Hace pocos días se cumplieron 27 años de nacimiento del MOCASE, que encuentra a las familias campesinas e indígenas en una compleja coyuntura a nivel nacional y regional.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) tiene fecha de nacimiento el 4 de agosto de 1990. Animados a continuar luchando, tal como lo vienen haciendo miles de familias que producen cotidianamente, para resistir con organización los constantes intentos de despojo al mismo tiempo que construyen un modo colectivo de gestionar la producción, se enfrentan con una coyuntura muy adversa.

Organización y producción

Tal como ellos mismos lo dicen: “el MOCASE asumió como estrategia central la lucha por la tenencia de la tierra y por las condiciones de vida de las familias campesinas indígenas”. Los campesinos indígenas venían sufriendo un histórico proceso de desalojos silenciosos, contra la legitimidad de la tenencia de la tierra por el desconocimiento del derecho veinteañal.

Esta situación no contemplaba lo que se dneomina usucapión, que es un término jurídico que indica un modo de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Esta adquisición se lleva a cabo mediante una posesión continuada durante el tiempo que exige la ley.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero se creó en una provincia donde el clientelismo político y el manejo discrecional del estado históricamente han favorecido a una minoría. Con esta experiencia de organización se fue generando unidad y conciencia para enfrentar el miedo que los poderosos instalaron de la mano de los gobiernos, “la experiencia de organizarnos ha generado conciencia y conquistas, unidad y movilización de los campesinos indígenas porque básicamente perdimos el miedo a organizarnos”, tal como ellos mismo afirman. “La organización para la autodefensa de los pobladores, junto a iniciativas de acercamiento a los derechos sumado a asesoramiento legal y de defensa jurídica correspondiente, fue logrando una mayor visibilidad política ante los dueños del poder, amplió los lazos solidarios con otros sectores de la sociedad, que se sintieron atraídos por esta lucha”.

La organización colectiva impulsó y facilitó una gran cantidad de emprendimientos, que no serían posibles de otro modo. Enumeramos solo algunas de las iniciativas comunitarias como: pastoreos comunes controlados por bolleros con energía solar, botiquines comunitarios y construcción de corrales autóctonos para la cría de cabras para carne, leche y quesos. Adquisición de máquinas agrícolas administradas y utilizadas comunitariamente. Reforestación con algarrobos en suelos desgastados por el uso intensivo. Construcción de sedes, con depósitos para la comercialización conjunta. Módulos de acopio y extracción de agua, potabilizadores a energía solar y eólica. Aserraderos y carpinterías para el uso y destino racional de la producción forestal. Creación de agroindustrias de mermeladas, escabeches (productos regionales), carnicerías comunitarias instaladas en los pueblos de referencia, fábrica de quesos con leche de cabra, tejido y teñido artesanales de lana de oveja, chacinados. Recreación de tecnología indígenas: represas, construcción de molinos de viento con materiales reciclados. Instalación en las comunidades y con las centrales de radios punto a punto de corto y largo alcance, para comunicarnos permanentemente. Por iniciativa de niños, jóvenes y padres: la escuela de formación política y técnica en agroecología y espacio de formación de promotores de la salud, comunicadorxs populares, promotores productivos.

Triste record

En el año 2013 el Registro Nacional de Tierras Rurales revelaba que más del 15% de las tierras de tres departamentos de Santiago del Estero tienen dueños extranjeros, es decir, una cantidad mayor a la permitida por la ley 26.737, que regula el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad. Se trata de los departamentos Jiménez, Belgrano y Aguirre, donde predominan las explotaciones agrícolas ganaderas, con una fuerte incidencia de pools de siembra dedicados a la soja. Una región donde los productores son oriundos de otras provincias, como Tucumán, Córdoba y Santa Fe, además de un 15% que son extranjeros.

La distribución equitativa de la tierra, el acceso y su utilización, ha sido y es aún, uno de los principales problemas del mundo y una cuestión que atraviesa a los países de nuestra región. Nuestra historia atestigua este hecho con el exterminio del 60% de los pueblos originarios, de acuerdo a un informe del INAI de 2006. Don Osvaldo Bayer lo expresa con gran claridad “el genocidio de los pueblos o clases peligrosas o inferiores, está presente desde la época de la conquista”. (El Terrorismo de Estado en la Argentina)

En nuestra región, la disputas por el acceso y distribución de tierras constituye aún uno de los problemas centrales. La concentración de tierras y la conformación de latifundios, ha sido una constante, del mismo modo que ha sido una constante la resistencia al despojo y las ocupaciones directas de tierras por parte de campesinos y comunidades indígenas. Los ejemplos sobran en estas tierras.

Desde el Mocase enuncian que “Santiago del Estero, parte del Gran Chaco Americano, fue saqueada por las empresas que se llevaron la inmensa riqueza forestal. Hoy nuevamente, con la excusa del progreso, vuelven empresas transnacionales, de los agronegocios que con la complicidad de los gobiernos, los jueces y la policía quieren destruir los bosques y los bienes naturales”. Al mismo tiempo se intenta despojar de sus saberes ancestrales a las comunidades con el impulso de una ley de semillas, que permitiría incrementar y garantizar los beneficios de la corporación Monsanto.

El panorama hoy aparece sombrío con la gran mayoría de las economías regionales en un profundo proceso de crisis que obliga a las familias campesinas, que producen la mayoría de los alimentos que consumimos, a abandonar sus campos lo que favorece la creciente concentración de la tierra y la producción en pocas manos. Este modelo económico impulsa la producción sojera que “Solo produce divisas para los bolsillos de los grandes terratenientes y exportadoras extranjeras” como afirman desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena.

La disputa territorial hoy adquiere una nueva presencia en los medios de comunicación, cuando las comunidades originarias, los campesinos de las agriculturas familiares o los pequeños productores son criminalizados por el ejercicio de sus derechos. La lucha por la tierra alcanza nuevas connotaciones cuando se avanza con el despojo de las tierras que legítimamente le corresponden a las comunidades que las ocupan ancestralmente. Un nuevo desaparecido en democracia intenta disciplinar a los rebeldes: Santiago Maldonado. Mauricio Macri y Michelle Bachelette se ponen de acuerdo para avanzar contra Facundo Johanes Huala que se erige como una amenaza contra el poder dominante representado por los Benetton y compañía.

Construir con las comunidades

El Mocase se vincula con otras organizaciones a nivel nacional, regional e internacional. Tal es el caso con el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) que nuclea a más de 500 mil familias. A nivel regional forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y en el ámbito internacional en La Vía Campesina (LVC), “porque la lucha por un mundo mejor para todos los pueblos y todos los hombres y mujeres, es la lucha por la liberación planetaria”.

“Las organizaciones y comunidades campesinas indígenas del MOCASE VC hemos decidido parar las topadoras, parar la destrucción del medio ambiente y movernos organizadamente por la identidad cultural, la forma de vida comunitaria y solidaria”.

Otro mundo mejor es posible, así nos lo muestra la organización de familias y comunidades.

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Finalmente, Chile tendrá educación superior gratuita en 2016. Aunque surgen varios peros al asunto: solo para el 50%, con beneficios a universidades cuestionadas por lucro y bajo el mismo desregulado sistema que transa la educación como un bien de mercado.

La imagen de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmando el proyecto que establece la educación superior gratuita para el año 2016 dio la señal de que el movimiento estudiantil que remeció a la sociedad chilena hace 4 años por fin conseguía una victoria. El solo titular hace creer que Chile terminó con la educación de mercado, cuando la realidad es que el modelo permanece intacto.

La llamada “ley corta” aprobada por el Congreso y ratificada por la presidenta está bastante lejos de la demanda que movilizó a miles de familias. La discusión y el trámite de la gratuidad han estado marcados por los golpes de la derecha, las improvisaciones del gobierno y la falta de decisión al interior de la Nueva Mayoría para ponerle fin a la educación como bien de consumo.

Estrictamente, para el año 2016 los estudiantes pertenecientes al 50% más pobre de la población no tendrán que pagar por su educación superior. Esto se traduce en 178 mil alumnos que se pueden ver beneficiados por una “gratuidad” que mantiene la lógica neoliberal del voucher al financiar al estudiante y no a la institución. También se extenderán las becas ya existentes en el desregulado sistema mercantil de la educación chilena. La ley beneficia a 30 universidades en total: las 16 universidades del Estado y 14 privadas que se adecuaron a los requisitos presentados por el gobierno. Estos son tener al menos 4 años de acreditación y que los controladores de las instituciones sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro.

Pero el camino para llegar a esta ley ha sido bastante accidentado.

La improvisación del gobierno y los golpes de la derecha

Fue el 21 de mayo, en su discurso anual al país, que la presidenta prometió que en 2016 habría educación superior gratuita. La primera iniciativa fue a través de la Ley de Presupuestos, aumentando los recursos para educación. Con eso podría asegurar la gratuidad para el 50% más vulnerable sin la necesidad de una nueva ley.

Pero la derecha chilena se encargaron de demostrar el legado del pinochetismo que sigue vigente en la institucionalidad. A través de un recurso al Tribunal Constitucional, parlamentarios lograron que este se manifestara en contra de la glosa presupuestaria al ser “discriminatoria” por poner requisitos de acreditación, no lucro y democracia en las instituciones que se sumaran al proyecto. Detrás de estas acusaciones -a las que se sumó también la Democracia Cristiana, partido de gobierno- no había otra cosa que el interés de mantener el negocio educativo en Chile. Los planteles privados llevan años siendo cuestionados por la ciudadanía. Reportajes periodísticos y causas judiciales han demostrado el negocio formado no solo con las sociedades relacionadas a los directorios, sino que con los mismos procesos de acreditación de calidad de las instituciones. Y la derecha los pone ahora en una situación inmejorable: seguir con el negocio con platas fiscales.

La situación además demostró uno de los cerrojos institucionales más importantes del sistema heredado del pinochetismo. El TC -conformado según el cuoteo político entre la derecha y la Nueva Mayoría- funciona como una tercera cámara que resguarda la todavía vigente Constitución de Pinochet, pensado para impedir cualquier transformación estructural del sistema.

Después de esta increíble derrota, el gobierno llegó a considerar dejar fuera de la gratuidad a tres universidades del Estado que no cumplían con los requisitos de acreditación. Es decir, el Estado castigaría sin gratuidad a universidades que dependen del Estado por no tener la calidad suficiente.

Solo después de la protesta de los rectores y del movimiento estudiantil es que se llegó al piso base de que “o son todas las universidades del Estado, o no es ninguna”, como dijo el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

Ante el ambiente enrarecido y pocos días del año quedando, el gobierno finalmente envió al Congreso el proyecto de Ley Corta, quitando el requisito de participación triestamental que estaba originalmente en el primer intento de gratuidad. A las universidades estatales y privadas tradicionales se sumaron otras privadas como la Alberto Hurtado, Diego Portales, Cardenal Silva Henríquez, Finis Terrae y Autónoma.

Quedaron fuera de la gratuidad los alumnos de educación superior técnica, agrupados en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, los que no tienen la prohibición por ley de ser sin fines de lucro y que suelen tener estudiantes de los sectores de más bajos recursos. Para ellos, el gobierno extenderá las becas ya existentes.

Justamente esta semana se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la evaluación estandarizada que sirve para ingresar a la educación superior. Y tal como todos los años, una vez más demostró lo segregado que es el sistema chileno. 95 de los 100 colegios con mejores resultados son particulares pagados, mientras que solo 4 son estatales y uno es particular subvencionado.  Además, entre los 65 colegios con mejor puntaje, casi el 80% (51 establecimientos) se ubican en las comunas con mayor ingreso de Santiago, demostrando que en Chile, para tener ingreso asegurado a la universidad, hay que provenir de una familia de recursos.

Y como si fuera un mal chiste, a la hora de inscribirse en la Universidad Autónoma (adscrita a la gratuidad), la institución les exigió a los nuevos estudiantes firmar un pagaré de 4 millones de pesos para matricularse. Y eso que la ley establece que los beneficiados no pueden contraer ningún tipo de contrato financiero con las casas de estudio. Esta misma universidad –que es de propiedad de Teodoro Ribera, ex ministro de Sebastián Piñera- obtuvo su acreditación de 5 años a través de un proceso de venta fraudulenta de las mismas por la Comisión Nacional de Acreditación. Pero los requisitos del gobierno para inscribirse en el proceso solo consiste en tener la acreditación y no en cómo se obtuvo, por lo que los antecedentes existentes no son tema.

La falsa gratuidad devela las falencias del sistema educativo y profundiza la concepción de la educación como un bien de mercado. El abandono de la educación pública por parte del Estado de Chile sigue siendo un problema estructural que no es atendido. Las universidades seguirán compitiendo en el mercado educativo, mientras los recursos van a instituciones que responden y se benefician del desregulado sistema. Según los criterios que entregó el gobierno, hoy universidades que están siendo investigadas por lucro califican para ser destinatarias de la gratuidad.

Para enero de 2016 se espera que el gobierno envíe un proyecto que reforme el sistema de educación superior en Chile: La ley larga. Para eso hablará con los distintos actores de la educación, aunque el guión parece conocido ya: invitar a conversar, apropiarse de la demanda y que todo siga como estaba.

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El nuevo proceso constituyente anunciado por Michelle Bachelet como una hábil salida de la crisis de legitimidad de la clase política chilena.

El Gobierno de la Nueva Mayoría anunció el inicio de un proceso constituyente que le pondría fin a la criticada y deslegitimada Constitución de 1980, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet. En este contexto, el gobierno ha entregado una hoja de ruta que diluye hasta las postrimerías del 2017 – nuevo Gobierno y nuevo Congreso mediante – la presión de un nuevo foco de conflicto, al tiempo que encausa las aguas ciudadanistas que lo impulsan.

Chile pasa hoy por una crisis política que atraviesa a todo el espectro de los partidos tradicionales –marcado por casos de corrupción ligados al financiamiento ilegal de la política- el gobierno de Bachelet logra anotarse un simbólico cumplimiento de una promesa de campaña. Al mismo tiempo, descomprime momentáneamente la presión sobre sus hombros en relación al “mecanismo” que regirá el proceso constituyente lo cual, dicho sea de paso, ha sido hasta el momento el único punto de tensionamiento en el conglomerado respecto de la materia. En cuanto al contenido en sí, hasta ahora sólo se han dado señales de tranquilidad al empresariado nacional sin resistencia significativa alguna.

Fundamentalmente de cara al bloque dominante, la maniobra apunta a forzar la integración de todo el espectro político a la “cuestión constituyente”, impidiendo tanto a los sectores más conservadores de la Nueva Mayoría como a la oposición, la crítica sin costos desde el margen del escenario. El que ex presidente (y probable candidato para 2017) Sebastián Piñera y otros impulsen críticas al proceso constituyente del Gobierno y anuncien procesos paralelos,  sólo es prueba de ello.

Lo anterior, sumado al tono garantista y conciliador que en medio de las alertas económicas internacionales comanda Bachelet en persona de cara a la patronal, viene a descartar – como quizá se creía hace algunos meses – que la promesa “constituyente” fuese una promesa y nada más. Lejos de ello, es claro que el sector que hoy conduce el Gobierno y la Nueva Mayoría proyecta dos cosas en el desarrollo de este proceso: primero, la posibilidad de un cierre a la crisis de legitimidad que afecta al sistema político. Y segundo, la oportunidad de alcanzar e imponer un amplio consenso burgués que contenga el desborde de la crítica subalterna a los pilares del régimen económico social vigente, a la vez que siente las bases para la inserción del país en el nuevo ciclo político y económico internacional que actualmente se configura.

Reformas al son del empresariado

¿Y sobre qué versará este consenso? Poco y nada se ha dicho hasta ahora. Sin embargo, hemos visto que más allá de la pirotecnia y el relato reformista, la Nueva Mayoría ha ratificado en cada una de sus agendas sectoriales – laboral, tributaria, educación, previsión –  el compromiso tecnócrata, la profunda dependencia del empresariado nacional y en general, la nula voluntad de quebrar con el marco económico social impuesto por la dictadura y la democracia pinochetistas que caracterizaron su conducción en la década de 1990. Por lo demás, a poco andar hemos visto que la incorporación de sectores progresistas y la apuesta por representar el impulso redistributivo de los movimientos sociales, dio paso a la vieja fórmula de intervenir, coaptar y quebrar actores mientras se gobierna en consenso con los poderes fácticos del régimen nacional.

En este contexto, sólo una ingenuidad inexcusable permitiría proyectar grandes novedades en la arista “económico social” de la “Nueva” Constitución. En todas y cada una de las agendas sectoriales impulsadas hasta la fecha hemos visto que el Gobierno ha impulsado con suerte pequeños ajustes de excesos, pauteado abierta y descaradamente por las ramas empresariales que también financian sus partidos y campañas. Mientras tanto, los sectores “progresistas”, “bien intencionados” que conforman u orbitan al Gobierno (como el Partido Comunista) y que sólo hace algunos meses pregonaban “tensionar la Nueva Mayoría” y luego “defender el programa” se han visto reducidos al rol de triste comparsa, careciendo en los hechos de cualquier tipo de nivel de injerencia política o programática relevante.

Nada permite suponer que esta realidad vaya a cambiar por expresarla en “cabildos” o en “diálogos ciudadanos”. Cuando mucho, las cuñas que logren superar el despliegue de operadores y burócratas en estas instancias serán carne de cañón para la negociación con la oposición mientras se “transforman” – en palabras de Bachelet – durante el año 2017 en la propuesta de “nueva constitución”, cuya sombría redacción se verá superpuesta con la discusión de los mecanismos de reforma de la actual Carta Magna.

De esta forma es posible anticipar que el “proceso constituyente” que impulsa el Gobierno será más bien una reforma constitucional estridente, más parecida al espectáculo de Ricardo Lagos el 2005 que a los procesos impulsados por los gobiernos reformistas de la región que tanto temen moros y cristianos en la escena nacional. Así, es esperable que el consenso constitucional del bloque dominante ponga el foco en la arista “político institucional” de la Carta Magna imponiendo por sobre la agenda “económico social” que levantan franjas organizadas del pueblo, asuntos como descentralización, régimen presidencial, multiculturalidad o incluso “desarrollo sustentable”. A la fecha, diversos personeros de oposición y representantes de gremios empresariales ya han dado señales en este sentido.

La Nueva Mayoría ha tomado la iniciativa para conducir la reedición del pacto transicional de fines de la década de 1980. En consecuencia, el proceso constituyente que en un comienzo fue simplemente parte del paquete con que se buscó atraer a los sectores sociales movilizados al programa de Gobierno se presenta hoy como una verdadera amenaza al lento rearme del pueblo y la clase trabajadora, desafiando y anticipando su emergencia como verdadera Fuerza Constituyente.

Frente a esto, urge a las organizaciones estudiantiles, territoriales, sindicales, a la izquierda anticapitalista, superar el debate procedimental que hasta ahora ha protagonizado la materia e impulsar un franco proceso de encuentro programático que permita tanto salir del “peticionismo constituyente” como esclarecer y profundizar los consensos políticos que los últimos años de lucha han venido forjando.

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