Por Nacho Saffarano

Desde hace tiempo que ya no pueden ser tratados como unos freaks twitteros nostálgicos de la Dictadura; sino que hoy encuadran la renovación de los sectores reaccionarios y son una referencia para una capa amplia de la juventud. Tal vez este es el dato más preocupante.

La detención se da en el marco de la denuncia realizada por la Diputada cordobesa, Gabriela Estévez, luego de que unos días atrás, Prestofilippo haya publicado un tweet.

La denuncia se encuadra dentro del delito de amenazas, que contempla penas que pueden ir de los 6 meses a los 10 años, a menos que se contemple algún agravante, donde la pena de prisión puede estirarse.

Algunas consideraciones al respecto:

1- El neo-fascismo ya es una realidad en la política argentina. Sus expresiones político-electorales son marginales hasta el momento, pero este es un indicador que puede cambiar en pocos meses. Lo que hay que asumir, es que las ideas fascistas ya están instaladas como prácticas sociales y tienen un trasvasamiento de clase.

2- Son portadores de un mensaje “anti-sistema”, en tanto responsabilizan a “los políticos” como la causa de todos sus males. Si bien en su imaginario el peronismo y el comunismo tienen un signo igual y ambos atentan contra la libertad – aunque no puedan ponerse de acuerdo entre ellos sobre qué es ser libre -, su rechazo a la clase política se unifica en un “que se vayan todos” de nuevo tipo. Es por esta razón que ubican a Juntos por el Cambio también como parte del problema, construyendo vasos comunicantes solo con los sectores más derechistas de dicha coalición, tal como Patricia Bullrich o Waldo Wolf.

3- No es casual que estos sectores hayan sido los únicos que apoyaron a parte de la Bonaerense que rodearon la Quinta de Olivos. Ante cada hecho tumultoso de la coyuntura, se encargan de poner su granito de arena para intentar romper el cada vez más débil pacto democrático que nos rige. De allí que es saludable que todas las fuerzas democráticas repudien a estos sectores y señalen sin vacilar a quienes los encubren.

4- La pregunta obligada y reiterativanes si el uso del sistema penal es la vía útil para atacar las prácticas fascistas, al menos a estas que expresan declaraciones repugnantes en las redes sociales

¿Se logra neutralizar el discurso reaccionario deteniendo a uno de sus portavoces? ¿Fue una estrategia jurídica consensuada? ¿Se pensó cual podía ser la reacción de sus seguidores?
No viene mal recordar que Baby Etchecopar firmó una probation luego de una denuncia por violencia machista en sus programas de radio – por haber fomentado el odio a mujeres migrantes y militantes de movimientos sociales -, y sin embargo día tras día sigue desplegando un mensaje profundamente regresivo y sumando seguidores.

5- Entonces, ¿qué hacer ante la avanzada de ésta derecha sin maquillaje progresista? Tal vez algunas respuestas puedan surgir de hacerse ciertas preguntas:
* ¿Estamos de acuerdo que la libertad de expresión tiene límites y que no puede usarse como justificativo de los mensajes de odio?
* ¿Es efectivo para desactivar las prácticas fascistas usar el sistema penal? ¿Lograríamos convencer a alguien de que luego de cumplir la pena ya no sería fascista?
* ¿Se puede pensar una “probation anti-fascista”? ¿Multas pecuniarias para solventar proyectos de derechos humanos? ¿Los obligamos a que se aprendan de memoria la Carta a la Junta y la reciten en Plaza de Mayo?
* ¿Es hora de formar un Frente Antifascista? ¿Qué tiene que suceder para que lo hagamos?

Los problemas hay que verlos uno al lado del otro. Un día cacerolean para que los presos se mueran en las cárceles, otro día para que sectores humildes no cobren la IFE, al siguiente ovacionan un levantamiento policial. Sueltos son anécdotas, todos juntos son la estrategia de un fascismo que está ocurriendo aquí y ahora.

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Por Nacho Saffarano / Foto Martín Zabala

Las cárceles son un territorio de militancia como cualquier otro. Se puede militar en el lugar de trabajo, en un barrio, en la facultad, en el plano de la disputa ideológica. También se puede militar en la cárcel. Cada territorio tiene sus especificidades, sus propias lógicas, sus lenguajes. El ABC de todo esto es no extrapolar ni las formas ni las consignas de un lugar hacia otro, sino construir las formas de militancia propias de cada espacio. Por ejemplo, cuando la comunidad educativa se moviliza ante la falta de vacantes para que los chicos estudien, la consigna clásica es la construcción de nuevas escuelas y está perfecto.

Ahora bien, ésta consigna no funciona con las cárceles. Los que desde hace años venimos denunciando al hacinamiento como uno de los problemas estructurales de las prisiones, y que además estudiamos la actuación de la justicia penal, no podemos hacer más que preocuparnos por los llamados a construir nuevas cárceles. En un acto de ayer al mediodía, Alberto Fernández declaró que “tener en las cárceles personas en situación de riesgo y que el Estado no reaccione es inhumano”. Perfecto. Acto seguido, anunció la creación de 650 nuevas plazas que, sumadas a las que comunicó hace unas semanas Kicillof, sumarían dos mil “camas” para los detenidos de la Provincia. Sin meternos en el pequeño detalle de que la sobrepoblación en Buenos Aires es del 100%, por lo que seguirían faltando por lo menos 22.000 plazas más, lo que debemos discutir de manera franca y abierta es si el problema carcelario se soluciona con nuevos edificios.

En las reivindicaciones inmediatas, siempre vamos a apoyar (y de hecho, reclamamos por esto sistemáticamente) que existan condiciones dignas de detención. Pero la construcción de nuevas unidades carcelarias nos pone de frente ante el problema estratégico. A quienes con buena intención se comen la curva de creer que más prisiones implicarían mejores escenarios para el cumplimiento de la pena, debemos responderle que lo único que genera es una mayor oferta para la prisionización de pobres, los históricos clientes del sistema penal.

Mientras tanto subsista y se reproduzca la mirada clasista en las oficinas de la justicia penal –a pesar de la heroica resistencia de algunos pocos funcionarios-, emparentar la construcción de cárceles a una conquista es un error estratégico, con consecuencias inmediatas. La mejor forma de reducir el hacinamiento atroz en el cual estamos sumergidos lo tenemos al alcance del Código Procesal: revisión de todos los detenidos con prisión preventiva, cumplimientos de los derechos contemplados en la progresividad de la pena (salidas transitorias, libertades condicionales, etc.), utilización de medidas alternativas al encierro.

Y si bien esta posibilidad fáctica es preponderantemente del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo tiene mucho para hacer. La gran mayoría de las veces, los derechos ligados al cumplimiento de la pena – que nombramos en el párrafo anterior – son denegados por los jueces porque los detenidos se presentan a las audiencias con informes criminológicos negativos. Estos son elaborados por el Servicio Penitenciario y constituyen una herramienta muy potente en manos de los agentes penitenciarios al momento de “negociar” con las personas encarceladas. Las amenazas de que ante el incumplimiento de alguna orden, eso se traduzca en una mala calificación en los informes, los ubica en una posición de poder agravada, mucho mayor de la que tienen en términos legales. Un cambio de mirada en este sentido es responsabilidad de las distintas esferas del Poder Ejecutivo, con competencia en la materia. Desde allí podrían salir órdenes claras, que impliquen tener diferentes tipos de contemplación al momento de armar los informes. Y esto es solo un pequeño ejemplo de lo que podría aportar el Gobierno provincial para mejorar la crisis de hacinamiento.

Tenemos una oportunidad para debatir y pensar formas de intervención de largo aliento, intentando desmontar que los atajos punitivistas pueden ser una solución. Esta situación horrible en la que estamos puso arriba de la mesa – como pocas veces en los últimos años – la situación de las cárceles argentinas. La derecha va ganando por lejos. Nosotros venimos corriendo de atrás, divididos, sin un movimiento orgánico que nos agrupe. Debatir y dejar de aplaudir acríticamente puede ser un primer paso para que otras voces se cuelen en los medios, para reflejar que es posible abordar esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos.

Lee más:
El Momento Blumberg y el eterno retorno del populismo punitivo

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Por Nacho Saffarano | Foto de Santiago Filipuzzi

La derecha social tiene que anotarse su primer triunfo contundente durante la gestión de Alberto Fernández. En diez días lograron instalar una serie de mentiras y estigmas hacia la población carcelaria que logró homogeneizar a un colectivo mucho más amplio que el de los convocantes. Esa derecha social -que es inorgánica, que no tiene una representación partidaria única, que es policlasista, que actúa en redes sociales, en medios de comunicación, en el Poder Legislativo- fue la que le dejó la cancha despejada a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para emitir un vergonzoso fallo ayer. Allí se deja sin efecto la resolución del Tribunal de Casación por el que se les permitía a los jueces de primera instancia, dependiendo de una gran cantidad de situaciones, otorgarles la libertad domiciliaria a pacientes de riesgo.

El fallo de la Corte es solo otro ladrillo en la pared. Ninguna persona sensata puede sorprenderse por la falta de sensibilidad de ese reducto burócrata, alejado históricamente de los intereses de las y los más desprotegidos. Ahora bien, lo que preocupa aún más es el retrógrado accionar del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. En conferencia de prensa, Axel Kicillof -secundado por el Ministro de Justicia Julio Alak y por el militar Ministro de Seguridad, Sergio Berni – hizo declaraciones dignas de su antecesora María Eugenia Vidal. Además de mentir sobre los alcances que tenía el fallo de Violini en Casación (“no nos gusta la liberación de presos acusados de delitos graves”), se sumó a todo el coro punitivista que afloró en los últimos días, legitimando a quienes sin eufemismos, quieren que los presos se mueran en las cárceles. Más vergonzoso aún resulta el anuncio de la creación de 1350 plazas penitenciarias nuevas, en una Provincia que tiene 25.000 detenidos más que los que puede albergar.

Esta crisis penitenciaria y del sistema penal abre una serie de debates de los cuales no podemos escapar. Es imposible no asociar estos cacerolazos y la respuesta del poder político a lo sucedido en el año 2004. El asesinato de Axel Blumberg fue la antesala para que se apruebe un bloque de leyes punitivas, de endurecimiento de las penas, que en nada ayudaron a cambiar ciertas conductas sociales, sino que solo sirvieron para instalar un uso desmedido de la prisión preventiva y del aumento de las tasas carcelarias. Fue un trámite exprés en el Congreso, momento en el cual el Frente Para la Victoria tenía mayorías. La nota repetitiva fue desoír a todos los expertos sobre la cuestión criminal para dejarse llevar a ciegas por un reclamo social que pedía venganza y mano dura. No está de más recordar que el petitorio de las marchas de justicia por A.B., y que luego funcionó como anteproyecto de ley, fue elaborado por Roberto Durrieu, quien ofició como subsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla.

Ese trámite exprés -despojado de debate, sancionado al calor del reclamo-, es una de las características principales de lo que llamamos “populismo punitivo”. Elena Larrauri, criminóloga española, enumera una serie de cuestiones distintivas de ésta corriente penal, que podemos resumir de la siguiente manera:

1 – Despolitización de la delincuencia, reduciéndola a actos individuales de “sujetos desviados”. Estos se construyen como enemigos públicos de las mayorías que viven en paz, sin molestar a nadie. Y a la delincuencia y los delincuentes, se los combate con cárcel y castigo. No importa si es efectiva o no para la reinserción social, lo que importa es el encierro y la actividad disciplinadora.

2 – Uso electoralista de la “lucha contra el delito y la inseguridad”. Sergio Massa para principiantes. Se monta a través del discurso de seguridad toda la estrategia para ganar las elecciones, intentando conectar con los miedos de una porción de la sociedad que puede no ser mayoritaria, pero que es hábil para transversalizar sus preocupaciones prioritarias.

En este sentido, el populismo punitivo puede servir para ganar elecciones pero también para consolidar proyectos de gobierno y construir hegemonía propia. Esta es una cara que no podemos obviar en este momento. Fueron públicas las manifestaciones de diversos intendentes del conurbano, integrantes del Frente de Todos, que le exigieron a Kicillof que mueva fichas para evitar la liberación de detenidos; porque su propia base social creía que la convivencia vecinal con violadores y asesinos era inmediata. Se perdió aquí una enorme oportunidad pedagógica para explicar los alcances del fallo, para concientizar sobre el problema sanitario global que implica el contagio de Covid-19 entre detenidos, para intentar sembrar una semilla de restauración entre tantas odas al castigo y el dolor.

3 – Instrumentalización de las víctimas y sus dolores. El populismo punitivista les expropia a las víctimas de los delitos la posibilidad de tener una postura conciliadora, de perdón a quienes la ofendieron. Usufructa el dolor ajeno para convertirlo en la cara visible de las diferentes políticas represivas. Esa extracción del dolor se utiliza para construir una imagen homogénea de las víctimas, para pasearlas por televisión a fin de reforzar la construcción del sujeto peligroso; pero también se las manipula para desplazar a quienes trabajan, estudian y militan las cuestiones penales, construyéndolas como legitimadas exclusivas a la hora de pensar las políticas criminales.

En el uso espurio que hacen de las víctimas, los partidarios del populismo punitivo no se preocupan por la contención afectiva y psicológica de ellas, lo cual debería ser lo primero a atender a quien sufre un delito violento. Una plataforma penal democrática implica acompañar a la víctima desde el primer momento, desligándola de toda la tramitación burocrática, ofreciéndole esa contención necesaria para poder comenzar el duelo necesario.

¿Por qué detenernos en estas explicaciones sobre el populismo punitivo? Porque es la forma que ha adoptado el gobierno de Kicillof para afrontar la crisis carcelaria. Porque se sumaron a la ola reaccionaria, en vez de intentar ganar políticamente; porque falsearon sobre el contenido jurídico de una resolución para justificar una posición política; porque desoyeron a los especialistas sobre el tema ante el temor de que un sector social rechace esta orientación.

Si la designación de Sergio Berni era un pésimo antecedente para imaginar la política criminal del gobierno bonaerense, esta crisis no vino más que a afirmar la continuidad de un modelo penal que trasciende gobiernos y partidos políticos.

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Por Nacho Saffarano / Foto: LN

Desde el inicio del confinamiento, son al menos siete los asesinados en diferentes cárceles del país. Dos de ellos, Federico Rey y José Mario Candia, fueron fusilados a quemarropa por personal del Servicio Penitenciario. El reclamo desatado por los detenidos en Devoto, puso en la agenda pública, de la peor manera posible, la situación en la que viven estas personas. Algunas consideraciones breves al respecto.

1 – Voy a pararme desde la defensa de un paradigma que no comparto, y que es el hegemónico dentro del activismo de derechos humanos. De mi parte, estoy convencido que hay que abolir a las cárceles; que es una contradicción histórica encerrar a personas para que aprendan a vivir en libertad; que las prisiones son inherentes al capitalismo, razón por la cual, cualquier proyecto pos-capitalista debe tener en su horizonte programático, la eliminación de las mismas. Y un montón de otros postulados que no vienen al caso en este momento – aunque es tarea nuestra, al menos comenzar a mechar estos debates entre la militancia y la intelectualidad crítica -.

El paradigma hegemónico, entonces, no se cuestiona la cárcel-institución sino las condiciones de las mismas; y en el mejor de los casos, se problematiza el origen de clase mayoritario de los detenidos. Es una defensa, casi a ciegas, de una de las grandes conquistas liberales de nuestra historia, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que constituye un pliego de garantías procesales y el mantra “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”. Por eso en este contexto tan regresivo, aunque en términos estratégicos no compartamos esta perspectiva, los abolicionistas penales militamos para que se cumpla este derecho constitucional.

2 – Las cárceles en Argentina, son sinónimo de tortura. Sobrepoblación que genera hacinamiento; falta de vacantes para el desarrollo de actividades educativas y laborales; pésima atención médica; traslados compulsivos que provocan distanciamiento familiar; y un sinfín de vejaciones más. Todo este combo generado alrededor de la sobrepoblación y la imposibilidad de cumplir con las recomendaciones de distancia social, es el caldo de cultivo para que el covid-19 se propague a velocidades espeluznantes, con una gran capacidad para saturar todo el sistema sanitario (siempre y cuando se decida atender a los presos, claro). Los que militamos en las cárceles, y un puñado de organizaciones de derechos humanos, lo venimos advirtiendo desde antes que haya un solo caso positivo en Argentina.

3 – Son las cabezas de los diferentes Poderes Judiciales (provinciales y federal), quienes tienen la máxima responsabilidad por la sobrepoblación en las cárceles – principalmente por el uso abusivo que hacen los jueces de un instituto que debería ser excepcional, la prisión preventiva; y por el rechazo sistemático de libertades condicionales, anticipadas y salidas transitorias -, por lo que son ellos quienes en esta crisis humanitaria-sanitaria, deben tomar medidas concretas para disminuir la tasa de encarcelamiento. Sin embargo, con contadas excepciones, se dedican a sacar “recomendaciones”, a tirarse con latinazgos y citas teóricas entre Defensores y Fiscales, mientras que la mecha de la bomba es cada vez más corta dentro de las cárceles.

4 – Los Poderes Ejecutivos también tienen una enorme responsabilidad por el paupérrimo estado de las prisiones. Muy resumidamente, porque son los jefes políticos del servicio penitenciario; porque son quienes manejan la infraestructura y los recursos económicos con que se mantienen día a día las cárceles; porque son quienes diseñan la política criminal y penitenciaria del país y las provincias; porque son quienes vacían las instituciones que deben acompañar a los liberados para lograr una mínima inclusión social-laboral.

Y hay otra responsabilidad, que en este momento es fundamental: son las fuerzas gobernantes quienes tienen mejores condiciones para construir consensos, para forjar ideas-fuerzas que logren calar en el tejido social. Por eso, el silencio de Fernández, de Kicillof y de toda la dirigencia oficialista de peso sobre las condiciones de las cárceles, convalida desde la omisión un discurso tan retrógrado en la sociedad. La cobertura de los medios de comunicación de la protesta en Devoto de ayer, merece ser denunciada por todas las vías posibles. Hubiese sido clave oír voces de responsables políticos, que con un mínimo de sensatez, enfrenten el sentido común reaccionario que ayer fue más visible que de costumbre. Sin dudas que buena parte de la base electoral del Frente de Todos, coincide con los votantes de las diferentes expresiones de la derecha, en que los presos deben vivir en las condiciones actuales, y si es posible, deben morir así es un gasto menos para el Estado. La base militante del FdT, sensible a esta problemática, debería empujar a sus dirigentes para que se pronuncien y actúen sobre el tema.

5 – Casi 45 días de confinamiento, fueron suficientes para cambiar – al menos momentáneamente – todas nuestras lógicas de militancia. El campo popular ha perdido su espacio estratégico de disputa, la calle. Por eso, a quienes nos duele la cárcel, los que entendemos que la comisión de un delito implica perder la libertad ambulatoria pero no la vida; tenemos que tener la mayor creatividad y audacia en estos días. Es necesario que podamos charlar en nuestros círculos de amistad, de activismo, sobre lo que pasa en las prisiones. Tenemos que ser capaces de hacer algo más que comunicados políticamente correctos que se acumulan en la base de datos de la web; no podemos quedarnos con putear en voz alta a Mauro Szeta o al periodista de turno, sino reclamar y construir nuestros propios espacios en los medios de comunicación para que se escuchen voces disonantes. Tenemos que rodear de solidaridad a los familiares de los detenidos – ese colectivo aún más invisibilizado, integrado en su mayoría por mujeres pobres -, construir lazos de cooperación y pensar estrategias en conjunto, para que morir en el encierro no sea el único destino posible.

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Por Nacho Saffarano

Este artículo surge a partir de las declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en las cuales confesaba que las fuerzas de seguridad se encontraban realizando “patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social”. Estas declaraciones, realizadas en el marco de una conferencia virtual de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Nación, despertaron una serie de reacciones que podemos dividir en tres bloques:

1 – rechazo de la oposición mayoritaria, comandada por Juntos por el Cambio y particularmente por la antecesora de Frederic, la sinvergüenza de Patricia Bullrich, tristemente célebre por encarcelar tuiteros durante su gestión.

2-  repudio del oficialismo ante el cinismo de la oposición, y una combinación de silencio y apoyo en voz baja a las declaraciones de Frederic, teniendo en cuenta la excepcionalidad del momento que estamos atravesando.

3- una tercera voz que expresaba preocupación ante las declaraciones de la Ministra y rechazo a los fundadores de la Doctrina Chocobar; con muy poco rebote mediático, trabajada por organizaciones sociales, sectores de la izquierda, y un pequeño grupo de intelectuales.

Frederic estuvo rápida de reflejos y pidió disculpas por la desafortunada declaración, manifestando que lo que hacían – vaya a saber uno qué fuerza y qué personas – era un rastrillaje sobre el contenido público de las redes sociales, y no una búsqueda a publicaciones de particulares. Al día de hoy, ya tenemos al primer imputado, acusado por el delito a la intimidación pública. Un pibe de 21 años, de Balcarce, que luego de haber sido rechazado para ser beneficiario del IFE, tuiteó “¿sigue en pie lo del saqueo, no?”. No está de más aclarar, si bien no es el objeto de análisis aquí, que toda esta actuación es ilegal, en tanto contraria lo dispuesto por los incisos 2 y 3 del artículo 4°, de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.

Todo lo líquido se desvanece en las redes

En un artículo anterior, decíamos que uno de los principales riesgos que corríamos al ensalzar el accionar de las fuerzas policiales y quitar el ojo sobre el necesario contralor de sus actividades, era la legitimación de un giro autoritario, una vez que la situación de la pandemia esté controlada. Pocas certezas tenemos en cómo va a ser el día después de que termine “todo esto”. Una de esas es que la enorme mayoría social, va a ser más pobre. Y con un sistema penal preparado para perseguir a los marginados, este no debe ser un dato menor. Esta es la razón por la cual, más allá de la declaración ligada a la coyuntura que hace Frederic, el campo popular debería ponerse a estudiar y debatir cuánta libertad estamos dispuestos a perder, hasta donde puede vigilar el Estado.

Hay dos buenas razones para preocuparse. La primera, es la alta legitimidad popular con la que cuentan los discursos punitivos en estos tiempos. Cuando los principales referentes de Juntos por el Cambio salen a criticar a Frederic, no lo hacen porque piensen que esté mal las políticas de control tecnológico sobre la población o porque su base social la rechaza, sino porque precisan polarizar, distinguirse y nada más. Tal vez su preocupación sea que puedan imputar a alguno de sus trolls. Pero no, las Fuerzas de Seguridad, el sistema penal en su conjunto, no olvidan su carácter de clase, por lo que los trolls-center podrán seguir operando tranquilos, sabiendo que no son pibes de un barrio popular de Balcarce.

En una entrevista reciente, el abogado e investigador Esteban Rodríguez Alzueta, habla sobre el peligro de una sociedad con miedo. El miedo al contagio del Covid-19, a la muerte golpeando la puerta de una casa en Nordelta y de una casilla en la 1.11.14 al mismo tiempo, unificó reclamos y exigencias. Ese miedo que lleva a desconfiar todo el tiempo del que tenemos adelante en la fila de la verdulería, del que no usa barbijo, que nos lleva a denunciar compulsivamente. El miedo es el mejor amigo de la punición, la vía de acceso para una batería de medidas represivas. Y una vez que el compendio normativo-punitivo se logra instalar, así sea en este caso como una medida excepcional para combatir una situación de crisis, las voluntades estatales para dejar de utilizarlas, casi nunca existe.

La segunda razón para preocuparse, es la internacionalización de las prácticas de vigilancia digital, las cuales se agudizaron con la pandemia, principalmente con los datos de geolocalización para seguir de cerca a quienes sean portadores del virus. Insistimos que en nombre de la situación de emergencia, no es posible defender cualquier actividad tecnológica. Sobre todo con el riesgo que existe de que la recopilación de datos personales, pueda ser utilizada con fines extra-sanitarios. Una vez más, cuando las fuerzas de seguridad y control toman más atribuciones que las normales, la tarea es tener un control doble sobre las mismas

La combinación de una sociedad con miedo, y un desarrollo tecnológico capaz de penetrar cualquier capa de privacidad, nos deja muy cerca de los postulados fundamentales de “Vigilancia líquida”, un ensayo de Zygmunt Bauman y David Lyon, que recupera la idea del banóptico: un sistema de control que no necesita de un vigilante físico, donde los individuos son quienes entregan su información por voluntad propia; la cual podrá ser utilizada para diseñar perfiles, clasificar y etiquetar. Aquí ya no es necesario el “mantener adentro” como imaginaron Bentham y Foucalt al panóptico, sino que ahora a partir de la entrega de datos, se logra “mantener lejos” a los grupos que cada sociedad determina como peligrosos ¿A cuánto estamos de una app que marque donde se encuentran los contagiados de Covid 19?

No es novedad que el Derecho corre de atrás, a veces a kilómetros, a la realidad. Frente a un desarrollo tecnológico que no para, con la propagación de datos personales e información que se entiende como “privada”, es fundamental una legislación ajustada a estos nuevos tiempos, que principalmente, limite las posibilidades de intromisión del Estado en los datos y metadatos de los individuos; que los ciudadanos sean capaces de conocer que se hace con su datos y de poder controlar, tanto al Estado como a las empresas privadas.

Parece una pelea contra molinos de viento. Y lo es. Que pueda fusilarte hasta la Cruz Roja, no implica que no haya que combatirla.

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Por Nacho Saffarano | Foto de Colo Gens

Hace unos días, a las 21.30, en diferentes barrios porteños, se realizó un ruidazo – estas nuevas formas de manifestación que nos impone el aislamiento obligatorio- en reclamo de que “los políticos se bajen los sueldos”. La medida fue fogoneada por sectores de derecha, como respuesta al aviso que el Presidente hizo el domingo, sobre que a determinados muchachos  “les tocó la hora de ganar menos”. Si hay un sector con consciencia de clase para sí, esa es la burguesía. Y esta es muy hábil para vehiculizar sus demandas y lograr transversalizarlas, al punto de que muchos asalariados que no saben cómo van a hacer para pagar el alquiler el mes que viene sientan que el anuncio de Fernández los va a afectar a ellos.

El reclamo realizado desde la burguesía no solo es oportunista, sino que también es un chantaje. La clase empresarial que se queja de los salarios de los políticos es la misma que maximizó sus ganancias y tuvo recaudaciones extraordinarias durante los cuatro años de administración del gobierno de Cambiemos, justamente gracias a esos políticos a los que ahora parece que quiere bajarle los sueldos.

La respuesta inmediata del progresismo porteño no fue criticar la hipocresía y el cinismo de los reclamantes, sino impugnar de lleno la consigna. Estoy convencido que esto es un error y un volver a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Ya le regalamos a la derecha la hegemonía discursiva alrededor del quehacer con la corrupción y la seguridad, dos temas por demás sensibles para las clases populares. Y el resultado de esto salió a la luz en las elecciones del 2015.

Amerita poder debatir más a fondo este tema, saliendo del Boca-River que nos propone el hashtag de Twitter. Es cierto que una reducción salarial de la clase política no implica un shock presupuestario que ayude a resolver la crisis económica. Tampoco lo significaba eliminar las jubilaciones de privilegio para los jueces (ni las exenciones impositivas que aún no se tocaron) y, sin embargo, como entendimos que la carga simbólica tenía un peso importante en la lucha política, militamos y acompañamos el proyecto de ley que las suprimió.

En España, uno de los tres países más afectados por la propagación del COVID-19 a nivel mundial, la situación es inversa respecto a este tema. Es la izquierda quien lleva adelante la iniciativa de que los legisladores se reduzcan o donen sus salarios a todas las entidades que luchan contra el virus; mientras que la alianza de los partidos del centro y la derecha, se niegan rotundamente ¿Por qué, entonces, acá tenemos que regalarle toda la iniciativa política a los reaccionarios de siempre?

Pienso que hay un problema en la generalización de “los políticos”. En nuestro país, hay un montón de directores de línea con sueldos que están por debajo de lo que sus tareas y responsabilidades implican. Y en este momento de gran confianza en la política para resolver la crisis (la imagen positiva del 93% de Fernández es la muestra más cabal), no distinguir esto al momento de trabajar una consigna es un problema grande.

Sí creo que quienes deben tener un pequeño acto altruista y donar la gran mayoría de sus sueldos a los diferentes espacios que están combatiendo al virus en la primera línea (hospitales, salas de salud, organizaciones sociales, trabajadores de la recolección) son todos los legisladores, nacionales y provinciales. Para dar un ejemplo rápido, en la Provincia de Buenos Aires hay 138, legisladores entre senadores y diputados. Haciendo un cálculo rápido, podemos afirmar que se destinan cerca 70 millones de pesos mensuales para sus salarios, viáticos, armados de equipos técnicos, etc. Todo esto teniendo en cuenta que su actividad legislativa está suspendida por tiempo indeterminado, algo muy diferente a la situación en la que se encuentran quienes están a cargo de las diferentes esferas del Poder Ejecutivo.

Insisto, finalmente, que de la crisis sanitaria y económica no se sale con donaciones ni con actos individuales de solidaridad. Poder discutir el salario de nuestros representantes no debería ser un bloqueo para afirmar que el presupuesto para combatir la crisis debe salir de quienes se enriquecieron de forma fraudulenta durante los 4 años de gobierno de Cambiemos, de los bancos y de quienes especulan con la timba financiera, de los Rocca, los Bulgheroni, los Roemmers. La salud del pueblo y los incentivos económicos para quienes más están sufriendo este momento debe financiarse con cada peso que debería destinarse para pagar la deuda ilegítima y fraudulenta. Una vez más, se trata de discutir la riqueza, no la pobreza.

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Por Nacho Saffarano

La tesis fundamental que sostienen es que el actuar de las fuerzas de seguridad durante la pandemia “se asemejan más a las tareas de cuidado que a las de una persecución y represión penal”. Una afirmación que se cae por su propio peso, ya que se denuncian por docenas cada día, las prácticas abusivas de policías y gendarmes. Amerita, entonces, debatir cuál es el rol de quienes investigan en este momento tan crucial que estamos atravesando, qué discursos se buscan legitimar desde la academia y cuál debería ser la posición a adoptar en un momento de suma de poderes para las fuerza represivas.

1– Va de suyo que la ciencia nunca es neutral, que las investigaciones muchas veces se direccionan en función de los intereses de la clase dominante. Pero también es una verdad de Perogrullo, la autonomía con la que cuentan muchísimos investigadores pagos por el Estado, para sostener sus tesis aun cuando éstas van a contramano del espíritu general del gobierno de turno. Cuatro años de macrismo y una gran cantidad de trabajos del CONICET, antagónicos a la ideología cambiemita, dan la razón.

2– Este artículo parece hecho por encargo. Recurrir a “los que saben”, para darle de comer al público promedio de P 12, un menú de reflexiones progresistas de por qué ahora la policía (y Gendarmería y el Ejército) nos cuida de verdad; no como hasta hace dos semanas, donde simplemente eran actores fundamentales en el delito organizado. Y apelar a investigadores del CONICET no es casualidad. Para el lector promedio de P12, el discurso bélico de Berni frente a la Bonaerense seguro le debe haber parecido un exceso. Qué mejor, entonces, que agarrar a docentes universitarios-investigadores para decir lo mismo que el militar Ministro de Seguridad bonaerense pero con fraseología progre. Es un win-win.

3– Desde que el COVID-19 adquirió relevancia a nivel mundial, se desataron una serie de debates filosóficos sobre si las medidas de emergencia tomadas por los diferentes gobiernos implicaban la instalación de un estado de excepción con políticas autoritarias; o si bien este es el momento para proponer una “biopolítica democrática” al servicio de la salud de las mayorías populares, tal como le contrapropone Pangiotis Sotiris a Agamben. En nuestro país, el estado de excepción se puede ver justamente en este sector social, y en sus intelectuales como máxima representación. Quienes durante años vieron al accionar cotidiano de las fuerzas de seguridad como uno de los problemas más graves de la democracia, ahora no dudan en endilgarles a ellas el cuidado y control para evitar la propagación del virus. Ni siquiera se lo cuestionan, y eso es lo más grave. No sólo la posición infantil de creer que quienes nos reprimen ahora son garantes de nuestras vidas, sino que además bloquean cualquier posibilidad de duda.

4– La operación lógica debería ser justamente la contraria: si se le están dando amplias facultades a las fuerzas de seguridad, el control sobre las mismas debe ser aún mayor que en épocas de normalidad. La ampliación del poder policial, el mecanismo de vecinos denunciantes compulsivos, son la base para legitimar cualquier giro autoritario. Y este puede ser uno de los principales males que heredemos, y que más nos va a costar revertir, cuando salgamos de éste escenario.

5– Por último, nada más miserable que la apelación a las políticas de cuidado para definir el actual accionar policial. Años de feministas desarrollando teoría y políticas públicas alrededor de este concepto (en especial en su relación con la crisis de la reproducción social), para que se bastardeé su uso, en un elogio a la policía. Sobre todo en un país donde uno de cada cinco femicidios fueron llevados a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad, utilizando el arma reglamentaria.

6– Ante la propagación del discurso que busca relegitimar el accionar de las fuerzas de seguridad sin más, es preciso volver a apelar a las lógicas de cuidado comunitario y de organización popular, evitando las vías de escape facilistas de la militarización de la sociedad. En este sentido, poniendo a la salud como principal instancia a atender, exigir que se incrementen las partidas presupuestarias para insumos, equipamientos y salarios de lxs trabajadorxs de salud, por encima de lo que se destina para la represión, es una demanda de primer orden.

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El resultado de los comicios españoles dejó un amargo sabor para las fuerzas del cambio. El triunfo del PP como primera mayoría y la pérdida de más de un millón de votos por parte de Unidos Podemos confirma que la vieja política aún no termina de morir, y que la nueva no termina de nacer. 

A groso modo, las elecciones del 26 de junio en el Estado Español, reafirmaron el poder que continúa ostentando el Partido Popular (PP), la resquebrajada vigencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la confirmación del fin del bipartidismo, que comenzó a materializarse en 2014 con la emergencia de Podemos.

Lo viejo que no termina de morir

Con un total de 137 escaños, el conservador Partido Popular se ubica cómodamente en el primer lugar de estos comicios. Aumentó en 14 la cantidad de escaños, en comparación con la elección que se celebró en diciembre de 2015. La primer explicación (y posiblemente la más certera) se manifiesta con la caída en votos de Ciudadanos, que disminuyó su actuación en cerca de 400.000 sufragios. Sin dudas que ha sido eficaz la campaña del PP, que apeló de manera incansable al “voto útil” en favor de ellos, para evitar la llegada al gobierno de los “extremistas” de Unidos Podemos, la alianza electoral conformada por Podemos, Izquierda Unida y otros grupos menores.

Otra de las razones que pueden explicar el aumento de votos del PP, es el inminente triunfo del “Brexit” en el Reino Unido. Si bien todavía es un panorama poco claro que es lo que va a suceder con la Unión Europea, quedan pocas dudas de que los sectores más conservadores de la sociedad han visto con buenos ojos los resultados electorales en tierras sajonas, y que el PP ha sabido recoger sus demandas.

El PSOE, a pesar de haber disminuido también la cantidad de votos en relación al 2015, conservó el segundo lugar, y evitó que Unidos Podemos logre el “sorpasso”. Este resultado, le da más aire a estos heterodoxos “socialistas”, grandes responsables de la crisis actual que están sufriendo las clases populares españolas. Si Unidos Podemos lograba posicionarse en el segundo lugar, el PSOE debería haber dirimido entre darle apoyo a la fuerza izquierdista o al Partido Popular. Como un sector mayoritario, pretendía aliarse con el PP, no era descabellado pensar en algún tipo de fractura interna del Partido. Sin embargo, nada asegura que eso no pase en los próximos días: el PSOE deberá decidir si permite gobernar al PP. Desde el poder financiero, los sectores más conservadores del Partido y los grandes medios de comunicación ya comenzaron a ejercer una gran presión para que esto suceda. El diario “El País”, en su editorial del lunes 27, alentaron a que el PSOE “permita con su abstención que gobierne aquel que tenga los votos necesarios para hacerlo”.

Que España tenga un nuevo gobierno (o mejor dicho, que se asegure la continuidad del actual), depende de la capacidad del Partido Popular para conseguir los escaños restantes, para obtener la mayoría en el Parlamento. Para eso deberá negociar con cargos y chequeras en las oficinas de Ciudadados y otros partidos derechistas menores; pero también con el PSOE. Lo certero hasta el momento, es que no se avecinan vientos favorables para los de abajo; para los miles que perdieron su fuente de trabajo en los últimos años; para todas las familias que han perdido sus hogares, víctimas de una voraz política inmobiliaria.

Lo nuevo que no termina de nacer

Hay dos buenas noticias que dejó la jornada electoral. En primer lugar, no existe más el bipartidismo en España. Ya no se puede hablar de un fenómeno esporádico, de un boom producto de las redes sociales, y tantas otras cuestiones con las que se ha intentado deslegitimar a Podemos. La nueva realidad española, nos confirma una situación saludable para cualquier democracia, que es la existencia de partidos que representen a sectores de la sociedad que no se veían identificados, con las formaciones tradicionales. Con menor o mayor intensidad, hay un sector afianzado de la sociedad, que apuesta a un “cambio” real.

La otra noticia saludable, son los triunfos de Unidos Podemos en Catalunya y en la Comunidad Autónoma Vasca. Se reafirma la potencialidad de ésta alianza, en dos de las regiones con mayor tradición de lucha para obtener la independencia del Estado Español.

Sin embargo, en términos generales, el sabor que deja las elecciones es amargo, ni siquiera agridulce. Todas las encuestas se han equivocado en la afirmación de que Unidos Podemos, estaba en claras condiciones de arrebatarle el segundo lugar al PSOE. Si bien mantuvo la misma cantidad de escaños que había obtenido en las anteriores elecciones, la alianza ad-hoc que se hizo para estos sufragios perdió un poco más de un millón de votos, en comparación con diciembre del 2015. Todavía es temprano para sacar conclusiones de hacia dónde fueron esos votos disipados. Una incipiente razón, se puede encontrar en la baja del número de electores que concurrieron a las urnas, ya que un 4% menos del padrón participó en estos comicios, respecto a las elecciones del 2015.

Habrá que preguntarse, también, que tan efectivo fue el hecho de tener una campaña basada en una propuesta socialdemócrata; en vez de apuntar a radicalizar todos los núcleos de buen sentido, con los que Podemos salió a las canchas en las elecciones de mayo del 2014. Recuperar las nociones de democracia real; la subordinación de las riquezas nacionales al interés general; posturas claramente a favor de la independencia de Catalunya y el País Vasco; la lucha por salud y educación pública, gratuita y de calidad, entre varias otras cuestiones.

A pesar de todo, nadie puede hablar de fracaso. Tener 71 diputados no es cosa menor, y son grandes los desafíos que se les presentan a los legisladores de Unidos Podemos, para oponer una resistencia anti-neoliberal desde el Parlamento. También tiene un rol clave, la construcción del día a día del “municipalismo del cambio”, a partir de todas las alcaldías ganadas en el 2015.

Los desafíos que vienen

Una de las principales tareas que tiene Unidos Podemos, es seguir siendo Unidos Podemos. Esto significa ahondar en una construcción desde las bases de las organizaciones, para conformar una herramienta política unitaria que pueda dar respuestas de frente, a la embestida que está preparando el Partido Popular. Es importante evitar desvaríos sectarios y oportunistas, y apostar a que confluyan en ésta organización, agrupaciones, movimientos sociales, sindicales que aún no forman parte del reagrupamiento.

Ya no alcanza con formar una “maquinaria de guerra electoral”, como gustan de decir varios de los ideólogos podemistas. Tampoco alcanza con un líder carismático para la televisión, como Pablo Iglesias. De lo que verdaderamente se trata, es de confluir con todos los sectores que saldrán a la calle a luchar contra las medidas regresivas del PP, de fomentar la organización autónoma de los movimientos sociales, de construir un Programa que sea sensible a las demandas de las clases populares. Son muchas las tareas y grandes los desafíos; es momento de salir a las calles, organizarse y resistir contra quienes buscan generar mejores condiciones para que España y Europa, sólo sea para algunos pocos.

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El pasado miércoles, en la ciudad de Bariloche, se reunió el Consejo de Seguridad Interior para tratar, de manera prioritaria, la sanción del Protocolo de Actuación en las Manifestaciones Públicas.

Con la asistencia de los representantes de las carteras de Seguridad del 80% de las Provincias, nos hemos enterado de cómo vamos a ser reprimidos cada vez que salgamos a pelear por nuestros derechos. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, fue la vocera de este grave retroceso democrático.

Mucho palo por aquí, mucho palo por allá

Embanderándose en un discurso defensor de la libertad, los argumentos para sancionar el Protocolo afirman que la tarea del Estado es brindar la igualdad de derechos de todos los miembros de la Sociedad; razón por la cual se busca garantizar que quienes no participen de una manifestación pública no sientan un menoscabo en sus derechos.

Nada más fácil de deslegitimar que la trillada frase: “la libertad de un individuo o grupo, termina donde comienza la del otro”. No existe una diferencia jerárquica entre el derecho a la protesta y el derecho a la circulación; esto significa que los manifestantes podrían usar el mismo argumento para defenderse. Sin embargo, esta proposición, además de haber sido utilizada como fundamento del Protocolo, es moneda corriente en sentencias judiciales y en los grandes medios de comunicación; siempre buscando estigmatizar a quienes ejercen el derecho de protesta.

Entre los puntos tristemente destacados del Protocolo, debemos nombrar los siguientes:

• La protesta con interrupción de la circulación es un delito penal, tipificado por el artículo 194 del Código Penal.
• Se divide entre protestas programadas y espontáneas. Serán programadas aquellas que fueran informadas por los “líderes” de la manifestación. La pretensión de burocratizar la protesta social atenta contra una de las principales virtudes de la movilización callejera, que es la de ser el reflejo instantáneo de una injusticia que se está cometiendo en el aquí y ahora.
• Nunca la protesta debe obstruir la circulación. En caso de que suceda, el jefe de operativo dará la orden para que se produzca la apertura, de forma clara, bajo apercibimiento de ser sancionados por el nombrado artículo del Código Penal. Si los manifestantes deciden continuar con el corte, y una vez avisados los jueces de turno, las fuerzas de seguridad tendrán vía libre para hacer el desalojo. Eso sí, deberán atenerse a los principios de legalidad, oportunidad y gradualidad.
• Los medios de comunicación tendrán una zona determinada, con el fin de salvaguardar la integridad física de los periodistas y de que no interfieran en el procedimiento. Cabe preguntarnos qué va a pasar con las y los miles de comunicadores populares que no están en los cortes para informar que hay una calle abnegada, sino que se encuentran formando parte de la propia lucha.

Veinte años de un método

Este protocolo surge en un momento de avanzada neoliberal, que cada vez encuentra mayores puntos de conexión con el gobierno menemista. Justamente durante la década de 1990, surgió el piquete como método de lucha y visibilización de la clase trabajadora.

El 19 de junio de 1996, el piquete tuvo su bautismo de gloria en el marco de las jornadas en contra de los despidos, organizados en la ciudad neuquina de Cutral Có. Alrededor de 5 mil trabajadores despedidos, producto de la privatización de YPF, dieron luz a este efectivo método que en un muy poco tiempo se extendió a lo largo y ancho del país. De Neuquén a Tartagal, de allí al Puente Pueyrredón, los piquetes han sido un largo dolor de cabeza para los diferentes gobiernos.

El Movimiento Piquetero ha pasado por diferentes momentos, desde su origen hasta la actualidad. Fue el sector más dinámico de la lucha de clases en los finales de los noventa, siendo un actor relevante en las jornadas de diciembre de 2001. Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, un amplio espacio de organizaciones piqueteras se sumó de diferente manera y por diferentes motivos al Frente Para la Victoria; mientras que muchas otras mantuvieron su independencia y siguieron teniendo un cierto protagonismo en las luchas que se fueron desarrollando en los años posteriores. Sin ánimos de hacer balances sobre el Movimiento Piquetero en sí, lo importante por destacar es el acierto de un método, el piquete, como forma de garantizar la atención de las clases gobernantes, de los intereses de los sectores populares.

Antidemocrático e Inconstitucional

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sacó un rápido comunicado en el que explica las razones por la cual es inconstitucional el Protocolo, ya que se “limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ‘orden público’ por encima de todo. Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad”. En el mismo sentido, agrega que se amplían las facultades policiales para reprimir, y que no se prohíbe de manera taxativa el uso de armas de fuego.

Roberto Gargarella, reconocido abogado constitucionalista y acérrimo defensor del derecho a la protesta, se ha encargado de citar al filósofo John Rawls, para justificar el porqué de su postura. Resulta interesante retomarla: “Si tenemos vivienda, pero carecemos del derecho a movilizarnos y criticar a nuestras autoridades, no es dable esperar que estos últimos derechos emerjan de resultas de la existencia del primero (nuestro garantizado derecho a la vivienda). En cambio, si tenemos un amplio y genuino derecho a la crítica política, es dable esperar que ganemos nuevos derechos (y que preservemos intactos aquéllos con los que ya contamos) a resultas del primero: ahora podemos luchar por los que no tenemos”.

El Protocolo, fase superior de la Ley Antiterrorista

Esta norma no nace de un repollo, sino que es el resultado de un recorrido de intenciones varias de criminalizar la protesta social. El Poder Judicial ha jugado un rol importante para llegar hasta acá, ya que son muchas las sentencias cargadas de clasismo, donde se equipara a la protesta con la sedición (el caso de Marina Schifrin es paradigmático); y son miles los procesados por manifestarse.

En el plano legislativo, la Ley Antiterrorista marca un punto de inflexión. Sancionada en 2007 y modificada en 2011, por pedido expreso de organismos financieros internacionales, marcó un peligroso antecedente para las organizaciones sociales y la protesta social; ya que en su controvertido articulado se deja vía libre para homologar huelgas y protestas con actos terroristas.

Más recientemente, en abril de 2014, el diputado por el Frente Para la Victoria, Carlos Kunkel, presentó el proyecto titulado “Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas”, que contaba con muchos puntos de convergencia con el Protocolo, entre ellos: la obligatoriedad de dar aviso de 48 horas de anticipación, resaltando horario, lugar y motivo; y si no se cumplían esos requisitos, las fuerzas de seguridad irían a dispersarlos.

El proyecto presentado por el ex montonero fue una respuesta directa del discurso inaugural en la Asamblea Legislativa de marzo de 2014, pronunciado por Cristina Fernández de Kirchner. Allí, la ex mandataria instó a los legisladores a que aprueben “alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana”, recibiendo aplausos y ovaciones de parte del Bloque PRO.

¡La decisión está. La seguridad vuelve!

No es broma. Esa es la frase de cierre del Comunicado del Ministerio de Seguridad. El concepto de seguridad de Cambiemos es que no haya más protesta social. Seguridad no es vivienda digna. Seguridad no es salario igual a canasta básica familiar. Seguridad no es estabilidad laboral. Seguridad, para ellos, es que ningún grupo social puede afectar momentáneamente un camino.

Ante el envalentonamiento de la clase dominante –que se cree con total legitimidad para actuar y avanzar sobre los sectores populares–, es imprescindible que las organizaciones del campo popular demos una respuesta unitaria, que concentremos nuestras fuerzas para poner de pie una alternativa política que pueda hacerle frente al macrismo y sus aliados; que sea capaz de interpelar a los miles de trabajadores que ya empiezan a sentir y sufrir, estas políticas nefastas.

Las condiciones están. Tomemos la decisión de enfrentarlos con lucha y unidad.

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