El jueves último se aprobó la Ley de Incineración en la legislatura porteña, un peligro no sólo para la salud sino que atenta contra el trabajo digno y otros derechos conquistados. Entrevista a Jacquelina Flores del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

El jueves 3 de mayo se aprobó la Ley de Incineración en la C.A.B.A., que modifica la Ley de Basura Cero. En medio de fuertes críticas y protestas de todo el arco opositor y organizaciones medio ambientales, se revelaron en la legislatura documentos que mostrarían sobornos mediáticos con los fondos de la pauta oficial, para facilitar la instalación en la opinión pública. Mientras tanto miles de familias están en vilo y se ocultan los detalles de la nueva ley.

Con 36 votos a favor y 22 en contra, se aprobó en la legislatura porteña el proyecto que impulsaba el Ejecutivo que permite la incineración de residuos. Esta ley habilita la instalación de plantas mal llamadas de “termovalorización”, en lugar de incineración, que dicen transformar la basura en energía eléctrica. Sin embargo, poco y nada se sabe de los detalles de su puesta en marcha.

En una entrevista[i] con Jacquelina Flores, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Federación de Cartoneros, e integrante de la mesa de CTEP Capital, se abordó las complejidades de la problemática, que va mucho más allá del peligro para el medio ambiente.

“El Movimiento de Trabajadores Excluidos (y excluidas) nace de la crisis del 2001”, historizó la referente y afirmó: “Romper bolsas para crearse un trabajo digno, porque venimos de la cultura del trabajo y no teníamos nada”, en un contexto donde además estaba la Ley Cacciatore de la época de la dictadura donde “nos llevaban presos por romper la bolsa de basura” afirmó Jacquelina y agregó: “en ese contexto tan adverso, donde no había nada y además éramos criminalizados, es que comienzan a darse un trabajo precario de subsistencia”.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos nació en ese contexto, excluidos de cualquier sistema laboral.

Ley de Basura Cero

El gobierno de la C.A.B.A.  en el año 2007 reglamentaba la ley de Basura Cero que fuera aprobada en enero de 2006, bajo la gestión del mismo signo político actual. Esa ley estaba orientada a la eliminación progresiva de los rellenos sanitarios, con el control de los residuos sólidos urbanos.

El gobierno quedaba comprometido a través de una ley a la adopción de medidas dirigidas a la reducción de residuos, la recuperación y el reciclado y a la disminución de la toxicidad de la basura mientras de alguna manera obligaba a la asunción de la responsabilidad de los fabricantes sobre sus productos. Esa ley se cumplió a medias, aun teniendo metas que comprometían la disminución y el tratamiento de los residuos.

En el marco de esa ley las y los trabajadores cartoneros a través de su lucha consiguieron ser reconocidos como recicladores urbanos y constituyeron cooperativas de reciclado y gestión de los residuos. Los mismos no sólo participaban en la última parte de la recolección sino que también son quienes concientizaban a la población sobre la separación diferenciada.

También las y los cartoneros discutieron en la legislatura el derecho a vivir mejor. Así lo explicó Flores: “Cuando nos dimos cuenta cual era el valor real del trabajo que habíamos generado nos empezó a preocupar el destino de la ciudad y llevamos nuestro saber a la legislatura para discutir junto a la ciudadanía el derecho a vivir mejor, pero nos han intentado hacer creer que valemos menos que la basura”.

Basura Cero Sí, Incinerar No 

Hacia fines de marzo pasado, el gobierno porteño presentó el proyecto para reformar la ley de basura cero que avala el plan oficial para cambiar el sistema de disposición final de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye la incineración o termovalorización y fija nuevos plazos para terminar con el enterramiento de reciclables.

Según los planes oficiales, en el AMBA se instalarían al menos tres incineradores, uno de ellos en la zona sur del distrito. De los demás se desconoce su ubicación.

Al respecto Flores relató la situación: “A partir de la ley de Basura Cero se constituye una mesa de seguimiento en donde participan las y los trabajadores cartoneros, que se reúne regularmente. Hace un mes en la mesa de seguimiento, vienen impulsando fuertemente la ley de incineración y las cooperativas le pedimos un informe sobre esa ley y su implementación y casualmente nunca fueron tan cumplidores, porque la reunión de la mesa terminó a las seis de la tarde y a las doce de la noche nos llega un mail con la respuesta, pero la información nos llega en inglés y ahí se entiende un poco más la cuestión de clase en juego”.

“Una planta de incineración,  que se le llama termovalorización,  es cancerígena. La primera planta que pretenden instalar va a ser en Lugano: si es tan bueno y no le va a hacer mal a nadie, ¿por qué no la instalan en Puerto Madero o en Olivos? Es decir que donde vivimos los que menos tenemos además nos van a instalar una planta de incineración”.

Algo más que pérdida de puestos de trabajo

La referente del MTE además explicó las implicaciones de lo que está en peligro de perderse con la Ley de Incineración, junto a los puestos de trabajo e ingreso genuino para las y los trabajadores cartoneros. “Lo que está en juego no sólo son más de 20 mil puestos de trabajo. Nuestra base tiene que ver con nuestro trabajo y hace muchos años que nos hemos hecho cargo de una gestión de un estado que no está ausente, sino que mira para otro lado, resguardando otros intereses. Nosotros nos ocupamos de la niñez y con la ley de Basura Cero exigimos al estado guarderías para nuestras niñas y niños, porque en este trabajo la gran mayoría somos mujeres jefas de hogar. Al mismo tiempo también nos hacemos cargo de las violencias de nuestras mujeres y resguardamos la vida de nuestros pibes y pibas y combatimos el flagelo de la droga. Y porque no vamos a sostener ninguna pobreza impuesta, creamos el primer bachillerato cartonero”.

“Venimos sabiendo que Macri y Larreta vienen construyendo una ciudad para pocos, pero nosotros no estamos dispuestos a perder ni el trabajo ni la calidad de vida”.

El negocio de la familia Macri desde la época de la dictadura estuvo ligado a la basura con la empresa Manliba, concesionaria del servicio de recolección de residuos que ayudó a incrementar el patrimonio del grupo. En tiempos en que Macri aspiraba a la primera jefatura del Gobierno de la Ciudad expresaba sin pudor que los “cartoneros se robaban la basura”. Así puede entenderse que la gestión de los residuos implica la disputa de poderosos intereses económicos. No sabemos si hoy esta iniciativa que acaba de ser aprobada en el ámbito porteño no será un nuevo ensayo para luego ser replicado a nivel nacional.

“La ciudad será cartonera o no será”, es el lema de las y los trabajadores del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidos que prometen no abandonar las calles para seguir peleando por el derecho, no solo al trabajo digno, sino por mucho más, junto a las y los habitantes de la ciudad para cuidar la vida.

[i] Realizada en el programa Troyanos del Sistema. Lunes 18 hs. por FM La Tribu

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Por Mario Hernandez

In Memorian de Jonathan Gardini

Trabajador asesinado el 30 de marzo cuando participaba del corte de la

calle de entrada al cordón industrial de San Lorenzo (Santa Fe)

El presidente Mauricio Macri abrió el Foro Económico Mundial que se celebra en Buenos Aires con una referencia vinculada al paro nacional de la CGT: “Qué bueno que hoy estemos acá, trabajando”, destacó de cara a un auditorio colmado de empresarios.

De esa manera, el jefe de Estado trató patéticamente de bajarle el tono al alcance de la medida de fuerza que comenzó en la madrugada del jueves y se vio potenciada por los piquetes y la falta de medios de transporte.

Tampoco se privó el Presidente de felicitar a Patricia Bullrich y pedirle mayor dureza contra los piquetes a Rodríguez Larreta. El saldo represivo fue un desalojo con seis detenidos y cuatro heridos en la Panamericana, realizado por las fuerzas nacionales, y la intervención de la policía porteña en la avenida Callao y Corrientes, que dejó un manifestante detenido.

Para el objetivo mayor de Macri, que era mostrar una Argentina sin caos, sobre todo ante la presencia de más de 1.000 empresarios que vinieron al Foro Económico Mundial, quedó resuelta la meta con el accionar en Panamericana y en el piquete porteño.

“Bajen las armas, acá sólo hay pibes comiendo”

La consigna escrita sobre una ancha bandera blanca encabezó la multitudinaria movilización de los cooperativistas y militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que llegaron hasta el Municipio de Lanús en reclamo de justicia por la represión desatada contra quienes estaban en el comedor “Cartoneritos”, que la organización sostiene en Villa Caraza, en la noche del jueves 31 de marzo y por los apremios ilegales, vejaciones y desaparición forzada, de la que fue víctima uno de sus integrantes.

La columna que partió a las 14:00 del martes pasado, desde la estación de Lanús hasta la sede del Municipio, reunió a más de un millar de personas con el respaldo del Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, la CCC, Barrios de Pie, otras organizaciones sociales y políticas y comedores y murgas de la zona, para llevar frente a la sede municipal el pedido de justicia, que quedó formalizada en el Poder Judicial. También estuvo presente el reclamo de la separación del cargo del Secretario de Seguridad, Diego Kravetz.

“El Gobierno mantiene un doble juego al atacar a los compañeros que se organizan en las barriadas populares, en los comedores que garantizan que los pibes se alejen de los tranzas del barrio, mientras intentan estigmatizar y criminalizar la pobreza”, aseguró Nicolás Caropresi, referente de la MTE quien fue uno de los oradores de la marcha junto a la coordinadora y las cocineras del comedor, las primeras en dar testimonio de los disparos de balas de goma y el gas pimienta con los que la Policía local ingresó con la excusa de perseguir a un hombre con pedido de captura.

También en Rosario una quincena de miembros de la comunidad Qom fueron detenidos en la Comisaría 19°, muchos de ellos y ellas con fuertes golpes y luxaciones. Previo a esto rondando las siete de la mañana del domingo 2 de abril y tras un raid de agresiones verbales discriminatorias a miembros de la comunidad, más de cuarenta efectivos del Comando Radioeléctrico habían ingresado y destrozado viviendas sin respetar medida procedimental alguna. Un joven menor de edad detenido apareció golpeado en un terreno baldío y debió ser hospitalizado. Tras 14 horas fueron liberados los detenidos y la fiscalía dispuso la investigación al personal policial, incluido el médico institucional que dijo no haber constatado lesiones.

Apostillas del paro nacional

Envalentonado tras lo que consideran un éxito de la marcha del #1A, desde el Gobierno volvieron a utilizar las redes sociales. Con el hashtag #YoNoParoEl6 convocaron a rechazar la medida de fuerza de la CGT.

Después de que el Jefe de Estado dijera que no comprende el paro y apuntara a sindicatos “mafiosos”, el público defensor del macrismo impulsó la mencionada consigna. Si bien no hubo funcionarios y militantes del PRO que se sumaran oficialmente a la propuesta, el hashtag sí circuló entre usuarios mayormente anónimos y usualmente asociados al oficialismo. Los “tuiteros” pueden llegar a generar entre 15.000 y 20.000 tuits por hora. En el mercado publicitario estiman que “la estructura puede costar hasta 500.000 pesos mensuales”, sin contar la difusión telefónica por Whatsapp de texto y audio que, habría superado los 15 millones de destinatarios a partir de la compra de bases de datos de usuarios bancarios, la utilización de la base de datos de la ANSES y la línea de atención telefónica 147.

Que la demorada resolución del paro fue a regañadientes es público y notorio. Por ese motivo, la incógnita que se presenta es qué rumbo adoptará la central obrera en los días posteriores a la masiva y contundente medida.

El gobierno no convocó a ninguna reunión previa al paro para intentar desactivarlo. Apuntó, más bien, a desmontar la unidad de acción de la CGT sobre la base de las paritarias de los gremios con alto poder de fuego.

Así, consagró el cierre de la paritaria de empleados de comercio en un 20% en dos cuotas, además de una cuantiosa suma para la Obra Social.

Del mismo modo, autorizó la apertura de las paritarias del transporte y generó un clima de negociación diferente al que desenvuelve con los dirigentes docentes. Primero le tocó a los choferes de la UTA y luego a los ferroviarios. Omar Maturano, titular de La Fraternidad, señaló que en la negociación que encararon en común con Sergio Sasia de la Unión Ferroviaria e integrante del MASA, “la patronal no tiró números, sólo recibió nuestro planteo del 25%. Lo bueno fue que no pusieron techo.”

Por otra parte, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ordenó reforzar las auditorías en los gremios en busca de irregularidades en los procesos eleccionarios y detectar casos en los que no se cumpla con el 30 % del cupo femenino, algo que habilitaría a poner trabas a las actuales dirigencias.

Como parte de la misma estrategia, Triaca dio curso a las impugnaciones que cuestionan la conformación del triunvirato de la CGT por un presunto incumplimiento del estatuto interno.

Omar Plaini, diputado nacional y dirigente de la CGT, reconoció que “es un gobierno que tiene una forma de concebir la política. Es muy difícil que cambie”, y descartó que las paritarias sean la vía de continuidad: “El paro va más allá de eso, no podemos mezclar una cosa con la otra. Entendemos que el rumbo debe ser modificado y vamos a seguir con el plan de lucha”.

Aunque Plaini le restó importancia a la elección a la hora de establecer la ruta de la CGT, a cuatro meses para las PASO, a nadie se le escapa que la estrategia que asuma va a estar condicionada por esa realidad y, en particular, por la interna del peronismo.

Docentes

“Hay veinte provincias que no cerraron paritarias”, sostuvo Roberto Baradel. Además de Buenos Aires, las provincias más conflictivas hoy son Entre Ríos, Santa Cruz y Neuquén, donde no se dictaron clases a lo largo de toda la semana pasada.

El conflicto crece en Santa Cruz, donde el gobierno de Alicia Kirchner ofreció a los gremios docentes 3% de aumento.

El miércoles, desde las 8 de la mañana, se realizó el Congreso extraordinario provincial de Adosac, en donde se discutió y se aprobó no acatar la conciliación obligatoria dictada por el gobierno provincial. Se resolvió además un paro por 72 horas para esta semana.

A minutos del mediodía del miércoles las columnas de docentes agremiados en ADOSAC llegaban a la calle San Martín en donde los esperaban los trabajadores de ATE y jubilados de la provincia para aunar filas. Cuadras más adelante, al llegar a la intersección con la Avenida Kirchner, un grupo importante de padres se sumó al pedido al gobierno del Frente Para la Victoria para que garantice el comienzo de las clases cumpliendo con lo adeudado a las y los docentes de Santa Cruz.

Esta semana habrá nuevas medidas de fuerza de los diferentes gremios de la administración pública ya que aún no se obtuvo respuestas por parte de Alicia Kirchner con respecto al pago de los sueldos del mes de marzo y una nueva oferta paritaria.

Mientras tanto, la gobernadora bonaerense redobló la apuesta. En una carta dirigida a los sindicatos, que motivó correcciones de los docentes a los errores ortográficos de Vidal, dice que puede haber una propuesta salarial superadora siempre y cuando se abandone el derecho a huelga.

Sin embargo, no las tiene todas consigo. En un nuevo giro del conflicto, Dora Eva Temis, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 58, resolvió ante la medida cautelar presentada por la entidad gremial UDA (Unión Docentes Argentinos), que el Ministerio de Trabajo Nacional debe llamar en cinco días a la paritaria nacional. Es más, en los fundamentos que establece la sentencia judicial dice: “el mantenimiento de esta situación de hecho (la no convocatoria a paritaria nacional) configuran una gravedad tal (teniendo en cuenta objetivamente que se proyecta sobre la posibilidad o imposibilidad del dictado de clases en los respectivos niveles de la enseñanza -derecho humano fundamental a la educación-) que justifica el dictado de la medida”, señala Temis.

Este dictamen judicial viene a dirimir lo que es el punto central del conflicto docente a nivel nacional desde el inicio del ciclo lectivo 2017, hace más de un mes. La negativa del Ministerio de Educación nacional de convocar a paritaria nacional se basa en el argumento expresado por el ministro Esteban Bullrich de que el ministerio nacional “no tiene escuelas”.

La ley mencionada conocida como Ley del Financiamiento Educativo y el Decreto N.º 457 de 2007, determinan que el gobierno nacional y los sindicatos con representación nacional, convoquen al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para la designación de una comisión que establezca un nuevo convenio marco ya sea salarial o de condiciones de trabajo docente.
Desde el año 2007 la paritaria nacional establece un piso salarial para todas las provincias, a partir del cual, en cada una de éstas la paritaria salarial debe partir de ese piso establecido nacionalmente. La ley intenta paliar la provincialización del sistema educativo que instauró la Ley de Educación Federal de 1994.

Mientras, el Frente de Unidad Docente resolvió suspender los paros a la espera de una “oferta superadora” del Ejecutivo bonaerense y de la devolución de los descuentos que realizó aproximadamente a 100.000 maestros. Sin embargo, tanto el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como el de Educación, Esteban Bullrich, preparan una apelación del fallo y recusarán a la magistrada judicial por considerar que tuvo “animosidad”.

Desalojan la planta de AGR-Clarín

En asamblea, los trabajadores que desde hace 82 días tomaban la planta de AGR-Clarín, decidieron dejarla el viernes pasado. La condición que pusieron los trabajadores es que además de las filmaciones de la policía para tomar registro del estado en que entregan las maquinarias, haya registro de una organización popular.

La orden de desalojo les fue presentada por la policía ante un importante operativo de agentes armados con armas de fuego preparados para sacar por la fuerza a los trabajadores si no resolvían salir. “Hay un verdadero ejército”, afirmó desde dentro de la planta Marcelo Ramal, legislador porteño del FIT. La lucha seguirá afuera, dijo uno de los trabajadores, para pelear por la recuperación de sus puestos de trabajo.

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Miembros de la Policía local de Lanús reprimieron con balas, palos y gas pimienta a niños, niñas y mujeres que se encontraban cenando en el merendero que tiene el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Villa Caraza. Hubo tres detenidos que fueron liberados horas más tarde. El secretario de seguridad del municipio, Diego Kravetz, habría estado presente en el operativo.

Durante la noche de hoy, la Policía local del Municipio de Lanús reprimió a adultos, niños y niñas que se encontraban cenando en el merendero “Cartoneritos”, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Lanús. Durante el violento episodio, los efectivos rompieron las instalaciones del comedor, ubicado en Villa Caraza, además de tirar golpear a las personas que allí se encontraban con palos y tirar gas pimienta en la comida. El secretario de seguridad del municipio, Diego Kravetz, habría estado presente y a cargo del operativo.

Tras los hechos, la Policía detuvo a tres personas de las cuales durante horas no se conoció su paradero, por lo cual las y los vecinos se manifestaron en la puerta de la Comisaría 5ta de Villa Diamante para pedir información sobre la ubicación de los mismos. Tiempo después, los efectivos confirmaron que se encontraban en la Comisaría 9na de Villa Caraza.

“Estábamos con los chicos en casa comiendo, andaban haciendo operativo. Pararon un auto afuera de mi casa filmando todo”, relata una integrante del Movimiento, quien cuenta el momento en que solicitó a los efectivos que se corran de la puerta de su casa, lo cual desató el enojo de los policías, quienes entraron al comedor rompiendo las instalaciones, arrojando gas pimienta y lastimando a jóvenes y niños que se encontraban en el lugar.

En declaraciones a una radio local, Nicolás, integrante del MTE, afirmó que “la Policía local de Lanús, con la presencia del Secretario de Seguridad, Diego Kravetz reprimieron salvajemente nuestro comedor”. Contó que “cuando una compañera se acercó a pedir que dejen el operativo porque estaban los niños y las niñas, no sabemos porqué pero comenzaron a reprimir con gas pimienta, balas de goma y palos”.

Desde el MTE indicaron además que tanto la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, desde hace tiempo vienen hostigando a la organización. Ante esta situación de persecución constante y la detención de un integrante del merendero, alrededor de 200 vecinos del barrio Eva Perón se concentraron en la puerta de la Comisaría ya mencionada, desde donde informaron que los detenidos estaban siendo llevados al cuerpo médico para luego otorgarles la libertad.

Quien está interviniendo es el Defensor Oficial de Menores, Ricardo Bagú, quien se entrevistará durante la jornada del viernes. Según informaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la detención fue por “resistencia a la autoridad”, lo que habitualmente suscribe la policía para justificar este tipo de atropellos.

“Hay chicos lastimados, tiraban tiros. No sabemos qué hacer, estoy nerviosa, tengo chicos lastimados, llevaron detenidos que nada que ver”, indicó la integrante del Movimiento al relatar lo que se desataba minutos después de que le solicitara a la policía local que se corra de la puerta de su casa.

Nicolás relató además que las personas que fueron heridas ya recibieron asistencia, niñas, niños y las mujeres que se encontraban en el comedor. “No logramos entender porqué mandan esa violencia contra pibes y señoras que estaban comiendo y cocinando en el barrio”, agregó el integrante del Movimiento.

Tanto el comedor como el barrio, Villa Caraza ya venía siendo hostigado por la policía local, en manos del Municipio de Lanus, a cargo de Nestor Grindetti (Cambiemos), “a los niños que están en las calles los revisan y los ponen contra la pared”, y agregaron, “esto es una persecución a los compañeros organizados del MTE, no encontramos otra explicación a lo que pasó”.

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