Por Mónica Menini | Foto: Archivo

Una niña de 12 años en Las Lajitas, provincia de Salta, está embarazada producto de una violación y otra niña de 10 años de Corrientes, que también ha sido sometida al abuso sexual está pariendo por cesárea. En las dos historias, el sistema de protección del Estado aduce que “es decisión de la niña”.

Seguramente hay muchísimas otras situaciones idénticas en el país, pues ya sabemos que cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, parir y criar en Argentina.

Todas las causales legales para abortar entran en juego cuando estamos frente al embarazo de una niña. Porque existe grave abuso sexual, porque el embarazo fruto de una violación es de alto riesgo para su salud física, según la evidencia científica al respecto, y porque es un peligro para su salud mental y social.

En el 80% de las historias, el abuso sexual es intrafamiliar y en el análisis de expedientes judiciales notamos que en un porcentaje del índice restante, el abuso sexual está naturalizado en la familia y/o en la sociedad, pues se dice que “es el novio” y que hubo consentimiento.

Estamos ante la situación de una niña que tiene 10, 11, 12 años y “el novio” abusador tiene 30 años o más en la mayoría de los casos, y por supuesto es delito. A su vez, esos abusos sexuales son mayormente develados en el sistema de salud. Pues otro adulto responsable termina llevando a la niña al centro de salud u hospital cuando la niña refiere el abuso mismo o que se siente descompuesta, o porque “la vieron con pancita”.

El centro de salud u hospital es el que recibe en primera instancia a una niña abusada. Y ahí comienza una nueva victimización. Pues en hospitales de provincias como Salta, Corrientes y en casi todo el país, el sistema de salud no está trabajando de acuerdo al derecho vigente. Nos enteramos por las mujeres adultas que viven en lo que mal se denomina “el interior de la provincia”, que no encuentran respuesta en sus centros de salud cercanos cuando asisten en busca de hacer efectivo el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), derecho desde 1921.

Las mujeres adultas que reclaman su derecho y buscan ayuda en los grupos feministas, terminan derivadas a otros hospitales; muchas veces en la capital de las provincias teniendo que trasladarse, incluso en plena pandemia, y vivir la práctica de la ILE lejos de sus familias y amistades.

El sistema de protección de infancia no puede seguir aceptando que esos equipos de salud que niegan el derecho a una persona adulta y que incluso se autodenominan “objetores”, sean quienes aseguran haber dado “consejería en opciones” y que concluyen que “la madre y la niña deciden continuar” con esos embarazos riesgosos. ¿Deciden? ¿Cómo es posible que las adultas que si deciden no tengan acceso y son derivadas a más de 500 km de su centro de vida para acceder a una ILE y las niñas de 12 años, todas, deciden continuar el embarazo?

El sistema de protección de infancia, así como el sistema de salud y de derechos humanos de las provincias hacen oídos sordos a las campañas de #NiñasNoMadres; no existen sumarios por la falta de comunicación interna de los embarazos producto de violación que se encuentran protocolizados, mucho peor cuando ni siquiera existen protocolos.

En definitiva, el camino de la re victimización de las niñas abusadas está institucionalizado, es sistemático; y por lo tanto, es una tortura en manos del Estado que obliga a gestar, parir y criar en la infancia. Es entonces, fuente de toda injustica.

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El chineo es la violación de las niñas indígenas a modo de marcar propiedad sobre sus cuerpos. Fue el legado dejado por los invasores españoles a sus sucesores, los criollos y es un crimen de odio. Una reflexión desde el activismo de mujeres indígenas y los feminismos que nos une y se fortalece.

Por Mónica Menini* | Foto: Colectivo Chakana

Esa es la descripción que mejor sintetiza lo que es y significa el chineo para las mujeres indígenas, creo yo, que no soy antropóloga pero sí descendiente de otras mujeres indígenas que parieron en los Valles Calchaquíes. Lo define una mujer mapuche y le va tanto a una diaguita como a una wichi.

Las condiciones de género de las mujeres indígenas se vienen problematizando desde la idea de la “triple opresión” (concepto que ya tiene algunas décadas dentro del indigenismo mexicano), esto es: que las mujeres indígenas atraviesan una triple subordinación, a diferencia de otras mujeres, por su condición de género (por ser mujeres), por su condición étnica (por ser indígenas) y por su condición de clase (por ser, en su mayoría, mujeres pobres).

La histórica referente wichi Octorina Zamora ha dicho: “Pero no es solo la violencia de género o el abuso contra mujeres y niños. Nos dicen que eso está permitido, pero otros asuntos como el hambre que viven nuestras comunidades también es abuso, y con eso quieren decirnos que la desnutrición es cultural. Todos los problemas que estamos pasando en este sistema, dicen, es cultural: el abuso, el hambre, la falta de territorio, los desmontes”.

Moira Millán se pregunta: ¿Por qué los hombres indígenas no denuncian ni acompañan a las víctimas? La colonización nos ha atravesado letalmente, los hombres indígenas deben elegir entre dos caminos que se bifurcan: la lealtad a su comunidad o la lealtad a su género. La percepción de sí mismo y su valor humano está subjetivizada por la mirada del dominador,
intenta emularlo, elige la lealtad a su género para salvaguardar el único privilegio que el colonizador le otorga, ser hombre.

La antropóloga Mariana Gomez indica que en nuestro país observamos que hay mujeres que están organizadas, que vienen participando en algún espacio social, productivo-económico o político, en la mayoría de los casos vinculadas a organizaciones indígenas, y allí le disputan el liderazgo a los hombres; en otros casos, se organizan a partir de proyectos de ONG y/o del Estado. También existen mujeres que vienen liderando las luchas en sus territorios contra los proyectos extractivistas, como es el caso de varias referentes y líderes mapuche; y algunas mujeres, muy pocas por cierto, comenzaron a ingresar en cargos públicos. Algunas de estas mujeres también vienen participando del movimiento de mujeres más amplio de Argentina.

La expansión territorial del movimiento feminista en el país tuvo entre sus logros estar cada día más cerca de las mujeres más aisladas, rurales, habitantes de comunidades indígenas. En noviembre de 2015, ocurrió una violación en banda a una niña wichi de 12 años, discapacitada, de la comunidad de Alto La Sierra en Santa Victoria Este, en la provincia de
Salta. Producto de aquel “chineo”, se produjo un embarazo que debería haber tenido acceso inmediatamente al aborto legal según el Art. 86 del Código Penal de Argentina, pues entra en una causal permitida de aborto, pero prosiguió hasta el séptimo mes de embarazo cuando se interrumpió en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta.

La niña abusada en aquel “chineo” sumó más vulneraciones aún en el proceso judicial que las que venía arrastrando en su corta vida. El misógino fiscal Cazón fue quien, ni bien se dio a conocer la historia de “Juana”, insistió en que la niña violada había quedado embarazada un mes antes de ser atacada y que ninguna de las ocho personas acusadas sería el “padre” “porque las fechas no daban”. Otra frase de su autoría fue: “si nos ponemos a hacer pruebas de embarazo ante cada violación, no terminamos más”.

Hacia mayo de 2016, la madre de la niña, Francisca, logró llegar hasta mujeres feministas de Salta en pedido de ayuda. En el proceso de acompañamiento legal y social, el caso se nacionalizó y puso por primera vez el abuso sexual de mujeres indígenas perpetrado por varones criollos en las noticias de los medios hegemónicos, a la vez que visibilizó las diferencias en las oportunidades de acceso a la salud de mujeres indígenas, la discriminación étnica en el proceso judicial, la discriminación basada en género en el mundo que habitan estas jóvenes indígenas y también los puntos de encuentro con otras mujeres “blancas”, urbanas, con liderazgos feministas.

La historia tiene un nombre y se conoce como #JusticiaPorJuana

El viernes 17 de junio de 2016 fue feriado nacional, en conmemoración al día de la muerte de Martín Miguel de Güemes, héroe salteño de la liberación nacional. Ese día la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito inició un tuitazo con el hashtag #JusticiaPorJuana, que se sostuvo dentro de los primeros lugares durante casi 9 horas, de acuerdo a las mediciones difundidas por Trendinalia Argentina, que además la ubicó en tercer lugar.

Usuarias y usuarios de la red social replicaron durante toda la tarde el hashtag y también dirigieron cuestionamientos y reclamos al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, por la falta de atención al caso. Como respuesta, quienes manejan la cuenta de Twitter del mandatario salteño bloquearon a toda persona que se expresara por “Juana”.

En julio de 2016, organizaciones de Derechos Humanos de Argentina presentaron el caso ante la Relatoría de Derechos Humanos de ONU, como caso testigo.

En agosto de 2018 Católicas Por el Derecho a Decidir Argentina presentó el caso #JusticiaPorJuana en la III Conferencia de Población y Desarrollo desarrollada en Lima en el Evento Causa Abierta. Causa Abierta es un evento público de reflexión, debate y análisis cuyo objetivo es hacer un enérgico llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo. Con este fin, Causa Abierta presenta y discute casos emblemáticos de vulneración de derechos sexuales y/o derechos reproductivos presentados por diferentes organizaciones feministas de la región.

En noviembre de 2018, los 9 hombres criollos que violaron a “Juana” fueron condenados a 17 años de prisión efectiva. ¡Basta de chineo! es desde entonces, un grito que nos une y fortalece.

*Abogada feminista, especialista en género y políticas publicas. Integrante de Católicas Por el Derecho a Decidir Argentina y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

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