Por Laura Salomé / Fotos: Alfredo Alvarado desde San Salvador

En El Salvador, país sede del último Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), se registró desde 2020 un incremento en la violencia hacia las mujeres, pasando de ese año a 2021, de 20 mil a 25 mil las agresiones denunciadas, un aumento del 9% en los feminicidios y de un 32% en los suicidios. Alarmas en un contexto de represión, estado de sitio, desapariciones, persecución a activistas y detenciones ordenadas por el ejecutivo. Agresiones institucionales que incluyen altos índices de gestaciones de niñas y adolescentes y con penalización absoluta del derecho a abortar. 

A la vez, la situación de las personas LGBTI+ en el país para el periodo 2020 – 2022 estuvo marcada por diversos hechos de violencia que tanto medios de comunicación feministas como organizaciones de la sociedad civil reportaron y documentaron ante la decisión política del gobierno -y el paradigma- Bukele de negar el derecho a la identidad. Omisiones que se traducen en: crímenes de odio no investigados correctamente; encierros revictimizantes, torturas y detenciones ilegales; estigmatización y falta de políticas públicas.

Ante esto, convocadas por esta problemática, agrupaciones de San Salvador, La Libertad, Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Cabañas, Cuscatlán, Usulután y Morazán presentaron una agenda política llamada “Nada sobre nosotras sin nosotras”. Una herramienta para incidir en los partidos políticos que presenten candidaturas presidenciales para sensibilizar sobre la importancia de llevar adelante acciones en favor de los DDHH y la igualdad. 

Retoma las prioridades en 10 ejes: salud sexual y reproductiva, derechos económicos, mecanismos de igualdad de género, articulación entre gobiernos nacional y local para la territorialización de políticas de igualdad, derecho a una vida libre de violencias, acceso al agua y a los derechos ambientales, transparencia y anticorrupción, promoción y respeto del Estado laico, comunicación inclusiva no sexista y educación inclusiva.

“La agenda política del próximo gobierno debe establecer propuestas claras en estos ejes que impactan directamente sobre la vida de las mujeres en El Salvador”, afirmaron desde la iniciativa. Y agregaron que la plataforma es un insumo para la organización y de articulación ya que “las mujeres debemos ser las protagonistas del proceso de elaboración de políticas públicas para la equidad de género, promoviendo cambios estructurales y redistributivos”. 

La problemática de la violencia patriarcal es una situación grave para el país. Los datos de enero a agosto del 2023 reportaron 274 feminicidios, siendo las más jóvenes, entre 15 a 29 años, las principales agredidas. Mientras que a nivel de violencia sexual, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó de enero a junio del mismo año, un total de 2060 denuncias; un promedio de 11 delitos diarios, una situación agravada por el sub registro en historias de mujeres, niñas y adolescentes que por temor, falta de apoyo o de credibilidad en las instituciones estatales, entre otras razones, no denuncian. Según el informe de la Dirección General de Estadística y Censos (DYGESTIC), en el trienio 2015-2017, un promedio de 13 mujeres enfrentaron diariamente un delito contra su libertad sexual en El Salvador. 

Por su parte, el “Estudio sobre el acceso a la justicia de las personas LGBTIQA+ particularmente de la población trans en Guatemala, Honduras y El Salvador” de Cristosal evidencia una violencia que además se traduce en deuda histórica por parte del Estado: la falta de reconocimiento de la identidad de género a personas travestis, trans y no binarias.

Por eso, una de las demandas de esa población ante una eventual reelección de Bukele, y que sobre todo se sintió en las calles durante la última Marcha del Orgullo o Pride, es que la Asamblea Legislativa -de mayoría oficialista y obediencia automática al presidente- deberá cumplir con una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia y crear un procedimiento sencillo y eficiente que permita que las personas trans puedan modificar y reflejar correctamente en los documentos de identidad su género autopercibido y autodeclarado.

Según el informe “al igual que Guatemala y Honduras, el El Salvador no cuenta con normativa especializada que garantice los derechos de las personas LGBTI+”, obligándoles al exilio y a la migración forzada “para encontrar otras oportunidades o a vivir con miedo debido al rechazo social basado en los prejuicios y estigmas basados en la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género”. Esto ante la falta de sensibilización y sobre todo, de una ley de Educación Integral Sexual en las escuelas.

Además de la falta de justicia de género, se suma la ambiental ante territorios contaminados y la inequidad entre lo urbano y rural que también se manifiestan en el acceso al derecho al agua, por ejemplo. Una situación que impacta en El Salvador de forma diferenciada sobre mujeres y LGBTI+, a cargo de las tareas de cuidado o con los más bajos ingresos económicos. Una crisis sistémica que requiere un abordaje donde ellas y elles están presentes para decidir sobre sus vidas y proyectos. Más allá de un resultado de elecciones. 

> Si quieres leer la plataforma completa, accede desde: https://colectivafeminista.org.sv/wp-content/uploads/2018/12/PLATAFORMA-NADA-SIN-NOSOTRAS.pdf 

> Si queres leer el estudio de Cristosal, accede desde: https://cristosal.org/ES/estudio-sobre-el-acceso-a-la-justicia-de-la-personas-lgtbiq/ 

Source

Por César Saravia y Laura Salomé / Foto: José Cabezas

Era 9 de febrero de 2020 y “algo” se rompía en El Salvador, y no era el esquema de partidos que supo caracterizar a la política representativa desde los Acuerdos de Paz. Nayib Bukele, el presidente “cool”, la sorpresa de la región, asaltaba con aires de antaño la Asamblea Legislativa junto a decenas de integrantes del Ejército fuertemente armados ante una votación que resultó adversa a sus proyectos de control -y dominio- territorial y social. 

Llevaba ejerciendo la presidencia del país centroamericano apenas ocho meses. Su popularidad, construida a base de slogans en los actos de gestión municipal y en las redes sociales, gozaba de la legitimidad suficiente para introducir los cambios que la política tradicional necesitaba. Sin embargo, fue ese acto antidemocrático el que encendió las alarmas en todo el mundo ante lo que la prensa internacional llamó “un intento de golpe de Estado”. Desde entonces, todo se aceleró hasta consolidar un modelo de violencia política. Pero también provocó el surgimiento de las coordinadoras populares contra el autoritarismo.

El próximo domingo 4 de febrero, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador y no será una elección más. Las y los salvadoreños votarán en un contexto de régimen de excepción en el que por primera vez en 90 años, un presidente busca la reelección pese a que la Constitución nacional la prohíbe expresamente. 

Además de los componentes institucionales, la elección tiene implicancias regionales. Y es que Nayib Bukele se ha convertido en el último tiempo en un modelo de distintos políticos de derecha. Su popularidad entre los sectores conservadores ha crecido, abanderada por un modelo de seguridad que prescinde de los Derechos Humanos y de las garantías democráticas como el derecho a la defensa o la presunción de inocencia. El resultado del domingo podría representar aún una mayor legitimidad del “modelo Bukele”. 

Su principal capital político radica en una reducción de los homicidios que azotaron al país durante más de 20 años, producto de la violencia social. Las imágenes de pandilleros arrodillados y semi desnudos dieron la vuelta al mundo y lo convirtieron en el modelo de “mano dura” en la región. La principal infraestructura con la que Bukele busca la reelección no es una universidad, una carretera, un puerto, ni siquiera la lujosa biblioteca construida por la cooperación China. Su principal bandera es la construcción de una mega cárcel para albergar a pandilleros, muchos de ellos detenidos antes de su gobierno. 

La base de estos logros, según plantea el propio Bukele, estaría en la instauración de un régimen de excepción que está por cumplir dos años. Si sumamos los meses de la pandemia, se podría decir que Bukele ha gobernado al menos el 70% de su periodo sin garantías plenas constitucionales. El país vive una de sus tasas de homicidios más bajas en años, con algún matiz: y es que el gobierno decidió excluir de la estadística oficial las muertes de pandilleros y también las muertes dentro de los centros penales, que a mayo de 2023, según datos de la ONG Cristosal, se estimaron en al menos 160. Cifra que en estos meses creció.

La otra cara de las detenciones de pandilleros, radica en miles de inocentes detenidos. Solo desde que empezó el régimen de excepción, el gobierno liberó a más de 7 mil personas a las que, según fuentes oficiales, no pudo comprobar vínculos con las pandillas y que en algunos casos permanecieron detenidas más de 9 meses. También deja a El Salvador con la tasa más alta del mundo de personas encarceladas. Si tomamos como base los datos de detenciones de los últimos dos años, sumado a la población carcelaria previa al régimen, obtenemos que en la actualidad el 1.6% de la población salvadoreña está presa.

Qué se vota el domingo

Son más de 6,2 millones de salvadoreños y salvadoreñas quienes están registrados para votar en las elecciones; entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Quienes residen en el exterior ya comenzaron a votar de forma remota desde el 6 de enero y siempre que su dirección -según documento de identidad- se encuentre registrada en el extranjero.

Definirán si el actual presidente, Nayib Bukele, es el primer presidente en la historia del país en reelegirse para un segundo período. Aunque además compiten otros cinco candidatos: Manuel Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Joel Sánchez, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); Luis Parada, de Nuestro Tiempo; José Renderos, de Fuerza Solidaria y Marina Murillo, de Fraternidad Patriótica Salvadoreña.

Además, se definirá la conformación de la Asamblea Legislativa a través de la votación de 60 diputados y diputadas tras la reforma que redujo ese número de representantes ciudadanos que antes era de 84. Mientras que el 3 de marzo se realizarán las elecciones para los ejecutivos municipales y los 20 escaños en el Parlamento Centroamericano.

Las claves de la elección 

No todo es represión y una afinada estrategia de propaganda en la política de Bukele. Para alcanzar sus objetivos de concentrar todavía más poder, fue necesario hacer cambios de tipo legales. Estos son algunos puntos que tenés que saber: 

• La reducción del número de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de 84 a 60, vino acompañada de un cambio en la metodología de asignación de escaños, que antes se sustentaba en la fórmula de cocientes y residuos hacia el sistema D’Hondt o de asignación proporcional. Esta combinación de reformas, habilita escenarios en que la oposición obtenga 20% de los votos en un departamento y, sin embargo, no consiga ningún curul. Se abre así la puerta a un esquema de partido hegemónico o incluso, de partido único.

• En las reformas también redujeron el número de alcaldías por municipio, de 262, a 44. Esto como respuestas a las críticas de las gestiones municipales que fueron asfixiadas financieramente por el propio Bukele, y que impactan en la imagen a nivel local de su partido. Para asegurarse que la mala imagen de sus alcaldes no impacte en la elección, decidieron separarlas. Una estrategia electoral, pero también política, que busca centralizar más el poder y reducir el margen del surgimiento de liderazgos locales.

• La elección aparece como una de las más desiguales en años. Y es que el ambiente que se respira en El Salvador no es de contienda electoral, sino lo más parecido a un plebiscito, en donde la publicidad oficialista acapara casi en su totalidad los espacios en medios pautados, tanto tradicionales como digitales. El gobierno, además, recurrió en los últimos días a estrategias de corte clientelar y campaña de miedo para movilizar la participación, que se vislumbra podría ser baja. 

• Los altos índices de popularidad de Bukele y el poco conocimiento que hay de las candidaturas opositoras hacen pensar que ganaría cómodamente la reelección. Sin embargo, esto no basta. Y es que para sostener su narrativa de presidente más popular de latinoamérica (y del mundo) Bukele necesita también ganar con números récord.

• La población en el exterior también jugará un papel en esta elección. Bukele estableció un mecanismo que garantice una amplia participación en lo que entiende uno de sus núcleos más radicalizados, principalmente de la población en Estados Unidos. Este formato electoral fue fuertemente señalado por la ausencia de mecanismos de validación de la identidad y de auditoría de los votantes. El resultado en el exterior podría consolidar el triunfo del oficialismo. 

• La oposición se presenta atomizada, con el FMLN como única expresión de izquierda que busca recuperar parte del terreno perdido estos años y reforzar la autoestima de su militancia. Especial atención a seguir en esta contienda será la posibilidad de reelección de Anabel Belloso, una de las políticas más queridas de la izquierda y que intentará ir por un tercer periodo en el departamento de El Salvador. 

• La reelección fue legitimada por Estados Unidos, lo que evidencia el alineamiento de Bukele a los intereses de la derecha regional y desmonta la idea que todavía algunos sectores del progresismo latinoamericano sostienen del presidente salvadoreño como “antiimperialista”. En esa misma línea, un grupo de congresistas de corte progresistas, liderados por Ilhan Omar, enviaron una carta a la administración Biden, donde señalan la importancia de que el país del norte no mire hacia otro costado. También insistieron en la necesidad de cortar con la ayuda militar y policial al gobierno salvadoreño. 

¿Qué deja la presidencia de Bukele?

“A pesar de que tenemos un país un poco más seguro que antes, Bukele no ha resuelto los principales problemas del país”, afirmó en diálogo con Marcha, Henry Barillas comunicador de Radio Bálsamo, radio comunitaria. “El Salvador ha retrocedido en todos los avances institucionales que había logrado luego de los acuerdos de paz de 1992. Ya no tenemos independencia de poderes y el poder está concentrado en el ejecutivo conformando un gobierno totalmente autocrático y que muchos dirían que ya somos una dictadura”, agregó.

Para el comunicador, “El Salvador está concluyendo una etapa con régimen de excepción que ha durado casi dos años, que ha metido a la cárcel a más de veinte mil personas que son inocentes y que fueron capturadas arbitrariamente y que hasta esta fecha, hay al menos doscientas veinticinco personas que han fallecido dentro de las cárceles, es decir, en las manos y en la responsabilidad del Estado”. 

Sin embargo, Bukele “ha logrado capitalizar las emociones, los sentires de muchas personas, se ha ganado la popularidad y la aceptación de mucha gente y va a la reelección sin ninguna oposición fuerte para que pueda evitar de que se viole plenamente la Constitución. Y si gana, se convertirá en un presidente ilegal, inconstitucional”.

Para Anabel Belloso, la más reconocida candidata a diputada de izquierda en El Salvador, los retrocesos también se observan en las condiciones sociales  “estos 5 años del gobierno han significado retrocesos en materia de derechos humanos y también democráticos y en las condiciones reales de vida de la gente, de la gran mayoría de la población más vulnerable. La pobreza se ha duplicado, la pobreza extrema también”. 

Un aspecto poco analizado cuando se habla del presidente salvadoreño en el exterior, es su política económica, para Anabel, estas se alinean a un esquema de tipo neoliebral “hemos visto medidas y políticas más voraces donde se perdona impuestos a los grandes empresarios, no se da pasos por buscar un sistema tributario progresivo, sino que al contrario, se niegan a implementar medidas que puedan aliviar el bolsillo de las familias más pobres”. 

Al igual que Henry, Anabel Belloso considera que la reelección incrementará “la persecución y represión ante aquellas voces que cuestionen sus abusos de poder, que disienten y que sean valientes de alzar la voz para denunciar las injusticias”. 

¿Y cuáles son los desafíos?

Para Barillas y por fuera del contexto de elecciones, el desafío cotidiano para quienes integran los medios comunitarios en El Salvador es “mantener la voz crítica y la defensa de los Derechos Humanos” trabajando por “una comunicación social transformadora”, “promoviendo el pensamiento crítico, informando de forma veraz y contando las historias que no se cuentan en los otros medios”. Sobre todo en un contexto donde “las libertades están siendo desaparecidas como solo se había dado en tiempos de dictadura”.

Respecto al rol del FMLN, partido que supo consolidar las demandas populares durante mucho tiempo, Anabel señala que  “debemos fortalecer la lucha social, que es al lado del pueblo, al lado de las organizaciones, y también la lucha política y la labor político-diplomática que es fundamental, lo fue en otros contextos en el marco de la dictadura militar, y no dudo que con el esquema autoritario que hoy tenemos con este gobierno y que podría agudizarse en un posible segundo mandato, el FMLN puede jugar ese rol, estando pegado a la gente, siendo organizador y siendo movilizador”. 

Frente a un panorama preocupante, queda aferrarse a las expresiones de resistencia. Si algo demuestra la historia salvadoreña y latinoamericana es que la vía popular y antiautoritaria se construye un paso a la vez. 

Source

Por Mariana Belloso y Kellys Portillo*

El Salvador amaneció este 7 de junio de 2023, y a menos de ocho meses de los comicios presidenciales, legislativos y municipales de 2024, con un nuevo sistema electoral. Se bajó de 84 a 60 el número de diputados, y se cambió el sistema con el que se calculaba cuántos escaños ganaba cada partido, y que anteriormente permitía la participación de partidos más pequeños. La reforma no fue discutida ni aprobada por la comisión de asuntos electorales, sino que se introdujo a la agenda de la sesión plenaria del miércoles 6 de junio por la noche, con dispensa de trámite. 

La reforma había sido anunciada unos días antes, el 1 de junio, durante el discurso por el cuarto año de gobierno de Nayib Bukele, quien también dijo que reduciría de 262 a 44 los municipios del país y, por tanto, la cantidad de alcaldes que serán elegidos. 

Esta reforma del sistema electoral tendrá implicaciones serias en la pluralidad y en la representación de sectores minoritarios de la población, aseguraron analistas y juristas consultados tras el madrugón legislativo, pero también es el resultado de una concatenación de movimientos con los que el actual gobierno ha ido concentrando el poder, una vez Bukele contó con una Asamblea Legislativa con mayoría afín a su gobierno. Estas iniciaron el 1 de mayo de 2021 con la remoción ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, actualmente ocupada por jueces alineados al oficialismo. 

El 15 de septiembre de 2022, el presidente Bukele anunció que buscaría la reelección presidencial, pese a que la Constitución lo prohíbe, y el pasado 15 de marzo de 2023, también con dispensa de trámite y sin consulta ni análisis previos, la Asamblea oficialista derogó el artículo 291-A del Código Electoral, que prohibía hacer cambios o reformas al sistema electoral un año antes de las elecciones. 

«Un año antes de celebrarse cualquier tipo de elección, no se admitirá ninguna modificación a las reglas que rigen el proceso electoral, salvo aquellas que sean estrictamente necesarias para ejecutar algún aspecto de la elección»

Art. 291-A del Código Electoral, derogado el 15 de marzo de 2023. 

La última gran reforma electoral en El Salvador se había dado tras un fallo en 2011, en el que la Sala de lo Constitucional de entonces eliminó el mecanismo de votación que anteponía el voto por bandera sobre el voto por persona. Esto fue seguido por meses de negociaciones entre las diversas fracciones de la Asamblea Legislativa de la época para concluir en reformas que incluyeron el habilitar las candidaturas independientes, el voto por rostro, y el voto cruzado entre candidatos de diferentes partidos. 

Lo aprobado

Los diputados reformaron el Art. 10 del Código Electoral para cambiar las circunscripciones electorales, y el Art. 13 para pasar de los 84 diputados actuales, a 60. También sustituyeron el Art. 217, para cambiar la fórmula de asignación de diputados. En el sistema anterior, se dividía el total de votos válidos entre la cantidad de diputados a asignar, y se obtenía el cociente electoral. Partidos pequeños que no alcanzaban el cociente electoral pero sí un residuo alto, podían ganar representación. 

Ahora esto se ha sustituido por la fórmula de D’Hondt. Los votos de cada partido se dividen entre 1, 2, 3, y sucesivamente, hasta llegar al total de escaños en disputa. El nuevo artículo incluye un ejemplo en el que se asignan seis diputaciones. 

Estos cocientes parciales se colocan de mayor a menor, hasta completar la asignación de las seis diputaciones. En el ejemplo incluido en el Art. 217 reformado, el partido A obtiene 2 diputados, el B 2, el C obtiene 1, el D también 1, y el E y el F no alcanzan ninguno.  

Sistema de cocientes en la nueva ley

La ley aprobada esta madrugada incluye un ejemplo de cómo se distribuirían las diputaciones. En el sistema anterior, de cocientes y residuos, se obtenía un cociente electoral, que en este caso habría sido 23,300 (total de votos entre número de diputados. Ahora se aplicará el método de D’Hondt.

Esto hace que para ganar cada diputación los partidos hayan tenido que tener, por cada escaño: 

• Partido A: 20,500 votos 
• Partido B: 17,500 votos 
• Partido C: 29,000 votos 
• Partido D: 21,000 votos 

Con este sistema, los partidos pequeños necesitan más votos que los grandes para ganar un diputado, lo que concentra las posibilidades en los partidos con mayores votos. En países como España, se ha criticado precisamente que esta fórmula favorece a partidos grandes y a regiones poco pobladas. 

“Está claro que esta reforma lo que busca es eliminar la competencia, sobre todo de aquellos partidos más pequeños. Aunque se mantiene siempre una fórmula proporcional, es menos generosa con los partidos pequeños, obviamente se está buscando excluirlos. Si a esto le sumamos que se ha pasado a circunscripciones de dos escaños en varios departamentos, se está restringiendo aún más, porque generalmente esto lleva a un bipartidismo o a un partido hegemónico», explicó Malcolm Cartagena, especialista en temas electorales. 

Agregó que, al cambiar el tamaño de las circunscripciones y la fórmula para asignar las diputaciones, se elimina la representación de las minorías con un objetivo netamente electoral, sobre todo porque se está haciendo a menos de ocho meses de las elecciones.  

Por su parte, Mauricio Maravilla, abogado y comunicador, aseguró que estas reformas vulneran varios principios constitucionales. “El primero es que hay una ausencia de debate en esta propuesta, ya que apenas fue anunciada por el presidente el pasado jueves y aprobada anoche. Una reforma de esta envergadura debería de tener una amplia discusión”, sostuvo.  

Dijo que también vulnera un principio de seguridad jurídica, pues las leyes deben tener una amplia discusión y difusión. Cuando las cosas se aprueban así, se atropellan los procesos, principios de la ciudadanía. “Esto es una muestra más del carácter autoritario del oficialismo y de que están dispuestos a renunciar a cualquier apariencia de demócratas con tal de asegurar mayoría parlamentarias para el próximo período electoral. Tiene legalidad porque ha sido aprobado por la Asamblea, pero carece de legitimidad”, acotó. 

Las reformas entran en vigor a ocho días de su publicación en el Diario Oficial, y el decreto aprobado deja claro que estas deben regir las elecciones que se celebarán el 4 de febrero de 2024.

* Publicada originalmente en Alharaca.

Source

Por Vivian Palmbaum desde El Salvador

La violencia es una realidad histórica en El Salvador y los territorios mesoamericanos, tal como lo muestran la masacre de poblaciones originarias en 1932, la guerra civil y el actual Estado de Excepción impulsado por el presidente, Nayib Bukele, que suprimió derechos y garantías constitucionales.

Visitamos los territorios de la memoria para pasar por el cuerpo y volver a mirar nuestras historias para seguir construyendo sin olvidar los dolores, las violencias y las luchas de quienes nos antecedieron. Hacer memoria para no quedarnos mirando lo que pasa por la televisión. La actualidad salvadoreña se escucha en los primeros espacios de palabra donde el terror se hace presente en las voces de las mujeres. El gobierno actual instaló la presunción de culpabilidad dirigida hacia jóvenes y opositores bajo el argumento del combate a la delincuencia organizada que no disminuyó, aunque las cárceles se llenan de sospechosos sin condena. No es lo mismo decir régimen que decir gobierno, y eso late en cada palabra.

Las lideresas se sostienen gracias a las redes que continúan; atrapadas entre la violencia delincuencial y un Estado represor que vulnera y criminaliza todos sus derechos humanos. Por eso, su presencia en los territorios garantiza el acompañamiento y la contención de las mujeres. Las condiciones de inequidad, impunidad e intolerancia en América Latina y el Caribe componen la raíz estructural de una violencia que no cesa, como expresó el Dr. Eduardo Espinosa, ex viceministro de salud, exiliado por cuestiones políticas.

¿Por qué la violencia es un problema de salud pública? Se planteó como interrogante teniendo en cuenta las violencias cotidianas que se ejercen en todos los ámbitos, incluidos los servicios de salud pública dirigidos a toda la población, pero especialmente hacia las mujeres en El Salvador. El creciente embarazo de niñas y adolescentes no son causales de interrupción del embarazo, con una insuficiente implementación de la Ley de Educación Integral Sexual (EIS) y las emergencias obstétricas son criminalizadas a partir de acusaciones que provienen, en gran porcentaje, del propio personal de salud.

La profundización del modelo neoliberal que ha mercantilizado la vida, los programas de formación del personal de salud que no reconoce la dimensión ética humanista, son algunas de las razones para el grave retroceso en materia de salud que se desentiende la determinación social, en una sociedad que necesita construir la paz. Iniciativas como “Alerta Raquel”, “Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, dan cuenta de la violencia sistemática que en El Salvador de enero a mayo ya contabilizan 577 personas desaparecidas, con el mayor porcentaje para las mujeres, y luego el número es incierto ya que el organismo estadístico oficial del país dejó de funcionar como tal.

La pandemia histórica es la violencia contra el cuerpo de las mujeres, así lo expresó Sara Fernández Moreno, integrante de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social Capitulo Colombia y que se encuentra exiliada por un atentado que sufriera hace pocos meses; quien ubicó al feminicidio como categoría política que criminaliza a las defensoras territoriales, pero para la sociedad patriarcal se ubica como un crimen menor. El cuerpo de las mujeres es el territorio en disputa, tal como lo muestra la reciente promulgación de la ley “Nacer con Cariño” que detrás del argumento contra la violencia obstétrica constituye un retroceso que ve a las mujeres como madres y no como mujeres. Coincide con el fallo que condenó recientemente a una joven a 50 años de cárcel por una emergencia obstétrica con el mismo argumento, “las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue”.

Las voces de las mujeres reunidas en los talleres dieron cuenta de lo inolvidable de las múltiples violencias como las obstétricas, que han sufrido desde la gestación, donde algunas de las causas que han podido identificar son, desconocimiento de derechos sexuales, deshumanización de las y los profesionales, maltrato, que se suman a las innumerables situaciones de abuso que han atravesado por su condición. A pesar de estas situaciones las mujeres reconocieron, “tengo el valor de hablar porque estoy participando”.

El espíritu de Margarita Posada estuvo presente a pocos días de cumplirse el segundo aniversario de su muerte. Luchadora incansable, fundadora del Foro Nacional de Salud que nació hace más de 10 años y consiguió impulsar el proceso de Reforma de Salud Integral desde las comunidades y para las comunidades, para que las personas conquisten y defiendan su derecho humano a la salud. Una delegada de la mesa intersectorial del Foro explicó que en 2011 se constituyó la primera iniciativa de prevención de violencia social y hacia la mujer que hoy se sostiene desde las comunidades sin apoyo del Estado. Si bien en el país existe una Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres que tiene 10 años de vigencia, las situaciones de vulneración de derechos continuada que soportan está cada vez más lejos de encontrar alguna solución.

Las intensas jornadas de construcción de conocimientos contaron con la co coordinación de María Hamlin Zuniga, educadora popular y activista en salud comunitaria en Mesoamérica desde hace más de 50 años, también amenazada por el régimen nicaragüense, fundadora de organizaciones como ASECSA, Asociación de Servicios Comunitarios en Salud de Guatemala y CISAS, en Nicaragua.

Las voces que llegaron desde Guatemala, nos contaron sobre el Movimiento Nacional de Comadronas que tienen reconocimiento en 22 departamentos a diferencia de El Salvador, donde las comunidades originarias fueron desterradas. También escuchamos la voz y el valor de Feliciana Cedillo, sobreviviente de las acciones del Ejército en el área ixil, de la comunidad Nebaj, y su valentía para interpretar la lengua maya en los juicios por genocidio en Guatemala.

La organización feminista SAMA, desde la India, trajo el testimonio del trabajo territorial con mujeres y las problemáticas locales como el trabajo con los conocimientos tradicionales o los matrimonios forzados a edades tempranas.

Es de destacar el intenso trabajo que realiza la organización feminista salvadoreña Las Mélidas, con 30 años de trabajo continuado, a pesar de sufrir amenazas, persecución y la criminalización por la defensa de los derechos de mujeres y disidencias, pese a lo cual continúan incansablemente con campañas comunicacionales como #YoDecido o #Manuela sobre derechos sexuales y reproductivos y el intenso trabajo territorial que realizan lideresas del grupo motor que estaban allí participando. “En 24 años se han procesado 180 mujeres por aborto y cuando entran en proceso judicial no son condenadas por aborto, sino por homicidio agravado, con penas de entre 30 y 50 años de cárcel”. Desde la organización expresaron, “si nosotras como mujeres nos quedamos inactivas, si no nos plantamos y no decimos basta ya, si nos quedamos cruzadas de brazos va a ser peor”.

La Universidad Internacional de la Salud de los Pueblos que organiza el Movimiento por la Salud de los Pueblos Mesoamérica y organizaciones como el Frente Nacional de Salud, Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL), Las Mélidas, Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador junto a agencias de cooperación como Médicos Mundi y el Gobierno Vasco hicieron posible esta formación.

La propuesta fue pensar la salud por fuera del paradigma médico hegemónico, porque las enfermedades y las muertes están asociadas a la exclusión social, “hoy tiene más salud quien tiene más dinero”. Sin dudas, es necesario cambiar un modelo civilizatorio neoliberal excluyente que vulnera porque deja por fuera las consideraciones de clase, género y etnia. La situación con variantes se repite en los países de la región, como Nicaragua donde la violencia contra mujeres y cualquier voz disidente al gobierno hacen dudar de la vigencia del estado de derecho; o en Guatemala, donde la pobreza, el abandono y la violencia contra las mujeres es cotidiana. Sin dudas, merece una consideración la situación que sufren las disidencias del colectivo LGBTIQ+ que en 2020 reportaron más de trece denuncias mensuales por violencia, maltrato y discriminación.

Durante los nueve días que duró la formación, invocamos al Nahual o espíritu protector maya para que nos ilumine en las poderosas jornadas. Muchas presencias nacionales e internacionales nos ayudaron a pensar, debatir y permitieron construir proyectos territoriales con el objetivo de apuntar a una salud que se base en la eliminación de las violencias y en la consagración de los derechos plenos sexuales y reproductivos para las mujeres. El poder de las mujeres es como el del agua. El agua a veces parece inofensiva pero gota a gota puede destruir la roca. Vandana Shiva.

Source

Respecto a las detenciones arbitrarias, la ONG Cristosal, reportó que el perfil de los detenidos son principalmente jóvenes, de 18 a 30 años, trabajadores del sector servicio. Se trata en muchos casos del principal proveedor económico del hogar y el portar tatuajes les vuelve directamente sospechosos.

Por Gerson Vichez/ Fotos Gerson Najera *

“El presidente amante del freestyle”. Ese era el título de la nota que tuiteó el 10 de marzo de 2019 el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, mejor conocido como Slipt, nombre que usaba como grafitero y rapero. La publicación de The Urban Roosters –una famosa plataforma de freestyle– detallaba que Nayib Bukele “promueve el freestyle como método para que los jóvenes no caigan en malos hábitos”. Tres años después, al menos tres artistas de freestyle (rap improvisado) han sido detenidos durante el régimen de excepción: Diktx, Visionario y Anormal. Los tres son padres de familia. Los tres provienen de familias pobres. Los tres residían al occidente del país. Los tres vivían de hacer rap improvisado en los autobuses. 

Guadalupe y Vanesa distan un par de décadas en edad entre sí, pero ambas muestran afiches, videos y fotografías de Diktx. Cada una habla sobre el talento de este joven para el rap improvisado. Cuentan sobre sus presentaciones en Santa Ana y Sonsonate, también narran las batallas de freestyle en las que ha participado. Cualquiera pensaría que son dos fans del rapero, pero en realidad Guadalupe es la madre de Diktx y Vanesa la esposa. Desde el 18 de abril, Diktx, cuyo nombre de pila es Bennett Ruano, fue detenido por la policía en el marco del régimen de excepción. Desde ese momento, su madre y su esposa buscan desesperadas una respuesta sobre su paradero. 

“Nosotros no nos oponemos al régimen (de excepción), porque para nosotros sería lo mejor poder ir a cualquier lugar, pero sí nos duele que agarren a personas inocentes y que no se les pueda defender”, dice Guadalupe, mientras muestra la documentación que ha recogido para demostrar la inocencia de su hijo.

En sus manos lleva: una solvencia de la policía que detalla que Bennett no posee antecedentes penales, varias hojas de firmas de personas que dan fe de que su hijo es un joven trabajador, también la impresión de capturas de pantalla de un video donde Bennett está rapeando en un autobús (como constancia laboral) y afiches de las presentaciones del rapero, entre estas, en la Latin American Bitcoin & Blockchain Conference (Labitconf) y otra en la sede del partido Nuevas Ideas en el municipio de Sonsonate.

El régimen de excepción en El Salvador lleva dos meses y fue renovado el pasado 26 de mayo para un mes más por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. El régimen suspende los derechos de asociación y reunión, también la defensa en caso de detención. Además, permite la detención administrativa por quince días, cuando el plazo normal es de un máximo de tres días. El origen de esta medida fueron los 87 asesinatos ocurridos entre el 25 y 27 de marzo de 2022. De acuerdo a una investigación del periódico El Faro, esa ola de homicidios fue consecuencia del rompimiento de las negociaciones que mantuvieron el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas durante los últimos dos años y medio. Esto lo confirmaron con audios de un funcionario público: Carlos Marroquín.

Otto Flores, abogado de Los Siempre Sospechosos de Todo, una organización que trabaja para prevenir el abuso policial y de la Fuerza Armada, señala que la acción penal que se está ejerciendo durante este régimen se basa en elementos subjetivos por parte de la policía: antecedentes penales, desavenencias personales o discrepancia con la personalidad o el oficio de una persona, como en el caso de los miembros de la comunidad hip hop. 

“Existe una criminalización de la personalidad, cosa que va contraria a la Constitución y al derecho procesal penal, porque claramente se establece que este juzga actos, no personalidades, no formas de vestir, no actitudes”, explica Flores, y agrega: “También existe una estigmatización basada en la aporofobia, es decir, el hecho de que una persona porque vive en una zona marginal o considerada zona roja ya la hace sospechosa como tal”.

Desde la detención de Bennett, su madre y su esposa dedican parte de su tiempo a la búsqueda de información sobre su proceso. “Yo he ido a varios lugares, a la Fiscalía, a la Procuraduría, me he ido a meter hasta la Asamblea y ya no sé dónde más ir para que me ayuden. Mi hijo no es un delincuente, él nunca había estado preso, ni siquiera por pleitos. Mi hijo es inocente”, asegura Guadalupe. 

Bennett tiene 27 años y es padre de una niña de dos años. “Él es el apoyo de nosotros, yo solamente trabajo dos días en una casa (como empleada doméstica) y el resto del tiempo él me ayuda con mi comida y mis cosas. Igualmente, él mantiene el hogar de su esposa y su hija y cuando estoy ahí, él ve hasta por mis medicinas”, cuenta la madre.

Guadalupe relata que de pequeño Bennett quería ser arquitecto, “pero yo soy madre soltera y hasta noveno grado pude darle”, agregó. También cuenta que desde niño su hijo mostró interés por la música y que en los últimos años él escribía, grababa y editaba sus propias canciones, que pueden encontrarse en su canal de YouTube y en su página en Facebook.  

En una de esas canciones, “Último intento”, comparte créditos con Anormal, y en uno de sus versos dice: “Todos tenemos sueños de pequeños. Aquí no hay paz, aquí hay guerra, aquí hay traiciones de la gente que uno no espera.” Anormal, Carlos Figueroa, era compañero de Bennett cuando subía a improvisar a los buses. También fue detenido el 18 de abril.

Carlos Figueroa tiene 24 años de edad, una década como artista y una hija de seis meses de edad. Su pareja, Jenniffer, dice que Carlos le habló por última vez para preguntarle si quería pollo para el almuerzo, ya que estaba en el comedor del mercadito El Ángel, en Sonsonate, junto a Bennett, quien también compraba comida para su esposa e hija. Después ya no respondió sus llamadas. Luego, supo que Carlos había sido detenido por la policía. 

Cuando Jennifer llegó a la delegación, vio a Carlos golpeado y no le quisieron dar ningún dato sobre él. Horas más tarde, la madre de Bennett también llegó a la delegación y le entregaron las pertenencias de su hijo, junto a los dos platos de comida que había comprado para su esposa e hija. Ambos jóvenes habían sido trasladados al Centro Penal “La Esperanza”, mejor conocido como Mariona, sin derecho a defensa. 

Carlos tenía un año trabajando en los buses, haciendo freestyle junto a otros artistas de la zona. El día de su detención, él y Bennett portaban un carnet que les acreditaba como artistas y como trabajadores con permiso para brindar su show en las unidades del transporte colectivo. 

Cuatro días después de las detenciones de Bennett y Carlos, el 22 de abril,  fue apresado René Linares, Visionario, quien también es parte de la escena de hip hop del occidente del país, pero en la ciudad de Santa Ana. René es reconocido como uno de los pioneros de su generación en el rap y el freestyle. También es padre de una niña de 11 años. Su madre tiene un puesto de pupusas y su padre es ayudante de carpintero. La mitad de lo que ganaba a diario cantando en los buses, lo entregaba a su mamá para los gastos de la casa. Si en una jornada lograba $10, cinco eran para su familia.

Un día, René le contó a su mamá que tendría empleo, que por fin podría aportar una cantidad fija a la casa y ayudar más a su hija. “Le iban a dar empleo como encargado de la limpieza en el Seguro Social de Metapán. Entonces debía presentar todos sus documentos. Aquí en Santa Ana sacó sus antecedentes y aquí tengo el documento donde dice que no posee antecedentes penales”, recuerda Christian, su hermano, mientras muestra los documentos.

René le pidió a su mamá que lo acompañara a San Salvador para solicitar su solvencia de la policía. Para su sorpresa, al tramitarla en el lugar, lo detuvieron. “Lo agarraron, no mediaron palabras con mi mamá, y lo llevaron a la delegación de La Tiendona”, narra Christian. 

“Mi mamá me contó llorando que mi hermano estaba contento porque al fin iba a tener un trabajo formal con el que le iba a poder ayudar, tener fechas para pagar las cosas, no andar afligido en la rebusca –como le llaman ellos a salir a cantar en los buses– él estaba ilusionado con el trabajo que iba a tener”, añade el hermano de René.

“En un momento el gobierno dijo que nos apoyaría en nuestros proyectos para que los jóvenes no recurrieran a malos pasos, pero es triste que nos tachen como delincuentes, como vagos, como personas que no buscan un futuro. ¡Claro que buscamos un futuro! Aunque acá en el país es difícil, ya que la música que hacemos no es tan apoyada”, afirma un amigo de Bennett que también es artista de rap, Danny Crespín, conocido en la escena de hip hop como Dxnny. 

Para uno de los veteranos del rap en la zona occidental del país, Marvin Carpio, cuyo nombre de rapero es Artillero, “más que régimen de excepción, es un plan de más abuso de poder desde el sistema, ya sean policías o militares”. Él considera que esta medida afecta a todos los artistas urbanos, “porque por el simple hecho de ser joven y andar tatuajes o representar música que no sea del agrado de ellos, es razón suficiente para ser detenido”, subraya.

Marvin cree que todos los acusados tienen derecho a un debido proceso y que si ahí se comprueba que son culpables, deben pagar por sus delitos. Dice que desde la comunidad hip hop, eso es lo que se pide para los artistas detenidos. “Sus familiares tienen derecho a saber dónde están, de qué se les acusa y cómo va su proceso, es lo mínimo”, concluye. 

Con el paso de los días, el teléfono de Guadalupe dejó de recibir llamadas. Al marcarlo, no enlaza llamadas, como si el número no existiera. La razón: alrededor del penal de Mariona no hay señal para teléfonos celulares y Guadalupe es una de las centenares de madres que pasó días y semanas enteras esperando algún dato sobre su hijo, durmiendo por la noches a la intemperie. Comiendo unos días sí y otros no. Eso, antes de que la policía y el Ejército las desalojara el 24 de mayo

* Esta nota fue publicada originalmente en Revista Factum medio de investigación en El Salvador

Source

Por Nelton Rivera (*)

La droga fue uno de los temas visibles en la agenda y discursos del hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) y del guatemalteco Alejandro Giammattei. Con Nayib Bukele, de El Salvador, coinciden en el distanciamiento de los Estados Unidos, en discurso por lo menos. Los tres presidentes coincidieron en sus quejas, en reclamar soberanía y la no intromisión en los asuntos internos del que por décadas ha sido socio de las élites depredadoras a las que representan. 

Cada discurso llegó acompañado por las crisis internas de cada país. Bukele, a quien le colocaron un video pregrabado de 7 minutos, enfrenta el inicio del rompimiento de la luna de miel con el poder. Un importante sector urbano de El Salvador cansado de las medidas que toma el gobernante cyan, antojadizas y sin mayores controles, salió a las calles en una multitudinaria protesta en contra del proyecto de criptomoneda, la reelección y la negociación oculta con las pandillas. 

Giammattei, quien tiene la protección de las élites guatemaltecas, intenta sostener a su amiga, la actual Fiscal General del Ministerio Público, en medio de la escandalosa denuncia de sobornos de empresarios rusos. Esta denuncia fue realizada por el ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, previo a salir expulsado del país. Giammattei, el presidente peor calificado de América Latina, enfrenta la crisis con constantes movilizaciones que exigen su renuncia. 

JOH,  presupuestado a dejar el poder después de las presidenciales del próximo noviembre, se despedirá con elecciones en medio de las acusaciones de los Estados Unidos por traficar drogas y oxigenar la dictadura antichavista que desde 2009 la potencia del norte respaldó. Con toda una Honduras convulsionada en protestas y el éxodo masivo de sus ciudadanos buscando llegar a los Estados Unidos a través de las caravanas. 

La región a la que Washington ha llamado el Triángulo de Centroamérica, donde estos hombres ejercen su poder, se ha convertido en una mega pista de aterrizaje para el narcotráficos de acuerdo con diversas investigaciones , especialmente para los cargamentos de cocaína que proceden principalmente de Sudamérica, con origen en Colombia. 

El tema de la droga estuvo en las agendas y discursos de Juan Orlando Hernández (JOH) y Giammattei, coincidentemente con Nayib Bukele distanciados de los Estados Unidos, en discurso por lo menos. Los tres presidentes coincidieron en sus quejas, en reclamar soberanía y la no intromisión del que por décadas ha sido socio de las élites depredadoras a las que representan. El Triángulo Norte continúa siendo la principal ruta de la droga rumbo a México y  los Estados Unidos. 

JOH pide a NETFLIX una serie de narcos, capítulo Honduras 

Juan Orlando Hernández, a quien se le conoce comúnmente como JOH,  logró el respaldo de los Estados Unidos para continuar con el régimen que tras el golpe de estado de 2009 mantiene en el poder al Partido Nacional. En marzo de 2021, fue señalado de narcotraficante por una corte federal de Nueva York,  en los Estados Unidos, afirma France 24. Los fiscales consideraron a JOH un “co-conspirador” en Honduras, un “narcoestado”. 

El hermano menor del presidente de Honduras, Tony Hernández, fue condenado este año a cadena perpetua por narcotráfico, luego de introducir 185 toneladas de cocaína de Honduras a los EEUU, equivalentes a más de 5 mil 500 millones de dólares en 2019, con un precio de 30 millones por tonelada. 

Durante su intervención ante las Naciones Unidas, JOH se refirió a la lucha de su gestión en contra de la corrupción, con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), sepultada por él mismo durante las primeras semanas de enero de 2020. 

Con el país completamente debilitado para investigar y desmantelar al crimen organizado, JOH afirma que Honduras pasó de ser el país con más tráfico de drogas a los EEUU. Al afirmar que con la extradición se podrá saber quién es quién. Tomó una  hoja en la que se ven dos mapas, el primero con la ruta actual de la droga con destino en Guatemala de 2019 y el segundo, la de 2010, donde Honduras era el destino de la droga previo a trasladarse a México y EEUU.   

JOH, en una invitación para los productores de las series de narcos en Netflix, pide que se produzca una serie sobre su persona en Honduras, citando documentos del 2013 desclasificados,  en donde supuestamente los narcos locales se quejan de no poder trabajar con él. 

Su intervención duró casi media hora, la mayor parte de la cual la dedicó a defenderse, buscando exculparse ante las investigaciones de los tribunales de los EEUU que lo vinculan al narcotráfico. 

Una lluvia de comentarios acompañaron la transmisión en vivo del canal de la ONU: “mentiroso”, “mitómano”, “narcotraficante”, entre otras fueron las expresiones que recibió el hoy presidente, continuador del golpe de estado de 2009  y quien consolidó la dictadura. 

Giammattei y la dictadura depredadora 

El presidente de Guatemala, quien en menos de un año se ganó un alto porcentaje de desaprobación popular, se presentó ante las Naciones Unidas con graves señalamientos de corrupción, que lo involucran con sobornos y toda una trama con empresas transnacionales rusas vinculadas a la extracción minera. 

En su intervención ante la asamblea de las Naciones Unidas, aseguró que la demanda por el consumo de drogas, de la que EE UU es el mayor comprador y consumidor, provoca una grave crisis en Guatemala. Giammattei afirmó que el 95 por ciento de las aeronaves que aterrizan en el país provienen de Venezuela, coincidiendo con su agenda particular anti Maduro. 

Un dato interesante en su discurso es que Guatemala dejó de ser un país de tránsito y se convirtió en productor de amapola, mariguana y cocaína. El momento de su queja contra los EEUU llegó en la parte final de su discurso: “estos éxitos no parecen ser reconocidos, ni valorados por los países consumidores, quienes tienen la mayor responsabilidad en esta cadena insana del narcotráfico”. 

Una segunda queja, casi al finalizar su intervención:  “no queremos condicionantes, ni presiones o intentos de violentar la soberanía a cambio de apoyo, ayuda o cooperación… Jamás poniendo en riesgo la autodeterminación de los pueblos y el respeto de la democracia. Así como la no intervención a los asuntos internos de otros países”.

Estos asuntos tienen que ver con María Consuelo Porras, su amiga personal, incluida recientemente  dentro del listado Engel  para personas corruptas en el Triángulo Norte, y quien además engrosó el listado de personas a las que ya les quitaron la visa estadounidense. 

Lo irónico del discurso antidrogas son los aliados del presidente en el Congreso de la República; diputados condenados por narcotráfico en los EEUU, diputadas y diputados vinculados a los grupos del narco, especialmente al partido UCN, con Mario Estrada como uno de los principales dirigentes, pagando una condena en los EEUU. 

Giammattei, al igual que lo hizo  JOH con la MACCIH, puso la lápida sobre los esfuerzos anticorrupción que nacieron con la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, presionando por la destitución ilegal de Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI. Una forma de proteger y pagar la deuda electoral a las élites depredadoras que se benefician de la corrupción e impunidad.  

Bukele, el dictador no tan cool 

Bukele, desde el pulgarcito de Centroamérica, es quien con más decisión busca romper las relaciones con los Estados Unidos. Con el lema “El dictador más cool del mundo”, y  al igual que sus contrapartes  Giammattei y JOH, el presidente salvadoreño enfrenta fuertes movilizaciones en contra de su gestión, especialmente por los golpes a la democracia. 

Sobre la lista Engel, los Estados Unidos incluyeron en la actualización más reciente de esta a los cuatro nuevos magistrados de la Corte Suprema, nombrados a dedo por él y quienes avalaron su reelección presidencial a pesar de que la propia Constitución Política lo prohíbe. De los listados anteriores se sabe de funcionarios de su gobierno, algunos más cercanos a él y su círculo de poder que otros. 

Siguiendo los pasos de Giammattei y JOH, Bukele también puso punto final a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), apenas tres meses atrás. El Salvador, al igual que Honduras y Guatemala se convulsionan por el descontento social, mismas que se reflejan en fuertes movilizaciones sociales en los tres países, frente a la apuesta de los gobiernos por la corrupción y la impunidad. 

Sobre Bukele pesan también la persecución a la prensa independiente y la negociación oculta con las principales pandillas de El Salvador, escándalos que fueron revelados recientemente. 

En sus breves 7 minutos de discurso pregrabado, reclamó por los ataques que su gobierno está recibiendo, por querer hacer las cosas diferentes. Tan diferentes que lo unen negocios vinculados al petróleo venezolano con JOH y con Daniel Ortega en Nicaragua, documentado por el periodista Héctor Silva Ávalos y publicado recientemente en Infobae.  

En fin, con la agenda común de las dictaduras centroamericanas, la cool, la depredadora y la narcotraficante, unos 35 millones de personas diseminadas a lo largo y ancho de 243 mil kilómetros cuadrados entre dos océanos,  reviven los viejos recuerdos de una Centroamérica bajo el control de Ronald Reagan y regímenes como los de Ríos Montt, Salvador Magaña y Roberto Suazo Córdova. 

Source

Por Maru Waldhüter y Laura Salomé Canteros

Tatiana Marroquín es economista feminista y su teoría se complementa con un posicionamiento político de una izquierda anticapitalista. Es una rockstar de las redes sociales y sus tuits arden en verdades y reflexiones necesarias; de esas que obligan a frenar la coyuntura para informar con rigurosidad los acontecimientos de cada día en el agitado panorama noticioso de El Salvador.

En El Salvador se elegirán nuevas y nuevos integrantes de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano; alcaldes y alcaldesas, síndicas/os y concejales/as en un clima político donde los discursos de odio acompañan las decisiones del gobierno de militarizar los territorios, entregar poder a los grupos fundamentalistas y antiderechos y revivir la retórica del enemigo interno. La generación de un clima de tensión política y enfrentamiento social impuesto estratégicamente por el presidente, Nayib Bukele, quien pretende con los votos alcanzar obediencias automáticas.

En ocasión de las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero de 2021 en el país centroamericano, dialogamos con Tatiana, para preguntarle cuáles son aquellos temas de los que no se hablará y que podrían formar parte de próximas decisiones gubernamentales.

***

¿Qué se juega en esta elección en El Salvador?

Bueno, ineludiblemente estamos ante el escenario de abrir grandes espacios al autoritarismo o mantener los pequeños espacios que se lograron después de los Acuerdos de Paz, la democracia. Entonces, claro que conocemos las limitantes de la democracia liberal y de la participación electoral dentro del Estado capitalista, pero sí veo que hay matices que nos obligan a defender ciertos principios a los que no queremos renunciar, ni en este sistema ni en ninguno, como el pluralismo, la libertad de expresión o la no participación de las fuerzas armadas y de la policía en la política. 

Todas estas son discusiones que deberían ser prioritarias en la izquierda, con los componentes anticapitalistas y antisistema que ya conocemos. Pero sí hay un punto que no se está discutiendo que me parece el más importante, y es el económico. Ya en los diez años de gobierno del FMLN, la economía venía con tanques de oxígeno, incluso bajo los estándares del sistema capitalista y de la derecha. O sea, El Salvador, ha sido poco funcional en lo económico y en lo fiscal. Pero este gobierno, que más que todo responde a la popularidad y a la demagogia, aceleró el problema fiscal y económico; y luego vino a la pandemia a terminar de profundizarlo.

Entonces, hay una discusión que es un reto para las izquierdas, la política fiscal. Porque normalmente dábamos la discusión desde el gobierno. Era el gobierno versus la derecha diciéndonos que teníamos que reducir gastos, que había que atacar la evasión fiscal, etc. Pero ya no estamos en esa posición (El FMLN gobernó durante 10 años entre el 2009 y el 2019)). Y sí, tenemos que tener posturas claras en la política fiscal. Con la deuda como está, con el gasto como se ha ocupado, es bien difícil que encontremos espacio para el beneficio de las poblaciones vulnerables. La deuda es insostenible. 

De acuerdo a las expectativas que tenemos de cómo va estar la correlación legislativa en los próximos años, no hay posibilidad de una gran representación de los intereses de la población dentro de la Asamblea Legislativa. A lo largo de estos últimos meses, ya vimos acuerdos con el Fondo Monetario -muy cercano al gobierno así como lo ha estado la banca nacional y la internacional-, aprovechándose de forma mezquina de las necesidades de la gente. Lo que pienso es que están esperando que pasen las elecciones para un acuerdo fiscal. El presupuesto de 2021, por ejemplo, venía bien inflado en cuanto a las expectativas de recaudación de IVA. Entonces, alertamos sobre esta intención de un aumento del IVA. Claro, en la narrativa se perdió diciendo que ellos iban a lograrlo sin aumentar impuestos, pero técnicamente no hay viabilidad de cumplir con esas metas, sin que se aumente el IVA. También hay compromisos con préstamos que piden hacer ajustes fiscales. Cómo van a ser esos ajustes fiscales es dónde todavía no hay claridad.

¿Dónde se ve en la vida cotidiana este ajuste fiscal, este impacto que tiene la deuda en el pueblo salvadoreño? 

Bueno, primero que los ingresos más fáciles de conseguir van a ser aquellos que van a venir de impuestos directos o de impuestos fáciles de poner, como el IVA, que lo vamos a ver todos los días al ir a comprar cosas. Sabemos, desde un criterio técnico, que no afecta a todas las personas por igual. A los que ganan 600 dólares, la mayoría de sus ingresos se les va en comprar alimentación, y esa alimentación toda está grabada con el 13 por ciento del IVA, mientras que quienes ganan 10 mil o 15 mil dólares mensuales, aunque gastan más,  la mayoría de su ingreso no se va en alimentación, se va en inversión, en ahorro, en cosas que no están gravadas de esa forma. Entonces, a quién más va a afectar un aumento en ese tipo de impuesto va a ser a la población con menores ingresos, que es la mayoría del país. Luego, se van a tener que recortar gastos y al recortar gastos el Estado va a tener que elegir en cosas que consideran no prioritarias, pero que para el país y para las poblaciones con menores ingresos y más vulnerables socialmente tienen impacto, como la salud. El simple hecho de ir a una unidad de salud y que no haya un tipo de medicina, que ya no hallan dos doctores, que solo haya uno. Todo ese tipo de cosas son parte del impacto de las correcciones que pretenden hacer en la política fiscal. 

¿Cuáles son los ejes prioritarios a tratar desde una economía feminista?

Lo fiscal porque ahoga el día a día del Ejecutivo, entonces, ese y el tema de las pensiones, que en El Salvador van unidas, va a tener que ser discutido y desde la economía feminista porque quienes más están siendo afectadas por los problemas fiscales que tiene el país, -como las limitaciones en la inversión en programas sociales o el sistema de protección social que no está respondiendo a la pobreza y la marginacion- son las mujeres. Esta problemática tiene que ser abordada desde esa perspectiva porque una tradicional, incluso desde la izquierda, no va a resolver los problemas porque no los va a entender con la claridad que se necesita. 

Además, en la discusión que se va a venir sobre los impuestos, los gastos y la deuda vamos a necesitar que las feministas, y sobre todo las economistas feministas, planteemos cómo y de qué manera la situación está afectando más a las mujeres mas que a los hombres. Y a la vez, una de las discusiones que se está dejando de lado es la atención en la salud -un tema de pandemia y de cómo maneja el gobierno el Estado-, pero que se ha visto totalmente descartado por este gobierno que ha quitado programas de salud que eran especializados para las mujeres. 

También, la lucha por despenalizar el aborto y abordar los retrocesos en este último año y medio, de no poder, por ejemplo, encontrar anticonceptivos en las unidades de salud, de ya no poder tener los chequeos anuales que necesitamos, decisiones que están impactando gravemente la vida de las mujeres y que van a tener repercusiones muy tristes y duras para las mujeres jóvenes. Por otro lado, la pobreza de las mujeres, sobre todo en el comercio  informal, es desgarradora; y soy bien clara, el Estado no va a responder a ninguno de esos problemas. Y ahí se necesita otro tipo de pensamiento y organización económica que no va a venir a través de una ayuda del Ministerio de Economía o de enseñarle a las mujeres cómo coser. Si bien el Estado debe responder a la cuestión de la pobreza de las mujeres, la izquierda tiene que dar planteamientos acerca de una forma de organizarse económicamente para ellas, para que logren tener lo necesario para vivir. 

¿Cómo es hacer política -y desde las redes sociales- para las mujeres en El Salvador?

Es particularmente difícil, como mujer de izquierda anticapitalista y como mujer. Es conflictiva la situación en la que estamos porque no es la ideal, en la que a una le gustaría, pero lo que me ha servido es tener una red de personas que entienden que la política me atraviesa el cuerpo y las emociones de forma que a otras personas no; mujeres y hombres que entendemos la política y sobre todo la de izquierda, como una elección de vida. Sobre todo en esta última época en que hemos vivido cosas que no hubiéramos imaginado: ver a las Fuerzas Armadas dentro de la Asamblea Legislativa o la forma en que nos acosan y lo que nos dicen en redes sociales y a otras mujeres… También nos tocó mucho el asesinato de los compañeros del FMLN, pero soy muy afortunada en tener espacios -incluso dentro del ámbito legislativo- donde las emociones no son prohibidas; hemos podido llorar, hemos podido decir que tenemos miedo, que no tengas miedo.

Me he rodeado de personas que me ayudan a transitar las dificultades que generan el hablar en contra del Estado, incluso a pesar del constante ataque a la imagen de las mujeres. Y eso es importante para la izquierda, que cualquier organización, que cualquier iniciativa que intente ser fuerte, tiene que entendernos como personas más allá del discurso político, que podemos estar cansadas física o emocionalmente, que queremos llorar, que tenemos miedo, que estamos confundidos, que nos equivocamos; porque si no podemos comprenderlo, difícilmente logremos acuerparnos todo lo que necesitamos, porque somos pocos y pocas. Entonces, necesitamos mucho apoyo de los otros, de las otras, de les otres. Sino, no lo vamos a lograr.

Source

Por Gabriela Iraheta y Chana Boekle* Foto: Victor Peña

El pasado domingo 31 de enero, alrededor de las 19 horas, Nidia Díaz – militante histórica y referente del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) – daba a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter una noticia que volvía a manchar de sangre y muertes a la contienda electoral en El Salvador. 

La caravana a la que se refiere la diputada y jefa de fracción por el partido, acompañaba el inicio de la campaña del candidato a alcalde por San Salvador, Rogelio Canales. Cuando el vehículo mencionado, que transportaba a militantes, se encontraba en las cercanías de un local del partido, fue interceptado por otro vehículo que tras bloquearle el paso, inició el tiroteo que dejó a siete personas lesionadas de gravedad, de las cuales dos fallecieron.

La respuesta inmediata por parte del presidente tuitero, Nayib Bukele, fue sugerir la idea de un autoatentado como estrategia electoral desesperada del FMLN, en lugar de -como mandatario responsable-, solidarizarse con las víctimas y familiares, o siquiera mostrar preocupación frente a los asesinatos violentos. 

Este gesto, además de reforzar su insensibilidad, se enmarca dentro de la estrategia política en la que todo lo que no pertenezca a su proyecto de gobierno es automáticamente atacado y descalificado. A la manera del ex presidente de EEUU, Donald Trump, las respuestas y declaraciones por parte de Bukele son también inmediatas, también a través de Twitter, promoviendo también el odio.

Si bien Bukele posteriormente tuiteó y mencionó su preocupación y búsqueda de los responsables del atentado, dicha acusación de autoatentado por parte del FMLN ya se había viralizado y seguía reforzando el sentido común de sus seguidores; quienes en la búsqueda de defender a su líder, justificaron y caricaturizaron los asesinatos de los militantes. Días más tarde, el 3 de febrero, se daba a conocer la noticia del asesinato de José Nelson Berríos Méndez, ex concejal del FMLN en Chirilagua, San Miguel, quien fue atacado en su propia casa.

La banalización de los asesinatos de Gloria del Cid y Juan de Dios Tejada, militantes y ex combatientes del FMLN y del ex concejal José Berríos, por parte del sector de la población simpatizante del presidente, es consecuencia directa del entramado de odio que Bukele construye para garantizar su poder, señalando y descalificando a sus adversarios. 

Lo grave de esta situación es la alevosía con la que se manipula la opinión pública en detrimento de la construcción de una democracia aún incipiente en el país centroamericano. Tras doce años de conflicto armado que dejaron al país con más de 75 mil muertxs y altísimos niveles de violencia cuyas secuelas la población sigue sufriendo (homicidios, femicidios, desapariciones, extorsiones, torturas extrajudiciales, crimen organizado, etc), el peligro que representan estos discursos agitadores de odio, confrontación y polarización, se traduce en balas en un país que aún está lleno de armas.

El modelo Bukele

Este modelo confrontativo es replicado por el aparato de gobierno, lxs funcionarixs públicxs y los medios de comunicación tradicionales, en su mayoría financiados por Bukele mismo. Fueron alarmantes, por ejemplo, las declaraciones de Félix Ulloa (vicepresidente de la Nación) que equiparan al proceso electoral con una nueva guerra. Las declaraciones de Ulloa tuvieron lugar el mismo 31 de enero, horas antes del tiroteo y asesinato de militantes del FMLN, en el marco de un encuentro con veteranos de la Fuerza Armada.

Vía, Kolectivo San Jacinto

Otra figura reprochable de la política salvadoreña, que ha resurgido en el último tiempo gracias al respaldo de Nayib Bukele, es Walter Araujo (expresidente del partido de derecha ARENA y en su momento, principal impulsor del modelo privatizador de las pensiones AFP, de la privatización del agua, la salud, entre otros). En la contienda del 9F pasado, Araujo apoyó públicamente la toma de la Asamblea Legislativa por parte del aparato represivo del Estado e incluso propuso la implementación del artículo 87 de la Constitución conocido como “El derecho a la insurrección popular”. Dicho artículo “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado”. 

Para este sector de la derecha neoliberal del país, el orden constitucional se encuentra alterado puesto que la Asamblea Legislativa no cuenta con la mayoría absoluta que responda a los intereses del órgano Ejecutivo.

La incitación explícita a la violencia no es ninguna novedad en el modelo de gobierno de Bukele. Estos tres recientes asesinatos se dieron a pocos días de cumplirse un año de lo que hoy conocemos y repudiamos, como 9F.

#9FNuncaMás

Hace un año, el 9 de febrero de 2020, Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa de El Salvador, escoltado por decenas de policías y militares de la Fuerza Armada para exigirle al poder legislativo la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para la ejecución de la tercera fase del “Plan Control Territorial”, que pretendía inyectar recursos directamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil (PNC), dotándolas de equipamiento armamentístico. 

Foto: Félix Meléndez

El principal motivo por el que las y los legisladores de distintos partidos se opusieron a la aprobación del préstamo, era en primera instancia el irrisorio monto presupuestario; con el agravante de no haber sido presentado públicamente ningún contenido de dicho plan o información de cómo se iba a implementar. Este modus operandi, en el que Bukele pregona planes e iniciativas siempre grandilocuentes y únicas en Latinoamérica, anunciadas mediante publicidad viralizada en redes sociales; se caracteriza por el ocultamiento de los proyectos escritos de los cuales pretende la aprobación de estas leyes.

El amedrentamiento y amenaza, además de la no distinción de los tres poderes, se ha convertido en El Salvador en la manera de hacer política desde la presidencia y su gabinete. De hecho, la apuesta por parte de Bukele y su partido, Nuevas Ideas, de cara a las próximas elecciones que se realizarán el próximo 28 de febrero, es la de deslegitimar los partidos opositores para conseguir la mayoría necesaria a nivel legislativo y así no tener impedimentos para aprobar leyes que respondan a sus intereses y los del grupo de poder económico al que pertenece y representa él y su familia.

Es necesario entonces, caracterizar esta escalada de violencia política como la urgencia de Bukele y sus afines, de asegurarse la mayoría absoluta en términos legislativos y así no encontrar más impedimentos a sus políticas de gobierno. La voluntad política, en apariencia caprichosa de Nayib Bukele, es en realidad consecuente con las exigencias de los sectores de poder económico que quieren volver a imponer su agenda neoliberal y antiderechos frente a la del pueblo salvadoreño que sigue en defensa de derechos conquistados y en lucha por la vida digna y la memoria histórica.  

Los hechos del 31 de enero y del 3 de febrero, demuestran las deficiencias por parte del Estado salvadoreño en garantizar la vida de militantes y luchadorxs. Desde distintas organizaciones y movimientos se realizaron llamados por unas elecciones sin violencia y amedrentamiento, sin muertes. 

Las amenazas, ¿se limitan a Twitter?

El nivel de confrontación suscitado por las mentiras, fake news y ataques de trolls financiados por Bukele y su aparato a las personas que manifiestan públicamente su descontento con algún accionar del Ejecutivo, ha generado numerosas denuncias por parte de la oposición y de movimientos sociales, que además acusan a los “medios de comunicación” hechos a medida para cubrir las acciones del presidente. 

Asimismo, la Asociación de Periodistas de El Salvador denuncia las más de 60 vulneraciones registradas durante el primer año de gobierno, perpetradas desde el Ejecutivo a manera de amenazas públicas de parte del mismo presidente, sus funcionarios o las fuerzas represivas. Por otro lado, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) presentó en septiembre de 2020 un aviso penal por los actos de amedrentar y amenazar al rubro periodístico. Incluso Fabricio Altamirano (Director de uno de los periódicos hegemónicos salvadoreños, “El Diario de Hoy”) comentó a la Red Internacional de Periodistas que “los fondos gubernamentales se están usando para premiar o castigar a quien apoya o a quien cuestiona la narrativa oficial”. 

Por otro lado, la periodista Karen Fernández, denunció los ataques anónimos desde las redes sociales de seguidorxs y troles del presidente, tras un programa televisivo en el que cuestionaba el manejo carcelario del gobierno durante la pandemia. Comentó al respecto a la Red Internacional de Periodistas: “Yo dije que la foto hacía recordar los campos de concentración de la Alemania nazi, el programa extrae mi declaración y la tuitea. Luego la retuitea Bukele y comenzaron las amenazas de sus seguidores. Ellos te colocan en la palestra de su feed, te ponen ahí para que sus seguidores te ataquen”.

Es preocupante también la denuncia de la periodista de la Revista Gato Encerrado, Julia Gavarrete, quien sostiene que después de participar en una conferencia de prensa el 2 de julio de 2020 en Casa Presidencial; al regresar a su casa, ésta había sido revisada y su computadora había sido sustraída.

En un contexto en el que la virtualidad cobra cada vez más importancia, es necesario mantener la alerta frente a los intentos de despolitización y construcción de una persecución y censura sostenida desde internet. 

Nayib Bukele, el presidente influencer, se suma a las derechas neoliberales del continente (como Jair Bolsonaro, la dictadora Jeanine Añez o Donald Trump) que gobiernan mediante Twitter y amenazas públicas, sembrando el odio fanatizado que en países con altos grados de violencia, se traducen indefectiblemente en vulneraciones de los derechos humanos, llegando incluso a asesinatos como los que ya tiñeron de sangre la campaña electoral salvadoreña de las próximas elecciones del 28 de febrero. 

* Movimiento Centroamericano 2 de marzo 

Source

Por Laura Salomé Canteros |

En nuestra región, hay políticas jóvenes anteponiendo proyectos solidarios a reacciones conservadores. Algunas forman parte de partidos tradicionales e impulsan transformaciones desde adentro tras el emerger de una agenda dinámica impulsada por las mujeres, el colectivo LGBTIQ+ y las juventudes. Otras, debaten sobre nuevas y transversales articulaciones o el ejercicio del poder.

En El Salvador, desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el partido que representa desde gobiernos pasados y desde la Asamblea Legislativa, las posturas de izquierdas y progresista. Allí, desde los 15 años, encontramos a Yeymi Muñoz, una de las políticas jóvenes con mayor experiencia como militante y funcionaria.

Hoy es candidata a alcaldesa de Santa Tecla, uno de los territorios más innovadores y cercanos a San Salvador, la capital del país centroamericano. Un desafío más en su carrera de abogada y política. Sobre su gestión al frente del Instituto de Juventudes (INJUVE), sobre la política como herramienta para cambiar las vidas de miles y sobre la necesidad de que las mujeres, LGBTIQ+ pasen al frente, dialogamos con Yeymi Muñoz, en entrevista exclusiva para Marcha.

***

– ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuviste en tu carrera como mujer política?

La política está cargada de adultocentrismo y es masculina; porque está llena de hombres adultos. Entonces, cuando una mujer joven llega a algunos espacios, tiende muchísimo a ser discriminada, a ser acosada o a ser considerada como incapaz, y tienes el desafío de demostrar que llegaste porque te lo ganaste y porque tienes capacidad. Eso implica que tienes que prepararte y capacitarte para tener un debate con mucho contenido y a la altura de la experiencia que otros ya tienen. Y para lograrlo, también necesitamos ser más solidarias entre nosotras, no aislarnos, ni ser egoístas. La unidad entre mujeres nos llevará a avanzar, para que eso permita que los temas de mujeres y jóvenes tengan un nivel en la agenda pública mucho más fuerte.

– ¿Porqué decidiste ir a elecciones como candidata a alcaldesa del territorio de Santa Tecla?

Santa Tecla es una ciudad que me acogió siendo muy joven. Tenía 17 años cuando llegué a esta ciudad para continuar mis estudios universitarios. Aquí también tuve mi primer empleo en el órgano judicial, trabajé durante 8 años en un Tribunal, siendo colaboradora judicial. Y bueno, sentí que llegó el momento de contribuir a que esta ciudad se desarrolle. El máximo potencial de esta ciudad es su comercio, hay alrededor de 5.400 empresas y más del 92% son micro empresas. Entonces, es importante diseñar estrategias que permitan que estas empresas puedan avanzar en el procesos de la cadena productiva y puedan darle más desarrollo a la ciudad. Santa Tecla fue una ciudad vanguardia en muchas cosas como comercio e infraestructura deportiva y hay que devolverle a la ciudad ese brillo; hay que darle vida al componente de innovación y tecnología. Así que quiero aportarle mi trabajo, esfuerzo e ideas para que esta ciudad sea una ciudad de la cual los tecleños y las tecleñas nos sintamos orgullosas.

***

Yeymi estuvo al frente del Instituto de las Juventudes en el segundo gobierno del FMLN, época de la que recuerda las anécdotas con otras y otros jóvenes salvadoreños que accedieron a las políticas públicas que implementó para combatir la desigualdad en el acceso a las oportunidades de educación, salud y trabajo. Relató, que en ocasión de asistir a una actividad, se encontró con una de ellas: “Una joven se acercó y me dijo: ´quiero agradecerle por la beca que me dio el programa Jóvenes con Todo, me gradué de técnica en gastronomía y ahora estoy contratada. Me cambió la vida y me dio la oportunidad para generar ingresos para mí y para mí familia´”. Son de esas historias que afirmó, “hacen darte cuenta que a pesar de lo difícil, hay en la política, momentos de satisfacción”.

– ¿Cuál fue la mayor experiencia que te dejó la gestión pública enfocada en el fortalecimiento de las oportunidades para las juventudes?

Una de las mayores satisfacciones de haber sido la directora del INJUVE, fue la creación del programa “Jóvenes con Todo”. Un programa que tenía como objetivo desarrollar habilidades y capacidades en las y los jóvenes e incorporarlos en la vida productiva y la vida laboral. Avanzamos construyendo una política pública y un año después de terminada mi gestión, el actual gobierno no le dio continuidad a una política que coordinaba y articulaba esfuerzos del sector privado, de la cooperación internacional y de las asociaciones de jóvenes. Es que precisamente, uno de los mayores desaciertos cuando un nuevo gobierno asume, es desechar lo que otro hizo solo porque no coinciden ideológicamente. Porque esto le trae un costo muy caro a ciudadanos y ciudadanas.

– ¿Piensas que las mujeres y las personas del colectivo LGBTIQ+ debemos pasar al frente? ¿Por qué? ¿Qué aportamos a las construcciones partidarias?

Tanto las mujeres como las personas del colectivo LGBTIQ+ son dos poblaciones históricamente excluidas y marginadas y a pesar de que se pueden visualizar avances, todavía queda mucho por hacer. En el caso del FMLN, ha venido contribuyendo a la inclusión; al interior del partido, en la Secretaría de la Mujer y con LGBTIQ+ que van en proceso de también conformarse en Secretaría.

Fue en los gobiernos del FMLN, cuando se implementaron las primeras políticas públicas del país para la inclusión, con la creación de Ciudad Mujer como un proyecto emblemático para el país y la región (un dispositivo para la protección integral ante las violencias y el acceso universal a la salud y la educación), y también generando las primeras unidades para la atención de la población LGBTI+ en todos sus aspectos. En el caso del FMLN, hemos venido con un proceso interno además. Porque no podemos concebir una sociedad más justa y solidaria sin inclusión.

– En relación a la violencia política y el acoso u hostigamiento en redes sociales, ¿cuál o cuáles consideras que son las mejores herramientas para combatir estos ataques?

Cuando las mujeres decidimos participar en política, debemos hacerlo con la verdad, con nuestro trabajo y demostrando que somos capaces. Por eso, es la mejor herramienta para combatir el ataque, el acoso y el hostigamiento en redes sociales: hablar con la verdad y defendernos.

Cuando terminé mi gestión frente al INJUVE, fui acosada por la actual directora que hizo señalamientos sin conocer el funcionamiento de la institución, sin haber estudiado la ejecución del programa “Jóvenes con Todo” y cuando vi el ataque a través de la TV y las redes sociales, decidí convocar a una conferencia de prensa y dar mi versión. Y un año después, la gente sigue diciendo que lo mejor que pude haber hecho es defenderme. Hay que hacerlo con la verdad y usar todas las herramientas que tenemos para poder poner en la versión pública de nuestras posiciones.

– Las mujeres no tenemos techo pero si tuvieras que proyectar el futuro de tu carrera política, ¿a qué aspiras?

Me proyecto siendo una alcaldesa de esta ciudad (Santa Tecla), la más jóven de la historia, y aspiro a convertirla en una ciudad de oportunidades y de bienestar. No es solo de aspirar sino también de lo que podemos hacer; estoy para servirle a El Salvador en la posición que requieran las y los ciudadanos. Porque una de las cosas que aprendí siendo militante del FMLN desde muy joven, es que a este país solo lo puedes cambiar cuando estas dispuesta a dar más que a recibir, cuando decides sacrificarte para poder transformar, cuando no desistes a pesar de la adversidad, cuando los momentos difíciles sirven para alentarte, levantarte y salir adelante. Somos la generación de militantes que se sabe capaz de trabajar en equipo y de aceptar la crítica como una fortaleza para ser mejores cada día; por eso, en mi futuro quiero ser la nueva alcaldesa de esta ciudad.

***

Desde el INJUVE, Yeymi, colaboró con la legalización de 124 organizaciones juveniles y logró la participación de 650.928 jóvenes solo en uno de sus micro- programas. Colaboró con más de 30 mil jóvenes que han superado sus condiciones acceder al empleo en 66 municipios de El Salvador. Desarrolló, en cinco años, 7.451 actividades de dinamización de espacios públicos y convivencia comunitaria con enfoque intergeneracional en las participaron casi 400 mil personas.

Las elecciones en El Salvador serán el próximo 28 de febrero de 2021 y se elegirán las diputaciones al Parlamento Centroamericano (Parlacen), la Asamblea Legislativa e integrantes de los concejos municipales. Serán a un año y ocho meses de la asunción de Nayib Bukele, un publicista y empresario misógino y ultraderechista, quien pretende llevar al país hacia un retroceso democrático, ignorando desigualdades históricas. Pero en ese camino, Yeymi y otras mujeres, lesbianas y mujeres trans están proponiendo mundos mejores. Y están destinadas a vencer.

Source

Por Keyla Cáceres* / Foto: presidencia El Salvador

Inicio esta columna explicando la violencia simbólica contra las mujeres, de acuerdo con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres: son mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.

Es importante aclarar que las acciones que se describen como violencia simbólica no son nuevas, pero no podemos decir con facilidad que “hemos descubierto el agua tibia” porque en este país se ha luchado para que la violencia simbólica salga de los medios de comunicación, de la publicidad e incluso de la construcción de la academia, sin embargo, en la cuarentena hemos visto como se normaliza y replica por funcionarios del gobierno, y anoche, fue el mismo presidente de la República: Nayib Bukele quien cometió violencia simbólica contra las mujeres, sí, el presidente cool hizo referencia a una frase sexista y machista.

Hasta ayer era difícil entender cómo la Choly (Salvador Alas) había sido considerado para ser parte del gobierno, pero la última pizca de duda que quedaba se aclaró, el presidente es igual de machista. Su silencio en el caso de violencia simbólica contra Bertha Deleón cometido por el ministro de trabajo, Rolando Castro y su amigo Walter Araujo, no es una omisión, es complicidad de machos.

Esta situación es preocupante porque nos coloca a las mujeres a una exposición mayor, pues el hecho que el presidente y sus funcionarios ejerzan violencia simbólica contra las mujeres públicamente significa la legitimización institucional de la violencia contra las mujeres.

Ernesto Sanabria amenaza a periodista, Alejandro Muyshondt se ha visto involucrado en actos de violencia contra las mujeres en lugares públicos, y hoy también sacaron unas viejas declaraciones de Silvio Aquino, recurriendo a bajezas para atacar a las mujeres, a ellos se suman simpatizantes de Nuevas Ideas, partido al que pertenece Walter Araujo, un misógino público, que ha decido referirse a la abogada Bertha María Deleón con frases denigrantes que atentan contra su dignidad, sin contar con los múltiples comentarios llenos de misoginia que ha hecho a mujeres que disienten del gobierno, esos son los “amigos del presidente”.

Para mí era impensable ver un Twitter del presidente con el mensaje: “son como la gata angora” y cierra diciendo “solo para conocedores”, en efecto fue así, muchas personas, incluyéndome, no sabíamos a qué se refería, no solo es violencia simbólica lo que está replicando, si no un comentario sexista y falocéntrico, pero ¿por qué el presidente de la República hace este tipo de comentarios y no nos inmutamos? Mi respuesta es sencilla, vivimos en un país donde se ha naturalizado la violencia contra la mujer, a tal grado que algunas personas solo llegan a verlo como algo “vulgar”, pero no dimensionamos las consecuencias que conlleva este tipo de mensajes divulgados por el presidente de la Nación.

¿Por qué hago este recuento de personajes? para señalar que es la primera vez que en lo personal he visto florecer la violencia simbólica de manera recurrente en un gabinete de gobierno, con esto no digo que es el primero, porque no es cierto, sin embargo en lo que llevamos de pandemia COVID-19, hemos visto el aumento de los ataques virtuales a las mujeres, la forma de atacarlas va desde la misoginia hasta hacer referencia de enfermedades psiquiátricas como forma de ataque, porque como dije anteriormente: nada es nuevo. En un momento de la historia también se nos acusaba a las mujeres de estar enfermas de histeria, además de llamarlas locas cuando se salían del orden patriarcal.

Nos queda demostrando que la misoginia no retrocede ni un poco en este país, por el contrario modifica la forma de seguir avanzando, las redes sociales son un campo de batalla para nosotras, quieren descalificarnos por ser feministas, porque nos consideran “malas”, y sí, lo somos para los machos y fachos, somos las mujeres que cuestionamos y que ponemos siempre el dedo en la llaga del machismo, esas que incomodamos, que no acompañamos, no aplaudimos ni bajamos la guardia ante cualquier acción de violencia contra las mujeres; no solo fue el presupuesto son las acciones y palabras del presidente “cool” para decir hoy que las mujeres no somos prioridad en este gobierno.

Somos ciudadanas de tercera categoría para este gobierno, que hoy en día nos tomamos las redes para denunciar la violencia, pero también cuando termine esta cuarentena tiene que terminar la pasividad como sociedad ante la violencia contra las mujeres y cuerpos diversos, hay que hacer lo que siempre hemos hecho: defender nuestros derechos en las calles. Continuemos inyectando “el veneno de tóxica” que tenemos para destruir el imaginario machista instalado en esta sociedad patriarcal.

*originalmente publicado en La Brújula

Source