Por Vivian Palmbaum / Foto: Coordinadora Basta es Basta

“Gurisito mío, lugar de madreselvas te daré. 
Y aunque nazcas pobre, te traigo también:
se precisan niños para amanecer” Daniel Viglietti

“Seño me pican los ojos” es uno de los comentarios más escuchados por las maestras rurales de Entre Ríos. Una clara representación del cotidiano de quienes integran las comunidades educativas rurales, expuestos/as regularmente a las fumigaciones y sus derivas. Las escuelas rurales se hallan en su totalidad dentro de las zonas productivas en Entre Ríos, por lo que alumnas, alumnos, docentes y no docentes se ven sometidos al envenenamiento como práctica regular.

El gobernador de la provincia así lo dispuso cuando derogó por decreto las distancias mínimas para la fumigación en las áreas donde se hallan los establecimientos escolares, aún contra las evidencias que acreditan los peligros del veneno. Ni siquiera alguna duda respecto a la salud de la población escolar hicieron retroceder una medida que pone en riesgo su vida e integridad. Poderosos intereses parecen ser de un orden superior a las vidas de quienes dicen representar.

Entre Ríos parece encabezar el triste ranking de envenenamiento por fumigaciones en el país. Localidades como Uribelarrea encabezan el récord de litros de veneno vertidos en el territorio. Por prácticas como esas Argentina se ha convertido en el primer país consumidor de agrotóxicos a nivel global, una experiencia sin igual en otras partes del mundo.

Por su parte, las y los habitantes de Entre Ríos no se han sometido a estas políticas de negocios y se organizaron en una Coordinadora que nuclea las distintas iniciativas que, en cada pueblo y en cada ciudad, llevan adelante para impulsar las medidas contra las políticas de envenenamiento y a favor de un nuevo modelo productivo, la agroecología. En las rondas de los martes, frente a la gobernación en Paraná hacen visibles con marchas su derecho a defender la vida.

“No hay fumigaciones controlables y sus consecuencias se hacen sentir sobre la vida”

Aldana Sacia es abogada e integra la Coordinadora Por Una Vida Sin Agrotóxicos: Basta es Basta de Entre Ríos. En diálogo con Marcha Sacia se refirió a la medida que acaba de conceder la justicia provincial como histórica. Hacia fines del mes de agosto, el día 27, la Coordinadora Basta es Basta representada por la ONG Foro Ecologista de Paraná, junto a la Asociación Gremial AGMER (en nombre de la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas),  se presentaban ante el CAMARA II en lo Civil y Comercial, SALA II, para requerir medidas urgentes de protección, para niños, niñas, adolescentes, maestras/os y personal no docente que concurren a las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, de los impactos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y en consecuencia, en la salud.

Se pedían medidas concretas como la fijación de una franja de 1000 metros alrededor de las escuelas rurales libre del uso de agrotóxicos, con una zona de resguardo, barrera vegetal, para impedir o disminuir el egreso descontrolado de los agrotóxicos. Además solicitaban se prohíba la fumigación aérea en un radio menor a 3000 mts., tal como ordena el decreto reglamentario de la Ley de Plaguicidas, para el radio de zonas urbanas. Además se solicitaban medidas de control epidemiológico sobre la población de las comunidades educativas, que por su edad son más vulnerables, entre otras como análisis del agua de lluvia y agua utilizada en las escuelas.

“Se denomina técnicamente DERIVA, al fenómeno de desplazamiento inevitable de agrotóxicos fuera del área fumigada. Es decir, que no hay fumigaciones controlables y sus consecuencias se hacen sentir sobre la vida”.

Con una sentencia favorable el  1º  de octubre de 2018 se admitió parcialmente la acción prohibiendo la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1000 mts. Alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos y la fumigación aérea en un radio de 3000 mts. alrededor de dichos establecimientos. Además se exhortaba al Estado provincial lleve adelante estudios de impacto que permitan organizar políticas de prevención e implantar las barreras vegetales alrededor de las escuelas rurales. El 29 octubre de 2018, se dictaba la sentencia de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del  Tribunal Superior de Justicia confirmando el fallo.

Tal como relata la abogada Sacia, a pesar de la medida judicial confirmada en segunda instancia,  el Gobierno Provincial encabezado por Gustavo Bordet decidió desoír a la justicia y con un decreto reduce las áreas de fumigación alrededor de las escuelas rurales. “Con la Publicación del Decreto Nº 4.407/2018 se reducen las distancias de las aplicaciones,  en cercanías a escuelas rurales  establecidas en la sentencia,  a 100 mts en relación a las aplicaciones terrestres y a 500 mts la restricción de distancia en aplicaciones áreas”.  Una situación que también sucede en la provincia de Buenos Aires, donde en Enero pasado la gobernadora Vidal puso en vigencia un decreto eliminando las restricciones en las distancias de fumigación para las escuelas rurales. “Ante semejante panorama de retroceso en materia de protección de derechos humanos fundamentales, como la salud, la vida, el ambiente y la integridad física de los niños, niñas y personal que acuden a las 1023 escuelas rurales de la Provincia, se presentó el día 25 de febrero de 2019 una nueva acción de amparo ambiental,  solicitando se declare la nulidad y se revoque el Decreto Nº 4.407/2018” señala la especialista.

Basta es basta

“En este Proceso de Judicialización desde el primer amparo  se oyeron  distintas voces, expresiones, debates, charlas, que demostraron el grado de reacción de un sector y de sensibilización por el otro. Se llegó así a instancias de repercusión inimaginables donde paralelamente a la instancia de conflicto desde la Coordinadora proponíamos la adopción de la Agroecología como matriz productiva de la provincia desde todos los ámbitos posibles”, explican desde el espacio.

Tanto es así que incluso en medio de este proceso de judicialización el Estado provincial, a pedido de las organizaciones sociales y ambientales, convocó un Foro Provincial de Agroecología. La finalidad del mismo fue gestionar la transición hacia el cambio de la matriz productiva de la provincia de Entre Ríos. Cambio que se declaró política de Estado emitiéndose la resolución oficial pertinente y del cual se van realizando dos encuentros con amplia repercusión y asistencia y donde se van generando propuestas concretas que den forma y espacio a la mentada transición.

El día jueves 28 de Marzo la acción de amparo fue resuelta, el amparo fue concedido dejándose sin efecto los artículos del decreto que disminuían las distancias quedando efectivos los demás, por lo que persiste la prohibición de aplicaciones en horario escolar. Como resultado, quedan vigentes las distancias de 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos además de la prohibición de toda fumigación con agrotóxicos en horario escolar.

A continuación el docente Elio Kohan, activo ecologista y militante contra las fumigaciones, fue increpado a golpes por un ciudadano de Avigdor, mientras profería dichos acerca de su trabajo en defensa del ambiente, a menos de 24 hs. de conocido el fallo. No obstante los rotundos argumentos planteados y el desenmascaramiento de las justificaciones que “respaldan” el decreto, el dia 29 de marzo el gobierno apeló el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia.

Gobernar para las cámaras empresarias

Con posterioridad a la contestación de la demanda, el Gobierno Provincial organizó una reunión en la Bolsa de Cereales en la que participaron el Secretario de Producción, el Fiscal de Estado, el Fiscal de Estado Adjunto, representantes de INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias-UNER, el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos ER y todas las entidades del sector agropecuario. Allí la Fiscalía de Estado asesoró a las cámaras empresarias a presentarse ante la Cámara Civil y Comercial de Paraná, en un proceso colectivo como afectados ante la decisión que pueda tomar la justicia.

“Las actoras denunciamos la extemporaneidad de las presentaciones como asimismo la actitud del estado que ostensiblemente estaría representando y defendiendo a un sector claramente basado en intereses económicos lejanos al interés por la salud de la comunidad educativa de las escuelas rurales” precisó la abogada de la Coordinadora.

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Coordinadora Por Una Vida Sin Agrotóxicos: Basta es Basta 

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Córdoba termina el año frustrándole a los poderes ejecutivos y legislativos la aprobación de la reforma de la Ley de Bosques.

Córdoba concluyó el año con una movilización en las calles céntricas de la capital. Vecinos y vecinas de distintos puntos de la zona provincial coparon el espacio urbano para repudiar el proyecto presentado en la Legislatura para modificar la actual Ley Provincial de Bosques. La última sesión de la Legislatura duró menos de lo que se esperaba, sin tratamiento alguno sobre ese proyecto. Lo que pasaría de ser una aprobación inminente, todo cambio paulatinamente en el trascurso del mes de diciembre. Diciembre fue el mes que Córdoba se unió para salvar lo poco que le queda de monte nativo.

Córdoba, diciembre de 2016

A comienzos del mes, el Poder Legislativo cordobés había concluido la redacción de un anteproyecto de ley para actualizar y modificar la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos Nº 9814, conocida como “Ley Provincial de Bosques”, promulgada en el año 2010 y que debía actualizarse cada cinco años.

Luego de terminada la Mesa de Diálogo, a puertas cerradas y con distintas organizaciones y entidades del sector rural y académico, el proyecto fue presentado y con el afán de aprobarse antes de fin de año.

A partir de allí, distintas organizaciones sociales, ambientales, políticas, académicas y estudiantiles emprendieron la dura tarea de juntarse para evitar su aprobación y exigir un debate serio sobre la misma, tal como lo pautan las leyes nacionales. De ahí que aunaron sus fuerzas en la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. “Es un espacio que se conformó particularmente por la discusión de esta nueva ley, propuesta por los sectores ruralistas de avanzar en su proyecto del agro-negocio sobre el monte y las comunidades campesinas”, sentenció Diego Cabrol, integrante de la misma.

Desastre socioambiental

La provincia cordobesa tenía 12 millones de hectáreas de bosque nativo a comienzos del siglo XX. Para 2009, se redujeron a 594.000 hectáreas, según los biólogos Marcelo Cabido y Marcelo Zak. Sería el equivalente al 3,6% de todo el territorio cordobés. Si incluimos toda la vegetación arbórea remanente (arbustales, matorrales, pastizales, etc.) serían casi 2 millones de hectáreas.

La región sur ha sido acaparada por los campos de cultivos transgénicos, en especial la soja. El monocultivo sojero empujó la actividad ganadera intensiva hacia la región norte de la provincia, lugar donde se concentra lo poco que queda de monte.

Los bosques nativos regulan el ciclo del agua, con su “efecto esponja”, que permite absorber y circular el agua proveniente de las precipitaciones gracias a la estabilidad de sus suelos y la diversidad de la flora y fauna, que también garantizan el mismo equilibro con los nutrientes y minerales, generando balances en las emanaciones de gases para la atmósfera, regulación en la temperatura y el aporte de productos naturales con riqueza nutricional, medicinal y social.

La pérdida de los bosques provoca la alteración de los suelos, generando problemas con la circulación del agua, trayendo como consecuencia catástrofes ambientales que van desde las inundaciones a las sequías. Sin mencionar la pérdida de biodiversidad, la expulsión de comunidades campesinas y, por ende, la desaparición de culturas.

Las causas de la pérdida del bosque nativo cordobés son la expansión de la actividad agrícola, los incendios forestales, la invasión de especies exóticas, la tala de árboles para el negocio maderero, la actividad minera, la expansión de la mancha urbana, etc. Detrás de los intereses económicos, se encuentran el lobby ganadero, congregados en asociaciones como CARTEZ y la Mesa de Enlace; las empresas mineras y los desarrollistas inmobiliarios.

Córdoba fue la provincia con mayor tasa de deforestación durante el período 1998-2002. Hubo una pérdida del 2,93% anual del bosque nativo norte-cordobés, cuando a nivel nacional era de 0,82% anual; incluso se cree que superó la tasa del desmonte en el Amazonas de Brasil. Se trata de un total de 122.798 hectáreas desmontadas. Si nos extendemos al 2006, la provincia cordobesa padeció la mayor tasa de deforestación de todo el país. Para el período 2002-2006, la cantidad de hectáreas desmontadas fueron de 93.930.

La Ley Nacional de Bosques Nativos N° 26.331 (2007) estipula tres categorías de conservación de bosques en distintos colores: verdes (baja conservación), amarillos (mediana conservación) y rojos (alta conservación, donde el desmonte está prohibido). “En la provincia de Córdoba, se ha detectado la mayor cantidad de polígonos de deforestación con ocurrencia en la Zona Roja de Protección de Bosques, suman así 3.045 hectáreas deforestadas para este periodo del año de enero a diciembre del 2012”, señala la ONG Guyra Paraguay, quienes vienen relevando la deforestación en el Gran Chaco. Estamos hablando de desmontes ilegales.

El proyecto

“No hubo un proceso participativo ciudadano claro ni transparente. Hubo una mesa chica, conformada a puertas cerradas. De 18 actores que participaban, solo 2 eran de sociedad civil o de organizaciones ciudadanas, territoriales y ambientales”, señalaba Cristian Schneider, de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas y también de la reciente Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo.

El Proyecto de Ley, que busca reemplazar a la actual normativa, no tiene o no tuvo un mapa propio de las zonas rojas, amarillas y verdes. En sus articulados, se incluyeron la regulación de especies exóticas, borra todo lo que prohíbe el desmonte en las zonas rojas en la actual ley, no diferencia a los pequeños productores de los “productores formales”, propone que la Autoridad encargada de aplicar la ley no sea más la Secretaría de Ambiente sino el Ministerio de Ciencia y Tecnología, violando la Ley Provincial de Ambiente; permite ejercer la actividad minera en bosques nativos salteando los pasos ambientales estipulado y define a “bosques” solo a los que posee “especies arbóreas maduras”, excluyendo las vegetaciones no leñosas.

De allí que desde la Coordinadora han definido al proyecto como una “Ley del Ecocidio”.

Cierre del año

A pesar que sectores del partido oficialista anunciaron que el debate por la Ley de Bosques se postergaba para el próximo año, muchas organizaciones optaron por el escepticismo y decidieron mantener la realización de la marcha programada para el miércoles 28 de diciembre. La última sesión del año de la Legislatura empezó a las dos de la tarde y terminó más veloz de lo que se esperaba. El proyecto no fue tratado y se pospuso para el año próximo. Mientras tanto, miles de vecinos y vecinas disfrutaron la conclusión de la movilización con un festival musical, repleto de artistas locales, hasta la medianoche.

Córdoba termina el año con la frustración para los poderes ejecutivos y legislativos, al no haber logrado empezar a “regular la disminución de la cobertura vegetal”, como dice el polémico proyecto. Si bien ya se sabe que volverá a ser un tema candente para el año 2017, el cuerpo de la ley ya cuenta con el rechazo de academias, fundaciones, organizaciones territoriales, jefes comunales, artistas, trabajadores organizados en el monte y más de diez mil firmas de vecinos que han expresado su rechazo a ese texto.

Así como también fue el año en que Córdoba echó a Monsanto en Malvinas Argentinas, también diciembre tuvo la particularidad de que se sentenciaron a perpetua a los policías que asesinaron al joven Fernando Güere Pellico (18), abatido a tiros en el año 2014. Organizaciones territoriales y antirrepresivas declararon a este juicio como “histórico”, al marcar un antecedente judicial contra el abuso policial y, en particular, los denominados casos de “gatillo fácil”.

Para Córdoba, este diciembre de 2016 es la contracara de lo que fue el diciembre de 2013, donde los distintos barrios de la ciudad convivieron entre los saqueos y los linchamientos, en donde el desprecio racial y de clase expuso lo peor de la sociedad. Pero en este diciembre, Córdoba expuso su otro costado. Aquella en donde la unidad y la organización sorprendieron tanto a los más poderosos como a los propios organizados.

A contrapelo de la mirada reduccionista de definir a Córdoba como la provincia donde más porcentaje de votos cosechó el actual presidente, la realidad es que es un lugar cóncavo mientras que el mundo es un sitio convexo, como diría el músico local Marcos Luc. Y en esas contradicciones, se convierte en tierra fértil de luchas y resistencias.

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