Por VDpueblos*

 Las y los campesinos del país han continuado sus labores en medio del Covid-19, que ha beneficiado únicamente a los bancos y ha profundizado la crisis histórica del campesinado.

Mientras el Gobierno expidió decretos para salvaguardar los intereses de las grandes empresas y de los bancos, el campesinado colombiano continuó cultivando los alimentos que abastecen a todo el territorio nacional. Sin embargo, el Estado no generó políticas orientadas a apoyar esta actividad de vital importancia y, por el contrario, impulsó acciones que hoy ponen en riesgo la vida y la salud de quienes habitan en la ruralidad.

Duque militarizó los territorios, que no solo estigmatiza a las comunidades sino genera una dispersión del virus Covid-19 en poblaciones donde no había llegado la enfermedad ya que movilizó pie de fuerza que incumplió las medidas de bioseguridad. Lugares donde, además, no se cuenta con infraestructura hospitalaria necesaria para atender a quienes contraigan el virus.

Erradicación forzada y paramilitarismo

Adicionalmente, la ausencia de infraestructura vial, la falta de programas de apoyo al campesinado y la importación de alimentos que no se necesitan pues ya se cultivan en el país se ven reflejados en los precios de los productos agrícolas, y las ganancias irrisorias del campesinado. Esta situación, sumada a la histórica y desigual distribución de la tierra y el control territorial ejercido por grupos armados ilegales, ha llevado a muchas familias campesinas a recurrir a los cultivos ilícitos como medio de subsistencia. 

El gobierno de Duque, conociendo esta situación, ha impulsado la erradicación forzada de estos cultivos sin otorgarles alternativas de manutención. Además, ha criminalizado a los cultivadores, sin solucionar las causas estructurales que han llevado al campesinado a recurrir a esta alternativa: la acumulación de tierra por parte de los terratenientes.

Regreso de la Seguridad Democrática

Aunado a lo anterior, la situación del campo colombiano se ha visto agravada por un gran aumento de la violencia ejercida contra las comunidades, especialmente, rurales. Así, en el último mes se cuentan más de 6 masacres que se unen a las más de 36 masacres que se han cometido en el año 2020. La violencia, si bien nunca se fue del campo, no había alcanzado índices como los que se han visto durante el gobierno de Duque desde hace más de 10 años . 

Tras el reciente llamado que hizo la Corte Suprema de Justicia al exsenador Álvaro Uribe para que rindiera indagatoria por su posible responsabilidad en las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), el uribismo se ha atrincherado en la calumnia, la deslegitimación de la justicia y el aumento de la violencia política y social; recuerdan la política del gobierno presidencial de Uribe (2002-2010) de la ‘Seguridad Democrática’, bajo la cual se cometieron múltiples crímenes de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos.

Como si esta situación no fuera lo suficientemente grave, el día 24 de agosto, el Ministerio de Defensa anunció el reinicio de la aspersión aérea con glifosato; práctica denunciada en múltiples ocasiones por parte de los movimientos sociales y de las entidades del Estado como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo. El glifosato no solo atenta contra la salud de las comunidades, sino que destruye otros cultivos aledaños y contamina las fuentes hídricas.

Un pie en el Congreso y miles en las carreteras

Por otro lado es importante resaltar la labor de los representantes del campo como Alberto Castilla, senador del Congreso de la República, que encarnó la esperanza de cambio y transformación que las comunidades campesinas sostienen para mejorar sus condiciones de vida desde la institucionalidad.

El histórico e intencional abandono estatal de lo que antes se conocía como territorios nacionales y hoy se agrupan en la categoría de zonas rurales hace que las condiciones del campesinado sean cada día más precarias. Sin embargo, las comunidades campesinas continúan resistiendo y generando dinámicas de organización con el fin de mejorar su calidad de vida. La creación de las Guardias Campesinas constituye un hito importante, dado que ha permitido fortalecer las prácticas del autocuidado y defensa de la vida y del territorio.

Así es como los campesinos y campesinas, además, vieron la necesidad de llevar sus voces a otras instancias, entre ellas el Congreso de la República. En este lugar llegan sus exigencias en pro de la defensa de la vida campesina colombiana. En el año 2014, bajo el aval del partido político Polo Democrático Alternativo -PDA- fue elegido como congresista al Senado de la República, Jesús Alberto Castilla. 

Castilla ha sido vocero del Coordinador Nacional Agrario -CNA-, espacio organizativo del campesinado, desde donde se han criticado fuertemente políticas como la erradicación forzada de cultivos ilícitos, y se han generado propuestas como la sustitución voluntaria en armonía con lo pactado por el Estado: los Acuerdos de Paz.

Invitamos a todas y a todos a estar alertas y no guardar silencio ante el despojo de tierras y la explotación de las y los campesinos, a denunciar ampliamente la corrupción de las instituciones del Estado y la posible alianza entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales. Solo así podemos garantizar la integridad y la supervivencia de las familias campesinas y, por consiguiente, de todas las familias colombianas. Debemos reconocer que el campesinado es un sujeto de derechos, víctima de múltiples crímenes de Estado y del abandono intencionado por parte del Gobierno desde hace décadas, situación que se ha agudizado durante la presidencia de Iván Duque.

Publicado originalmente en vidadigna.congresodelospueblos.org

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Por Félix Meléndez / texto y fotografía

El llamado 9F definitivamente ha sido un punto de inflexión en la carrera política del joven presidente Nayib Bukele. El que fuese considerado hasta hace poco el líder más joven y popular de Latinoamérica, vio como una decisión catastrófica le ha quitado el crédito obtenido en menos de un año.

Las señales de que el mandato presidencial no era del todo perfecto estaban palpables en innumerables investigaciones periodísticas, a esto se sumaron hechos dudosos por parte de algunos ministros en las últimas semanas. Tratar de determinar a ciencia cierta cuál fue el principal objetivo que buscaba conseguir militarizando la Asamblea es todavía motivo de debate. Lo único que queda para analizar son las consecuencias de su decisión. Las reacciones nacionales e internacionales no se hicieron esperar, las imágenes del uso de la fuerza armada para tomar el recinto legislativo alegando una amenaza a la soberanía nacional fue interpretada como una grave vulneración a la institucionalidad salvadoreña y al orden Constitucional, demostrando que en Latinoamérica las llagas de los gobiernos autoritarios siguen causando rechazo y condena.

Mucho se ha debatido si efectivamente hubo un uso desmedido y autoritario en los límites de la fuerza armada o si simplemente fue la interpretación ambigua de la constitución nacional, lo que queda claro es que las imágenes recordaron fantasmas de los años más oscuros de la historia de nuestro continente.

Los niveles de tensión vividos hace una semana cambiaron a una tónica menos caótica, el presidente pareció aprender su lección y evitó exponerse. Correligionarios del incipiente movimiento llamado “Nuevas Ideas” hicieron el trabajo pendiente y jugaron con la única carta posible para mantener caliente la olla de presión, manifestar en las calles un hecho que ya no puede ser justificado dentro del discurso oficial.

Una semana después de que se cumpliera el plazo que Bukele había dado al poder legislativo, la auto denominada “insurrección” fue liderada esta vez por el político de derechas, devenido a analista youtuber, Walter Araujo, una especie de gurú incendiario de las redes sociales y conocido provocador que con su lenguaje coloquial aprovecha el podio de las redes para lanzar arenga contra diputados y diputadas. En breves 10 minutos, Araujo, se dedicó a justificar lo ocurrido, tratar de consolidar la idea de un sistema fallido mientras gritaba diatribas y daba un nuevo ultimátum de 15 días para la aprobación del presupuesto de seguridad…. la audiencia eufórica, gritaba y pegaba en las paredes carteles con consignas contra los diputados y diputadas.

El ambiente de odio de un sector de la población hacia el sector político salvadoreño es un hecho manifestado en las últimas encuestas de opinión. El cansancio es general y, aun así, la reacción de la turba parece contrastante en comparación a la confianza mesiánica con el actuar del presidente. Las críticas a “los mismos de siempre” (término instalado por Bukele para referirse a los partidos de la posguerra) se encuentran acompañadas paradójicamente por la sombra del pasado que dicen haber dejado atrás. Durante la concentración del domingo se escucharon consignas como “el pueblo unido jamás será vencido” en otro llevan de fondo la canción “Patria querida”, cánticos que durante mucho tiempo acompañaron los actos públicos de la izquierda y de la derecha respectivamente. Como todo movimiento híbrido que apenas comienza a gatear en los métodos de choque y con la sombra de las bases de organización bipartidista, los protestantes actuaron bajo un sentido común básico, “quitar a los políticos corruptos liberará a este país”. En esta ocasión, la policía fue un testigo silencioso presente no para disuadirles de sus objetivos, sino más bien para protegerlos.

La jornada concluyó en 30 minutos dejando un sinsabor extraño para todos/as los/las presentes: no hubo diputados ni diputadas llevadas a rastras de sus cubículos, no hubo fotos o momentos memorables para los innumerables medios de comunicación y menos un líder expresando qué visión de dios tuvo en sus últimos sueños.

Dos días después, en una plaza en el centro de San Salvador, el presidente parece no claudicar del todo en su cruzada contra los corruptos como él la ha bautizado. El Palacio Nacional fue el escenario para presentarle a la población una nueva generación de jóvenes que se han unido a la fuerza armada, esto como parte fundamental de la tercera fase del plan territorial, la manzana de la discordia. En El Salvador parece natural pensar o creer que la fuerza armada tiene un carácter de superioridad y de moralidad incuestionable, para nadie parece extraño ver la presencia de tantos uniformes verdes rodeando las cuatro cuadras recuperadas al estilo de la gentrificación, lo que importa es que lxs vendedores están vendiendo, algunos/as transeúntes se toman selfies con algunos de ellos.

Los novatos milicianos, pertenecen en su mayoría a las clases más excluidas del país y para muchos fue la primera vez en la capital, uno de ellos le dice a un anciano “es que en el campo no tenés más opción: o te hacés marero, militar o te vas a la mierda”. Los aviones sobrevuelan por la ciudad y el discurso de no menos de 10 minutos se acaba, el presidente vuelve a desaparecer rodeado de su escolta personal y la puesta en escena es desmontada para regresar al caos usual de la ciudad.

El fenómeno de la manipulación mediática de determinados hechos coyunturales es explicado por el escritor francés Guy Debord en su libro La sociedad del espectáculo: “Lo que ocurre en nuestro mundo es que todo lo que antes se vivía directamente (manifestaciones populares) ahora se encuentran alejadas de lo real en una representación burda y teatral. Su papel consiste en proscribir la historia mediante la amnesia colectiva del presente, bombardeándola con narrativas incontrolables, estadísticas manipuladas, razonamientos insostenibles y la imposibilidad de construir un proyecto de reforma verdadero y transformador”.

La única certeza que existe por ahora es que el ambiente político se ha vuelto inesperado y todo indica que El Salvador debe de acostumbrarse, porque esta historia aún no tiene un cierre definitivo.

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