Por Colombia Informa

Uno de los pueblos indígenas que ha acompañado la Minga es el pueblo indígena Nasa, que ha sufrido graves consecuencias del histórico conflicto social, político y armado colombiano. Debido a los desplazamientos desde la guerra de los mil días (1899-1902), la posterior aprobación de la ley 200 del año 1936, y la avalancha del Río Páez de 1994, hay quince mil indígenas Nasa movilizados actualmente; junto a los indígenas de los pueblos Misak, Coconucos, Totoroes, Polindaras, Yanaconas, Embera, Chamí, y Wounaan.

Las principales exigencias de los pueblos indígenas son el reconocimiento del campesino como sujeto de derecho, el cumplimiento de los acuerdos firmados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, respeto por el derecho constitucional a la Consulta Previa en sus territorios, fortalecimiento de las políticas de protección del medio ambiente, cumplimiento de los numerosos acuerdos firmados con el Estado colombiano, la protección a líderes y lideresas sociales, y la inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ 2018-2022.

Giovanni Yule, líder indígena, afirma que el Gobierno Nacional ha realizado proyectos sumamente devastadores con las poblaciones indígenas como la Ley 160 de 1994, que arrebata las tierras, las vende a multinacionales, y de esa forma eliminan su función ecológica y ambiental para los pueblos colombianos. Además, expresó Yule, existe un rechazo popular a leyes que aprueben el uso de glifosato y de fracking, junto con aquellas que criminalizan la protesta social.

Popayán se moviliza en apoyo a la Minga

“La Minga está pidiéndole al Gobierno Nacional reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho, ¿Ustedes creen que necesitamos quince días de sol y agua para que el Gobierno Nacional reconozca los derechos campesinos? Así toca en Colombia, pero otros gremios solo mandan una carta y todo se hace en un escritorio. Hemos pedido que se reconozca el campesinado”, expresó Omar Cordero, integrante de la Comisión Política de la Minga Campesina Indígena y Popular.

La movilización pretendía culminar con actos culturales en el Parque Caldas de la ciudad de Popayán, pero el ESMAD rodeó a los manifestantes e impidió el paso hacía el lugar. Sin embargo, este ejercicio pedagógico de la ciudadanía aumentó la solidaridad con la Minga indígena, fortaleció el reclamo para que el Presidente Iván Duque vaya al Cauca, y destacó la importancia del diálogo con los pueblos que se movilizan en el suroccidente colombiano.

ESMAD: Escuadrón de Represión y muerte

En el día de ayer, Deiner Ceferino Yunda Camayo, indígena de 20 años de edad perteneciente al resguardo de Jebala, fue asesinado en el municipio de Cajibío, donde se está llevando a cabo la Minga del Suroccidente. El Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC- y diferentes organizaciones sociales denunciaron que la muerte del indígena fue perpetuada por el Ejército Nacional de Colombia, quien disparó contra los manifestantes.

Según el informe preliminar, indígenas y campesinos se encontraban en una caseta a 300 metros de la vía Panamericana, donde fueron atacados con disparos provenientes de un cafetal, lo cual ocasionó la muerte de Deiner Yunda Camayo, dejó a cuatro mingueros heridos y tres fueron retenidos por la fuerza pública.

En el Boletín emitido por la Comisión de Derechos Humanos, se informó que desde la mañana del día 2 de abril se presentaron sobrevuelos de helicópteros y se reportó la llegada de una camioneta con personas de civil y oficiales de Policía Nacional, quienes se ubicaron al lado de integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-. Posteriormente, se dio el ataque con disparos y regresaron los sobrevuelos al campamento.

Organizaciones indígenas y campesinas expresan que este actuar deshumanizado e irresponsable, propio del terrorismo de Estado, atenta contra la seguridad y la vida de cada persona que se encuentra en el campamento y en zonas aledañas. Los pueblos exigen el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Estado y las comunidades, así como la presencia del Presidente Iván Duque para el diálogo.

Source

Luego de 15 días de protestas y bloqueos en más de 100 puntos del país, el paro nacional terminó con un saldo de represión profundo pero con cierta tranquilidad para las comunidades indígenas, campesinas, afro y urbanas por los nuevos acuerdos firmados con el gobierno colombiano. Sin duda un logro importante para las organizaciones de la Cumbre Agraria y su persistente movilización social.

Aunque el gobierno trató de dilatar las negociaciones con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular utilizando todo el arsenal diplomático y mediático para manipular la opinión pública y estigmatizar las marchas y bloqueos de carreteras, amenazando con mayor represión y ofreciendo conversaciones regionales para no asumir las discusiones con las vocerías encargadas, al final, debido a la presión política y el nivel de las movilizaciones, se dieron nuevos acuerdos en materia de tierras, en el ámbito mineroenergético y se crearon compromisos en el factor humanitario.

Dentro de los compromisos se consigna la habilitación de una Comisión Nacional para analizar los títulos de explotación minera y lo referido a la exploración de minerales e hidrocarburos. En ese sentido se proyecta la tarea de construcción de un mecanismo de aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional en cuanto a la otorgación de licencias y frente a la protección de territorios, páramos, cuencas hídricas y tierras de vocación agrícola.

Uno de los mayores logros de esta Minga Nacional fue el compromiso de que el gobierno reconozca al campesinado como sujeto de derechos, insistiendo del mismo modo en el reconocimiento de “figuras de territorialidad agraria” como los territorios campesinos agroalimentarios y las zonas de reserva campesina.

Otro de los temas acordados tiene que ver con la habilitación de escenarios de debate de carácter nacional para que la sociedad participe de los procesos de construcción de paz donde se garanticen los derechos humanos. Si bien esto suena a algo mínimo y básico, pues no es otra cosa que cumplir la Constitución de 1991, lo cierto es que durante estas jornadas de movilización -como en las de años anteriores- la Cumbre Agraria ha sido relacionada por parte de políticos y medios de comunicación con grupos armados, irrespetando el derecho a la protesta social. En este punto se obtendrá acompañamiento de las Naciones Unidas.

Marylen Serna, vocera campesina del Congreso de los Pueblos, anunció el levantamiento del paro “aunque continuando en asamblea permanente”. Queda claro que seguirán las tensiones si estos acuerdos vuelven a ser incumplidos. El gobierno tendrá que trabajar con la Mesa Única Nacional compuesta por las organizaciones sociales que protagonizaron el paro y quienes trabajaron en los diálogos para reafirmar el Pliego Único de la Cumbre.

Fueron más de 100 los puntos de concentración en el país, los cuales despertaron la solidaridad nacional e internacional, demostrado en los actos realizados en las embajadas colombianas en Argentina, Chile y en diferentes países de Europa. Incluso 32 eurodiputados le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos manifestando la preocupación por el “abuso de la fuerza” contra los manifestantes, quienes sufrieron hechos graves como el asesinato de tres indígenas, una acción arbitraria donde hubo 135 detenidos, 24 acontecimientos relatados como “hostigamientos e inteligencia ilegal”, más de 150 heridos y alrededor de 20 municipios atacados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Esta carta desde el Parlamento Europeo prendió alarmas en otros países, confirmando los dichos de que al gobierno colombiano hay que hacerle un paro para que preste atención, otro para generar acuerdos y otro para que los cumpla.

Mientras tanto, los pobladores urbanos, que salieron a las calles en igual medida, anuncian un próximo Congreso Nacional de Vivienda, además de advertir lo que se viene en materia de organización social para hacerle frente a “la crisis” del transporte y el ambiente. Estas aseveraciones no son menores, pues ahora el Ministerio del Interior y el de Relaciones Políticas tendrán que asumir las demandas ciudadanas en la relación campo-ciudad que se vienen clamando.

Amanecerá y veremos. Por el momento, la Cumbre Agraria logra salir fortalecida y la legitimidad de la protesta social y sus medidas de fuerza en Colombia se hicieron sentir en todo el territorio nacional.

Source

El paro de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en Colombia entra en su segunda semana. La respuesta represiva del gobierno y un diálogo enmarañado. La brecha entre las concepciones de la paz del presidente Santos y el movimiento social.

La primera impresión fue de extrañeza. En un paro nacional que tuvo el primer día un indígena asesinado y hoy ya son tres, las mesas regionales de diálogo entre las fuerzas de seguridad, el gobierno y los líderes de los movimientos sociales que protagonizan la Minga podía interpretarse como la búsqueda de un símbolo de paz. Pero no. Sólo fue hipocresía gubernamental.

Los alcaldes de varios departamentos arengaban frente al viceministro del Interior de Colombia, Guillermo Rivera, en pleno diálogo regional en Arauca. “Nuestra región está abandonada y sólo el movimiento social con los paros ha logrado transformaciones”. Las palabras no eran de los líderes de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes sino de los funcionarios locales, algunos de los cuales pertenecen al partido del inefable Álvaro Uribe.

Lo extraño es que a eso siguió la palabra de los representantes de las fuerzas de seguridad de la zona de Arauca, ratificando sus garantías a la protesta social y finalmente la del propio viceministro definiéndose como garantista y llegando a decir que no habría paz sin diálogo y transformaciones para el pueblo colombiano.

Sin embargo, ese relato del presidente Juan Manuel Santos, que busca quedar en la historia como el artífice de la paz, contrasta con el tratamiento de guerra que ha dado el gobierno a la protesta social que se desarrolla desde el lunes pasado en toda Colombia con cortes y bloqueos en más de cien puntos del país.

Tres indígenas asesinados, 152 heridos, 145 detenidos, cientos de hombres y mujeres detenidas ilegalmente no son sólo números de una semana de paro y la respuesta de guerra del Escuadrón Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército de Colombia, sino que son una respuesta clara a la discusión sobre qué paz se disputa en la Colombia del siglo XXI.

De qué hablamos cuando hablamos de paz

El gobierno de Santos fue claro: los diálogos de La Habana no incluirán el debate del modelo económico o las políticas públicas necesarias en el país y la mesa con el ELN no incluirá un debate sobre la doctrina militar.

Fue igualmente claro con la política hacia la protesta social: no habrá negociación con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular mientras se mantengan los cortes de calles y ruta. Habla de paz, acumula horas de diálogo, pero las demandas incumplidas llevan más de tres años. Y mientras repite una y mil veces el reconocimiento a la Minga Nacional y sus reclamos, se reprime brutalmente y se intenta fragmentar el inmenso paro nacional, no sólo con represión sino también con sus ministros denunciando una supuesta “infiltración” del ELN en la protesta para deslegitimar la Minga Nacional.

Se trata, en el fondo, del significado del proceso de paz en Colombia. El expresidente Uribe lanzó su propuesta de resistencia civil (mismo término que utilizaban los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-) y su “propuesta para la paz”, que busca con un referéndum dar marcha atrás con las negociaciones abiertas en La Habana y Ecuador con las insurgencias, intentando desprestigiar al gobierno de Santos por estar “enamorado de la guerrilla y no del pueblo colombiano”.

Frente al intento de cerrar las vías a una salida política y negociada al conflicto por parte de Uribe, quien buscaría una salida militar y de sometimiento como la que impulsó durante su presidencia y generó efectos devastadores para el pueblo colombiano, Santos intenta surfear las negociaciones  para otorgar el mejor escenario económico a las grandes empresas.

Una solución al conflicto armado que brinde paz y certidumbre a las trasnacionales que quieren asentarse en Colombia o que esperan invertir y ser participantes activar del modelo extractivista minero energético y agroindustrial en un país rico en metales, minerales y petróleo, sería el mejor sueño de Santos, que lejos está de concretarse.

Por su parte, el movimiento social colombiano reclama el reconocimiento político y una participación acorde en los diálogos para la paz en el país. En este sentido, la necesidad de poner en debate el modelo económico, que dé cuenta de un escenario posterior a los acuerdos con transformaciones económicas y políticas centrales es uno de los ejes que se plantea en el paro nacional agrario y campesino.

En un contexto político especial para Colombia, cientos de miles de indígenas, afros y familias campesinas se encuentran en las calles. A ellas se sumaron los docentes y este lunes será el turno de los camioneros. Las deudas sociales con el pueblo colombiano son infinitas: el saqueo de los bienes comunes, la falta de educación y salud y la ausencia a estatal, a excepción de la presencia militar. Pero hay un saber popular que atraviesa Colombia, desde los llanos hasta la costa Pacífica, y  es que no existieron transformaciones en el país que no fueran a punta de lucha. Acaso por eso, con los tanques enfrente, las comunidades cantan en pleno piquete: “El pueblo no se rinde, carajo”.

 *Integrante de la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA

Source

Un paraíso en la tierra. Lugar para la vida digna de las comunidades. Territorio saqueado, negocio millonario de unos pocos. La historia de Caño Limón y sus reclamos populares, la toma ayer en la sede de Ecopetrol en Bogotá, simbolizando las razones de un nuevo paro nacional en Colombia que cumple su quinto día y que ya se cobró tres muertos por la represión policial.

En Caño Limón, Arauca, uno de los más de cien puntos bloqueados en todo el territorio colombiano en el marco de la Minga Nacional, el paro agrario y campesino, las mujeres indígenas aún recuerdan cómo era la Laguna de Lipá, hoy borrada del mapa. El pueblo U’wa sufrió allí su segunda invasión con la llegada de la Occidental Petroleum (Oxy).

Cuenta la historia que Colombia importaba petróleo hasta que encontraron; bajo las tierras fértiles y ricas en yuca, plátano y cacao, apreció el oro negro. Con el hallazgo de petróleo en Caño Limón, el país pasó a ser exportador de crudo. Más de 30 años de explotación petrolera muestran una zona militarizada y devastada. La zona productiva campesina se convirtió en territorio de prostitución, vandalismo y sicariato. Y, sobre todo, de pobreza.

Allí donde había un reservorio de flora y fauna, hoy sólo quedan pozos petroleros, cámaras y militares fuertemente armados. En parte por las voladuras de los pozos, en parte porque las comunidades han intentado recuperar sus tierras. Para atravesar Caño limón hay que pasar varios controles donde las fuerzas de seguridad preguntan adónde vas, de dónde venís y por qué pasas por allí. Allí es donde el territorio no tiene soberanía colombiana sino estadounidense y donde las fuerzas armadas responden directo a los empresarios petroleros. Los estudios indican que a mayor infraestructura petrolera, se incrementa el índice de violación de los derechos humanos.

“Están reventando los esteros”

Orlando Viveros ya colgó su chinchorro en la ruta. Desde la hamaca, que será lugar de descanso mientras dure el paro, uno de los referentes de la comunidad afro de Arauca detalla el daño que generó la explotación petrolera en la zona. “Acá no había camino, era una ciénaga, sólo tierra, árboles y las comunidades campesinas asentadas. Cuando encontraron petróleo empezó el desplazamiento de nuestra gente. El Estado puso todo a favor de las compañías norteamericanas. Nos quedamos sin tierra, sin laguna, contaminaron el agua y reventaron los esteros. En este punto de concentración de la Minga Nacional queremos dejar claro: no queremos sembrar petróleo, queremos sembrar vida”.

La historia de la Oxy es la historia del saqueo de los pueblos. Corría el año 1984 cuando los técnicos de la compañía iniciaron la exploración en la zona. En los años siguientes, con un decreto de reserva petrolera que establecía que no podía haber población civil a cinco kilómetros a la redonda, empezaron a apropiarse de la zona. El objetivo era comprar, a precios irrisorios, las tierras de las familias que vivían allí. Por las buenas o las malas, prendiendo fuego las casas, quemando los cultivos o mediante dinero, fueron apropiándose de todo el territorio.

El segundo yacimiento petrolero más grande del país se transformó en un monstruo. El oleoducto que atravesó las fincas campesinas y los esteros cruza los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre hasta llegar al puerto de Coveñas. Millones de barriles de crudo, millones de dólares y una multiplicación de la pobreza para la población araucana.

Ante esa mina de oro, la empresa y el Estado buscaron, a pesar de las advertencias de los estudios de impacto ambiental, avanzar incluso en el Santuario de Flora y fauna. Devorio de más de 20 hectáreas y del chigüiro (animal de la zona), sólo queda una imagen en un cartel.

“El Estado y las empresas trasnacionales tienen una deuda ambiental con Arauca. El primer problema fue que el crudo salía a 92 grados. Para producir un barril de petróleo  se necesitan 98 barriles de agua, es decir que para los 54 mil barriles de crudo que sacamos diarios necesitamos 2 millones 800 mil barriles de agua. Hoy podemos decir que se están secando los cauces de los ríos de toda la región”, afirmó Oscar García, dirigente histórico del Sindicato Petrolero (USO).

La contaminación fue empeorando con el correr de los años. “Para el proceso de refinamiento del crudo se inyectan 3 químicos, para romper la  emulsión, luego los inhibidores de corrosión y las clarificados. Después de ese proceso el agua vuelve a la sabana. Totalmente contaminada. Eso ha generado, entre otras cosas, que los residuos maten los esteros, no haya más pesca en la zona y deje sin actividad a miles de familias”, detalló.

El acuerdo entre la empresa parcialmente nacional Ecopetrol y Oxy fue mejorando en favor de esta última. El 1 de enero de 2009 terminaba el contrato y Caño Limón debía volver a manos del Estado. Era una fecha esperada para la población araucana que, finalmente, tenía la expectativa de que la explotación le otorgara beneficios a la gente del lugar.  Pero en ese momento se generaban más de 100 mil barriles diarios y el entonces presidente Alvaro Uribe decidió entregar los pozos hasta que finalice su rentabilidad a la empresa Oxy. Poco antes 60 marines habían viajado a entrenar militares colombianos y vigilar el oleoucto. No se descarta que haya habido una ayuda de 98 millones de dólares por parte de Estados Unidos para proteger los intereses de la Oxy.

Hoy hay cuatrocientos pozos de perforación en Caño Limón, al que se suman las zonas de Caricare, Banadías (donde hay otro punto de la Minga Nacional) y Puerto Gaitán. Dicen los lugareños que paga más impuestos un campesino que la empresa norteamericana. Y que el saqueo nunca volvió ni siquiera como inversión social.

“Somos un pueblo que ha sido olvidado y al que le han mentido en la historia de Colombia. Pedimos respeto por la autonomía de territorios para la comunidad afro. A la población negra nos gustaría conocer la paz, aun no la conocemos. Mientras en Colombia no se cambie el modelo económico, no va a cambiar nada”, afirmó Orlando Viveros.

Los caminos para llegar a Caño Limón siguen dañados. Después de 30 años de saqueo, la Minga Nacional expresa que no hay paz posible con deuda histórica, económica, social, ambiental y humanitaria con el pueblo araucano  y el pueblo colombiano todo.

*Integrante de la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA

Source