información falsa o de criminalizar al movimiento social. Son constantes las notas informativas centradas en los daños materiales -quema de supermercados, destrucción de estaciones del Metro-, por sobre las violaciones a los Derechos Humanos y muertes por acción del Estado, lo cual genera que desde ciertos sectores de la ciudadanía vean con malos ojos la protesta social, justifiquen la violencia de Estado y exijan el regreso del Estado de Excepción y toque de queda. A esto, se suma la denuncia de la Federación de Trabajadores de Canales de Televisión, que expuso cómo el presidente y su ex ministro de Interior, Andrés Chadwick, citaron a máximos ejecutivos de canales de televisión a La Moneda el 26 de octubre. “El país debe conocer cuáles han sido las intenciones del Gobierno para convocar a los directivos de estos medios televisivos, en una práctica intervencionista y que atenta contra la independencia que deben tener los medios en una sociedad democrática”, declararon desde el Colegio de Periodistas.

Pero mientras ocurre esto en medios con más alcance y poder, existen otros comunicadores y comunicadoras intentando generar otro tipo de cobertura, quienes se han visto también expuestos a la violencia. Fue el caso de reporteros del medio independiente Piensa Prensa, quienes recibieron una golpiza por parte de Carabineros –fuerzas policiales chilenas-, mientras grababan su violento accionar.

Como relató Sacha Rojas a El Desconcierto: “Nos fijamos en una detención ilegal de una persona que estaban arrastrando por el piso y dando lumazos -golpes con bastón policial- en las costillas. Siempre mantuvimos una distancia considerable”. Ahí, “uno de los carabineros, sin ninguna provocación, empezó a golpear a toda la prensa y el último fui yo, después de haber golpeado a toda la gente que estaba sacando fotos. Le dije ‘soy prensa’; me dio tres golpes en la cabeza con la luma, me bota al suelo y pierdo la consciencia durante unos segundos”. Tras volver en sí, encaró al efectivo, pero el piquete abandonó el sector.

URGENTE | URGENTE (19:50)
CARABINEROS APALEARON COBARDEMENTE A NUESTRO EQUIPO DE PRENSA. Fueron brutalmente golpeados por el piquete (05-03 Alvarez) Furgón, B-489 Aquí registro de la descomunal golpiza.
. URGENTE URGENTE@inddhh pic.twitter.com/c3decmuKEm

— PIENSAPRENSA 315 mil Seguidores (@PiensaPrensa) October 24, 2019

Sería una de las primeras denuncias públicas, de muchas más que vendrían. En Concepción, el camarógrafo Alejandro Torres recibió un disparo en el ojo, quedando en estado grave. Aunque posteriormente logró estabilizarse, acabó con la pérdida del globo ocular. Ese mismo día, recibió un disparo de balín en el pecho el periodista y académico de la Universidad de Concepción, Fernando Venegas, quien quedó con lesiones leves. También, desde el medio local, Sabes.cl, denunciaron que una de sus gráficas, la fotógrafa Jasna Núñez, fue arrollada por un grupo de Carabineros a caballo, quienes no la asistieron. Desde el Colegio de Periodistas de la zona se condenaron estos hechos y además, se acusó a una página de periodismo ciudadano, Amigos Penquistas, de incitar a la gente a atacar la oficina de otro medio, la Radio Bío Bío y de difusión de noticias falsas..

Mientras que en extremo norte del país, en Arica, tres periodistas del diario La Estrella de Arica, Estefani Carrasco, Patricia Torres y Alfredo Sanhueza, no solo denunciaron haber sido arbitrariamente detenidas, sino que, en el caso de las mujeres, fueron obligadas a desnudarse en una comisaría y a realizar sentadillas con la ropa interior abajo, de manera de humillarlas. Lo ocurrido es una de las 18 querellas por violencia sexual que está interponiendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Incluso, un grupo de reporteros argentinos, Nazareno Roviello (La Retaguardia), Andrés Masotto (Radio Presente) y Leandro Díaz del Campo (ANCAP) fueron retenidos por largas horas en el Aeropuerto de Santiago y estuvieron a punto de ser deportados debido a que el contenido en sus redes sociales “incitaban al odio”. Tras la intervención del INDH y diversos parlamentarios, se logró revocar la medida.

La PDI reconsideró decisión de no ingreso de los periodistas argentinos Nazareno Roviello (La Retaguardia), Andrés Masotto (Radio Presente) y Leandro Diaz del Campo (ANCAP) y se les permitió entrar a Santiago. pic.twitter.com/mv34ECuSFR

— INDH Chile (@inddhh) October 27, 2019

¿El derecho de vivir en paz?

No solo periodistas están expuestos a la violencia de Estado. Las denuncias de activistas y líderes sociales detenidos de manera arbitraria e ilegal se acumulan a diario. Anteriormente, mencionamos las detenciones desde sus hogares de Pablo Ferrada, Anais Pulgar y Valentina Miranda, todos militantes de las Juventudes Comunistas. También, del estudiante de sociología y activista medioambiental, Francisco Reyes Aguayo. A esto, se suma la detención en su casa del dirigente estudiantil de la Universidad Arturo Prat (UNAP), Rodrigo Martínez Caices, en Iquique, información que fue posteriormente corroborada por el INDH.

Un joven, que se identifica como dirigente estudiantil y de nombre Rodrigo Alejandro Martínez (18607918-3), es detenido esta noche por @Carabdechile.

La detención ocurrió en la intersección de calles Amunátegui con José Joaquín Pérez, en #Iquique. @inddhh #LoQueLaTeleNoMuestra pic.twitter.com/ZfSrOUvxkq

— RADIO PAULINA (@radiopaulina) October 28, 2019

A esto se suma la denuncia del boxeador y activista por los derechos de niños, niñas y adolescentes, Cristóbal Yessen, quien fue detenido en Santiago Centro durante un control de identidad. El deportista, conocido por su fuerte lucha contra la violencia que enfrentan NNAs en el Servicio Nacional de Menores (SENAME), relató en sus redes sociales que el funcionario policial le dijo que le detenía por “hablar weas en redes sociales”. En la comisaría fue torturado “golpeando mi rostro, cabeza y manos. Me arañaron mi abdomen y espalda, me provocaron un trauma serio en el ojo, que podría llevar a un pérdida parcial de visión. Mi abogada, Pía Corvalán, jamás pudo hablar conmigo, porque estaba incomunicado”.

No tengamos miedo de alzar la voz, por 30 años de injusticia, de dolor y de saqueo.
Gracias a todos/as quienes me han apoyado, me han enviado sus buenas vibras. Disculpen no poder contestar mensajes , tengo un trauma severo en un ojo y están determinando si hay algún daño mayor. pic.twitter.com/TT6m2UL1h5

— Cristóbal Yessen (@CristobalYessen) October 29, 2019

Los traumas oculares han sido un ataque distintivo por parte de agentes del Estado. Como informó el Colegio Médico y la Asociación Chilena de Oftalmología, más de 100 personas han perdido la visión en un ojo por impacto de perdigones, hasta el 27 de octubre. Estas entidades especificaron que “desde el 19 al 26 de octubre se presentaron 96 pacientes con Trauma Ocular Severo, de los cuales 84 (86%) eran hombres y 12 (14%) mujeres”. Del total de pacientes, 29 (32%) presentaban Traumatismo Ocular con Globo Abierto (estallido ocular 15, herida penetrante ocular 14) siendo el principal mecanismo de acción herida por balines de goma (82% del total). Lo más grave es que esto fue provocado por agentes del Estado”, agregaron, señalando además que nunca habían tenido tal cantidad de casos semejantes en un lapso tan breve de tiempo.

Natalia Aravena Contreras, joven conocida por informar sobre productos de belleza libres de crueldad animal, fue una de las personas afectadas por disparo de balines. Había salido a marchar el 28 de octubre por Santiago centro, cuando se vio rodeada por la represión policial, por lo que intentó alejarse. “Me di vuelta a ver nuevamente dónde venían [las fuerzas policiales] y sentí un golpe muy fuerte en mi ojo derecho. Solo atiné a taparme el ojo y entre el aturdimiento no veía. Suerte la mía que un cabro Técnico en Salud me vio y me ayudó”. Su evaluación fue estallido ocular y lo más probable es que lo pierda. “Salí porque yo quería luchar contra las desigualdades que nos tienen viviendo mal, con la gente infeliz y triste. Pero los pacos andan jugando a la guerra […] se llevaron mi ojo, pero no mis ganas de luchar”.

La Naty es piola, la Naty solo salió a manifestar su descontento.
La Naty perdió un ojo a manos de carabineros.
Hoy siento rabia y pena de ver alguien tan bakan sufriendo.
Por ti Naty, por y ti y todos.
Vas a pagar Sebastián.#ChileNoSeRinde #fueraPiñera pic.twitter.com/KtuLbV5bV7

— J a v i Queen (@Ms__Queen_Bee_) October 29, 2019

Otro caso grave que se dio a conocer públicamente, fue el de una adolescente de 16 años, identificada solo como D.U., quien, transitaba por su familia por La Pintana, cuando se vieron rodeados por la represión policial a la gente. Ahí, ella fue herida a bala por un civil que, por la postura y el arma que tenía, su padre describió “como un experto, como un militar”. El proyectil le perforó un pulmón y la rompió la columna vertebral. Estuvo a punto de morir, pero fue estabilizada y fuera de riesgo vital. El diagnóstico indica que quedará parapléjica.

El cuerpo como territorio de conquista

A las personas con heridas graves, traumas oculares y detenciones arbitrarias, se suma la violencia sexual por parte de agentes del Estado. El INDH ya suma 19 querellas por delitos sexuales presentadas por 40 víctimas. De estas, 14 son menores de edad, 20 mujeres y 6 hombres. Una de las víctimas, “estaba puesta boca abajo contra la basura y con el arma de servicio fue amenazada con dispararle si se movía. Luego con esa misma arma se tocó su cuerpo y se le amenazó con penetrarla con el fusil”. A otra, se le obligó a hacer sentadillas desnuda, se le insultó y se le amenazó con violencia sexual física en una comisaría:

“Antes de ingresar al calabozo me llevaron a un baño, y me revisaron la ropa, los bolsillos. Me hicieron sacarme los zapatos, los calcetines, después me dicen ‘ya, ¡súbete la polera, muéstrame los senos!’, yo andaba sin sostén, después ‘¡bájate los pantalones!’, y yo ya listo y me dicen ‘¡bájate los calzones!’, ‘tenís que agacharte ahora’, sin explicar por qué, nada”, relató Bárbara Urquieta a The Clinic.

Las disidencias también se encuentran expuestas a esta violencia. Un estudiante de Medicina de la Universidad Católica, Josué Maureira, denunció públicamente haber sido torturado y abusado sexualmente por carabineros de la 51° comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Desde su universidad lo apoyaron en un documento, en el que relatan los hechos: “Lo mantuvieron esposado y así fue golpeado sin mediar provocación alguna e insultado por ser homosexual, asunto que dedujeron sus victimarios porque andaba con las uñas pintadas de rojo. Luego lo desnudaron completamente y además abusaron sexualmente de la víctima dentro del contexto de tortura que sufría en ese momento”. Posteriormente, este declaró estar amenazado de muerte por Carabineros.

Al poco tiempo después de esta denuncia, salió a la luz el caso de Lucas Rocha, otra persona perteneciente a la comunidad LGBTIQ+ que denunció haber sido víctima de violación por parte de Carabineros. “Estaba caminando por la Alameda, yo no estaba haciendo nada, me estaba yendo a mi casa y me subieron a una camioneta”, relató el afectado. Tras golpearlo, torturarlo y violarlo por alrededor de dos horas, fue lanzado desde una camioneta en pleno Santiago Centro, donde fue hallado y asistido por transeúntes.

Estación Baquedano, combinación con 1973

Otra de las graves acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos, fue que se estaba utilizando la Estación Baquedano del Metro de Santiago como centro de torturas y detenciones ilegales. Todo comenzó cuando Nicolás Lüer, de 22 años, denunció haber en este lugar por efectivos de Carabineros, donde opera la 60° Comisaría. “Lüer acusaba haber recibido golpes con toallas mojadas y sufrir una luxación en la rodilla, y dice haber escuchado disparos con balín de goma y haber visto a otros manifestantes colgados del techo por sus manos, según una publicación realizada por su hermana a través de Instagram y un posterior relato entregado a su abogado”, recoge el medio independiente Interferencia.

La acusación e investigación comenzó el miércoles 23 en la madrugada. Al mediodía, La Tercera publicó un artículo titulado “Jueces que se constituyeron en estación Baquedano: ‘No encontramos a personas detenidas, ni menos colgando del techo’”. El texto buscaba desestimar completamente su denuncia. Pero como recogió el medio Interferencia y también Radio Canal 13, cuando llegaron no habían personas, pero sí tenían razones para creer que dos horas antes se había torturado gente en el mismo lugar.

Como relató el juez Daniel Urrutia, los efectivos policiales estaban nerviosos, agitados y cayeron en contradicciones. El lugar de las torturas, que no suele estar abierto a público, fue vívidamente descrito por la víctima, lo cual le aportó aún más veracidad a su relato. Además encontraron siete cartuchos de escopeta, seis de ellos ya percutados y amarras plásticas. No habían rastros de sangre, pero horas antes Carabineros había limpiado  completamente el lugar, aduciendo que lo habían hecho porque se habían ensuciado las escaleras con un baño químico. En una nueva entrevista, este mismo juez agregó que todo ocurrió en un punto ciego deprovisto de cámaras, por lo que la investigación continúa.

No son sólo cifras

Hasta el momento, 20 muertes han sido informadas por el gobierno chileno, al menos de manera oficial. Desde los primeros días, estos anuncios se han quedado en entregar cifras, más que en ahondar sobre sus nombres, historias ni las condiciones en que fueron asesinados. Parecen ser solo números que sobra. Incluso, como algunos y algunas fueron encontrados calcinados al interior de establecimientos saqueados e incendiados, se les asoció al robo. Como fue el caso de un adulto, cuyo cadáver calcinado fue encontrado en un Construmart -cadena de ferreterías- en La Pintana, Región Metropolitana.

No fue hasta varios días después que se le identificó como José Atilio Arancibia Pereira, de 74 años. Su familia había puesto una denuncia por presunta desgracia, luego de que “don Tilo” se extraviara en medio de las manifestaciones e incendios. Apenas lo reconocieron, tiraron por el suelo la teoría de que se encontraba saqueando: él padecía Alzheimer y se había desorientado.

Una criminalización similar sufrió Manuel Rebolledo Navarrete, un hombre de 23 años de la Población La Libertad de Talcahuano, quien murió arrollado por un camión militar, conducido por un infante de la Armada. Rebolledo fue acusado de participar en los saqueos a los frigoríficos de una pesquera -como si eso justificara su muerte-, pero sus familiares desmintieron esto, afirmando que el joven padre se encontraba en una cancha del lugar, cuando vio que ocurrían los saqueos y la fuerte represión, por lo que intentó huir de regreso a su hogar. Ahí fue cuando el agente del Estado se salió de la vía y le pasó por encima con el vehículo, matándolo. Este infante fue  formalizado por cuasi delito de homicidio y luego, fue reintegrado a sus funciones.

La historia de Rebolledo, contada por familiares cercanos, fue recogida por el Colectivo Frente Audiovisual en un video titulado “El Polera”:

Otro de los asesinados por agentes de Estado fue Álex Núñez, un eléctrico de 39 años y padre de tres hijos, quien salió la noche del domingo 20 de octubre a realizar unas entregas. Cuando llegó a la Plaza Juan José de Rivera, fue interceptado por la policía. Era la segunda jornada con la restricción de circulación y la habían decretado más temprano que el día anterior.

“Lo emboscaron por atrás y ahí lo golpearon en la cabeza, todo el rato en la cabeza”, señala Rodrigo Núñez, su hijo. Este joven se encontraba manifestándose en su barrio, cuando vio que por la calle “venía caminando como podía. Ya al verlo llegar, era él. Era mi papi, estaba todo desfigurado. Ahí le dije que se fuera para la casa. Lo trajimos para acá y después al rato lo vino a ver mi mamá”, añade. Alex le decía a su hijo que le dolía la cabeza y sólo quería acostarse. A las ocho de la mañana del día siguiente, el tío de Rodrigo lo llamó por teléfono y le dijo que ya no estaba respirando. Falleció la madrugada del martes a causa de los golpes propinados por Fuerzas Especiales de Carabineros.

Otra víctima incluida entre las querellas ante el Estado, es José Uribe Antipani, un soldador de 26 años y padre de un niño de año y medio. El joven de 26 años, José Miguel Uribe Antipani, murió mientras se trasladaba desde Santiago a Curicó -su ciudad natal- producto de un disparo de un militar en el tórax; otros dos amigos que le acompañaban resultaron heridos. Su padre, Nelson Uribe, afirmó a The Clinic que “ellos andaban golpeando una ollita y los militares no encontraron mejor cosa que matarlos”.

Estas son solo algunas de las muertes reconocidas por el Estado. Existen otras muertes que no han entrado a las cifras oficiales, mientras la ciudadanía exige su investigación, como fue el caso de la artista callejera de 36 años, Daniela Carrasco. El cadáver de “La Mimo”, como era conocida, fue encontrado colgado de una reja de la comunidad Pedro Aguirre Cerca, al sur de Santiago de Chile. Desde el Servicio Médico Legal se afirmó que había muerto por asfixia y que se trataba de un suicidio; mientras que vecinos y vecinos denuncian que ella fue vista por última vez cuando era detenida por un grupo de Carabineros.

A modo de cierre

Mientras se escribía este reporte, durante toda la jornada del martes 29 de octubre, continuaron las movilizaciones en todo el país, como también las violaciones a los DDHH. Las educadoras de párvulos salieron a las calles, denunciando los problemas del proyecto de “Sala cuna universal” que se quiere promover en el país; se encontraron con las fuerzas policiales atacándoles con chorros de agua, gases, lacrimógenas y balines.

Se llamó a una marcha que llegara hasta el Palacio de La Moneda, mas, no se logró debido a la fuerte represión, la cual fue tan violenta, que hasta un observador del INDH recibió siete impactos de balines disparados por agentes del Estado, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

[ URGENTE] Observador del INDH se encuentra herido por siete balines disparados contra su cuerpo, es trasladado de urgencia a un centro asistencial desde la Alameda pic.twitter.com/h9dX7nwqKF

— INDH Chile (@inddhh) October 29, 2019

Los manifestantes en Santiago se han encontrado con grandes perímetros cercanos a La Moneda cercados por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, además de tiradores apostados en los edificios que rodean el Paseo Bulnes. Recientemente, Londres 38, un ex centro de tortura, represión y exterminio durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que en la actualidad fue recuperado y gestionado como un espacio de memorias abierto a la ciudadanía, denunció que policías habrían gaseado intencionalmente el espacio:

Hace minutos @Londres_38 fue atacado por @Carabdechile quienes lanzaron gas con zorrillo a este espacio de memorias que presta apoyo de primeros auxilios.

— Londres38 (@Londres_38) October 29, 2019

Un reportaje de Ciper sobre los documentos de las fuerzas policiales chilenas que un hackeo reveló, mostró cómo Carabineros monitoreaba a agrupaciones sindicales, estudiantiles y medioambientalistas, al considerarlos “blancos de interés”.

Desde Amnistía Internacional se aseguró que las violaciones a los Derechos Humanos que se han registrado durante los últimos días en Chile, son comparables con las realidades de Venezuela, Nicaragua, México y Honduras. Mientras, se apronta la llegada de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que iniciará su trabajo en Chile desde este miércoles 30.

Debido a esta presión internacional, y los cuestionamientos al Presidente Piñera sobre su gestión y las violaciones a los Derechos Humanos que están ocurriendo en el país, se decidió cancelar las convenciones APEC y COP, que se realizarían en los meses de noviembre y diciembre de este año. El mandatario se encuentra cercado por el nulo apoyo extranjero que ha tenido su represión violenta y el miedo a sufrir un papelón de proporciones frente a la prensa extranjera, mandatarios y las manifestaciones que podrían haberse desencadenado con aún más fuerza.

*periodistas integrantes de la ONG Amaranta

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Por María Brun Lubatti / Foto: Migrar Photo

Lo que está pasando en Chile nos moviliza. Los motivos sobran: la cercanía geográfica y el accionar que nos recuerda a un pasado no tan lejano son algunos de ellos. Para entender lo que está pasando en Chile es necesario corrernos del horror que nos producen las imágenes y videos que están circulando a toda hora por las redes.

Las movilizaciones del pueblo chileno -bajo la consigna #ChileDespertó- buscan visibilizar un malestar político y social sintomático acumulado por años y gobiernos de injusticia social. En este momento, es importante resaltar la dignidad del pueblo chileno que está recuperando las calles -a pesar de la violencia estatal- para hacerse escuchar con la intención de generar un cambio en el sistema económico y político. La violencia del gobierno de Piñera no logra silenciar aquel malestar. En Valparaíso, no alcanzan “los pacos” -como se llama a los Carabineros, su policía- para reprimir todos los puntos de manifestación en una ciudad de 300 mil habitantes.

A diferencia de las versiones que buscan instalar medios masivos y oficiales, las movilizaciones no tienen como leitmotiv crear caos: son sus integrantes quienes han frenado en varias ocasiones algunos intentos de saqueo. No hay total desabastecimiento, y, al menos en Valparaíso, los pequeños locales, o despensas están abiertos y brindan servicio.

Hasta el momento fueron varias las marchas de asistencia masiva organizadas en la ciudad portuaria: en reclamo de la salud, movilizaciones pacíficas reclamando el cese de la presencia militares en las calles, improvisando carnavales y una marcha hacia Viña del Mar donde se realizó una fiesta. También se están organizando mesas de debate para visibilizar reclamos específicos acorde a los distintos territorios. Son muchas las acciones de protesta: pequeños cacerolazos, concentraciones en la Plaza Aníbal Pintos -plaza neurálgica de Valparaíso- hacia Plaza Victoria, la cual es sede de los inicios de las manifestaciones, concentraciones en Plaza Italia. gente desde los balcones gritando y acompañando la marcha, micros y autos tocando bocina.

Las casas son como pequeños bunkers: grupos de amigues o familias se reúnen para pasar este momento en comunidad. No es un momento para estar en soledad. La gente está habitando la calle en disputa por el espacio público negado por la derecha. La violencia del Estado chileno aparece muchas veces como algo impensado desde una lectura argentina.

Antecedentes cercanos

La actual constitución chilena fue promulgada por la misma dictadura que derrocó el 11 de septiembre de 1973 a Salvador Allende. Allí se declara inconstitucional “todo acto u organización que propugnara una concepción contraria a la familia o fundada en la lucha de clases”. Al igual que en nuestra dictadura, la violación a los Derechos Humanos, la represión y la anulación de derechos civiles fueron las bases de este sistema. En Chile se instaló el modelo neoliberal -tanto en lo económico como en lo ideológico-; que implicó la reducción del gasto público, la privatización de las empresas públicas y los recursos naturales, así como también la promoción de la libre empresa. Fue esta la usina de producción de las grandes desigualdades sociales que hoy afectan a la sociedad chilena.

El pasado miércoles 16 de octubre, frente al aumento de la tarifa del metro, les estudiantes comenzaron a organizarse para hacer una evasión masiva: rompieron los molinetes para pasar y dejar pasar gratis a otras personas. La respuesta fue una represión muy violenta. Piñera quiso cortar de raíz la problemática y le creció un bosque: frente a la represión en Santiago, la gente comenzó a salir a las calles. Tanto que hoy, les chilenes están habitando las calles, en muchos lugares de manera pacífica y legítima, con mucha adrenalina generada por la posibilidad de hacerse oír activamente frente a un Estado neoliberal y represor.

El sistema de salud es una de las instituciones del Estado más desfinanciadas junto al educativo y el previsional. La salud en Chile está repartida en dos tipos de sistemas: las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) -privadas, las cuales cuentan con profesionales de las universidades más prestigiosas de Chile, una mejor infraestructura y equipamiento, y también son más costosos- y el Fondo Nacional de Salud  (FONASA), único de carácter público.

Les chilenes perciben atención médica por sus ingresos y no por su estado de salud.  Este año, la situación llevó a una crisis sanitaria: el Estado no destina el presupuesto que hace alta para abastecer condiciones mínimas en los hospitales públicos. Esta situación  es consecuencia de la privatización de los servicios y derechos por parte de la dictadura de Pinochet y los gobiernos neoliberales consecuentes.

Por su parte, el sistema educativo también fue otra víctima de la neoliberalización, que en la actualidad se rige bajo la lógica de bien de consumo, de carácter mercantil. La educación en Chile estuvo mucho tiempo “municipalizada” y es privada. Cada municipio administraba con sus recursos la infraestructura y los recursos humanos. Aquellos municipios con menos recursos son más vulnerables, ya que no pueden brindar el acceso a una educación de calidad, lo cual genera gran desigualdad social e imposibilita el acceso a formación superior y trabajos calificados. En el mandato de Bachelet se realizó una reforma a modo de parche, creando instituciones regionales para administrar la educación, que no significaron ningún cambio estructural. Los servicios locales de educación se agrupan por barrios o zonas, los cuales quedan igualmente marcados por la desigualdad.

Por último, el sistema previsional actual -también privado- de Chile fue orquestado en plena dictadura por José Piñera, hermano del actual presidente. Este sistema privado de pensiones es denominado AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones.

Las AFP recaudan un 10% del salario de les trabajadores, y utilizan esas sumas para inversiones en el sistema bancario y financiero nacional e internacional. El aporte es de aproximadamente del 10% del salario de las instituciones que luego les cobran altos porcentajes de interés por créditos. Asimismo, los bancos utilizan lo recaudado para realizar inversiones en el sistema bancario y financiero nacional e internacional. Quienes no pudieron realizar aportes a las AFP tienen la posibilidad de solicitar una pensión mínima al Estado, que actualmente es de de $110.200 pesos chilenos (U$S 150), es decir, un tercio del sueldo mínimo.

Hoy, les chilenes están habitando las calles, y en muchos lugares está siendo de manera pacífica y legítima, con mucha adrenalina generada por la posibilidad de hacerse oír  activamente frente a un Estado neoliberal y represor. Es importante difundir la represión, pero también es importante dar a conocer el trasfondo del reclamo y de una situación que era inminente que sucediera por la historia chilena.

*Esta nota fue realizada con información brindada principalmente por Julieta Mazzoni, argentina que actualmente reside en Valparaíso, Chile. Julieta, junto a amigues de ese país, realizaron un informe para difundir por distintas redes, con el objetivo de  generar una síntesis del panorama chileno y brindar un poco de claridad a quienes desconocen la realidad presente y pasada de este país. Si bien este no tiene rigurosidad académica, está basado en fuentes de información legítimas de que dan a conocer  las principales problemáticas denunciadas por el pueblo chileno. Las fuentes fueron sistematizadas en paralelo a la información de las calles, las protestas y la policía y militares en las esquinas, helicópteros en el aire y el ruido de gente gritando, caceroleando, reclamando.

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Por Redacción Marcha / Foto: Colectivo Fluxus

Nuestra América arde. Hace unos meses nos sorprendimos con la rebelión del pueblo en Puerto Rico y ya en las últimas semanas se ponen sobre la mesa las diferentes crisis que atraviesan Haití, Honduras, Perú, Ecuador, Chile, pero también el dinamismo que diversas luchas sectoriales toman vuelo en Costa Rica, Panamá y Uruguay. Esta “brisa bolivariana”, como osaron definir algunos sectores de la derecha continental, y que incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA) adjudica a las “dictaduras bolivarianas y cubana (…) a través del financiamiento de movimientos políticos y sociales ha distorsionado las dinámicas políticas en las Américas”, no es más ni menos que la evidencia de que en América Latina sigue existiendo una reserva popular de lucha y organización en estado latente.

Durante la últimas semanas, los conflictos y levantamientos populares contra las políticas neoliberales se convirtieron en un tema difícil de evitar en los medios de comunicación y redes sociales, si bien luego reconvirtieron sus estrategias de control y censura para favorecer a los poderes corporativos. En tan sólo 15 días la población mundial no tuvo otra que reconocer las situaciones políticas y económicas que atravesaban distintos países. Ecuador, Chile, Hong Kong, Catalunya, Haití, Honduras, Panamá y Costa Rica, fueron algunos de los focos que demostraron colectivamente su sensación de hartazgo a las políticas de muerte.

Bajo método conocido en Argentina como “piquete” y “cacerolazo”, los pueblos salieron a cortar las rutas, evadir el pago de metros, tomar -y hasta incendiar- instituciones públicas y copar las avenidas, entre otras acciones. La barricada se convirtió en la respuesta unificada a las cotidianas agresiones neoliberales contra la vida.

Un octubre rojo que comenzó con un inesperado Ecuador en llamas tras la aplicación del “paquetazo” económico de Lenin Moreno, mandatado por el FMI. A continuación fue Honduras, donde se cortaban todos los accesos a las ciudades principales tras la difusión de la evidencia que demostraba la complicidad del presidente Juan Orlando Hernández con redes de narcotráfico y corrupción. Mientras, las y los estudiantes comenzaban a proponer prácticas políticas y colectivas de evasión al aumento desproporcionado de las tarifas en Chile. A su vez, contra distintas legislaciones y políticas, hoy nos encontramos con focos organizados de manifestaciones en Uruguay, Costa Rica, Haití y Panamá que dan cuenta de un proceso regional. 

La insurrección recorre Nuestra América

Hace algunos años la derecha se reconfiguraba y posicionaba en la región. Varias interpretaciones pueden aportar al análisis de esta causa. Un ascenso del conservadurismo en Europa que como viento de cola traccionaba a nuestro continente, las crisis sociales, económicas y políticas que los progresismos no supieron saldar, un desgaste de la población sobre la casta política, entre varios puntos más. También es posible que, como la historia del Capitalismo demostró, una nueva crisis integral del sistema atravesó nuestras tierras y la falta de alternativas que canalicen ese descontento popular concluyó en un crecimiento de la reacción política.

La crisis sistémica desatada en 2008 llegó a nuestra región sembrando dudas que ayudaron a re-instalar el neoliberalismo que llegaba con la intención de quedarse. Pero tal como demuestran los recientes acontecimientos regionales, las historias de nuestras luchas están grabadas en el rígido de nuestros cuerpos que ya no soportan más intentos de sometimiento y despiertan frente a los espejismos que propone esta versión del capitalismo inhumano. 

Aunque vigente, el neoliberalismo atraviesa un estado de inestabilidad profundo. Sin poder avanzar hondamente en sus programas de reformas y ajuste, los gobiernos que los encarnan comenzaron a perder legitimidad que se expresa en las calles y en las urnas. Sin embargo, no hay que obviar el elemento sustancial de esta caracterización: la inmensa movilización popular que en cada lugar enfrentó la represión en defensa de conquistas e, incluso, en algunos casos o sectores, con programas de salida.

Argentina no ha sido la excepción. A pesar del triunfo de Mauricio Macri y la alianza institucional que tejió con algunos sectores de la oposición, sus planes tuvieron resistencia que fue escalando en conflictividad. Desde la defensa de los despidos en el Estado, la ocupación de fábricas cerradas, las movilizaciones educativas por paritarias y contra cierres de institutos de formación, diversos paros generales, las movilizaciones contra el 2×1 a los genocidas, hasta llegar a las luchas frontales (y masivas) por la reforma de la Ley Previsional que atacaba a las y los jubilados, que encontró a miles de personas enfrentando la represión en las históricas jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017, marcando un punto de inflexión en nuestro país. Aquellas jornadas se dieron pocos meses después del triunfo electoral de medio término de Cambiemos y, a partir de aquel diciembre, el gobierno inició un derrotero constante. Así, siguió la lucha por el presupuesto a mitad de año, el dinamismo del movimiento de mujeres y disidencias impulsando planes de suma radicalidad, la contención al impulso de la reforma laboral, etcétera.

Cuando pasaron las primarias, y ante el nuevo clima de electoralismo que parece dinamitar el proyecto de Macri, Bullrich y compañía, varios sectores obreros no abandonaron las calles ante cada reclamo.

Brasil es otro gran ejemplo. Los últimos tiempos de gestión de Dilma Rousseff estuvieron cargados de políticas que afectaban a las y los trabajadores. Más allá del desarrollo institucional para impulsar el golpe que terminó con Temer en el poder, las y los brasileros confrontaron al gobierno e incluso tuvieron un rol destacado ante el ascenso de Jair Bolsonaro, tal vez el personaje más rancio del momento.

En la misma sintonía, aunque con climas de radicalidad ejemplares, Ecuador y Chile llevaron adelante rebeliones que pusieron en jaque los planes de los gobiernos y el FMI, haciendo retroceder las políticas de ajuste e incluso conquistando nuevas reivindicaciones. Y, cruzando el océano, nos encontramos con las masivas manifestaciones independentistas en Catalunya o las luchas de liberación en Medio Oriente, como es el caso del pueblo kurdo contra la política de invasión turca avalada recientemente por la OTAN como así también directamente por Trump.

Este balance da cuenta rápidamente de que los pueblos están dispuestos a luchar contra cualquier tipo de política de muerte. Sí, el vacío político que se expresa en la ausencia de estrategias organizacionales que tengan el protagonismo de las y los trabajadores, es lo que no detiene la rueda. Que no se quebrante tal institucionalidad y que los partidos patronales (aunque no sean precisamente de derecha), continuen siendo la opción más viable en las urnas para resolver estas crisis en el mediano/largo plazo son otro punto para el diagnóstico.

“Ahora que sí nos ven”

Los últimos dos años en la región -solo por realizar un recorte antojadizo- estuvieron marcados por la irrupción en las calles, en los parlamentos y en las redes sociales, de los movimientos feministas que se organizaron con la estrategia de la construcción de una unidad transversal para evidenciar a la sociedad política, interpelar a los poderes patriarcales y para exigir a las instituciones de los Estados capitalistas-neoliberales-extractivistas, demandas coyunturales y de reivindicaciones históricas. Estamos ante la emergencia de nuevas protagonistas de las historias recientes, que reclaman desde cumplimientos de responsabilidades institucionales que se traduzcan en políticas públicas para la protección de las vidas, hasta la exigencia del reconocimiento de la soberanía y la autonomía política sobre nuestros cuerpos-territorios con la concreción de estrategias de visibilidad masivas en marchas, concentraciones y manifestaciones ciudadanas. 

La lucha feminista recorre Nuestra América, y se levanta -con múltiples argumentos- como opción ante los poderes tradicionales y los fascismos y conservadurismos que amenazan con retroceder en los derechos que hemos conquistado. Es un movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans que no tiene orgánicas ni programas que lo enmarcan -porque se inquieta ante las fronteras-, pero que interviene en cada espacio de la vida social con sus posicionamientos. El feminismo en la región convierte reformas en revoluciones y consignas en banderas de liberación. El feminismo está re- caracterizando las formas de hacer política y es el que hoy -octubre de 2019- convoca a las huelgas y marchas de insurrección en Chile -articulando movimiento estudiantil, obrero y anti AFPs-; o el que se rebeló, en agosto pasado, ante el secuestro de una niña en manos de policías afirmando en México que “no nos cuidan, nos violan”. El feminismo es el movimiento capaz de afirmar que “estamos haciendo historia” ante el debate parlamentario de una Ley que convirtió en demanda fundamental: “Aborto Legal Ya”, como sucedió entre marzo y agosto de 2018 en Argentina. Y que mientras se debate cómo acompañar las luchas indígenas, de identidades negras y afros y de migrantes en estallidos como el que interrumpió la pretendida normalidad hace días en Ecuador.

A pesar de que “ahora sí nos ven” en la arena de discusión política, el poder del movimiento feminista reside en sus capacidades para formular propuestas para la vida digna y en ser un movimiento de liberación que no se conforma con “más feministas en las listas” o en los puestos de decisión. Se constituye, por sus formas de deliberación y de distribución de la palabra, en una asamblea permanente por los derechos de las mujeres y las personas del colectivo LGBTTIQ+. Propone, además, la elaboración de estrategias urgentes para la reacción colectiva y de soluciones que toman en cuenta las subjetividades olvidadas. Es un movimiento que irrumpe con una mística propia que no reconoce treguas y que desafía a propias y ajenos en nombre de los siglos en los que quisieron acallarnos: es el grito que va de norte a sur con la sabiduría de las zapatistas y de las feministas comunitarias, hermanando a las mapuches con las negras faveladas. Es la memoria y el pedido de justicia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y las resistencias permanentes de las Feministas del Abya Yala. El movimiento de liberación feminista es una síntesis de los aprendizajes populares. Y se predispone a liderar los procesos de cambio en la región.

Argentina en compás de espera

Mientras que en distintos países se produjo una serie de protestas callejeras sincronizadas, en respuesta a distintas medidas de gobiernos neoliberales, en otros se resolvió (como es el caso de Bolivia) o se está por resolver (como en Argentina y Uruguay) un nuevo ciclo presidencial por los próximos años. 

La Argentina vivió durante los últimos cuatro años un sin fin de momentos que parecen no poder darle unidad a este ciclo. El gobierno electo de derecha, que fue impulsado por consenso por todos los sectores de poder del país, llegó a su apogeo de aprobación en la elección de medio término de 2017, para luego precipitarse en caída libre.

El golpe electoral que le puso fecha de vencimiento al experimento rompió de una vez por todas con la estrategia de los grandes medios de sostener la imagen de Cambiemos, más allá de toda evidencia. Los tiempos vividos no fueron calmos. La protesta fue un factor permanente durante este gobierno. Sin embargo, las calles midieron indignación a la vez que no necesariamente ganaban siempre la pulseada. El macrismo significó  un retroceso de derechos en todos los ámbitos, y muchos de ellos incluso formaban parte de la estructura vital de nuestro Estado. La degradación de los Ministerios de Salud y de Trabajo, la implementación de la reforma previsional o la anulación de las Paritarias Nacionales docentes son algunos ejemplos de las batallas históricas perdidas. En el otro extremo de la cuenta, podemos mencionar la anulación del 2×1 para genocidas, y la imposibilidad de que se implementara la reforma laboral, tan ansiada por el establishment. Esta última quedó apenas como expresión de deseo debido al deterioro de la aprobación del gobierno y de su pérdida de poder real.

El sorpresivo resultado de las PASO, que dió inicio a un extraño período de inter regno para el partido amarillo, permitió demostrar en la región que la receta neoliberal no se sostiene por sí sola. No alcanza con tener a todos los monopolios mediáticos negando la realidad. La caja boba y la publicidad estilizada duranbarbista ya no bastan como única estrategia. Tal vez el macrismo sea el ejemplo acelerado del fracaso de los gobiernos neoliberales: generan pobreza, destruyen el sostén de las capas medias y populares, endeudan al país y echan la culpa de todo a otros gobiernos. Y tal vez, no solo sea el ejemplo acelerado, sino también una de sus versiones más ineficaces. La derecha, que tanto tiempo deambuló sobrevolando los gobiernos emergentes de América Latina de comienzos de siglo, y que no lograba gestar a su candidato, deberá rearmarse nuevamente en nuestro país.

Mientras, una pregunta aletea imperceptible en el aire, cuando tantos países hermanos arden en llamas. 

¿Qué herramientas de movilización construimos en los últimos años? ¿Cuáles fueron los mecanismos para evitar los abusos de los gobiernos (posibles incluso con estrategias legales) en períodos democráticos? ¿Cuán lejos estamos de los últimos regímenes dictatoriales, de los múltiples estados de excepción que se abren, como pozos ciegos, en nuestros endebles sistemas democráticos?

Acaso sea necesario revisar el papel de viejos y nuevos agentes. Mientras los movimientos sociales tradicionales se fracturan hasta el infinito, y las representaciones sindicales entran en crisis, el feminismo supo engrosar las calles como una bestia sin cabeza. El macrismo también contribuyó a mostrar la mezquindad de sindicalistas y referentes que siempre optaron por negociar, y que funcionaron como garantes de la “paz”, cuando la crisis comenzaba a hambrear en los barrios. 

Sería aconsejable no endulzarnos (o no conformarnos) con la derrota electoral del macrismo ya en ciernes. Y seguir haciéndonos esta pregunta incómoda: cómo enfrentamos al neoliberalismo en nuestro país. Con los logros, con lo que faltó, con lo que pudo ser mejor. Con la experiencia de lo que demostró ser genuino y vital. Para no convertirnos en burócratas de la protesta, y potenciar sí los espacios vitales de rebelión. Hoy, más que nunca, avancemos en la reflexión.

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