Por Karina Ocampo* 

“El camino es horrible”, dice Román Guitián, 49 años, coya, cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano. La mirada al frente, el ceño fruncido por la concentración y el sol; cuenta que suele llevar en su camioneta a los turistas que vienen a ver con sus propios ojos las rocas del Campo de Piedra Pómez, el salar de Antofalla o el volcán Galán. También hace circuitos para gente que llega desde Australia o Canadá, atraídos por la provincia y el tema de la minería. Pero justo el viaje hacia el Salar del Hombre Muerto es uno de los peores. “Muy poco lo hacen porque se rompen las cubiertas, los amortiguadores”, insiste. Los trabajadores y las visitas oficiales llegan en avión, directo a la pista de aterrizaje privada.

Estamos en la Puna catamarqueña. La vegetación se adapta a las temperaturas extremas y ralea en alturas que superan los 4 mil metros. Sobre nuestras cabezas, el cielo, de tan puro, deslumbra. El resto es inmensidad desértica. 

Quedan algunos ranchos aislados, vestigios de existencias pasadas. También ovejas, llamas y vicuñas que buscan el alimento de la tierra. Y proyectos de extracción de litio que modifican las condiciones de la vida en esta región del planeta. “¿Quién te mandó?”, pregunta, hasta que los nombres conocidos penetran la piel de la cautela y ya algunos dientes asoman a su sonrisa. 

Hoy lo que conserva ese salar parece indispensable para la vida moderna: Litio. 

El resumen ejecutivo de la Secretaría de Economía de México define al litio como un elemento metálico, blanco plateado, químicamente reactivo, el más ligero en peso de todos los metales, y de bajo punto de fusión. Su símbolo en la tabla periódica es Li. “Es un elemento fuertemente electropositivo, lo que le confiere gran poder de reactividad frente a los agentes químicos”.

Su nombre proviene del griego “lithos”. Piedra. Y si bien los proyectos activos crecieron en los últimos años, el precio del carbonato de litio cayó de US$75.000 por tonelada en 2023, a US$10.500 en 2024. Se mantuvo la tendencia y en Sudamérica llegó a US$9.600 en 2025, números significativos para futuras inversiones. 

El uso más extendido a nivel global no constituye una novedad: es el de acumular energía. Móviles, y computadoras portátiles. La tienda Apple destaca que los iones de litio permiten rapidez en la carga, ligereza y mayor duración. En la industria energética el metal es valioso para los paneles solares y los molinos eólicos, que suponen una evolución tecnocientífica en energías renovables. En el caso de las baterías recargables de los autos eléctricos de BMW y Tesla, se asegura que el litio es indispensable para la “transición energética”, con el fin de dejar atrás los combustibles fósiles. Electromovilidad, afirman los expertos. 

¿Quién lo tiene, quién lo extrae y quién controla la cadena de valor?

De lo que no se habla en las cumbres a las que asisten gobernantes de los países que forman parte del mal llamado Triángulo del Litio, como nombran a la zona comprendida entre Argentina, Bolivia y Chile ——que concentra cerca del 65% del mineral a nivel mundial—, es del costo ambiental para los territorios y los seres vivos. Con la sanción definitiva de la Ley Bases, en julio de 2024, Argentina abrió la puerta al RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que promete beneficios imperdibles, como 30 años de estabilidad fiscal y flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria a quienes invirtieran más de US$ 200 millones en el país.

Al cumplirse un año de su implementación, el Observatorio del RIGI, conformado por organizaciones ambientales entre las que se encuentra la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), monitoreó los proyectos y arribó a datos no tan favorables: 

“Se han presentado 19 solicitudes de adhesión al RIGI, de las cuales 7 fueron aprobadas y 1 rechazada, lo que representa una inversión total de 13.067 millones de dólares. Sin embargo, estas inversiones prevén apenas poco más de mil empleos directos. Una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen. El sector minero concentra la mayor cantidad de proyectos con un total de 10 propuestas por una inversión estimada de 19.312 millones de dólares. Cinco de los proyectos están vinculados al sector del litio, localizados en Salta y Catamarca. Y otros cuatro en San Juan”. Entre los aprobados se destaca Rincón, en Salta, una de las grandes apuestas de la empresa Río Tinto, que también estrenó Director Ejecutivo, el danés Simon Trott.  

Desde FARN, Leandro Gómez, que es Coordinador del Programa Inversiones y Derechos, explica que, en términos energéticos, se trata del “aseguramiento de la cadena de suministros de minerales críticos”. Se refiere a que la mentada transición no es para todos, sino para quien haga las mejores alianzas. Dentro del marco de disputas geopolíticas en el llamado Norte Global, Estados Unidos busca una mayor participación en esta cadena, algo que China logró antes y mejor. Por eso, programas como Minerals Security Partnership (MSP), buscan acelerar los procesos, “en cooperación con la industria y otros gobiernos para apoyar proyectos estratégicos en países ricos en minerales y fomentar la inversión en toda la cadena de valor por parte de empresas mineras de buena reputación”. 

El papel de China, agrega Gómez, es crucial. Que haya dejado de otorgar beneficios fiscales, tanto a sectores empresariales como al consumo de vehículos eléctricos, fue visto por el mercado como una sobreoferta, principalmente de litio. Así se produjo una situación difícil para el mercado global, y en ese contexto, Arcadium decidió suspender en 2024 la planta de procesamiento de Sal de Vida que estaba construyendo, y utilizar la de Fénix en forma alternada. El 6 de marzo de 2025, Río Tinto concretó la compra de Arcadium Lithium, y ambos proyectos continuaron vigentes. La presencia de la empresa es importante, con la adquisición del Salar de Olaroz, en Jujuy.

La empresa no tiene buenos antecedentes. Basta con hacer una breve búsqueda para saber que “comenzó sus operaciones en 1873 como una mina de cobre en España, pero ahora opera en seis continentes, 35 países, con mayor presencia en Australia y Norteamérica. Sus productos incluyen aluminio, cobre, diamantes, carbón, uranio, oro, mineral de hierro y minerales industriales (boratos, dióxido de titanio, sal y talco)”. Y litio, claro. El Proyecto de Investigación Corporativa que recurre a bases de datos sobre mala conducta corporativa en el mundo, reporta que Rio Tinto, con sedes en Londres y Melbourne, “es una de las corporaciones más controvertidas de una industria controvertida”.

Entre las acusaciones se destacan: negativo impacto ambiental de las minas a cielo abierto en la flora y fauna, violación a los derechos humanos, incumplimiento de los derechos laborales, que en algunos casos culminó en huelga. Contaminación del agua y destrucción del hábitat, que anuló otras actividades económicas y que presionó el desplazamiento de poblaciones. 

En Madagascar, las movilizaciones por niveles nocivos de uranio y plomo en las vías fluviales derivaron en protestas de la organización activista LuSud. En un artículo del medio The Ecologist, del 20/10/2024 se reportan al menos tres asesinatos producidos el año anterior en manos de las fuerzas represivas locales durante una manifestación pacífica contra la minera QMM, filial de Río Tinto. 

Bienvenidos al antropoceno

A esta altura, respirar cuesta. En una camioneta todo terreno la única manera de viajar sin sufrir el “mal de montaña”, que es la hipoxia o falta de oxígeno, es adaptarse poco a poco. Román baja la velocidad y repasamos los recursos: una pastilla que nos dio un médico antes de partir, mascar coca, tomarla en té, ponerle pupusa al mismo té. Pupusa es una hierba de la zona. Mezclar todo y si falla, cuando asome el mareo, aspirar agua florida, un destilado vegetal que proviene de la jungla peruana y que además de purificar el aire, purifica a la persona.   

Los antofagasteños que todavía habitan en la zona del salar son pocos y están en retirada. Hasta no hace tanto, vivir de la ganadería era una opción porque los animales encontraban el alimento en las alturas. Criaban animales, hasta podían cosechar papas, el clima era más predecible. Ahora no alcanza y hay que disponer de dinero para comprarles el forraje durante los meses de escasez.

Es sábado y la actividad minera es limitada. Por lo general los camiones andan juntos, llevan escolta, el trayecto es pacífico, salvo el traqueteo. “Por ahí te cruzás nueve, diez camiones. Pero cuando cae nieve acá no pasa nadie, ni los mineros. Sufren una barbaridad porque no pueden hacer todo el transporte y llevar el personal y la logística”. 

La materia prima, el carbonato de litio, se traslada a Salta. La ruta habitual es la provincial 17 hasta la estación Salar de Pocitos, por tren se la llevan a Chile. Saldrá del puerto de la línea ferroviaria que une San Antonio de los Cobres con el paso fronterizo de Socompa, en Salta. Esta vía férrea es la extensión hacia el oeste del famoso Tren de las Nubes. Continúa por Chile hasta el puerto de Antofagasta, una vez que llegan a esta ciudad ubicada en las costas del océano Pacífico Sur, los minerales se cargan para su envío a Estados Unidos, Europa y Asia oriental. De ahí ya está en condiciones de salir del país. “Nadie controla nada, hacen lo que quieren”, asegura Guitián. 

A largo plazo, la industria espera que la producción del hidróxido de litio se desarrolle más. La mayor parte de la producción y exportación de litio en el país es de carbonato de litio, con dos plantas en la provincia de Jujuy, y otras dos en Catamarca. El carbonato tiene un menor costo de producción, aunque también menor duración que las baterías de hidróxido. El gobierno de Salta anunció en octubre de 2024 la inauguración de la primera planta de hidróxido de litio en Argentina, que pertenece al proyecto Sal de Oro, de la minera coreana Posco, con una capacidad de producción de 25.000 toneladas al año. 

El viento es una presencia imponente, tanto que, si se abriera la puerta de la camioneta a destiempo, tal vez esa puerta volaría como un juguete. Pasamos por las ruinas de Inca Huasi, un sitio turístico que muestra una pequeña porción de la historia de la minería en la provincia, acá se explotó oro, cobre y bórax, pero ya no queda o lo que queda no resulta rentable. La ocuparon diaguitas, incas del Tawantinsuyu y jesuitas. La última vez fue en 1950: ahora es un pueblo deshabitado. Pura piedra y barro, silencio puneño y viento.  

La promesa es llegar durante el mediodía al rancho que todavía mantiene con su hermano, aunque hace años ya viva en el pueblo. Con hijas adultas, solo espera que la más chica termine la escuela para emprender nuevos horizontes. “Yo nací y me crié en Salar del Hombre Muerto. Después fuimos a vivir al otro lado de Salar, y había una escuelita. Crié a mis hijos aquí, terminaron la primaria. Con tanta minería tuvimos que irnos de ahí, yo fui el primero que hice la punta en Antofagasta”.

Otra de las familias que se oponen a que la minería de cobre y litio se apropie del agua son los Morales-Mamani. Ya en el siglo XIX, los Morales habitaban la región cercana al Volcán Galán, donde pastoreaban y cuidaban a sus animales en corrales. Justo ahí, la empresa Volcán Lithium tiene dos proyectos de carbonato de litio en un territorio que abarca 36.000 hectáreas de salar. En el pueblo, Alfredo y su compañera, Elisabeth Mamani, hacen un trabajo de hormiga, y aprovechan cada oportunidad para contarles a los viajeros la razón de su activismo; el valor de las tierras desde una perspectiva no capitalista. Los Morales son guardianes de un sitio sagrado con petroglifos de alrededor de 4500 años en Peñas Coloradas —al que visitaremos días después—. El arraigo tiene que ver con una historia que define su identidad.  

El hombre de apariencia juvenil a sus 56 años cuenta, como la mayoría, que el problema es el agua. No en invierno, que todo se congela, sino en verano, que no alcanza “ni para los animales”. En su currículum tiene un rechazo de la minera cuando era joven; lo agradece. No tenía profesión ni experiencia y eso lo obligó a irse y aprender otras cosas. Sonríe y nos desafía: “sé hacer de todo, gracias a Dios. Soldadura, construcción, chofer, maquinista, de lo que me digan. Y si no lo sé, aprendo”. Asegura que ahora son más los que no quieren que la minera destruya todo y entienden que es “pan para hoy, hambre para mañana”. Tener un hijo dentro, del lado “enemigo”, no invalida su lucha. “¿Cuál es el problema? Si está en su tierra. Hasta los mismos del pueblo te juzgan. Ahora porque nosotros reclamamos, ¿ya no tenemos derecho a nada de nada? Eso planteamos nosotros. Tendríamos que tener más derechos que los otros que vienen de afuera”. 

Las familias puneñas encabezaron manifestaciones en la ruta, antes de que el amparo se hiciera realidad. Al igual que el hijo de Alfredo y Elisabeth, algunos ingresaron en la minera y ya no se opusieron; la resistencia se debilitó. En la fusión de las empresas, fueron despedidas cerca de 300 personas. Román Guitián reflexiona: “Mineral, ¿quién come? Nadie. Todo viene del campo, si no fuese el campo no tendríamos vida. Si tenés una planta tenés el oxígeno. Todo nace ahí, la tierra y bueno, la materia prima. Pero ahora nada queda para nosotros”. 

En 2023, la generala (R) del Ejército de Estados Unidos jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson dijo en una visita al país: “¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, está el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego”.  

Guitián pide respuestas concretas. “Ellos consumen el agua dulce para su proyecto a 4 mil metros, nosotros estamos a 3000 msnm. Lo que tiran al salar desde la planta supuestamente vuelve en la misma cantidad y tiene el mismo PH. “Entonces por qué no levanta el caudal de la laguna? Si dicen que es agua no contaminada, ¿por qué tienen que ingresar con barbijos? ¿por qué ese olor tan fuerte?”.   

El término Antropoceno fue utilizado por primera vez a principios de siglo para designar las repercusiones que tienen las actividades humanas en el clima y la biodiversidad. Una época geológica —la actual—, en donde se incrementan los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI) en el cambio climático, se dañan los ecosistemas y los plásticos duplican la cantidad de masa de los animales terrestres y acuáticos.

Antropoceno es un término aún no reconocido por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) para describir el impacto de la humanidad en la Tierra. Capitaloceno. El hombre que mira a la tierra como un recurso infinito. 

Frenamos cerca del proyecto Fénix: ahí está la vega afectada y el acueducto.  

Historia de una vega seca

Román Guitián dice que la vega del Río Trapiche está seca. En realidad, que la secaron. La vega es un humedal —en este caso, de altura—, un terreno fértil con pastizales nativos, la memoria de la biodiversidad del río.

El hombre de piel puneña cuenta que la minera cortó el cauce y después hizo un dique en el río Trapiche. “Le dijeron a la gente que vivía al costado del río: bueno ustedes se van a tener que correr de aquí, les vamos a hacer una casa allá y vamos a poner agua. No hicieron nada, hicieron la casa, pero nada más”. Prometieron que cuando se llenara el dique, el agua volvería a correr, pero eso nunca ocurrió. Siete kilómetros de río desaparecieron. Conservar un ganado se hizo más difícil, sin alimento en la zona, los animales quedaron expuestos a la caza del puma y el zorro. Y ahí empezó a morir todo. 

En 2018 una docente difundió un video de la vega desde un drone, un charco negro, sin vida. Aunque llevaba años seca, para el pueblo de Antofagasta fue un revuelo. Por esa época el cacique denunció el uso excesivo del agua por parte de la empresa Livent y sus consecuencias para el ecosistema. Aunque inició la batalla “en soledad” para presentar una acción de amparo contó con el apoyo de Pucará, un espacio que concentra asambleas territoriales en Catamarca.

Al año siguiente la empresa informó que empezaría a construir un acueducto de más de 30 kilómetros para extraer agua del río Los Patos. Si la situación ya era grave, el avance de las obras obligaba a la comunidad a buscar formas de resistencia.

Así Román se presentó en el tribunal de la provincia, con representación legal. En el documento menciona, entre otras cosas que, desde 1997, se iniciaron los proyectos de exploración, extracción y procesamiento, sin haber tenido el consentimiento asambleario de la comunidad de Antofagasta, ni de la comunidad. El hecho es tan recurrente que se volvió una regla no escrita. No se respetaron ni los tratados de Derechos Humanos de la Constitución, como el derecho que garantiza un ambiente sano, ni el Convenio 169° de la OIT, también ratificado por ley nacional, que protege el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que los afectan. Aún menos el Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina, que proporciona acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, y además protege a los defensores de la naturaleza. 

Por eso el fallo se consideró ejemplar. Y una sorpresa que se reprodujo en los medios. Mientras Román avanza por el sendero irregular, aclara que no todos los integrantes de la comunidad están en contra de los proyectos. Sí, de la manera en que se impusieron. Algunos solo quieren trabajo en condiciones dignas, no son antimineros. Pero hay un consenso: el agua es un bien común básico que se debe respetar. Tampoco quieren que las empresas se lleven las ganancias sin dejarles beneficios a las comunidades. La oposición tiene su gradualismo, es difícil resistirse a semejante desigualdad en las fuerzas. En marzo de 2024 salió en las noticias: “La Corte de Catamarca ordenó paralizar la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto por el reclamo de un cacique”. 

Cerca del rancho de la familia Guitián, a metros del salar, dos tumbas son testimonio de la historia de la comunidad. Una de ellas remite al “hombre muerto”, la que está a su lado es la del bisabuelo de Román, Bernardo Guitián, que encontró ese cuerpo y le dio la sepultura. 

Ahí nacieron y se criaron sus antepasados entre animales y paisajes de sal. Nunca les faltó comida, los animales no escaseaban, el río rebosaba de truchas y patos.   

No hay regeneración posible

Si bien el proyecto Fénix tenía autorización para utilizar el agua del río Trapiche, la evaporación de la vega fue un proceso que se comenzó a percibir a principios del 2000. En período de pandemia, Livent destinó un presupuesto para la mano de obra y los materiales de una supuesta restauración. El encargado fue Rodolfo Tarraubella, presidente de la Fundación EcoConciencia. 

Rodolfo se presenta como especialista en finanzas sustentables, cuenta que los trabajos comenzaron en condiciones climáticas extremas y aclara que la ONG no recibió dinero de la empresa. Bajo la nieve y con excavadoras encontraron un piso geológico que aún contenía cierta humedad. Trasplantaron cerca de 25 mil plantas y la compañía minera puso su propia gente para hacer monitoreo y seguimiento. 

“Creo que tardará en crecer al menos 8 años para que uno pueda verla verde en todas las zonas que restauramos”, dice Tarraubella y explica que hubo una segunda mesa de diálogo entre la empresa, el gobierno y la comunidad, en la que no hubo ninguna oposición al avance de las obras. La versión de la comunidad es diferente.  

Lo que parece un atisbo de esperanza para algunos, para otros solo es humo que tapa lo importante, un “show” de la regeneración del río Trapiche. “Hay un daño que es irreversible”, asegura Verónica Gostissa, abogada integrante de la Red de Asambleas Pucará, que trabaja en una asesoría federal y es coordinadora de OPSAL en Argentina. Entre bocado y bocado de su almuerzo tardío, asegura: “No es como el ciclo del agua, el agua no vuelve más. Pero si quisiéramos parar, tienen que liberar el dique. Mientras haya un dique que no permite que la vega Trapiche vuelva al cauce de la subcuenca a la que pertenece, no se recupera nada. Lo están regando, es una vergüenza”.

La abogada de pelo rizado y mirada encendida describe al proyecto como un “Frankenstein biológico”, con un cerco de madera y una vega trasplantada, “Greenwashing”, como se define a una lavada de cara que se presenta como sustentable, pero solo en apariencia. Tanto el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente como el de Minería permitieron el uso del río Trapiche, primero, y la construcción del acueducto que llega del río Los Patos, como segunda fuente de agua disponible.  

El cacique Román cuenta que le discutió a Tarraubella. “Me dijo que  soy negativo. Pero yo tengo toda mi vida acá. Entonces yo sé por qué se muere y no vuelve de la misma manera; requiere mucha agua. Si no tiene agua no florece, no reverdece”. 

Derecho de Naturaleza

Previo a la sentencia emitida el 20 de marzo de 2024, el abogado Santiago Kozicki entró en escena. Heredero de una estirpe de abogados y jueces, después de diez años de trabajo en el Poder Judicial necesitaba un giro en su vida y eligió participar en causas ambientales. Así se enteró de lo que estaba pasando en Catamarca y habló con Verónica Gostissa, integrante de la asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) que, desde su rol en la Defensoría General, asesora a la comunidad. Santiago se convirtió en una pieza clave en ese engranaje. 

En un café de Buenos Aires, Kozicki explica los aspectos legales: “Formalmente, el amparo lo presenta Román con el patrocinio de la Defensoría General. En el territorio, hay articulaciones entre Román, la comunidad, Pucará y la Defensoría. Cuando se hace el amparo se plantea en la Justicia Federal, que interviene el Estado Nacional, a través de sus órganos federales”. A su vez, el amparo también se hace contra el gobierno provincial por la forma en que se autorizaron los permisos a las empresas en relación al Río de los Patos, en particular, y en general al Salar del Hombre Muerto. 

En 2020 había ocho empresas instaladas en la zona. Cinco estaban autorizadas para extraer agua dulce del Río de los Patos. Sus informes de impacto ambiental habían sido aprobados de forma individual. Pero nunca se había estudiado el impacto acumulado de estas empresas. 

A fines de los 90 poco se sabía lo que el litio iba a significar para los territorios. Tecnología de avanzada al estilo ciencia ficción. Un metal liviano capaz de mantener en vilo a países como Chile y Bolivia que, junto con Argentina, forman el llamado “triángulo del litio”, con sus extensiones de sal en retroceso. Tan estratégico como para que el llamado “Norte Global” negocie en el sur los beneficios para su consumo. 

Los salares son los más aptos y económicamente más convenientes para la extracción por evaporación pero el litio también se encuentra en el fondo del mar y entre las piedras, como en Puno, Perú, en donde se requiere un procedimiento diferente, con una mina a cielo abierto para separar el litio del uranio, tal como lo retrata la periodista Gabriela Wiener en una crónica publicada en revista Orsai. La crisis sociopolítica que se transformó en estallido social en 2023 contra la represión del gobierno de la entonces presidenta, Dina Boluarte, dejó 18 muertos y más de cien heridos. La profunda desigualdad que sufren las poblaciones aymaras incluye, entre otras cosas, que las comunidades no cuentan con la soberanía de los minerales pero sufren las consecuencias del extractivismo en sus propios territorios. El proyecto Falchani, de Macusani Yellowcake —subsidiaria de American Lithium—anunció el retraso del inicio de las operaciones para 2029. Cuestiones legales y técnicas son algunas de las causas pero los conflictos sociales también pesan en esta decisión. 

La historia la escriben los que ganan 

La Ley de Inversiones Mineras de 1993 que le puso un tope de 3% a las regalías de las provincias fue la puerta de entrada para las explotaciones a gran escala. La primera minera de litio que se instaló en esos 600 km2 de salar que comparten Salta y Catamarca fue en 1997 y durante varios años fue la única que reinó en la tierra salada. Fue gracias a Fabricaciones Militares que la provincia obtuvo la concesión del salar, de la exploración y explotación se hizo cargo la empresa Minera del Altiplano SA, subsidiaria de FMC Lithium Corp. La empresa norteamericana renombrada como Livent, en 2023 se fusionó con la australiana Allkem y formaron Arcadium. 

En marzo de 2025 se completó la venta de los activos globales por 6.700 millones de dólares en efectivo a la empresa anglo-australiana Río Tinto. Las regalías para el litio aún se mantienen, aunque podrían quitarse en un futuro. En agosto, por decreto del Gobierno nacional, se eliminaron las retenciones a más de 230 productos mineros, como el hierro y el cobre, para impulsar la competitividad del sector. No al litio, todavía. 

Un sector privado en el aeropuerto de la Dirección de Aviación Civil de Salta, una pista de aterrizaje a pocos metros del pueblo de Antofagasta, otra en la zona del salar, aviones que trasladan a profesionales y operarios, movimiento semanal constante. 

El proceso comienza con la extracción de la salmuera a más de mil metros de la superficie y su traslado a piletones en los que a través de un método evaporítico, separan el preciado litio de otros minerales, como potasio, calcio, cloruro de sodio o sulfato. En esos piletones, que pueden superar el tamaño de una cancha de fútbol, se deposita la salmuera durante nueve a doce meses. El carbonato de litio toma el aspecto de un polvo blanco que, con el agregado de cobalto y níquel, servirá para la fabricación de una batería. En el Documento de Posición sobre la Minería de Litio en los Andes de Sudamérica, de la organización mundial Wetlands, dice que se utilizan dos millones de litros de agua para obtener una tonelada. Equipar a un auto eléctrico, implica cinco kilos de litio, por lo tanto, esta cantidad abrumadora de agua podría destinarse a unos 200 vehículos.

El concepto más extendido en la red de asambleas, comunicadores, abogados, biólogos y antropólogos, es que la minería de litio, en realidad, es minería de agua. En el documental “Antes del lito”, el licenciado Néstor Ruiz, perito ambiental y miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) afirma que el método de producción es obsoleto y que 30% de la mezcla que se vuelca a los piletones consiste en agua dulce. Agua de los ríos y subterránea. Agua que corre y se evapora. Hoy se apuesta por un método de extracción directa que, según afirman, utiliza menor cantidad de agua, pero es aún más costosa. 

Frente a la polémica del freno legal, que repercutió en otros países, la estrategia fue abrir sus puertas a la prensa. En septiembre de 2024, desde un hotel en Buenos Aires viajaron medios argentinos hasta Salta y de ahí realizaron un trasbordo en aviones particulares hacia la planta procesadora de Fenix. Según sus imágenes ofrece la tecnología de avanzada para “optimizar el proceso productivo”. 

En ese espacio inaccesible para el periodismo ambiental, asistieron a charlas en las que les explicaron el proceso de producción. Las crónicas hicieron referencia a los beneficios que la actividad minera llevaba a la población y al confort que tienen los trabajadores —por ejemplo, espacios de recreación con una sala de música—. También aludieron a la intención de modernizar el uso del agua dulce. 

En representación de la empresa, el entonces Gerente de Operaciones de Arcadium (ahora Río Tinto), explicaba que había una confusión al respecto. El medio argentino Infobae publicó un textual de Luciano Mancuso: “El agua que fluye hacia el salar, la usamos nosotros o nadie; a 4 kilómetros no hay nadie más”. La negación de otras formas de vida se vuelve patente en este modelo de producción. Mientras que el agua de la salmuera no sirve para consumo, afirma, el agua subterránea apenas se vio afectada en 25 años. Con respecto a la superficial, se utiliza solo un 10% del acuífero. La mención al río Trapiche es inevitable, pero también alude a la remediación de la vega seca. 

La verdadera historia

La doctora en Biología, Patricia Marconi, forma parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Su trabajo con la investigación de los flamencos altoandinos (la parina grande y la parina chica) la llevó a conocer la problemática minera de cerca. “Para nosotros directamente este tema es una amenaza sobre la biodiversidad, por la metodología que utilizan y por las características de estos humedales que son oasis en medio de una matriz desértica. Cualquier intervención —ni hablar de estas que son a muy gran escala—, tiene un efecto muy negativo sobre el funcionamiento de estos humedales y todos los servicios ecosistémicos que brindan”.

Hace 30 años que la Fundación Yuchán trabaja en el altiplano. Patricia, a través de una llamada virtual, cuenta que la minería de litio siempre estuvo presente en Catamarca, pero a muy pequeña escala o con un proyecto puntual, como el caso de Fénix. Esto cambió drásticamente a partir de 2016 cuando se eliminaron las retenciones y hacia 2018 apareció la alta demanda de litio para un modelo de transición energética corporativa. Con el apremio de la supuesta transición verde en el llamado “Norte Global”, las empresas llamaron a duplicar la producción. 

Los proyectos se multiplicaron de manera indiscriminada en los humedales, “dependiendo exclusivamente de la concentración del mineral, no de si estaban dentro de un área protegida o había una comunidad dependiendo de esos humedales”. Según la bióloga, todo el ordenamiento territorial previo y los usos preexistentes fueron ignorados, como si la ola de extracción de litio hubiera borrado las leyes y los derechos. 

La búsqueda de cobre también es una amenaza para la biodiversidad. Durante 2023 se aprobaron dos pedimentos de cobre por lo que una vez dados los derechos para la prospección, sería el turno de la exploración y finalmente la explotación. “Dada la alta demanda de cobre y el alto precio del cobre en el mercado, sumado al RIGI, y esta desesperación mortal por obtener divisas de cualquier manera, la zona está en alto riesgo”. Los humedales son importantes, allí existe la mayor concentración de la parina chica.” Cada verano se congregan un promedio de 15.000 flamencos, es decir, el 10% de la población global. En algunos años llegamos a contar 19.000 y además es un sitio de nidificación regular, que son muy pocos en toda el área de distribución”. 

En los últimos años, las noticias sobre flamencos muertos han aumentado. En 2023 se determinó que el hallazgo de 220 ejemplares se debió a la gripe aviar. “Es difícil atribuirlo a la actividad minera”, contesta la bióloga frente a la pregunta, pero los estudios continúan. La minería a cielo abierto implica alta probabilidad de derrames ácidos, con cianuro y explosiones, una contaminación letal e inmediata. “En el caso de la minería de litio, el proceso es mucho más lento porque no lo vemos. Porque el 98% del agua de la Puna es subterránea”.

Parecida a la extracción de hidrocarburos, así es la exploración del litio en salmuera. “Se hacen pozos, se perforan a distintas profundidades, se van tomando muestras y aquellas profundidades que presentan mayor concentración, bueno, ahí ya se establecen pozos permanentes de extracción, de bombeo. Y se bombea la salmuera”.

La puna catamarqueña es una zona árida por naturaleza, “se evapora siete veces más agua de la que ingresa a través de precipitaciones o de nieve”, dice Patricia Marconi y explica que en la actualidad no existen inventarios de los recursos hídricos subterráneos en el Altiplano, como existen en el Acuífero Guaraní o Puelche. “Por la característica del plegamiento andino, hay acuíferos a distintas profundidades, y hay acuíferos confinados que no tienen conexión con la superficie y en muchos casos es de donde se extrae la salmuera. No hay reposición ni recarga. Es agua que quedó ahí entrampada, muy antigua. Se la denomina agua fósil y ese es un recurso no renovable, absolutamente no renovable”. 

En el seminario web realizado en octubre de 2024, Evidencias del hiperconsumo de agua en la extracción y producción de litio, Javier Oviedo, asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), habló del consumo del recurso hídrico y explicó que cuando se extrae la salmuera de un salar, esos acuíferos que quedan vacíos se equilibran con el agua dulce subterránea, que se termina salinizando. Al mismo tiempo, se utilizan los acuíferos de agua dulce para su procesamiento. “La industria minera del litio no considera que la salmuera sea agua. Hace un uso consuntivo del recurso, significa que el agua que se extrae no se devuelve al medio. Porque se consume totalmente, o cambia sus características y no se puede volver, o simplemente se pierde”. Que la tasa de evaporación es alta y no se devuelve al ecosistema, lo reafirma la bióloga marina Cynthia Escares en el mismo seminario y agrega que un ligero cambio en el balance hídrico afecta las condiciones ambientales y las relaciones simbióticas. 

La justificación de que no tiene perjuicio para el ambiente queda invalidada frente a los ejemplos, como el del Salar de Atacama, que menciona Patricia Marconi. “Se está hundiendo porque es tanta el agua, es tanta la salmuera que han extraído que ya pierde volumen, pierde sustento y está descendiendo todo el salar. Ese es un efecto dramático a nivel geológico, es realmente muy muy grave y además imparable, o sea es irreversible”. Según la bióloga, esa región de Chile es nuestro futuro distópico en términos ambientales y en lo que nos tenemos que enfocar: los oasis y vegas secas, las comunidades que se tuvieron que trasladar en busca de sustento porque no tenían lugar donde pastorear sus animales, ni agua dulce para su consumo. “No es algo inmediato, cuando se detecta, ya es tarde”. 

En base a su razonamiento, la minería sustentable no existe, ya que es una actividad extractiva que reduce la probabilidad de uso para las siguientes generaciones. “Podría ser responsable, pero para que sea responsable tenemos que saber en qué clase de sistema estamos interviniendo”.

Las lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca fueron declaradas “sitios Ramsar” en 2009, lo que significa que se consideran “humedales incluidos de importancia internacional”, dentro de la Convención sobre los Humedales. Previo a que Fénix se propusiera duplicar la producción, ya extraía 220 mil litros por hora, lo que representaba que en 15 días de funcionamiento la empresa consumía el agua potable de un año entero para las 2 mil personas que habitan la sierra. Si a eso se le suman Sal de Vida, también de Río Tinto; los proyectos Hombre Muerto West y Candelas, de Galán Lithium Limited; Salar de Oro, de la empresa surcoreana Posco; Virgen del Valle, de Minera Santa Rita; y La Veguita, (trece en total) el impacto ambiental podría resultar alarmante. 

En febrero de 2023 un empleado de la minera envió a la Asamblea Pucará una denuncia anónima, con fotos y videos del mal manejo de residuos químicos en el aire libre, polvo blanco que según el empleado era carbonato de litio cayendo sobre la tierra, una caldera de humo tóxico que funciona las 24 horas del día y vicuñas que comían de la basura química que generaba la empresa.

A comienzos de octubre de 2024 el proyecto La Veguita fue denunciado públicamente por la comunidad debido a la intención de realizar la prospección en un territorio ocupado por la casa del cacique Román Guitián. Recién ocho meses después el Ministerio de Minería de Catamarca suspendió el permiso, ya que se comprobó que el consentimiento firmado por el cacique era falso. 

El objetivo de la mayor parte de la comunidad es que Antofagasta de la Sierra deje de ser una zona de sacrificio. “Agua para los pueblos, no para las mineras”, se puede leer en las paredes del pueblo, en donde el arte deja constancia de la rebeldía. 

Red de Resistencia 

El 18 de febrero de 2017, nació en Andalgalá Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación —Pucará—, “con el propósito de fortalecernos en experiencias, información y alternativas y generar un espacio de confluencias, acciones y compromisos”.

Desde diferentes ciudades confluyeron para fortalecerse y tejer redes frente al extractivismo que es la estrategia política y económica de la provincia, que considera a la minería su principal fuente de ingresos. Mientras tanto, la red denuncia la desaparición de otras actividades regionales y el deterioro de la calidad de vida. Así, El Algarrobo, de Andalgalá, comparte experiencias sobre sus casi 16 años de caminatas ininterrumpidas, —como forma de resistencia pacífica—, con asambleas más jóvenes, como la de Belén, Santa María o Fiambalá. 

A esta red de asambleas pertenece Manuel Fontenla, profesor de Filosofía de la Universidad de Catamarca (UNCA), Doctor en Estudios Sociales de América Latina, y apasionado por el mundo de la escalada. En una clase abierta y pública en el Día de la Biodiversidad, Fontenla se refirió a la problemática del litio para el ambiente. Explica que al contrario de lo que se promociona, el litio no es la panacea ni está destinado a salvar el mundo. Las baterías de litio tienen la función de almacenar energía, no de generarla, y ese es un punto importante. “Vienen a resolver un problema específico que es la producción de gases de efecto invernadero que se da cuando quemamos combustibles fósiles”. 

Hablar del litio en la transición energética significa enfocarse en un solo eje de toda la problemática del cambio climático. Se trata de un reduccionismo —dice el profesor—, lo mismo que referirse solo a los autos eléctricos para hablar de electromovilidad.

Según la Agencia Internacional de Energía la demanda global de energía aumentó un 2.2% en 2024. Las energías renovables y la nuclear cubrieron alrededor del 40% de la generación total de electricidad. El pronóstico es que el declive del petróleo sucederá en 2030 y será necesario cubrir esa demanda que no frena. Por otra parte, estadísticas de la Red de la Huella Global, muestran que se necesitarían 5,8 planetas para cubrir el ritmo de uso de recursos de los Emiratos Árabes, o 4,9 en el caso de Estados Unidos. 

Encontrar una solución en verdad sustentable para ambos hemisferios implica no explotar ríos ni tierras como se realiza hoy. Manuel Fontenla opina que pocos se refieren al decrecimiento económico como opción. “Tiene pésima prensa, nadie quiere discutir sobre cómo achicar el mundo y cómo reducir el consumo en cuanto a energía”. Entre las voces referentes, habla de la politóloga Flavia Broffoni, que se refiere a la  descomplejización de las sociedades como una manera de enfrentar un colapso que ya está aconteciendo. Producción, consumo y distribución local, opuestos a la globalización de hoy. 

Argumentos sobran para defender el salar, coinciden los integrantes de la red Pucará. Desde la ciencia, se explica que los ecosistemas de humedales salinos son sumideros de carbono, por lo tanto, ideales para combatir la emisión de gases de efecto invernadero. En 2010, María Eugenia Farías fue una de las microbiólogas que participó en el descubrimiento de estromatolitos fósiles y vivos en la Puna salteña. El Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas (LIMLA) encontró “microorganismos extremófilos que se adaptan a condiciones inhóspitas, similares a las del planeta hace 3.400 millones de años”, cuenta un artículo de CONICET. Estos sistemas microbianos, “asociación de algas y bacterias que precipitan minerales y son capaces de captar dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno”, son la forma más antigua de vida descubierta en el planeta y, por lo tanto, valiosos para su estudio y conservación. 

“Llegamos a este punto donde solo la solución es posible a través de la tecnología y de los minerales porque se destruyeron todas las alternativas que hubo durante muchos años. Yo sí cargo de responsabilidad a ciertos sectores de poder”, dice Fontenla que anima a que la transición energética sea una discusión transversal, en todos los ámbitos. 

Mirada hacia un futuro incierto

El Ministro de Minería de la provincia de Catamarca, el ingeniero Marcelo Murúa Palacios no accede al pedido de entrevista. La comunicación se hace por una nota formal, la respuesta por Whatsapp es que el ministro está de viaje, o está ocupado, que no puede atender. Tampoco es posible hablar con la ingeniera Teresa Regalado, y menos con Luciano Mancuso, ex director de operaciones para Argentina de Río Tinto Lithium. Su secretaria deja de contestar. A través de las redes laborales, el mensaje queda en visto. Meses después, su nombre, como ex presidente de la subsidiaria de Livent, Minera del Altiplano, queda vinculado a un caso de subfacturación, a un posible contrabando de exportación de litio en el marco de la causa “Sales de Jujuy S.A. y otros s/ Infracción a la Ley 22.415”. Se los imputa porque habrían realizado 146 exportaciones de carbonato de litio a precios “significativamente inferiores” a los valores internacionales de mercado entre junio de 2022 y octubre de 2023, entre un 30 y 45% por debajo del valor del mercado, lo que representa una pérdida fiscal de más de 200 millones de dólares. 

La que responde pronto es Verónica Gostissa. Su historia en Catamarca se remonta a 2013, cuando todavía cursaba la carrera de abogacía. Había salido con sus amigas desde Buenos Aires haciendo autostop en la ruta y en Jáchal, San Juan, se encontró con una problemática que desconocía: un camionero le mostró cómo una minera había secado el río; la impactó tanto que a su regreso se propuso investigar temas de derecho ambiental. Tiempo después conoció Andalgalá, en el centro de la provincia catamarqueña. “Ahí empezamos a acompañar a la gente”. Se refiere a las caminatas de los sábados en contra de la megaminería y para cuidar el agua que baja por la sierra Capillitas y alimenta a la ciudad; caminatas que en quince años ya superaron las 800. Hay suficiente cobertura en la prensa y en las redes sobre las historias de los vecinos que no se resignan a quedarse inmóviles ante el desastre ambiental que dejó la mina de oro y cobre La Alumbrera, y el avance de los proyectos MARA-Agua Rica. 

Verónica eligió concursar por un cargo en la Defensoría Pública para quedarse en Catamarca. En una actividad universitaria le presentaron al cacique Román Guitián, así se involucró en el caso del Salar del Hombre Muerto. “Cuando fuimos al salar, me decían: acá hay un río seco. Eso fue lo más triste que vi en mi vida”. Presentaron el amparo en la justicia federal, y aunque esta se declaró incompetente y la causa quedó en la provincia, no dejó de participar en la protección del territorio y sus habitantes, con ellos formó un vínculo que todavía persiste. Ahora trabaja en una asesoría federal y es parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) y de la Alianza por los Humedales. 

Según la cronología de la abogada, cuando se difundió que el río Trapiche estaba seco y hubo un revuelo en la comunidad, el intendente actual, Mario Cusipuma, aprovechó para ponerse una camiseta alusiva al río y sumar el tema a su campaña, semanas antes de ganar las elecciones. No le resultó extraño a la comunidad que el integrante del partido Unión por la Patria, luego se olvidara de sus promesas. “Entonces empezaron a tener episodios de violencia institucional. A la familia Morales la quisieron desalojar para crear un bypass minero en Antofagasta. En su momento, hicimos la denuncia de violencia institucional, la policía golpeó a las mujeres y a las familias, a Lulú, una señora de 90”.

La persecución que sufrían las familias opositoras se vio agravada por la pandemia, eso contribuyó a desactivar los movimientos de resistencia. Gostissa afirma que durante la pandemia la gente estuvo muy encerrada, muy controlada con la policía. “Las mineras, por decreto, tenían autorización para trabajar, por lo que hubo un avance fuerte en ese tiempo. La gente no podía protestar, no accedíamos a tanta información”. 

Parte de la comunidad denuncia que se ha naturalizado que la minera intervenga en la sociedad. La abogada es categórica: “despliega una ingeniería social fuertísima, empiezan a dar becas, trabajo de tres meses y todo precarizado. Los pibes de 18 años se pueden comprar una moto, no importa que en un año no tengan más trabajo o se enfermen o no”. 

En un comunicado del 29 de diciembre de 2024, Minería autorizó la creación de otro camino alternativo, para que Arcadium transportara las salmueras de Sal de Vida al proyecto Fénix, hacia la planta de procesamiento. Pero en realidad ese camino ya existe y es comunal, de pastoreo. Se encuentra muy cerca de las tumbas sagradas, por lo que La Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano difundió otro comunicado sobre el avasallamiento de sus derechos. El descubrimiento de vicuñas atropelladas “demuestra el impacto directo y devastador que tendrá este camino sobre nuestra vida y el equilibrio natural del Salar del Hombre Muerto”. 

Los frentes se multiplicaron, lograron frenar el avance del proyecto minero La Veguita, ya que el consentimiento de Guitián había sido falsificado, por lo que el Ministerio de Minería de Catamarca suspendió el permiso. El conflicto principal todavía se encuentra en el informe de impacto ambiental acumulativo. 

En octubre de 2024 Teresa Regalado, la secretaria de Desarrollo Minero de Catamarca, contaba en una entrevista para una radio local que habían llegado a la metodología apropiada con la colaboración del Conicet y de otras fundaciones, y que se había firmado contrato por financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y una consultora local especialista en temas ambientales, sociales y económicos. Siete meses después el Estudio y Gestión de Impacto Ambiental Acumulativo (EGIA) en el río Los Patos y el Salar del Hombre Muerto se presentaba según lo solicitado por la Corte de Justicia: “Los modelos hidrogeológicos validados anticipan que el acuífero conservará su capacidad de recuperación aún bajo escenarios de explotación. Estos resultados refuerzan la importancia de mantener y fortalecer los programas de monitoreo, clave para una gestión hídrica precautoria y adaptativa”. Total normalidad. En las redes sociales el gobernador Raúl Jalil, anunciaba un plan de gestión integral “con enfoque preventivo, adaptativo y participativo, orientado a cuidar nuestros recursos y asegurar decisiones sostenibles para todas las comunidades”. 

La participación ciudadana fue destacada, en concordancia con el acuerdo de Escazú. Verónica aclara que se presentó en el marco del amparo un equipo interdisciplinario de la comunidad para poder también ser parte activa del proceso de evaluación: una bióloga, una hidrogeóloga y una antropóloga. Mientras que el gobierno presentó un cronograma de evaluación, el equipo de la defensa de Guitián realizó observaciones sobre las irregularidades en el modo en que el gobierno entendía la evaluación. 

Cómo se mira lo que se mira. Cómo se evalúa el daño. Ahí está la cuestión. “De hecho, la característica un poco de todos estos proyectos locales es que no tienen línea de base. Ni siquiera podemos todavía pensar en evaluar los proyectos si no conocen el río”. La abogada cuenta que la línea de base en un salar no empieza de cero, sino en 1997. “Entonces, hay mucha información previa que debe pensarse para que puedan analizar cómo es la situación de todos los proyectos a la vez. Y, además, la cuestión territorial”.

Observar solo una vega y dos ríos resulta insuficiente, consideran desde el punto de vista científico y legal. Verónica Gostissa analiza: “Cómo pensamos la dimensión territorial de una evaluación ambiental de este estilo, más allá de lo interjurisdiccional en términos de lo político y lo hidrogeológico”. Hay una unidad de cuenca en el lugar, si solo miro este tramo, no estoy viendo que todo es una gran unidad”. 

En ese expediente se presentaron tres organizaciones como “Amicus Curiae”, que es Amigos del Tribunal, que es FARN, DEPS y AIDA, que son tres organizaciones de la cultura ambiental, también apoyando el pedido de Román de la comunidad y dando más motivos técnicos, científicos. 

La asamblea Pucará acompaña los reclamos con una perspectiva ambiental que los integra, dentro de un contexto global nada favorable. Entre las discusiones y estrategias, la minería metalífera y litífera son grandes ejes para analizar, cuenta Verónica. Lo que sucede en el territorio, los convoca. Organizan talleres en escuelas, encuentros y cumbres por el agua, a la que concurren de otras regiones para integrar problemáticas y resistencias. 

El espacio de Alianza por los Humedales, junto con Chile y Bolivia realizó, una asesoría con talleres, comunicación, acompañamiento jurídico y una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con una audiencia sobre el  impacto en los derechos humanos del extractivismo de litio. Ahí viajó Verónica, a Washington, el 15 de noviembre de 2024. “Presentamos un informe escrito, nos recibieron integrantes de la comisión. Estaba el relator de Derechos Económicos Sociales, Culturales (Javier Palummo Lantes). Había cinco comisionados, y hubo media hora para exponer los casos de Chile, Bolivia, Argentina y Colombia. Ellos hicieron preguntas, y se armó un espacio de debate y discusión. La idea es que también se abran otras líneas estratégicas posibles”.

Mientras que en Catamarca el tema queda invisibilizado, hacia el exterior, Antofagasta de la Sierra es un destino que está en la mira de la cartera de negocios. “En la semana de minerales críticos viajan los gobernadores a decir que está todo bien. Bueno, no puede ser la única voz que esté ahí. Hay que estar, para decir que está todo mal”. Uno de los objetivos de La Alianza por los Humedales es tener incidencia estratégica en espacios de discusión internacional. “Porque guste o no, la discusión está instaladisima. El litio está instaladisimo. No es que va a desaparecer la discusión. Entonces, o se participa o te pasa de largo”. 

Si el agua se va, la gente también.

El mayor temor de Román Guitián es que el espacio en el que su familia creció sea un pueblo fantasma, que en el futuro queden solo viejos. “Yo quería que venga el gobernador, que la gente pida una terciaria, que los chicos se capaciten aquí, y puedan ejercer su estudio acá. No puede ser esto que los chicos tengan que ir a otro lado a estudiar. Se enamoran de otra provincia y no vuelven”.

El Doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Estudios Sociales y Culturales, Horacio Machado Aráoz, dice que el extractivismo es la base material de los regímenes autoritarios. “Es la negación radical de la democracia. La apropiación oligárquica de la tierra es la negación básica y absoluta de la soberanía popular, es la base material de un régimen político de pocos y para pocos”. Integrante de la organización territorial, Be.Pe, Machado sintetiza el pensamiento de las asambleas y habla de democratizar la tierra para democratizar la sociedad. Mientras el gobierno de Catamarca continúa con la promoción de eventos costosos y exclusivos, como la edición XIV del Seminario Internacional de Litio en Sudamérica, la respuesta de las asambleas es generar conocimiento abierto. El 29 de septiembre se realizó el festival Ambiente y Primavera que reunió a la red de alianzas y comunidades de la región en defensa de los humedales. Su objetivo fue poner en común acciones de resistencia, alertar sobre las consecuencias del litio (y de políticas extractivistas), y alentar las economías regionales. Con música y feria, en una plaza pública, las personas que participaron dejaron en claro lo primordial que resulta la conservación del agua para la vida.

* Karina Ocampo: Periodista. Licenciada en Comunicación. 

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Por Camila Parodi y Susi Maresca*

Desde Fiambalá

El vertiginoso proceso de explotación de litio que se está implementando en Fiambalá (Catamarca) enuncia un cambio de época. Plantas procesadoras junto a hospitales, camiones y camionetas que circulan a toda velocidad por la pequeña ciudad, precios descomunales en los alimentos básicos y alquileres, precarización laboral, problemas de salud, contaminación y falta de agua son algunos de los impactos en la vida cotidiana de quienes habitan la ciudad del oeste catamarqueño.

Mientras que los primeros proyectos de explotación de litio, aprobados en el departamento de Antofagasta de la Sierra, hacen lo posible para pasar desapercibidos, ocultar sus impactos y desaparecer del mapa; en Fiambalá, el megaproyecto “Tres Quebradas” impulsado ahora por la empresa china Liex Zijin muestra una estrategia diferente y expone, de manera ostentosa, sus irregularidades, la participación de la empresa en el poder local y la violencia explícita contra quienes se oponen.

Esta impunidad permite, también, nuevas formas de relacionarse con la comunidad local. Durante el último año se realizaron diferentes denuncias contra la precarización de los trabajadores que se encuentran en el salar, relatan que muchas veces no tienen agua para higienizarse y que tampoco cuentan con el equipo necesario para manipular químicos. Una de las principales quejas realizadas por los trabajadores de la minera se centra en las condiciones laborales: bajos sueldos, más de doce horas diarias de trabajo y falta del equipamiento básico. A su vez, el destrato cotidiano de empresarios y trabajadores de origen chino con la población genera una distancia inusual en las estrategias de marketing empresarial conocidas hasta el momento.

La instalación del megaproyecto “Tres Quebradas” fue realizada inicialmente por la empresa Liex S.A. (subsidiaria de Neo Lithium, de origen canadiense) en el año 2017. Desde noviembre de 2021 es gestionado por la empresa china Liex Zijin y la población advierte cambios radicales.

El megaproyecto comprende once propiedades mineras distribuidas en más de 30.000 hectáreas y tiene como objetivo, en la primera etapa, la extracción de 20.000 toneladas de carbonato de litio por año.

La empresa Zijin es la principal productora de oro en China y apunta a convertirse en una de las tres compañías mineras principales del mundo para el 2030. Como explican desde Ruido y Fundeps en su informe de «Litio y transparencia», el gigante asiático es uno de los países que más invierte en litio en la Argentina. En conjunto, durante 2022, las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta exportaron allí 292 millones de dólares. Con estos números se puede observar una tendencia de las empresas chinas a adquirir y gestionar proyectos de litio en el país.

Además de China, también Japón y Corea del Sur se constituyeron como los segundos principales inversores durante el año pasado. En ese marco, el caso de Fiambalá, a través de la llegada de Zijin, podría servir de ejemplo para conocer el accionar de China y sus intenciones. Un país en vías de constituirse como monopolio de la producción de litio así como en el principal exportador para sus socios del Pacífico.

El plan para los inversionistas es perfecto: extraer el litio de la zona de Tres Quebradas, un salar ubicado contra la cordillera a 100 kilómetros de la ciudad de Fiambalá, realizar el primer procesamiento allí y llevarlo preconcentrado hacia la planta (ahora en construcción), ubicada en el ingreso a la ciudad. Una vez procesado el carbonato de litio saldrá por el Pacífico a través del Paso San Francisco de Chile. Todo en una provincia que concede las libertades suficientes para que las empresas desarrollen sus proyectos y ni siquiera sean afectadas económicamente ya que tan sólo pagan el 3,5 por ciento del valor declarado.

El despertar de Fiambalá

Por su velocidad para desplazarse así como por la implicación en todos los entramados sociales de la población, se trata de un momento muy complejo para quienes defienden los territorios y resisten al avance de los proyectos extractivos. Entre ellos, está la Asamblea Socioambiental Fiambalá Despierta, un grupo de vecinos y vecinas que se organiza desde 2016, cuando comenzó a circular el rumor de la instalación de la minera. Sus integrantes explican que están tomando fuerzas luego de haber intentado impedir el ingreso de la empresa a su ciudad durante 2018. “Sabíamos que si ingresaban iba a ser peor por eso hicimos un corte entre algunas mujeres”, recuerda Nicolasa Casas de Salazar, una de las integrantes históricas de la asamblea.

Hoy la planta piloto ubicada en el centro de la ciudad, a metros del hospital, ya produce carbonato de litio. Desde la Asamblea realizaron diferentes notas para solicitar la información que les corresponde como personas que respiran el mismo aire, sin embargo no han tenido respuesta.

En noviembre de 2022, toda la población de Fiambalá estuvo enferma por más de un mes, con vómitos, erupciones en la piel, descomposturas y otros problemas similares. Por este motivo, la planta piloto fue clausurada por un tiempo pero las razones no fueron informadas hasta el momento.

En el caso de la nueva planta ubicada al ingreso de la ciudad, donde se producirá finalmente el carbonato de litio, la situación no es mejor. “Podemos ver que están haciendo más piletones de los que habían declarado, lo sabemos porque están a la vista de todo el pueblo, vemos también cómo remueven la tierra para avanzar rápidamente con la obra y cuando se levanta el viento del mediodía no podemos ver por el polvo. Están haciendo muchos movimientos y está todo flojo”, denunció el artista y asambleísta, Willie Carrizo.

Por cada tonelada de carbonato de litio se precisan 2 millones de litros de agua. Para este proyecto se requerirían 40 millones de litros de agua por año. Para dimensionar, este consumo equivale al agua que utilizaría una persona al lavar los platos dos veces al día por más de 10.000 años. Desde la Asamblea registraron que, hasta el momento, la empresa Zijin instaló al menos tres pozos subterráneos. “Están tomando mucha agua, no hay registro histórico de cuáles pueden ser los impactos de usar aguas subterráneas y sobre todo en zonas desérticas como lo es Fiambalá”, agregó la ingeniera ambiental e integrante de la Asamblea, Lis Sablé.

Zona de promesas

“Llegaron y prometieron empleo, progreso y buenos sueldos, pero la realidad es otra y la gente está comenzando a incomodarse”, explicó Sablé. En menos de un año desde su anuncio, la planta de carbonato de litio ya se encuentra instalada y la obra avanza rápidamente. “El momento de la bondad minera es este”, explica Lis para referirse al actual contexto: “Cuando terminen la obra toda la gente que ahora están empleando se quedará desocupada”.

La Asamblea Fiambalá Despierta es un pacto generacional. En ella se encuentran luchadoras históricas con jóvenes curiosos. Mientras que unas se preocupan por el futuro de las infancias y de la vida de su pueblo, los jóvenes —en tiempo presente— eligen organizarse para ser quienes decidan sobre sus propias vidas: “Yo me acerqué a la asamblea para estar informada, para decidir si quiero vivir acá, si quiero tener hijos”, explicó Karen Perea, una joven asambleísta.

Elegir en un territorio donde el libreto ya está escrito por los intereses de las empresas mineras no parece fácil. Organizarse y visibilizarse como parte de un espacio colectivo puede implicar la pérdida de ofertas laborales tanto en espacios privados como públicos, ya que la complicidad entre esos poderes es un hecho. “Es muy difícil porque la minera se metió en la secundaria a través del pago de las becas que hacen en conjunto con el municipio, entonces los jóvenes lo ven como una única salida”, señalaron integrantes de la Asamblea.

“Hay jóvenes muy preocupados y con conciencia por lo que está pasando, pero les falta apoyo”, se lamentó Nicolasa Casas de Salazar. La productora fiambalense explicó que cada vez son más los terciarios cerrados y que los jóvenes sólo aspiran a estudiar “seguridad e higiene” o alguna ingeniería que pueda ser de interés para la minera. “Nosotros estamos pensando en las futuras generaciones. Se están llevando todo para afuera, es muy agresivo lo que están haciendo”, expresó la vecina y recordó: “Dependemos del agua, tenemos que tomar para vivir, tenemos que regar las plantitas y cuidar a nuestros animales”.

Sin humedales no hay vida

Tres Quebradas integra el sistema de lagunas altoandinas y puneñas, una zona que sostiene el equilibrio de toda una biodiversidad muy específica. Por ese motivo, es un área de protección que se encuentra determinada por la Ley 5070 de Catamarca e integra una red de humedales reconocido a nivel internacional como subsitio Sur Ramsar. En el lugar se encuentran seis lagunas que, por su ecosistema tan particular, conservan especies con problemas de conservación, como lo es el flamenco andino.

Para la bióloga e integrante de la Fundación Yuchán y del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos, Patricia Marconi, los salares altoandinos “son muy valiosos para las comunidades de aves por la diversidad de hábitats que genera, por la cantidad de lagunas, sus distintas salinidades y las diferentes características físicas de los cursos de agua que existen”. Marconi explicó que cualquier modificación que se realice sobre dicho territorio “puede generar impactos irreversibles”.

La bióloga destacó que, por su capacidad de conservación del agua de manera subterránea, los salares funcionan como humedales de altura. “Los impactos acumulativos realizados por las empresas mineras como la extracción de salmuera a partir de su concentración y separación por la que se obtiene el litio, así como por la extracción de agua dulce que se utiliza para el procesamiento del mineral, no están claramente establecidos ni medidos con la capacidad de cada cuenca”, explicó. Entonces, al no tener precisiones sobre las capacidades de agua dulce y de salmuera que conserva esta cuenca se desconoce, también, el impacto real que podría traer cada proyecto en proceso.

Resistir y producir

La ciudad de Fiambalá está ubicada en un valle y es rodeada por los ríos Chaschuil y Abaucán que descienden desde la cordillera. Por los ríos y sus más de 300 años de intervención humana, el bolsón de Fiambalá se ha transformado en una enorme zona verde rodeada de desierto. Un frágil ecosistema que podría modificarse por un mínimo cambio.

Desde la llegada de la minera muchas dinámicas han cambiado, pero otras se han revalorizado. Continuidades de prácticas colectivas que resisten a la imposición del mal llamado “desarrollo”. A lo largo de la historia, familias campesinas fueron experimentando en la producción de alimentos y conocimientos especiales para ese tipo de geografía. Sus trabajos están a la vista: dalias fucsias que contrastan con la duna amarilla en el fondo de las casas; bosques nativos de chañar y algarrobo que resisten al intento del municipio de convertir la ciudad en cemento; variedades de maíces que se multiplican a través del intercambio comunitario; arquitecturas y sistemas de riegos que preservan el agua en tiempos de sequía; hectáreas y hectáreas de viñedos por los que subsistía todo un pueblo.

El chañar y la algarroba

Diego Amartino y Helena Córdoba Vélez viven en Fiambalá desde 2016, cuando comenzaron con un emprendimiento. A la vez que se instalaba un proyecto de muerte en el mismo territorio, decidieron mudarse e iniciar un proyecto productivo centrado en el uso y la revalorización de los frutos de los árboles nativos y silvestres. “Con Helena aprovechamos los alimentos que conocemos y que hemos venido aprendiendo y experimentando. Nuestra historia tiene que ver con cómo aprovechamos esos frutos y alimentos que estaban un poco olvidados y ponerlos en valor”, explicó Diego.

Sobre esa base, también, se proponen innovar y crear nuevas producciones con la agroecología como perspectiva. Hoy realizan harinas, arropes y patay de algarroba. En cada sabor le devuelven una partecita de su historia a Fiambalá.

El control del agua en manos del pueblo

Laura Del Pino es heredera de un viñedo de más de 50 años. Durante 2022 eligió volver a las tierras de su abuela para continuar con su trabajo. La situación es bastante distinta a la que recordaba de los veranos de su infancia. Antes, gran parte de la población trabajaba en la producción de uva que era vendida en los mercados. Ahora, relata, son muy pocos los camiones que salen al mercado. Explica que es muy complicada la contratación de personas que quieran continuar con la labor de viñatero.

“El otro problema es el agua, no ha habido mucha lluvia, y hubo heladas en noviembre que arruinaron parte de la producción”, señaló Del Pino. “Esto hay que lucharlo ya porque el agua que usan en la planta no puede volver ni al riego, ni a la napa, ni a nada porque está contaminada y no sabemos qué están haciendo arriba”. Para la productora, la solución es una sola: “El control del agua tiene que estar en nuestras manos”.

La lucha de las uvas

Además de participar de la Asamblea Fiambalá Despierta, Nicolasa y don Cacho son productores de uva. Las venden a la comunidad y al turismo desde la puerta de su casa. Esta decisión tiene una explicación: por un lado, se oponen a que la intendenta, Roxana Paulón (propietaria de una bodega) maneje la única mostera de la ciudad. “Ella le puso un precio general para todos los productores, está pagando 16 pesos el kilo de uva. Ni siquiera nos preguntó qué gastos tenemos para producir”, denunció Nicolasa. A su vez, al vender las uvas desde su casa Nicolasa y don Cacho cumplen con otro objetivo: encuentran la manera de hablar sobre la situación de Fiambalá con cada persona que pasa.

Su casa, ubicada en la calle principal, tiene un cartel que resume todo: “El agua vale más que el litio”. Nicolasa no descansa, mientras juega con su nieta piensa cuál será el próximo cartel que pondrá en su puerta y se imagina convocando a un gran festival para informar algo tan importante y, a la vez, silenciado: “Es simple, hay que cuidar el agua y cuidar el agua significa cuidar la vida. Los recursos que sacan, como el agua, son los que no se renuevan”.

*Publicación conjunta entre Agencia Tierra Viva, Revista Cítrica, Marcha y Sala de Prensa Ambiental.

**Esta nota es parte del proyecto fotoperiodístico “La ruta del litio: cartografía de un saqueo” realizado por Susi Maresca y Camila Parodi en el noroeste de Argentina

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En marzo de 2012, Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables durante el gobierno de Rafael Correa, firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala, que permitió la explotación a cielo abierto de cobre y otros minerales, por un tiempo de 25 años renovables. Pero, ¿Qué ha pasado en estos diez años?

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Video: Viviana Erazo @Vivianaerz

Mishell Mantuano y Viviana Erazo visitaron la parroquia de Tundayme, en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonía Sur de Ecuador, donde está situado el proyecto, para ver de cerca las consecuencias de la explotación minera, la afectación al medio ambiente, la migración forzada y el despojo de identidad que vivieron y continúan viviendo los y las comuneras y las comunidades indígenas shuar, quienes han sido desalojados de manera violenta y forzosa más de una vez de su territorio y quienes fueron engañados cuando, hace diez años, se les prometió escuelas y hospitales que jamás llegaron.

En un recorrido de dos días por la parroquia, las periodistas observaron la afectación a los ríos y el medio ambiente, además de hablar con hombres y mujeres que aún resisten a la minería.

Desde la Casa Comunal de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, se observa un gran asentamiento, que de lejos parecen casas donde habita otra comunidad. Pero no, cuando te acercas hasta el asentamiento estas son campamentos y letreros que indican que estás en “Propiedad Privada” de Ecuacorriente S.A, empresa China.

Por este proyecto minero, más de 32 familias indígenas fueron desalojadas de manera violenta entre los años 2014 al 2022, además de vivir graves consecuencias de contaminación a sus territorios.

En una ranchera, la tarde del 08 y 09 de abril de 2022, salimos de la Casa Comunal, Cascomi, para ver de cerca los campamentos y el proyecto minero por el cual la comunidad fue desalojada. En compañía de los y las comuneras de Tundayme; líderes y lideresas de otras zonas del país, que también resisten a la minera y el extractivismo; y parte del Colectivo Geografía Crítica, quienes acompañan procesos en defensa del territorio, los derechos colectivos y de la naturaleza, realizamos un recorrido de dos horas por la zona para observar las afectaciones al medio ambiente.

–Miren, observen, registren, vayan a la ciudad y cuenten lo que pasa, cuenten nuestra realidad y todo el daño que nos ha causado la minera Ecuacorriente S.A y el Estado. Pero, sobre todo, digan que necesitamos su ayuda, que necesitamos de la gente de la ciudad para continuar esta lucha, porque lo que hacemos no es solo por nosotros, es por ustedes, por todas y todos; es por defender los territorios y nuestros ríos, el agua. Nos prometieron escuelas, hospitales, mejor calidad de vida. No tenemos nada. Además, nosotros no queremos dinero ni oro, solo queremos nuestras tierras, agua limpia, recuperar nuestra vida.

Esas son las palabras de Luis Sánchez, líder indígena, defensor de los derechos de la naturaleza y parte de La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, una organización comunitaria que lleva años resistiendo las consecuencias del despojo cometido por la Fuerza Pública y la empresa minera china en Tundayme. Luis, junto a varias familias de la comunidad, han sufrido desalojos desde el 2014 por parte de la empresa minera china ECSA y ahora resisten desde su Casa Comunal, de la cual también hoy los quieren desalojar.

Luis cuenta que la empresa minera destruyó el tejido social comunitario “con toda la venganza y con las formas más perversas llevaron a cabo los despojos para intimidar a la gente”.

Luis habla mientras caminamos sobre el puente por donde pasa el rio Wawayme, uno de los principales de la parroquia y que ahora se ve espumoso y con su caudal reducido producto de la contaminación.

–Ya no podemos consumir agua de este río, nos hace daño – dice Luis.

Mientras continuamos el recorrido, converso con varias personas que viven las consecuencias de la explotación minera. Una de ellas es Carmen.

–Yo nací y crecí en esas tierras –dice Carmen, mujer indígena amazónica, mientras mira con desconsuelo el campamento de la empresa, cruza sus brazos, suspira, pasa las manos por su cabellera larga y mira a su esposo que está a pocos metros de ella, le sonríe y permanece en silencio por unos minutos.

–Estamos cansados de luchar, han sido muchos años, hemos caminado de un lugar a otro, dejando a nuestros hijos e hijas muchas veces solos –dice Carmen, mientras agacha su cabeza, sus ojos se llenan de lágrimas y continúa –¿De qué ha servido?, solo nos ha dejado cansancio y dolor. Hemos querido actuar como personas civilizadas, actuar con base en las leyes, pero para ellos no hay ley que valga.

Continuando el recorrido por Tundayme y el proyecto minero, hicimos una parada en la zona donde antes estaba la casa y la comunidad a la que pertenecía Luis y otros de sus compañeros y compañeras; ahora ese terreno está lleno de monte y maleza, producto de la tala de árboles, desde ahí se logra ver grandes bosques y una roca que de lejos parece ser el rostro de una persona.

Los desalojos: una forma de debilitar la comunidad

–Detrás de esos grandes bosques hay arroyos o mini ríos como nosotros les llamamos –dice Luis. Al pasar por la vía se puede ver un canal que, según Luis, es para llevar el agua hasta un asentamiento militar, negándoles a las comunidades de la zona su derecho al agua, establecido en el artículo 318 de la Constitución, que dice, que “el agua es un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización”.

–Los policías ingresaron y nos desalojaron en el año 2014, a pesar que habíamos interpuesto una acción de protección para evitar que sucediera– recuerda Luis Sánchez, líder de la comunidad Cascomi. En el desalojo la Policía destruyó el Centro Comunitario de San Marcos, la escuela y la iglesia

–Todo lo rompieron las maquinarias, con ayuda de los Policías.

Pero la acción que marcó el punto de quiebre fue en agosto de 2015 cuando arrancó la gran marcha del pueblo desde la parroquia Tundayme, liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Para la marcha “se dieron cita delegaciones de todo el país para sumarse a las personas que se dirigieron hacia Quito para reivindicar sus demandas en torno a la protección de la Cordillera del Cóndor ante la mega minería”. Asimismo, la marcha fue en rechazo a la minería a gran escala y especialmente a la empresa ECSA, según un boletín de prensa publicado por la COANIE.

“En ese tiempo ya nos encontrábamos en la resistencia”, dice Luis. Y recuerda que ese año el presidente Rafael Correa Delgado “se molestó tanto que, en septiembre del mismo año, mandó a desalojarnos. De ahí en adelante los despojos han continuado”.

135 efectivos de la Policía Nacional y guardias de la empresa minera Ecuacorriente, según datos del Ministerio del Interior y recogidos en un comunicado de INREDH, ingresaron a la parroquia de Tundayme para desalojar a varias familias de la zona que habitaban el lugar.

En total, 32 familias, formadas por 116 personas, fueron desalojadas entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 por policías, militares, guardias y trabajadores contratados por la empresa minera, Ecuacorriente S.A., por el notario del cantón Pangui, funcionarios de Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, y la Intendencia de Policía de Zamora Chinchipe.

María de los Ángeles García y su familia fueron parte de las personas desalojadas.

– Con las máquinas tumbaron todo, las casas, entre esas la mía. Yo tenía gallinas, pollos, cuyes, cerdos, todo eso se perdió. Lo destruyeron. Con lo poco o nada que me quedó tuve que ir a la casa de mis suegros en Gualaquiza– dice María con gran nostalgia, mientras respira por unos segundos para continuar con el relato.

– ¿Pero sabes qué fue lo peor de todo eso? –me pregunta y, enseguida, sin darme tiempo a responderle, dice:

–Todo eso lo vimos desde afuera, porque ya no pudimos ingresar a nuestra casa, los policías y los trabajadores de la minera nos entregaron un par de cosas y todo lo demás se perdió.

Después de eso, María y las familias desalojadas recibieron ayuda de personas externas quienes les brindaron ropa y alimentos. Ahora, María trabaja cuidando niños y niñas, con eso, dice, pudo lograr que sus hijos terminen el colegio, pero la Universidad no.

– Porque no tengo dinero para eso, en la ciudad no hay comida, no hay nada. Al menos con la finca que teníamos podíamos sostenernos con la siembra y la cosecha de naranjilla y yuca, además de la leche que sacábamos de las vacas.

Pero los desalojos no han parado. Rosa y Aurelio es una pareja de la tercera edad, ella tiene 65 años y él tiene 73, vivían de la siembra y la cosecha que realizaban en su tierra, en sus chacras; además, criaban animales como cuyes, gallinas y tenían algunas vacas para ordeñar y vender la leche para su propio sustento. Ellos vivían cerca del río Wawayme Alto hasta que el 10 de abril de 2022, comuneros de la parroquia de Tundayme les alertaron que la empresa minera China Ecuacorriente S.A los iba a desalojar, esa alerta preocupó y asustó mucho a su hija Jenny Morocho.

Doña Rosa, como la conocen en la parroquia, desde que era una niña ha vivido en estas tierras, y aquí se casó y formó una familia. Ella, al igual que su esposo Aurelio, no querían dejar sus tierras ni la vida que había construido durante muchos años. Por eso, su hija Jenny Morocho y Luis Sánchez, como líder de la comunidad, alertaron a organizaciones de derechos humanos y el colectivo Comunálisis para que intervengan y logren detener el desalojo a Rosa y Aurelio.

Sin embargo, las acciones de organizaciones de derechos humanos fueron en vano y el 26 de abril de 2022 la empresa minera ECSA desalojó a Rosa y Aurelio con alrededor de 25 efectivos de la Policía Nacional y maquinaria, sin contar con una orden oficial para efectuar la acción, según Luis Sánchez líder de la comunidad.

Michelle Báez, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha trabajado algunos años con la comunidad y el colectivo Geografía Crítica, para ella “el Estado está apoyando un proyecto mega minero que significa un muy buen negocio para las pocas personas que se benefician de él, donde se ve claramente un vínculo de complicidad entre el capital y el Estado”.

Proyecto Mirador: “solo ha dejado contaminación”

Este proyecto, el más grande en Ecuador, inició su exploración inicial en 1994. “Ahora, en 2019, es una realidad luego de cumplir con todas las fases mineras de exploración inicial, avanzada, evaluación económica, construcción de infraestructura y finalmente explotación y beneficio”, así lo anunció, Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, durante el gobierno de Lenin Moreno.

Pero nada de esto favorece a Tundayme. El Colectivo Geografía Crítica en 2019, publicó el Informe sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto minero Mirador, motivado por la preocupación sobre estos impactos y la posibile vulneación de los derechos humanos y de la naturaleza.

Karolien van Teijlingen, en 2019, realizó el estudio: Un análisis de los proyectos de minería a gran escala Mirador y Llurimagua, donde revela que la minería metálica a gran escala es una actividad que está en auge en el Ecuador. También el estudio denuncia que el 15% del territorio continental está concesionado por empresas mineras y que es muy probable que este porcentaje siga en aumento. Además, la investigadora ya advertía que la actividad minera en “ecosistemas sensibles como la Cordillera del Cóndor puede generar graves impactos al ambiente y a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en estos lugares”.

Hoy, esos impactos son una realidad, donde antes había árboles, vegetación y ríos limpios, ahora solo queda el recuerdo. De lejos se observa una rivera donde la empresa desecha los lodos tóxicos de la extracción de los minerales, hay un dique que retiene el cauce del río Tundayme, el principal de la parroquia. Maquinarias que se mueven de manera ordenada, casi mecánica. Desde donde estoy no logro ver qué es lo que transportan. Hay hombres construyendo altas plataformas con varillas y cemento. A mi lado, está una lideresa a quien escucho decir:

–Solo te queda llorar.

A simple vista es muy difícil entender lo que está pasando, por eso los aportes del Colectivo Geografía Critica y los estudios que han realizado alrededor de este proyecto son necesarios para lograr comprender todo el panorama y las graves afectaciones al medio ambiente.

Según las valoraciones del Colectivo Geografía Crítica, la mina utilizará 166 540m3 de agua diariamente para procesar las 60.000 toneladas de material crudo y obtener un concentrado de minerales de valor. Pero ¿Cómo extraen los minerales y dónde irán los desechos? La extracción de minerales como el cobre consiste en la remoción de la roca usando perforadoras y explosivos para después excavarla y separar los metales de las rocas, para ello se trituran las rocas hasta obtenerse una arena fina, la cual es mezclada con agua y químicos que ayudan a los metales a separarse de la arena y flotar en burbujas hacia la superficie. Todo el material restante, que además es tóxico, va a parar a los relaves, los cuales contienen roca molida y agua, pero también contienen los químicos aplicados en el proceso de separación de los metales como cianuro, arsénico, plomo, cadmio, zinc y mercurio.

De igual forma, Karolien van Teijlingen en su estudio señala que además de los contaminantes utilizados “existe la posibilidad de que ciertos elementos de los relaves reaccionen cuando entran en contacto con agua y oxígeno, generando ácido. Por estas características potencialmente tóxicas, los relaves tienen que permanecer resguardados en infraestructuras herméticamente cerradas”. Estos relaves están separados por diques, que son estructuras de tierra, hormigón, piedra u otro material. En el proyecto minero Mirador que se desarrolla en Tundayme se prevé construir otra relavera de 270 metros, según mencionó Luis Sánchez

José Cueva, parte del Observatorio Ambiental Social y Minero del Norte del Ecuador de la provincia de Imbabura, está de pie desde donde se puede observar una relavera donde la empresa desecha los lodos tóxicos. El proyecto Mirador, dice José, “fue el experimento social para el desalojo de comunidades y la violación múltiple de derechos ambientales como de las personas”.

Cueva, además, explica las consecuencias de la minería a los ríos “este proyecto de gran escala traerá consecuencias gigantes a nivel ambiental y social, empezando por la contaminación de los ríos cuando la empresa lleva operando poco tiempo. Y sin construirse la relavera de 270 metros que es el principal peligro de este problema”.

Cueva explica las consecuencias de la construcción de un depósito tan grande y una relavera de tantos metros como la que la empresa pretende construir en una zona amazónica como la de Tudayme y, además, hay que considerar el nivel de sismicidad que tiene Ecuador, agregó Cueva “están prohibidas, porque no se han visto ni en América, menos en China, causaría una bomba de tiempo, porque aquí no hay experiencia minera, no hay control”. Para él las relaveras son el principal peligro de la minería a gran escala porque al acumularse millones de toneladas de desechos tóxicos se genera un drenaje ácido de minas, es decir, los ácidos concentrados en la relavera empiezan a drenarse por las paredes y contamina agua superficial y subterránea y puede viajar cientos de kilómetros y “una vez que eso sucede no hay como pararlo, no tiene solución”, indicó Cueva.

Esto sería aún más grave para la parroquia de Tundayme, que está atravesada por 3 ríos: Tundayme, Wawayme y Quimi de los cuales, los dos primeros están contaminados, ya no conservan su color natural el agua es espumosa, además, varios ríos están canalizados. El rio Wawayme ya perdió su color natural, ya perdió su caudal y se ve una espuma blanca, causada por los químicos. De la misma forma, el río Tundayme ya perdió fuerza y pasa por un canal de cemento hasta llegar a un estanque, construido por trabajadores de la minera.

El temor de la comunidad y los ambientalistas es que al construirse una relavera tan alta se puede generar un desastre como lo ocurrido en Brasil, donde el 25 de febrero de 2019, colapsó una relavera minera de la compañía Vale en el municipio de Brumadinho, al sudeste de Brasil, y provocó 179 muertos, 131 desaparecidos e incalculables pérdidas ambientales y económicas, según el informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Mónica Brito, parte del Colectivo Geografía Critica, también estuvo presente en el recorrido por Tundayme. Para ella otra de las consecuencias del proyecto minero, es la migración forzada a causa de los desalojos y la violencia de género generada por la creciente masculinización en la zona debido a la presencia de las fuerzas armadas, trabajadores del Estado y de la empresa minera.

La resistencia tiene rostros de mujeres

Llegamos a la Casa Comunal, Cascomi para realizar la socialización del proyecto y sus consecuencias. A mi lado está Mercedes Taish, parte del pueblo Shuar Arutam.

Ella recuerda que durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa los mandaron a desalojar, los maltrataron, los llamaron terroristas, delincuentes, subversivos. Su testimonio no difiere de lo que cada persona de la comunidad mantiene en la memoria.

– Es lamentable lo que hace el Estado ecuatoriano. Nosotros somos originarios del pueblo amazónico y seguiremos resistiendo hasta las últimas consecuencias. Aquí está nuestra vida, no hemos venido de otro lugar para tener que dejar nuestros territorios. No aceptaremos migajas.

Mientras su esposo habla en la Asamblea a la que asistimos en la Casa Comunal, Mercedes me dice:

–Él es mi esposo –y recuerda que, durante los desalojos, su esposo, al igual que los esposos de las demás mujeres y sus hijos hombres tuvieron que huir.

–Nos quedamos en el territorio resistiendo las mujeres, los niños y niñas. No podíamos dejar que los militares capturen a nuestros esposos, porque se los llevarían presos, actuarían con violencia –cuenta.

De las mujeres que quedaron, Mercedes es una de las pocas que permanece en el territorio.

– Hoy, esas mujeres ya no están, unas migraron, de las otras no supe nada más, perdí su rastro – dice y mueve su cabeza de arriba hacia abajo.

Desde otros territorios del Ecuador, hay más mujeres resistiendo en sus territorios, de la misma forma en como lo hace Mercedes. Tal es el caso de Elizabeth Durazno, dirigenta de la Organización de Mujeres Sinchi Warmi, de la comunidad de Río Blanco, parroquia Molleturo, Cuenca, que, desde hace más de 20 años, resiste a la minería. Ella visitó la parroquia de Tundayme y fue parte del recorrido realizado, para conocer los efectos, porque es algo que no quiere que pase en su territorio.

Al terminar el recorrido en la ranchera y llegar a la Casa Comunal, Cascomi, pasamos a tomar un refrigerio y mientras tanto, todo se organiza para generar un debate de lo visto. Para Elizabeth lo más importantes fue la participación de las mujeres en defensa de los territorios.

– Estamos nosotras poniendo el cuerpo en los territorios, en nuestros hogares, los hombres salen a trabajar y nosotras nos quedamos produciendo, sembrando en los huertos y cosechando nuestros alimentos y cuidando de los animales.

A pesar de esto, para Elizabeth, la participación de las mujeres es más difícil.

– Porque los hombres piensan que les estamos quitando su derecho y eso no es así. Más trabajamos las mujeres que los hombres y se trata de involucrarnos todos en la lucha por intereses en común. Es importante involucrarnos para defender nuestros hogares e incluso a nuestros esposos, para que no sean criminalizados o perseguidos, porque a ellos se los llevan presos y cuando eso sucede nos quedamos sin el sustento de nuestros esposos que es un complemento, porque nosotras también sustentamos los hogares –lo dice mientras se sienta y se acomoda en una de las sillas desocupadas. Mira en dirección a los campamentos de la empresa minera y me dice:

–Tengo una reflexión de lo visto en el Proyecto Minero Mirador –lo dice con sus ojos que no logran contener las ganas de llorar. Así entre pausas y suspiros, evitando desmoronarse por la impresión que la causó ver lo avanzado del proyecto minero, además de la contaminación, dice:

–En 2017 vine a visitar Tundayme, hice el recorrido para ver lo que la empresa minera Ecuacorriente S.A estaba realizando. Pero no estaba tan avanzado, hoy, cinco años después regresé y me dan ganas de llorar.

Respira por unos segundos, como intentando tomar valor para terminar su idea y continúa

–Me da decepción ver cómo el gobierno o las mineras que hablan de minería tecnificada, tecnología de punta, solo destruyen. ¿Dónde está la tecnología de punta si vemos cómo terminaron totalmente con los bosques, con las montañas, con el agua? –Lo dice mientras abre sus manos y levanta sus brazos, mostrando el asentamiento de la minera que puede verse desde la Casa Comunal.

­–Este proyecto demuestra la violencia al derecho del agua. El agua debe ser libre, tener su propio caudal y no estar desviado por un túnel de cemento que genera daños al medio ambiente y a los seres humanos cuando se nos quita nuestros territorios solo para beneficio del Estado y de las transnacionales que sacan el dinero del país.

Refiriéndose a la manera en que el rio Tundayme está canalizado por túneles de cemento y la pérdida de su fuerza y color natural.

Elizabeth debía estar presente en la mesa de debate que realizó Geografía Crítica junto a los y las comuneras de Tundayme y otros líderes y lideresas. Ella está ahí para aprender de los efectos y compartir la información en su comunidad en Azuay:

–Las mineras chinas no solo están en Tundayme. Están en Río Blanco y otros territorios. Por eso la lucha es necesaria.

Elizabeth participó en el debate para reflexionar sobre el recorrido realizado. Entre las participantes estaba Aracely Nugra vocal de la comuna de indígenas San Sebastián de Sígsig en la provincia de Azuay, quien recordó que desde el 2008 la naturaleza tiene derechos, reconocidos en la Constitución en el artículo 71 de la Constitución , pero para ella “esto es solo papel muerto, no se cumple. Por eso es importante nuestra lucha, levantar nuestras voces como mujeres que buscamos visibilizar lo que sucede en nuestros territorios y la contaminación que se genera a raíz de las actividades destructivas”.

Con el debate, las reflexiones de líderes y lideresas además de las aportaciones del Colectivo Geografía Crítica, finalizó el Encuentro para la Articulación en Defensa de los Territorios y el Rechazo a la Minería y el Extractivismo. Al final, con dinámicas, cantos, refranes e improvisaciones comuneros, comuneras, líderes y lideresas asumieron su compromiso y solidaridad con el territorio de Tundayme.

Abrazos, apretones de manos y mensajes de fortaleza no faltaron para Luis Sánchez, líder de Cascomi, para las mujeres y hombres de la comunidad que cada día tratan de recuperar, no solo sus territorios, sino la identidad de la cual fueron despojados al momento de los desalojos, y quienes siguen resistiendo desde su Casa Comunal.

De igual forma Luis hace un llamado a las personas de las ciudades a luchar por la conservación de los bosques y del agua, porque “del campo ellos viven, toman el agua que viene de las Cordilleras”. Para él el proyecto de minería representa “una violación de derechos sistemática. Porque al violarse un derecho, se violan todos. La justicia no funciona y nunca va a funcionar con esa estructura organizativa del Estado que es caduca, corrupta y todo lo demás, la cual hay que cambiar; pero hasta que eso pase, todos a las calles a resistir, pero no cada quien, por su lado, sino articulados”.

Informe publicado en Wambra

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El pasado sábado 21 de julio se realizó en Zárate el encuentro del Movimiento Antinuclear de la República Argentina, MARA, que convocó a reunirse a las asambleas de vecinos, de diferentes territorios,  afectadas por el plan nuclear.

El MARA se reunió en la Biblioteca José Ingenieros, Zarate, con una invitación abierta a sumarse y participar de la propuesta temática: el conflicto minero en La Rioja y la actual amenaza de la minería de uranio, minas de uranio no remediadas en Argentina, conflicto en Rio Negro por la implementación del reactor nuclear y la conquista de la ley antinuclear provincial, contaminación del basurero nuclear de Ezeiza, Chubut “la vaca muerta de uranio”.

El plan nuclear Argentino, desarrollado desde Zárate a través de las Atuchas, viene impactando en la salud y el medio ambiente de numerosas localidades de todo el país. Son varios los focos de resistencia en conflicto  varias las provincias afectadas por el plan nuclear(La Rioja, Mendoza, Chubut, Córdoba, Bs. As., Rio Negro y Formosa entre otras. Desde la minería de uranio, pasando por la elaboración del combustible, hasta la implementación de reactores y la deposición de residuos nucleares, el ciclo del uranio genera riesgos  problemas concretos que deben ser comprendidos para discutir sobre la energía nuclear. Tal fue el texto con el que se lanzó la convocatoria a reunir la problemática que pone en juego la vida,  en distintos territorios, para sumar sus fuerzas.

Desde Marcha, entrevistamos a Agustín del Movimiento Antinuclear de Zárate-Campana, impulsores de la convocatoria, que aportó mayores precisiones.

¿Cuál es la necesidad a la que responde la conformación de un movimiento antinuclear a nivel nacional?

Básicamente la idea es armar un frente nacional para dar de baja el plan nuclear, visibilizar las consecuencias e invitar a toda la ciudadanía, desde el lugar que esté,  para que forme parte de la toma de decisiones del plan nuclear. El MARA nace como una propuesta de las asambleas del sur de nuestro país, de Rio Negro y Chubut y es una invitación a las asambleas de los lugares donde están en conflicto por la cuestión nuclear. El MARA lo estamos integrando las asambleas en lucha de algunos de los territorios donde se da el ciclo nuclear. Hay asambleas de Rio Negro, Chubut, La Rioja, que expulsaron a muchas mineras, de San Rafael, donde está la mina de Uranio mas grande abandonada por la CNEA,  de Embalse, Cordoba, donde está el reactor, Zarate, con la amenaza del reactor Carem y Formosa donde se quiere trasladar la planta de Dioxitec.

¿Qué expectativas tienen?

En Rio Negro hubo una gran movilización que en el 2017 cuando se intentó instalar el 5º reactor nuclear y consiguió frenar el plan provincial.  Si bien consiguieron este resultado, creen que hay una amenaza que se sostiene, porque el gobernador está intentando vetar esa ley y entienden que necesitamos unir fuerzas. Zárate es hoy uno de los lugares principales desde donde se motoriza el plan nuclear.  Hay muchos lugares, desde donde van a intentar hacer nuevos reactores o basureros nucleares, como en el caso de Chubut, o en el caso de las provincias mineras, que se ven amenazadas por la minería de Uranio.

La idea de presentar a Mara en Zarate es para hacer un llamado de conciencia no solo a las personas de Zarate, de toda la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que impulse  la movilización. Lo que está ocurriendo en Zarate, que se presenta como una ciudad que tiene un proyecto con tecnología soberana, siempre quedó un poco indiferente a las demás personas de toda la provincia.

Nos parece importante visibilizar la extensión del plan nuclear argentino, que se inicia con la minería, hay muchas provincias que están en conflicto por la minería de uranio como La Rioja,  Chubut: que hoy en día intentan convertirla en una provincia uranífera, Mendoza: que en San Rafael quieren reiniciar esta producción,  y además mostrar la extensión que va desde las provincias mineras hasta la elaboración del combustible, en este caso sería Formosa, es decir,  muchísimos kms.

También el quinto reactor necesitaba de un proceso que se iba a iniciar en Bariloche  con el enriquecimiento de uranio. En Neuquén hay otra etapa que tiene que ver con los reactores de Atucha, que es la elaboración de agua pesada para los reactores de Embalse y Zarate. A esto hay que sumarle que hoy no exite un basurero nuclear, un depositorio definitivo. La mejor solución que encontraron fue, en la década del 80,  postular a Gastre, en la provincia de Chubut.  Son zonas que a largo plazo inevitablemente van a colapsar porque no hay una solución para los residuos radioactivos.

¿Para que MARA?

Queremos que sea un espacio en el cual las personas se puedan identificar con un problema, reconocer un riesgo muy grande,  porque el riesgo de una central nuclear es a largo plazo y no tiene nada que ver que aún hoy en día no haya ocurrido una catástrofe, sino que es un riesgo a largo plazo. Con MARA pensamos un espacio para que puedan adherir y articular todas las organizaciones sociales, medioambientales, de derechos.

¿Cuál es el riesgo de la energía nuclear?

En este momento tenemos tres reactores: Embalse y dos de Atucha y si se continúa con los proyecto pueden venir dos reactores más que forman parte del preacuerdo con China. Lo que entienden las asambleas del resto del país es que esto va a ser una amenaza en la medida en que no desactivemos desde acá el proyecto nuclear.

Hay todo un relato de una tecnología soberana, de un proyecto energético soberano alrededor de las Atuchas, pero han traido muchos problemas en la zona. Zarate y Campana son dos polos industriales donde además hay reactores nucleares. En el caso de las Atuchas,  una catástrofe eliminaría todo el ecosistema del Rio Paraná y aguas abajo donde están la mayor cantidad de población que se abastece de esa agua. Hay un boca a boca de muchas enfermedades ligadas al medio ambiente como cáncer y Parkinson, hay tasas muy elevadas si bien no hay datos oficiales y cuando las organizaciones piden estadísticas les son negadas, pero si se sabe que es una zona con una crisis sanitaria muy grave.

Entonces por un lado está el impacto ambiental que ya recibimos sumado al riesgo permanente de otra central nuclear y por el otro lado está la incoherencia y la irracionalidad de un proyecto de centrales nucleares que son cinco o seis veces más caras.

Nosotros lo que decimos es que hay alternativas de energías renovables, que no tienen el impacto de la energía nuclear, que arranca con la minería nuclear y termina con la basura radioactiva que no tienen solución. Es un proyecto carísimo,  el mismo ministro Dujovne acaba de decir que el proyecto de energía nuclear es caro, pero lo que no dicen es que se les acaba de caer una línea de financiamiento que no pueden sostener, y que se da en paralelo al préstamo con el FMI, y es con los chinos. Además muestra que hay un negocio encubierto de la política con la obra pública. También las centrales son muy caras, se invirtieron miles de millones de dólares, en el caso de las Atuchas, para un proyecto que no tiene una autonomía. El preacuerdo con China tiene que ver con una tecnología que no maneja la Argentina. que es de segunda o tercera línea en el mercado internacional.

Historia nuclear

Agustín hizo una breve síntesis de la historia nuclear y la situación actual.

La energía nuclear nace en Argentina en plena dictadura, había una mirada militar sobre el tema, Castro Madero es quien impulsa las centrales y después de Malvinas se cae el proyecto y queda suspendido. En los 90 se abandonan las minas de uranio, porque había bajado su precio en el mercado, y  ya no era negocio, y durante el kirchnerismo se relanza con el relato de la autonomía energética y de progreso tecnológico, que desde nuestro punto de vista es falaz porque ha conducido a la Argentina a un callejón sin salida, porque lo que decimos es “a lo nuclear se entra pero no se sale”. Tenemos Embalse y las Atuchas con la vida útil vencida, pero era más barato extender la vida útil de las centrales,  lo cual conlleva un riesgo mucho más alto que cancelarlas, o sea postergaron la cancelación aumentando el riesgo de manera ilegal, donde no hubo audiencia pública, no hubo estudio de impacto ambiental, no hubo participación de la ciudadanía, como en cualquier lugar del mundo que si la requiere para este tipo de proyectos. El basurero de Ezeiza muy cerca del aeropuerto internacional, que tiene una situación única por estar en la cabecera de una pista de aterrizaje, que salta cualquier norma, y que tenia residuos de media y baja actividad que lamentablemente, se filtraron a las aguas subterráneas del rio Puelche, tal como indica una investigación inconclusa del año 2000,  que si detectó la radiación en esas aguas subterráneas, que se desconoce el porcentaje pero que desde Zarate hasta Ezeiza, pasando por La Matanza, una superficie muy extendida en Buenos Aires.

Lo que tiene Atucha es que vierte sobre el Paraná  una cantidad de residuos nucleares con los que no se sabe que hacer, el equivalente a la radioactividad que está en los residuos de veinte Chernobyl, tal como denunció el Dr. Montenegro. No existe una solución mágica, no existe una coyuntura política que nos garantice que va a estar el financiamiento para el desmonte de una central nuclear, no existe un lugar donde los residuos puedan ser contenidos, existirá como mucho una zona de sacrificio,  donde puedan ser depositados los residuos que finalmente está destinada a colapsar  y que se prolonga tal vez en cientos o miles de años en las que estas sociedades no van a existir. La tecnología nuclear amenaza los ecosistemas, más allá de nuestro presente, de nuestra cultura, de nuestra civilización, y lo que está en juego en el planeta es la posibilidad de la vida de nuevas sociedades y nuevas civilizaciones más allá de la nuestra.

“Hay que pensar en el riesgo en el presente y en la continuidad de la vida mas allá de nosotros”

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El lunes 15 de febrero, se publicó en el Boletín Oficial la promulgación del Decreto 349/2016 que elimina los derechos de exportación, denominadas retenciones, para los productos provenientes de la actividad minera. Los considerandos del mencionado decreto son una retahíla de cinismo e inexactitudes que alarman.

Entre otras cuestiones, los argumentos giran alrededor de la recomposición de los márgenes de utilidad de las empresas operadoras. Esto implicaría que aumenten las inversiones, que según el Decreto se encuentran retrasadas respecto de países como Chile, Perú, Colombia y Brasil. Esta afirmación es cuestionable, dado que la disminución en el precio de las materias primas mineras afecta a todos los países por igual. La línea conceptual sería la aplicación de la teoría del “derrame”. Cuanto más ganen las empresas, mayor confianza para hacer negocios se genera y la riqueza que acumulan se derrama en el resto de la sociedad mediante mayor actividad económica. Esto nunca sucedió. Al menos no en la medida de dar a nuestro pueblo estándares de vida aceptables. Dado que por más que se genere ese campo fértil para los negocios, las empresas multinacionales no tienen el menor interés de realizar otra actividad económica que no sea la de esquilmación hasta el agotamiento total.

Otro de los argumentos es el sesgo unitario de los derechos de exportación, afirmando que de esta manera se están devolviendo recursos a las provincias. Nos toman por giles. No hay manera de que los U$S 220 millones que aproximadamente dejará de percibir el Estado Nacional no la embolsen directamente las empresas multinacionales que exportan su producción. No hay manera de ver cómo terminará en las provincias, sin ningún tipo de obligación al respecto. Este monto se sumará a todos los beneficios impositivos que ya venían disfrutando.

Estos beneficios existentes, indicados en la Ley de Inversiones Mineras 24.196, incluyen lo siguiente:

– Estabilidad cambiaria por 30 años (Art. 8)
– Importación libre de derechos de maquinarias, equipos, partes, repuestos e insumos mineros (Art. 21). O sea, cero impuesto a la importación. Algo que comúnmente en un país “serio” se denomina contrabando.
– Tope de regalías del 3% (Art. 22). Irrisorio porcentaje sobre el valor de boca de mina.
– Exención de Impuesto sobre los Activos (Art. 17)
– Doble deducción de gastos de exploración, prospección, etc. para Impuesto a las Ganancias (Art. 12)
– Devolución del IVA sobre inversiones en exploraciones (Art. 14 bis).
– Régimen beneficioso de amortización para el Impuesto a las Ganancias para Invesiones de Capital (Art. 13)

Además, exención en el pago de Ingresos Brutos a las provincias sobre las exportaciones. Algunas provincias ofrecen beneficios ampliados. Catamarca, por ejemplo, ofrece la exención del pago de cualquier impuesto provincial (Ingresos Brutos, Sellos, Automotor, e Inmobiliario).

El argumento de la caída de los precios internacionales también contiene imprecisiones. Los proyectos mineros comenzaron a desarrollarse a comienzos del 2003, cuando el oro estaba en U$S 350 x onza (http://goldprice.org/), la plata estaba U$S 155 x kg (http://silverprice.org/) y el cobre alrededor de U$S 1.800 x ton (http://www.infomine.com/investment/metal-prices/copper/all/).

En un contexto de aumento del precio de las materias primas, los minerales aumentaron, junto a las ganancias de las empresas y consecuente recuperación de la inversión inicial, hasta llegar a un pico de U$S 1.830 x onza el oro, U$S 1.450 x kg la plata y U$S 9.800 x ton el cobre en el año 2011.

A partir de ese punto, los precios cayeron en forma sostenida, con alguna recuperación esporádica, llegando hasta los actuales U$S 1.235 x onza, U$S 505 x kg, U$S 4.475 x ton, el oro, la plata y el cobre respectivamente. Este es parte del guión de las multinacionales mineras. La caída de los precios no permiten que sus negocios se desarrollen y, en consecuencia, disminuye la inversión. Sin embargo, los precios aún siguen siendo altos respecto de los del 2003. A pesar de los aumentos de costos, las empresas siguen ganando millones de dólares, como lo refleja el Informe Anual de Barrick Gold del 2014 (http://www.barrick.com/…/ann…/Barrick-Annual-Report-2014.pdf). Veladero, ubicado en la provincia de San Juan, figura con una EBIT (Ganancias antes de intereses e impuestos) de U$S 330 millones en ese año.

La política minera de los últimos 12 años fue indudablemente una continuación de la de los noventa, con la diferencia de que el Estado Nacional se apropió de parte de la renta mediante las retenciones a la exportación. Con esta nueva medida, se ha cerrado el círculo volviendo al inicio, en donde la entrega incondicional de nuestra riqueza viene acompañada de impactos medioambientales y sociales, dejando un paisaje arrasado, agujeros en las montañas, ríos con menos agua y solución cianurada derramada.

*Ingeniero Químico. Consejero por Graduados FIUBA.

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La asamblea El algarrobo de Andalgalá, provincia de Catamarca, está realizando el Segundo acampe por la vida en la plaza Lavalle frente a la Corte Suprema de Justicia.

Con la consigna “Andalgalá, un pueblo que no descansa”, el pueblo catamarqueño está reclamando que los jueces de la corte se expidan acerca del amparo ambiental presentado a principios del año 2010 donde solicitan que se cumpla con el derecho a vivir en un ambiente sano, el acceso al agua como un derecho humano fundamental, y que se respete la ley de protección de glaciares.

Rosa Farías, integrante de la asamblea El Algarrobo, en diálogo con Marcha, expresó que “el amparo ambiental que interpusimos tiene el propósito de que el proyecto minero Agua Rica no se lleve a cabo”. Agua Rica se encuentra a diecisiete kilómetros de la ciudad de Andalgalá, donde nacen los ríos con los que se alimenta el pueblo catamarqueño. El proyecto minero pretende explotar cobre, oro y molibdeno y sería tres veces más grande que la mina Bajo La Alumbrera, actualmente en ejecución.

Los integrantes de la asamblea El algarrobo tienen en claro que el amparo ha pasado por todos los despachos de los distintos ministros de la corte de la era kirchnerista. En el año 2014 realizaron un primer acampe donde lograron que el amparo pasara de la Procuraduría a la Corte Suprema donde descansa hasta el día de hoy. Rosa Farías contó que “se mantuvieron activos con las gestiones para que el amparo sea una realidad. Durante el año pasado distintos integrantes de la Asamblea vinieron desde Catamarca a establecer diversas reuniones con los secretarios privados de los jueces de la Corte”.

Asimismo se amplió el pedido de amparo a la Corte Suprema de Justicia donde el margen de acción excedería a la provincia de Catamarca y el partido de Andalgalá. “No solo se pretende que se pare Agua Rica. Tampoco queremos que se inicien otros emprendimientos, como sería el de Cerro Atajo y que se respete nuevamente la Ley de Glaciares” expresó Rosa Farías. La integrante de la asamblea amplió su exposición advirtiendo que la Ley de Glaciares ya en su artículo 6º expone que en ambientes glaciares y periglaciares no debiera haber emprendimientos mineros y petroleros. “Los argumentos por los cuales nosotros estamos en la defensa están en la ley, no estamos inventando nada” expresó.

El amparo impulsado por el pueblo de Andalgalá ha sido denominado como de trascendencia institucional, social, económica y política. Por lo tanto, si el fallo saliera favorable, el gobierno nacional se vería obligado a realizar ciertos cambios en la política de trabajo y en la política minera. Con este amparo “Agua Rica se frenaría seguro, pero a su vez sentaría un precedente político legal. Por ejemplo, la Barrick Gold no puede empezar Pascua Lama. Está parado por un amparo ambiental desde el lado chileno” expresó Farías.

Por otro lado, también duermen en la Corte Suprema de Justicia otros recursos de amparo de Andalgalá. Una de las causas es de la familia Cruz, que es la dueña de los terrenos de La Alumbrera. Rosa Farías expresó que La Alumbrera nunca le pago un peso por los terrenos “que ya destrozó y que el año que viene ellos se van a ir”. El segundo recurso presentado por la familia Cruz tiene que ver con el emprendimiento de Bajo El Durazno “donde la Alumbrera también avanzó”, expresó.

Macri amenaza con un nuevo Pacto Federal Minero

El cambio de signo político en el gobierno nacional no significó ningún cambio relevante en el diagnóstico de la Asamblea El Algarrobo. Farías expresó su preocupación y repudio a que el nuevo Subsecretario de Desarrollo Minero y ex CEO de la Barrick Gold, Mario Capello, haya manifestado que “tienen que volver a enamorar al pueblo argentino de la minería”. Concretamente la asamblea entiende dichas expresiones como una puñalada. Y a su vez, que el CEO de la Shell, Juan José Aranguren, haya sido elegido como ministro de Energía, son interpretadas como señales muy negativas ya que ellos insisten en reafirmar el Pacto Federal Minero.

Al respecto, después de que se conocieran las declaraciones del Subsecretario Capello se difundió un comunicado denominado como el “Pronunciamiento de los pueblos cordilleranos y patagónicos” en repudio al pacto federal minero. En este comunicado las asambleas ciudadanas denunciaron con total claridad su postura, lo cual amerita que sea citado textualmente: “Desde ya le decimos que estamos enamorados de la vida, de nuestro territorio de nuestras culturas y que a fuerza de represión, contaminación, destrucción de las economías regionales y saqueo de los recursos naturales, hemos aprendido, nos hemos informado y estamos unidos y de pie para defender nuestro derecho a decidir cómo queremos vivir. Estamos cansados de que nos tomen el pelo, que nos mientan en la cara, que subestimen a los pueblos, que nos declaren pueblos sacrificables”.

En la etapa de los doce años en que el kirchnerismo estuvo en el poder, la lucha de las asambleas ciudadanas contra la megaminería a cielo abierto se ganó un espacio en el mapa de la resistencia política y social. En estos cincuenta días de gobierno macrista, desaparecieron rápidamente las dudas de que las luchas se irán intensificado. La resistencia a la megaminería tiene que volver a enamorar al pueblo argentino.

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Una fuga de cianuro afectó la cuenca del río Jáchal en San Juan, producto de la rotura de un caño que transporta cianuro a la mina Veladero, explotada por la Barrick Gold. La justicia ordenó suspender las actividades de la mina por cinco días, tras un amparo presentado por los vecinos.

Nuevamente la impunidad de las mineras provoca daños ambientales y contaminación en ríos. De nuevo la “fiebre del oro” pone en alerta a poblaciones y vecinos sin ningún tipo de protección ni resguardo legal. El gobierno de José Luis Gioja y la Barrick Gold otra vez cómplices de un incidente de contaminación en la cordillera sanjuanina. La movilización y asamblea popular vuelven a convertirse en símbolo de lucha y resistencia para la protección del ambiente.

Idas y vueltas en las declaraciones oficiales que tratan de minimizar el derrame y encubrir las consecuencias ambientales reiteran el debate público sobre las mineras en la Argentina y la protección que poseen de los gobiernos provincial y nacional.

Derrame y primeras voces

Domingo 13 de septiembre, 10 de la mañana. A través de mensajes de whatsapp comenzó la alerta a los vecinos de San José de Jachal, una pequeña localidad ubicada a 170 kilómetros al norte de la capital de San Juan. El mensaje alarmaba sobre un grave incidente en el yacimiento Veladero por la rotura de una cañería que traslada solución cianurada desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación (lugar donde se realiza la separación del mineral útil del estéril mediante el uso de solución cianurada). 15 mil litros de cianuro habían sido derramados al río Taguas proveniente de la mina de oro.

Por la noche, unas 300 personas se autoconvocaron frente a las puertas del municipio de Jáchal, donde el intendente Jorge Barifusa aseguraba que “los técnicos consideran que no se había producido contaminación del Río Jáchal”.

Por su parte, los vecinos reunidos en asamblea acordaron conformar una comisión para que reclame y supervise la realización de análisis de las aguas por parte de la Universidad Nacional de San Juan. A la vez que decidieron presentar un amparo ambiental ante la justicia.

Comunicado de la impunidad

El lunes 14, la empresa Barrick Gold emitió un comunicado en el que reconocía parcialmente el suceso: “Ayer Veladero reportó un incidente derivado de la rotura de una cañería que conduce solución cianurada, desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación”, pero aseguró que “NO HUBO CONTAMINACIÓN EN LOS RÍOS QUE CORREN EN LA CUENCA DEL RÍO JÁCHAL”. Sino que “sólo hubo daños materiales en una cañería que transporta cianuro, sin verse afectada la salud de los trabajadores”, y remarcó que no hubo contaminación en los ríos, información que circuló por las redes sociales y whatsapp”.

La minera indicó que frente al problema “se procedió a actuar de acuerdo al Plan de Manejo de Emergencias de la Mina Veladero y se tomaron todas las medidas para dar solución a la contingencia ocurrida” y agregó: “Queremos dejar absolutamente claro que solo hubo daños materiales en una cañería sin verse afectada la salud de los trabajadores” y que “se está investigando las causas del incidente y monitoreando todas las variables ambientales en la zona”.

La Barrick Gold confirmaba así que el conducto estaba pinchado, pero negaba que el cianuro haya llegado al río Jáchal. Por su parte, la Cámara Minera de San Juan salió a asegurar que es seguro tomar “hasta medio vaso” de agua mezclada con el líquido tóxico. Según Jaime Bergé, titular de la entidad minera de la provincia, “el cianuro en el manejo de las minas está en proporciones tan bajas que está alrededor del 7% al 8% en el agua. Hasta podes tomar medio vaso que no va a hacer nada. Está sumamente diluido”.

El Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo Ghiglione, explicó que se trató de “una falla técnica en una válvula” y que inconvenientes de este tipo no se registraron en los últimos 15 años. Según dijo, “el material salió del valle de lixiviación y fue hacia el rió Taguas, pero rápidamente se diluyó y actualmente el problema está solucionado”.

“No hay peligro para la población, se puede tomar agua en todos lados, y estamos haciendo los controles pertinentes para que no vuelva a pasar. Esto fue una falla mecánica, posiblemente de fabricación”, confirmaba ingenuamente el funcionario provincial.

El mismo gobernador, José Luis Gioja, principal lobbista de las empresas mineras en Argentina, ratificaba las declaraciones de los empresarios mineros “Fue contingencia técnica que fue controlada y que no generó problemas. Hay que llevarles seguridad a todos. Están todos los recaudos tomados, son cosas que pueden llegar a pasar”.

Rectificación oficial y Desmentida a la Barrick

El martes 15, a través de un comunicado oficial, el gobierno provincial informó que impulsará una denuncia penal por el derrame de cianuro en Veladero generado por la Barrick Gold.

Ratificando lo revelado por los vecinos de Jáchal sobre la contaminación de la cuenca del río Taguas, el propio gobierno comunicó a las comunidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto que eviten y/o limiten el consumo de agua proveniente del Río Blanco.

Antes de esto, se había comunicado oficialmente que “ya pasó el problema, que se controló los residuos en el río y que su agua es apta para la vida humana y acuática”.

Suspensión de las actividades en Veladero

Finalmente, este miércoles 16, Pablo Nicolás Oritja, juez de Jáchal, dio lugar al amparo presentado por los vecinos y ordenó suspender las actividades en el yacimiento Veladero de la empresa Barrick Gold. Además se establece que se distribuya agua apta para el consumo humano a todas las localidades afectadas de Jáchal e Iglesia a costa de la empresa minera.

El letrado ordenó también la inspección ocular de la mina Veladero a fin de constatar las condiciones de seguridad de los procedimientos de explotación que tengan relación con los hechos puestos en conocimiento.

Se designó al ingeniero en minas Daniel Hugo Cabrera, de la Universidad Nacional de San Juan, para que elabore un informe técnico y para constatar si hubo alguna afectación a la fauna silvestre, y al veterinario Mauro Pedernera, “con el objeto de que extraiga muestras cadavéricas de los órganos blandos de posibles animales muertos en la zona de la explotación minera”.

Asimismo, se solicitó la extracción de muestras de tierra de los lugares involucrados para que luego de su análisis, informe si se encuentran rastros de elementos químicos contaminantes y en su caso enumere y cuantifique las proporciones de los mismos.

Finalmente, el amparo que dio lugar el juez Oritja establece “Suspéndase el proceso de lixiviación que se realiza en la mina Veladero por el término de cinco días, plazo este en el que se deberá acreditar por parte de la empresa y constatar por el consultor técnico designado por este tribunal y demás organismos de control, el funcionamiento seguro del proceso de lixiviación reseñado”.

Veladero y Pascua Lama en San Juan, La Alumbrera en Catamarca, Mina Navidad en Chubut, Cerro Vanguardia en Santa Cruz, Calcatreu en Río Negro, Andacollo en Neuquén, Mina Pirquitas en Jujuy, San Jorge en Mendoza y Famatina en La Rioja. Algunos de los yacimientos megamineros a cielo abierto en Argentina. En cada uno de ellos, el lobby de los gobiernos provinciales y la complacencia del gobierno nacional han generado el deterioro del ambiente y el avasallamiento de los derechos ciudadanos a costa de las regalías mineras.

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Tras la ratificación de la justicia cordobesa y a pesar del reclamo de las cámaras empresarias mineras, la Ley 9526 sigue siendo constitucional. Se trata de la ley que prohíbe la minería metalífera en toda la provincia, resguardando el ambiente y el agua. Esta revalidación es un precedente fundamental para la defensa de la Ley 7722 en Mendoza.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ratificó la “plena constitucionalidad” de la Ley provincial Nº 9526. La misma fue sancionada el 24 de septiembre de 2008 por la Legislatura provincial y prohíbe la explotación minera a gran escala de sustancias metalíferas y radiactivas, bajo la modalidad a cielo abierto, con técnicas correspondientes al proceso de lixiviación con cianuro, mercurio u otras sustancias que tienen un impacto ambiental negativo e irreversible en cuencas hídricas y aguas subterráneas, así como en otros bienes y recursos ambientales y culturales.

En 2009 la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR) y de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) solicitaron la acción declarativa de inconstitucionalidad de la norma y que de esta manera se le permitiera la exploración y explotación minera en la provincia.

Voces legítimas

Mirta Antonelli, Dra. en Letras y coautora del libro “Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales”, manifestó su enorme satisfacción por la medida adoptada por el máximo órgano judicial provincial al ratificar la normativa vigente: “Es una enorme alegría saber que se ha defendido la constitucionalidad de la ley que prohíbe la minería con sustancias tóxicas en la Provincia de Córdoba. Después de seis años que el sector minero del uranio y la cámara minera presentaron una acción para declarar inconstitucional esta ley que fue sancionada por unanimidad en el 2008 y con una enorme legitimidad social. Hoy se salvó la fábrica de agua de Córdoba, hoy se salvaron todas las sierras de Córdoba”.

Por su parte, Cristina Arnulphi, directora del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA), perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba señaló que “la 9526 es muy importante ya que es una ley casi en su totalidad escrita y promovida por las asambleas ciudadanas del Valle de Punilla y del Valle de Traslasierra, y de la Ciudad de Córdoba. Una ley que ha sido el producto de mucho trabajo territorial y que dio origen a un gran movimiento asambleario que culminó con la sanción de esta ley en 2008 y que fue aprobada por unanimidad”. Y recordó además que “se juntaron más de 120.000 firmas para decirle al TSJ que no diera lugar a este recurso de inconstitucionalidad pedido por el sector empresarial minero”.

Marina Martinez Meijide, abogada de la asamblea ciudadana “Ongamira Despierta”, quien estuvo siguiendo todo el proceso de ratificación de la ley, señaló que “el TSJ ratificó las facultades que tiene la provincia en legislar en materia ambiental y en este caso prohibir directamente una técnica específica de tratamientos de minerales que no se ajusta a la legislación ambiental”.

Para Martinez Meijide esta ratificación no es sólo para Córdoba, sino para “varias provincias (Mendoza, Catamarca, Santa Cruz y Chubut) que vienen sufriendo desde hace años los perjuicios que Córdoba ha decidido nuevamente mantener lejos de la provincia”.

Finalmente la abogada de Ongamira Despierta indicó: “lo que se ratificó fue el derecho a la vida. El TSJ defendió la vida frente a los intereses económicos de unos pocos y eso es un claro mensaje que a la sociedad le hace mucha falta”.

Argumentos mineros

Dentro de las explicaciones del pedido de inconstitucionalidad de la ley vigente por parte de CEMINCOR y APCNEAN, esgrimen razones tales como “discriminación” ya que las sustancias que se prohíben en la minería son utilizadas en otras actividades industriales del territorio como por ejemplo: energía atómica, nuevas centrales nucleares, etc. Y que no puede “la Provincia de Córdoba prohibir la actividad minera” ya que es Nación quien regula la misma.

Además sostienen que la 9526 “afecta sus derechos constitucionales y su patrimonio” como así también “viola el sistema de propiedad y dominio minero y las formas de disposición del Estado sobre las minas”. Y consideran que el sistema de dominio del Código de Minería y de la Constitución Nacional no permite a la Provincia de Córdoba adoptar esta medida de resguardo ambiental, ya que dichas facultades “han sido expresamente delegadas por las provincias a la Nación”.

El fallo judicial

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia contiene 64 carillas y en él se demuestran los legítimos fundamentos para el resguardo ambiental de la provincia. Se argumentó que la plena vigencia de las restricciones establecidas por la ley 9526 es razonable ya que “el ambiente constituye un bien colectivo supremo”, que debe ser preservado.

El TSJ sentenció que la Ley 9526 fue dictada “dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en materia ambiental”, razón por la cual constituye “una norma complementaria a las nacionales en materia minera y que hace esencialmente al ejercicio del poder de policía reglamentario relativo a la cuestión ambiental”, desechando uno de los argumentos planteados por la cámara minera en su pedido de inconstitucionalidad.

Para los vocales de la justicia cordobesa hay un “consenso en la literatura respecto a que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, dado que “se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años”. Y además se apoyaron en el planteo del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes habían postulado que “está comprobado empíricamente que la actividad minera que se desarrolla a ‘cielo abierto’, con utilización de procedimientos químicos, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos”.

En el fallo, el TSJ tuvo en cuenta la nefasta experiencia minera en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en la Mina “Schlagintweit”, también denominado yacimiento “Los Gigantes”, cuya contaminación perdura hasta la actualidad. Y de los residuos del complejo fabril creado en 1952, donde se efectuaron actividades de concentración de uranio y desarrollo de procesos asociados y donde funcionaba la planta de producción de dióxido de uranio, operada por Dioxitek y un equipo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Por estos antecedentes, replicaron los magistrados, “existirían sobrados argumentos para justificar la preocupación en proveer o dotar a la Provincia de un adecuado marco legal regulatorio de la política ambiental que debe respetarse por sobre cualquier otra clase de derechos”.

Defensa del agua

Dentro de los argumentos más sólidos del fallo, se encuentra la protección del agua como un bien “único e irreemplazable para toda la humanidad”. Y que requiere “instrumentos de protección de naturaleza jurídica”. Desde ese punto de vista, recordaron que “los niveles de consumo de agua son altísimos con este método extractivo a cielo abierto”.

Inclusive mencionaron estudios estadísticos donde se da cuenta del consumo descomunal que la minería a cielo abierto utiliza: “se ha afirmado que una de estas minas puede gastar entre 50.000 y 300.000 litros de agua por minuto una vez en actividad”, destacaron los vocales del TSJ y subrayaron que, según un informe que obra en la causa, “en la mina La Alumbrera (Catamarca) se consumen 100.000.000 de litros por día y en la Veladero (San Juan), unos 70.000.000 litros diarios”.

Respaldo a la Ley 7722 mendocina

La ratificación de constitucionalidad de la Ley 9526 y su plena vigencia, sienta un precedente para otras provincias que ven amenazadas sus leyes provinciales ante presiones “del lobby empresarial mega minero así como de los funcionarios que anteponen los intereses del lucro empresarial a la vida humana, al ambiente sano y a los bienes que son patrimonio comunitario”.

Este es el caso de Mendoza a raíz de que la Suprema Corte mendocina decidió no llamar a audiencia pública por los pedidos de inconstitucionalidad de la Ley Provincial 7722 conocida como “Ley del agua”.

La Asamblea del Pueblo de Alvear, elaboró un documento bajo el lema “Defender la Ley 7722 es defender el agua, defender el agua es defender Mendoza”, en defensa de la norma recordando a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y al pueblo mendocino que “la ley ambiental 7722 es constitucional ya que concuerda con el artículo 41 de la Constitución Nacional”.

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Un recorrido por los distintos conflictos sociales que vive el Perú, focalizados en diversas regiones pero con un sello en común: la defensa del territorio y los recursos naturales frente al avance de las trasnacionales, apoyadas por el gobierno y un fuerte aparato represivo.

“Régimen minero militar” (1), “régimen empresario militar” (2), “gobierno minero” (3). Así, diversos analistas políticos, militantes e intelectuales intentan caracterizar el régimen de gobierno, pero incluso aún más el propio régimen de poder que se ha ido configurando en el Perú desde que se erigió el pacto hegemónico inaugurado con el fujimorismo entre grupos de poder, los llamados “poderes fácticos”, que prevalece aún después de la recuperación de la democracia. No obstante, es necesario mencionar que el sector extractivo, particularmente el minero, ha cobrado una gran importancia así como el despliegue policial-militar puesto a su servicio. En este momento, una provincia del Perú se encuentra en estado de emergencia a causa de las protestas contra el proyecto minero Tía maría, y en varias regiones que se han sumado a las manifestaciones las fuerzas armadas están autorizadas para ayudar a la policía a “resguardar el orden interno”.

Luego de la caída del fujimorismo, y con el fuerte ascenso de los precios de las materias primas, y por tanto con la centralidad que fue ocupando especialmente la minería en el “milagroso” crecimiento macroeconómico peruano, la relevancia de las empresas mineras trasnacionales y nacionales en las decisiones políticas del gobierno, en la influencia sobre la opinión pública a través de los grandes medios cada vez más concentrados, en la producción normativa y una serie de mecanismos represivos para garantizar la inversión minera y extractiva, se ha vuelto central.

De esta manera, lo que se abrió tras la caída del fujimorismo como una “transición democrática” ha devenido crecientemente en un régimen con fuertes connotaciones autoritarias, al igual que el gobierno dirigido por Ollanta Humala, quien se instaló en 2011 como resultado de una exigencia popular de reformas políticas y económicas pero se ha convertido en garante de la continuidad y la posible extensión del pacto hegemónico en los próximos años.

Tiempos de resistencias

Importantes conflictos sociales en torno a los territorios, el uso y la renta generada de sus recursos naturales, han marcado al gobierno de Humala. Aunque tengan un hito previo importante en el “Baguazo”, que fue la culminación sangrienta de una larga protesta de los pueblos indígenas amazónicos contra decretos que facultaban la venta y concesión de bosques, así como de sus tierras para la explotación minera e hidrocarburífera sin que se respete su derecho a la consulta. El “Baguazo” significó la muerte de decenas de peruanos entre policías e indígenas aunque también la derrota de esos decretos que se enmarcaban en la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos por parte del gobierno de Alan García.

De esta manera, el Estado ha llevado una suerte de guerra a los territorios que ha costado la vida de casi dos centenares de peruanos entre los gobierno de García y Humala, la mayoría en manos de las “fuerzas del orden” que son consideradas inimputables por ley cuando las muertes se dan en “cumplimiento del deber” o se producen producto del uso de armas reglamentarias. Protestar en rechazo a la instalación de un proyecto minero, exigir que la riqueza extraída beneficie a la población o rechazar los abusos laborales en el Perú puede costar la vida.

El gobierno de Humala se inició con el sonado conflicto en rechazo al proyecto aurífero Conga en la región de Cajamarca (zona andina norteña) y ahora parece estar terminando con la lucha social en rechazo al proyecto cuprífero Tía Maria de la Southern en el Valle agrícola de Tambo, en la Provincia de Islay, región de Arequipa (costa sur). Sin embargo, otros conflictos han sacudido al gobierno provocando la caída de varios gabinetes. Uno de ellos es el de Espinar, una provincia cusqueña que convive conflictivamente con la minería y que ha tenido persistentes conflictos con la empresa Xtrata. Las causas: la contaminación y también la exigencia de la población por obtener recursos provenientes de las utilidades de dicha empresa.

Otro caso es el de la ciudad de Marcona en la región Ica, en la que, tras la privatización de la empresa estatal Hierro Perú, se instaló la empresa China Shougang, con una serie de privilegios otorgados por el gobierno de Fujimori como el control territorial de gran parte de la ciudad, de varios servicios públicos, pero además una serie de abusos laborales amparados en un régimen terciarizado. Recientemente estalló un conflicto debido al despido de trabajadores mineros de empresas contratistas tras su exigencia de reconocimiento de similar estatus al de los trabajadores contratados directamente por Shougang. A esta protesta se sumó toda la localidad por los permanentes abusos de la empresa.

Saqueo y represión

Varios elementos comunes recorren estas protestas sociales: una gran movilización y ocupación territorial por parte de la policía y también en algunos casos militar. En un país en el que día a día se vive una permanente zozobra por la acción del crimen organizado, el Estado moviliza a miles de agentes para respaldar a las empresas y ponerlas bajo su mando, al extremo que muchas comisarías funcionan en instalaciones de dichas empresas. La muerte de personas por armas de fuego utilizadas por la policía es otro elemento común que revela la dimensión de la represión desencadenada. Debemos agregar la persecución, criminalización y judicialización de los dirigentes sociales, así como la intervención del Estado a los gobiernos locales o regionales que toman partido por la población a través del congelamiento de sus cuentas.

Con el fin del ciclo de crecimiento producto de la caída de los minerales, con una economía adicta a las divisas provenientes de su exportación, los poderes fácticos dominantes no han tenido mejor idea que profundizar la desregulación ambiental, laboral, tributaria, y de acceso a la propiedad no formalizada de las comunidades indígenas y campesinas hoy desprotegidas jurídicamente debido a la indolencia histórica del propio Estado. Esto a través de paquetes legislativos presentados y aprobados en un Parlamento obsecuente, compuesto por varios congresistas cuyas campañas fueron financiadas por fundaciones de empresas mineras.

De esta manera, el Perú se viene convirtiendo en una suerte de mapa de archipiélagos territoriales controlados por grandes empresas en alianza con el gobierno que ejercen funciones estatales, no sólo políticas o “militares”, sino de inversión con recursos públicos a través de las llamadas obras por impuestos y las iniciativas público-privadas impulsadas por el gobierno central para “dinamizar la economía”, pero también para legitimar a las empresas frente a la población o eximirlas de impuestos.

Si bien es cierto que las movilizaciones y protestas sociales han sido importantes, estas carecen de articulación o de algún tipo de representación política, además de concentrarse principalmente en las áreas rurales, lo que impide que, al menos por ahora, puedan convertirse en la base de una alternativa política. Por otra parte, en una economía marcada por la informalidad, ante la ausencia del Estado y la destrucción del tejido organizacional popular por las lógicas mercantiles consumistas, porciones también importantes de los territorios vienen siendo utilizadas como plataformas de poderes y economías delictivas o no reconocidas, que también han empezado a jugar un rol relevante. Este es el Perú que se ha construido luego de más de 20 años de neoliberalismo y de varios años de crecimiento económico.

1- Santiago Pedraglio http://bit.ly/1GG5uWO

2- Raúl Wiener http://bit.ly/1Fi9UOd

3- Francisco Durand http://bit.ly/1IeaOO3

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