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	<title>Militarización &#8211; Marcha</title>
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	<description>Periodismo popular, feminista y sin fronteras</description>
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	<title>Militarización &#8211; Marcha</title>
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		<title>Colombia: “En Arauca hemos sufrido los rigores de la guerra de todas sus formas”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marcha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 13:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin Fronteras]]></category>
		<category><![CDATA[Arauca]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia Informa]]></category>
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					<description><![CDATA[Este 2 de enero distintas organizaciones del departamento de Arauca, en Colombia, declararon emergencia humanitaria en la región, debido al incremento de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Sin embargo, el contexto que abarca la violencia actual en esta región es mucho más amplio. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;"><i>Este 2 de enero distintas organizaciones del departamento de Arauca, en Colombia, declararon emergencia humanitaria en la región, debido al incremento de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Sin embargo, el contexto que abarca la violencia actual en esta región es mucho más amplio. </i></span></p>
<p><strong><span style="font-size: 14pt;">Por Colombia Informa | Fotos: Trochando sin Fronteras</span></strong></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Arauca, un departamento ubicado al oriente del país, reúne distintos proyectos minero – energéticos y una de las tasas más altas de soldados por cantidad de habitantes. Además, cuenta con un amplio abanico de organizaciones sociales y populares que históricamente han luchado por la permanencia en el territorio. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Durante los últimos días esta región ha sido el escenario de confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, lo cual ha desatado una emergencia humanitaria que tiene un saldo de 27 personas muertas, además de un número indeterminado de retenidas y desplazadas. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra fue la primera organización en alertar sobre esta situación y desde ese momento ha acompañado a las comunidades. Conversamos con Sonia López, representante de la Fundación, acerca del contexto que envuelve al departamento y que trasciende la coyuntura. </span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><b><i>Muchos medios de comunicación han atribuido la emergencia humanitaria en Arauca a los enfrentamientos entre ELN y disidencias de las FARC. ¿Qué otros elementos de contexto consideras que son relevantes tener en cuenta para entender lo que está pasando? </i></b></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Colombia se desenvuelve en una dinámica social, política y económica internacional, determinada por el modo de producción capitalista, quienes han determinado para cada país unas tareas específicas de acuerdo a sus intereses de acumulación; a nuestro país le han designado la tarea de proveedor de materias primas. En ese sentido nuestros territorios se han convertido en objetivo para el saqueo y despojo de los bienes de la naturaleza y para lograr esos objetivos de acumulación capitalista, el Estado colombiano, servil a los imperios, ha desatado una estrategia de agresión contra el pueblo colombiano, sus organizaciones sociales y su proyecto de vida. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Arauca tiene unas características particulares: su riqueza en bienes de la naturaleza (petróleo, agua y biodiversidad), apetecibles para el capital nacional y extranjero, es frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela, por lo que nuestro territorio se convierte en geoestratégico en el marco de la guerra imperialista y sus planes injerencistas e intervencionistas contra el hermano país. El movimiento social y popular en Arauca tiene un histórico tejido social que ha resistido y materializado su Plan de Vida bajo la consigna de defensa de la vida y permanencia en el territorio, hecho por el cual hemos sido estigmatizados, perseguidos y criminalizados, vistos por el Estado colombiano y como “enemigos internos” en el marco de la doctrina de seguridad nacional.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><b><i>¿Cómo se ha traducido esto en la vida y la permanencia de las comunidades en la región?</i></b></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Aquí hemos sufrido los rigores de la guerra de todas sus formas: por un lado un histórico abandono estatal en materia de inversión social, al punto de que lo que existe en Arauca en materia de infraestructura en salud, vías, educación, es producto de las jornadas de movilización social que han llevado al Estado a hacer esas inversiones. Hemos sido declarados por el Estado colombiano como laboratorio de guerra y aquí se han implementado las diversas estrategias de una supuesta lucha contrainsurgente, contra el terrorismo y antidrogas entre otras. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Nos han estigmatizado, nos declararon zonas de rehabilitación y consolidación, se quiso consolidar el proyecto paramilitar, nos aplicaron las diversas fases de fumigaciones aéreas y militarización en el marco del plan Colombia; nos han masacrado, han desarrollado el eje de ejecuciones extrajudiciales con más de cien casos documentados y denunciados. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Nos han judicializado y encarcelado masiva y selectivamente; desde el 2002 hasta la fecha contamos por lo menos 353 compañeros judicializados y/o encarcelados, en promedio 18 dirigentes, líderes comunitarios y defensores de DDHH por año. A esto se suma las consecuencias del conflicto armado que durante el 2021 dejó por lo menos 150 asesinatos selectivos, personas retenidas y otras heridas, afectaciones a los bienes civiles, entre otras.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Casi cuarenta años de exploración y explotación petrolera no se ven compensadas en la vida digna para los araucanos, al contrario, tenemos una hecatombe social, humanitaria, económica y ambiental. Las corporaciones petroleras tienen responsabilidad en el financiamiento de esta guerra y en la criminalidad contra el movimiento social. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Hemos denunciado la financiación económica a la fuerza pública y a las estructuras de apoyo de la fiscalía, siendo estos responsables de desarrollar y ejecutar los montajes judiciales contra los líderes, lideresa y defensores de derechos humanos. Además de financiar económicamente mediante convenios de cooperación a la fiscalía, policía y ejército, las petroleras se han declarado como víctimas dentro de los procesos penales seguidos contra los líderes judicializados.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">Esta situación tiende a empeorar con la implementación de nuevos proyectos petroleros en Saravena, Arauquita, Tame y Fortul, cuestión que coincide con la implementación de las denominadas zonas estratégicas de intervención integral o zonas futuro, que no son más que la continuidad del plan Colombia y su plan guerrerista, en el que el mayor componente es de carácter militar. Con el poco componente social a través de programas asistencialistas se pretende limpiar la imagen de la fuerza pública, bastante desprestigiada por los más de 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales y las masacres en el marco de las movilizaciones.</span><i><span style="font-weight: 400;"><br />
</span></i><i><span style="font-weight: 400;"><br />
</span></i><b><i>¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno Nacional en lo que ocurre actualmente en Arauca? </i></b></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">El Estado es el único responsable de garantizar los derechos humanos, por tanto, en la situación del país y de Arauca el Gobierno, como representante del Estado, es responsable por acción y omisión. Por un lado, no garantiza las mínimas condiciones de subsistencia para la mayoría de colombianos, así lo demuestran los altos índices de pobreza, pobreza extrema y desempleo. Por otra parte, ha agenciado y desarrollado estrategias de criminalización con la que han cobrado la vida, libertad, integridad de personas, pueblos y territorios. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Frente al conflicto armado no ha tenido la voluntad para cumplir los mínimos acordados en el marco del acuerdo de paz.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">Tampoco ha cumplido los acuerdos pactados con el movimiento social en el marco de las diversas movilizaciones y espacios de interlocución.</span><i><span style="font-weight: 400;"><br />
</span></i><i><span style="font-weight: 400;"><br />
</span></i><b><i>¿Cuál es la postura de la Fundación Joel Sierra frente a la militarización del territorio como respuesta a problemáticas sociales?</i></b></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">En Arauca como en el resto del país se libra un conflicto que es social, político y armado, que tiene unas causas estructurales basadas en la desigualdad e inequidad generada por el modo de producción capitalista, que deben superarse y que mientras esas causas persistan la violencia va a estar a la orden del día.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Arauca es un territorio altamente militarizado, hay más de 9 mil militares, además de la policía y la armada. Esa militarización no ha estado al servicio de proteger la vida, integridad, bienes y proyectos de la población araucana, sino al servicio de los intereses del capital nacional y extranjero, principalmente al cuidado de la infraestructura petrolera. Si la militarización fuera la solución a la crisis humanitaria del territorio ya se hubiera solucionado. </span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><b><i>¿Cómo se refleja esto en el contexto actual?</i></b></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Esta situación que se presenta estos últimos días en Arauca viene siendo usada por el Estado para seguir justificando la alta militarización y con ello la agresión contra las comunidades y sus proyectos, y como forma de seguir preparando el terreno a los planes injerencistas e intervencionistas contra Venezuela, para los cuales este territorio es geoestratégico. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Resulta que, a años de abandono estatal en inversión social, de alta violación a los derechos humanos, de saqueo y despojo, el Estado, el Gobierno Nacional y la fuerza pública, se quieren mostrar como protectores de la población civil araucana, pero que su real interés es proteger y garantizar sus objetivos económicos en el territorio, pues no es coincidencia que preciso los dos nuevos batallones llegan a zonas donde se desarrollan nuevos proyectos petroleros.  </span></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-53811" src="http://www.marcha.org.ar/wp-content/uploads/2022/01/14100013-630x354.jpg" alt="" width="630" height="354" srcset="https://marcha.org.ar/wp-content/uploads/2022/01/14100013-630x354.jpg 630w, https://marcha.org.ar/wp-content/uploads/2022/01/14100013-1024x576.jpg 1024w, https://marcha.org.ar/wp-content/uploads/2022/01/14100013-1536x864.jpg 1536w, https://marcha.org.ar/wp-content/uploads/2022/01/14100013-2048x1152.jpg 2048w, https://marcha.org.ar/wp-content/uploads/2022/01/14100013-640x360.jpg 640w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><b><i>¿Cómo han respondido históricamente las comunidades y los procesos sociales a este contexto de extractivismo y vi</i></b></span><span style="font-size: 14pt;"><b><i>olación sistemática de los Derechos Humanos?</i></b></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Las comunidades en el departamento de Arauca a años de abandono estatal en inversión social, de violencia estructural y directa, y pese a las consecuencias del conflicto armado, se han organizado en los diversos sectores y procesos sociales alrededor de un Plan de Vida, que contiene las apuestas políticas, propuestas, programas y proyectos con los cuales han venido haciendo las transformaciones sociales, políticas y económicas para la vida digna y la permanencia en el territorio. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Así, en el día a día se siguen materializando y fortaleciendo los proyectos en defensa de la salud como es la red pública hospitalaria, la medicina ancestral y tradicional, la educación pública y de calidad en los diversos niveles; el fortalecimiento de la producción campesina, por lo que se sigue insistiendo en la agro industrialización, se le apuesta a la terminación de la planta procesadora de plátano, leche, agro insumos, y al fortalecimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios para la producción agroecológica de alimentos, cuidado del agua y el entorno natural. Además, se apuesta por la prestación de servicios públicos a través de empresas comunitarias como ECAAAS ESP, EMCOAFOR, ECADES, entre otras.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Le seguimos apostando a la Paz entendida como la vigencia plena de los derechos. Por ello, en el día a día el Plan de Vida del movimiento social se convierte en nuestra propuesta de Paz, una paz que se refleje en condiciones reales para la permanencia en el territorio en condiciones de dignidad.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><b><i>¿Qué acciones se han tomado desde las organizaciones sociales y comunitarias para hacer frente a lo que está pasando?</i></b></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Frente a los últimos hechos, comprometidos con nuestro legado de defensa de la vida y el territorio, hemos estado visibilizando la situación, llamando a las autoridades municipales y departamental, a los organismos humanitarios y a la comunidad internacional para acompañar las iniciativas que desde las comunidades se han propuestos en razón de proteger la vida y garantizar la permanencia en el territorio.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">También, alentando a las comunidades para fortalecer el tejido comunitario y los mecanismos de autocuidado para la protección de la vida y el territorio.</span></p>
<p>&nbsp;</p>

<p><a href="https://marcha.org.ar/colombia-en-arauca-hemos-sufrido-los-rigores-de-la-guerra-de-todas-sus-formas/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colombia: El retorno del terror paramilitar</title>
		<link>https://marcha.org.ar/colombia-el-retorno-del-terror-paramilitar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 15:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin Fronteras]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Giordano]]></category>
		<category><![CDATA[Iván Duque]]></category>
		<category><![CDATA[Militarización]]></category>
		<category><![CDATA[paramilitarismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
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					<description><![CDATA[La aparición de cuerpos de jóvenes decapitados en el marco de la represión frente a las protestas, junto a las amenazas contra políticos progresistas, evocan los peores tiempos de la violencia paramilitar en Colombia.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;"><em style="font-size: 14pt;">La aparición de cuerpos de jóvenes decapitados en el marco de la represión frente a las protestas, junto a las amenazas contra políticos progresistas, evocan los peores tiempos de la violencia paramilitar en Colombia.</em></span></p>
<p><strong style="font-size: 14pt;">Por Eduardo Giordano* | Foto: Sebastián </strong><span style="font-size: 18.6667px;"><b>Gutiérrez</b></span><em style="font-size: 14pt;"><br />
</em></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Desde el comienzo del Paro Nacional, la represión de las protestas sociales dejó de ser en Colombia un asunto exclusivo de la fuerza pública. En los últimos meses han entrado en escena diversos actores paramilitares que actúan en consonancia con los objetivos del gobierno y el ministerio de Defensa, que está a cargo de la Policía. Los videos de francotiradores vestidos de civil, acompañados e instigados por policías, circularon velozmente en la redes sociales y en pocas horas dieron la vuelta al mundo.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Las disparos de paramilitares contra manifestantes tuvieron especial intensidad en Cali. A finales de mayo, desde varias camionetas blancas alineadas en formación militar, se disparó  contra una concentración de la Minga indígena, causando una docena de heridos y heridas. Las camionetas se retiraron del lugar escoltadas por motos de la policía. Y ese mismo día, los ocupantes de otra camioneta blanca asesinaron a dos manifestantes en un punto de bloqueo en Tuluá, municipio cercano a Cali. También se reportó otra masacre de cuatro personas en la misma localidad un día antes, en este caso de jóvenes manifestantes secuestrados por grupos paramilitares (Águilas Negras y AGC). En otras ciudades del país, como Pereyra, ocurrieron hechos similares.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Esta visibilidad inmediata de la intervención paramilitar en la represión contra los manifestantes implica un profundo cambio en la percepción social de la naturaleza y legitimidad de la violencia estatal, delegada parcialmente en grupos paramilitares. Como<a href="https://ctxt.es/es/20210601/Firmas/36407/colombia-paro-nacional-movilizaciones-violencia-duque.htm" target="_blank" rel="noopener"> <span style="color: #0000ff;">ha observado Camila Esguerra</span></a>, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia: “Estamos presenciado una paramilitarización del conflicto social sin precedentes, pues imágenes de la connivencia entre fuerzas armadas estatales y civiles armados están siendo grabadas y transmitidas en vivo”.  </span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">En realidad, esta visibilización es posible porque el conflicto social se produce en el contexto urbano, donde además de periodistas hay decenas de teléfonos móviles registrando las imágenes. Las masacres de población civil y los asesinatos de líderes y lideresas sociales son constantes en las zonas rurales, pero quedan invisibilizados porque no hay quien los registre y difunda.</span></p>
<h2><span style="font-size: 18pt;">Los jóvenes decapitados</span></h2>
<p><span style="font-size: 14pt;">En los últimos meses aparecieron en distintos lugares de Colombia varias cabezas de jóvenes decapitados/as. En algunos casos se especuló con que podría tratarse de manifestantes vinculados a las protestas sociales y el Paro Nacional. En poco más de dos meses, hay constancia de seis apariciones macabras de estas características, seis cabezas cortadas y dejadas a la vista de todos, apenas envueltas en sábanas o bolsas de plástico, como trofeo criminal de una perversidad sin límites que evoca las peores épocas de los crímenes paramilitares que se creían ya superadas.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La primera decapitación reciente fue la de una joven cuya identidad no fue revelada por ser menor de edad, cuya cabeza fue hallada el 21 de mayo en una bolsa de plástico dejada en un contenedor de basura de un colegio, en el barrio Kennedy de Bogotá. Aunque los medios de comunicación informaron del horrendo hallazgo sin profundizar, un <a href="https://www.momento24.co/bogota-cabeza-decapitada-mujer-hallada-kennedy/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;">medio digita</span>l</a> añadió una pista útil para contextualizar el hecho: “Cabe mencionar que la localidad de Kennedy ha sido escenario de fuertes enfrentamientos en los últimos 25 días, por lo que se establecerá si la persona es una de las reportadas como desaparecidas”.   Hay que recordar que varias organizaciones de Derechos Humanos, incluida la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), denunciaron ante la ONU a fines de junio la desaparición de 327 personas en dos meses de Paro Nacional. Los cuerpos sin vida de algunos de estos desaparecidos fueron hallados en las aguas del río Cauca o en cañaduzales. A finales de agosto, pasados cuatro meses desde el comienzo del Paro, la Mesa Nacional sobre Desaparición Forzada denunció que aún no se sabía el paradero de 60 personas desaparecidas en el contexto del Paro Nacional.</span></p>
<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>En los últimos meses aparecieron en distintos lugares de Colombia varias cabezas de jóvenes decapitados/as. En algunos casos se especuló con que podría tratarse de manifestantes vinculados a las protestas sociales y el Paro Nacional</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">El departamento del Valle del Cauca y su capital, Cali, fueron epicentro de las protestas. Varias de las víctimas de decapitaciones son de este departamento, aunque por ahora es difícil comprobar el vínculo de cada caso con la situación social y política. El 15 de junio se produjo un doble asesinato con decapitación de ambas víctimas en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Se trataba de los jóvenes afrodescendientes Cristian Andrés Mesa, de 25 años, y Edwin Gutiérrez, de 24 años, cuyas cabezas fueron arrojadas en una bolsa de plástico negra a una vía pública desde una motocicleta y a cien metros de un CAI de la policía. Sus cuerpos aparecieron más tarde en una zona boscosa alejada de ese lugar.<span style="color: #0000ff;"> </span><a href="https://www.elpais.com.co/judicial/hallan-dos-cabezas-en-una-bolsa-plastica-abandonada-en-el-barrio-rojas-de-tulua.html" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;">Las autoridades policiales afirman</span></a> que el degollamiento habría sido un mensaje enviado por narcotraficantes a otros mafiosos, un ajuste de cuentas entre bandas de delincuentes. La investigación sigue abierta.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La siguiente cabeza cortada apareció el 19 de junio y se identificó como perteneciente a<span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="https://www.eltiempo.com/colombia/cali/santiago-ochoa-asi-era-el-joven-decapitado-en-tulua-597792" target="_blank" rel="noopener">Santiago Ochoa</a>,</span> un joven del municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Aunque se dijo que participaba en la primera línea y que había sido capturado por el Esmad mientras se desplazaba en bicicleta, <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.semana.com/nacion/articulo/violencia-en-el-valle-del-cauca-hallaron-otro-cuerpo-decapitado/202148/" target="_blank" rel="noopener">una tía declaró</a> </span>que “ni él hacía parte de la primera línea, ni tuvo nada que ver con las marchas o bloqueos, ni fue detenido por la Policía o amenazado nunca. Él simplemente trabajaba en una ferretería y salió a la hora del almuerzo y desapareció”. La cabeza de Santiago también estaba envuelta en una bolsa de plástico y fue dejada en el antejardín de una vivienda por un sicario que se desplazaba en motocicleta. Justificadamente o no, Santiago se convirtió en un símbolo de las protestas a través de las redes sociales y su cabeza cortada ilustró la sevicia de la represión contra los jóvenes manifestantes.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Tuluá fue una localidad muy golpeada por la violencia policial, militar y paramilitar contra las protestas. Los jóvenes Hernán David Ramírez y Jimmy Hernández no fueron decapitados, pero aparecieron (uno flotando en el río, el otro en un cañaduzal), con evidentes señales de tortura y de haber sido asesinados de manera lenta y despiadada. La familia de Jimmy asegura que él tampoco participaba en las protestas, que el 28 de junio salió de su casa en bicicleta y desapareció. Su cuerpo apareció con las manos y los pies atados, cuatro días más tarde de haber sido asesinado.</span></p>
<div class="mediia resumen reportaje">
<div class="resumen-dentro">
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<div class="responsively-lazy"><span style="font-size: 14pt;"><img class="card-img-top figure-img" src="https://www.elsaltodiario.com/uploads/fotos/h600/80f74c65/Foto3_V%C3%ADctorLinares_Repor.jpg?v=63789167273" srcset="/uploads/fotos/h400/80f74c65/Foto3_V%C3%ADctorLinares_Repor.jpg?v=63789167273 1.25x" alt="colombia revuelta cali" data-srcset=" /uploads/fotos/h100/80f74c65/Foto3_V%C3%ADctorLinares_Repor.jpg?v=63789167273 100w, /uploads/fotos/h200/80f74c65/Foto3_V%C3%ADctorLinares_Repor.jpg?v=63789167273 200w, /uploads/fotos/h300/80f74c65/Foto3_V%C3%ADctorLinares_Repor.jpg?v=63789167273 300w, /uploads/fotos/h400/80f74c65/Foto3_V%C3%ADctorLinares_Repor.jpg?v=63789167273 400w, /uploads/fotos/h600/80f74c65/Foto3_V%C3%ADctorLinares_Repor.jpg?v=63789167273 600w, /uploads/fotos/h800/80f74c65/Foto3_V%C3%ADctorLinares_Repor.jpg?v=63789167273 800w, /uploads/fotos/h1000/80f74c65/Foto3_V%C3%ADctorLinares_Repor.jpg?v=63789167273 1000w, /uploads/fotos/h1500/80f74c65/Foto3_V%C3%ADctorLinares_Repor.jpg?v=63789167273 1500w, /uploads/fotos/h2000/80f74c65/Foto3_V%C3%ADctorLinares_Repor.jpg?v=63789167273 2000w" /></span></div>
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</div>
<p><span style="font-size: 14pt;">La quinta cabeza cercenada corresponde cronológicamente a un líder social del Pacífico colombiano, Luis Picasio Carampaima, dirigente de la comunidad indígena Embera del resguardo Catrú, decapitado el 1 de julio en el municipio de Alto Baudó (Chocó) por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo paramilitar que emergió tras la disolución de las antiguas AUC de los hermanos Castaño. </span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">El impacto de estos hechos no debe ocultar la dimensión total de la tragedia que vive el país: con el asesinato de Luis Picasio se alcanzó la escandalosa cifra de 84 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en los primeros seis meses de 2021 (y 112 hasta el 24 de agosto, según datos de Indepaz). Más de 1.200 asesinatos desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. Crímenes perpetrados en su mayor parte por los paramilitares, que en lo que va del año 2021 también asesinaron a 34 ex combatientes de las Farc reincorporados a la vida civil.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">El recurso a esta metodología siniestra nos retrotrae a las épocas salvajes en que los sicarios de las AUC jugaban al fútbol con las cabezas de sus víctimas, como ocurrió en la masacre de El Salado (Bolívar) de febrero de 2000 —hubo una anterior en 1997—, en la que 450 paramilitares al mando de Salvatore Mancuso torturaron y ejecutaron a más de un centenar de campesinos y campesinas indefensas a lo largo de una semana, despedazándolos y degollándolos con motosierras a la vista de todos, en la plaza, la Iglesia y la cancha de fútbol. En la masacre habría intervenido un capitán de corbeta de la Armada, Héctor Pita, investigado por la Fiscalía. Después de la masacre de 1997 se produjo el desplazamiento forzoso de toda la población, 7.000 habitantes, de la cual regresó poco más de la mitad. Después de la segunda masacre, 4.000 campesinos volvieron a abandonar sus hogares. </span></p>
<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>En los viejos tiempos del terror paramilitar, las motosierras, decapitaciones y desmembramientos eran frecuentes. La táctica de decapitar y desmembrar se utilizaba para enviar un mensaje aterrador a la población rebelde, que se oponía a su control territorial</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">En los viejos tiempos del terror paramilitar, las motosierras, decapitaciones y desmembramientos eran frecuentes. La táctica de decapitar y desmembrar se utilizaba para enviar un mensaje aterrador a la población rebelde, que se oponía a su control territorial, y para forzar el desplazamiento de los pobladores y apropiarse de sus tierras. Uno de esos grupos era el de los ‘Mochacabezas’, como se autodenominaban algunos escuadrones paramilitares de las AUC de aquella época. Y que ahora resurgen, misteriosamente con el mismo nombre, como supuestos grupos de “limpieza social”. Así por ejemplo, en el municipio de Coveñas (Sucre), el 5 de junio de 2021 distribuyeron<span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="https://chicanoticias.com/2021/06/08/vuelven-los-panfletos-de-los-mochacabezas-en-covenas/" target="_blank" rel="noopener">panfletos con amenazas de muerte</a></span>, en los que advierten a la vecindad: “¿PENSARON QUE ERA UN JUEGO? … FALTAN MÁS MUERTOS … SABEMOS DONDE ESTÁN Y LES LLEGAREMOS”, y señalan a varias personas y familias de seis localidades de la zona rural Bellavista, incluido todo un equipo de fútbol. </span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Entre tanto, Organizaciones de Derechos Humanos<span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="https://www.contagioradio.com/lider-indigena-luis-picasio-carampaima-fue-decapitado-por-las-agc/" target="_blank" rel="noopener">han denunciado</a></span> que en Colombia “se están desarrollando operaciones de control social y territorial ligadas al narcotráfico, por parte de estructuras paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sin que se desarrollen acciones militares o judiciales para el desmonte de estas estructuras”.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La sexta decapitación fue el 25 de julio, día en que<a href="https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/27/cabeza-encontrada-en-el-valle-del-cauca-es-de-un-barrista-del-deportivo-cali/" target="_blank" rel="noopener"> <span style="color: #0000ff;">apareció la cabeza cortada de otro joven</span></a> en la puerta de una vivienda de la zona de Andalucía (Valle del Cauca). Pertenecía a Yeisson Soto Gutiérrez, de 21 años, y estaba envuelta en una sábana.  A los dos días apareció su cuerpo en un cañaduzal. Yeisson fue identificado por la policía como “barrista del Frente Radical Verdiblanco, movimiento en apoyo al Deportivo Cali”. La policía dejó entrever una motivación mafiosa al lanzar sus hipótesis sin pruebas, denigrando la memoria de la víctima, y<span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="https://www.alertabogota.com/noticias/nacional/hallan-el-cuerpo-sin-cabeza-de-un-pelao-de-21-anos-en-valle-del-cauca" target="_blank" rel="noopener">así lo transmitió la prensa</a></span>: “Las autoridades manejan como hipótesis del caso un posible ajuste de cuentas producto de las rentas criminales asociadas con el microtráfico”. </span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Hay que franquear estas cortinas de humo para poder atar cabos. Por los datos que tenemos de estos jóvenes, que eran muy diferentes entre sí, lo único que tendrían en común es que no formaban parte de las marchas, o al menos no se los llevaron en ese contexto. Esto se deduce del testimonio de los familiares. De modo que si hay alguna coincidencia en los hechos, es que todos ellos parecen elegidos al azar por sus captores-asesinos, sin nada que los vincule directamente a las protestas.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">¿Y eso con qué finalidad? En el marco de la estrategia para aterrorizar a la población y frenar las protestas, la aparición de cabezas cortadas provoca sin duda un tremendo efecto de shock. Conmociona y paraliza. Muchos dirigentes políticos y sindicales se preguntarán hasta dónde están dispuestos a llevar el pulso contra el gobierno. No importa de quién fueran esas cabezas, si eran de manifestantes o no. Su irrupción en el espacio público es un presagio de futuras masacres.</span></p>
<h2><span style="font-size: 18pt;">Represión y asesinato de estudiantes</span></h2>
<p><span style="font-size: 14pt;">Un joven estudiante de música de la Universidad del Cauca, Esteban Mosquera, fue asesinado en agosto por paramilitares en la ciudad de Popayán, capital del departamento, junto a su domicilio. Esteban era bien conocido como líder estudiantil y sufrió la pérdida de un ojo durante una protesta en el 2018 a causa de una granada aturdidora lanzada por el Esmad. Sus compañeros de universidad<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.infobae.com/america/colombia/2021/08/24/quien-era-esteban-mosquera-el-lider-estudiantil-asesinado-en-el-cauca/" target="_blank" rel="noopener"> informaron</a></span>: “Esteban fue capturado ilegalmente dos veces por la Policía en las movilizaciones del paro nacional, a pesar de que se identificaba como periodista, porque participaba en un colectivo de comunicaciones alternativas de la universidad”.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La existencia de nexos entre la fuerza pública y los actores paramilitares se materializa con frecuencia en la historia de Colombia. En un documental realizado por la Universidad de Nariño se explica con todo detalle cómo opera el terror paramilitar amparado por la policía y el ejército. Entre 2000 y 2003, las actividades que realizaban los paramilitares “lograron generar terror en la comunidad universitaria” de Nariño, produjeron numerosos desplazamientos y culminaron con el asesinato de cuatro estudiantes y un trabajador de la universidad.  El informe retrospectivo del centro académico concluye: “En la planeación y concreción de estos actos la complicidad de miembros de la fuerza pública fue determinante. Su vínculo con grupos paramilitares se materializó en el intercambio de información, en el señalamiento a la comunidad universitaria de integrar supuestas redes de apoyo a las guerrillas y en la infiltración de los paramilitares en la comunidad universitaria”.</span></p>
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<div class="responsively-lazy"><span style="font-size: 14pt;"><img class="card-img-top figure-img" src="https://www.elsaltodiario.com/uploads/fotos/h600/c3bf34d8/IMG_3594%20copia.jpg?v=63790014618" srcset="/uploads/fotos/h400/c3bf34d8/IMG_3594%20copia.jpg?v=63790014618 1.25x" alt="Juan Bautista Jaramillo" data-srcset=" /uploads/fotos/h100/c3bf34d8/IMG_3594%20copia.jpg?v=63790014618 100w, /uploads/fotos/h200/c3bf34d8/IMG_3594%20copia.jpg?v=63790014618 200w, /uploads/fotos/h300/c3bf34d8/IMG_3594%20copia.jpg?v=63790014618 300w, /uploads/fotos/h400/c3bf34d8/IMG_3594%20copia.jpg?v=63790014618 400w, /uploads/fotos/h600/c3bf34d8/IMG_3594%20copia.jpg?v=63790014618 600w, /uploads/fotos/h800/c3bf34d8/IMG_3594%20copia.jpg?v=63790014618 800w, /uploads/fotos/h1000/c3bf34d8/IMG_3594%20copia.jpg?v=63790014618 1000w, /uploads/fotos/h1500/c3bf34d8/IMG_3594%20copia.jpg?v=63790014618 1500w, /uploads/fotos/h2000/c3bf34d8/IMG_3594%20copia.jpg?v=63790014618 2000w" /></span></div>
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<div class="bajo d-flex flex-items--end align-items--end false">
<div class="d-flex align-self--end justify-content--center"><span style="font-size: 14pt;">En un encuentro propiciado por la Comisión de la Verdad para analizar las consecuencias que tuvo el conflicto armado en la Universidad de Nariño, celebrado en agosto de 2021, dos ex jefes de las AUC en la región declararon y pidieron perdón por sus crímenes. Aunque sus declaraciones deben leerse entre líneas, estos dos paramilitares adscritos al Bloque Libertadores del Sur, Guillermo Marín y Aníbal Gómez, admitieron haber cometido el asesinato de los cuatro estudiantes y revelaron que la información para realizarlos “provenía de la inteligencia del Ejército”. </span><span style="color: #0000ff;"><a style="font-size: 14pt; color: #0000ff;" href="http://xn--%20https-ixd//www.youtube.com/watch?v=gHN1CY3l_Vs" target="_blank" rel="noopener">Gómez aseguró</a></span><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"> </span>que a ellos no les constaba que los estudiantes tuvieran relación con grupos ilegales, pero un sargento del Ejército colombiano le entregó en mano “la lista de estudiantes [a los] que había que quitarles la vida”, y añadió: “Si uno dijera motivos para la muerte de los estudiantes, pues, primero, el dedo señalador de la inteligencia militar, y segundo, las informaciones que pasaban los mismos estudiantes que resultaron siendo parte de las AUC”.</span></div>
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<p><span style="font-size: 14pt;">El asesinato premeditado de Esteban Mosquera en Popayán parece haber tenido las mismas intenciones que motivaron las muertes de estudiantes universitarios dos décadas atrás, cuando “el miedo como instrumento emocional de control logró instalarse en la comunidad universitaria, frenando significativamente el ingreso de nuevos estudiantes a las organizaciones políticas y diezmando las acciones de movilización”, en palabras de los relatores del caso de la Universidad de Nariño.</span></p>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><strong>Los planes de asesinar al gobernador del Magdalena</strong></span></h2>
<p><span style="font-size: 14pt;">El gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, debió abandonar Colombia el 19 de agosto tras denunciar ante la Fiscalía un plan paramilitar para asesinarlo. Esta denuncia fue ratificada por altos oficiales de la policía y el ejército, quienes dos días antes sostuvieron una reunión virtual con la “fuente confiable” citada por el gobernador. Simultáneamente a estos hechos, en sectores populares de Santa Marta aparecieron grafitis en los que se anuncia la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la organización paramilitar que pretendería cometer este crimen político. En un mensaje publicado el 26 de agosto, el gobernador explica así la situación: “Salí del país por información de fuente confiable de un plan inminente de las AGC o Clan del Golfo para atentar contra mi vida; salí para evitar que se consumara el plan”, escribió en Twitter.  </span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Oriundo del municipio de Aracata (Magadalena, al pie de la Sierra Nevada), Carlos Caicedo militó desde muy joven en partidos políticos de izquierda que confluyeron en la Unión Patriótica, la organización exterminada por el paramilitarismo. Tras haber sido rector de la Universidad del Magdalena durante seis años, y a pesar de varios juicios con testimonios fraguados en su contra con los que intentaron doblegarlo, Caicedo afianzó su carrera política como alcalde de Santa Marta, capital del departamento, donde su gestión fue muy bien valorada. A finales de 2019 fue elegido gobernador del Magdalena con el 58 % de los votos, consolidando a su partido Fuerza Ciudadana como primera formación política del departamento. Es el único gobernador con perfil progresista de los 32 departamentos colombianos.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Al poco tiempo de ser nombrado gobernador, Caicedo desmanteló negocios de las viejas oligarquías regionales cercanas al uribismo y atacó frontalmente al poder de los carteles narco-paramilitares que operan principalmente en la Sierra Nevada, en particular el clan de “los Pachenca”, sucesores del llamado Bloque Resistencia Tayrona de las AUC y que ahora se autodenominan Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Carlos Caicedo reclamó con insistencia a Iván Duque que se dejara de considerar a este grupo como “delincuencial común” y se lo incluyera en la categoría de Grupo Armado Organizado (GAO), como corresponde a los grupos paramilitares y de narcotraficantes. En una entrevista publicada por<i> El Tiempo</i> en mayo de 2020,<span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/carlos-caicedo-denuncia-infiltraciones-de-los-pachenca-en-la-fuerza-publica-del-magdalena-498000" target="_blank" rel="noopener">Caicedo denunciaba</a></span> que ese “grupo criminal estaba recibiendo información directa de la Policía y el Ejército, lo que ha facilitado su desarrollo de actividades ilícitas y su fortalecimiento”.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La existencia de estas filtraciones ya fue denunciada al gobernador por el líder social Alejandro Llinás, poco después asesinado. Llinás aseguraba que las cartas que él enviaba a la Gobernación con información de irregularidades —como el cobro de “peajes” en áreas turísticas de Santa Marta— eran filtradas tanto a la policía como a la organización criminal. Su asesinato es prueba mayor de esas filtraciones. Una<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://360-grados.co/investigaciones/24-una-maquina-paramilitar-intimida-a-santa-marta" target="_blank" rel="noopener"> investigación</a> </span>del portal <i>360 grados</i>, publicada en diciembre de 2020, traza el perfil de este líder social y ecologista asesinado y caracteriza a sus verdugos:</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">“Llinás denunciaba lo que todos saben y callan por miedo: en esa zona del Magdalena existe un gobierno paralelo. Mandan las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), conocidas también como Los Pachencas; una estructura narcoparamilitar heredera del clan de Hernán Giraldo, dueña de la zona desde fines de los ochenta, que ha mutado sin perder su esencia: asesinatos contra líderes sociales, extorsiones, despojo de tierras, apropiación de rutas y rentas del narco, control social, amenazas y dominio del territorio”.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Al denunciar estos hechos, Caicedo ofreció a la Fiscalía todo el apoyo de la administración departamental para desmantelar al grupo Los Pachenca, al que responsabiliza del asesinato de más de 80 líderes sociales durante los últimos años en el Magdalena.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Las denuncias del gobernador obligaron al presidente Iván Duque a actuar. A comienzos de septiembre Duque anunció, con gran despliegue informativo, la captura de Norberto Quiroga Poveda, “Alias 5-5”, considerado el máximo cabecilla del rebautizado Grupo Delincuencial Organizado (GAO) de ‘Los Pachenca’. Duque presentó la operación como “un triunfo de la Fuerza Pública” tras definir a “Alias 5-5” como un “asesino de líderes sociales, masacrador, narcotraficante y, también, involucrado en redes de proxenetismo”. En cualquier caso, poco después de la captura de “Alias 5-5”, un narcotraficante de su misma calaña, “Alias 5-7”, escapaba de la cárcel de alta seguridad tras un traslado a una visita médica. En Colombia es frecuente que los capos narcos paguen por salir de la cárcel por la puerta principal. Con tales antecedentes, la captura en sí no asegura que el jefe paramilitar vaya a ser juzgado y mucho menos que cumpla una condena.</span></p>
<blockquote><p><span style="font-size: 18pt;"><strong>los planes paramilitares de asesinar a políticos opositores, incluido el gobernador rebelde del Magdalena, muestran que el límite de la democracia en Colombia es que nunca gobierne un político progresista, en ningún lugar del país, si no quiere acabar pagando con su vida</strong></span></p></blockquote>
<p><span style="font-size: 14pt;">Mientras tanto, el presidente Duque abandonó a su suerte la seguridad del gobernador del Magdalena. El jefe jurídico de la gobernación, José Humberto Torres, indicó que el gobernador debió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de disposición del Estado colombiano para garantizar su seguridad. La Unidad Nacional de Protección, que es un organismo estatal de seguridad, “literalmente nos está vendiendo la protección”, dijo Torres, ya que obliga a la gobernación a pagar por ella. Esta situación contrasta vistosamente con la protección oficial que recibió “Alias 5-5” mientras realizaba todas sus actividades criminales hasta el momento de su detención.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">El gobierno de Iván Duque insiste en que el esquema de seguridad de Caicedo es el mejor del país, argumento en el que coinciden con él los paramilitares de las AGC. En un “Comunicado a la opinión pública” los propios criminales niegan su intención de asesinar al gobernador: “Han informado los medios de comunicación que como producto de las supuestas amenazas de las AGC el señor Caicedo ha abandonado el país a pesar de que posee un vigoroso esquema de seguridad […]. Queremos hacer un llamado a la opinión pública para que no crea en estas mentiras que dicen políticos en evidencia por su pésima gestión.”. </span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La organización narco-paramilitar goza de tanta impunidad que se permite lanzar un mensaje político como si tuviera entidad legal. En el territorio del Magdalena y otros departamentos del Caribe “hay una alianza básica entre los Pachenca y el Clan del Golfo para dividirse el territorio” en la captura y administración de rentas ilícitas,<span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="https://soundcloud.com/uninortefm/en-todos-cuentan-fantasmas-del-paramilitarismo-en-la-costa" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;">afirma el periodista de Barranquilla César Molinares</span></a>,</span> experto en el tema. “No hay conflicto entre ellos mientras se respetan los acuerdos, en caso contrario hay ajustes de cuentas&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Deudores del poder político que les permite operar en el territorio, los clanes mafiosos se pagan con sus servicios sicariales. El gobernador ahora exiliado por la amenaza paramilitar responsabiliza directamente al uribismo: “Hago responsable al presidente y Uribe si las AGC atentan contra mi vida; uno por crear clima de desprecio a mi Gobierno y al pueblo del Magdalena en favor de la impunidad de grupos paramilitares, y el otro por azuzar a la extrema derecha en contra nuestra y de la izquierda colombiana”. Y para rematar la idea sin dejar sombra de duda, Caicedo añade otro trino: “El Uribismo expresado en sus clanes políticos-narco paramilitares han tratado de liquidarme moral y judicialmente con sus órganos de control, me han detenido injustamente, hecho todo tipo de montajes, y campañas difamatorias; ninguna les ha funcionado. Ahora planean asesinarme.”</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">En el siniestro cálculo político que articula el accionar paramilitar, la ejecución, el desmembramiento y la decapitación de jóvenes en un contexto de protesta social produce un tremendo impacto emocional desmovilizador. Del mismo modo, los planes paramilitares de asesinar a políticos opositores, incluido el gobernador rebelde del Magdalena, muestran que el límite de la democracia en Colombia es que nunca gobierne un político progresista, en ningún lugar del país, si no quiere acabar pagando con su vida. Caicedo reveló que Gustavo Petro, el candidato de Colombia Humana con mayor intención de voto en las próximas elecciones, también estaría en la mira de estos grupos paramilitares.</span></p>
<hr />
<p><em>(*) Publicada originalmente en <a href="https://www.elsaltodiario.com/colombia/colombia-retorno-terror-paramilitar">El Salto</a></em></p>

<p><a href="https://marcha.org.ar/colombia-el-retorno-del-terror-paramilitar/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Territorios militarizados: Colombia e Israel en la estrategia geopolítica de Estados Unidos</title>
		<link>https://marcha.org.ar/territorios-militarizados-colombia-e-israel-en-la-estrategia-geopolitica-de-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 13:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Fronteras]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
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					<description><![CDATA[Los procesos de resistencia en Colombia y Palestina encuentran un común denominador: La militarización como estrategia de control norteamericano]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;"><i><span style="font-weight: 400;">La brutal represión de las protestas sociales que estallaron durante las últimas semanas en Colombia y Palestina responde en cada caso a la idiosincrasia propia de su país, pero apunta a un mismo objetivo: aterrorizar y escarmentar a la población para sofocar la disidencia como parte de los entramados geopolíticos en los que se inscriben sus estrategias de seguridad.  </span></i></span></p>
<p><strong><span style="font-size: 14pt;">Por Eduardo Giordano</span></strong></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">La protesta social en Colombia es sofocada por el gobierno del presidente Iván Duque masacrando a las y los manifestantes con el Ejército y la policía. La rebelión palestina es reprimida en la franja de Gaza con todo el poder de fuego del Ejército israelí, incluyendo ataques de la aviación y bombardeos de artillería. Los proyectiles israelíes derriban edificios enteros a la vista del mundo, con la misma impunidad con que la policía colombiana y los paramilitares disuelven las marchas ciudadanas disparando a la multitud. Durante el actual Paro Nacional en Colombia ya hubo más de 50 manifestantes asesinados y asesinadas por la fuerza pública y un policía muerto al reprimir un saqueo. En los 11 días de bombardeos de la franja de Gaza y lanzamiento de misiles de Hamás hacia Israel, murieron 232 palestinos (de los cuales 67 eran niños) y 12 israelíes (2 niños). En ambos casos, el desequilibrio en el balance de víctimas refleja claramente la desproporción de fuerzas entre un estado militarizado y su población civil indefensa.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Aunque la situación de ambos países no sea en muchos aspectos comparable, existen varias coincidencias que nos permiten indagar sobre posibles vasos comunicantes de esta tragedia humana de violencia extrema que sufren, simultáneamente, en plena pandemia de covid19. Antes de profundizar al respecto, conviene resaltar la singularidad de cada proceso de conformación de la identidad nacional: Colombia con su historia jalonada de guerras civiles y con un estado que ejerció el terrorismo desde tiempos inmemoriales para eliminar la disidencia y centralizar la posesión de las tierras y los recursos naturales; Israel con su militarismo exacerbado y la peculiar complejidad que se deriva de la naturaleza colonial de la ocupación de Palestina. </span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">En el plano de las similitudes, apuntemos en primer lugar que ambos países, a pesar de ser formalmente democráticos, practican el terrorismo de estado cuando masacran a la  población civil indefensa, un crimen de lesa humanidad característico de las formas de gobierno dictatoriales. Otra importante coincidencia es la intervención de sectores sociales que, además de vitorear la represión estatal, aspiran a hacer justicia con sus propias manos; como aquellos civiles que disparan en Colombia contra los grupos de indígenas para expulsarlos de Cali,</span><span style="font-weight: 400;"> o las/los judíos xenófobos que protagonizan una vergonzosa noche de los cristales rotos </span><span style="font-weight: 400;">contra comercios de árabes israelíes o linchamientos de taxistas palestinos.</span></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Hay cierta semejanza en el determinante racista que tienen estas agresiones. La represión en Colombia se focaliza en Cali, una de las ciudades con mayor población afrodescendiente de América, capital del Valle del Cauca, y donde las comunidades indígenas reafirman constantemente su identidad y cultura, como es el caso de los Misak. La discriminación de estas comunidades “racializadas” y empobrecidas a lo largo de décadas, su desplazamiento y aniquilación por grupos armados y el abandono ancestral por parte del Estado es el caldo de cultivo que alienta las protestas, reprimidas salvajemente por el gobierno de Iván Duque.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">En el caso de Israel, la ofensiva devastadora va dirigida contra las y los palestinos de la franja de Gaza, pero también alcanza indirectamente a las y los árabes israelíes, dos millones de habitantes cada vez más discriminados en su propio país por no ser ciudadanos de pleno derecho. La ley de Nacionalidad aprobada en 2018 a instancias de Benjamín Netanyahu consagra como única lengua oficial al hebreo y da carta de naturaleza al expansionismo de los colonos judíos: “El estado ve el desarrollo del asentamiento judío como un valor nacional y actuará para alentar y promover su establecimiento y consolidación” (artículo 7). También establece en su artículo 3 que Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Un año después de aprobada esta ley, el gobierno de Donald Trump anunció que dejaba de considerar ilegales los asentamientos judíos en Cisjordania. Tiempo más tarde trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén, violando así resoluciones de la ONU, en un gesto que enfureció a las y los palestinos y a todo el mundo musulmán.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Por otra parte, en ambos países existen millones de desplazados por los conflictos bélicos, y aún hoy continúan los desplazamientos de legítimos pobladores/as y la usurpación de sus tierras. En el caso de Colombia, los depredadores se valen de grupos paramilitares o del propio Ejército para extender las fronteras de sus negocios ilícitos expulsando a los campesinos e indígenas. El Estado de Israel se edificó sobre la catástrofe (la Nakba) que supuso la expulsión de 750.000 palestinos, y aun hoy la justicia permite el derribo de viviendas palestinas para ceder el terreno a colonos judíos que supuestamente eran propietarios de ese suelo antes de la creación del Estado de Israel. Una justicia que no se aplica a la inversa, impidiéndoles a los palestinos recuperar sus tierras.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">No hay otros países en nuestros días en los que se produzca una permanente expansión de las fronteras internas, como ocurre en Colombia e Israel. En ambos casos, el expansionismo de los sectores dominantes sobre las poblaciones subalternas impone formas de ocupación del territorio características del siglo XIX, cuando las naciones americanas independientes, herederas del etnocentrismo europeo, pretendían consolidar su integridad territorial con la “conquista del oeste” norteamericano o la “conquista del desierto” en el cono sur. El desierto, tal como lo veían las élites blancas, era un vasto e inconmensurable territorio que debía ser arrabatado a los indígenas para incorporarlo a las haciendas de los caudillos y militares criollos que se atrevían a conquistarlo. Este proceso colonizador y de expansión de fronteras concluyó en la mayor parte de América hace mucho tiempo, excepto en Colombia, donde hay más de seis millones de campesinas y campesinos desplazados, expulsados de su tierra, y cada semana se informa de nuevas incursiones de grupos armados que provocan más desplazamientos.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">El investigador chileno Rodrigo Karmy, que estudió los fundamentos filosóficos de la noción de “pueblo elegido” y sus implicaciones políticas <span style="font-size: 10pt;">(1)</span>,</span><span style="font-weight: 400;"> considera al movimiento sionista como una “proyección del colonialismo europeo” en Oriente Medio. En su opinión, no existiría un conflicto religioso ni cultural entre personas judías y musulmanas, sino como consecuencia del colonialismo implícito en la expansión territorial del Estado de Israel. Esta tesis no es nueva, también la suscriben en un libro de conversaciones dos judíos de renombre internacional, el lingüista Noam Chomsky y el historiador israelí Ilan Pappé, quienes asumen que el Estado de Israel practica de forma sistemática la limpieza étnica al despojar a los palestinos de su territorio <span style="font-size: 10pt;">(2)</span>.</span></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><b>Racismo, ultraderechismo y terrorismo de estado</b></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">A pesar de estas similitudes, hay diferencias sustanciales derivadas de la historia de cada uno de estos países. Las características demográficas de Israel, cuya población judía es minoritaria en una región geográfica de mayoría árabe y musulmana, dan lugar a un contexto específico insoslayable. Esto alimenta, desde el origen del Estado de Israel, la ideología de atraer a las y los judíos de la diáspora como objetivo geopolítico prioritario. Aunque esta población con derecho a la nacionalidad israelí siempre será numéricamente inferior a la de sus vecinos musulmanes, su número está en permanente crecimiento -con altísimas tasas de natalidad entre los religiosos ultra ortodoxos- y las fronteras “judías” avanzan día a día sobre tierras palestinas, en Cisjordania y Jerusalén, mediante la construcción de nuevos asentamientos o el derribo y la reapropiación de viviendas palestinas.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">En Israel hay dos poblaciones que comparten territorio pero no una misma identidad nacional. No hay lugar al cruce de identidades en una misma formulación estatal. La alternativa de crear dos estados resulta ya un espejismo, mientras el único estado existente devora el territorio del otro estado supuestamente embrionario. Los palestinos de Gaza y Cisjordania son ajenos a la condición de ciudadanía de la que gozan los ciudadanos judíos. Tampoco tienen derecho a la ciudadanía plena los árabes israelíes (palestinos/as) por su condición de no judíos/as. Muchos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han advertido sobre la situación de </span><i><span style="font-weight: 400;">apartheid</span></i><span style="font-weight: 400;"> en la que viven estas comunidades musulmanas bajo las leyes del Estado de Israel. Dentro de Israel actúa B’Tselem, una organización hebrea que denuncia “el avance y la perpetuación de la supremacía de un grupo -judíos- sobre otro -palestinos-<span style="font-size: 10pt;"> (3)</span>.</span></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">En Colombia, paralelamente, las clases acomodadas llaman a la policía y el ejército a masacrar manifestantes para acabar con los bloqueos vinculados al paro. En algunas ciudades, como Cali, la represión estatal y  paraestatal adquiere tintes racistas. Entran en acción los grupos paramilitares, que desde varias camionetas Toyota blancas alineadas en formación militar disparan contra los manifestantes indígenas de la Minga que llegan a la ciudad, provocando una docena de heridos. Los vehículos atacantes -todos de color blanco, como la vestimenta de sus ocupantes- se retiran del lugar escoltados por motos de la policía. Para justificar esas operaciones paramilitares, las élites caleñas realizan falsas denuncias de ataques a sus propiedades por parte de los indígenas. Un caso de racismo extremo es el de una médica que escribe en una red social a sus colegas: “Dan ganas de que vengan las Autodefensas y acaben literalmente con unos 1.000 indios, así poquitos nada más para que entiendan”. El 25 de mayo, a pocos días del primer mes de paro, un sector de la sociedad caleña (la </span><i><span style="font-weight: 400;">gente de bien</span></i><span style="font-weight: 400;"> para el gobierno) salió a las calles vestido de blanco y con pañuelos blancos, en una llamada Marcha del Silencio, para reclamar “libertad para trabajar” y el fin de los bloqueos. Esa misma noche en Tuluá, cerca de Cali, se produce la espectacular quema del Palacio de Justicia en una acción atribuida al vandalismo pero que en realidad fue planificada y coordinada, según afirmó el alcalde, y en las inmediaciones del lugar murió un joven estudiante por disparos de arma de fuego. Hay denuncias de que los encapuchados que incendiaron ese edificio histórico actuaron en connivencia con la policía, en una operación de </span><i><span style="font-weight: 400;">falsa bandera</span></i><span style="font-weight: 400;"> que benefició a los </span><i><span style="font-weight: 400;">capos</span></i><span style="font-weight: 400;"> del narcotráfico cuyos legajos desaparecieron. A medianoche, en una acción de grupos paramilitares, los ocupantes de una camioneta blanca asesinaron a dos manifestantes en un punto de bloqueo <span style="font-size: 10pt;">(4).</span></span></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">A diferencia del régimen de </span><i><span style="font-weight: 400;">apartheid</span></i><span style="font-weight: 400;"> de Israel, Colombia no discrimina jurídicamente por estatus de ciudadanía a las y los indígenas o afrodescendientes, ni a la juventud pobre de los suburbios urbanos, pero con frecuencia los extermina como población desechable. Darío Monsalve, arzobispo de Cali considerado “comunista” por la ultraderecha colombiana, asegura que “en Colombia persiste una mentalidad de &#8216;limpieza social&#8217; o de lo que yo he llamado &#8216;genocidio generacional&#8217; entre los más pobres&#8221;. La sociedad bien pensante, la </span><i><span style="font-weight: 400;">gente de bien</span></i><span style="font-weight: 400;">, les envía los escuadrones de la muerte para que cometan “asesinatos ecológicos” o “muertes con sentido social&#8221; <span style="font-size: 10pt;">(5)</span>.</span></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">Históricamente, y en particular desde la década de 1980, el Estado colombiano ha delegado la represión de la disidencia social en diversos grupos paramilitares. La etapa más agresiva de estos grupos se desarrolló con la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lideradas por los hermanos Castaño, que centralizaron su accionar y sembraron el terror entre la población rural, participando entre otros crímenes en el genocidio político de la izquierdista Unión Patriótica (UP). Las AUC contaron con entrenamiento directo de oficiales de espionaje y ex militares del ejército israelí. El periodista Alberto Donadio reveló en enero de 2021 que durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) fue contratado un alto oficial de inteligencia israelí, Rafi Eitan, pagado con fondos opacos de Ecopetrol, quien habría aconsejado “eliminar” a todos los miembros de la UP a través de grupos paramilitares que él mismo se ofreció a crear <span style="font-size: 10pt;">(6)</span>.</span><span style="font-weight: 400;"> El asesor de Barco no era una figura irrelevante, ya que en su currículum destaca el haber dirigido la captura del mayor criminal de guerra nazi huido a Sudamérica, Adolf Eichmann, en Buenos Aires en 1960. Otro ex militar y conocido mercenario israelí, Yair Klein, tuvo un papel destacado en el entrenamiento y suministro de armas de guerra a los paramilitares colombianos en aquellos mismos años. Al publicarse la investigación de Donadio, la UP solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que citara a declarar al general Rafael Samudio Molina, ministro de Defensa de la época, así como al empresario de seguridad israelí Yair Klein en condición de “mercenario en el genocidio”.</span></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">Esos grupos paramilitares no solo aprendieron a asesinar a opositores políticos y a enfrentar a las guerrillas de izquierda sustituyendo en esta misión al estado colombiano. También adquirieron la habilidad de conquistar tierras productivas para grandes terratenientes de la ganadería extensiva y el cultivo de la palma africana, expulsando a la población local por encargo de hacendados que se apropian del territorio intimidando a sus legítimos propietarios para ensanchar sus fincas a precios de saldo. Muchos de estos desplazamientos afectan a pueblos indígenas o afrodescendientes, que se ven obligados a abandonar su hábitat por el temor que les infunden los sicarios paramilitares. Esta forma de terror fue especialmente cruel en Urabá y otros municipios de Antioquia durante la segunda mitad de los años noventa, bajo el gobierno de Álvaro Uribe<span style="font-size: 10pt;"> (7).</span></span><span style="font-weight: 400;">  </span></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Esta dinámica de desplazamiento de grandes masas de población rural, que afecta a varios millones de colombianos, ha continuado con mayor o menor intensidad durante las presidencias de Uribe (2002-2010), Santos (2010-2018) y Duque.  Aun hoy, en muchos lugares de Colombia se expulsa a las y los indígenas o se los asesina (y en particular a sus líderes sociales) para robarles el territorio, y así extender las nuevas formas de colonización: la frontera cocalera, ganadera, de la palma&#8230; La frontera “productiva” avanza sobre las culturas nativas y destruye la biodiversidad gracias a los desplazamientos masivos de población, inducidos por las masacres.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">El reclutamiento de jóvenes para convertirlos en sicarios de los grupos paramilitares es incesante. A finales de abril, Norma Vera Salazar, defensora de Derechos Humanos del departamento de Magdalena, denunció que en la Sierra Nevada de Santa Marta el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra estaraba reclutando menores de 15 a 17 años procedentes de Venezuela, uniformándolos y pagándoles un sueldo por incorporarse a ese grupo criminal<span style="font-size: 10pt;"> (8)</span>.</span><span style="font-weight: 400;"> Y durante el mes de mayo, en una operación que muchos consideran vinculada a la represión del paro nacional, antiguos paramilitares de las AUC desmovilizados en 2005 denunciaron que fueron localizados por las Autodefensas para que volvieran a integrar sus filas. &#8220;Están como locos reclutando gente”, declaró a Radio Caracol uno de ellos, que fue acosado en Risaralda -donde viven unos 600 paramilitares desmovilizados- tras haber cambiado varias veces de domicilio, y que denunció a la Fiscalía porque “ellos son los únicos que tienen esa información” para identificar a los antiguos sicarios <span style="font-size: 10pt;">(9)</span>.</span><span style="font-weight: 400;"> </span></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><b>Alianzas político-militares con Estados Unidos</b></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">A pesar de la naturaleza claramente diferenciada de cada proceso histórico, existe una coincidencia fundamental entre ambos países: tanto Colombia como Israel son los principales aliados estratégicos de Estados Unidos en sus respectivos continentes y los mayores receptores regionales de ayuda militar estadounidense. Colombia cuenta con al menos siete bases militares norteamericanas en su territorio (de las 70 bases que Washington tiene desplegadas en América Latina), sus fuerzas armadas realizan operaciones conjuntas con asesores del Comando Sur en enfrentamientos contra las guerrillas o el narcotráfico y es el único país latinoamericano que tiene un acuerdo de colaboración con la OTAN. Desde el año 2000 hasta 2016, Colombia recibió 9.500 millones de dólares, de un total de 20.500 millones de ayuda militar para toda América Latina. Esta ayuda triplica la cantidad entregada al segundo receptor de la región, México (2.900 millones de dólares), que comparte con Colombia el carácter de país prioritario en la “guerra contra las drogas”. Durante 2020 la ayuda militar a Colombia alcanzó los 330 millones de dólares. Aunque esa cuantiosa asistencia militar oficialmente se destina a la lucha antinarcóticos, esta siempre sirvió como pantalla para la intervención militar estadounidense en el conflicto armado colombiano<span style="font-size: 10pt;"> (10)</span>.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">En el caso de Israel, primer aliado estadounidense en el mundo no anglófono, las magnitudes de la asistencia militar son de una escala superior. La ayuda militar al estado hebreo, de unos 3.000 millones de dólares anuales, se incrementó en 2016, al final del gobierno de Barak Obama, con la aprobación de un paquete de 38.000 millones de dólares distribuidos en los 10 años sucesivos. Esta ayuda sirve para equipar al ejército israelí con cazas ultramodernos y se destinan 500 millones de dólares anuales a financiar el escudo antimisiles para blindar el espacio aéreo de Israel.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Durante los 11 días de bombardeos de la franja de Gaza por parte del ejército israelí, Estados Unidos bloqueó varias resoluciones presentadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU para frenar la ofensiva. No fue una sorpresa, porque la comunidad internacional está acostumbrada al veto de Washington en todo lo que afecte a Israel. A lo largo del año 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas emitió 17 resoluciones contrarias a Israel, según el recuento de un organismo próximo al gobierno israelí. Entre ellas, una resolución aprobada en diciembre referida a la ilegalidad de explotar los recursos naturales en los territorios ocupados, tanto de los palestinos en Cisjordania como de los sirios en los Altos del Golán. Varias resoluciones reclaman a Israel que se retire de los territorios que ocupa y le exigen fijar sus fronteras internacionales. Pero estas resoluciones de la Asamblea tienen solo un carácter simbólico, no son vinculantes. En el Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento, Estados Unidos ejerce su poder de veto para evitar que se condene el carácter criminal de las ofensivas del ejército israelí.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">Los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, sin distinción de partidos, han vetado hasta 45 resoluciones de condena del Consejo de Seguridad de la ONU por todo tipo de abusos y violaciones de soberanía cometidos por el Estado de Israel, dos tercios de los cuales se refieren al conflicto interno con el pueblo palestino <span style="font-size: 10pt;">(11) (12)</span>.</span> <span style="font-weight: 400;"> Esta situación mantiene de forma permanente el status quo, impidiendo al Consejo tomar medidas efectivas para impedir las masacres de población civil palestina. Los representantes de Washington ante la ONU alegan que “Israel tiene derecho a defenderse”, tal como acaba de hacerlo el presidente Joe Biden para justificar el veto actual.</span></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">En la cuenta de los desequilibrios de la región de Oriente Medio hay que sumar también que las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, han permitido que Israel desarrollase capacidades de armamento nuclear en instalaciones secretas, fuera del riguroso escrutinio de las inspecciones internacionales a las que se somete a su adversario persa cada vez que añade un puñado de centrifugadoras a sus instalaciones de uso civil. Este poderío, conocido aunque no explicitado, dota a Israel de una capacidad disuasoria que no es meramente defensiva, ya que le permite atacar instalaciones militares o civiles en países vecinos y no temer represalias. Recordemos que el ejército israelí ha bombardeado abiertamente centrales nucleares de Iraq, Siria e Irán sin que la comunidad internacional hiciera nada por impedirlo.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><b>Geopolítica, petróleo, drogas y armamento</b></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Israel y Colombia constituyen dos grandes plataformas militares desde las que Estados Unidos y sus aliados controlan la temperatura social y política de los respectivos escenarios regionales. Ambos tienen una ubicación geográfica privilegiada, muy próximos a los principales pasos estratégicos del comercio internacional, el canal de Suez y el canal de Panamá. Además, ambos países son territorio de frontera con las mayores reservas de petróleo del planeta. En el caso de Colombia, aparte de sus propias reservas, la vecina Venezuela cuenta con las mayores reservas mundiales comprobadas. En el caso de Israel, la vecindad es con los grandes productores de la OPEP, que extraen una tercera parte de los hidrocarburos que se consumen en todo el mundo. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, el control de la producción y circulación de los recursos energéticos fue una pieza central de la estrategia geopolítica estadounidense para el despliegue de su ejército en el exterior. Las principales multinacionales del sector, muchas de capital estadounidense, aunque también europeo, se cuentan entre las primeras compañías del mundo por capitalización bursátil. Las llamadas “guerras del petróleo”, encadenadas década tras década en Oriente Medio y principalmente en el Golfo Pérsico, no solo sirvieron para saquear los recursos de los países productores; también incidieron en la fijación del precio del petróleo, favoreciendo los intereses de esas mismas corporaciones cuando merman sus beneficios por exceso de oferta con caída del precio del barril. Los bombardeos en Oriente Medio siempre alientan la especulación en los mercados de futuros petrolíferos, ya que la cotización remonta en razón de la inestabilidad que genera la situación bélica.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Por otra parte, el despliegue de bases militares de Estados Unidos en Colombia se efectuó como una pieza clave de la lucha antinarcóticos de Washington en el país con la mayor extensión de cultivos de coca, pero su enfoque puramente represivo fue un fracaso y un flagelo para las comunidades rurales afectadas por la fumigación aérea con glifosato. Después de dos décadas de haber aplicado esta estrategia errada, la exportación de cocaína no se ha reducido, más bien al contrario, y Colombia sigue produciendo el 70 % de la hoja de coca que se cultiva en todo el mundo. Los carteles mexicanos se han implantado en el país y controlan, junto a los grupos paramilitares y bajo la atenta mirada de la DEA, el flujo de estupefacientes hacia los mercados occidentales de consumo.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">El despliegue militar antinarcóticos encubría de hecho una intervención directa de Estados Unidos en la lucha contra la guerrilla colombiana, reforzando entre otras cosas el entrenamiento del Ejército con técnicas de guerra contra la insurgencia impartidas por oficiales estadounidenses. Pero la instalación de bases militares en Colombia tiene también un efecto disuasorio en el caso de un potencial conflicto con Venezuela, que sufre constantes incursiones de militares y tropas irregulares colombianas a través de sus fronteras, por no hablar de la implicación directa del presidente Iván Duque en los planes de Estados Unidos de derrocar a Nicolás Maduro y sustituirlo por el presidente ficticio Juan Guaidó. </span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">La ubicación estratégica de estos países, colindantes con los mayores yacimientos de petróleo conocidos, les permite actuar como “pupilos consentidos” de la superpotencia occidental, pero también ha facilitado que sus poblaciones pudieran convertirse en rehenes</span> <span style="font-weight: 400;">de la militarización extrema que implica ese rol de subpotencias regionales que se les ha asignado en el tablero geopolítico internacional. </span></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><b>Una estrategia extemporánea</b></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">La estrategia geopolítica estadounidense de fortalecer el poderío militar de Israel y Colombia como zonas de retaguardia en el control de las mayores reservas de combustibles fósiles mundiales resulta hoy completamente extemporánea. Durante el gobierno de Donald Trump, la extracción de petróleo no convencional a través del </span><i><span style="font-weight: 400;">fracking</span></i><span style="font-weight: 400;"> convirtió a Estados Unidos en un país autosuficiente para el consumo interno (una cuarta parte del total del planeta) y en el mayor productor mundial de petróleo. Este desarrollo, económicamente viable en un mercado con precios elevados, se derrumbó completamente con la caída del consumo en pandemia; el precio del petróleo descendió hasta valores negativos y eso supuso la ruina de este modelo de extracción y el cierre de infinidad de pozos <span style="font-size: 10pt;">(13).</span></span></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Pocos días después del cambio de gobierno en Estados Unidos, el presidente demócrata Joe Biden declaró su voluntad de combatir el cambio climático junto a la comunidad internacional, retomando una senda de la que se había desviado el presidente anterior. Biden aseguró en enero pasado que “la justicia ambiental estará en el centro de todo lo que hagamos&#8221;, y creó una Oficina de Política del Clima en la Casa Blanca, incorporando así esta cuestión a la agenda de seguridad nacional.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Si esta opción fuera sincera y el gobierno estadounidense redujese sustancialmente el consumo de combustibles fósiles, y en particular de hidrocarburos, cumpliendo así con los acuerdos internacionales, la estrategia geopolítica de Estados Unidos basada en la concentración del gasto militar en regiones con abundancia de petróleo quedaría completamente desfasada. La imponente maquinaria bélica que se ha desarrollado para proteger ese recurso estratégico dejaría de cumplir su función, ya que la antigua amenaza de una eventual escasez habría desaparecido y sería más previsible que existiera una constante sobreoferta de esta materia prima por la necesidad de reducir su consumo a nivel global.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Sin embargo, las grandes multinacionales petroleras están en el centro del sistema de poder estadounidense y las buenas intenciones del gobierno de Biden en materia ambiental vendrán condicionadas por su poderosa influencia. Y más aún las decisiones estratégicas adoptadas por el Pentágono, siempre reacio a desmantelar ese entramado geopolítico orientado a sostener una estrecha vigilancia de los mayores productores de hidrocarburos y de los flujos mundiales del mercado del petróleo. A esta resistencia se suma la de una industria de armamento que acapara las ventas de material militar a los países receptores de ayuda. En efecto, la contraprestación del acuerdo de asistencia a Israel por 3.800 millones de dólares anuales es la obligación de este país de equiparse solo con proveedores de armas estadounidenses. Un negocio sobresaliente para la industria bélica, financiado con el dinero de los contribuyentes.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Por lo demás, existen vínculos de colaboración y propiedad muy estrechos entre empresas de seguridad israelíes y estadounidenses, y un Israel armado  hasta los dientes es el señuelo de la industria bélica para rearmar de forma permanente a las monarquías petroleras del Golfo, empezando por el mayor comprador de armas del mundo (después de la India), Arabia Saudí, con un gasto militar de 69.000 millones de dólares en 2017. Egipto, que recibe anualmente 1.300 millones de dólares de ayuda estadounidense, y el nuevo aliado árabe de Israel, EUA, son los siguientes países en la lista de importadores de armamento.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">El complejo militar-industrial seguirá presionando a la Casa Blanca para mantener este suculento mercado cautivo. La industria de hidrocarburos, por su parte, no cederá terreno fácilmente y buscará recomponer sus alianzas para alcanzar una nueva época dorada del petróleo, con una vuelta al gobierno de Donald Trump o con cualquier otro candidato republicano negacionista del cambio climático. Y los </span><i><span style="font-weight: 400;">lobbies</span></i><span style="font-weight: 400;"> de ambos sectores seguirán presionando en el Congreso para mantener el status quo de la implicación militar de Washington en esos enclaves que consideran estratégicos. </span></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">Esta es la tendencia estructural de fondo, impulsada por las presiones políticas que propician la complicidad con las masacres que perpetra el Estado de Israel en Palestina, o las </span><i><span style="font-weight: 400;">razzias</span></i><span style="font-weight: 400;"> del Estado colombiano contra su juventud pobre, negra e indígena. Pero durante los últimos años se produjo un cambio en la percepción de la opinión pública estadounidense que se refleja en las contradicciones y desacuerdos existentes dentro del partido Demócrata. Decenas de congresistas rechazaron las declaraciones del gobierno de Joe Biden de apoyo incondicional al ejército israelí en la ofensiva bélica contra la franja de Gaza. Al mismo tiempo, otro numeroso grupo de congresistas reclamó la suspensión de cualquier ayuda directa de Estados Unidos con destino a la policía colombiana <span style="font-size: 10pt;">(14).</span></span><span style="font-weight: 400;"> El presidente afronta importantes discrepancias internas, como la del senador Bernie Sanders, judío, que en una tribuna publicada en </span><i><span style="font-weight: 400;">The New York Times</span></i><span style="font-weight: 400;"> recuerda a sus compatriotas que “las vidas palestinas importan”, o la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien no duda en calificar a Israel como un “Estado de apartheid” y acusa al presidente de su país de complicidad con la muerte de civiles palestinos. <span style="font-size: 10pt;">(15)</span></span></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">En el caso específico de Colombia, la presencia militar estadounidense no es menos extemporánea con el fin de combatir a las guerrillas, que han quedado muy mermadas tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Tampoco tiene fundamento sostene esa asistencia militar invocando la lucha contra el narcotráfico. Hace algo más de 20 años, el ejército colombiano, asesorado por militares estadounidenses, ya fumigaba con glifosato las plantaciones de marihuana. Paradójicamente, hoy Estados Unidos es uno de los mayores productores de cannabis del mundo para uso recreativo y Colombia ni siquiera ha autorizado su cultivo para fines medicinales. ¿Podría devenir Estados Unidos uno de los mayores productores de cocaína del mundo en un futuro no muy lejano? Si esto finalmente ocurriera -y no parece demasiado utópico- los clanes del narcotráfico perderían su suculento negocio y los países que padecen esta lacra experimentarían un enorme alivio.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><b>¿Quiénes dieron la orden?</b></span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Durante las manifestaciones de protesta en Colombia resuena siempre una pregunta respecto de las masacres y la violencia policial: “¿Quién dio la orden?” Es una pregunta retórica, ya que se presupone la respuesta: el ministro de Defensa, responsable de la policía (cuya moción de censura no prosperó en el Senado), y el presidente Iván Duque como máximo responsable político, y por encima de él, ejerciendo el poder en la penumbra, teledirigiendo los destinos del país, el no menos “presidente” Álvaro Uribe, el máximo responsable de los 6.402 “falsos positivos” entre muchos otros crímenes de estado. En estos días, después de haber instigado a la fuerza pública a usar sus armas durante el paro nacional, una etiqueta recorrió las redes sociales: #uribediolaorden</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Tampoco hay dudas de que en Israel las órdenes de atacar las dio el presidente ultraderechista Benjamin Netanyahu. Como lo ha hecho en otras ocasiones, este corrupto dirigente del Likud volvió a coquetear en este ataque a Gaza con los patidos ultraortodoxos y supremacistas para mantenerse en el gobierno y así evitar las causas por corrupción que lo persiguen. En la actual coyuntura, sin haber conseguido hasta ahora formar gobierno y teniendo que convocar nuevas elecciones, los bombardeos contra enclaves palestinos le servirían en sus cálculos oportunistas para mejorar sus expectativas de voto.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Uribe es el máximo responsable del genocidio perpetrado contra su pueblo, su principal brazo ejecutor, pero hay otra instancia desde la que también se impartió la orden. Netanyahu es el mayor criminal de guerra del Estado judío contra la población civil indefensa de un territorio bajo su custodia, contra sus súbditos palestinos. Pero por encima de Uribe, por encima también de Netanyahu, hay un sistema de poder bien aceitado y refractario a los cambios. Un sistema político y económico que no disimula su voracidad por hacer negocios con traficantes de armamento y petróleo, o con narcotraficantes, y por ello muy complaciente con las atrocidades que cometen sus aliados militares estratégicos contra la población civil dentro de sus fronteras.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Hay una diferencia cualitativa y una cuestión de escala en el apoyo político y militar de Estados Unidos a cada uno de estos dos países. En ese sentido, la situación no es comparable. En el caso de Israel, la fidelidad de Washington es tal que el recurso al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU se da siempre por descontado ante cualquier resolución en su contra. Es improbable que esto ocurra si el país condenado por violaciones de derechos humanos fuera Colombia. Algo que sí es comparable, sin embargo, es que sin ese apoyo incondicional de Washington, los responsables políticos de ambos países no podrían masacrar de manera impune a su propia población.</span></p>
<hr />
<p>(1) <span style="font-weight: 400;">Ver Karmy, Rodrigo: </span><i><span style="font-weight: 400;">Escritos bárbaros. Ensayos sobre razón imperial y mundo árabe contemporáneo</span></i><span style="font-weight: 400;">, LOM, Santiago de Chile, 2016.</span></p>
<p>(2) <i><span style="font-weight: 400;">Conversaciones sobre Palestina</span></i><span style="font-weight: 400;">. Noam Chomsky e Ilan Pappé, Icono Editorial, Bogotá, 2017. </span></p>
<p>(3) https://www.btselem.org/topic/apartheid</p>
<p>(4) <span style="font-weight: 400;">La cifra de muertos durante la represión de las protestas esa noche en el municipio ascendió a cinco personas, pero también se reportó otra masacre de cuatro personas en la misma localidad un día antes, en este caso de jóvenes manifestantes secuestrados por grupos paramilitares (Águilas Negras y AGC, entre otros) que distribuyen panfletos contra los bloqueos. Ese mismo día se notificaba otra masacre, la número 40 en los primeros cinco meses de 2021, en la localidad de Suárez, Cauca, con resultado de tres personas jóvenes asesinadas. <strong><a href="https://www.elheraldo.co/colombia/en-suarez-cauca-se-registro-la-masacre-40-de-2021-en-colombia-820625?utm_source=ELHERALDO&amp;utm_medium=articulo&amp;utm_campaign=recirculacion&amp;utm_term=relacionadobody">Ver acá.</a></strong></span></p>
<p>(5)<a href="https://ctxt.es/es/20200801/Politica/33198/colombia-ivan-duque-masacres-awa-eduardo-giordano.htm"> https://ctxt.es/es/20200801/Politica/33198/colombia-ivan-duque-masacres-awa-eduardo-giordano.htm</a></p>
<p>(6)<a href="https://losdanieles.com/columnista-invitado/virgilio-barco-y-el-exterminio-de-la-up/"> https://losdanieles.com/columnista-invitado/virgilio-barco-y-el-exterminio-de-la-up/</a></p>
<p>(7) <a href="https://pacifista.tv/notas/los-argote-la-poderosa-familia-que-esta-a-punto-de-ir-a-juicio-por-presuntas-alianzas-con-paramilitares-en-uraba/">https://pacifista.tv/notas/los-argote-la-poderosa-familia-que-esta-a-punto-de-ir-a-juicio-por-presuntas-alianzas-con-paramilitares-en-uraba/</a></p>
<p>(8) <a href="https://www.opinioncaribe.com/2021/05/12/con-un-dudoso-comunicado-buscan-desmentir-denuncias-hechas-por-norma-vera-defensora-de-derechos-humanos/">https://www.opinioncaribe.com/2021/05/12/con-un-dudoso-comunicado-buscan-desmentir-denuncias-hechas-por-norma-vera-defensora-de-derechos-humanos/</a></p>
<p>(9) <a href="https://caracol.com.co/emisora/2021/05/28/pereira/1622201980_584490.html">https://caracol.com.co/emisora/2021/05/28/pereira/1622201980_584490.html</a></p>
<p>(10) <a href="https://ctxt.es/es/20201201/Politica/34420/plan-colombia-glifosato-violencia-drogas-eduardo-giordano.htm">https://ctxt.es/es/20201201/Politica/34420/plan-colombia-glifosato-violencia-drogas-eduardo-giordano.htm</a></p>
<p>(11; 12) <span style="font-weight: 400;">El gobierno de Donald Trump fue especialmente generoso con su amigo Benjamin Netanyahu, en particular cuando le ofreció dos dádivas muy codiciadas por el expansionismo judío: la capitalidad de Jerusalén, que Trump ratificó trasladando la embajada de Estados Unidos a esa ciudad, y la anexión de los Altos del Golán, territorio estratégico arrebatado a Siria en las guerra de 1967 y 1973, ocupado desde entonces y cuya soberanía fue &#8216;asignada&#8217; a Israel en 2019 por el magnate ultraderechista en un gesto imperial de rectificación de fronteras. Las resoluciones de la ONU contra estas decisiones de Washington también fueron vetadas. </span><span style="font-weight: 400;">Ninguna resolución en este sentido ha prosperado, con la sola excepción de una histórica abstención en diciembre de 2016, en los últimos días del gobierno de Obama y contra la voluntad del ya elegido presidente Donald Trump. </span><a href="https://www.multimedios.com/internacional/historica-abstencion-de-eua-en-resolucion-de-onu-contra-israel"><span style="font-weight: 400;">https://www.multimedios.com/internacional/historica-abstencion-de-eua-en-resolucion-de-onu-contra-israel</span></a></p>
<p>(13) <a href="https://blogs.publico.es/otrasmiradas/32535/la-economia-del-petroleo-y-el-clima-en-tiempos-de-pandemia/">https://blogs.publico.es/otrasmiradas/32535/la-economia-del-petroleo-y-el-clima-en-tiempos-de-pandemia/</a></p>
<p>(14) <a href="https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/congresistas-de-ee-uu-piden-suspender-ayuda-directa-a-la-policia-de-colombia/">https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/congresistas-de-ee-uu-piden-suspender-ayuda-directa-a-la-policia-de-colombia/</a></p>
<p>(15) <span style="font-weight: 400;">Algunos crímenes de guerra cometidos por Israel, como el derribo de un edificio utilizado por la agencia AP y otros medios de comunicación internacionales, así como las informaciones de ataques a infraestructura hospitalaria con resultado de médicos muertos, socavan cada vez más la posición oficial del presidente Joe Biden dentro de su partido. </span></p>
<p>(*) Publicado originalmente en <span style="color: #0000ff;"><strong>Contexto </strong></span>(España), 04/06/2021.</p>
<p>&nbsp;</p>

<p><a href="https://marcha.org.ar/territorios-militarizados-colombia-e-israel-en-la-estrategia-geopolitica-de-estados-unidos/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>El Salvador: nuevas (viejas) políticas de seguridad</title>
		<link>https://marcha.org.ar/el-salvador-nuevas-viejas-politicas-de-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 03:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
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		<category><![CDATA[Militarización]]></category>
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					<description><![CDATA[El actual gobierno salvadoreño está implementando “nuevas políticas de seguridad” que son un calco de las de los gobiernos anteriores.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>El actual gobierno salvadoreño, cuyo período de cinco años comenzó en junio pasado, está implementando “nuevas políticas de seguridad” que son un calco de las de los gobiernos anteriores, desde Francisco Flores –partido de ultraderecha- (1999-2003) hasta Salvador Sánchez Cerén –partido de izquierda- (2009-2014): uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública, políticas totalmente represivas y un horizonte sombrío que no deja en claro las estrategias para solucionar los altos índices de violencia en el país.</em></p>
<p><strong>Por Alejandro Calderón desde El Salvador *</strong></p>
<p>El miércoles 30 de julio de 1975, estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) en San Salvador salieron a manifestarse en solidaridad con los estudiantes Instituto Nacional de Santa Ana (INSA) y el Centro Universitario de Occidente (CUO) reprimidos y golpeados en Santa Ana cinco días atrás; su ruta era salir de la UES hacia el Centro Histórico de la capital.  Cerca de las 4:30 de la tarde, la marcha estudiantil fue violentamente reprimida sobre una de las avenidas más importantes de la capital justo cuando pasaba por un puente, obligando a saltar al vacío a  muchos estudiantes. Las tanquetas pasaban sobre los estudiantes, los agentes policiales arrojaron gases lacrimógenos, y dispararon con armas de fuego, matando a varios estudiantes al instante. 44 años después de la masacre, aún no hay un registro oficial de cuántos estudiantes perdieron la vida.</p>
<p>Seis años después, en enero de 1981, estalla oficialmente la guerra civil en El Salvador y 17 años después de la masacre, en enero de 1992, se firman los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec, México. En el Capítulo 1, Numeral 1, Inciso F de estos acuerdos se suscribe que “El mantenimiento de la paz interna, de la tranquilidad, del orden y de la seguridad pública está fuera de la misión ordinaria de la Fuerza Armada como institución responsable de la defensa nacional”.</p>
<p>Martín-Baró, en 1988, señalaba que la guerra se podría definir por tres características: a) la polarización social, (b) la mentira institucionalizada, y (c) la violencia, que pasa de ser represiva a ser bélica, dando como resultado la militarización del país. Esta situación de guerra produce un trauma psicosocial. La polarización tiende a somatizarse, la mentira institucionalizada conlleva a poseer graves problemas de identidad y la violencia acerca una militarización de la misma mente.</p>
<p><strong>¿Estas tres características descritas por Martín-Baró hace 31 años están definiendo la situación actual de El Salvador?</strong></p>
<p>Las dos diferencias que tiene el plan de seguridad de este gobierno son: el peligroso y excesivo fortalecimiento e incremento de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública (en uno de sus tuits escribió: “por primera vez en décadas, iniciaremos un proceso masivo de reclutamiento en nuestras fuerzas armadas”) y la peligrosa aparición de los “falsos positivos”, término acuñado en el período del ex-presidente colombiano Álvaro Uribe (investigado por vínculos directos con el paramilitarismo en Colombia) como una denuncia hacia los asesinatos de civiles inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros muertos. En el caso de El Salvador, los “falsos positivos” se podrían entender de dos formas: la primera, en el número de capturas vs el número de procesados (solo 3 de cada 10 capturas van a tribunales) y la segunda, con las muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con policías o soldados que, por cierto, estas muertes son excluidas de las cifras de homicidios que muestra el gobierno. Para El Salvador, las muertes por enfrentamientos con la policía o soldados son menos importantes que otras, el Estado las considera tan poco trascendentales que se dejan de contar.</p>
<blockquote><p>El desinterés y la apatía de los partidos que gobernaron el país después de los acuerdos de paz en la recuperación de la memoria histórica es una de las causas de que se repitan estas políticas de seguridad obsoletas y peligrosas.</p></blockquote>
<p>La memoria histórica es un escudo contra el olvido. La memoria actúa como soporte de la verdad pública. La memoria sirve como sostén de la identidad social. La memoria mantiene viva la esperanza y la utopía de los pueblos. Muchos han insistido en que la única forma de saber lo que somos hoy es a través de la recuperación de la memoria histórica. Cuando se recupera la memoria se recupera la existencia misma, negada y sometida al olvido desde sofisticados dispositivos de poder. Cuando se recupera la memoria aprendemos que conmemorar fechas donde hubo violaciones a los derechos humanos es reivindicar y re dignificar a las víctimas. Cuando se recupera la memoria no se cometen los mismos errores del pasado. Cuando se recupera la memoria no se anuncia, con bombos y platillos, la incorporación de más de mil nuevos militares para la seguridad pública y, peor aún, si este anuncio se hace un día antes de la conmemoración de la masacre de los estudiantes perpetrada por militares que también realizaban labores de seguridad pública.</p>
<p><em>* Psicólogo integrante del Colectivo La Cigarra, El Salvador.</em></p>

<p><a href="https://marcha.org.ar/el-salvador-nuevas-viejas-politicas-de-seguridad/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>EEUU y su perenne guerra global</title>
		<link>https://marcha.org.ar/eeuu-y-su-perenne-guerra-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lsalome]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 04:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[imperialismo]]></category>
		<category><![CDATA[Militarización]]></category>
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					<description><![CDATA[Desde la Primer Guerra Mundial hasta el siglo XXI, el país del norte ha participado en conflictos militares  para sostener su hegemonía.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><p><strong>Por Marbey Mavárez Laguna</strong></p>
<p class="subheader xt-post-excerpt"><em>Desde la Primer Guerra Mundial hasta el siglo XXI, el país del norte ha participado en conflictos militares  para sostener su hegemonía. Un breve recorrido por esa historia para entender qué lugar ocupa Venezuela hoy.</em></p>
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<p>Es innegable la vocación guerrerista de Estados Unidos, pues ha estado presente en todo conflicto, real o potencial, que se asome en la escena global. Los siglos XX y XXI han estado plagados de episodios bélicos auspiciados por el complejo financiero-industrial, militar y comunicacional de ese país. El verdadero poder, pues. No los gobiernos.</p>
<p>Para muestra un botón. En el siglo XX, EEUU participó en la I Guerra Mundial. Y aunque este conflicto comenzó en 1914, EEUU intervino en 1917. No menos impactante, desde todo punto de vista, fue su participación en la II Guerra Mundial. El conflicto empezó el 1° de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. La intervención de EEUU comenzó en 1941, tras el ataque de Japón a Pearl Harbor.</p>
<p>De esta forma, la historia se sigue escribiendo con tinta de guerra. Y como factor común encuentra a EEUU frente a los conflictos. Luego participa en la Guerra de Corea (1950-1953). También se encuentra en los anaqueles de la historia su participación en la Guerra del Vietnam (1959-1975), conflicto en el cual intervinieron cerca de 40 países. Este episodio es de los más recordados del período de la Guerra Fría. Son muchas más en el siglo XX, sin duda.</p>
<p>En el siglo XXI también ocurrió la invasión a Afganistán, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Inició en el año 2001, pero aún no vemos el fin. Similar situación se presenta con Irak. La acción bélica comenzó en el 2003. Es la llamada “guerra de los $3 billones”, por el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.</p>
<p>Actualmente se avizora una nueva intervención, confesa por el presidente de EEUU. En esta ocasión es contra Venezuela. Y aunque no le resulta conveniente, dada su abismal quiebra económica, no es descartable.</p>
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