Análisis de la situación cambiaria, las fluctuaciones que no se detienen,  las implicaciones y cosecuencias que tiene en la economía real. 

La cotización del dólar se acerca a 30 pesos por cada unidad de la moneda estadounidense, lo que repercute en la suba de precios, afectando el consumo popular y el proceso de producción.

Encima nadie sabe a cuánto llegará el dólar en el corto plazo. Un ex funcionario del gobierno, Melconian, sugirió 41 pesos por dólar y otros imaginan hasta el doble para igualar la pos-convertibilidad que pasó del 1 a 1, al 4 a 1 en poco tiempo.

Si el piso era 20 unidades de pesos por cada dólar antes de la corrida cambiaria, el 4 a 1 supondría llegar a 80 pesos por dólar, como aspiración del sector beneficiado por el alza de la divisa, principalmente grandes exportadores, sectores asociados al turismo externo receptor y especuladores.

Precios, consumo, producción y empleo

El precio del dólar se traslada en buena medida a los precios del conjunto de la economía y eso se refleja en la vida cotidiana de las familias de menores ingresos y por eso el mes de junio será el de mayor inflación en el año, entre 3 y 4%, con una proyección anual superior al 30%.

La corrida cambiaria de mayo y junio provoca el ajuste en la capacidad de gasto de la población.

Hay quienes dicen que el acuerdo con el FMI traerá ajuste (dicho en futuro), y lo que ocurre (en el presente) es el ajuste más allá de políticas explícitas de recorte de gasto público o despidos de personal del Estado, caso emblemático en estas horas en TELAM.

Con la suba del dólar suben los precios y cae el consumo popular, que gasta ingresos escasos en productos de la canasta básica, especialmente alimentos y servicios públicos privatizados y con tarifas en alza.

Aun cuando señalan que se morigera la suba de tarifas, la próxima semana aumentan los combustibles y la ronda de ascenso de precios no tiene fin.

Solo el conflicto social sindical genera expectativa de recuperación de ingresos perdidos por negociaciones colectivas amañadas y con techo, que solo se mueve en tanto la protesta traspasa el interés corporativo y se asume por el conjunto de la sociedad.

Es algo a discutir respecto de la valoración social sobre la educación, el trabajo estatal o en la justicia, con un despliegue de iniciativa gubernamental deslegitimando la demanda salarial de los docentes, estatales y judiciales.

Por la suba de precios y la baja relativa de los ingresos existen señales de caída de la actividad económica que se manifiestan en datos concretos, tal como señala el INDEC.

En abril del 2018 hay una caída de la actividad económica del 0,9% respecto al mismo mes de 2017, con especial impacto en el sector primario, que hasta ahora explicaba las mejoras económicas durante el gobierno Macri.

No solo el agro, ya que la “actividad de la industria manufacturera de mayo de 2018 presenta una baja de 1,2% respecto al mismo mes del año 2017” dice el INDEC, con especial impacto en el sector químico, textil y petrolero.[1]

Todo se manifiesta en el crecimiento de la desocupación, del 9,1% hacia marzo 2018, especialmente en los principales centros urbanos y de concentración de trabajadoras y trabajadores, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Son preocupantes los datos del crecimiento de la irregularidad en el empleo, del orden del 35% y de los ocupados y sub-ocupados demandantes de empleo, lo que generaliza problemas laborales objetivos en la mayoría de los trabajadores y trabajadoras.

El Ministerio de Trabajo informa en sus estudios laborales que “el empleo privado formal presentó una reducción de 0,2% en mayo de 2018 con respecto a abril”.[2]

Agrega que el dato “se explica por la disminución en las ramas: Industria Manufacturera (-0,2%), Construcción (-1,0%), Comercio, restaurantes y hoteles  (-0,2%) y Transporte, almacenaje y comunicaciones (-0,4%). El resto de las ramas tuvieron un comportamiento positivo: Servicios financieros y a las empresas (+0,1%) y Servicios  comunales, sociales y personales (+0,1%).”

Vale recordar que la recuperación económica del 2002-2007 se motivó en la expansión del sector industrial, que ahora aparece afectado en su capacidad de expansión.

Esta caída afecta principalmente a sectores de la pyme y por eso existieron anuncios oficiales en materia crediticia, intentando contener la desazón en un sector ideológicamente favorable al gobierno.

El imaginario del gobierno es erróneo

Macri accedió al gobierno con la convicción que su sola presencia al frente de la gestión significaría el desembarco de capitales externos. Por eso pretendió cerrar el conflicto con los fondos buitres. En eso lo acompañaron opositores que le disputan gobierno pero no proyecto o rumbo económico y político.

No solo no terminó con el problema con algunos “buitres” que siguen demandando al país, sino que inició un nuevo ciclo de peligroso endeudamiento público mientras los capitales externos  se disponían a desembarcar.

La cruda realidad demuestra que no ingresan esos capitales externos, sino que se agiganta la fuga de capitales invertidos en el país y se aprovechan del ingreso de divisas vía préstamos o inversión especulativa para salir de la Argentina.

Eso explica la corrida cambiaria. Si las LEBAC generaron alta renta a inversores especulativos privados, ahora venden esos títulos y se resguardan en la moneda estadounidense que el gobierno generosamente ofrece.

Señalamos así, que el dólar es el resguardo de los inversores y encima, las autoridades no establecen ninguna restricción. En dos meses son cerca de 12.000 millones de dólares entregados a las cuentas de inversores especulativos, en lugar de usar reservas internacionales para una política de promoción de inversiones y empleos genuinos en todo el territorio nacional.

La situación del capitalismo mundial es inestable, con EEUU o Gran Bretaña promoviendo políticas  “proteccionistas” para intervenir con beneficio en la liberalización de la economía mundial.

Desde EEUU se instala la guerra comercial y monetaria, contra Europa o China; contra sus vecinos Canadá o México y se atrinchera en la región latinoamericana con base a socios ideológicos del libre mercado mentiroso en época de transnacionalización y dominación monopolista.

El gobierno Macri no entiende como sus aliados del capitalismo desarrollado no lo apoyan más allá del discurso y clama por la llegada de capitales externos.

Los potenciales inversores le aseguran futuras radicaciones si se avanza en el ajuste y la reconversión regresiva contra derechos sociales y sindicales de la población trabajadora. Para eso se insiste en la reforma previsional y laboral.

Por eso y a toda costa se avanza con el ajuste y se ensayan procesos de liquidación de ámbitos laborales en el Estado. La tercerización continúa y se vacían de tareas al sector público. Se genera así el clima de “no trabajo” y por lo tanto, que sobra personal, legitimando los despidos. Hoy se verifica la situación en los medios públicos, visibilizados en TELAM y pronto en la TV y Radio pública.

El experimento cuesta y mucho, porque la liberalización está generando un gigantesco déficit externo. El INDEC nos dice que el saldo negativo de la cuenta corriente de la Argentina alcanzó los 9.623 millones de dólares para el primer trimestre del 2018, producto de mayores importaciones que exportaciones; más gasto de argentinos en el exterior que el ingreso de turismo (aun antes del mundial de fútbol) y remesas de utilidades al exterior.

Todo se suple con una deuda externa crecida en 19.000 millones de dólares entre enero y marzo del 2018, a lo que deben sumarse los 15.000 millones desembolsados por el FMI el pasado 22 de junio.

A no confundirse, el error de diagnóstico del gobierno supone en simultáneo el ajuste contra los sectores de menores ingresos, derivado del consenso electoral del 2015 y 2017 y que pretende recrear para el 2019.

Ya no es tan segura la continuidad, pero un cambio de gestión tampoco augura una modificación sustancial del rumbo, por lo que hace falta una discusión sustantiva sobre el país a construir

Ir más allá de la crítica al gobierno macrista

Se necesita una seria discusión sobre el sentido del voto en el país y la discusión profunda para evitar que se continúe la misma política bajo otra gestión.

La discusión es sobre quién y para que el gobierno, y con ello intentar instalar en la sociedad el tipo de orden económico, social, cultural y político que se requiere para satisfacer necesidades sociales extendidas. No es un debate electoral, sino que lo trasciende.

El descontento social se manifiesta en conflicto, recientemente los paros del 14/6 y del 25/6, que avanzan en organización del descontento, o en las protestas de Chubut y variados territorios o de sectores que demandan por sus reivindicaciones. No alcanza con ello y se requiere discutir el rumbo, que es más que recomponer ingresos.

Claro que lo primero es la disputa para resolver la cotidianeidad, pero esta no existe si no se avanza en el consenso social para otra sociedad con mayorías sociales satisfechas, lo que implica una fuerte confrontación con los beneficiados del orden capitalista.

Buenos Aires, 30 de junio de 2018

[1] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_06_18.pdf (consultado el 30/6/2018)

[2]http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/empleoregistradosectorprivado/empleoregistradosectorprivado_1805_informe.pdf (consultado el 30/06/2018)

*Esta nota fue publicada en El Blog de Julio C. Gambina

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En sólo una semana el gobierno PRO mostró que venía por todo. Baja de retenciones para los patrones del campo, emergencia energética, eliminación de subsidios y suba de tarifas, devaluación de casi un 50 por ciento y el pedido a los trabajadores a que ayuden a la economía al tiempo que impulsaba un protocolo para regular la protesta social y decretaba la emergencia en seguridad. La respuesta de los y las de abajo llegará el martes con una masiva y unitaria movilización a Plaza de Mayo.

La victoria de los halcones

Había dos miradas dentro del equipo PRO. Quienes proponían un ajuste gradual y quienes ganaron la pulseada, con la consigna de “Hay que avanzar enseguida con las medidas antipáticas”. La devaluación con su proporcional traslado a los precios y la designación por decreto de dos miembros de la Corte, marcan la victoria de los halcones en este inicio de gobierno.

Si la tarea era avanzar con “las promesas de campaña”, la consigna Pobreza Cero quedó para una segunda etapa y se avanzó con el ajuste, el retiro del cepo y la devaluación. La designación de empresarios, terratenientes, CEOS y ex defensores de la dictadura militar no terminó siendo solamente una expresión discursiva, como las primeras declaraciones sobre Venezuela de Mauricio Macri. El think tank del PRO decidió avanzar en el modelo asentado sobre la matriz agroexportadora y de alineamiento con Estados Unidos. En el día de hoy, en la primer cumbre del Mercosur de Macri, se verá expresado en pasos concretos dispuestos a avanzar en el nuevo ALCA, que es el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea y en primeros pasos gestos hacia con la Alianza del Pacífico.

El desafío: Disciplinar la protesta social y al movimiento popular

Por “derecha y por izquierda”, todos coinciden. Después de la brutal devaluación y transferencia de recursos a los más poderosos, el escenario que tiene que resolver el nuevo gobierno nacional es el descontento de los trabajadores y trabajadoras expresado en las protestas que fueron protagonistas en la primera semana PRO y que se reforzarán a partir de hoy.

La propuesta de diálogo social, donde prime la “racionalidad” de empresarios y empleados y se logre avanzar por “el bien del país” quedó descartada después de la devaluación y hoy, al decidir de Van der Kooy, el riesgo es no caer en una inflación fuera de control. La falta de medidas a favor de los trabajadores ha generado un reclamo de todos los sectores gremiales por un bono de fin de año.

Ante la presión, el gobierno nacional se dio, al menos, tres tareas. La primera fue aplacar a algunos sindicatos con “poder de fuego”, con el manejo de las obras sociales. La segunda es disponer a los Ministerios de Desarrollo Social de Nación y Provincia a garantizar alimentos de fin de año y prometer diálogo con los movimientos sociales y finalmente, la tarea de avanzar en el disciplinamiento de la protesta o, al decir de Morales Solá, en el desafío de “apartar a los argentinos del conflicto social que convierte sus vidas, desde hace 14 años, en un infierno cuando salen al espacio público”. Esta dinámica “salvaje”, propia de “los días de furia” de 2002, debe ser enfrentada con un esquema integral que regule las protestas.

El llamado control territorial o del espacio público

La propuesta de avanzar con medidas que regulen la protesta social no es patrimonio de la derecha, ya que en abril de 2014 el FPV propuso una ley anti piquetes para regular la protesta social que fue masivamente rechazada. Hoy el PRO decide limitar el derecho a protestar en función de proteger el soberano derecho a la libre circulación. Siguiendo a Joaquín Morales Solá, “Patricia Bullrich tiene un plazo para elaborar un protocolo contra piquetes y cortes: el 29 de diciembre. La orden del Presidente es clara: primero deberá negociarse y, si las conversaciones fracasan, la Justicia y las fuerzas de seguridad deberán actuar en el acto”.

El intento de disciplinar a las organizaciones populares viene en combo. En la declaración de emergencia en materia de seguridad, Bullrich anunció la coordinación entre fuerzas de seguridad, poder judicial y agentes de inteligencia para tener éxito en su emprendimiento. Las palabras de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fueron por demás elocuentes, haciendo alusión a Cresta Roja “el corte no es la manera de resolver los conflictos”.

Nadie mejor que la piba Bullrich para la tarea de criminalizar la protesta. Quien redujo salarios y jubilaciones con la Alianza dijo en aquel momento que la medida era dura pero necesaria. Hoy buscará conducir con “mano de hierro” a las fuerzas federales de seguridad para avanzar con el “control territorial”, un eufemismo de represión y judicialización de los y las luchadoras.

Si bien el gobierno PRO no quiere quedar asociado a una política represiva, sus prácticas en la Ciudad de Buenos Aires con la represión de la Metropolitana en el Borda y en el Indoamericano, son parte de la memoria colectiva de la población.

Aunque menos conocido, Fabián Jorge Rodríguez Simón -el ideólogo de cubrir por decreto a dos jueces de la Corte Suprema- fue justamente el responsable de impulsar la UCEP, la fuerza de choque por la que fueron procesados varios funcionarios por abusar del uso de la fuerza y desalojar violentamente del espacio público a personas en situación de calle.

La pelea por la bendición del representante de Dios

Macri saludó al Papa Francisco en su cumpleaños, con una frase peculiar: “La Argentina no será un problema para usted. Yo me encargaré de eso como presidente”. La idea de devolverle “libertad y tranquilidad” a la población, sería igual a abrir el país a los mercados y poner en orden el conflicto social (lo que está por verse). Pero hay que recordar que esa relación está tensionada. Macri recién logro una carta del Papa a través de la mamá de Triaca esta semana. Y por el otro lado, un sector del kirchnerismo y de movimientos populares vinculados a la CTA, que son parte del espacio de Movimientos Populares impulsado por Francisco con las consignas Tierra, Techo y Trabajo, podrían entrar en tensión con las políticas de Macri. Recordemos las fuertes críticas de Bergoglio cuando Macri desalojó el barrio Papa Francisco en Lugano, junto a las fuerzas federales comandadas por Sergio Berni.

Respuesta unitaria frente a la devaluación

El reclamo de un bono de fin de año para compensar la pérdida del poder adquisitivo ha surgido en todos los gremios. Las cinco centrales sindicales, la mayoría de los gremios, las organizaciones sociales y los trabajadores que sobreviven con la venta de su fuerza de trabajo reclaman una respuesta. La diferencia tal vez radica en que “los gordos” y las burocracias sindicales discuten con qué tajada se quedan mientras el resto evalúan dar una respuesta en las calles.

En este sentido, la convocatoria unitaria y masiva de un amplio abanico de gremios, agrupaciones sindicales, trabajadores y trabajadoras precarizados, de la economía popular, privados y estatales ha logrado aglutinar a fuerzas bien heterogéneas pero que comparten el reclamo y la urgencia de un bono de fin de año.

La convocatoria a una movilización que partirá de Belgrano y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo, con la consigna de bono navideño tuvo a la CTA Autónoma como convocante, pero rápidamente se sumaron gremios combativos como la Federación aceitera -que logró una importante victoria en las recientes paritarias-, la CTEP -que agrupa a trabajadores de la economía popular-; a las corrientes sindicales de los distintos partidos políticos del FIT, a la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas que nuclea agrupamientos clasistas con base en estatales y docentes fundamentalmente, y a organizaciones políticas que van desde el PTS, El PO, IS, o el Frente Popular Darío Santillan, el Movimiento Evita, la Tupac Amaru.

Las evidentes diferencias políticas no han impedido convocar a una acción de lucha unitaria que dé una respuesta contundente ante la devaluación y ajuste ejecutado en los primeros días de gobierno. A menos que haya anuncios en las próximas horas, se prevé un inicio de semana marcado por la conflictividad social: la marcha de hoy de Cresta Roja, la movilización mañana de este amplio abanico de organizaciones sociales y políticas es una advertencia, no sólo a los reclamos populares sino el rechazo al intento de cercenar la protesta social.

El cierre de año prevé un 2016 con mayor conflictividad en donde el PRO tendrá que prever un plan para sostener aquello que prometió en campaña cuando su discurso prometió no desmantelar algunas de las reivindicaciones conquistadas por la población durante los últimos años.

En el caso de las organizaciones populares, de izquierda, además de la resistencia callejera queda pendiente el desafío de construir y comunicar un proyecto propio que permita sortear la lógica K/Anti K y narrar un proyecto popular, de las izquierdas en la búsqueda de una transformación radical de la sociedad.

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Ecuador se enfrenta a una coyuntura compleja de doble polarización. Las posiciones de la derecha, el llamado al Dialogo Nacional desde el gobierno y las movilizaciones que sostienen las organizaciones populares.

El llamado al Dialogo Nacional

El mes pasado Ecuador vivió un intenso clima de movilización y repudio, cuyo detonante fue el anuncio de la propuesta de Ley de Herencia, para gravar toda herencia superior a los 35 mil dólares, y la Ley de Plusvalía que buscaba la creación de un impuesto a las ganancias extraordinarias en las transferencias de bienes inmuebles. Estas marchas fueron en gran medida “fogueadas” por figuras de la derecha ecuatoriana, y se articularon en ellas importantes sectores medios, todo lo cual ocluyó mediáticamente las diferencias con las más antiguas demandas de sectores de oposición impulsados por representativas organizaciones sociales.

Como resultado de marchas que se multiplicaron por el territorio nacional, Rafael Correa anunció el 15 de junio, el retiro temporal de estas leyes. Luego, pocos días después el Presidente lanzo una convocatoria al “Dialogo Nacional por la justicia social y la equidad”, a fin de involucrar a toda la sociedad para discutir y analizar las condiciones estructurales que causan la pobreza, la desigualdad y evaluar las rutas que debe tomar el Ecuador en el futuro inmediato.

Las agendas y cronogramas de encuentros –que se prolongarán hasta el mes de diciembre–, están siendo coordinados por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES– y por la Asamblea Nacional. Según Pavel Muñoz (presidente de la primera) esta iniciativa no busca solamente discutir las leyes que han desatado el conflicto, sino que se trata de un debate profundo sobre el “el país que se quiere construir”. En este sentido se ha logrado en el transcurso del primer mes un total de 15 encuentros con comunidades y nacionalidades indígenas; sectores empresariales, de la economía popular; trabajadores y sindicatos a lo largo de siete provincias. A su vez Gabriela Rivadeneira, (presidenta de la Asamblea) indicó que las comisiones legislativas se desplazarán por todo el país hasta el mes de diciembre. Finalmente, y de acuerdo con lo informado en Telesur, Correa ha pedido al Canciller Ricardo Patiño, la relevante tarea de fortalecer los centros de la Revolución Ciudadana en el territorio nacional.

Entre los sectores que ya están participando de los encuentros del diálogo nacional se encuentran: organizaciones sociales, indígenas y campesinas del Ecuador como la Confederación de Pueblos, Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (FEI), y la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), y el Frente Unido (FU), que aglutina a 15 agrupaciones políticas que apoyan a la Revolución Ciudadana.

La convocatoria al paro nacional y movilización indefinida

De otra parte la FUT (Frente Unitario de los Trabajadores) ha convocado a un paro nacional para el mes de agosto (del 6 al 13). Mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE–, en Asamblea General junto a organizaciones de base y regionales CONFENIAE, ECUARUNARI y CONAICE, han resuelto convocar una movilización indefinida que inició el 2 de agosto en Zamora Chinchipe y articulará para el día 13 con el paro nacional convocado por los trabajadores.

La CONAIE expresa así, la necesidad de posicionar su agenda propia en disonancia tanto con el gobierno como con los sectores de derecha, defendiendo la autonomía histórica de las demandas del Movimiento Indígena en el Ecuador. Entre sus principales puntos establecen: a) Recuperar la autonomía de la Educación Intercultural Bilingüe e inmediata reapertura de la Universidad Amawtay Wasi; b) Frenar el despojo de las tierras y territorios que se impulsa mediante la Ley de tierras, Ley de aguas y Ley de minerías; c) Fortalecer el control en los territorios; d) Archivar la propuesta de las enmiendas constitucionales propuestas por el Poder Ejecutivo, que promueve la restricción de derechos conquistados en la Constitución; e) Detener la persecución y judicialización implementada en contra de los líderes sociales, y sectores sociales organizados; f) Acabar con la corrupción institucionalizada y el estado de represión para construir la democracia plurinacional; g) Fortalecer la agenda unitaria con los demás sectores sociales; h) Ratificar pleno compromiso para derrotar el modelo de economía capitalista sustentada en la explotación petrolera y minera y establecer una economía comunitaria alternativa en coherencia con el Estado Plurinacional.

A contramano de la polarización

Tal y como se ha planteado en nota anterior por este medio (Ecuador: marchas y contramarchas por la Ley de Herencia), es una mirada simplista la que plantea el conflicto social en el Ecuador contemporáneo en términos de oficialismo y oposición desestabilizadora. Los móviles de las actuales medidas de fuerza son ampliamente diversos, asi mientras un Lasso (CREO), un Nebot o un Rodas (alcaldes de la derecha Guayaquileña y Quiteña) son claros exponentes de una oposición neoliberal, otros son los móviles del cuestionamiento al régimen por parte de los movimientos sociales y de sectores sindicalizados.

Preciso es caminar a contramano de esta doble polarización. Por un lado es necesario reconocer esta distancia de las pretensiones desestabilizadoras y electoralistas, frente a exigencias genuinas de los movimientos sociales; y por el otro, superar el diálogo de sordos que parece tener el gobierno de Rafael Correa específicamente con representantes de CONAIE o ECUARUNARI. Estos sectores son reiteradamente acusados tanto de “hacerle el juego a la derecha” como de haberse “alejado de sus bases” y por tanto ya no ser representativos.

De parte de estas organizaciones se acusa al gobierno de haber traicionado las premisas revolucionarias y anti coloniales de la misma Constitución de Montecristi. Es por esto que basados en que ya existió un “dialogo” en el año 2009 en torno al conflicto por la Ley de Aguas y Minería, en el cual las demandas del Movimiento Indígena no fueron incorporadas, y en los sucesivos embates y procesos de judicialización a sus líderes, estas organizaciones rechazan el actual diálogo y llaman a la movilización indefinida que vive Ecuador desde el pasado domingo 2 de agosto.

Nota relacionada:

Ecuador: trabajadores e indígenas convocan a paro nacional

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