Violencia e impunidad, Derechos Humanos y organización comunitaria en México. Algunas reflexiones a partir de la visita a la Argentina del comunicador popular Indalecio Benítez de la Radio Comunitaria la Calentana Levimez de Luvianos.

Indalecio Benítez es fundador de la radio comunitaria La Calentana Luvimex, de Luvianos, en el Estado de México, lindero con Guerrero y Michoacán. En el marco de su visita a la Argentina el pasado sábado 9 de marzo, Indalecio conversó con trabajadores y trabajadoras de prensa en una actividad propuesta por el SiPreBA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y la Asamblea de Mexicanxs para charlar sobre su lucha. “Sé que si quiero seguir estando vivo, tengo que censurarme”, resumió su situación que da cuenta de un contexto más amplio que hoy atraviesa el pueblo mexicano.

El locutor y defensor de los derechos humanos y de lxs migrantes impulsó en 2013 en su propio domicilio el armado de la emisora La Calentana Luvimex para difundir noticias del pueblo para el pueblo. En agosto de 2014, un grupo del crimen organizado llamado “los Guerreros Unidos” ingresó a la radio, y con ello a la casa de Indalecio, para castigarlo a él y a su familia por su activismo. Intentaron asesinarlo, y en ese mismo hecho mataron a su hijo Juan Diego quien tenía 12 años. La radio está ubicada a tan sólo 600 metros de una base de la Armada y al año siguiente, la radio fue desmantelada por las autoridades.

Acompañada por el pueblo, desde La Calentana Luvimex denunciaron la clara persecución del gobierno: “es una radio del y para el pueblo”, explica Indalecio, y a pesar de las persecuciones que sufrieron, lograron la legalización y formalización de la propuesta. Aún así la emisora continúa creciendo, y actualmente forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Con su experiencia, Indalecio Benítez está convencido de que hay que fortalecer los lazos comunitarios. Sabe muy bien, también, que hay que cuidar la vida. En este sentido, su proclamada “autocensura” funciona como estrategia para sostener la práctica comunicacional en un contexto de Narcoestado.  Y si, la comunicación comunitaria en uno de los territorios más violentos del mundo implica mucho compromiso y responsabilidad.

Mónica Mexicano, integrante de la Asamblea de Mexicanxs en Argentina y co-organizadora de la actividad, explicó, por su parte, que “desde el año 2000 hasta octubre del 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizó el asesinato de 140 periodistas, a los que hay que sumar los casos ocurridos en diciembre de 2018 y 4 periodistas asesinados en los primeros meses del 2019. Además, hay decenas de periodistas desaparecidos/as, desplazados/as y agredidos/as”.

Para Mexicano, la historia de Indalecio “es muy representativa para ilustrar la situación actual de México, ya que muestra el amalgama de convivencia entre el crimen organizado”. Es decir, no sólo se refiere al narco como aquel que interviene en el tráfico de sustancias ilegales, sino que también en lo que respecta al tráfico ilegal de todo tipo de productos y objetos, sean legales o ilegales, vinculado directamente “con el estado en todos sus niveles, no sólo la policía municipal, sino también el ejército, el Ministerio Público, los jueces, etc.”. Entonces, para la integrante de la Asamblea de Mexicanxs, esta situación “evidencia la complicidad completa donde la supuesta guerra contra el narco se convierte en una disputa por el territorio. En ese contexto, Luvianos, el pueblo donde se encuentra la radio La Calentana Mexiquense, no está exento. Por el contrario, el alcance del grupo de “Los Guerreros Unidos” es muy grande. Abarca muchas zonas y conservan en el territorio que controlan mucho poder. Incluso están involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

En línea con Mexicano, Benítez cuenta su historia y explica de manera detallada cómo las organizaciones criminales se fusionan con el Estado. No se trata ya de la venta de sustancias ilegales: “Aunque sean productos legales, ellos los convierten en ilegales”, sostiene. “Donde hay un producto o algo en auge que está dejando derrame económico, ahí va el crimen organizado para tener su beneficio económico”. Por ejemplo, cobran un “impuesto” sobre determinadas actividades o gestionan licitaciones para la explotación de bienes naturales que luego les permitan cobrar un porcentaje de las ganancias por ello.

El activista cuenta que se establece una convivencia relativamente pacífica con el crimen organizado. Ahora bien, “se viene el problema grave cuando hay una disputa entre dos cárteles. Cuando un solo cartel tiene el control sobre un territorio no hay problema, entran y salen las personas, porque nadie va a pelear contra ellos. Yo, que estoy ahí, no peleo, me autocensuro, no toco temas relacionados con ellos, porque sé que si quiero seguir estando vivo, tengo que censurarme. El gobierno lo sabe, todos lo saben, pero no pueden hacer nada. Es la única manera de seguir ejerciendo”. Esta violencia latente se vuelve explícita cuando la gente se rebela, y entonces, las y los matan.

A cien días de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, los planes propuestos por el nuevo gobierno muestran sus primeros impactos en la población. Una suerte de “endiosamiento”, según las palabras de Benítez, le permiten avanzar con distintos programas que no necesariamente fueron parte de la campaña. En algunos casos, más bien, todo lo contrario. El proyecto del Tren Maya, la instalación de una termoeléctrica y la construcción de un aeropuerto, son algunos ejemplos de ello. Hay una vinculación directa entre estos emprendimientos extractivistas y el crimen organizado en complicidad con el Estado, como muestra el caso de Samir Flores, ecologista y periodista quien fuera asesinado al día siguiente de denunciar el megaproyecto de la termoeléctrica.

También el impulso de la Guardia Nacional -una fuerza integrada por civiles, las Fuerzas Armadas, la Marina y la Policía Federal en contra del crimen organizado- que goza de una gran aprobación popular- y prevalece la expectativa sobre el efecto que puede llegar a generar en los territorios atravesados y controlados por los cárteles.

“La presencia del ejército sólo ha derivado en Masacres, tortura y violación”, sostiene Mexicano. “El Ejército ha manipulado escenas del crimen. Están involucrados todos los niveles de gobierno”. Se trata de una práctica que se implementa en el país desde la presidencia de Felipe Calderón, y se da en el marco de lo que se conociera como la “guerra contra el narcotráfico”.

Para Benítez, el actual momento está “en suspenso porque la Guardia Nacional no es otra cosa que la militarización, no es otra cosa que personas entrenadas para matar gente”. Aún así, entiende que “puede ser un beneficio para erradicar el cáncer de la inseguridad, cuando todas las policías municipales, estatales están podridas completamente”.

México está en guerra. Es una guerra del Narcoestado contra la población. Las violaciones a los DDHH se volvieron sistemáticas: según estadísticas oficiales, en los últimos 10 años hubo más de 100 mil personas asesinadas, más de 40 mil personas desaparecidas, casi 150 periodistas asesinados y asesinadas. Se produjeron decenas de miles de feminicidios sin investigar, un número no relevado de personas capturadas por las redes de trata y prostitución, por lo menos 14 defensores y defensoras de derechos humanos asesinadas. Asimismo, se encontraron 855 fosas comunes con miles de cuerpos amontonados y sin identificar, mientras las masacres masivas y manipuladas por las fuerzas de seguridad se multiplican. Hasta el día de la fecha, hay 36 mil personas fallecidas no identificadas; 130 testimonios de intento de secuestro en el metro de la Ciudad de México y 200 mil personas que cambiaron de domicilio. Organizaciones de derechos humanos advierten que las cifras reales son aún mayores, ya que la mayoría de los crímenes no llegan a la denuncia por miedo a represalias. Suponen que los números reales podrían hasta cuadruplicarse.

“México es una gran fosa clandestina por la cantidad de cuerpos y desaparecidos que hay” reflexiona Mexicano. La sistematicidad del “dolor psíquico y de la ruptura en los lazos sociales” no pueden superarse sino con una apuesta a la solidaridad internacional. La llegada de Indalecio Benítez a la Argentina y su visita a las y los comunicadores se llevó a cabo con ese espíritu. Por eso, “necesitamos romper el cerco mediático” y así lo sostiene Mexicano tras la visita de su compatriota, “no somos playas y ruinas arqueológicas. Tenemos que contar lo que está pasando, ya que puede dar un resultado sanador”.

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El pasado 15 de mayo en la ciudad de Sinaloa, México, asesinaron al periodista Javier Valdez. Los testigos cuentan que lo bajaron de su auto a mitad de la calle, lo arrodillaron y 12 balas que acabaron con su vida. Su cuerpo quedó tendido a un par de cuadras del diario RíoDoce donde trabajaba. De inmediato sus colegas acudieron a la escena. Incredulidad y miedo primero, rabia e indignación después.

“Pero tengo que escribir lo que veo y lo que escucho, tengo que levantar la voz para que sepan que el narco es una plaga, un devorador que traga niños y mujeres, devora ilusiones y familias enteras. Tengo que decirlo, con miedo y coraje, indignación y tristeza. Somos muchos los reporteros que buscamos la nota en plena incertidumbre, que tenemos claro que algún día un balazo puede llegar antes que nosotros: somos muchos reporteros indignados por el silencio que quieren imponer, por las mentiras oficiales, pues a diario vemos a personas a las que arrancaron a punta de chingazos sus ilusiones, a mujeres con el beso ardiente de una granada en la boca, a jóvenes, casi niños, atascados de dolor y cocaína, vemos en las calles a sicarios y madres desesperadas, a comandos armados y padres de familia atascados en lodazales o encostrados a la orilla del mustio camino. Por eso tengo que escbirir, tratar de rescatar la voz de tantas personas hundidas en la desesperación y una esperanza enferma”. Fragmento de “Con una granada en la boca”

Javier Valdez dedicó su vida a documentar las atrocidades del crimen organizado y su vinculación con el Estado mexicano. Dio voz a los más desprotegidos, a las víctimas de esta supuesta “Guerra contra el Narco”: mujeres y niños expuestos al terror, a la violencia, a la inermidad y a la total desprotección que brinda la impunidad con la que se cometen crímenes en México. Valdez pudo documentar las consecuencias de la violencia en las ciudades y comunidades azotadas por el terror del narcoestado mexicano, y encontró una manera particular de poder narrar tanto horror, una manera que convocara a la acción, y vencer la parálisis propia del miedo.

Javier armó y recreó una forma diferente de periodismo, transformó la profesión de comunicador y aprendió que una guerra solo puede documentarse desde el acompañamiento a las víctimas. Una forma de periodismo comprometido con la realidad. Sí, es cierto, a los periodistas los matan porque algo hicieron. A Javier lo mataron por su labor periodística, no para robarle el auto, como quiere hacer creer el Estado mexicano.

Los que lo mataron pretendían acallarlo, pero hoy la palabra de Javier recorre muchas ciudades del mundo con la fuerza de un ventarrón, el ventarrón de los valientes, el ventarrón de la verdad.

Buenos Aires grita “No al silencio cómplice”

El día de ayer, miércoles 24 de mayo, organizaciones sociales, de derechos humanos, de migrantes y sindicatos de prensa protestaron afuera de la Cancillería y entregaron un par de cartas con más de 600 adhesiones para exigir al gobierno argentino se pronuncie por el asesinato del periodista y por las violaciones a los derechos humanos en México.

La actividad fue convocada por la Asamblea de Mexicanos en Argentina y SiPreBA. Decenas de personas y varios medios de comunicación recordaron las palabras de Javier, y los nombres de los seis periodistas asesinados en lo que va del año. Sus rostros estuvieron junto al de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que continúan desaparecidos.

Las integrantes de la Asamblea de Mexicanos explicaron que desde hace 10 años se inició una “guerra contra el narcotráfico”, la cual, se dijo, pondría fin al crimen organizado. Sin embargo, esta supuesta guerra solo fue el pretexto para la militarización del país y para el control de los territorios. Los carteles de la droga y el Gobierno están amalgamados, tienen los mismos intereses económicos y sociales: controlar territorio para manejar el negocio, no sólo de las drogas, también de personas, de migrantes, de mujeres, prostitución, pornografía, tráfico de órganos, comercio ilegal, etc. En este contexto de guerra es que las violaciones a los derechos humanos se volvieron sistemáticas: más de 100mil personas asesinadas, más de 30mil personas desaparecidas, más de 100 periodistas asesinados (según cifras oficiales), decenas de miles de feminicidios sin investigar, por lo menos 14 defensores de derechos humanos asesinados, 855 fosas comunes con miles de cuerpos amontonados y sin identificar. Las masacres masivas y manipuladas por las fuerzas de seguridad se multiplican.

México padece una tragedia sin precedentes, todo el territorio mexicano se ha convertido en un cementerio, por eso es fundamental romper el cerco mediático que se cierne y que intenta mantener el manto de impunidad que posibilita que esta tragedia continúe.

Hace unos días la Cancillería argentina se pronunció por el asesinato de Valdez, pero el contenido de este pronunciamiento “nos preocupa, pues expresa solidaridad con el gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado. Nosotras decimos no!, al gobierno no le interesa resolver esta situación, es parte del problema”, como expresaron las integrantes de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. “Exigimos al gobierno argentino, utilice todos los medios y recursos a su alcance para instar al gobierno mexicano a permitir a los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH hacer una visita a México para documentar los casos de asesinatos y hostigamiento contra periodistas, y puedan implementar un mecanismo de seguimiento que ponga fin a esta tragedia”, fue la demanda principal de la carta entregada a la cancillería.

Luego de una larga espera, una comisión integrada por SiPreBA y Asamblea de Mexicanos se entrevistó en privado con Marcos Stancanelli, Jefe de gabinete de la Canciller, quien recibió la carta firmada por el gremio de prensa en Argentina, con más de 600 firmas y la carta de organizaciones sociales “donde se discute punto por punto el comunicado de cancillería y se explica por qué es insuficiente e inexacto”.

Al finalizar se invitó a los asistentes a quedar atentos a nuevas convocatorias para continuar con la exigencia hacia el Estado mexicano para que permita la entrada al país de los Relatores para la Libertad de Expresión.

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*Mónica Mexicano es integrante de la Asamblea de Mexicanos en Argentina

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A 12 años de Cromañon, y con las palabras del Ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre proponer la discusión de la baja de edad de imputabilidad a 14 años en el medio, las políticas de Estado siguen siendo el exterminio, el gatillo fácil, la liberación de zonas, a la vez que se cierran lugares de contención. Lo que une estos doce años son los cuerpos sacrificables representados en la juventud.

Aquel 30 de diciembre de 2004 se puso en evidencia el descuido que sistemáticamente parece recaer sobre nuestros pibes y pibas. Cientos ellas y ellos, en un número que todavía resulta difícil de precisar, se consumieron en el humo tóxico y el fuego que un ínfimo destello puso en marcha,  con los accesos del lugar cerrados con candado. Toda una trama de responsabilidades y  complicidades se pusieron de manifiesto. El entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra fue destituido,  también por las complicidades del poder político que aprovecharon la ocasión. Es decir que hubo un antecedente de destitución de la máxima autoridad por las responsabilidades políticas que le cabían como Estado.

¿Hoy Cromañon? Jóvenes en peligro de extinción

Ayer, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, propuso poner en discusión a partir de enero de 2018 la reforma del “régimen juvenil penal” y trajo nuevamente un tema que ya había sido rechazado por organizaciones que trabajan con la niñez en 2012: la baja de edad de imputabilidad. Los argumentos son claros: cuando se habla de estas propuestas se condena a la pobreza; es decir combaten la pobreza de nuestras pibas y pibes con más seguridad y más policías en la calle. En ese sentido, las leyes 13.298 (provincial) y la 26.061 (nacional) (de protección de los derechos de niñas y niños)  dice expresamente que no se debe condenar una situación de violencia en el núcleo familiar cuando el contexto es de pobreza porque se entiende que hay una falta del Estado. Es este Estado quien debe avanzar con la promoción y la protección de estos derechos –vivienda digna, alimentación, salud, educación– para que no caiga en detrimento el derecho a la vida plena y sin violencias.

La Ley también contempla la apertura de espacios que tengan en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de pibes y pibas y que los acompañen, que propongan nuevas realidades, pero en un contexto en el que se enuncia la baja de imputabilidad se cierran espacios de contención, no se promueven becas, aumentos y proyectos dentro las Secretarías tanto a nivel provinciales como nacionales. Por ejemplo, hace sólo unos días cerró la Casa de Noche en Morón, un espacio que se proponía trabajar de manera integral: con el descanso, la salud, la nutrición para poder continuar con los proyectos que los pibes se proponen llevar adelante. Para que esa casa continuara se necesitaba sólo un sueldo municipal al mes, por lo que no representaba un gasto en sí, sino que se trata de una decisión política el no cederle el trabajo y la contención de los pibes a las organizaciones.

Es decir, hay un Estado presente en cuanto a la represión o criminalización de los pibes y de las pibas, y ausente en cuanto al acompañamiento, presencia o contención. Eso da cuenta de que hay una decisión política sobre el pibe o piba, que no son los niños y niñas de las convenciones de los derechos, sino que justamente sirven como chivo expiatorio para construir un discurso: son las y los pobres.

El Narcoestado y los cuerpos sacrificables

En este entramado, otro de los factores que atenta contra la juventud es la “red de ilegalidad” que se genera en los llamados “narcoestados”: para los grandes negociados de las drogas se utiliza a las pibas y a los pibes justamente por su corta edad (a quienes se llama “soldaditos”) y por su construcción de subjetividad como el cuerpo sacrificable o como el chivo expiatorio para que se puedan sostener ciertas economías que no son para nada marginales, sino que son mundiales: hablamos del narcotráfico, las armas y la trata y explotación sexual. Esa contradicción de la que hablábamos antes entre lo que el Estado dice para afuera, que es la necesidad de imputar a pibas y a pibes, cuando en realidad el sujeto social utilizado es con esa edad para generar y sostener redes de ilegalidad y para que sean quienes se exponen a las situaciones de violencia.

Los números son contundentes: la Encuesta Anual de Hogares 2014, (Dirección General de Estadística y Censos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) consigna que las barriadas más populares (villas y asentamientos)  de esta ciudad, tienen una composición mayoritariamente de jóvenes, con un promedio de edad que alcanza los 26 años (inferior a la media de Ciudad con 39 años).

En esta misma línea, hace pocos días la Coordinadora Contra la Represión Policial, Correpi, presentaba el Manual del pequeño detenido, en donde explica qué hacer frente al abuso policial, sobre la población estigmatizada como peligrosa: pobres. Afirman que más del 90% de los muertos en cárceles y comisarías, de las víctimas de la tortura o del gatillo fácil, son jóvenes pobres. Sólo en pocos casos esas formas represivas alcanzan al hijo de alguna familia de clase media, casi siempre porque estaba en el lugar “equivocado”, o con la “pinta” o la actitud “equivocada”.

Por otro lado, y siguiendo con las responsabilidades políticas de administración y control, en abril de 2016, en Costa Salguero, varias y varios  jóvenes perdieron la vida por el consumo de pastillas en una fiesta electrónica, un éxtasis que se comercializaba en el lugar, con una serie de complicidades criminales, que pudieron ser sorteadas gracias a fianzas y costosos abogados.

Educación para pocas y pocos

Cuando hablamos de derechos básicos, el de la educación es uno de ellos. El avance en la desarticulación de la educación pública de los últimos años, con su disminución efectiva en el Presupuesto Nacional aprobado para el 2017, con el consentimiento de oficialismo y oposición,  implica medidas como  el cierre de programas, disminución del número de docentes, falta de capacitación y mucho más. Tal como acaba de suceder con la reducción y despido de miles de docentes a pocas horas de finalizar el año 2016. Estas políticas de Estado propulsan que se derive la matrícula escolar al sistema privado y deja en el camino a quienes no tienen posibilidad de pagar. Otra vez un Estado que se desentiende del recurso humano que constituye el futuro de un país.

Jóvenes y en peligro

Tomarse una foto con niñas y niños de guardapolvo blanco, acariciar en público a un niño que se acerca en forma desinteresada no es lo mismo que pensar políticas que acompañen su desarrollo y contengan esa juventud que pulsa siempre –aunque la estigmaticen, aunque quieran denigrarla– por el futuro. Aún están las marcas de la Noche de los Lápices y esa generación que la dictadura hizo desaparecer, están los pibes de Malvinas, está Cromañon como un eco, y tantos como Walter Bulacio, como Luciano Arruga, como Pitu y Pola (muertos en el incendio del conventillo en La Boca) como Lucas Carrasco baleado por un policía de la Metropolitana, como los pibes de las fiestas electrónicas, como los pibes de los barrios estigmatizados por su condición. No es todo lo mismo, pero los mercaderes de la muerte apuntan en la misma dirección: jóvenes.

Un negocio que se disputa a las y los jóvenes como consumidores privilegiados y una disputa que ahora se produce en diferentes espacios. Sin educación, sin los derechos que el estado debiera garantizar para asegurar la vida ¿Qué futuro será posible? Mientras los medios exaltan asombrados las tragedias que alcanzan a las clases más afortunadas, las y los jóvenes y pobres cotidianamente sufren el desamparo condenados por su condición. Afortunadamente en cada uno de los territorios hay también muchos que se juntan para luchar por una vida más digna, aunque no sean tan visibles.

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