En abril, el Ministro Luis Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural, dejó en la calle a cientos de trabajadores y trabajadoras. Ayer anunció un nuevo recorte con más de 600 despidos. Para enfrentar el ajuste, desde ATE lanzaron un paro activo de 96 horas.

“Se debe reducir el gasto público en todos los niveles de gobierno”, dijo el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, el sábado 28 de julio de 2018 en el predio de Palermo, durante la exposición que realizó la entidad que representa a las patronales agrarias. A pocos metros de Pelegrina, lo escuchaba su antecesor en el cargo y devenido en Ministro, Luis Miguel Etchevehere.

A menos de un mes, Etchevehere se hizo eco del pedido y lanzó un brutal ajuste que pone en riesgo la continuidad laboral de ingenieros agrónomos, veterinarios y antropólogos, entre otros profesionales que conforman la Secretaría de Agricultura Familiar. La amenaza de 600 nuevos despidos, después de los 330 que se concretaron en el mes de abril, puso en alerta a los trabajadores y las trabajadoras.

Desde el 13 de agosto se viven horas de angustia e incertidumbre en las provincias que sufrirán el recorte. Además de golpear a cientos de familias que pierden su fuente laboral, la medida también afecta a pequeños agricultores, campesinos y campesinas y pueblos originarios. La arremetida del Ministerio, incluso, se da en un contexto donde el Estado abandonó las políticas que brindaban respaldo a este sector, como el Monotributo Social Agropecuario (MSA), una herramienta que permitía a las productoras y los productores facturar, acceder a una cobertura de salud y hasta hacer aportes para jubilarse.

“Estamos en presencia de un funcionario que ataca a los actores más vulnerables”

En este marco, entrevistamos a Sebastián Rivera, delegado general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio de Agroindustria para conversar sobre la situación y conocer las medidas de acción que tomarán, en principio, con un paro activo de 96 horas.

–¿Existe la amenaza de una nueva tanda de despidos masivos?

–Más que una amenaza, tiene vicios de certeza. La semana pasada el Secretario de Agricultura Familiar llamó a sus delegados provinciales y definió la baja de la mitad de trabajadores. O sea, del total de 1100 empleados, estarían dejando en la calle a unas 550 o 600 personas.

–Es un volumen importante…

–Sí, es la mitad de la Secretaría, pero además hay bajas en otros sectores aunque quizás sin tanta magnitud. De todas formas, estamos hablando de más del doble de despidos que ya hubo en el mes de abril. En el primer trimestre fueron 330, aclarando que se pudo reincorporar a uno 50 trabajadores.  Y en el SENASA, que también es un organismo que depende del Ministerio de Agroindustria, durante todo el año hubo alrededor de 350 despedidos.

–¿Qué medidas tomaron ante este atropello?

–Votamos y estamos realizando un paro activo de 96 horas. Y también estamos en una vigilia permanente para analizar y ejecutar otras acciones de acuerdo a cómo avanza el Ministro en sus definiciones. Así que estamos organizándonos, pero no sólo en la casa central sino en todo el país porque la Secretaría de Agricultura Familiar, que es donde más van a impactar los despidos, tiene territorialidad en distintas provincias.

–¿Y es un escenario posible, si se tiene en cuenta que ya hubo un ajuste?

–Estamos en presencia de un Ministro que ataca a los actores más vulnerables del sector agropecuario y a los trabajadores que cumplen funciones de asistencia a esos grupos. Nosotros entendemos que Etchevehere, de quien ya sabemos y conocemos su pasado por su relación con el trabajo esclavo en sus propiedades, disfruta cuando despide a trabajadores. No los puede subordinar disciplinariamente a lo que ellos quieren, y entonces los echa. Entonces, a esos profesionales que tienen mayor vínculo en los territorios con poblaciones postergadas, o que intentan proteger a los pequeños agricultores frente al atropello de los terratenientes, a esos trabajadores se los despide.

–¿Hay alguna negociación en curso?

–En estos días no hubo ningún canal de diálogo. Al contrario, hay una cerrazón muy fuerte por parte de los funcionarios y por ahora hay un silencio atroz. Estos tipos no dan la cara, por lo general hacen eso. Se siente muy valiente con los más débiles y cuando tiene que aparecer a dar explicaciones se esconden. Las medidas van a ser más fuertes en cuanto a la pelea que tenemos por delante porque tenemos que luchar contra un Ministro, que más allá del ajuste general que realiza el gobierno de Mauricio Macri en el Estado, en particular es el Ministro que más trabajadores viene despidiendo.

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Organizaciones campesinas, indígenas, de pequeños productores y de la agricultura familiar rechazan la eliminación del Monotributo Social Agropecuario. La medida pone en peligro el acceso a derechos que les permiten tener obra social,  aportes jubilatorios y darle un marco regulatorio a su actividad. Para el 26 de julio convocan a una gran movilización nacional hasta el Ministerio de Agroindustria de la Nación.

La resolución del Ministerio de Agroindustria de la Nación Publicada en el Boletín Oficial del 3 de julio, anuncia la baja del Monotributo Social Agropecuario para el próximo año. Gracias a este beneficio, cincuenta mil personas, agricultores pobres, disponen de cobertura médica y  esperaban acceder algún día al derecho a una jubilación.

Desde 2019 las y los agricultores familiares que están inscriptos en el Monotributo Social Agropecuario deberá familiar deberá pagar el 25%, porción que actualmente cubre el Estado, por la gran vulnerabilidad del sector. Esto implica al día de hoy unos $268 al que debe sumarse, además una proporción de la obra social por los beneficiarios adherentes, lo que en promedio se estima en unos $1500 por grupo familiar.

En la resolución además se establece que los/as actuales agricultores/as y campesinos/as se deben re-empadronar antes del 10 de agosto para conservar, lo que denominan “beneficio” hasta fin de año. Un trámite formal, que requiere que las y  los trabajadores dejen de trabajar para presentarse en el Ministerio y atiendan los tiempos de la burocracia, a la vez que los vuelve a someter a un mecanismo minucioso de control estatal.

Historica conquista

El Monotributo Social Agropecuario se implementó en el año 2009 para proteger a los/as trabajadores/as de la tierra que producen hortalizas, frutas, carne, miel y artesanías para consumo local. Representa la mayor política de inclusión para un sector que históricamente vive vulnerado y excluido de la formalidad económica.

No solo se trata de la posibilidad de un marco regulatorio básico y mínimas condiciones dignas de trabajo. También es una herramienta que les permite emitir facturas para ser proveedores del estado, entre otros. De este modo pueden vender sus productos directamente a instituciones, como por ejemplo para los comedores escolares.

La eliminación de esta categoría del Monotributo Social afecta directamente a pequeños/as productores/as y agricultores/as de todo el país que viven con lo justo. Muchas  de las familias que trabajan la tierra son inmigrantes, descendientes de inmigrantes o pertenecen a comunidades indígenas, otros son agricultores que vienen de otras regiones. Con una economía de subsistencia que viene sufriendo las consecuencias de las condiciones climáticas y las políticas públicas: malas condiciones climáticas,  disminución en las ventas,  aumentos en los costos de insumos,  a precio dólar (semillas, pesticidas, entre otros), de las tarifas eléctricas y del combustible.

Rosalía Pellegrini, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en el Cinturón Hortícola de La Plata, explicó que el Ministerio de Agroindustria viene faltando a la ley porque niega el acceso a este derecho y agregó que hace más de un año que se ha congelado la inscripción al Monotributo Social Agropecuario ya que no permiten el acceso a nuevos beneficiarios, ni tampoco a familiares de los inscriptos. Esto muestra una situación que se viene agravando para un sector muy vulnerable, desprotegido y al que le impiden el acceso a derechos mínimos.

Desde la UTT ya han presentado Recursos de Amparo en la Justicia Federal en el fuero Contencioso Administrativo para que se reabran las inscripciones. Además presentarán  medidas cautelares para que el Estado no les niegue sus derechos sociales.

Comunicado

A través de un comunicado las organizaciones indigenas, campesinas, de pequeños productores y de la agricultura familiar de toda la Argentina rechazron de conjunto la decisión del Ministerio de Agroindustria de Nación de dar de baja al Monotributo Social Agropecuario (MSA). Un documento firmado por las organizaciones y movimientos campesinos como el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federales (AMRAF), la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Federación Agraria Argentina (FAA), entre otros.

Tal como expresan en el comunicado para el proximo 26 de julio anuncian una gran movilización nacional hacia el Ministerio de Agroindustria de la Nación en la ciudad de Buenos Aires.

Estas organizaciones y movimientos que representan a las y los pequeños productores rurales, de distintas regiones, con economías familiares y de subsistencia,  vienen organizándose hace décadas para luchar por el acceso a los derechos elementales que les den amparo. Organizaciones que luchan por el acceso a la tierra, que les es negado, mientras producen gran parte de lo que consumimos.

“Somos el sector responsable de la más de la mitad de los alimentos que se consumen localmente y, según FAO, un actor clave para combatir la malnutrición y la pobreza rural. Son más de 50 mil familias que pierden el derecho de regularizar su trabajo y son más de 100 mil personas que pierden el derecho de acceder a la salud. Y es toda la población argentina que verá perjudicada su posibilidad de acceder a alimentos producidos en suelo argentino” expresan en el comunicado.

Tal como expresabamos desde el inicio de la gestión Cambiemos se presentaron graves dificultades para el sector de las agriculturas familiares.  Las y los pequeños productores hortícolas, florícolas, chancheros, tamberos y trabajadores de la tierra,  se hallaban  desde el minuto cero de la actual gestión, en graves dificultades por la aplicación de las nuevas políticas económicas que produjeron un fuerte aumento de los insumos dejando al borde de la miseria a las y los productores.

Sin embargo, lejos de resignarse las y los trabajadores de la tierra, productores rurales, campesinos e indígenas, tal como lo vienen haciendo, continúan organizándose para enfrentar al poder de un estado que hoy representa a las corporaciones. Encarecer los insumos, desproteger a las y los más vulnerables, quitarles derechos, parecen estrategias deliberadas para la concentración de la tierra en pocas manos. Lejos de amedrentar a las y los trabajadores de la tierra los ha decidido a organizarse para visibilizar, una vez más,  su lucha con una gran marcha nacional.

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El ajuste se profundiza en el Ministerio de Agroindustria que dirige Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural. Más de 300 familias se quedaron en la calle en los últimos días. Desde hoy, lunes, habrá protestas y asambleas de trabajadores y trabajadoras para exigir la reincorporación.

En octubre de 2017, Luis Miguel Etchevehere se alejó de la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA) para asumir como ministro de Agroindustria. Etchevehere había quedado como titular de la entidad que nuclea a los empresarios agrarios en 2012, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Cinco años después, con Mauricio Macri, pegó el salto y escaló hasta el gabinete nacional. De esa forma, se convirtió en el tercer presidente de la SRA en alcanzar el rango de ministro. El último había sido Luis Duhau, en 1933.

Antes de ocupar el cargo de Ministro, Etchevehere recibió un bono de $ 500.000 de parte de la Sociedad Rural Argentina. El obsequio desembocó en una denuncia y posterior investigación judicial. Para aliviar su situación, y junto a la displicencia de la Oficina Anticorrupción, Mauricio Macri dictó un decreto en el que excusa al funcionario de tomar decisiones vinculadas con empresas de las que formó parte en los últimos tres años. La resolución firmada por Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, menciona expresamente a las empresas Etchevehere Rural SRL, Construcciones del Paraná SA, Los Vascos Propiedades SA, Establecimiento Rural La Margarita SA, y Sociedad Anónima Entre Ríos, además de la Sociedad Rural.

La mayor parte de las empresas citadas están siendo investigadas en el marco de una causa radicada en el Juzgado Federal de Paraná, Secretaría Criminal y Correccional 1, que se inició en 2015 por denuncias de Dolores Etchevehere, hermana menor del funcionario, ante una presunta “defraudación” lesiva a sus intereses. De todas formas, y más allá de lo dispuesto por la Casa Rosada, Etchevehere pisó nuevamente el predio de La Rural.

El jueves 19 de abril 2018, Luis Miguel Etchevehere saludó a sus viejos y conocidos camaradas cuando volvió a la sede de la Sociedad Rural. La excusa, tenerlo en un panel de expositores bajo la temática “Desburocratización, Apertura de Mercados y Competitividad”. Mientras Etchevehere andaba de reuniones en Palermo, sus funcionarios largaban una tanda de 330 telegramas de despidos para todo el país, que son parte de los casi mil que concretará en los próximos meses en el marco del vaciamiento del Estado impulsado por Cambiemos. Para evitar las protestas, y ante la posible reacción de los gremios, la cartera dispuso un asueto general y pidió un operativo policial para custodiar el edificio de Paseo Colón al 700. El asueto se repitió en todas las dependencias. Con esta estrategia, se liberó la zona para ejecutar el ajuste.

“Estamos listos para dar la pelea por la reincorporación. Si bien de esta gestión ya no asombra nada, ahora dispusieron un asueto para ejecutar los despidos. Eso es algo novedoso, yo hace 25 años que trabajo acá y nunca pasó algo así. Hay un nivel de destrato increíble. Es un ‘lock out’ patronal, Etchevehere sabe de esto porque ya lo hizo hace 10 años”, advirtió Sebastián Rivera, delegado de ATE.

“Sabemos que pretenden trasladar el ajuste hacia el INTA y el SENASA, donde ya hubo reducción de personal en los últimos meses. Y nosotros sabemos que estas políticas de ajustes derivan en peores políticas públicas para los más vulnerables”, agregó Rivera.

“Más allá de que no tengamos el listado de los despedidos, sabemos que ya hay 330 de los 958 que van a haber”, confirmó Jorge Ravetti, secretario general de ATE-Senasa. “Los compañeros están esperando al cartero. Esto es una perversión, una locura”, sintetizó Melina Zucchi, delegada de ese gremio en delegación que la Secretaría de Agricultura Familiar tiene en Catamarca.

El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual. A principio de año se achicaron de 20 a 8 las subsecretarías y de 211 a 138 los cargos públicos. El mes pasado se deshizo de 84 personas que conformaban la ex Unidad para el Cambio Rural (UCAR), que coordinaba los programas y proyectos cofinanciados con recursos externos. Ahora, se largó la “tercera etapa del plan de reestructuración”, como lo definen los asesores del Ministerio.

Debido al asueto del viernes y el cierre del edificio ministerial hasta el domingo, “el conflicto se va a sentir el lunes, cuando los compañeros vuelvan a trabajar y a muchos les quieran impedir el ingreso”, anticipó la referente de ATE Nacional, el sindicato de estatales encabezado por Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma.

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