Por Laura Salomé Canteros / Foto: Archivo Marcha

Dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, el 0800 222 3444 de Salud Sexual, brinda desde 2010 información y asesoramiento sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva de forma gratuita y confidencial a quienes habitan todos los territorios del país.

Desde entonces, “la Línea”, que se sostiene por sus trabajadoras y trabajadores, es una herramienta eficaz y eficiente para la promoción de la educación sexual integral y la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Brinda información, se realizan derivaciones y se brinda contención para quienes consultan sobre el marco normativo vigente y el acceso a los servicios e insumos de salud sexual, interrupciones voluntarias e interrupciones legales del embarazo, ligadura tubaria, vasectomía, anticoncepción hormonal de emergencia, métodos anticonceptivos, prestaciones para el pleno ejercicio de la ley de identidad de género, atención post-aborto, violencia obstétrica o sexual o incluso fertilización asistida.

 “En algunas temáticas, según la consulta que llega al 0800, se puede generar una secuencia que es básicamente el pedido de intervención de áreas específicas del Ministerio de Salud”, explicó ante la consulta Yamila Picasso, politóloga especializada en políticas públicas de salud. De esa forma, la cartera nacional responde a la demanda y consultas que en ocasiones “tienen que ver también con los obstáculos o las barreras de acceso a métodos anticonceptivos e interrupciones voluntarias o legales del embarazo o para dar derivación a efectores para garantizar la práctica de las interrupciones del embarazo”.

En el periodo entre 2010 y 2022, la línea 0800 del Ministerio de Salud, recibió más de 159.600 llamados de los que 55.727 generaron secuencias o pedidos de intervención; y mientras que las consultas de métodos anticonceptivos y otros motivos se mantuvieron relativamente constantes, las relacionadas con interrupciones del embarazo crecieron de forma sostenida desde 2018, año en que se debatió por primera vez en el Congreso de la Nación la que es hoy Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“Además de ese pico en el transcurso de estos años, lo que más aumentó fue en el año 2020, en donde fue pronunciado, en ascenso y constante de los llamados, por la sanción de la ley 27610, y por el contexto de pandemia, en donde todo lo que fue la atención telefónica recobró un gran protagonismo”, rememoró Picasso. 

Durante el 2022 se recibieron 38.384 llamados, de los que 15.612 generaron secuencias. De estas, el 90% fueron consultas por interrupciones voluntarias y legales del embarazo, el 7% de métodos anticonceptivos, y el resto de los motivos alrededor del 3%. 

“Estos datos son fundamentales para tener una empiria en la toma de decisiones de las políticas públicas”. Para Picasso, “es fundamental que el 0800 sea una política garantizada por el Estado, no por organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces pueden tener buenas intenciones, sin embargo, tienen intereses particulares”.

Y agregó: “Es el Estado el que debe dar garantías brindando información, dando contención y pidiendo derivación en los casos necesarios para que todas las personas puedan acceder a su derecho a decidir sobre su vida reproductiva”.

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Por Laura Salomé Canteros | Foto: Julianite

Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19, la agenda política se vio suspendida para dar paso al cuidado y la protección de las vidas de los efectos de la pandemia. Sin embargo, para quienes integran el movimiento más creativo y revolucionario del mundo, la demanda sigue vigente y no cesará hasta ver convertido un derecho en reconocimiento.

Al respecto, muchas son las apreciaciones alrededor de la conveniencia -o no- del tratamiento legislativo de los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo sin “las pibas en la calle”. Y mientras los fríos cálculos de la gran política avanzan -y los efímeros poroteos asoman-, hay quienes siguen abortando en clandestinidad, quienes siguen garantizando derechos dentro de redes feministas, quienes siguen exigiendo al Estado la gran deuda de la democracia y quienes responden desde el Gobierno a una voluntad política que al momento es una promesa más.

La semana pasada, en una reunión necesaria, la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta; y la Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzoti se reunieron con integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Marta Alanis y Julia Martino (Comisión de Cabildeo); Ana Morillo (Red de Profesionales de la Salud) y Monica Menini (Comisión de Articulación- Regional Salta).

Lo contó Marta Alanis, referente histórica del espacio de articulación, en una entrevista colectiva a la que accedió Marcha: “Coordinar esta reunión fue un mandato de la plenaria. Nos reunimos tres feministas representando al Estado y cuatro representando a la Campaña”.

Alanis confirmó que las funcionarias “reafirmaron el compromiso absoluto de presentar el proyecto del Ejecutivo apenas estén dadas las condiciones”. También que “reconocen a la Campaña como la actora principal” y las únicas con las que van a mantener diálogo en relación al derecho al aborto. “No vimos el proyecto del Ejecutivo pero nos dijeron que no vamos a tener sorpresas”, agregó. “Nosotras creemos que el debate tiene que ser en 2020”.

“Este es un primer paso para seguir dialogando en consonancia con el proyecto del movimiento feminista”, dijo Alanis, “hay una situación límite en relación a los contagios; por eso, tenemos que demandar, exigir y también acompañar”. El proyecto de la Campaña está presentado en el Congreso de la Nación desde el 28 de mayo de 2019 y tiene estado parlamentario.

En el Gobierno, en la gestión de la salud y en el movimiento

Sin advertir discusiones, los (trans)femininismos ampliaron sus agendas y sus marcos de incidencia. Hoy, no solo encontramos sus propuestas de cambio como demandas del movimiento más activo a nivel global, sino también dentro de un Gobierno que pretende gestionar con paridad y en medio de una pandemia que puso a las profesionales en la primera línea de gestión de la salud pública.

La reunión entre las integrantes del Poder Ejecutivo y la Campaña se dio el lunes 17 de agosto en horas de la tarde. Fue, según dijeron “amigable y respetuosa” y la segunda vez en 15 años que reciben a esta construcción política feminista; la primera había sido en diciembre del año pasado, apenas asumida la nueva gestión, en el marco de la actualización del Protocolo ILE.

Para Julia Martino, integrante del espacio de Cabildeo de la Campaña, “el aborto no está separado de la pandemia”. Reflexionó sobre los cambios en el sistema de salud: “quienes hacían servicio de consejería pre y post aborto están abocadxs al COVID-19″… “Aún no tenemos cifras oficiales pero podemos suponer que la pandemia nos dejará más problemas económicos y sociales”.

Martino repasó las acciones realizadas desde marzo por la Campaña con el objetivo de sostener en agenda la problemática de los abortos inseguros: “venimos articulando con el Programa de Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación y trabajando con las redes propias, de Profesionales de la Salud, Socorristas, Docentes, de Cátedras Universitarias”.

Desde la Campaña apenas comenzó la pandemia, lanzaron una afichada en Centros de Salud para decir que “Nuestros derechos no están en cuarentena”; el 28 de mayo y el 13 de junio festejaron los 15 años de historia y los dos años de la sanción en Diputados; y mantuvieron reuniones transversales con todas las fuerzas políticas en el Senado rumbo al tratamiento. “No podemos esperar a que pase la pandemia, porque el aborto es parte de ella y es urgente”, afirmó Martino.

Desde que comenzó la nueva gestión, quienes integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, forman parte de las articulaciones de las redes feministas con el Estado nacional para la garantía de la salud sexual y reproductiva, trabajando además la igualdad en el cumplimiento de las interrupciones legales de los embarazos en todo el territorio del país.

“Estábamos teniendo dificultades para el acceso a las ILE”, aclaró Ana Morillo, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, “estamos realizando un monitoreo de los programas proviniciales y qué curso se le da las ILE, ya que hay provincias que no siguen la línea nacional”, agregó. Por su parte, Mónica Menini, dijo: “todas las personas deben tener acceso a una política pública de interrupción legal del embarazo pero aun hay muchos pasos que dar porque también debemos garantizar aquellas interrupciones que son derecho, las voluntarias. Por eso requerimos que este tema sea puesto en la agenda parlamentaria y que el aborto sea ley en 2020”.

El dilema legislativo que lleve a la sanción del aborto como política universal, sigue debloqueando nuevas temporadas. Esta vez, en 2020, a la expresión en favor del titular del Poder Ejecutivo Nacional, Alberto Fernández, y por primera vez en la historia argentina, le siguió la incertidumbre.

“La voluntad política del Gobierno se expresa con el proyecto propio”, dijo Julia Martino. “Es diferente que en 2018, que el Presidente (Mauricio Macri) habilitó el debate sin proyecto propio y en la última parte, militando en nuestra contra. Esta vez, la apertura de sesiones fue trascendente, es la primera vez que ocurre. Luego discutiremos cómo se va a despenalizar y legalizar el aborto; no tenemos miedo al debate y a la reglamentación. Lo estamos esperando ansiosas”.

Para el Gobierno Nacional, abandonar el proyecto de las generaciones del futuro, las que plantean mundos mejores, es permitir, a sabiendas el avance por estos territorios de la reacción antiderechos, que se propone en todo el mundo frenar con odio y violencias las conquistas y el reconocimiento de la soberanía de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binaries. Despenalizar y legalizar el aborto es una urgencia ya que la pandemia confirmó la desigualdad en los accesos transformándolo en un servicio esencial. Mientras, las redes feministas siguen sosteniendo la salud pública e integral, para que el aborto no sea sinónimo de morir o ir presas.

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Por Laura Salomé Canteros @laurasalome / Foto: prensa ATE 

“Que sea salud y no un delito”. Con esta frase comienza la declaración con la que la agrupación Verde y Blanca del ex Ministerio de Salud de la Nación se expresa sobre el juego político de ida y vuelta gubernamental que se dio entre ayer y anteayer en relación a la Resolución Ministerial 3158/2019 que actualizaba y jerarquizaba el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Juego para Mauricio Macri porque de gobernar para garantizar el acceso igualitario a los derechos, ni hablar.

La nueva Resolución que anula la anterior y que está firmada por el presidente saliente, por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y por la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley y ya ha sido publicada en el Boletín Oficial. Está vigente el Protocolo 2015 y si condenó a uno de los materiales más importantes en materia de salud de un organismo del Estado a seguir por afuera del Código Civil, la Convención de los Derechos del Niñe y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, entre otros.

Sin embargo, y más allá de las internas de una alianza gobernante que ya se está resquebrajada, quienes tienen derecho por Ley a las interrupciones de los embarazos por causales vigentes desde 1921, no están solas. Y esas subjetividades que les acompañan son quienes eligen estar por encima -por capacitación y por responsabilidad política- de las y los funcionarios de renombre. Aunque los miserables organigramas así no lo digan. Son las trabajadoras de la salud que redactaron el Protocolo ILE 2019 en defensa de los derechos de todas.

Hablamos con Camila Lynn, delegada de la Dirección de Salud Sexual y de la Secretaria de Géneros de la Junta Interna de ATE SALUD, quien nos contó sobre el proceso colectivo e inter y multidisciplinario para la actualización de una Guía destinada a garantizar accesos.

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“En el protocolo trabajamos desde 2015, es un material en contínua actualización”, responde Camila ante la pregunta acerca de hace cuánto que trabajan en la actualización del Protocolo ILE, y explica: “desde que salió el Código Civil, que nuestros protocolos y guías quedaron desactualizados, porque introducen otra mirada sobre las autonomías, qué entendemos por adolescentes y sobre todo, cómo se contemplan los consentiemientos para las prácticas”. “El proceso de construcción del material fue como trabajamos desde la Dirección de Salud Sexual, tenemos una mirada donde el trabajo necesariamente tiene que ser articulado con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones feminstas, de derechos humanos, de las personas con discapacidad. No concebimos otra manera de verlo”.

Camila relata dos ejemplos de articulación que impulsaron desde el ex Ministerio, un encuentro con organizaciones de mujeres para evaluar como vivían la atención de su salud y el sistema y otro con organizaciones de las disidencias. Dos instancias que cruciales y que les permitieron a las/ os/ es trabajadoras pensar la política pública en materia de salud sexual y de forma colectiva. Además, para la actualización del Protocolo ILE se trabajó durante estos años con un Consejo Asesor donde participaron personas de la sociedad civil, científica, de sindicatos y organizaciones que participan activamente y siempre son una referencia para hacer un ida y vuelta con los materiales. Una de ellas es Nelly Minyesky, abogada especialista en familia, redactora en el Código Civil y del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo como integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Dentro del Ministerio intervinieron la Dirección de Salud Sexual, la Secretaría donde dispone, y muchas otras secretarías y subsecretarías”, cuenta Camila, “en legales nos hicieron algunos comentarios y sugerencias que fueron tenidos en cuenta. Internamente recorrió un montón de oficinas porque es la actualización de un material que ya existe”. Y explica: “con la misma estructura del anterior se actualiza en el marco del Código Civil, de los avances tecnológicos y científicos que hay para realizarse un aborto de manera segura”. “Por ejemplo, este año el Ministerio repartió misoprostol, realizó compras nacionales y se distribuyó a las provincias”, informó, “necesariamente el Protocolo tenía que acompañar este cambio de hecho. No es nada distinto a o que venimos trabajando desde el Fallo F.A.L. de la Corte Suprema, conforme a lo que dice el Código Penal desde 1921. Era poner en palabras algo que los equipos de salud ya vienen realizando”.

Es acceso a la información. “Lo mejor sería para un Estado nacional que el ex Ministerio de Salud -ahora Secretaría- esté organizando esta información que circula por diversas fuentes porque es el órgano rector el que debe hacerlo, brindar informacion científica y validada para la mejor atención de las personas gestantes”, afirmó Camila. Es además jerarquizar el trabajo multidisciplinario y de enfoques. “A diferencia del  Protocolo de 2015, cuando la Ley de Identidad de Género era reciente, ahora se establece esta perspectiva con más fuerza”, contó “y se establece la perspectiva de las personas con discapacidad en relación a su autonomía y la capacidad en la toma de decisiones. Esto es fundamental para nosotras. Es una línea importante de trabajo y que esté dentro de nuestros materiales; por ejemplo hace poco sacamos una guía de métodos anticonceptivos en sistema braille para que esta información sea accesible para las personas con discapacidad visual”.

Para Camila, “el Protocolo 2019 buscaba dar cuenta de todo este trabajo de años dentro del ex Ministerio” y agregó, “que se dé marcha atrás es impensado porque significa dar marcha atrás con derechos conquistados”. Desde que se dio el debate por la Ley de Aborto, la cantidad de personas que se acercaron a preguntar por este derecho e integrantes de los equipos de salud que se anima a poder realizar ILEs, vigentes desde 1921, aumentó. Por eso actualizar el Protocolo era importante, “para seguir dando un marco actualizado de información, porque van cambiando los marcos teóricos, las Convenciones de DDHH. El Protocolo 2019 busca ponerle palabras a toda esa información. Es importante darle la seguridad a las y los profesionales, para que se sientan contenidos de que la práctica que están realizando está dentro del marco de derechos de nuestro país”. “En el 0800 Salud Sexual recibimos muchas consultas en relación con aborto, antes la principal causa de consultas eran los métodos y eso esta buenisimo, que nosotras interrumpimos nuestros embarazos, lo que ya sabiamos, pero que ahora nos acercamos al Estado, en este caso al Ministerio a preguntarle cuál es la mejor manera de hacerlo y dónde me puedo dirigir”.

Es el ex Ministerio de Salud el organismo encargado de las políticas públicas universales, “el que vehiculice para que la vida y la salud de estas mujeres no corra riesgo por un lado, y por el otro, para que de un mensaje claro porque es una práctica legal, es el Ministerio el que tiene que establecer las normativas y los mejores modelos de atención para que las ILEs se den en el marco de los DDHH”.

“Que salud vuelva a ser Ministerio, no es un dato menor”, reflexionó Camila, “esto repercute en las políticas públicas. Hoy en una reunión de Gabinete no hay un Ministro de Salud y eso perjudica”. Desde la Agrupación Verde y Blanca Salud repudiaron la decisión de Mauricio Macri que “sigue sosteniendo las políticas machistas y de exclusión”. “La implementación de esta actualización sería un paso importante a nivel nacional para hacer cumplir los abortos no punibles sin represalias hacia la persona gestante” agregan. “Nuevamente el macrismo manosea y se burla de nuestros derechos decidiendo retroceder ante una medida de salud pública para garantizar el real acceso a la misma”.

El Protocolo ILE debe estar actualizado, el Aborto tiene que ser Legal, Seguro y Gratuito y Salud debe volver a ser Ministerio.

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Mediante una metodología que se volvió habitual en la gestión macrista, no les renovaron el contrato a 122 trabajadores y trabajadoras del Hospital Nacional Posadas. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa) denuncian, además, el carácter revanchista y persecutorio de las cesantías.

La dirección del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” decidió no renovar 122 contratos, entre los cuales se encontraba el de Karina Almirón, la única profesional que sabe realizar un estudio que permite detectar el tratamiento para el cáncer que tiene que llevar a cabo cada paciente. Otro de los casos resonantes fue el de Luis Sucher, trabajador del área de diálisis e integrante del Movimiento de Agrupaciones Clasistas. Ambos estuvieron a la cabeza de la batalla de enfermería en los últimos 6 meses, a partir de una decisión unilateral de la dirección del Hospital de aumentar la carga horaria a 12 horas. Además de conducir esta lucha, tanto Sucher como Almirón integraron las listas de oposición a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Lejos de tratarse de una excepción, Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), asevera que estos casos fueron sólo dos de varios que son parte de un plan por parte de la dirección del hospital, en connivencia con las conducciones de ATE y UPCN, para despedir compañeros y compañeras con una larga trayectoria combativa. “Tenemos constancia de que en la confección de los listados habría intervenido la conducción de ATE y la conducción de UPCN local. Y tenemos constancia de prácticas de tipo extorsivo hacia nuestros delegados, donde se les ofrecía a cambio de declarar públicamente que nunca se habían presentado a las elecciones de delegados de la CICOP, y de la renuncia a la CICOP, su exclusión de las listas de despidos”.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), regional provincial de la FeSProSa, detenta la personería gremial al contar con la mayoría de la representación sindical en el nosocomio, con cerca de 900 afiliados. Pese a esto, y a que entre ATE y UPCN juntos llegan como mucho a los 100 afiliados, estos últimos son los que participan de la Comisión Permanente de Interpretación de la Carrera Profesional Sanitaria (COPICPROSA). Algo no menor, ya que esta comisión determina, con el acuerdo de los sindicatos de los cuales se encuentra excluido CICOP, los cambios de horario y los cambios de categoría de los y las trabajadoras, entre otras cosas.

“Este acuerdo de prolongación de la carga horaria de enfermería fue firmado por ATE y UPCN, en el marco de la COPICPROSA, sin llamar a asamblea ni consultar a los afiliados. La jueza Martina Forns, cuando declara inconstitucional e ilegal este cambio, lo hace diciendo que ATE y UPCN violaron la ley 23.551, que los obliga a la consulta de los afiliados para cualquier reforma que pueda perjudicarlos. Esto está en el fallo. Es decir, no es solamente una opinión personal o política”, agregó Yabkowski en relación a estos gremios a los cuales acusa de estar “en connivencia con la dirección del hospital, vinculada a lo peor del macrismo, a los servicios de inteligencia”.

Ante el fallo favorable para las y los trabajadores, las autoridades del hospital lo apelaron y se rehúsan a pagar los sueldos completos del área de enfermería. “Están pagando el 30% del salario a los enfermeros en conflicto, que están en una situación económica verdaderamente angustiante porque hace 6 meses que cobran un tercio de lo que ganan”, denunció el presidente de la FeSProSa. Si bien el foco del conflicto era en esa área en un principio, entre los despedidos se encuentran empleados y empleadas de otras categorías, como personal profesional y administrativo.

Particularmente perverso resulta la metodología de los despidos, ya que aquellos y aquellas que se quedan sin trabajo no reciben ninguna notificación oficial, sino que deben deducirlo “por descarte”. En la lista que se presentó, mediante mail y whatsapp, figuraban quienes sí continuaban, por lo que quienes no estuvieran debían darse por despedidos.

A partir de esta situación, en el día de ayer los delegados de la CICOP se reunieron con las autoridades del hospital para exigir la suspensión de las cesantías. No hubo ningún avance en la negociación, además de tener que llevar adelante la reunión con una fuerte presencia de la Gendarmería en el hospital. Una política intimidatoria que se suma a las persecuciones policiales de las asambleas de las y los trabajadores de la salud.

Frente a la nula respuesta por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de la Nación, que conducen Adolfo Rubinstein y Jorge Triaca respectivamente, los trabajadores y trabajadoras del hospital nucleados en la CICOP se declararon en estado de alerta y movilización y comenzaron una campaña de denuncia en los medios. El viernes a las 9 se realizará una asamblea convocada por la CICOP en el Hospital, en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS). Por su parte, Yabkowski informó que la FeSProSa “está organizando la solidaridad nacional con los compañeros del Posadas, estamos difundiendo el conflicto en todo el país. Además radicamos la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en septiembre, la ampliamos cuando estuvimos en Ginebra en el Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en diciembre y ahora que viajamos a la Reunión Mundial de Salud de la ISP en Ginebra, que se va a hacer en el Ministerio de Trabajo, pediremos una nueva entrevista para ampliar la denuncia contra el Estado nacional por despidos indiscriminados y violación de la libertad sindical”.

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En conversación con el programa radial, Héctor Carrica, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio de Salud de la Nación, alerta sobre la paralización en la que se encuentra el área de salud del Estado y califica como extrema la situación epidemiológica.

Por otro lado, da cuenta de que el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, se refirió a la epidemia del mosquito Dengue como una “mala noticia”, obviando la responsabilidad de su ministerio. Además, aseguró que existen unos 15 mil casos de personas infectadas en el país y en las próximas semanas ese número podría aumentar.

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