Por Pablo Nolasco Flores // Foto David Fefo

El ajuste tuvo su primer sacudón social, explotó la provincia de Misiones. Docentes, médicos estatales, yerbateros y hasta policías se sumaron a las movilizaciones y cortes de ruta porque la plata no alcanza. Lo que se inició como un reclamo sectorial en el marco de un paro por aumentos de salarios, decantó en una radicalización del conflicto que nos recuerda a las enormes puebladas que las provincias del interior han llevado a cabo en la historia de nuestro país.

Las raíces del conflicto hay que buscarlas en el superávit fiscal ficticio celebrado por el gobierno. Si no pagás, te sobra plata. Pero si no pagas, los conflictos también van a sobrar. La obsesión por los números y el ajuste brutal produce explosiones cuando de lo que se trata es sostener la vida material.

Cuando la crisis es larga los tiempos se acortan

Hace unas semanas Milei inauguró un busto de Carlos Saúl Menem. Entre lágrimas y anécdotas sobre valoradas, el presidente reivindicó la gestión del riojano calificandolo como el mejor gobierno de la historia. El dogmatismo y fundamentalismo de Milei pasa por alto que el programa económico aplicado en los años noventa en nuestro país explotó socialmente en diciembre del 2001. También pasa por alto el primer acontecimiento social de impugnación a ese programa: en diciembre de 1993 la Provincia de Santiago del Estero se subleva contra la clase política ante la falta de pago de sueldos a empleados públicos, de sanidad, municipales y docentes. Tuvieron que pasar cuatro años para que el ajuste fiscal que se venía desarrollando explotara. Dicha explosión se produjo en una provincia del interior. 

En los últimos años, Argentina viene atravesando lo que denominamos como el ajuste permanente o la sociedad ajustada. En ese proceso las personas tienen que aprender a convivir con el ajuste e inventan formas para llegar a fin de mes: posponer pagos, comprar de a poco, financiarizar su vida cotidiana, etc. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, aprovechando esa subjetividad instalada en una sociedad que naturaliza el ajuste, aplicó su programa para disminuir el déficit fiscal: el Estado nacional no iba a transferir dinero a las provincias. En un proceso de alta inflación, al congelar presupuestos o no enviar dinero, los ingresos de las provincias y, sobre todo, los salarios, se licuan. Si antes del shock las personas hacían malabares, con los salarios licuados ni siquiera existe la posibilidad de organizarse. Si no hay plata, hay explosión.

A diferencia del santiagueñazo, la sublevación de Misiones se produce a los seis meses de iniciado el gobierno de Milei. Por si no queda claro, en seis meses le estalló la primera provincia a este programa de ajuste nacional. Para una sociedad que ya se viene aguantando el ajuste en sus vidas cotidianas los tiempos son más cortos. Ante el shock, la respuesta es más rápida. 

Lo económico, lo social y lo político

Como ya lo venimos sosteniendo,  otro de los fundamentalismos de Javier Milei es la teoría económica que sostiene su programa (¿hay programa?) de gobierno. En este sentido, ya nos habíamos preguntado por la línea que separa lo objetivo y lo subjetivo en el marco del ajuste. Es evidente que esa línea es cada vez más fina. Y si lo social le pone un freno a lo económico, lo político podría empezar a resquebrajarse. 

La sostenibilidad de un gobierno radica en estos tres pilares. Lo económico implica que los números cierren, es decir, que los precios y las variables de la economía se estabilicen: precios de bienes y servicios, salarios y el dólar, entre otros. Lo social está determinado por la capacidad de aguante o resistencia cuando la estabilización de la economía trae consecuencias en la vida de las personas. Y, finalmente, el elemento político es aquel que intenta arbitrar el equilibrio entre lo económico y lo social. 

En un escenario de estallido social producto de la falta de fondos para hacer frente a los pedidos de aumentos de salarios en una provincia del interior la política debería intervenir para encontrar una salida. Si esa salida es la liberación de fondos por parte del Estado nacional para hacer frente a esas demandas, los números del programa de ajuste empezarían a desequilibrarse. Si el Gobierno decide soltar plata a una provincia, ¿cómo van a actuar el resto de las gobernaciones? Pero además, ¿cómo van a actuar el resto de los trabajadores en otras provincias? 

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que los senadores de la provincia de Misiones son aliados al gobierno nacional en el marco de la discusión por la Ley de Bases. Con una provincia en llamas y ante un gobierno nacional que no da respuestas, ¿los senadores misioneros acompañaran al oficialismo en la votación?  

Si nos guíamos por el dogmatismo del Gobierno nacional, suponemos que no estarían dispuestos a enviar fondos para resolver el problema salarial de la provincia de Misiones. Entonces, si no hay política es probable que la conflictividad social siga en aumento y la delgada línea entre los objetivo y subjetivo se tensen tanto generando nuevos escenarios similares al de Misiones. 

Hacer la experiencia y encontrar los fundamentos de lo que explota

¿Por qué no explota esto?  ¿Hasta cuándo le van a dar tiempo? Estas fueron las primeras preguntas que nos hicimos cuando se comenzó a aplicar el brutal ajuste de Milei. Pasábamos de la bronca al enojo por la falta de reacción de la gente. Además, nos revoleaban por la cabeza con encuestas que sostenían que Milei tenía una imagen positiva a pesar del ajuste. Pero como las dinámicas sociales, la contradicciones y la complejidad de las sensaciones muchas veces no pueden ser medidas y cuantificadas pueden darse casos como el de Misiones. En esa provincia, el gobierno nacional superó el 70% de los votos y hoy es la primera en estallar producto del programa de ajuste de escala nacional. 

Sin embargo, la existencia de un conflicto social con esas características, donde se incluyen paros, movilizaciones, cortes de ruta y hasta enfrentamientos con las fuerzas represivas, no puede ser leído automáticamente como un proceso de ruptura de toda una población que apoyó en las últimas elecciones al Gobierno nacional. De hecho, algunos no vinculan el conflicto provincial con el ajuste a nivel nacional. Esta realidad es común en los procesos de lucha. El desafío que se nos presenta es que los sujetos que se incorporan al conflicto puedan hacer la experiencia, porque son ellos quienes le van a dar cuerpo a la resistencia y a la lucha. Pero además, poder reflexionar sobre la situación concreta y material que los impulsa. Ahí está nuestra función política y pedagógica de cargar de sentido al conflicto para que todos podamos entender por qué esto explota. 

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Por Carla Lorena Lorenzo

Estamos llenxs de excusas y hoy encontré una para hablar del Mensú. Esta excusa va acompañada de disculpas y se llama: “Las trincheras ardientes del Paraguay”.

Saber contar historias es una cualidad que no muchos tienen, hacer sentir el dolor con palabras no es algo que pueda lograr cualquier escritor. En medio de una pandemia, Ramón Ayala reedita su libro dedicado a la masacre más sangrienta  que vivió Latinoamérica: La Guerra Grande o la Guerra de la Triple Alianza.

Con Mitre a la cabeza y los ingleses en los oídos y en los bolsillos Argentina, Brasil y Uruguay deciden ir a matar al pueblo paraguayo comandado por Solano López. ¿Los motivos? Terminar con el modelo autónomo y de desarrollo industrial de este pueblo. Acusando que era “un mal ejemplo” para la región. Como sabemos, Paraguay perdió esta guerra, pero no sin antes dar pelea como todo Pueblo digno la da frente a los atropellos de los grandes imperios.

“Las trincheras ardientes del Paraguay. Canto popular sobre la Guerra Grande”  es un gran poema épico, escrito en décimas, con la abundancia de imágenes que Ramón Ayala nos tiene acostumbradxs cada vez que escribe, canta, pinta o habla.

“Yo vengo del ayer

De la tarefa y el raído poriahú

Soy tierra de mensú

Soy tronco soy raíz

La savia antigua que quisiera retornar

En los que ya no están

Y que jamás regresarán

Sombras del alto Paraná”.

Este libro tal como lo dijo el Mensú:  “no es una ocurrencia, es muy serio”, son mucho más de veinte años de trabajo en las ciento cincuenta y un páginas que relatan estos diez cantos poniéndole a cada palabra el sonido de la tierra y a cada imagen el aroma de la dignidad y la ambición.

Detenerse en Ramón Ayala es detenerse en el poeta político que tiene a su tierra tan en el cuerpo, que relata y dibuja la vida en Misiones de una manera natural y honesta: “en cada viaje llevé a Misiones en el alma”.  Narra sus paisajes, el trabajo de los campesino;  los obreros de la tierra dándole a cada palabra una coloratura que solo él puede lograr.

Soy el Paraná,

Cuerpo de tormenta y sol.

Siglos del andar,

Recorriendo el clima azul.

Por el misterio que me lleva al mar

Vólvere, sé razón litoral

Grito en el fragor

Los caballos del amor

En mí.

En 1960 alguien cantaba en la Isla que vive desde ese entonces el bloqueo económico más injusto de la historia mundial: “verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva”, alguien cantaba en la Sierra Maestra “el mensú”.  Por esto Ramón Ayala fue invitado a Cuba por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y en este encuentro lo esperaban Rodolfo Walsh, el Che y Salvador Allende. Llegó a ese encuentro a cantar y “sin tener todavía conciencia de la magnitud de estos seres” llegó hasta allá solo por tener una guitarra en las manos y responsabilidad social.

Nacido en una esquina abrazada por Brasil y Paraguay, llamada Garupá.  Venido con la inmensidad de la selva y con su sonoridad en las manos. Trayéndonos el olor de la Yerba Mate y el Gualambao, ritmo de su tierra húmeda de sonido permanente, inventado por él. Utilizando al amor y al asombro de la niñez como motor de todo, es como decide hacer hablar a los muertos, hacer hablar a la sangre.

Es la voz de una madre, la voz de una abuela la que relata con dulzura y un inquietante dolor esta guerra. Y es el respeto al lenguaje de su tierra el que mantiene Ramón Ayala en este libro. Es realmente una muestra de respeto y reivindicación a un pueblo que fue atropellado y herido de muerte, que fue obligado a llevar a niños con fusiles como último recurso para defenderse. Un pueblo que vio morir a sus mujeres masivamente.

“Yo soy el viento, ojos de infinito, boca de horizonte, barba de tormenta. Nada ni nadie puede contenerme: ni la pretenciosa música del genio ni los versos abstractos del poeta. Puede mi voz ser el trueno, el sibilante susurro, serpiente de voces rancias, un eructo del abismo. Voy por las cerraduras de las embajadas sordas y el adiós del moribundo que parte hacia misterio”.

Ramón Ayala es la voz de una región de una historia que debe ser reconocida, contada y valorada.

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Por ZonaFranK | Foto: PERIÓDICO 26

Esto ocurre en momentos en que una amplia campaña internacional aboga por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a los doctores cubanos del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve.

La mencionada propuesta legislativa se une a las numerosas acciones emprendidas hasta la fecha desde Washington para afectar la solidaridad médica de la isla.

Introducido por los senadores Rick Scott, Marco Rubio y Ted Cruz, el proyecto de ley llama al Departamento de Estado a publicar la lista de países que tienen contrato con el gobierno cubano para su programa de misiones médicas.

Según la iniciativa, la entidad federal debería considerar el hecho de ser una nación receptora de esa ayuda cubana como un factor a la hora de clasificar a los países en su reporte anual sobre la trata de personas.

Los territorios que se incluyen en el nivel tres de ese informe unilateral del Departamento de Estado podrían estar sujetos a restricciones potenciales sobre ciertos tipos de ayuda exterior de Estados Unidos, y sobre otros fondos norteamericanos y multilaterales, recordó el texto.

El objetivo de ese proyecto, bautizado como Cut Profits to the Cuban Regime Act (Detener las Ganancias del Régimen Cubano), es frenar los ingresos recibidos por el país caribeño a través de esas brigadas de profesionales de la salud, las cuales son alabadas por muchos Estados y organismos internacionales.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, los países anfitriones de los doctores cubanos estarían exentos de las sanciones relacionadas con el ‘tráfico de personas’ si cumplen ciertos requisitos impuestos por Washington, entre ellos que los pagos a los médicos se realicen de forma directa, y no a través del gobierno o una organización patrocinadora.

La introducción esta semana del mencionado diseño legislativo tiene lugar después de una larga lista de acciones de la administración de Donald Trump contra las brigadas médicas cubanas, las cuales se han intensificado en medio de la lucha de la isla a nivel nacional e internacional contra la pandemia de la Covid-19.

El pasado 10 de junio el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, arremetió contra la Organización Panamericana de la Salud por su papel de intermediaria en la colaboración médica cubana en Brasil.

Asimismo, el propio Pompeo cuestionó en mayo las condiciones de trabajo de los doctores cubanos, celebró a países que bajo la presión de Washington retiraron a médicos de la isla de sus territorios y llamó a otros beneficiados por la colaboración cubana a rechazar esa ayuda.

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 Por Ana Inés Cabral* /

Este viernes por la mañana, el Juzgado Penal a cargo del juez Fernando Verón rechazó un hábeas corpus presentado por la Comisión Provincial contra la Tortura y acompañado por el ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, en el marco del proceso penal que se le sigue aMiryam Bogado, una joven misionera de la comunidad mbya guaraní, detenida y procesada por ser la única acusada de matar a su beba de 4 meses bajo la calificación de homicidio agravado por el vínculo.

En su presentación, los defensores solicitaron la incorporación de la perspectiva indígena dentro de la investigación tanto para aplicar algunas leyes como también para interpretar algunos hechos y conductas. “En este caso son fundamentales porque lo que parece ser sospechoso para el juez de instrucción, Carlos Giménez, tiene una explicación coherente para la conducta de las mujeres de su cultura, ante la muerte por ejemplo. La forma en que se interpreta todo su accionar desde la postura occidental la convierten a ella en sospechosa”, aseguró la abogada de Miryam, Roxana Rivas, en diálogo con El Destape.

En su resolución, el juez Verón señaló que pretender aplicar una legalidad distinta por su condición de originaria sería pretender que el Estado aplique una ley paraestatal. “Es como decir que la Ley indígena no se puede aplicar en nuestro Estado cuando lo que se reconoce con el articulo 75, inciso 17, es la preexistencia de los pueblos indígenas, de su cultura, sus instituciones jurídicas y su legalidad y que, además, se impone al Estado considerarlas cuando son objeto de algún tipo de proceso”, agregó Rivas.

Por su parte, desde el ministerio de Derechos Humanos señalaron que desde junio vienen pidiendo informes a la Justicia sobre la causa pero nunca tuvieron respuestas. “Este fallo está totalmente fuera de lo que es una mirada pluricultural y del respeto indigenista”, aseguró la titular de dicha cartera, Lilia Marien Marchesini, quien adelantó que este lunes presentarán la apelación del fallo.

La historia 

Miryam Bogado es una joven misionera de 19 años que es parte de una comunidad mbya guaraní. A pesar de corta edad, fue madre tres veces. Tiene un hijo de 4 años, cuyo padre se encuentra ausente, y su segundo hijo también falleció.

Desde el 2 de febrero se encuentra detenida y procesada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, luego de que le rechacen la excarcelación dos veces pedida por su defensa.

Su hija de 4 meses había nacido el año pasado de manera prematura y, como consecuencia de esto,estuvo internada 45 días en el hospital pediátrico con asistencia médica y aparatológica. Era una bebé con daños neurológicos graves, sin reflejos de succión, era alimentada por sonda y en esas condiciones fue dada de alta para que sus papás, de 18 años en ese momento, se hicieran cargo, en medio de una situación de vulnerabilidad extrema: en una vivienda precaria, sin acceso al agua potable, sin ningún tipo de condiciones de asepsia.

Fue en ese contexto que la bebita falleció y el poder judicial instantáneamente vinculó su muerte a un hecho doloso y colocó a Miryam como la única sospechosa.

Según un informe elaborado por el juzgado de instrucción, el cuerpo médico forense del Poder Judicial de la provincia informó que el cuerpo de la bebé tenía lesiones “que fueron producidas por traumatismo contuso con gran violencia(…)Este informe junto con los demás elementos probatorios incorporados en el expediente, requeridos por el juzgado interviniente en la causa de la integrante de la comunidad guaraní, fueron los que determinaron la prisión preventiva de la imputada que se encuentra alojada en la Alcaldía de mujeres – Anexo UpV del Servicio Penitenciario provincial”.

Es por esto, continúa el informe, que se realizó una pericia antropológica “para determinar si el rol de la madre resulta adecuado conforme a las pautas culturales de la comunidad, puntualmente la conducta desplegada en oportunidad del fallecimiento de su hija menor entregándole al cuidado de terceros; como asimismo cualquier otra información que consideraran”.

Para su abogada, lo que al Tribunal interviniente le llamó la atención es que, una vez que falleció la beba,Miryam le haya entregado el cuerpo a su cuñado y se haya ido con su hijo de 4 años a otra comunidad, que es la de origen, donde estaba su madre, interpretando que ella huyó del lugar porque “algo habrá hecho”, cuando ella en realidad estaba cumpliendo los rituales propios de su cultura como es llevar a su otro hijo lejos del lugar donde acaeció la muerte de su hermanita. “Según sus creencias, los bebés que mueren antes del año o antes de recibir su nombre originario, que también tiene un significado simbólico muy fuerte, quedan arraigados dentro de ese entorno y apegados a las otras almas o cuerpos cercanos. Es por esto que es una practica común de esa cultura alejar a los hermanos del lugar donde aconteció la muerte, para que no se los lleve a ellos también. Eso fue lo que hizo Miryam. Sin embargo, todo esto, en vez de haber sido interpretado desde la perspectiva indígena, fue interpretado de manera occidental, entendiendo que eran indicios de “algo habrá hecho”’, aseguró su abogada.

Además, Rivas destacó que ninguna de las personas que declararon señalaron que Miryam haya sido una madre violenta o que haya maltratado a la hija, como para que el juzgado de instrucción pudiera adjudicarle algún tipo de responsabilidad.

Sin embargo, el hecho se encuentra calificado como un hecho de muerte violenta porque la médica encargada de asistir a las comunidades, y que fue la encargada de llamar a la Policía y de darle intervención al juzgado, llegó aproximadamente 24 horas después, a pesar de encontrarse a 5 km del centro de San Ignacio, donde está el hospital. En ese interín, el cuerpo del bebé estuvo a la intemperie, fue movido del lugar y estuvo circulando porque había niños en la zona. Cuando la asistente llegó, vio que el cuerpo tenía lesiones y dio aviso a la policía. “El cuerpo medico forense nunca puso certificar ni procesar si esos golpes eran pre o postmortem. Todos los testimonios recogidos del lugar dicen que cuando ella entrega el cuerpo a su cuñado no observó ningún tipo de lesión ni herida que supusiera una muerte violenta”, afirmó Rivas.

Además, los testimonios que se recogieron, se realizaron sin la presencia de un interprete, tal cual lo exige la ley que, a su vez, no debe ser traductor únicamente sino un interprete intercultural bilingüe, es decir, una persona que no solo interprete palabras sino también su significado y su simbología.

“Designaron a un cacique para que le leyera la imputación a Miryam, lo que no cumple con las formalidades ni exigencias legales. El cacique solo traduce del castellano al guaraní pero con limitaciones. No es un interprete oficial ni conoce el funcionamiento de las instituciones”, añadió Rivas.

A pesar de no haber dado muchos más argumentos, el juez la procesó por “homicidio calificado agravado por el vínculo”, un delito que puede tener una pena de hasta 35 años.

Ana María Gorosito Kramerl, referente académica en toda la región en cultura mbya guaraní y quien realizó una pericia antropológica en el mes junio, señaló que en este caso hubo una ausencia de seguimiento y control por parte de los encargados de la atención sanitaria.

“No existen pruebas para que ella esté detenida. No hay indicios en relación a la mecánica ni lugar de la muerte de la beba, ni fecha, ni hora. Nada indica que Miryam fue la causante. Hay registros fotográficos de que la beba era absolutamente bien cuidada dentro de las tremendas contingencias de su estado clínico que era grave y no fue tomado en cuenta durante todo el desarrollo del expediente”,aseguró Kramerl.

Y continuó: “La gente de la comuidad que fue entrevistada trató de exculpar a Christian, el padre de la beba, e insinuaron sutilmente que Miryam no cuidaba de su bebé. A partir de esto decidieron llevarla presa. Todo es una sobrelectura confusa de hechos donde no hay más que indicios. La caratula la decidio un medico que no interviene en la zona”.

La falta de perspectiva de género

Misiones es una provincia con índices de mortalidad infantil muy altos en referencia a otras provincias. “Lo que vemos es que ante la muerte de un niño/a en un entorno en el que hay varias personas mayores de edad, la mirada culpabilizante recae siempre sobre la madre: porque no la cuidó, porque es una mala madre, porque no es responsable, etc.”, indicó Rivas.

En este caso, dijeron que Miryam estaba mucho con el teléfono y que era el padre el que le tenía que dar la leche a la bebé, lo cual es erróneo, ya que la beba no podía succionar. Pero además de todo, si así hubiese sido, “se encontraba cumpliendo un rol que le es propio por su responsabilidad por ser el padre. Sin embargo, en este caso, la culpa de la tragedia es de la madre por no haberlo cuidado bien. Para criminalizar, siempre se escoge a la madre por no cumplir determinados mandatos”, destacó Rivas.

“La bebé de Miryam murió cuando fue dada de alta pero se la entregaron a unos padres que no podían cumplir con las minimas pautas de sobreviviencia. Sin embargo la culpable es ella”, concluyó.

*original en El Destape

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El año 2019 se inició con una gran cantidad de conflictos laborales, y riesgo de cierre de fuentes de trabajo. Los augurios para este año electoral no parecen buenos. Trabajadoras y trabajadores resisten las políticas. 

Una gran cantidad de conflictos laborales y cierres de fuentes de trabajo amenazan con extenderse durante el año 2019. Un panorama localizado en distintas partes de nuestro país.

COFCO (ex Nidera) anunció el cierre de la planta de Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, peligran 200 puestos laborales. La alimenticia impidió el ingreso de las y los trabajadores, mientras informaba el cierre a causa de una supuesta crisis, si bien es una de las grandes exportadoras agrícolas. Desde el sindicato de aceiteros advirtieron que no van a permitir este ataque y que pelearán “hasta las últimas consecuencias”.

Los choferes de las líneas de colectivos 51, 74, 69, 177, 263, 370, 385, 388, 435 y 503 de la firma San Vicente realizaron un paro total de actividades debido al despido de un trabajador. Las y los empleados aseguraron que no volverán a subirse a sus coches hasta tanto se reponga en su puesto al trabajador despedido.

Este viernes las y los trabajadores de Fundición Aguilar de Palpalá (Jujuy) realizaron una marcha rechazando 128 despidos. En Buenos Aires la UOM también rechazó el Proceso Preventivo de Crisis y habría nueva reunión el 8 de enero.

La empresa Pilisar S.A.-Siam se niega a acatar la orden judicial de reinstalación de la delegada Alejandra Vercellino. Ya han denunciado el incumplimiento de la orden judicial ante la Inspección General de Justicia y se mantendrán en lucha hasta el cumplimento efectivo de la   reincorporación de todas y todos los trabajadores despedidos.

En un comunicado, los gremios aeronáuticos anunciaron que recibieron “una citación urgente de la Secretaría de Trabajo, para una reunión el jueves con el fin de resolver la pauta salarial que los llevara a anunciar el día 27 de diciembre de 2018 un paro por tiempo indeterminado. Hoy y al finalizar tres horas de reunión, sin alcanzar ningún acuerdo, el Secretario de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y fijó una nueva audiencia para el próximo 9 de enero a las 13 hs.” De esta manera el Gobierno frenó la medida de fuerza que estaba anunciada, con la temporada veraniega recién iniciada.

La Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSALA), la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) y de Asociación Personal Técnico Aeronáutico (APTA) habían anunciado la paralización por tiempo indeterminado de todos los vuelos de la empresa Avianca.

El conflicto surge a partir de la negativa de la empresa a pagar el bono de fin de año acordado por el Ministerio de Producción, las Cámaras patronales y la CGT. Además, la propuesta salarial para 2019, prevé un incremento del 23% en dos pagos.

La firma de maquinarias agrícolas Deutz Agco cerrará durante los primeros meses de 2019 sus plantas de motores y tractores, ubicadas en la provincia de Buenos Aires: se perderán 190 puestos de trabajo.

La cordobesa Dulcor anunció la compra de las plantas mendocinas de Alco-Canale por seis meses. La preocupación de los 190 trabajadores y trabajadoras efectivas y  1.000 temporarios no tardó en llegar. Hay temor por el cambio de firmas y sus implicaciones en relación a “reestructuraciones”  y las cesantías que pudiera ocasionar.

Muchos son los pueblos que tienen sus economías locales atadas a la suerte de algunas industrias que allí se localizan. Tal es el caso de lo que ocurre en Eldorado, #Misiones, donde la multinacional Dass tiene emplazada su planta de fabricación de calzado.

Luego del anuncio de 175 despidos y con reuniones en las que no hubo avances y soluciones, las y los vecinos salieron a la calle a protestar y convocaron a un cacerolazo en  reclamo de las reincorporaciones.

“Es la primera vez en 30 años que en la fábrica no hay ruidos”, explica Marco Meloni, dueño de la textil Filotex ubicada en el municipio de Quilmes, que tuvo que paralizar su producción por la falta de demanda.

La histórica pizzería Roma, en la peatonal Lavalle al 888 de la ciudad porteña, con 60 años de existencia dejó a sus cuarenta trabajadores en la calle. Los dueños tapiaron las puertas para que nadie pueda ingresar.

Este cierre se suma a la crisis que vive el sector gastronómico que cerrará uno de sus peores años. Íconos como Clo Clo y Hermann, son sólo algunos lugares emblemáticos que cerraron sus puertas. Mientras en Puerto Madero, la mayoría pidió Procedimiento Preventivo de Crisis por las obras mientras que en la calle Corrientes, La Giralda sigue buscando comprador porque no puede sobrevivir a los altos costos y la caída del consumo.

La cadena de electrodomésticos Musimundo, en Concurso Preventivo de Acreedores, cerró otros tres locales: Abasto, Caballito y Liniers y despidió a todo su personal, con lo que ya suman 33 las bocas cerradas.

La feliz

Mientras la gobernadora Vidal eligió Mar del Plata para lanzar la campaña política, y la ciudad feliz esperan la llegada de las y los veraneantes un paro de municipales la  pone en jaque.

Desde el municipio confirmaron que desde el 11 de diciembre pasado las y los empleados de todas las áreas realizan una retención de tareas. Durante el año 2018 las y los trabajadores municipales  recibieron sólo un 18% de aumento y exigen al menos un 32% efectivo para llegar a un acuerdo.

Desde la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) advirtieron la posibilidad de iniciar un paro total de actividades en el primer fin de semana de enero, en plena temporada, en el caso de no alcanzar en las próximas horas un acuerdo salarial con la Cámara de Empresarios de Balnearios Restaurantes y Afines (CEBRA).

“Estamos hablando de entre un 45 y un 50% pero nos ofrecen un 30% y estamos lejos de poder alcanzar un acuerdo”, dijo Luciano Grimaldi, Secretario General del gremio.

La justicia dejó sin efecto el desalojo de 14 trabajadores y trabajadoras de la tradicional confitería Boston  que permanecen desde hace 209 días ocupando el local situado en la zona de Playa Varese.  El propietario del comercio retiró la solicitud para que se produzca  el desalojo.

“Estoy absolutamente segura de que hoy no se llevó a cabo este desalojo por esta masiva resistencia y apoyo que tuvieron los trabajadores por parte de concejales, gremialistas y por los propios marplatenses, que salieron a apoyar para que no se pierdan las fuentes de trabajo”, expresó la abogada de UTHGRA, Selena Marinelli.

Los empleados llevan más de 200 días de lucha, vendiendo al paso café, medialunas, pan dulce y viandas, para poder llevar un plato de comida a sus familias.

Córdoba

Empleados y empleadas de la fábrica de alfajores Estancia El Rosario protestaron por las calles de La Cumbre para reclamar una deuda salarial de cuatro meses y declarar la incertidumbre laboral de sus 34 trabajadores.

Más de 200 obreros fueron despedidos por Vialidad Nacional en el sector donde realiza obras de la autopista de ruta 19, en Córdoba y los trabajos están paralizados.

Tras 64 años, la firma Macoser S.A. dejó de fabricar las clásicas máquinas Singer en su planta de San Francisco, Córdoba. Era la última empresa nacional dedicada a ese rubro que no puede competir con los importados. La paralización total de la producción se concretó el pasado 3 de diciembre.

ATE

En los últimos días de 2018, 50 trabajadores fueron despedidos en las Fábricas Militares de Río Tercero y Villa María,   Córdoba, de Fray Luis Beltrán en Rosario y en sede central. Otros 20 perdieron sus puestos de trabajo en la Biblioteca Nacional.

En respuesta, en el segundo día hábil de 2019, ATE volvió a las calles para rodear de solidaridad a los sectores golpeados y exigir la reincorporación. Además, llamó a construir un Paro Nacional para febrero.

CABA, docentes

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad convocó a la ministra de Educación porteña y los gremios docentes para destrabar el conflicto provocado por la resolución que abrió la puerta al cierre de establecimientos educativos. Las partes firmaron un acta para conformar un cuerpo que analizará la continuidad laboral y la adecuación de la oferta educativa y los planes de estudio.

La reunión entre las y los docentes, funcionarios de gobierno y la Defensoría de la Ciudad, se realizó luego que desde el gremio advirtieran que si no derogaba la resolución ministerial anunciarían medidas de fuerza que impedirían el inicio del ciclo lectivo.

¡¡No al Tarifazo!!

El pasado viernes se realizaron un cacerolazo y protestas en muchas esquinas de la CABA y en diversos barrios bonaerenses, donde en las calles se gritó: “Paso, paso, paso, abajo el tarifazo”.

En Lanús se escuchó el tradicional “Olelé, olalá, si esto no es el pueblo el pueblo dónde está”. En Cabildo y Juramento lo más elegido fue el hit del verano MMLPQTP, que se repitió en casi todas las esquinas acompañada de carteles alusivos como el de “No al tarifazo, luz, agua y gas son impagables”, que mostraban en Parque Chacabuco.

En Triunvirato y Avenida de los Incas un enorme cartel preguntaba “¿Qué porción de tu sueldo se llevan las tarifas?” y en Acoyte y Rivadavia aseguraban que “Los servicios de agua, luz, gas son un derecho”.

El Ruidazo convocado desde las redes sociales, a partir de las 20 hs.  se empezó a sentir     en distintos sitios de la ciudad. Uno de los hastags principales fue #NoAlTarifazo, siempre conteniendo cuestionamientos que se extendieron a varias de las consecuencias más criticadas de la gestión nacional de Cambiemos: “Basta de tarifazos, basta de inflación, basta de inseguridad, basta de corrupción”.

Algunas de las organizaciones convocantes  fueron la Coordinadora de Asambleas Barriales, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Argentina en Red y el Movimiento Comunero.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, su par de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, y Pablo Moyano, en su rol de referentes del Frente Sindical por el Modelo Nacional, encabezaron una conferencia de prensa en la que anunciaron la realización de acciones judiciales contra el tarifazo y el comienzo de un plan de lucha con una seguidilla de movilizaciones en diferentes puntos del país.

El cronograma de movilizaciones comenzará el 10 de enero en la Ciudad de Buenos Aires y continuará el 17 en Rosario, el 24 en Mar del Plata y el 31 en Mendoza.

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En Misiones, los abortos no punibles no se realizan, la Educación Sexual Integral no se cumple y la población no accede a métodos anticonceptivos por falta de presupuesto estatal. Alumnxs y docentes que apoyan la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sufren persecución.

Mariana Pizarro, referente de prensa de la Campaña Nacional en Misiones cuenta que en las marchas en contra del aborto te podés encontrar a médicos que son dueños de clínicas privadas que cobran hasta 200 mil pesos por un aborto clandestino. Además asegura que hay una idea socialmente legitimada que sostiene que las niñas que quedan embarazadas se lo buscaron, nunca se piensa en la posibilidad de violación y en los barrios más pobres muchas niñas son entregadas por sus propias familias a hombres que les duplican la edad para que las puedan mantener.

La desidia

Misiones es la tercera provincia con más embarazos en la adolescencia, con un 23,3% de menores de 20 años embarazadas; Formosa y Chaco la preceden con escasos puntos de diferencia: 23,62% y 23.6% respectivamente. Esta información surge a partir de datos suministrados por el Ministerio de Salud de la Nación, incluidos en un informe elaborado por REDAAS, una red de profesionales de la salud y el derecho que acompaña y atiende a personas en situaciones de aborto legal.

La misma investigación arrojó como resultado que en 2013 en esa provincia hubo 1854 egresos hospitalarios por aborto. Se trata de casos de abortos realizados en hospitales misioneros por distintos motivos, dentro del marco de los causales de no punibilidad vigentes. Pizarro aclara: “Esos son solamente los egresos por abortos registrados, los casos donde terminan mutiladas con colostomía o hay que vaciarles el útero no quedan registrados y la mayoría de las muertes de las mujeres por aborto clandestinos quedan asentadas como muertes por sepsis y no por aborto clandestino.”

A principios del mes pasado el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, Lisandro Benmaor, reconoció que 201 menores de 14 años fueron obligadas a parir en Misiones el año pasado. A partir del llamado Programa de Prevención del Embarazo Adolescente ‘precoz’ (menores de 14 años) y ‘tardío’ (menores de 19 años), se instalaron centros de apoyo y asistencia donde adolescentes que sufrieron abusos sexuales “fueron obligadas a continuar con esos embarazos y no se les informó sobre la posibilidad de su derecho a la interrupción”, denuncia Pizarro y agrega: “Los movimientos de mujeres y de derechos humanos estamos exigiendo a la Cámara de Diputados que llamen tanto al ministro de Desarrollo Social, al ministro de Salud y a la justicia para que respondan cuáles fueron las acciones que se tomaron respecto de estas niñas violadas ¿dónde están las denuncias penales? ¿A dónde mandaron a estas jóvenes? ¿de nuevo a la casa con los violadores? En casos de abuso los médicos tienen la obligación legal de hacer la denuncia pero no lo hacen.”

Misiones cuenta con un protocolo de acceso a abortos no punibles fruto del trabajo en conjunto de distintas organizaciones feministas pero en toda la provincia hay un solo hospital que lo aplica. Pizarro cuenta: “A los padres y madres les dicen que un aborto es más riesgoso que parir, lo cual es mentira porque siendo menores de 14 años no está recomendado el parto, obligar a parir a niñas violadas la ONU lo considera tortura pero las amedrentan con la idea de que lo mejor es que sigan con el embarazo, información que es ilegal y mentirosa.”

Según el informe de REDAAS en esta provincia el protocolo de acceso a abortos legales contiene aspectos que pueden dificultar esta práctica ya que no prevé mecanismos de resolución en los casos de desacuerdo entre la persona gestante y la del profesional interviniente sobre la procedencia del aborto. Pizarro recuerda el caso más reciente de una mujer con un feto con anencefalia a la cual le negaron la interrupción porque un médico se declaró objetor de conciencia y recién 3 meses después fue derivada al Hospital de Posadas, la única clínica donde se realizan interrupciones legales.

La negación

A principios del mes pasado Oscar Alarcón diputado del Frente Renovador por Misiones, quien además es médico pediatra y neonatólogo, presentó un proyecto de ley para que esa provincia sea declarada “provida” y dijo: “Cada niño por nacer es la prueba de que Dios aún cree en nosotros para el cuidado de la humanidad”. Misiones posee una situación crítica en materia de salud reproductiva, el embarazo no intencional en la adolescencia alcanza un 70,3%. Este elevado porcentaje responde a distintas causas, una de ellas es la falta de implementación de la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, a través de la cual lxs jóvenes pueden acceder a información concreta sobre métodos de anticoncepción y a decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, evitando situaciones de violencia como por ejemplo ser obligadxs a mantener relaciones sin preservativos. “El 50% de las escuelas de la capital provincial son privadas de gestión pública que responden a distintos credos religiosos, la mayoría católicos que se han negado a dar la ESI y dictan Educación para el Amor, negando información sobre anticoncepción y diversidad y diciendo cosas como que los homosexuales se van a ir todos al infierno. También hay una persecución tremenda a aquellas niñas que denuncian abusos sexuales de parte de compañeros o profesores, si un docente detecta un caso de abuso en la escuela donde trabaja y lo denuncia, algo que entre otras cosas es un mandato legal, terminan sumariados, perseguidos con actas falsas o son expulsados”, explica Pizarro.

Otra de las causas se relaciona con la dificultad que tiene la población para acceder a métodos anticonceptivos debido al recorte presupuestario que realizó el gobierno provincial al Programa Nacional de Salud Sexual Reproductiva (Ley 25.673) que obliga a los centros de salud estatales a suministrar anticonceptivos a quienes lo soliciten. Pizarro describe las complicaciones que se suscitan en Misiones en torno a estas carencias: “Las mujeres tienen que ir muchas veces a la salita para que les den anticonceptivos o caminar muchos kilómetros en la ruta para llegar. Si van y el médico no está no les dan las pastillas, tampoco les suministran en cantidad para evitar que deban volver una vez por mes, ni les brindan información correcta de cómo se usan. Por ejemplo muchas mujeres no saben que si toman antibióticos baja la efectividad, siguen menstruando porque están tomando la pastilla y se dan cuenta que están embarazadas cuando ya pasaron el primer trimestre. Los condones no son fáciles de conseguir porque están solo para el programa de HIV y muchas salitas te hacen un cuestionario para que te den tres preservativos que solo sirven para una noche”.

De los tres senadores que representarán a Misiones el próximo 8 de agosto en la Cámara alta, el único que se pronunció a favor es Humberto Schiavoni de Cambiemos. Los teléfonos del despacho del senador Maurice Closs no responden, la semana pasada confirmó que votará en contra de la legalización y se justificó diciendo: “Se crea un derecho que tiene la madre que casi no tiene límites y como si fuera poco le ponemos una carga económica al Estado que se tiene que hacer cargo de la gratuidad de esto”. Desconociendo las investigaciones que desmienten que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo aumentaría los costos en salud. Por su parte, la senadora Magdalena Solari Quintana del Frente Renovador de la Concordia está en contra del proyecto de ley porque cree que lo que se está discutiendo es inconstitucional, según informó su asesor de prensa ante la negativa de la senadora de acceder a una entrevista con Revista Cítrica. Frente a su rechazo a la legalización ningunx de estxs senadores han presentado una propuesta alternativa para resolver la situación crítica que se vive en su provincia en materia de salud reproductiva.

* Publicada originalmente en Revista Cítrica 

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Se realizó una audiencia pública en el Congreso de la Nación por la libertad y absolución de Victoria Aguirre, violentada por el machismo y quien hace dos años afronta en Misiones la acusación y el encierro a la par del presunto asesino de su niña, su ex pareja, Rolando Lovera. Su hermana, al frente de la lucha, agradeció el apoyo y se prevé una movilización nacional.

“No tengo palabras para agradecerles. Me corren las lágrimas porque no puedo creer la cantidad de organizaciones que nos están apoyando”. Con estas palabras, Claudia Aguirre, hermana de Victoria inició la audencia pública que se realizó el martes 11 en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación ante la presencia de más de 100 mujeres que acompañaban su lucha, que viajó desde Misiones para volverse sin fronteras. “Victoria es una chica joven, tiene 24 años, era madre soltera, estudiante de magisterio y en 2015 iba a iniciar su último año cuando se cruzó por su camino este hombre”, comenzó su relato, el mismo que crece hace más de dos años, momento en que su hermana fue privada de su libertad tras el dolor del asesinato a golpes de su niña. “Mi corazón entero para ustedes”, agradeció Claudia.

El pacto está conformado, la reunión tuvo el caracter de exigir en ese recinto la sanción de un proyecto de resolución, presentado por diputados y diputadas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Carlos Giordano, Pablo Lopez, Soledad Sosa y Nathalia Gonzalez Seligra para que se apoye la libertad y la absolución de la joven, “injustamente criminalizada”, y se repudie “el accionar del poder judicial, la fiscalía y el Estado provincial”.

Desde el 28 de junio pasado que el movimiento de mujeres y feminista visibiliza de forma nacional el acontecer del juicio contra la joven que se desarrolla en Misiones. Victoria tuvo que afrontar la acusación batallando durante dos días de debate contra los poderes aliados en un juicio oral (no público) que actualmente se encuentra en suspenso por la recusación del Tribunal a cargo, integrado por Francisco Aguirre, Pablo Rivero y Lilia Avendaño; por “manifiesta parcialidad” y por interrumpir el interrogatorio de la defensa de Victoria Aguirre a uno de los testigos clave. A su vez, fue generalizado el repudio al desempeño de la fiscal Estela Salguero de Alarcón, una de las funcionarias más cuestionadas por quienes acompañan a la familia.

Victoria Aguirre tiene veinticuatro años y se encuentra detenida en el penal Nº 5 de Villa Lanús, en Oberá, Misiones. Por el mismo caso se encuentra detenida su ex pareja, Rolando Emilio Lovera, con quien vivió un mes, desde el 30 de diciembre de 2014 hasta el 29 de enero de 2015. Según las conclusiones del cuerpo médico forense, la muerte de Selene, se produjo por traumatismo y fractura de cráneo más hemorragia interna. Y a pesar de que el hundimiento tiene el tamaño del puño de Lovera, ella se encuentra detenida a la par del presunto femicida y con prisión preventiva, encarcelada sin condena y bajo la imputación de “homicidio calificado por el vínculo”.

La costumbre de acusar a las más pobres

Lamentablemente la historia de Victoria Aguirre no es la única pero si hay algo claro, la lucha por su liberación ya se acuerpa firme en la potencia del movimiento feminista que lleva en su memoria la excarcelación de María Ovando en Misiones, Ailén y Marina Jara, Yanina González, Celina Benitez, Reina Maraz e Higui en el conurbano bonaerense y Romina Tejerina, Belén y Dahyana Gososito en Jujuy, Tucumán y Córdoba, entre otras. Sin embargo, la acusación judicial sobre mujeres y lesbianas violentadas por el machismo y el odio se repite, y la persecución de los poderes a las más pobres persiste.

“El caso de Victoria se que no es emblemático porque lo han sufrido muchísimas mujeres”, reconoció Claudia haciéndose parte del movimiento, pero “sí es una muestra más de la “justicia” que hay en Misiones”, agregó, caracterizando el territorio, “si me remonto atrás puedo contar casos como el de Marilyn Barbaro. Otro doloroso para la provincia, que también fue juzgado por el mismo tribunal, contra los hijos del poder”. Marilyn fue asesinada a golpes en abril de 2004 en Oberá, y por su femicidio tres de los acusados fueron sobreseídos por el Tribunal Supremo de Justicia de la provincia en marzo de 2016 entre maniobras legales de retraso para que la causa prescriba.

“Llevamos dos años y cinco meses luchando para tener un juicio justo”, denunció ya con rabia la hermana Claudia Aguirre, “¿qué es lo que pretendemos?, un tribunal que nos permita demostrar la inocencia de mi hermana”. Además de la familia de la mujer, presa en la cárcel de Villa Lanus, en la ciudad de Posadas, profesionales del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y de la Asociación Pensamiento Penal coinciden en que hay “vacíos probatorios” y que hubo arbitrariedades y hostilidad contra Victoria Aguirre de parte de la fiscalía y el tribunal en el proceso -sin mencionar las violencias que conlleva las condiciones de detención en una comisaría o penal- y que derivaron en la recusación y suspensión del juicio. “Al tribunal en ningún momento le importó averiguar quién mató a Selene, sino acusar directamente a mi hermana”, dijo Claudia, “durante todo el interrogatorio la fiscal ha arremetido contra ella preguntándole por qué no se escapó (…). Lo único que quería era que Victoria dijera `si, yo lo hice`”.

Por eso, “hemos recusado a ese tribunal, porque queremos un juicio justo, un tribunal justo, personas que no vengan prejuzgando o con una sentencia previa, porque a Victoria la condenaron desde el mismo momento que la arrestaron”, repasó con claridad Claudia, “jamás le dieron la oportunidad de defenderse”, y visibilizó un claro fracaso: la capacitación en derechos y protección integral hacia las mujeres a integrantes del poder judicial. “Victoria no fue jamás juzgada dentro de la perspectiva de violencia de género. La juzgan como cómplice de homicidio agravado por el vinculo”, finalizó.

“Hay que liberar a Victoria para liberar a todas”

Victoria es “una sobreviviente”, “entera y con ganas de luchar para salir de ese lugar que la está oprimiendo”, afirmó Tania Piris, periodista e integrante de la Mesa por la libertad para Victoria en Misiones. “Es un caso emblemático de las pobres y de familia trabajadora, que responde a la violencia y opresión estructural del sistema contra las mujeres”, estructura que denunció de forma clara y precisa, “la policía, que la llevó a la rastra y la metió en un calabozo oscuro; un medico policial, que no la revisó a ver si tenía golpes o si fue violada; y todo el sistema judicial y penal que la mantiene en el penal de Villa Lanus en Posadas”. Y agregó, “para sacar a Victoria, hay que luchar mucho, extender la campaña y rodearla de solidaridad como a Higui, a Belén o María Ovando, es la única manera de evitar que el Estado se siga ensañando con las mujeres pobres y trabajadoras, hay que liberar a Victoria para liberar a todas”.

“Hace dos años y medio que la familia no está sola y en Misiones están luchando”, aportó Mónica Schlotthauer, diputada provincial por el FIT, “Oberá es una tierra de latifundistas”, reflexionó, “hay un profundo racismo” contra “las hijas de los guaraníes, las hijas de la tierra, y es contra ellas que están ensañados”, en relación al comportamiento de los jueces patriarcales y la fiscal del caso de Victoria en específico. “Hay un logro, y es que esté cayendo el tribunal”, agregó, ya que “se la condenó desde que se la metió presa, desde el momento en que se encuadró la causa” como homicidio agravado por el vínculo y no por femicidio vunculado”.

Por su parte, para Malena Lenta, psicóloga e integrante de la agrupación de mujeres Isadora, “es necesario que todo el movimiento de mujeres, sociales, sindicales, nos juntemos para que se terminen estas prácticas de la justicia racista, machista, patriarcal, clasista, que nos condena día a día a que haya cada vez mas compañeras como Victoria y tantas otras”. Afirmó además, de alguna forma retomando las intervenciones anteriores y la adhesión de gran cantidad de espacios a la audiencia, que “tenemos que lograr una movilización, en Misiones y en la ciudad de Buenos Aires para que el país entero entienda y que escuche la justicia que queremos a Victoria libre y justicia por Selene”.

Relatar el círculo de violencias de Lovera sobre Selene y Victoria

Una vez más, la dignidad y el espíritu de lucha de una mujer sale a la luz pública y su cara se transforma en bandera. Y qué mejor que relatar la resistencia de Victoria en el recinto donde muchas veces (nos) niegan leyes a todas y cada una. Claudia relató con paciencia los detalles de las vulneraciones de derechos que su hermana y su niña padecieron en manos de Lovera. La desprotección y revictimización de las instituciones que debieran estar para defenderlas, y la apatía de una sociedad que aun se muestra insensible ante la manifestación que se lleva la vida de una mujer cada día en nuestro país. Impunidad que se perpetúa y acelera cada vez que revivimos el absurdo de que una mujer víctima de violencias sea la acusada.

“Durante un tiempo la pareja transcurrió bien”, relató. “Cuando nos enteramos que ella estaba sufriendo algún tipo de maltrato ya era tarde, Selene ya estaba muerta”, se lamentó Claudia Aguirre, quien además contó cuál es la prueba que sostiene la hipótesis principal de la muerte de la niña, el asesinato en manos de Lovera. “En las cámaras de seguridad de la empresa donde trabajaba, hay una secuencia en donde lo muestran ingresando a él solo con Selene en brazos viva, a una zona de depósitos, apagando la luz y permaneciendo ahí por mas de tres minutos y saliendo luego con Selene envuelta en una frazada”. Por esto y por la reacción posterior, la familia de Victoria afirma que lo que sucedió es un femicidio vinculado. “Después se la lleva a la casa y mi hermana se da cuenta que Selene no respiraba, le pide que la lleve al hospital, él le dice que tenía que decir que la nena se había caído del changuito y que se le cayó una computadora encima”, y tras el presunto asesinato de Selene, le siguió la violencia sistemática sobre Victoria, “si no decía esto, la iba a dejar encerrada en esa casa con su hija muerta”, contó Claudia que le dijo Lovera. “Cuando llega al hospital eso es lo que ella dice, porque quería ver si los médicos podían resucitar a su hija, cosa que no sucedió”, mientras, “él se había fugado”, “las dejó tiradas como dos bolsas de basura en el hospital y se fue”.

Hubo antecedentes, pedidos de auxilio e involucra a integrantes de instituciones, operadores/as de salud, que no denunciaron ante una evidente situación de maltrato y violencia machista. Victoria ya había llevado (el 27 de enero de 2015) a Selene al hospital de Oberá porque no cicatrizaba una herida en la mano por lo que la niña quedaría internada. “Mientras que Victoria veía que él miraba para otro lado le pedía a la doctora que le avisara a los familiares. La doctora le dice que no era su función”, contó Claudia. Pedido al que siguió la agresión verbal de Lovera “él dice que se la iba a llevar a una clínica privada porque el hospital no funcionaba, que no la atendían bien”, reconstruyó. El resultado fue que Victoria firmara el alta obligada. “Nos enteramos el 29 de enero que Selene había muerto”, relató Claudia. Atrás habían quedado los golpes y abusos, las amenazas y el encierro de Lovera contra el cuerpo y la subjetividad de Victoria.

La violencia contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Y no vamos a dejar de repetirlo cada vez que en la historia de una sobreviviente, reconstruida colectiva, sea tan clara la desprotección, la falta de presupuesto o el alcance federal de las políticas públicas para prevenir, sancionar de múltiples formas y erradicarla a ocho años de lapromulgación de la 26.485, nuestra ley de protección integral.

Podes leer las notas anteriores en: http://www.marcha.org.ar/tag/victoria-aguirre/

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Por recusación al Tribunal, se suspendió en Oberá el juicio por el femicidio vinculado de Selene Aguirre. Una crónica del primer día del debate oral y del hostil interrogatorio a Victoria, la madre de Selene, acusada injustamente por el hecho que habría cometido su ex pareja Emilio Lovera.

1.

La fiscal Estela Salguero de Alarcón la mira y pregunta, inquisidora: “¿No pudiste romper el vidrio para escaparte si estabas secuestrada?” Victoria Aguirre levanta los ojos llorosos y trata de responder, desde la sensatez, una pregunta que roza el absurdo. Y roza el absurdo no sólo porque carece de sentido común (¿romper el vidrio? ¿escaparse por una ventana con vidrios rotos con una nena que sufre discapacidad motriz y tiene retraso madurativo?), sino también del más elemental análisis sobre las responsabilidades implicadas en una situación de encierro y amenazas. Para la fiscal, aparentemente, los secuestrados tienen la culpa de no escaparse, las mujeres golpeadas de no separarse de sus parejas, las prendidas fuego de no haber apagado a tiempo las llamas. “¡Pero se trataba de tu hija! ¡Hubieras roto el vidrio!”, le reprende la fiscal y suma una nueva función a las previstas por el Codigo Penal: estipular lo que “se hubiera hecho”, así, en subjuntivo, en el colmo del contrasentido. El tribunal no objeta nada.

La escena sucede en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Penal 1 de Oberá, donde se juzga el crimen de Selene Aguirre, una niña que padecía síndrome de Fahr y que a pesar de esa condición sobrevivió hasta los dos años y medio y tuvo algunos progresos en su evolución psicomotriz, gracias a los cuidados de su madre, Victoria Aguirre, de familia trabajadora y estudiante de magisterio, de sólo 24 años. En el 2014, Victoria conoció a Rolando Lovera y por primera vez salió de la casa de sus padres para convivir con quien se convertiría en un “monstruo”, según sus palabras, y acabaría con la vida de la nena. En sólo un mes de convivencia, coronado por una semana de completo terror causado por diferentes situaciones de violencia de género, Victoria perdió lo que más quería. Pero Victoria está ahora en el banquillo de los acusados, y esto no sólo es injusto, indignante e inadmisible, sino que además apenas alcanza para describir la situación. Tras la ilusión que generan las vestimentas formales y el ritual cívico y leguleyo, no hace falta aguzar la vista para ver que Victoria, en realidad, está en el cadalso, y la Santa Inquisición ya tiene su veredicto y su condena.

2.

La fiscal la mira y pregunta, inquisidora: “¿No pudiste pedirle ayuda a la médica de guardia y avisarle que tu concubino las estaba maltratando?” La joven levanta los ojos llorosos y explica, desde la sensatez, que Lovera estaba vigilándola desde una ventana, a pocos metros de allí, y describe además cómo son los precarios “boxes” del hospital público de Oberá. “¡Pero se trataba de tu hija! ¡Le hubieras dicho igual!”, amonesta nuevamente la fiscal, con el mismo tiempo verbal, y la misma autoatribución de funciones por fuera de la ley. El tribunal no objeta nada.

Los que estamos presenciando el interrogatorio y la increpación nos sentimos en el mundo del revés: ¿acaso es un crimen ser víctima y no poder verbalizar un pedido de ayuda? ¿No poder verbalizar no es acaso resultado de la misma acción del victimario? Y por otra parte: ¿la médica de guardia debía escuchar la palabra “ayuda” para ayudar en una situación tan clara de abuso de una menor? Y más importante aún: ¿concurrir a la guardia no es una forma de pedir ayuda en el contexto de las limitaciones de la vigilancia permanente de Lovera? Pära la fiscal, aparentemente, la víctima tiene la culpa de su condición, y “hubiera hecho algo más” para no ser victimizada. Tal razonamiento no solo va contra el principio de protección a la víctima sino que además niega los resultados de numerosos estudios realizados sobre el tema. El informe del psiquiatra Oscar Krimer, quien declarará mañana en la segunda audiencia del juicio, explora la línea de la “encerrona trágica”, que fue postulada por el psicoanalista Fernando Ulloa para describir el estado de indefensión en que quedan los sujetos sometidos a experiencias traumáticas por parte de aquellos que detentan el poder. Esta línea es aplicable a la violencia que padeció Victoria, que incluyó, según el profesional que la entrevistó, incomunicación, encierro, castigos físicos y psicológicos, amenazas de muerte y abuso sexual. En la “encerrona trágica”, la crueldad del victimario lleva a la víctima a una situación “sin salida”, en la que no puede apelar a un tercero, y su propia subjetividad resulta “amputada”, por lo que difícilmente pueda tener alguna responsabilidad en todo lo que sucede. Para la fiscal, no obstante, es necesario insistir sobre la responsabilidad de la víctima, porque de ese modo puede confirmar, supuestamente, que Victoria “no hizo lo suficiente” para salvar a Selene. Aunque Victoria, a pesar de la encerrona, hizo muchas cosas para salvar a Selene, la fiscal debe llevar al extremo del absurdo las supuestas “opciones” que tuvo la joven, para que el Poder Judicial pueda justificar el rol de verdugo que cumplió frente a esta víctima de violencia de género.

3.

La fiscal la mira y pregunta, inquisidora: “¿No pudiste pedirle al médico que te revisara bien en la comisaría para que viera los golpes que tenías?” La joven levanta los ojos llorosos y responde, desde la sensatez, con una contrapregunta: “¿Usted estuvo alguna vez en una comisaría? ¿Sabe cómo le tratan a una en un lugar así? A mí me llevaron a las rastras, me tiraron en un calabozo oscuro, y el médico que llegó no me revisó bien.” La fiscal sonríe (¿?) e intenta decir: “Nunca estuve en una comisaría, pero sé que hubiera pedido que me revisen bien…”, pero es interrumpida por una acotación del abogado defensor, y la sonrisa se transforma en una mueca indescifrable.

La Inquisición no actúa sola, forma parte de todo un aparato que se despliega con el objetivo de mantener en funcionamiento el sistema de forma óptima. Los “agentes del orden”, los tipos que portan garrote y disparan balas, son parte connatural de ese sistema. Y el sistema, como sabemos, no funciona sin opresión ni explotación. ¿Por qué Victoria, una joven estudiante, sin antecedentes, que resolvió ser madre soltera y luchó por cuidar a su hija, termina en la comisaría y después en la cárcel? La respuesta es simple. Como diría doña Rosa: porque es “negrita” (descalificativo de clase y no necesariamente de raza), y porque es la madre, es decir, porque es mujer. Las opresiones deben seguir vigentes, la explotación debe seguir vigente, y el peso del Estado debe descargarse sobre esos sectores oprimidos y explotados. ¿Por qué la fiscal nunca estuvo en una comisaría? Qué pregunta; basta mirarla para saberlo. ¿Por qué a Lovera le trata con condescendencia? ¿Por qué el violador Santandrea está libre? ¿Por qué el femicida Willy Ríos volvió a su pueblo con una caravana de bienvenida? ¿Por qué Gruber está impune?

4.

La fiscal la mira y pregunta, inquisidora: “¿No pudiste escaparte con el conocido de tu papá cuando lo encontraste en el supermercado? ¿A cuántos metros estaba? ¿A qué distancia estaba Lovera?” La joven levanta los ojos llorosos y responde, desde la sensatez: “¿Cómo me iba a ir si la nena estaba dentro del auto? ¿Acaso la iba a dejar sola con él?” La respuesta desarma la reprimenda que ya estaba en los labios de la fiscal (esta vez no puede decir: “¡Pero se trataba de tu hija! ¡Te hubieras escapado!”).

Los que estamos presenciando el diálogo aplaudimos interiormente a Victoria, esta victoria de Victoria y todas las anteriores victorias de Victoria. Cada una de sus respuestas ha desarmado, al menos parcialmente, la estrategia de la acusación. Victoria ya no es una víctima, es una sobreviviente. Lo que no es poco frente a la Inquisición.

*cronista de la Revista Superficie

Leé las notas anteriores en: http://www.marcha.org.ar/tag/victoria-aguirre/

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Los tareferos, trabajadores y trabajadoras de los yerbatales, terminaron el año con una medida de protesta por las disposiciones con las que el gobierno provincial de Misiones parece castigarlos, y que dificultan sus condiciones mínimas de subsistencia. Sin acceso a los derechos mínimos, se organizan y visibilizan un reclamo histórico del sector.

En la provincia de Misiones unas 80 familias tareferas terminaron el año con una nueva medida de protesta en la Plaza 9 de Julio de Posadas, capital provincial, donde pasaron Nochebuena y Navidad, sin respuesta concreta por parte del gobierno provincial que decidió retirarles la ayuda alimentaria y asistencial. Las personas que están acampando, cosechadores manuales de yerba mate, provienen mayoritariamente del barrio San Miguel, de la ciudad de Oberá, a la que también se sumaron desde otras localidades productoras.

Son cíclicas las medidas de protesta y reclamos de un sector del trabajo altamente precarizado, que sostiene en gran medida la economía misionera y vive en condiciones de extrema necesidad.

La medida se tomó luego que el gobernador Hugo Passalacqua – a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, conducido por el ministro Lisandro Benmaor-, recortara las tarjetas de ayuda social que reciben las familias tareferas. El gobierno se niega a brindarles algún tipo de ayuda económica, necesaria para que los tareferos y tareferas que trabajan en negro, puedan afrontar el durísimo periodo conocido como “interzafra”. Además a las mujeres les sacaron la tarjeta del Programa Hambre Cero que recibían como ayuda para palear la desnutrición de sus hijos.

Se calcula que en la provincia, el sector está compuesto por unos 15 mil trabajadores y trabajadoras. La producción de la yerba mate está compuesta por colonos o pequeños agricultores familiares, cosecheros y los grandes monopolios dueños de grandes extensiones y políticas públicas que los benefician y que les permiten manejar el mercado laboral a su antojo, porque la necesidad de trabajo y de alimentación no puede esperar.

Quizás un espejo donde mirar las intenciones que se ciernen sobre la legislación laboral a nivel nacional.

La Argentina ya no toma mate

Rodolfo Walsh en el año 1966 escribía el resultado de una investigación que lo internó en el mundo de los tareferos y la producción de la yerba mate. Allí describe esa larga historia: “En esos bosques, que se adensan y prolongan hacia el norte (Misiones), crece todavía un árbol alto y esbelto que los guaraníes llamaron caá y los españoles yerba y que ha sido el motivo central en la historia del Paraguay, de tres estados brasileños y de una provincia argentina. La yerba figura en las crónicas más antiguas y en las listas de saqueo de todas las batallas; hace la riqueza de los encomenderos y después de los jesuítas; mueve contra éstos las invasiones de los “mamelucos” paulistas; su comercio o su cosecha son prohibidos por los primeros gobernantes de estas tierras y por los últimos: desde Hernandarias hasta el doctor Illia, pasando por Belgrano”.

La expulsión de los jesuitas y la destrucción de los últimos pueblos de las Misiones por el general brasileño Chagas, en 1817, ponen fin al cultivo de la yerba en la Argentina, que no se reanuda hasta 1904. Diez años después la producción misionera alcanza su primer tope de mil toneladas. Era una gota en el mar de yerba que entraba de Brasil y consumía el país.

Tareferas y tareferos

Las investigaciones coinciden que en Argentina se produce el 60 por ciento del total mundial de yerba mate y el 90 por ciento de esa producción está concentrado en la provincia de Misiones, mientras que en Corrientes se cultiva el 10 por ciento restante. La zafra comienza en abril y dura hasta septiembre. En ella participan hombres, mujeres y niños quienes conforman el último eslabón en la cadena productiva; se los llama “tareferos”, palabra que viene del portugués “tarefa”, y significa “tarea, obra que se debe concluir en tiempo determinado, trabajo que se hace por empresa o a destajo”. Se calcula que en la provincia de Misiones hay unos 15.000 trabajadores y trabajadoras en esa actividad.

Esta población queda sin trabajo en el período interzafra, está subocupada y en la época de cosecha se rompe el lomo porque es el único momento del año que tiene trabajo asegurado. Es una labor marginal, eventual y mal paga.

Un informe realizado en Jardín América, provincia de Misiones, en noviembre de 2010 antes de la implementación de la AUH, arrojaba algunos datos en cuanto a la edad de los tareferos. Se registró la mínima en 11 y la máxima de 79 años. “Dicen que está prohibido, pero trabajan igual; yo mismo, con 11 años ya tarefeaba”, expresa uno de los encuestados en el informe. El 50% comenzó a tarefear entre los 5 y los 14 años, y más de la mitad aprendió con sus padres. La composición de los tareferos por grupo de edad evidencia que es una actividad que ocupa mano de obra joven, ya que el 76,2% del total tiene entre 18 y 50 años y un 16 % son mujeres.

A pesar de que el 83% lee y escribe, el 60% manifestó como máximo nivel educativo alcanzado la primaria o la Educación General Básica (EGB) incompleta. Son 1.302 los menores que se encuentran en edad escolar (entre 3 y 13 años inclusive) pero el 16,4% de estos menores nunca asistió a un establecimiento educativo. Si bien no hay certezas sobre el impacto de la implementación de la AUH, es visible que no logró alejar a los niños de la producción yerbatera y sus condiciones de trabajo.

La cosecha se realiza con tijera, tijerones y serruchos y también directamente con la mano. (En este caso se arrancan brotes con ramitas aún verdes de menor diámetro y a esta operación se la llama “viruteo”).

Los tareferos ganan según la cantidad de yerba que recogen. La temporada de cosecha dura entre tres y seis meses, en el otoño y el invierno, y el resto del año el trabajador temporario se las debe arreglar para sobrevivir. Tienen que buscarse una changuita, salir con la motoguadaña, el machete, a hacer limpieza de las plantaciones, como la de mandioca.

La Universidad de Misiones afirma que, actualmente, la complejidad de la cadena económica montada en torno a la producción de yerba mate no logra ocultar las profundas desigualdades que persisten; a pesar del transcurso de los años y de los numerosos intentos de regulación por parte de los Estados, los procesos de acumulación y concentración de capital en pocas empresas no se han detenido y lejos están de atender las necesidades y los esfuerzos de miles de trabajadores tareferos y productores yerbateros.

Agremiados

El trabajo de la tarefa unifica a pequeños productores y a los cosecheros. Ambos comparten la suerte de la cosecha y los ingresos insuficientes por un trabajo que en época de zafra tiene poco descanso.

El mercado laboral está compuesto por una gran cantidad de trabajadores, de los cuales solo una parte está registrado y la mayoría trabaja en negro. Ambos comparten las arbitrariedades del mercado, con pocos beneficios.

Los tarefereos se hallan nucleados en asociaciones y federaciones locales y también son objeto de la disputa gremial.

Durante el año 2015, se organizó la Federación de Trabajadores Agrarios. Como parte de esta nueva federación, el Sindicato de Trabajadores Tareferos de Jardín América, Misiones, (SITAJA) junto a gremios de otras 18 provincias, le disputa la agremiación a las y los trabajadores rurales que hasta ese momento tenían un sindicato único: la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) conducido por el dirigente Gerónimo “Momo” Venegas, federada en la CGT. La disputa también tiene inscripción política, ya que esta nueva Federación contó con el aval explícito y la presencia del entonces ministro Carlos Tomada.

Parece no ser suficiente la disputa de agremiación cuando una gran parte de trabajadores constituye un gran mercado informal con condiciones de trabajo y de vida paupérrima, con escasa o ningún acceso a los derechos que dignifiquen la vida de ellos y sus familias.

El mate una de las infusiones de mayor consumo popular, también esconde condiciones laborales y de vida de extrema precarización para las y los trabajadores y sus familias. Mientras que los gobiernos los ignoran, las empresas los someten a condiciones de explotación y precarización laboral y los gremios se disputan su representación. Todo ello se inscribe en la actualidad en una política que ha decidido privilegiar a los dueños de la tierra y los grupos económicos, de manera brutal, sin olvidar que ningún gobierno hasta ahora ha podido modificar una situación que lleva décadas.

Frente a ello los trabajadores se organizan y hacen visible sus necesidades y reclamos de manera colectiva, como única herramienta de lucha.

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El lunes 5 de setiembre, a las 17, en Oberá, Misiones, se realizará una marcha, cuya trascendencia se espera nacional, para exigir la liberación de Victoria Aguirre. “Queremos que el juicio tome estado público para que los jueces no puedan lavarse las manos y beneficiar al asesino de mi sobrina”, aseveró su hermana, Claudia.

Hace un año, Marcha contaba la situación de Victoria Elisabeth Aguirre, detenida con prisión preventiva bajo la imputación de “homicidio calificado” contra su hija, si bien según las conclusiones del cuerpo médico forense, la muerte de la niña, Selene Ayelén Aguirre, se produjo por traumatismo y fractura de cráneo más hemorragia interna, y el hundimiento tiene el tamaño del puño de la ex pareja de Victoria, Rolando Emilio Lovera.

La marcha forma parte de las acciones pautadas en una mesa que reúne a familiares, vecinxs, gremios y otras entidades, no solo en la provincia de Misiones sino en diferentes puntos del país, y a través de la cual se exigirá que, en lo que respecta a Lovera, el delito se enmarque como femicidio vinculado en lugar  de “homicidio simple” tal lo caratulado al presente.

El femicidio vinculado es una figura prevista en el Código Penal que define a los asesinatos ejecutados “como medio para causar sufrimiento a una mujer con la que la víctima tenía un vínculo familiar o afectivo”.

La causa tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Oberá, a cargo de la jueza  Alba Kunzmann de Gauchat; Victoria está detenida desde el 29 de enero de 2015,  por el posible delito de “homicidio agravado por el vínculo”, lo que le valdría una pena de cadena perpetua. Según su abogado defensor, Roberto Bondar “este caso se va a resolver por un TA TE TI, porque los jueces no son idóneos”.

Las personas integrantes de la Mesa por la Liberación de Victoria Aguirre expresaron que “tenemos el objetivo de acompañar la causa, en la que en cada instancia se la ha victimizado por ser mujer y por ser pobre”. En tal sentido, el Consejo Nacional de las Mujeres, presidido por Fabiana Tüñez, presentó un amicus curiae.

“El tema de los plazos procesales dejan mucho que desear; la justicia sigue victimizando a mi hermana una y otra vez, nos dijeron que el juicio saldría a fin del año pasado, y lo mismo en junio de 2016. Ordenaron nuevas pericias psicológicas a Victoria cuando ya se había cerrado toda posibilidad de presentar pruebas al expediente. Nos siguen pateando la pelota hacia adelante. Lo último que nos dijeron es que sería en la primera semana de setiembre”, agregó Claudia Aguirre.

Tanto el abogado de Victoria, como los médicos que en su momento atendieron a su hija, afirman que siempre fue una madre cuidadosa y observadora de las necesidades de la niña, y estas declaraciones se hicieron constar en el expediente.

En el comunicado emitido desde la mesa que promueve su liberación se expresa: “Exigimos la inmediata liberación y la pronta absolución de Victoria, quien tras haber sido torturada a manos de Rolando Lovera -que en el mismo acto se convirtió en el femicida de su hija Selene-, volvió a ser víctima de un proceso judicial que reproduce el machismo que impera sobre las familias, según el cual la responsabilidad de lo que sucede a los hijos es exclusiva responsabilidad de la madre, sin tener en cuenta los demás factores que la puedan afectar”.

*Doctora en Ciencias de la Comunicación Social

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