y se le soltó un patín

a él, que era el rey de esta jungla,

se le soltó un patín.

Patricio rey y sus redonditos de ricota (1993)

Todo poder tiene un final, 

todo lo hecho hay que pagar.

Guillermina, (2004)

Por Pablo Nolasco Flores

I

 Es importante aclarar que las notas que uno puede tomar y luego volcar en un escrito más o menos ordenado son producto de charlas con otras personas. Si durante el 2024 nos la pasamos tratando de comprender -con altos niveles de pesimismo- como Milei llegó al poder, lo que va del 2025 puede pensarse como una transición a otro estadío que pueda alejarnos de esa impotencia y malestar. La mejor manera de poder transitar estos procesos es encontrarse en el diálogo con otros. En principios con quienes pensamos parecido y estamos convencidos de que el capitalismo no tiene nada bueno para ofrecer a la humanidad. Algunas de estas notas lograron encontrar síntesis a partir de la palabra de otros. Sergio, con más de cincuenta años de militancia, aerografista y profesor de historia en escuelas secundarias, siempre dice que cuando uno no sabe para donde ir, hay que bajar y escuchar.

II

 Lucía, una artista y estudiante del profesorado en artes visuales, comentó que andaba pesimista. “El año pasado le puse el cuerpo a todo”. Lucía está pesimista. Como muchos. El pesimismo de Lucía y de muchos tiene que ver con la sinergia de la persona con consciencia social y de clase. Apostar a las luchas. Marchar, marchar y marchar. El problema es que cuando se apuesta a la movilización sin comprender el escenario, el optimismo ingenuo de la lucha de clases nos puede arrastrar al peor de los pesimismos. Hay que decirlo. Luchamos durante todo el 2024 y el ajuste pasó. Pasó porque hubo un consenso del ajuste durante todo el año pasado. La política le daba la espalda a la lucha de clases. Este año algo se movió. Primero con la marcha anti fascista, luego con el combate de los hinchas que salieron a defender a los jubilados en marzo, el paro general de CGT, y la enorme cantidad de conflictos, sobre todo el Garrahan y la de los discapacitados. Parecerìa que hay algo en progresión. Que esto madure no solo depende de la voluntad y no surge por espontaneidad. Una de las conclusiones que sacamos con Lucía era que hay que saber cuando vale la pena hacer cagar a palos. Estas luchas lograron sumar indignaciones, masa crítica y batallas discursivas contra la crueldad. Parece que pegarles a los jubilados todos los miércoles y haberle volado la cabeza a un fotógrafo no fue gratis. Ahora estamos en un tiempo político y la disputa pasó por lo electoral. No hay dudas que algo de todo este proceso de luchas y de broncas se expresó en los resultados de ayer.   

III

 El escándalo de las coimas en discapacidad generó una crisis política sin precedentes. En primer lugar, salpicó al régimen político. De hecho, en el rechazo al veto del aumento en discapacidad, el caso jugó un papel fundamental: era difícil acompañar al presidente en esta cruzada después de ver como su hermana se robaba la plata de un sector vulnerable que estaba sufriendo el ajuste. La clase política le empezó a soltar la mano. Pero además, el hecho de corrupción le pone un límite moral a la cruzada libertaria: ya no puede haber más ajuste ni motosierra. El triunfo de los discapacitados y sus familias no puede leerse sólo como producto de la lucha. Hubo algo de la crisis política que funcionó como elemento de posibilidad para el rechazo al veto. La elección de ayer, ¿terminó de confirmar la crisis política? 

IV

 Cristian, doctor en historia, asesor en temas económicos de sindicatos y docente en profesorados de la Provincia de Buenos Aires, entiende que las malas decisiones políticas aceleraron los tiempos que eran esperables en temas económicos. Lo que uno esperaba a mediano plazo, sucede en el corto. Siempre es bueno repetirlo, la economía es política. Y en el caso argentino más aún. De hecho, a Milei se le quemaron los papeles y escondió sus dogmas. La suerte de su programa económico se la dejó a una elección de medio término desdoblada. Había sido que no todo marchaba acorde a plan. El gobierno libertario transita los intentos de una estabilización inestable donde todavía la inflación no es un problema del pasado, se sostiene el superávit fiscal a costa de no gastar en nada, los dólares escasean y son pocos los sectores que pueden acceder a algunos consumos de bienes importados. Por ello, es necesario dejar de comparar a este proceso con el menemismo. Menem partió de un amplio consenso político para poder votar leyes que posibilitaron las futuras reformas económicas. La ley de convertibilidad fue aceptada por la política y las diferentes fracciones de la burguesía que operaban en el país cerraron filas y nació la comunidad de negocios. Con los primeros años de la convertibilidad, la economía argentina se capitaliza a base de privatizaciones e inversiones extranjeras directas. Las clases medias accedieron al crédito y al consumo, no había inflación, ni déficit fiscal y comercial. Es decir, la estabilización macroeconómica se combinó con la principal fuente de consenso social que tuvieron los gobiernos históricamente para construir hegemonía: consumir. Luego de los resultados de ayer, Milei habló y prometió más ajuste para sostener el esquema. ¿Habrá devaluación antes de las elecciones nacionales de octubre? ¿Cuántas devaluaciones más puede aguantar esta sociedad que ya soportó un año y medio de ajuste? Leandro Bartolotta e Ignacio Gago vienen insistiendo hace rato en que una sociedad cansada y ajustada no le regala gobernabilidad y representatividad a nadie. Mientras no se resuelva lo económico va a estar dificil gobernar.

V

 En definitiva, la elección de la Provincia de Buenos Aires terminó siendo la forma en que se dirimió el malestar económico y social. La piña electoral a Milei puede leerse como una nueva muestra de un acto defensivo de una mayoría contra algo que se eligió para repudiar a lo viejo que fracasó, pero que no funcionó. Si esto es así, el pueblo estaría acumulando una nueva experiencia de frustración. Quizás el peronismo logra aglutinar esa defensiva, pero no convoca, no enamora ni propone una alternativa. En ese marco, la izquierda no logra capitalizar el descontento. A simple vista no hay programa alternativo. No hay ideas y las nuevas referencias no surgen. Corremos peligro si la política se vuelve a comer todo como en el 2017, cuando el peronismo dijo “hay 2019”. Sin nuevas referencias políticas genuinas que salgan desde abajo ni un programa alternativo, corremos el riesgo de volver a sumarnos a la repetición de viejas recetas que nos llevaron a un Milei presidente. 

VI

 Una última idea. Es evidente que hay un piso desde donde podemos resistir, discutir y proyectar. Hay núcleos del buen sentido común que nos pueden ayudar a pensar en futuros mejores. Pero para ello hay que quitarse el lastre de las formas de hacer política desde arriba. Hay que romper la lógica del posibilismo, animarse a transgredir con la palabra y contagiar a otros. Diego Sztulwark escribió en su último libro, El temblor de las ideas, que “la indignación sin lucidez combativa se torna complacencia”. Con Sergio venimos insistiendo en la idea de romper con el malestar politizando todo los espacios que podamos porque no alcanza con la indignación. Y la forma que encontramos es provocando. Aprovechemos este envión para que seamos una mayoría quienes empecemos a provocar y romper con esa complacencia. 

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Por Rocío Prim

Ayer, 30 de diciembre, y como cada año, familiares, sobrevivientes y organizaciones sociales renovaron sus demandas por políticas efectivas de reparación y la expropiación de Cromañón para que se convierta en un Espacio de Memoria. 

La jornada comenzó a las 11:00 con actividades culturales en el Santuario y continuó por la tarde con una misa interreligiosa, otra en la Catedral Metropolitana y un acto en Plaza de Mayo con la lectura del documento elaborado por las organizaciones, que destacó las conquistas en materia de derechos y reparación para sobrevivientes y familiares de las víctimas. Culminó con la tradicional marcha hasta el Santuario de Cromañón, donde hubo un show musical y alrededor de las 22:00 se leyeron los nombres de las 194 víctimas de la Masacre.

Tras años de lucha, el pasado 12 de diciembre la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una modificación a la ley de asistencia a la víctimas que contempla la reparación integral a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica mensual vitalicia para sobrevivientes y familiares. La nueva Ley, que amplía y reabre el padrón para la reparación, reconoce también que los sucesos del 30 de diciembre, hasta entonces conocidos como “tragedia” sean considerados “La Masacre de República de Cromañón”. 

*

“Los balances no son nunca individuales”, sostiene Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, uno de los 194 pibes que murieron esa noche, y referente de la organización Movimiento Cromañón. “Con mis compañeros ayer decíamos que nos llama la atención que a 20 años nuestro movimiento sigue creciendo, aparecen sobrevivientes que no sabíamos que estaban. Aquí en el santuario apareció una chica sobreviviente con una canción, alguien que nunca había podido acercarse”.

Para Silvia, los pendientes en la lucha por reparación para las víctimas “le corresponden a todo el pueblo argentino”; y agrega: “Si pensamos en Cromañón -no solo como el hecho y los responsables y los que tenían que pagarla-, sino como todo lo que está pasando en el país, queda un montón para hacer. Queda preguntarnos cómo estamos mirando a los jóvenes, cómo los cuidamos, qué pasa con la salud pública, qué pasa con la educación; eso es lo que significa Cromañón”. 

Se refiere además a la Ley de Reparación: “Hemos logrado una Ley un poco más justa que la que había, porque contempla considerar derechos para más personas ya que, hasta ahora, la Ciudad de Buenos Aires venía reconociendo mil y pico de sobrevivientes, cuando está claro que si hubiera habido mil y pico no hubiera existido Cromañón porque ésa era la capacidad del lugar. Son más de cuatro mil”. 

Por otro lado, el movimiento consiguió una ley de expropiación para que el ex boliche sea un Espacio de Memoria, esto fue en el 2022, pero ha habido muy pocas acciones para concretarlo. “Hace muy poquito nos enteramos de que entraron a tasar en el lugar sin decirnos nada”, relató Silvia. “Todo lo hacen en las sombras y nos tenemos que enterar por una sentencia o porque teníamos acceso a un expediente, que ahora ya incluso es secreto”.  Y reflexiona: “Tenemos una ley de reparación que mejoró la que existía, pero hay que ver cómo se implementa y una ley de expropiación que es un reclamo justísimo, pero estamos preocupados porque es un país que está planteando cerrar sitios de memoria, no abrirlos”.

Fabiana Puebla también forma parte del Movimiento Cromañón. Es sobreviviente y familiar de la Masacre. La noche del 30 de diciembre fue al recital de Callejeros junto a su compañero José Cantale, de 26 años, quien perdió la vida en el incendio. 

“Una de las mayores demandas que teníamos para este año era nuestra Ley de Reparación Integral y logramos que se haga vitalicia”, relata, “pero seguimos reclamando que se amplíe el padrón, para que todos los sobrevivientes puedan ser reconocidos por el Estado porque después de 20 años todavía hay miles de sobrevivientes que no son reconocidos. Creo que esa es la demanda más grande que todavía nos queda y por la que obviamente vamos a seguir peleando”.

“Las víctimas tenemos que encontrar la forma de organizarnos, hoy marchamos con las mamás del gatillo fácil y con las familias de víctimas de femicidio”, relata Silvia. El paraguas para todas esas víctimas es que el Estado es Responsable. “Esa es una tarea que nos tenemos que dar las víctimas: organizarnos, interpelar al Estado y formar una especie de marea que le exijamos al Estado lo que tiene que cumplir. Esas son las cosas que todavía hoy nos faltan. El otro día alguien me decía “Ya son 20 años, ¿cuándo la van a terminar?”  Y para mí no hay forma de terminarla, porque para eso tendría que cambiar mucho la sociedad y esa parte no la estaría viendo”.

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Por Redacción Marcha / Fotos: Rolando Andrade Stracuzzi 

La noticia de que se libere al asesino de un hijo, de un hermano, de un compañero viene sobrevolando los días de las familias Santillán y Kosteki y de sus seres queridos. Si bien nunca andan solos ni solas, porque la lucha por justicia desde hace más de 22 años es de ellas y ellos, pero también de quienes les rodean. De quienes siguen creyendo que el gesto de Darío es un horizonte de ternura y compañerismo en medio de tanta crueldad por decreto. 

Así recibieron el fallo judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Penal nº 3 de los Tribunales de Lomas de Zamora, donde le otorgaron la libertad condicional al ex cabo de la policía bonaerense Alejandro Acosta.  Y consideran, además, que esta liberación es la antesala de la libertad al otro asesino: el ex comisario Alfredo Fanchiotti, que se encuentra en igual situación, condenado a cadena perpetua por los mismos crímenes.

Por eso el repudio se volvió grande. Más de 300 adhesiones seguían llegando minutos antes de que comenzara la conferencia de prensa, realizada en la sede del SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) en CABA.

Allí, Alberto Santillán, papá de Darío, denunció que “hay dos clases de justicia. Una que actúa cuando tiene que cubrir a los poderosos y otra cuando tiene que dar la libertad a los que el Estado manda a que asesinen”. “¿Y la justicia para mi hijo dónde está?”, afirmó. “¿Y la justicia por los que creen en la vida, por los que quieren un mundo mejor?”, retrucó. Y encauzó la liberación del asesino de su hijo como “una más” tras la renovada y publicitada relación entre políticos de extrema derecha y genocidas durante este gobierno. “La libertad a Acosta es la libertad a los que matan en nombre del Estado”, afirmó categórico.

Desde el espacio de familiares y compañeres de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki exigen que se revea la medida, se retrotraiga y vuelva a cumplir la condena de cadena perpetua a la que fue sentenciado por el asesinato de Kosteki y Santillán, hasta el último día de su vida. 

La vía judicial nunca fue descartada por las familias de Darío y Maxi; es más, esta arista de lucha se renovó ante cada gestión para señalar la responsabilidad institucional. Por eso presentarán hoy un escrito en el que se oponen y argumentan los motivos. “A todos los gobiernos democráticos desde el 26 de junio de 2002, le decimos que siempre nos quisieron sacar del medio, criminalizándonos, pretendiendo corrernos en las calles, algo que no lo lograron ni van a lograr”, afirmó Alberto. 

Por su parte, Mara Kosteki, agradeció la lucha incansable de los Santillán: “Agradezco no solo a Darío por haberse quedado ahí al lado de mi hermano y ser la última persona que le agarró la mano, que lo vio respirar. Sigo agradecida a Alberto por seguir luchando por su hijo y por mi hermano”. Y agregó, emocionada que, ante la falta de condena a responsabilidades políticas, “no vamos a bajar los brazos”. 

“Mientras veníamos luchando para que paguen los responsables políticos, liberan a Acosta”, agregó Leo Santillán, quien se refirió al contexto actual: “Es entendible, ¿no? Porque, como decía mi viejo, hay dos clases de justicia y en estos tiempos que están corriendo los beneficios que se le están dando a represores y genocidas van de la mano con las persecuciones hacia las organizaciones populares”. 

Leo recordó la narrativa del gobierno de Eduardo Duhalde, el máximo responsable político de la Masacre. “Cuando nos reprimieron en el Puente Pueyrredón, intentaron decir que queríamos desestabilizar, que estábamos armados, que atacamos a la policía con piedras y palos”, exclamó, “mientras en las placas de los noticieros confirmaban que había dos muertos, que eran Darío y Maxi, nosotros no lo sabíamos”. Y se refirió al momento represivo actual como una “continuidad” de ese intento de criminalizar a quienes se organizan.

“Había una intencionalidad de otorgar esta libertad” 

Paula Alvarado Mamani es la abogada que lleva la causa en los tribunales provinciales y que presentó en el Juzgado Federal de Ariel Lijo el pedido para que la responsabilidad por los asesinatos no prescriba y sea reconocida como “crimen de Estado”. Durante la conferencia de prensa advirtió que los pasos judiciales ya mostraban el camino hacia la libertad de Acosta y muy probablemente, también la de Fanchiotti.

“El argumento para que la Cámara de Garantías acepte la libertad de Acosta es que cumple con determinadas condiciones”, informó Alvarado Mamani: “informes psicológicos, actividades extras, todo le da 10 según las evaluaciones del Servicio Penitenciario”. Leyó textual uno de los informes, que el condenado “asume su postura crítica, logrando contextualizar las circunstancias que atravesaba en aquel momento, y pudiendo valorar los motivos que condujeron a su participación en los hechos”. 

La abogada adelantó que presentará un recurso en las próximas 24 horas para apelar esta condicional, pero aseguró que “claramente había una intencionalidad de otorgar esta libertad”. Denunció, además, la continuación de la complicidad entre quienes ejercían en 2002 el poder y las responsabilidades políticas territoriales y quienes hoy están –a pesar de los años– en el Poder Judicial del distrito de Lomas de Zamora. 

Alvarado Mamani contó, además, que el ex comisario Fanchiotti le escribió en junio pasado una carta y se comunicó con ella a través de WhatsApp para pedirle que lo visitara en la Unidad 11 de Baradero para hablar sobre su situación: “Manifestó el tema de las responsabilidades, trató de correr su culpabilidad porque ‘las pericias fueron realizadas de una manera que lo perjudicaron’. Tiró varios nombres y que iba a profundizar cuando yo vaya, pero no sucedió”.

¡No queremos asesinos sueltos!

Al igual que octubre, junio arde históricamente. Los asesinatos de Estado cometidos contra Darío y Maxi nos recordarán siempre el país que habitamos, pero también son el faro que nos guía. Hoy la amenaza sigue latente; como en aquel 26 de junio hay un plan del gobierno -en 2002 fue de los gobiernos nacional y provincial- que pretende enviar señales “ejemplificadoras” en una situación de conflictividad social, que responda a la demanda del poder político y económico de castigar la acción directa que cortaba calles y rutas ayer o que protesta contra una ley nefasta hoy.

Por otro lado, aquel 26 de junio, actuaron en conjunto las tres fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal (además de la policía bonaerense) con la excusa de que cortar el Puente Pueyrredón era tomado como “una acción bélica”. El 12 de junio pasado, mientras se votaba de espaldas al pueblo la Ley de Bases, se repitió esa acción conjunta: estuvieron Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal.

Por eso revisar la historia, seguir luchando por una herida que sigue abierta, es traer al presente recuerdos pero también alertas cuando se repite el accionar de los poderes ejecutivos, policiales y judiciales en conjunto. En ese sentido, familiares y compañeres aclaran: “No podemos dejar de señalar el contexto de impunidad abierto por el actual gobierno de Javier Milei, que intenta por todos los medios a su alcance liberar a los genocidas de la última dictadura militar, proteger a los represores de las manifestaciones populares y estigmatizar y encarcelar a quienes protestan y luchan contra el brutal ajuste económico que padece el pueblo”.

Tras 22 años de lucha y pedagogías, el hermano de Darío hizo memoria: “Acá hay dos familias que nos ha tocado vivir momentos muy duros, pero no nos corrimos de las calles porque nuestra lucha es también por la calidad de vida”. Y se refirió a la unión de causas: “Estamos por Darío y Maxi, pero también por otras luchas, porque entendimos que tenemos que generar lazos donde apoyarnos para saber que no estamos solos”.

Hacia el final, un grito colectivo que estremeció a quienes ya se abrazaban. Darío y Maxi siguen “presentes”. Así lo dijo una vez más Leo: “Hasta el final de nuestros días vamos a hacer esta lucha porque si no, no seríamos coherentes con lo que hizo Darío cuando nos cuidó, cuando nos dijo que no vayamos, que él se quedaba. Él nos enseñó que, aun en un momento tan jodido como el que le tocó vivir, siempre se puede resistir”.

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Por Redacción Marcha / Foto de portada: Susi Maresca

En medio de una represión feroz, la “Ley Ómnibus” fue aprobada esta tarde en la Cámara de Diputados y será tratada el próximo martes 6 de febrero. Este proyecto, reúne los principales objetivos políticos y económicos que piensa impulsar Javier Milei para desmembrar la soberanía popular. Se trata, también, de una ley que privilegia a gran parte de los grupos concentrados del poder económico local y multinacional. Empresas que el Ejecutivo necesita a su lado para impulsar la captura del Estado y un plan de desestabilización.

Febrero de 2024 será recordado entre las fechas más tristes para el Congreso de la Nación así como para todo el pueblo argentino. Allí, una parte de sus legisladores decidió ser cómplice con una serie de medidas que, incluso luego de su votación, aún no se conocen con claridad. Lo que sí se sabe es que entre el conjunto de los artículos negociados se encuentra la privatización de empresas nacionales, la aprobación de reformas más punitivistas para el Código Penal, la restricción de libertad de expresión y del derecho a la protesta, la entrega de los bienes comunes y culturales de los pueblos, la flexibilización laboral y, como quedó demostrado, mucha más represión para quienes se oponen.

Además del PRO, de quiénes ya no esperamos nada. El interbloque denominado “Hacemos Coalición Federal” integrado por legisladores y legisladoras de los partidos “Cambio Federal”, “Republicanos Unidos”, “Coalición Cívica” y “Hacemos por Córdoba”, son quienes avalaron los métodos antidemocráticos impulsados por “La Libertad Avanza” durante los últimos 50 días de su gobierno. Y son, en su mayoría, quienes decidieron frente al balotaje del 19 de noviembre transferirles su caudal electoral que hizo la diferencia en el triunfo de Javier Milei. Estos partidos, que se mostraron muy preocupados por los valores democráticos durante el debate, eligieron colaborar con un gobierno que anhela convertirse en un régimen autoritario. Pero los pueblos no olvidan.

El bloque del Ejecutivo no podría haber logrado los números para la aprobación de esta media sanción ya que no cuenta con un número considerable en el Congreso que le permita realizar aprobaciones automáticas. Y es que “el presidente más votado en la historia” ganó en la segunda vuelta electoral gracias a éstos armados políticos que ahora deambulan desconcertados entre el oficialismo y la oposición. Su única brújula les indica la orientación política necesaria para distanciarse del peronismo, aunque esto signifique avalar negacionistas.

Ciertamente ese “56% electoral” tan aclamado por el Ejecutivo y el paraoficialismo, no se transforma automáticamente en respeto y legitimidad. Por el contrario, la aceptación política se construye con las decisiones de gestión. Decisiones capaces de aliviar el bolsillo y las vidas de quienes habitan los territorios, políticas concretas y directas que evidencien su liderazgo más allá de la lógica de las redes sociales. Este rechazo se pudo ver claramente en el masivo Paro General del pasado 24 de enero, una jornada federal e intersectorial que sorprendió con su nivel de acción y articulación.

La guita no alcanza. El hambre nos pisa los talones y desde el Ejecutivo el gesto es cortar el envío de alimentos a los comedores populares y además reprimir a quienes reclaman ayuda y la restitución de políticas alimentarias. “El esfuerzo” para sacar el país adelante encontrará un límite porque no alcanza para sostener la vida cotidiana: ya sea para comer o para pagar el transporte para ir a trabajar. A medida que veamos desvanecer los salarios (para quienes lo perciben), seguramente veremos desvanecer la legitimidad del gobierno y también, de las fuerzas del cielo. Que serán reemplazadas por las de siempre: las manos obreras. Las del pueblo con conciencia de sí.

Una “Ley Ómnibus” que se debatió durante un mes, que tuvo sesiones informativas y que empezó siendo conformada por 600 artículos que buscaban sentar bases y principios para la reforma del Estado pero que terminó siendo un alegato para la libertad de los grupos concentrados de poder ya que, en lo concreto del tratamiento -o mejor dicho en la negociación para el dictamen de mayoría- quedaron afuera más de 300 de esos postulados.

Un marco de negociaciones teñido de ilegalidad ya que se denunciaron reuniones fuera del parlamento y difusión a discrecionalidad del texto del proyecto de ley a medios y periodistas afines al oficialismo y al paraoficialismo antes que a las y los legisladores de los bloques opositores. En un rol protagónico de una supuesta oposición que en nombre de la “gobernabilidad” ayudó a la sanción más al ejecutivo que el propio presidente y su gabinete.

Un texto que pretende ser gobierno ya que, ¿quién gobierna de esta forma? Una captura del Estado total por parte de los poderosos que se traducirá en destrucción. Unas facultades delegadas para decretar ante la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Y no habrá circo de perros o novias alquiladas, reuniones con CEOs o discursos baratos que puedan compensar la desilusión que provocará la crueldad ante el voto que definió el pueblo.

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Por Ana Paula Marangoni 

A 5 años de la muerte del fiscal Nisman, un grupo de personas se congregó en Plaza de Mayo para reclamar justicia. La contaminación de las fuentes de Plaza de Mayo, teñidas de rojo, parece ser la metáfora más atinada para expresar de algún modo, lo opuesto a la opinión de quienes acudieron a la cita. Porque si hay un rastro contaminado hasta el absurdo, es el del misterioso fiscal sobre el que se investigó mucho la única escena incontaminada, su baño, y muy poco sobre sus vínculos mafiosos al interior de la corporación judicial.

El reciente estreno de la serie documental “El fiscal, la presidenta y el espía”, dirigida por el británico Justin Webster, produjo un antes y un después en la opinión pública y mediática sobre la muerte de Nisman. Y es que, en su favor, reúne declaraciones más que relevantes, y difíciles de obtener: la del ex agente de inteligencia Jaime Stiuso; el supuesto “espía Camporista” de la denuncia del fiscal, Allan Bogado; Ross Newland, delegado de la CIA en Buenos entre 1997 y el 2001; y James Bernazzani, agente del FBI enviado especialmente para colaborar en la investigación AMIA. A los testimonios de lujo, se suman los de Laura Alonso y Diego Lagomarsino, entre muchos otros.

Mientras que una serie no puede ser más que eso, y no reemplaza el deber de esclarecer un caso desde el ámbito judicial (además de que nadie está obligado a decir la verdad para una producción audiovisual), el rompecabezas de testimonios extiende una cantidad de vericuetos hasta hace poco desconocidos en detalle para la opinión pública. La secuencia de testimonios permite contrastarlos; y, sin dar veredicto, al modo de las novelas policiales, le permite al espectador realizar su propia pesquisa, facilitando a su debido tiempo cada llave para resolver los enigmas de la investigación.

De las declaraciones se desprenden, inferencias mediante (hay un cuidado excesivo en no mostrar en ningún momento un rumbo tendencioso), una cantidad de infidencias más que alarmantes, no ya sobre las causas de la muerte del fiscal, sino sobre sus prácticas en vida. Queda en evidencia, con el correr de los testimonios, que el fiscal Alberto Nisman armaba causas a partir de datos aportados por inteligencia (directamente por Jaime Stiuso), y de muy difícil (o improbable) verificación. Es decir, no sólo tomaba información del espurio agente de la ex SIDE, sino que directamente operaba con sorpresivas primicias cuya verificación (elemento indispensable para el debido funcionamiento de la justicia) resultaba por lo menos dudosa. Esto ya había sucedido con la causa AMIA, y lo mismo ocurrió con la denuncia que presentó días antes de su muerte. En su última presentación televisiva, en el programa “A dos voces” de TN, el mismo fiscal exponía como máxima prueba de su denuncia una serie de escuchas absolutamente ilegales, algo que a los periodistas más prestigiosos de los últimos 50 años no les llamó la atención.

Una de las novedades que en el documental más se desarrolla, y no tiene sentido aclarar aquí, es que la denuncia presentada contra el gobierno de CFK por el Memorándum con Irán no resistía la menor revisión, y estaba plagada de errores fácilmente posibles de desmentir, entre ellos, la identificación de Allan Bogado como agente de inteligencia del gobierno, quien en distintas ocasiones ha cambiado ligeramente sus declaraciones. En la serie reconoce que respondía a Stiuso para reunir datos y que el contenido de las escuchas formaba parte del “verso” que realizaba él mismo, haciéndose pasar por hombre del gobierno, para ganarse la confianza de aquellos a quienes investigaba.

En una reciente entrevista con Gustavo Sylvestre y Ariel Zac para Radio 10, posterior al estreno de la serie, llegó a afirmar que integrantes de Presidencia (concretamente, el ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis) del gobierno de Mauricio Macri lo guionaron para declarar en contra del gobierno de Cristina Fernández, en la causa de Nisman sobre el Memorándum que tomó el juez Bonadío. Nunca explica con suficiente claridad su trabajo para inteligencia, ni por qué lo denunció Stiuso en noviembre de 2014 como falso agente de la ex SIDE, ni cuánto sabe sobre Nisman, AMIA, o la comunidad iraní en Argentina. Desliza que Stiuso le tendió una trampa a Nisman y que omitió intencionalmente comentarle acerca de la denuncia que él mismo había hecho a Allan; sugiere que falta investigar las llamadas de y a Nisman antes de irse a Europa y las razones que tuvo para volver de urgencia de Europa, dejando a su hija sola en el aeropuerto; insiste en investigar las comunicaciones entre Patricia Bullrich, Laura Alonso, Alberto Mazzino y Jaime Stiuso. Deja más dudas que certezas, y no escapa de la sospecha. Pero parece inverosímil que no se hubieran podido reconstruir contactos y movimientos del fiscal, al menos entre uno y dos meses anteriores a su muerte.

Sí queda en claro que el entonces fiscal, en lugar de investigar, delegaba en agentes de inteligencia las presuntas “investigaciones”, a las que simplemente les daba un marco legal, sin corroboración alguna. Esta pista debería al menos escandalizar a quienes se golpearon el pecho en contra de la impunidad y la corrupción, incluyendo a los manifestantes en la plaza de mayo que insisten en el presunto homicidio por parte de allegados a Cristina Fernández, sin la más absoluta prueba, pero que no cuestionan que en 4 años de gobierno macrista la causa no haya alcanzado la sentencia.

Otra pista de las aguas contaminadas que se expone en la serie es el trabajo de Diego Lagomarsino. El informático, que logró imponer su apariencia de che pibe ingenuo era testaferro de una cuenta de Nisman y le daba a su jefe la mitad de su sueldo. Dos hechos claros de corrupción que indicarían, para comenzar, malversación de fondos, de abusos de poder y prácticas intrínsecamente corruptas del fiscal Nisman.

Por fuera del documental, hay otros asuntos que tampoco han sido investigados: los ingresos del fiscal no justificados con su sueldo. La cantidad de propiedades, los gastos, y el departamento en Le Parc que alquilaba sin contrato alguno. ¿De dónde provenía ese dinero? ¿Quién financiaba a Nisman?

Por último, otro dato pasado por alto son las llamadas y mensajes con dueños de agencias de modelos, y su vínculo habitual con modelos, demostrado en mensajes y fotos. ¿A nadie llama la atención esto? ¿Cuál es la red de prostitución VIP a la que el fiscal, como tantos otros, suscribía? Si los ricos tienen el poder de investigar y hacer justicia, ¿quién se ocupa de juzgar sus redes clandestinas?

Investigar la muerte de Alberto Nisman parece ser un camino que permite descubrir uno por uno los pecados capitales del fiscal, y el intento desesperado de algunos círculos por desviar esta pista hacia la hipótesis de su homicidio.

Tanto la serie documental como las investigaciones que surgieron y se potenciaron a partir de su estreno, dan cuenta de un fiscal altamente corrupto que obtenía y lavaba dinero ilegalmente, que operaba para agentes de inteligencia en lugar de investigar, que obstruyó la búsqueda de justicia en la causa AMIA, que muy probablemente tenía consumos en redes de prostitución VIP, y que, finalmente, presentó una denuncia contra el gobierno sin ningún respaldo ni sustento legal.

El estado de su causa, el obrar de Arroyo Salgado, las idas y vueltas de la causa AMIA, y las irregularidades del juez Bonadío, entre otros, son las piezas inconexas de una casta judicial que sustenta niveles de vida exultantes para que nunca se resuelva ningún caso. La verdad, para ellos, es pura frivolidad.

La muerte de Nisman parece hoy una novela interactiva que cada una y cada uno lee desde un ángulo diferente, armando su propia versión de los hechos. Una suerte de Rayuela escalofriante, sin pasajes románticos, con abundancia de episodios sórdidos y plagada de huecos argumentales. Para quien escribe, es sin dudas la historia de alguien que terminó ahogándose en las aguas turbulentas del poder. Aguas que el común de los mortales tan poco conocemos pero que, a la vista, huelen muy mal.

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Marcha dialogó con Claudia Díaz, una de las fundadoras de la cooperativa que gestiona desde hace 15 años el hotel del pueblo de Pipinas, una localidad al este de la provincia de Buenos Aires. “Cuando empezamos estaba completamente cerrado, sin agua, sin luz, sin camas, no tenía nada”.

Primero, el tren dejó de pasar. Después, cerró la fábrica. La gente se fue del pueblo y las casas quedaron vacías y deshabitadas. El hotel dejó de funcionar, las canchas de fútbol se convirtieron en unos pastizales impenetrables y la pileta, pública, gratuita y gigantesca, estaba completamente abandonada. Era el año 2001 y, con un país roto por la crisis económica y social, Pipinas estaba condenado a desaparecer.

“Nosotros somos criados y crecidos en Pipinas. Nuestros viejos, habitantes de esta localidad, eran obreros rurales e industriales. Y decidimos organizarnos como cooperativa para generar fuentes de trabajo. Lo hicimos mirando el hotel, que estaba en ruinas pero para nosotros era un castillo. Comenzamos en el 2002, nos armamos como cooperativas en el 2003 y en el 2004 la Municipalidad cedió y accedimos a las llaves del predio”, recuerda Claudia Díaz, una de las fundadoras de la Cooperativa de Trabajo Pipinas VIVA. Esa iniciativa desató una ola de esperanza para la comunidad y se convirtió en una postal del renacimiento.

Gestionado por sus propios trabajadores y trabajadoras, el hotel está emplazado en el corazón de Pipinas, al borde de la ruta 36, en el partido de Punta Indio, este de la provincia de Buenos Aires, a sólo 150 kilómetros al sur de la Capital Federal y camino a la Bahía de Samborombón. Con una estructura amplia y una cálida atención, el espacio cuenta con cómodas habitaciones, un servicio de restaurante, servicios de lavandería, conexión a internet y piscina. Sin rejas ni alarmas, entre el silencio y la calma de la naturaleza pampeana, la posada está envuelta por un infinito pasaje de álamos que invitan a caminar y conocer el Museo a Cielo Abierto, un conjunto de murales pintados sobre los pequeños hogares de la zona. El río, a 20 kilómetros, permite disfrutar del Parque Costero, una reserva mundial de Biósfera.

Pipinas nació en 1913 con la llegada del ferrocarril. En 1936 el ingeniero cordobés Marcelo Garlot detectó que el pueblo estaba asentado sobre un imponente yacimiento de conchilla calcárea, que es la materia prima para la elaboración del cemento. Al año siguiente se creó la cementera CORCEMAR. “El pueblo se armó alrededor de la fábrica. El humo salía todo el día de la chimenea y acá hubo unos 3500 habitantes. Sin embargo, ya en 1991, en una época muy similar a la que nos está aconteciendo hoy en la Argentina, CORCEMAR fue adquirida por Loma Negra, su mayor competidor. Después Loma Negra hizo un boicot para sacarla del mercado y en una década la vació y la cerró. Y también cerró el barrio CORCEMAR, una zona donde vivían más de 70 familias”. En esa época el hotel estaba completamente cerrado, sin agua, sin luz, sin camas ni colchones.

“Cuando empezamos a trabajar en este proyecto decíamos que Pipinas era como una comunidad después de un desastre natural. En esos tiempos estábamos todos muy destruidos, con muchas problemáticas de desocupación. Además Loma Negra tuvo una tarea importante en provocar el cierre de la fábrica y en afectar la psicología de la comunidad. Todo el tiempo mintió, prometió que iba a reabrir y eso nunca pasó”, rememora Claudia.

“Nos diferenciamos de la definición de ‘pueblo fantasma’ porque siempre hay personas o familias que se quedan y resisten. Por eso decidimos que son ‘pueblos que laten’. En ese marco posterior al 2001, observando las experiencias de las fabricas recuperadas y del movimiento cooperativo, adquirimos el formato pero con una orientación al turismo. Y con una propuesta distinta, de turismo comunitario, garantizado, hecho y planificado por la gente del lugar. Ahora el pueblo esta fortalecido, con más habitantes, somos 1200, el hotel está en pie, cumpliendo 15 años y con un proyecto enorme de cara a los próximos años y con el espíritu intacto”.

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El próximo miércoles 30 de enero, familiares y sobrevivientes de Cromañon se movilizarán desde la Jefatura de Gobierno hasta el Santuario, con actividades y conferencia de prensa. Se manifestarán contra la entrega del boliche y el intento de borrar la memoria.

A solo 30 días del catorceavo aniversario de la Masacre de Cromañon, familiares de víctimas y sobrevivientes organizarán actividades y una conferencia de prensa para denunciar y rechazar la entrega del boliche a uno de los máximos responsables de las muertes de las 194 jóvenes vidas, aquel 30 de diciembre de 2004. A las 11.30 hs., desde la Jefatura de Gobierno se dirigirán al Santuario donde se realizarán actividades culturales y a las 17.30 hs. se realizará una conferencia de prensa de familiares y sobrevivientes.

El Poder Judicial, después de 13 años, decidió entregar el boliche “República Cromañon” a la empresa “Nueva Zarelux S.A.”, propiedad de Rafael Levy, condenado como principal responsable de la Masacre que estuvo preso y ahora se encuentra en libertad condicional.

Desde Marcha dialogamos con Silvia Bignami, madre de Julián Rozengart, víctima de Cromañon. Ella es integrante de Sobrevivientes, familiares, amigos y amigas de víctimas de Cromañon e integrante de Pañuelos en Rebeldía. Silvia se refirió a las consecuencias que implica la entrega del lugar.

“Hay una consecuencia muy concreta en el ánimo de familiares y sobrevivientes. Nosotros y nosotras nunca más entramos allí y hay pertenencias de nuestros seres queridos. Si bien a veces nosotros y nosotras demoramos para decir que queremos del lugar, porque no es un lugar que no nos afecte, no nos da lo mismo. La entrega trae consecuencias muy severas por lo menos en dos planos. Uno en relación al barrio de Once. Es un barrio muy castigado por la trata, por la corrupción, por todo lo que no está permitido”.

Nueva Zarelux S.A. es una sociedad offshore que fue creada en 1997 en Uruguay,  cuyo dueño es Rafael Levy que fue condenado en diciembre de 2014 a cuatro años y medio de prisión por la muerte de 194 personas y las lesiones de más de 1400 ocurridas en la masacre del barrio de Once.

Bignami continuó: “Levy fue acusado por varias organizaciones de tener abierto un boliche, no Cromañon, sino otro que tenía que ver con la trata y toda clase de negocios sucios y de ser el responsable máximo de lo que ocurría en Cromañon y en el hotel aledaño que es todo de él. Si le permitimos volver, entonces la gente de Once, en particular sus jóvenes, corren riesgo porque si le dan sin ninguna restricción el boliche puede poner otro boliche y como le da todo lo mismo a lo mejor pueda volver a ocurrir” (otra tragedia).

“Las consecuencias sobre el ánimo de familiares y sobrevivientes son difíciles de medir”, expresó Bignami. “Además están las consecuencias sobre la memoria del conjunto de la población: se puede barrer con la memoria. Nosotros y nosotras estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sostener un santuario, sostener la memoria del 30 de diciembre, volver a insistir cada vez que vuelve a ocurrir que el Estado es responsable, que el Estado y los empresarios son responsables y todo eso tiene que ver con borrar la memoria. O sea, le doy el boliche, le doy la llave y vuelve a hacer un negocio que no se sabe cuál va a ser y todo esto sin ninguna consulta ni a sobrevivientes ni a familiares, así que las consecuencias son graves”.

“No existe ningún familiar que esté a favor de semejante barbaridad. Nosotros y nosotras queremos participar de las decisiones, nosotros y nosotras pensamos en un espacio de memoria, que se determine con el conjunto de familiares y no con una ONG ignota. Queremos ver qué queremos hacer y cual será la manera que tenga más impacto en el espacio de la Ciudad. Un espacio de memoria, en eso hay que ponerse de acuerdo”.

La Causa

Bignami hizo un breve detalle de la Causa Cromañon. “La Causa Cromañon fueron varias causas. Hubo juicio contra bomberos donde hubo condenas importantes. Hubo juicios de tipo administrativo, no penales y hubo dos grandes causas, Cromañon 1 y 2, que fue como la división de la Causa principal, en donde en una fueron Chaban, su lugarteniente, los músicos y los funcionarios de la Ciudad y en la segunda fueron algunos funcionarios, pero sobre todo Levy, el dueño del boliche y participante de una empresa off shore. Todos esos juicios están terminados, hubo importantes condenas. Por primera vez en la historia, a cuatro funcionarios públicos de la CABA. Hubo condenas al Subcomisario por corrupción y la condena a Chaban y Villareal,  su lugarteniente. Sin duda fueron condenas importantes por lo que significa Cromañon, como la complicidad del Estado y quienes hacen negocios a costa de la vida. No se logró que el principal responsable político fuera llevado a juicio, es decir, Anibal Ibarra. Solo se logró su juicio político, donde consiguió la destitución, que está prevista por la Constitución de la CABA, que fue histórica. En relación a la causa, el único que sigue preso es Vázquez, el batero de Callejeros, que es un femicida y por lo tanto tiene perpetua”.

Justicia o Poder Judicial

“Nosotras y nosotros no creemos en ese Poder Judicial. Cuando se dice la Justicia determinó habría que decir el Poder Judicial porque la Justicia es mucho más que eso. Justicia es que no se vuelva a repetir, justicia es que los responsables sean escrachados, algo un poco más fuerte que algunos responsables condenados con condenas que son mínimas. El conjunto de los responsables está en libertad. Levy está en libertad condicional y en el medio de su libertad condicional le dan a su apoderada, la misma que estaba en la época de Cromañon, Ana Rothfeld, las llaves del boliche”.

“En relación a la Causa, esta fue empujada por el conjunto de familiares y sobrevivientes, tantos por quienes creían bastante en la justicia como por quienes no creíamos en esa justicia del Poder Judicial y hemos logrado un montón.  Sin embargo no es suficiente, no está el principal responsable y sobre todo se han seguido repitiendo cuestiones vinculadas a la vida y a la corrupción y al desprecio por la vida”.

“Para ayudar a romper esa lógica de muerte, están la lucha y la memoria”, nos decía Silvia el último 30 de diciembre, al conmemorarse el 14º aniversario de la Masacre, quizás como decía “porque las condiciones que dieron origen a la Masacre siguen intactas año tras año, toca denunciar más hechos vinculados a la lógica Cromañon: la muerte joven, la ganancia a toda costa, la desidia como una de las caras del Estado. Presencia para reprimir a las y los jóvenes a la vez que ausencia para cuidarles”.

Por eso hoy la consigna No Olvidamos, No Perdonamos y No nos Reconciliamos. El Estado es responsable, está presente frente al intento de borrar la memoria.

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Cromañon 14 años después:” No Olvidamos, No Perdonamos, No Nos Reconciliamos”

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En un año electoral decisivo para la continuidad de Cambiemos, la reforma del sistema penal juvenil vuelve a ocupar la agenda pública. La baja de edad de imputabilidad, un recurso que se repite cada año impar cuando las urnas asoman, ocupa una vez más las tapas de los diarios. ¿Qué tiene de particular esta vez?

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad es recurrente, por lo menos en los últimos 10 años de historia argentina. El disparador suele ser algún asesinato perpetrado por un chico de menos de 16 años que sirve como punto de apoyo para reavivar la discusión sobre la reforma del sistema penal juvenil.

Invocando a la “puerta giratoria” y una justicia inoperante que sólo garantiza los derechos de los asesinos, los medios masivos de comunicación refuerzan la demanda con una secuencia de noticias, repetidas hasta el hartazgo, que buscan instalar una versión de la realidad según la cual bandas de delincuentes juveniles atemorizan día y noche a los y las ciudadanas ilustres. El Señor de las Moscas sería un cuento de hadas en comparación a vivir en un barrio del conurbano bonaerense.

Hagamos memoria

Esta discusión viene de largo en la agenda política del país. Podemos retrotraernos a 2008 para escuchar al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente en 2015, Daniel Scioli, reclamando en una entrevista la baja de edad de imputabilidad para delitos graves, hecho que él mismo se encargó de rescatar de los archivos hace 2 años, vía Twitter. Un año después, respaldado por su entonces Ministro de Justicia Ricardo Casal, y ante el asesinato del camionero Daniel Capristo en abril de 2009, cometido por un chico de 14 años, el ex motonauta volvió a reclamar la baja de edad de imputabilidad. A fines de ese mismo año, un proyecto de ley obtuvo media sanción en Senadores pero no logró pasar la votación en la Cámara Baja y perdió el estado parlamentario.

Dos años después se repetía la secuencia con el asesinato de Fabián Esquibel por un muchacho de 15 años. A los reclamos de Scioli y Casal se sumaron el actual presidente Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, y el exdiputado bonaerense Francisco De Narváez.

En 2013 Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora y candidato a diputado en ese entonces del Frente para la Victoria (FPV), reavivó el debate y fue ampliamente repudiado, incluso por compañeros de su propio armado electoral como Juliana Di Tullio o Carlos Kunkel. Tres años después, el massismo presentó un proyecto de ley con la misma propuesta.

En 2017, la actual gestión cambiemita puso el tema nuevamente en agenda de la mano del Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, proponiendo bajar la edad de imputabilidad penal a 14 años para delitos gravísimos (homicidios, violaciones y robos con armas) y a 15 años para delitos muy graves.

Medios al servicio

Cambian los nombres y los partidos pero la demanda siempre es la misma. Los antes mencionados son sólo algunos de los pedidos recurrentes para endurecer el sistema penal juvenil en los últimos tiempos. Este año, el oficialismo vuelve a la carga proponiendo bajar la edad de imputabilidad a 15 años y cuando se trate de “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. ¿Volverá a caer la criminalización de los y las jóvenes en saco roto?

Dejemos de lado el insípido argumento de que se trata de una estrategia del gobierno para “distraernos” de la profunda crisis económica en la que están sumergiendo al país. La manipulación informativa es una constante a tener siempre en cuenta, pero resulta insuficiente para hacernos olvidar de la pérdida de poder adquisitivo o de la inflación más alta de los últimos 27 años. Con esa misma lógica se argumentó que la discusión por la legalización del aborto “tapó” las brutales corridas cambiarias del año pasado. Como nos dijera Pablo Alabarces en relación al Mundial de Rusia, “la política, la economía, los problemas sociales, la falta de trabajo o lo que fuere, no se difunde por los medios, se experimenta como vida cotidiana”.

Doctrina de las “nuevas amenazas”

Si se tiene en cuenta que el pedido de endurecer el sistema penal viene fracasando desde su reforma en 1983, en el ocaso de la dictadura, y la enorme solidez de los argumentos en contra de la baja de la edad de imputabilidad (ya sea la regresividad jurídica que implica, la mínima injerencia de menores en delitos graves o el punitivismo como única respuesta estatal), ¿qué podría llegar a indicar que esta vez la reforma será real?

El tinte diferencial que tiene esta discusión esta vez es la suscripción del gobierno nacional a la doctrina de las “nuevas amenazas”, elaborada por el Comando Sur de Estados Unidos, con el pleno respaldo de otro Estado bélico: Israel. Estas relaciones exceden ampliamente lo teórico y ya se tradujeron en compras de hasta 2 mil millones de dólares en armamento de guerra a la primera potencia mundial y software de espionaje al Estado sionista. Tal como lo manifestara la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en aras de la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”.

Esa doctrina ya se puso en práctica con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en el marco de un operativo de Gendarmería y el asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura, con el aval explícito del Poder Ejecutivo Nacional. Lo mismo sucedió con el policía Chocobar que asesinó al ladrón Juan Pablo Kukoc por la espalda, o los cientos de casos de gatillo fácil que suceden cotidianamente en los barrios populares, tal como relevó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) con alrededor de mil casos en tres años.

Esta doctrina coloca a la “seguridad nacional y el orden público” como los principales bienes a ser protegidos, por encima de la vida de cualquier persona. Como si el terrorismo fuera una preocupación real para el país. Esta noción tiene efectos nefastos en la concepción de la seguridad interior, con un recrudecimiento de la represión policial y con la habilitación a las Fuerzas Armadas de actuar en tareas internas. Una doctrina que se impone en toda la región casi al mismo tiempo.

A esto se suma el gasto sideral en armamentos, con el argumento de garantizar la seguridad para la Cumbre del G20 que tuvo lugar en Buenos Aires el año pasado. Son significativos también los recortes en Educación y Ciencia destinados a engrosar el presupuesto en materia de Defensa y la compra de pistolas Taser (catalogadas como elementos de tortura según la ONU) para equipar a las fuerzas de seguridad en aeropuertos, subtes y trenes, entre otras decisiones políticas en pos de militarizar a las fuerzas represivas nacionales. En este contexto, la persecución punitiva de los y las más jóvenes toma un significado mucho más preocupante, mientras se desarticulan políticas públicas de contención y se cierran escuelas para las infancias vulnerables.

El Estado policial que propone el macrismo pareciera más una reacción a las demandas de la sociedad apaleada por la crisis que a una real amenaza terrorista. Producto de una creciente desocupación y conflictividad laboral, sumado a la eliminación de políticas públicas de protección, el gobierno se enfrenta a un movimiento sindical de larga tradición combativa (más allá de los obsecuentes de siempre), a los movimientos sociales, partidos políticos de izquierda y al creciente movimiento de mujeres y disidencias sexuales.

Criminalización de la protesta

Mientras tanto, el Poder Judicial avala la persecución de quienes se enfrentan al proyecto neoliberal que encabeza el gobierno de Cambiemos a través de la criminalización de referentes sociales y manifestantes, con el fin de limitar la acción colectiva. El caso de Milagro Sala, presa sin condena hace tres años, fue señero e inaugural en el accionar del Poder Judicial asociado al poder político y sus conveniencias. Una detención arbitraria y sin garantías constitucionales mínimas, sin respeto a la presunción de inocencia y la libertad durante el proceso penal. Han llegado a desoír incluso un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto del caso.

Cuando el Estado reniega de su función social y entiende que su única obligación para con la sociedad es el castigo, los y las más vulnerables son quienes más sienten las políticas punitivas: niños, niñas y adolescentes, sobretodo de los sectores populares.

Es probable que el gobierno intente ir a fondo con la reforma penal juvenil, envalentonado por el efecto Bolsonaro que promete un retroceso en materia de derechos humanos muy grave en Latinoamérica. Será cuestión de medir fuerzas con los distintos actores sociales, quienes han logrado torcerle la mano al macrismo en más de una ocasión, como en el amplio repudio a la ley conocida como “2×1” que obligó a retrotraer la medida. El fascismo latente en nuestras sociedades del Cono Sur, al igual que en otras regiones, asoma los colmillos. Y lo hace cada vez con menor disimulo.

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Después de 60 años en actividad cerró la histórica Pizzería Roma, dejando en la calle a casi 40 familias. Los dueños tapiaron la entrada y enviaron los telegramas de despido. La policía se apostó en la puerta. Como forma de protesta, los y las trabajadoras ocupan el local desde hace 1 semana.

Unos gigantescos bloques de madera tapan la entrada de la emblemática pizzería Roma, ubicada en la peatonal Lavalle, a pocos metros de la Avenida 9 de Julio. El muro, colocado sobre el extenso frente vidrioso, se levantó durante la madrugada del miércoles 26 de diciembre. Ese día, la pizzería abrió sus puertas y funcionó con total normalidad. Un día después, el jueves 27, cuando lxs empleadxs llegaron temprano para cumplir con sus tareas habituales el local estaba completamente tapiado. Sus dueños, Fernando y Daniel Sarlenga, propietarios también de la pizzería Nápoles ubicada en Callao y Rivadavia, no les avisaron nada y comenzaron a mandar los telegramas de despido. Antes les habían dicho que iban a cerrar desde el 2 de enero por reformas. Ahora se rehúsan a hablar con los y las trabajadoras. En total, casi 40 familias quedaron en la calle de un día para otro.

Ante el abandono de los patrones, y en reclamo por la continuidad laboral, las y los trabajadores entraron y ocuparon el local. “Nos habían dicho que iban a cerrar por reformas pero nos echaron a todos”, contó el delegado de la pizzería Rubén Torres. Con más de 60 años en el rubro gastronómico, Roma bajó sus persianas en un contexto de ajuste y recesión económica. “Hay muchachos con 20 o 30 años de antigüedad. Muchos compañeros son grandes, algunos con más de 60 años, a punto de jubilarse”, describió Torres. “A muchos les duele tener que afrontar este mal momento, sabiendo que todo aumenta y la plata no alcanza”, agrega Sandra, con total crudeza y sensatez, una de las cuatro mujeres que fueron echadas.

Mientras el presidente Macri está de vacaciones en Villa La Angostura, el año cerró con números francamente preocupantes en materia económica. Pese a esto, durante su descanso en el sur patagónico, el presidente se aumentó el sueldo a él y sus ministros, un 25% a efectuarse entre enero y febrero de este año. El Jefe de Estado también les subió el salario y los montos a los funcionarios de primera línea en concepto de viáticos. Como Macri estaba lejos de Buenos Aires, el decreto 1198/2018 se firmó a través de un expediente electrónico. Fue el 28 de diciembre, casualmente, el día de Los Santos Inocentes.

En Argentina la desocupación crece a ritmo acelerado. La tasa de desempleo llegó al 9% y en algunas provincias ya superó los dos dígitos, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para el 2018, el gobierno había anunciado un crecimiento económico del 2%, una inflación controlada en torno al 15% y un dólar estable cercano a los 20 pesos. Lejos quedaron de todas esas estimaciones. Las políticas del Poder Ejecutivo, con el aval del Congreso, empeoraron el escenario y la crisis se agravó hasta el punto de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los principales actores desencadenantes de las crisis política, social y económica del 2001. El resultado de ese pacto fue desastroso y la inflación del año pasado estuvo cercana al 50%. Además, el dólar alcanzó los 40 pesos, apareció el fantasma del riesgo país y los tarifazos volvieron a golpear a la población.

Ayer se cumplió una semana de la toma de la pizzería Roma. Cocineros, mozos y lavacopas pasaron juntos el 31 de diciembre, en el local tomado. Por primera vez en su vida, estuvieron lejos de sus casas, de sus seres queridos. No hubo brindis con sus padres, ni besos con sus parejas, ni saludos con las y los vecinos, ni abrazos con sus hijxs. Sus familiares pasaron para verlxs pero no hubo contacto. Ellxs adentro, la visita en la vereda, y en el medio los policías que todo lo controlan en la puerta. Esa última noche de 2018, en silencio, comieron unas empanadas y bebieron unas gaseosas que les alcanzó la gente del sindicato de Pasteleros. De vez en cuando, algunx rompía en llanto.

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El 2018 culmina con un balance negativo para la Argentina. El año está cerrando con unos índices de inflación que rondan el 48% interanual, un nivel que no veíamos desde 1991. ¿Fatalidad o impericia política?

Contrario a las inclemencias meteorológicas que invocó repetidas veces Mauricio Macri, los malos resultados económicos de este año (y de toda la gestión cambiemita) son producto de las políticas económicas de Cambiemos. La inflación, aquel problema que enunciaban tan sencillo de resolver, ha empeorado. No sólo eso, sino que todos los indicadores conocidos coinciden en la existencia de una cruda recesión. El último dato revelado por el INDEC afirma una caída del 3,5% para el tercer trimestre del año y no hay buenas expectativas con los resultados del último trimestre.

Pero no sólo el 2018 arroja números negativos. En estos 3 años de gestión macrista hubo nulo crecimiento de la economía y una inflación elevada que, según los datos de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), totaliza un 158% para los y las trabajadoras, distribuida de manera desigual. De cada 10 personas que viven de un salario, la persona de mejores ingresos enfrentó en total, de 2015 para acá, una inflación del 140%, mientras que para la persona con peores ingresos fue del 180%. Es decir, recesión e inflación que se distribuyen de manera desigual, afectando más a quienes menos tienen.

En este contexto, la pérdida de capacidad adquisitiva es la regla y, según cada sector, estamos hablando de un deterioro que oscila entre el 13 y el 20% del salario o de las asignaciones, según el caso.

A estos datos duros hay que agregarle un creciente desgaste de la imagen política del gobierno que, después de haber salido victorioso en las elecciones de octubre del año pasado, se sintió con capacidad de llevar adelante su programa de reformas: acelerar y entrar en esa fase de “reformismo permanente” (según palabras del propio Presidente en el discurso pos elecciones) y avanzar con sus programas.

La reforma previsional y la tributaria que se discutieron en diciembre del año pasado, si bien pasaron por el Congreso, le generaron un terrible desgaste al gobierno en la imagen pública y en las calles. Este desgaste signó el 2018. Además, en muchos sentidos la tercera reforma que no pasó, la laboral, se empezó a implementar a través de los convenios colectivos de trabajo, como hace poco denunció el recientemente creado Foro de Abogados Laboralistas, ligado a los sindicatos.

En este sentido, hay que interpretar el 2018 como un año en el cual se intensificó el programa de Macri, confluyendo las tendencias regresivas y contradictorias. Hay que recordar que a inicios de año se suponía que había cierta calma en relación a la bicicleta financiera por el tipo de cambio relativamente estable junto con las altas tasas de interés. Este esquema, que es social y económicamente inviable, entró en problemas entre abril y junio, cuando se dieron sucesivas corridas cambiarias que, además de generar la salida de Sturzenegger del Banco Central, facilitaron al gobierno el acuerdo con el FMI como una necesidad.

Este acuerdo, revisado en octubre, blindó, con el acuerdo geopolítico extranjero y sobretodo de Estados Unidos, al gobierno de Cambiemos en este programa de ajuste social y reformas estructurales. En ambos puntos el gobierno está avanzando. La crisis autoinducida no puede confundirse con un fracaso en sus objetivos de política económica.

El FMI le prestó más de 50 mil millones de dólares que se suman a los 100 mil millones ya tomados por otras vías, haciendo a la Argentina el país que tomó deuda de manera más acelerada en el mundo y mostrando indicadores de deuda-PBI insostenibles para cualquier economía. El riesgo de cesación de pagos es inminente y va a condicionar a cualquier gobierno que gane las elecciones el año que viene, sea Cambiemos o de cualquier gobierno de tinte popular.

El acuerdo con el FMI, además de incorporar esta liquidez de emergencia que ya se ha fugado del país, lo que hace es imponer una serie de reglas o condicionalidades. Al Banco Central se le quitaron varias herramientas de intervención en el mercado cambiario, limitando gravemente la soberanía para llevar adelante política monetaria o cambiaria. Además se incentivó a disminuir el déficit fiscal de manera taxativa, llamado “déficit cero”, lo que le impone trabas al gobierno para gastar y emitir para reactivar la economía. Un problema para el año que viene, en el cual habrá elecciones.

Cómo sorteará esto el gobierno es una incógnita. El FMI además, con la anuencia del gobierno argentino, va a avanzar en una serie de reformas estructurales que incluyen una segunda reforma previsional, algunas privatizaciones y la reforma de la carta orgánica del Banco Central para poder retrotraer la situación al 2012, cuando el BCRA podía intervenir con objetivos de desarrollo y no sólo de estabilidad monetaria.

De conjunto, durante este año el gobierno se mostró incapaz de contener la inflación e incapaz de generar crecimiento pero muy eficaz para recortar salarios y medios de vida, favoreciendo un esquema de alta competencia entre trabajadores y trabajadoras que permite a las empresas forzar reorganizaciones favorables a sus intereses. Según los datos de Gustavo García Zanotti, un puñado de empresas han sido beneficiarias de miles de millones de pesos por las medidas tomadas por este gobierno durante este período.

Para cerrar el blindaje que el gobierno busca a nivel internacional, durante todo el año resonó el G20, donde el gobierno se mostró ante el mundo como un eslabón clave en esta “lucha contra el populismo”, recurso metonímico que utilizan para nombrar a todo aquel gobierno que haga alguna receta por fuera del estándar neoliberal.

Esta crisis autoinducida se apoya en un esquema insostenible, que hoy por hoy revive el programa de principios de año, con un dólar a casi $40 y tasas de interés que apenas bajan del 60%. De cara al año que viene se trata de un gobierno atado de pies y manos que no puede hacer política monetaria ni cambiaria, con muy poco espacio para la política fiscal.

En términos de política exterior, se encuentra subordinado a los intereses de las potencias como se vio en la firma de los acuerdos con China que luego tuvo que desdecir por presión de Estados Unidos. Además, en las sesiones extraordinarias del Congreso aprobaron un tratado de libre comercio con Chile, es decir, el Gobierno continúa pasando reformas estructurales a medida que avanza durante la crisis.

Con este panorama va a enfrentar un año de elecciones muy complicado, donde la posibilidad de default es real o, en el mejor de los casos, de renegociación forzosa de deuda. Cambiemos va a hacer lo imposible por dejar este legado al gobierno que le siga pero no está claro que lo pueda lograr. Se viene un 2019 de mucha intensidad en las luchas para tratar de retrotraer el ajuste y evitar que pasen más reformas estructurales.

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