Por Vivian Palmbaum |

Desde las cárceles las personas privadas de libertad reclaman al Estado por la protección de su integridad física y sus derechos. Frente al desinterés olítico y judicial que ha decidido darle la espalda a las y los presos, y a los derechos que les asisten, continúan medidas de protesta pacífica en varias unidades penitenciarias que reclaman no ser víctimas de una política de exterminio en este contexto de pandemia.

Desde que se inició la crisis global por la circulación del coronavirus, los organismos internacionales de protección de derechos hicieron distintas recomendaciones para velar por la integridad física y la salud de las personas en contextos de encierro como las cárceles. Las personas privadas de su libertad, donde el riesgo de contagio es altamente potencial, hay grupos de riesgo en función de sus condiciones de salud, edad o maternidad, entre las mas importantes.

Al no tener respuesta en la mesa de diálogo, en la Unidad Penal 33 de La Plata, están realizando una huelga de hambre como medida de protesta pacífica en demanda que se respeten sus derechos en el contexto de la pandemia COVID-19. Conversamos con una de las detenidas en esa unidad.

Ni Una Menos en las cárceles también

– ¿Porque están llevando adelante esta medida de fuerza?

Queremos que se sepa lo que todos sabemos, que no se respeta la Constitución Nacional, nuestros derechos. Estamos pasados de los beneficios, de la condicional, de una asistida, estamos pasados de tiempo para arrestos domiciliarios, de gente enferma con HIV, con cáncer, con tuberculosis, con problemas pulmonares, renales. Todas esas cosas, y eso por la Constitución Nacional y el Codigo Penal tienen que tener arresto domiciliario y no están respetando todo eso.

Madres no tiene que haber mas, son todas primarias (primera vez) son toda gente que no son reincidentes, son primarias, y de por si el Codigo Penal dice que al ser primarias tienen derecho a tener un arresto domiciliario, y no se respeta nada de eso.

No tenemos un seguimiento medico, no tenemos medica de cabecera, no tenemos una ginecóloga de cabecera, tenemos un ginecólogo, pero nosotras no nos hacemos revisar con ese hombre porque es un atrevido y un maleducado. Tenemos que irnos ya a la calle, estamos pasadas, no se porque nos hacen esperar, esperar y esperar. Queremos ser escuchadas en ese sentido.

Tanto nosotras como los hombre. Hay casi 1000 pulseras que tienen puesto los hombres en las casitas, de régimen abierto, donde estaban saliendo de transitoria pero como paso esto de la pandemia a los pibes los dejaron adentro de las casitas. ¿Por qué? Nos pensamos todos los presos, nos pensamos nosotras, porque no sacaron a esos 1000 presos a las casas de familia, si ya les falta poco a esos chicos, hicieron conducta para estar en las casitas les faltan pocos meses. ¿Por qué no les sacaron las pulseras, los mandaron a las casas y esas pulseras se las dan a otras personas que las necesitan?

A las 25 madres que están aca, a las embarazadas. El poder judicial se maneja mal o no sé, quiere llenar doblemente las cárceles. Las cárceles están superpobladas de todas las formas, en todos lados, en La Plata, en Varela, en Sierra en Alvear, en todas partes están superpobladas, hay una celda de cuatro y duermen 10. Si respetarían todo el Poder Judicial, el Juez, el Fiscal de apelar, apelar a lo que nosotras estamos diciendo. ¿Por qué? Si no somos violadoras no somos femicidas y hay muchos muchachos que le pasa lo mismo. Lo mismo que sufrimos nosotros sufren ellos.

Tenes escuela, tenes cursos, tenes trabajo, tenes conducta y, para que? Si llega el tiempo que tenes que irte y te dicen que esperes que no esta la junta del servicio penitenciario, que no esta la junta de esto, que no esta la junta de lo otro y así van pasando los meses y entonces te vas cumplida, o sea no vas a tener ningún beneficio. Eso estamos pidiendo que se respete nuestros derechos, no es beneficio, son derechos.

Los elementos de higiene nos dan un jabón en pan para cuatro personas, un pedacito para cada una, una vez al mes. Lavandina nos dan una vez a la semana, que no es lavandina es pura agua y es lo único que nos dan.

Las madres con sus hijos y las embarazadas no tienen que estar más, son una condena minimo de cuatro años para abajo y asi en todos los otros pabellones de mujeres grandes, que tienen diabetes, hipertensión, que son enfermas del corazón, que tienen cáncer, que tuvieron tuberculosis, infecciones pulmonares y tener un buen medico, alguien que nos atienda como nos tiene que atender, con nuestra historia clínica, los análisis, que no nos hacen, nos sacan sangre y los análisis no aparecen en ningún lado porque se perdieron. Buena alimentación, buena comida no nos dan cosas con vitaminas, nos dan un guiso asqueroso que parece para los perros. Fruta y verdura nos dan una vez cada tres o cuatro meses, dos veces al año ponele. También las madres no solamente reclaman por su libertad sino por condiciones mas dignas.

Hace unos días en el programa “Aire de Libertad”, una de las madres del pabellón 8 de madres, contaba que les habían negado el arresto domiciliario, a pesar de su condición o de tener una condena por finalizar, “nosotras queremos que nos escuchen, que alguien se haga cargo de nosotras, y que nos den nuestro beneficio. Aca no hay una sanidad como la gente, no hay un pediatra para los chicos, no hay insumos suficientes ni de alimentos ni de elementos de higiene. Que alguien nos escuche, porque creo que nos dejaron en el olvido”.

Informe cárceles y coronavirus

Tal como lo indica el informe que publica el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en distintos paises como Colombia, España, Chile y EE.UU. se tomaron medidas destinadas a reducir el impacto del COVID 19 dentro de las cárceles. Tales fueron la limitación de las visitas y autorización de uso de medios alternativos de contacto con el afuera como celulares; liberación de detenides a través de indultos o amnistías dictadas por los poderes ejecutivos; otorgamiento de excarcelaciones, morigeraciones de pena y ampliación de los regímenes de prelibertad (libertades condicionales, asistidas).

En el informe se señala que también en Argentina, el poder judicial y autoridades políticas emitieron recomendaciones y dictaron medidas destinadas a disminuir los efectos del virus sobre una población muy vulnerable e históricamente vulnerada. Sin embargo, las recomendaciones y medidas han sido desoídas e ignoradas sistemáticamente por quienes son responsables de su implementación como son los poderes judicial y ejecutivo nacional y provincial.

Una serie de medidas de protesta de quienes se hayan cumpliendo una condena o están procesadxs, una gran mayoría, no fueron suficientes frente a la campaña mediática y política, la estigmatización y la criminalización de estas personas que son sujetos de derecho, si bien han perdido el derecho a la libertad.

El “Banderazo” de les familiares se realizará frente al Congreso de la Nación. Será una protesta frente a la desinformación, el desinterés político y judicial y “ante el inminente exterminio de nuestros seres queridos en prisión”. Estamos hablando de la vida y la salud de mujeres embarazadas, madres con hijes y de presos y presas infectadas con COVID-19.

*Escuchá “Aire de Libertad” los jueves a las 20 hs. en Radio Semilla
*Leé el informe completo del CELS en: https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/05/coronavirus-y-carceles.pdf

Source

La Gremial de Abogados interpone un Habeas Corpus por el “Agravamiento de las Condiciones de Detención” a favor de la joven Anahí Salcedo, recluida en el penal de Ezeiza y sometida a un trato inhumano y de crueldad.

Anahí Salcedo se halla recluida en el penal de Ezeiza desde el 10 de enero de este año, ella fue procesada con prisión preventiva como presunta coautora de estrago por explosión con peligro de vida de personas, entre otros cargos tras la explosión de una bomba casera en el mausoleo del represor Ramón Falcón en el Cementerio de la Recoleta el pasado 18 de noviembre.

Desde aquella acción, Anahí fue trasladada al Hospital Fernández e internada en terapia intensiva con serios daños en su mano y en su cara. Al momento de su detención Anahi perdió tres dedos de una mano y tuvo graves heridas en todo el cuerpo, entre ellas la fractura de clavícula correspondiente al otro brazo. Pese a una delicada situación de su salud, luego de varias cirugías, la joven fue trasladada a la cárcel de Ezeiza en calidad de imputada. El traslado se produjo a pesar de la falta de condiciones mínimas para su asistencia en el Penal de Ezeiza.

Tal como se expresa en el recurso de Habeas Corpus presentado por la Gremial de Abogados junto a la propia Anahí, “fue detenida en cercanías del mausoleo del tristemente célebre, por genocida y torturador, Comisario Ramón Falcón, Jefe de la Policía Federal Argentina en el Cementerio de la Recoleta. Allí se la imputó de pretender destruir la tumba con un artefacto casero y se atribuye que las heridas que tiene fueron ocasionadas por la deflagración de ese pequeño explosivo”.

Ese día se cumplían 109 años del asesinato del ex jefe de la Policía, Ramón Falcón, por Simón Radowitzky. Un símbolo que cobra mayor valor en tiempos de aumento de la brutalidad, represión y criminalización de las personas a manos de las fuerzas de (in) seguridad del Estado.

Varios son los recursos que se vienen presentando desde su traslado en el mes de enero los que le han sido negados pese a su difícil situación de salud y el maltrato que recibe. Por eso, el “agravamiento de las condiciones de detención” es la figura legal que se utiliza actualmente para tanto padecimiento.

Acusada de “terrorista”, Anahí está sometida a las peores condiciones en el penal, pese a tener orden de traslado para las curaciones, que sistemáticamente le es negado, el trato inhumano, la alimentación inadecuada, la falta de asistencia médica, la imposibilidad de higienizarse, los dolores insoportables que padece –sin suministro de calmantes- y muchas otras situaciones muy difíciles de soportar para una persona con sus condiciones de salud.

Si la cárcel es un espacio donde cotidianamente las y los privados de su libertad ven vulnerados los derechos que les asisten, la situación para Anahí -como la de cualquier luchador o luchadora detenida- es mucho peor.

En ese sentido, la presentación judicial interpone el recurso contra las instituciones responsables por la integridad de Anahí Salcedo: “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ambos por resultar los superiores institucionales que tienen responsabilidad sobre la interna por cuya salud y derechos bregamos. También contra la Dirección del Complejo Penitenciario IV de Ezeiza que es quien lleva adelante el agravamiento de las condiciones que aquí denunciamos sabiendo que ninguna autoridad judicial lo ha ordenado”.

Su defensa está a cargo de la Gremial de Abogados (y Abogadas), una organización de larga trayectoria solidaria que interviene en causas de violación de Derechos Humanos. Sobre esta situación, desde La Gremial expresaron “la Justicia Federal y el Ministerio de Seguridad parecen quieren cobrarle a Anahi hasta la ejecución de Falcón. Se complotaron para sacarla del Hospital y recluirla en un calabozo de Ezeiza sin ningún tipo de atención médica. Inútil fueron las peticiones de todo tipo”. Una situación de extrema crueldad a la que se somete a una persona detenida que se halla en condiciones de sufrimiento físico agudo.

Esta grave situación obligó interponer un Habeas Corpus en función del deterioro de la salud y la necesidad de asistencia de Anahí. A su vez, el recurso se interpuso en función de una situación extraordinaria, y si bien fue rechazado en primera instancia, por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, se elevó posteriormente a la Cámara Federal de La Plata para que se expida.

En ese contexto, las organizaciones de Autoconvocados por la situación de las mujeres privadas de su libertad en instituciones del Servicio Penitenciario, llaman a acompañar y solidarizarse con la situación de Anahí Salcedo y convocan este viernes 22 frente a la Cámara Federal de La Plata para visibilizarla.

Source

Source

Se realizó frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación una conferencia para denunciar la represión sobre las mujeres privadas de su libertad en la Unidad IV de Ezeiza. Una práctica sistemática del Servicio Penitenciario que no encuentra freno en el gobierno.

En horas posteriores al 8 de marzo, Paro Internacional de mujeres, lesbianas, travstis y trans, agentes masculinos del Servicio Penitenciario Federal golpearon y castigaron a mujeres privadas de su libertad en el pabellón 24 del módulo III del Complejo IV de Ezeiza. Desde entonces, la organización feminista y de Derechos Humanos dentro y fuera de los muros, logró visibilizar y poner en agenda una demanda  sistemática y coyuntural: el ajuste y la represión también tiene su expresión dentro de las cárceles y se expresa sobre los cuerpos de las mujeres.

La represión del Servicio Penitenciario se desató luego de que las autoridades del Complejo informaron a las mujeres que no cobrarían el peculio (ingreso por horas trabajadas) del mes anterior y que no sabían cuándo se cobraría; o sea, que no contarían con el dinero para ser retirado por sus familias. De esa reunión participaron -a selección arbitraria-, mujeres que recién ingresaron al penal y que no conocían plenamente sus derechos, quienes fueron las encargadas de multiplicar la mala noticia.

Un grupo de 15 de ellas estaban reunidas comentando la situación, ocasión para desatar la impunidad de las fuerzas represivas intramuros. Ingresaron a golpearlas. Ellas buscaron refugio en una celda pero fueron sacadas con gas pimienta, golpes de puño y patadas.

De la represión participó personal masculino; y como resultado de la golpiza las mujeres sufrieron cortes y contusiones en sus rostros y cuerpos. Una de ellas fue llevada al pabellón psiquiátrico N°27 de la Unidad, al que denominan “un depósito del SPF en el que drogan y golpean a las mujeres como parte del procedimiento”. Otras cuatro mujeres fueron llevadas a celdas de castigo.

Cada represión tiene una responsabilidad política

Las integrantes de la colectiva Yo No Fui contaron que recién tras la publicación del repudio a las golpizas en las redes sociales, pudieron ingresar a la unidad penitenciaria a ver a las mujeres. Lo hicieron tras las intervenciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación -PPN-, el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, la Procuraduría de Violencia Institucional -PROCUVIN- y la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans -UFEM-.

Exigen la urgente investigación del hecho, la suspensión del personal penitenciario que participó de la represión y la sanción de los responsables materiales y políticos. Además, la implementación de una mesa de diálogo con instituciones y representantes de las mujeres privadas de su libertad y poner en agenda estrategias urgentes para avanzar hacia la desprisionalización.

“Visitamos el penal y los pabellones. Escuchamos su dolor y vimos sus cuerpos lastimados”, expresaron, “pudimos ver a una de las reprimidas, tiene todo su cuerpo lastimado. La arrastraron y la llevaron a la celda. Tiene 5 hijos que están a cargo de sus padres”, agregaron. Quedó claro. Para las mujeres que trabajan mientras cumplen una pena privativa de la libertad, el modesto salario que perciben es un derecho no menor sino fundamental para mejorar la calidad de sus vidas y la de sus familias.

La voz de las que sí tienen voz: “Complejo IV Clandestino”

Durante la conferencia de prensa se leyó una declaración redactada de forma conjunta por las mujeres organizadas del pabellón 24 del módulo 3 del Complejo IV de Ezeiza.

“Nos mandan al psiquiátrico sin razón”. “A veces nos prohiben ver a nuestros hijos”, dicen desde la unidad, “todos avalan el abuso”. “Nos reviven épocas que creíamos olvidadas”, sigue la declaración conjunta, “solo falta que nos violen físicamente para llamarlos golpe militar en la carcel”, agregaron, “nosotras lo llamamos Complejo IV Clandestino”.

La conferencia de prensa fue una oportunidad para dar a conocer, desde la propia voz, la situación de ajuste y represión sobre los cuerpos de las mujeres que se encuentran en las cárceles. Organizada por la colectiva Yo No Fui, Ni Una Menos, No Tan Distintas y Emergentes, fue acompañada por una alianza poderosa: la de organismos de Derechos Humanos, el feminismo organizado y los colectivos que trabajan por el aceso a la salud, la educación y el trabajo de las personas en contextos de encierro.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la APDH, la Comisión Provincial por la Memoria, la Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres y el Movimiento de Mujeres del Kurdistán, entre muchas otras, fueron parte de las adhesiones al repudio de una práctica sistemática de parte de integrantes de las instituciones carcelarias sobre los cuerpos de las mujeres rebeldes.

Las mujeres presas, doblemente violentadas y castigadas

“Denunciamos el ejercicio sistemático de la crueldad por parte del Estado sobre las miujeres que están privadas de libertad como también el desamparo al que son expuestas cuando salen de la cárcel”, afirmaron en un comunicado conjunto las organizaciones convocantes. “Como parte del movimiento feminista repudiamos y denunciamos la acción violenta del patriarcado que mostró su cara más brutal contra las más débiles”.

Frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, se denunció, no solo la represión con golpes y manguerazos en las horas posteriores al 8 de marzo, que involucró a agentes penitenciarios varones en una unidad de mujeres; algo expresamente prohibido por la legislación penitenciaria. También se avanzó en visibilizar la represión cotidiana: torturas y amenazas individuales, requisas vejatorias, maltrato a las familias en el escaso cumplimiento de las visitas y el mal funcionamiento de los centros médicos. Además, se exigió el cumplimiento del arresto domiciliario ya que de 800 mujeres privadas de su libertad, 510 están en condiciones de que les sea concedido ese derecho. Un dato aportado por el mismo Servicio Penitenciario Federal.

“Las mujeres que habitan las cárceles de nuestro país son pobres. Suelen tener adolescentes y niños a cargo. En ocasiones adultos que dependen de ellas y al momento de ser detenidas, dedicaron la mayor parte de su tiempo a tareas de cuidado sin reconocimiento ni remuneración”, afirmaron. “Paradójicamente, en la cárcel, acceden a duras penas y por primera vez, a una política pública y a la posibilidad de un trabajo formal”.

“Su pasaje por la cárcel es una experiencia violenta más en sus vidas”, afirmaron. “El Estado no las reconoce como sujetas de derechos”. Mucho menos en un contexto de aumento del 33% de la población carcelaria en los últimos meses y el aumento de la prisión preventiva como recurso indiscriminado por parte de los jueces.

“Las políticas pos penitenciarias no cuentan con una perspectiva social”, denunciaron, “antes que brindar recursos formulan exigencias de redención biográfica, desligando al sistema que produce las condiciones de desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades y descargando la responsabilidad en la subjetividad de las mujeres. Muchas quedan en situación de calle. Entonces se reproduce un círculo continuo que lleva a las mujeres otra vez a la cárcel como destino inexorable”.

La golpiza en la madrugada formó parte de una violencia institucional estructural en un espacio donde aun hay asesinatos sin resolver de los que el Estado es responsable. Pero también fue una expresión de la represión macrista a la protesta social, en esta ocasión, sobre los cuerpos de las mujeres organizadas dentro de un penal. “Para nosotras todas las vidas valen, todos los cuerpos cuentan, las 800 mil mujeres que protagonizamos la revuelta feminista somos también las que están presas. Todas desobedecemos al patriarcado”, por eso afirmaron en el final, “ni una menos también en las cárceles”.

Source

A los pocos días, la policía irrumpió en la casa de Cristina Vázquez acusando del delito a ella, a una amiga y a su pareja. El nombre de la joven apareció espontáneamente y sin justificación en la causa: una mujer declaró haber visto a la pareja de su amiga vendiendo joyas que serían de la vecina de Cristina y, por lo tanto, se decidió condenarlos a los tres a prisión perpetua. Dicha mujer aportó testimonio una sola vez, no se la volvió a convocar y jamás se encontraron pruebas ni de la existencia de las joyas ni de otros testigos.

En la instancia de juicio oral, dos personas declararon haber estado con Cristina a 8 kilómetros de Posadas aquella noche. Ambos testimonios fueron descartados. En la escena del crimen no hay rastros ni huellas de la condenada, así como tampoco hay testigos directos que acrediten su culpabilidad. En el expediente, se atribuye a Cristina el tener un estilo de vida “promiscuo y marginal”, “ser mentirosa” y “ser adicta a la marihuana”.

A partir de esta construcción apoyada en un juicio moral, se decidió condenar a Vázquez a perpetua basándose en un testimonio de la instancia de instrucción en el año 2005, en el que supuestamente un testigo habría dicho que Vázquez admitió su crimen estando bajo el efecto de las drogas. El presunto testigo explicó en la instancia oral que no recordaba haber tenido tal conversación con Vázquez y que en la etapa de instrucción había sido arrestado para ir a declarar. Sin embargo, su declaración fue tomada como prueba de cargo en la instancia condenatoria.

Las irregularidades en el caso son múltiples. Las mismas fueron presentadas por el Observatorio de la Asociación de Pensamiento Penal (APP) mediante un amicus curiae (recurso “amigo del tribunal”) frente al Tribunal 1 de Posadas. La misma ONG estableció que hay una ausencia absoluta de perspectiva de género, que derivó en las inferencias arbitrarias que se hicieron respecto al estilo de vida y subjetividad de Cristina.

La certeza es que, en este momento, Cristina Vázquez lleva nueve años privada de su libertad en la Unidad Penal N°5, Instituto Correccional de Mujeres, en Posadas. Compañeras y organizaciones demandan el esclarecimiento de la causa y las irregularidades sobre las cuales se funda su condena. 

Quienes acompañan a Cristina y exigen su inmediata liberación realizaron el siguiente video para difundir y visibilizar la situación de la mujer misionera.

Source

Luisa Cienfuegos murió de un infarto en el penal de Los Hornos por lo que sus compañeras comenzaron una protesta. Activistas y organizaciones que luchan por los derechos de las personas en contextos de encierro denuncian desatención y mala praxis. La represión como respuesta ante toda demanda y el traslado compulsivo como forma de castigo de parte del SP.

El sábado por la tarde Luisa Cienfuegos, una mujer de 43 años de Lomas de Zamora que se encontraba cumpliendo una pena privativa de la libertad bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la Unidad de Los Hornos, La Plata, Buenos Aires, murió de un infarto. Algunas de sus más de 40 compañeras del Pabellón 4, solidarias y a la vez desesperadas ya que Luisa se sentía mal y exigía su derecho a la salud desde el pasado jueves, comenzaron una protesta para que la atiendan en un hospital fuera del edificio.

Mientras Luisa moría, la respuesta de quienes integran el SPB fue la represión con balazos y golpes ante el reclamo y el posterior traslado compulsivo de al menos catorce de ellas a las Unidades 45 y 51 de Melchor Romero y Magdalena.

“Pidió ir a Sanidad una y otra vez y no fue escuchada”, relató Nora Calandra, de la Red Niñez Encarcelada, una de las primeras en difundir la información sobre una muerta más en una cárcel. “El viernes por la noche insistió y le dieron medicación por vena”, contó, “a partir de eso empezó a ser aun más el malestar”. Según Calandra, a la demanda de atención de parte de Luisa y sus compañeras que la veían empeorar, el SPB la volvió a llevar primero a Sanidad y luego a la Unidad de Pronta Atención (UPA) a unas cuadras de la cárcel donde al ser de primeros auxilios los profesionales de salud no pudieron revertir su cuadro y falleció. “Al enterarse las compañeas comenzaron un reclamo con batucadas y fuego, un método extremo de hacer visible la indignación ante la muerte de Luisa que se podría haber evitado”, agregó Calandra, pero “ni siquiera lo intentaron”.

Porque lo que le pasó a Luisa le puede pasar a cualquier otra y poque es una constante que las presas sean desoídas ante toda demanda de derechos, sus compañeras actuaron en solidaridad. Y la respuesta de las y los integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, al igual que toda fuerza represiva dentro y fuera de los muros de las prisiones, fue la violencia activa y el traslado compulsivo, formas de desarmar la organización de las mujeres, perpetuar el abuso de poder y los malos tratos y ejercer el disciplinamiento habitual en las cárceles. Así, catorce mujeres fueron llevadas a otras unidades, también en La Plata, a pesar de las heridas que recibieron, algunas de balazos de goma y golpes de diferente gravedad.

“Hace una horas el SPB anunció que desde hoy el horario de engome será desde las 14 hasta las 7.30”, informó Calandra confirmando lo que ya se sabe, “cuando suceden estas tragedias en el sistema carcelario las soluciones son las prohibiciones”, pero afirmó la resistencia ante la muerte y las vulneraciones de derechos, “las pibas que trasladaron van a llevar el recuerdo de su compañera, ellas sí hicieron algo, ellas gritaron, reclamaron”.

Por su parte, para contrarrestar la información que comenzaba a circular en las redes sociales en voz de familiares de las mujeres encerradas e integrantes de organizaciones que luchan por los derechos de las personas privadas de su libertad, el SPB difundió su versión en los medios hegemónico- comerciales expresando que Luisa “era una enferma crónica”, que “los familiares le informaron que había caído detenido un sobrino”, lo que “la puso nerviosa y se descompensó”.

Desatenciones y represiones sistemáticas

Los reclamos de las personas presas son sistemáticamente desoídos. Los ingresos de familiares, el acceso a las llamadas telefónicas, la suspensión de situaciones de aislamiento o el traslado a un establecimiento más cercano a su hogar, son de las demandas más habituales, a la vez que la ineficacia o falta de preparación de parte de las y los integrantes de los Servicios Penitenciarios en situaciones de emergencia, otra constante a la que se suma la omisión de responsabilidades del Estado y los gobiernos en exigir la aplicación de protocolos de actuación y el siministro de los recursos humanos, materiales y edilicios necesarios para responder adecuadamente frente a urgencias y emergencias médicas.

A su vez, a partir de la aprobación, hace días, de parte de la Cámara de Diputados de la Nación de la modificación a la Ley 24.660 de ejecución de la pena, los Servicios Penitenciarios (al igual que los sectores conservadores de la sociedad) adquirieron más poder. Además la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) expresó la semana pasada el incremento de muertes en otra cárcel, el Complejo Federal de Ezeiza, lo que provocó la remoción de la cúpula de administración ya que los decesos que se produjeron son síntomas de la cancelación del diálogo de parte de los represores.

Los asesinatos, las muertes y torturas y las condiciones de detención y los traslados compulsivos ya fueron un llamado de atención de parte de organismos internaciones al Estado argentino. A la vez, a partir de situaciones concretas, tanto el presidente de la Nación, Mauricio Macri como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fueron interpelados ante estas vulneraciones.

Las mujeres y lesbianas que protestaron por la desatención y la posterior muerte de Luisa Cienfuegos en la Unidad de Los Hornos serán informadas como “cabecillas” o “internas problemáticas”, lo que puede ser una excusa para que el SPB les niegue el acceso a derechos como la educación, el trabajo o la misma atención a la salud. Todo por defender a una compañera. Porque por las presas, ¿quién protesta? Cumplir una pena no tiene nada que ver con perder la vida y las muertes bajo custodia son siempre responsabilidad del Estado. Por eso cuando decimos “ni una menos”, que también sea dentro de las cárceles.

Source