Las clases en las universidades públicas no se han iniciado como respuesta al vaciamiento de las políticas educativas que afectan al salario de las y los docentes y a la educación pública en general. La emergencia educativa mañana tendrá como escenario una importante movilización.

Más de cien clases públicas universitarias se llevaron adelante en Plaza de Mayo, para visibilizar el reclamo contra el ajuste en educación universitaria, ciencia y tecnología, recortes que inciden, en rigor de verdad, en todos sus niveles de la comunidad educativa de nuestro país.

Hacia fines del 2017 la CTERA realizó un estudio del proyecto presupuestario enviado a tratar en el Congreso. Allí resaltaba que el ajuste no sólo se traducía en una reducción nominal del presupuesto propiamente dicho, sino también en un proceso de desfinanciamiento concreto, que preveía el desmantelamiento de programas diversos en el nivel educativo que el gobierno actual viene sosteniendo y profundizando desde su asunción en el 2015. Si bien el conflicto presupuestario de las universidades nacionales es de larga data, en el marco de la galopante inflación, un dólar que ya saluda los $32 y sigue su camino, ha tornado la situación en crítica.

Hace poco más de dos meses la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se preguntaba: “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas,  cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”. Una pregunta que se formulaba en el ámbito del selecto Rotary Club.

Hoy estamos transcurriendo la cuarta semana de paro universitario, que comenzó con 57 Universidades y mantiene, en este momento,  a 33 de ellas sin retomar sus actividades normales. El viernes 24 hubo clases públicas en Plaza de Mayo- pese a las desfavorables condiciones climáticas- y para mañana se espera una multitudinaria movilización para rechazar las políticas educativas.

Un guadañazo a las universidades

Un informe realizado por la Facultad de Ciencias Exáctas (FCE) de la UBA titulado “Ciencia y Universidad en Emergencia”^[1], da cuenta en términos concretos de la situación salarial de trabajadores docentes y no docentes de dicha universidad.

Desde el inicio de la gestión cambiemita, se denota una gran brecha entre los aumentos en el salario universitario y el nivel de precios medidos por el INDEC. Tomando diciembre 2015 como base, sólo en noviembre de 2017 se logró equiparar el salario real con la inflación. Desde ese entonces la diferencia se acentuó, tocando el máximo actual de 20 puntos porcentuales de diferencia entre inflación y salario. Es decir, entre diciembre 2015 y hoy, el salario docente perdió el 20’% de su poder de compra.

Fuente: FCE UBA

Desde noviembre de 2017 , el salario de universitarios aumentó sólo un 5% (adelanto a cuenta del convenio paritario actual), mientras que el de no-docentes sufrió un incremento del 11% desde septiembre del año pasado. En ese tiempo, el nivel de precios aumentó más del 25%.

Ante este panorama, la propuesta salarial de 15% sólo se puede entender en clave de un gobierno que, redoblando las apuestas del FMI, ajusta las tuercas más de lo que la rosca puede. El salario docente, en todos sus niveles, es la piedra angular de un gobierno que viene sosteniendo una sistemática campaña de desprestigio, a la educación pública, al rol docente y todos aquellos y todas aquellas que tienen el orgullo de estudiar en el sistema público.

Otra situación alarmante es señalada por el Instituto de Estudio y Capacitación (IEC) de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). Según se detalla en “El ajuste sobre las universidades nacionales”^[2], solo durante el primer semestre se recortaron 1.056 millones de pesos del presupuesto para universidades nacionales. Estos recortes se focalizan en las áreas de Proyectos Especiales, Infraestructura, Conducción, Gestión y apoyo a las políticas de educación superior y Fomento a la actividad de investigación de los docentes universitarios. A su vez, señalan que el nivel de subejecución del presupuesto es el más bajo en los tres años de gestión cambiemita. Sumado a esto, solo durante este periodo de tiempo, la deuda exigible por las universidades por los gastos contabilizados llega a 13.552 millones de pesos.

Juan Winograd, Consejero Superior de la UBA e integrante de Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA,  expresó “en un nivel general, el contexto de ajuste es consecuente con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y en ese sentido se camina hacia la privatización de las universidades públicas- algo que ya fue pactado, hace dos años, con el sistema de reconocimiento académico que el gobierno firmó con más de 60 Rectores de universidades y que presenta un sistema parecido al europeo, de carreras de tres años de duración y luego másters/posgrados que se vuelven necesarios en la medida en que el título de grado está vaciado y no tiene los contenidos ni la habilitación del título de grado que tenía previamente”.

La guadaña prueba su intensidad con la educación pública y universal en cada nivel. Las universidades, la ciencia y la tecnología parecen cosas del pasado para una gestión que apuesta a lo privado, al coaching y a los cursos de emprendedurismo.

Últimas novedades en el conflicto

Este lunes 27 de agosto el presidente de la cartera educativa, Alejandro Finocchiaro, se hizo presente en la quinta reunión de la Mesa de Negociación Salarial de la docencia de las universidades nacionales. Una vez más se ofreció el 15% de aumento en tres instancias: 5% de aumento en mayo (ya cobrado), 5,8% en agosto (a cobrarse en septiembre) y 4,2% en septiembre (a cobrarse en octubre). La reunión se dilató con un cuarto intermedio hasta el día miércoles 29 media mañana-  mientras que desde las gremiales docentes se mantiene la postura de no inicio de actividades y la marcha masiva en el Congreso de la Nación el jueves 30 de agosto.

“El no inicio de clases ha conseguido quebrar el cerco mediático y ha colocado el tema en los medios de comunicación. La huelga en las universidades ha demostrado que en particular las y los trabajadores (docentes) tenemos reservas para enfrentar este ajuste. Hoy el gobierno está operando activamente para limitar el alcance de la marcha del jueves y contener el conflicto”, expresó Winograd, y agregó: “reivindicamos que la Universidad sea no sólo un ámbito de enseñanza sino también un lugar de producción de conocimiento científico y con estas cifras que difunde el gobierno queda totalmente eliminado este problema”.

Para enfrentar esta resistencia de las y los trabajadores, que cuenta con la solidaridad de una gran parte de la sociedad, el presidente Mauricio Macri recibió a 25 Rectores mientras los trolls del gobierno y los medios afines hacen el trabajo sucio tratando de instalar la idea de que sobran docentes.

Por su parte, el Secretario General de CONADU Histórica, Luis Tiscornia, expresó que “Mantenemos el paro durante toda la semana. Se mantiene la marcha con más fuerza que nunca. Criticamos que no haya habido una respuesta concreta ayer. Es la primera vez que participa el ministro de educación, es evidente que tomaron nota de la amplitud de la protesta y las movilizaciones y que estarán pensando y discutiendo la respuesta que nos van a dar. Dicen que están dispuestos a discutir todo, y que esa negociación sería sin techo salarial. Hasta ahora ellos venían diciendo que el 15% de aumento es lo que había”.

Los gobiernos nacional y provincial están asfixiando la educación pública. Desde lo discursivo, en todas las plataformas de comunicación posibles, creando y recreando el sentido común de que lo público es obsoleto y los docentes no quieren trabajar. Solamente recordemos la movida twittera a principios del 2017, cuando, bajo el hashtag #VountarioDocenteNoAlParo, miles de usuarios se ofrecían a dar clases tras el fracaso de la paritaria docente. La táctica del desprestigio de docentes de todos los niveles y el cinismo con que utilizan los gerundios-“vamos a seguir trabajando e invirtiendo”- conforman el preludio. Y en esta gran orquestación destructiva, del dicho al hecho se toman segundos. Lo nefasto en lo dicho por Vidal, es el sentido de la concepción del otro, la lectura de la sociedad acerca del papel del Estado y su responsabilidad para garantizar derechos y para incidir en reducir las brechas y las desigualdades. En su discurso, Vidal- y por propiedad transitiva, el gobierno nacional también- naturaliza la discriminación. Y cuando vuelan trabajadores docentes por los aires, se lamenta cínicamente por redes sociales. Este gobierno, tanto con la palabra como con los hechos, clausura destinos. Nos quieren bien necios, sin educación, sin información, sin poder.

^{[1] El ajuste sobre las universidades nacionales} 

^[2] Ciencia y universidad en emergencia

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Una vez más, los bachilleratos populares agrupados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha hicieron sentir su voz y su presencia frente al Ministerio de Educación. Sin respuestas en lo que va del año y con más interrogantes desde la última actividad, vuelven a tocar la puerta del ministerio para reclamar sus derechos como escuela. En plena movilización una buena noticia: la lucha consiguió que se habilite la validez nacional de títulos para las cohortes vigentes.

Una nueva cita convocó a los bachilleratos populares que conforman la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha (CBPL). A pocos días de la última actividad, donde se montó una clase popular frente al Congreso y sin ningún tipo de respuestas por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad, el Palacio Pizzurno congregó a docentes y estudiantes de bachilleratos populares para seguir dándole voz y cuerpo a los reclamos.

El gobierno del diálogo y el consenso lleva meses de silencio, de llamados sin contestar y de reuniones jamás concretadas. Desde la CBPL se sostiene constantemente la postura y la necesidad de entablar conversaciones para reavivar los compromisos que el Ministerio de Educación nunca cumplió y para hacer efectiva la batería de derechos postergados que cargan los bachilleratos populares.

La cita tuvo lugar en las avenidas Callao y Córdoba, donde más de 500 estudiantes y docentes se congregaron para moverse hasta la puerta del Palacio Pizzurno a la espera de un llamado por parte del gobierno. Los trapos no faltaron y se lucieron banderas con muchos de los nombres de los 36 bachilleratos que funcionan en la Ciudad, diciendo presente y haciendo escuela a donde sea que se muevan sus integrantes.

Entre la expectativa de un posible llamado y la tensión propia de la movilización, se corrió la voz de una buena noticia. Por la mañana salió publicada la resolución que habilita la validez de títulos para las cohortes 2015 a 2018. Hasta este martes, ningún estudiante que se haya egresado el año pasado de un bachillerato popular, de un Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) o del plan FinEs podía acceder a su título secundario. A razón de la movilización constante y la visibilización de este problema, se logró la publicación de la resolución que habilita a las cohortes 2015 a 2018 a acceder a su título.

Un triunfo de la lucha de los bachilleratos popular en beneficio de todos y todas las estudiantes adultas que desean terminar su formación secundaria.  Una educación que viene sufriendo un desmantelamiento sistemático por parte del gobierno de la ciudad, en concordancia con el de la provincia de Buenos Aires.

La reforma para adultos

A todos los derechos postergados, que incluyen el reconocimiento pleno de los bachilleratos populares como escuela pública, con goce de sueldos para los y las docentes y becas, viandas de calidad y boleto estudiantil para los y las estudiantes, este año el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta inauguró un flamante conflicto. Se trata de la reforma de adultos.

La gestión educativa que gesta reformas en mesas chicas y cerradas y las comunica con PowerPoint, abrió un nuevo capítulo este año, anunciando que se está delineando una reforma para la educación de adultos. Una reforma de la que poco se sabe y de la que no permiten la participación de terceros, a pesar de estar afectándolos directamente.

Lo que dejaron entrever, por ahora, se sintetiza en una reforma curricular que cerrará gran parte de las especializaciones, condensándose en una pocas, así como también un ajuste en las horas cátedra. Entre aquellas especializaciones que dejarían de existir se encuentra la de ‘desarrollo de las comunidades’, a la cual se abocan los bachilleratos populares y cuyo futuro es incierto, sumado a que ni siquiera aparecen nombrados en los borradores de la reforma.

El desmantelamiento de la educación para adultos

La ministra de educación porteña, María Soledad Acuña, viene llevando adelante un plan de desmantelamiento y desguace de la educación para adultos. Así como un auto cuyo valor de venta es nulo y se dividen sus partes para vender como chatarra, desde el Ministerio de Educación se vienen llevando adelante prácticas sistemáticas que desmantelan la ya escasa cobertura de experiencias de educación para adultos.

A los más de 10 mil adultos que año a año ven esfumarse marzo sin una vacante para terminar su enseñanza secundaria, hay que sumar aquellos que no podrán terminar el plan FinEs por la clausura del programa. El 2018 comenzó con la noticia de que 13 sedes donde funcionaba el programa no comenzarían el año. El cierre hoy deja a más de 500 estudiantes sin terminar sus estudios primarios o secundarios y a 80 docentes sin esa fuente de trabajo.

La reforma de adultos se presenta como un pilar más del desmantelamiento de la educación para adultos. Cerrará especializaciones y ajustará las currículas para estandarizarla, volviendo un interrogante el futuro de los bachilleratos populares, de los CENS y de los ya condenados FinEs. La lógica de austeridad y ajuste de la educación se vuelve carne en la educación para adultos, el área más postergada y tan marginada como aquellas escuelas cuya infraestructura edilicia no apacigua las inclemencias climáticas y aquellas que no abrirán las puertas por el ajuste que se viene realizando en Provincia.

La lógica educativa se puede resumir con las palabras de María Eugenia Vidal: “Nadie que sale de la villa termina en la universidad”. Se parte de una lógica premonitoria para llegar a una profecía autocumplida.  La estigmatización de la escuela pública y la mercantilización de la educación se profundiza con el discurso y el accionar de la gestión cambiemita, encontrando como único sujeto de derecho a aquel que cuente con las condiciones socioeconómicas para su acceso.

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