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Germán Gómez fue asesinado el 30 de abril por un gendarme en una barriada del conurbano bonaerense. Hasta el día de hoy su asesino sigue libre y la causa, cajoneada. Sin embargo, sus hermanas y hermanos llevan adelante la lucha para que se conozca la injusticia de su día a día.

Un sábado de abril, Germán, un pibe de barrio de 22 años, fue asesinado a quemarropa por un gendarme de civil que vivía en su mismo barrio y que, sin emitir una palabra, decidió acabar con su vida. Por más terrible y lejana que pueda parecer, esta historia, la de Germán, es parte de un cotidiano en las barriadas del conurbano: en la actualidad, quien no tiene un/a familiar asesinado por gatillo fácil conoce un vecino/a herido de bala por alguna situación similar. Se trata de una nueva configuración de los barrios donde quienes allí viven y manejan las armas –narcos, transas, policías, “pitufos” o gendarmes– deciden y determinan “su orden” imponiendo una nueva ley. La ley de la poca palabra y las muchas balas, que siempre apuntan a las mismas cabezas.

En ese contexto, los pibes y las pibas son el cuerpo más expuesto en el conflicto: porque es un cuerpo que se construye desde los distintos sentidos como sacrificable, donde la criminalización de la pobreza y de la juventud pasan a ser naturales. Sin embargo, lejos de reproducir esa intención, nos detenemos en una historia y en sus particularidades. Esta vez se trata de Germán y sus hermanos y hermanas, que día a día dan la lucha para que se esclarezca el caso en medio de un recorrido burocrático que se empecina en obstaculizar el pedido de justicia.

Elsa Gómez es una de las hermana, y de a poco va recorriendo espacios que son nuevos, tanto para ella como para sus hermanos. Acompañados por organizaciones sociales, de derechos humanos y anti represivas del oeste se encuentran en la misma batalla, contra la impunidad en los barrios y por la vida digna de los pibes y pibas que los habitan. En ese andar, Marcha dialogó con Elsa para conocer la historia de Germán, la de su vida y la de la lucha que aún continúa para su familia.

“Mi hermano Germán Gómez fue asesinado el 30 de abril por un gendarme de apellido Villalba quien sin decir nada, sin presentarse y vestido de civil, le disparó. Primero le dio en el pecho, y luego –según nos dicen los testigos–, mientras ya estaba inconsciente tirado en el piso, le dio un tiro en la cabeza, cuando en realidad ya el primer tiro lo mató pero se ensañó sin sentido contra él”, nos dice Elsa en cuanto le consultamos por lo que sucedió aquel día.

Y agrega, para dar detalles del contexto: “Esto fue en Merlo, en el Barrio Parque del Sol. Mi hermano estaba discutiendo con otros pibes en un contexto de fiesta barrial, y este tipo llegó buscando al tío de esos chicos. Sin decir nada, intervino de esa forma, y nada justifica lo que hizo”.

-¿Cómo continuaron a partir de allí?

Este tipo sigue libre, y nosotros lo que queremos ahora es que esté preso como corresponde. Queremos realizar una marcha a la fiscalía para que tome cartas sobre el asunto, pero estamos esperando para realizar esa acción con un abogado porque todavía no tenemos. Ya hemos realizado junto a CORREPI reuniones para hablar del caso y posiblemente lo asuma Jalil, integrante de esa organización. Sin embargo, durante este tiempo estamos junto a mis hermanos, que somos trece, haciendo carteles pidiendo justicia por Germán. Y todos los vecinos se sumaron a esta visibilización ya que en el barrio somos muy respetados porque somos gente trabajadora, y Germán en particular era muy solidario.

-¿Cómo lo recuerdan a Germán?

Germán era un pibe laburante de 22 años. Él trabajaba en un frigorífico de Merlo, justo ese día sábado estaba en la casa de un amigo festejando que el lunes lo ponían en blanco. Estaba terminando su casa, le llevó un año hacerla, y también estaba contento por todo eso.

-¿Actualmente cómo se encuentra la denuncia que realizaron?

Lo peor es que la carátula de la causa está rotulada como “Homicidio en defensa propia”, y dice que el gendarme estaba en función de su deber. No entendemos porqué, porque el dio una declaración falsa y ahí se cerró el caso; por eso nosotros queremos también que se investigue. Aparte también hirió a otro de nuestros hermanos: cuando vio que Germán estaba en el piso inconsciente, se acercó y logró agarrarlo a este señor, y cuando esto pasa volvió a sacar su arma. Mi hermano salió corriendo y le tiró por la espalda y le dio un tiro en la pierna, y a su vez de esos disparos otra “bala perdida” le dio a otro chico del barrio en el brazo con la misma arma.

-¿Villalba vivía en el mismo barrio entonces?

Sí. Todo esto se da en el barrio que considera que es de él. Encima tiene dos hermanos policías que también viven allí. Él se fue ahora, y los vecinos nos dicen que el barrio era de ellos: el barrio hacia lo que ellos decían y querían, ellos decidían quién se podía sentar en la esquina y quién no.

-¿Y desde que Villalba se fue como se encuentra el barrio?

No. Ahora lo que están haciendo sus hermanos es amenazar a los testigos. Nosotros hicimos una marcha como familiares junto a otros vecinos a su casa para que se vaya y salieron sus hermanos apuntando directamente con armas. Uno de ellos se acercó a mí y me dijo: “Ustedes van a morir como perros”; todo con la 9 milímetros gatillando contra nosotros. Inclusive otros policías que allí se encontraban intentaron sacarle el arma para evitar más conflicto y terminaron peleando entre ellos mismos. En ese momento nos quería matar a todos, no le importaba nada. Por eso, le hice una denuncia al hermano de Villalba por este hecho en particular. Y no fue demorado en ese momento, al contrario nos gritaba que iba a mirar los videos de nosotros y que, uno por uno, nos iba a matar. Una impunidad bárbara.

-En este recorrido y recopilación que fueron realizando en el barrio, ¿pudieron conocer si existen más denuncias?

Sí. Hay un chico que tiene dos tiros que también fueron emitidos por Villalba, uno en cada pierna. El vino a hablar con nosotros y nos comentó que también hizo la denuncia ya que el hecho fue de la misma manera injustificada: estaba sentado en la esquina del barrio “de él” y por eso lo levantó y, como si nada, le tiró dos tiros en las piernas. Muy similar a la historia de mi hermano.

– Seguramente en este accionar también deben criminalizar y estigmatizar a los pibes de los barrios para naturalizar esa impunidad con la que se manejan, ¿no es así?

Eso mismo. Por eso, son importantes los medios de comunicación porque se dijeron muchas versiones y mi hermano era un tipo muy bueno, que iba una hora antes al trabajo. Y eso lo dicen quienes eran sus mismos compañeros: trabajó casi dos años en ese frigorífico sin faltar… y justo lo estaban por poner en blanco. Sus compañeros están con nosotros, están atentos a la causa, nos ayudan cada vez que salimos a pegar carteles, se sacan fotos en solidaridad con la causa y pidiendo justicia por mi hermano, hasta realizaron una placa… Inclusive actualmente quieren hacer una placa para el barrio porque las y los vecinos consideran que hay que recordarlo a Germán de esa forma, ya que le tenían mucho aprecio por su forma de ser.

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Luego de 4 meses, volvió a ser noticia el Barrio Nueva Esperanza, en Merlo Gómez, al oeste del conurbano bonaerense por el violento desalojo de sus habitantes llevado adelante durante el pasado jueves. Se trata de alrededor de 1.500 familias desalojadas que ocuparon el predio el pasado 22 de octubre en Libertad, partido de Merlo.

El fiscal Fernando Capello, quien interviene en la causa por la toma, había ordenado –promediando las 10 am– que se detenga el desalojo iniciado en la madrugada del jueves por efectivos de la Policía Bonaerense y pedido a los vecinos que permanezcan en sus casas para ser censados. Al retirarse el fiscal, comenzó un operativo desproporcionado que incluyó miles de policías, la Guardia de Infantería y helicópteros. A su paso quemaron y tumbaron las viviendas que con mucho esfuerzo las familias fueron construyendo.
Miles de familias se fueron del barrio sin resolver el problema de la vivienda, y la mayoría sin saber dónde pasar la noche.

El procedimiento se inició a las 4 am cuando unos 1.200 agentes cercaron el lugar, ubicado al costado de la ruta 1003, y luego comenzaron a ir casilla por casilla para pedirles a los ocupantes que voluntariamente dejen sus precarios hogares. La medida se había tomado pese a que el Juzgado de Garantías Nº 4 firmó una resolución en la que exhortaba a las autoridades a suspender cualquier intento de desalojo por el plazo de 180 días y “convocar mesas de gestión” para solucionar el problema.
Por su parte, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (FPV), manifestó que había personal de la Municipalidad para garantizar que el desalojo sea pacífico. “La información que tenemos es que va a ser absolutamente pacífico, hemos hablado con ocupantes y organizaciones. A todos se les explicó que la posición nuestra es no avalar ninguna toma”, reafirmó en declaraciones al canal de noticias TN.
Sin embargo, por la tarde, tras la retirada del fiscal y sin mediar explicaciones, comenzó el violento operativo. Los vecinos denunciaron que el operativo fue “ilegal” y que hubo “represión”. El 75 % de las viviendas fueron derrumbadas por topadoras y quienes se resistieron a abandonar el predio fueron ferozmente reprimidos, dejando el saldo de 7 detenidos, que luego fueron liberados, aunque se desconoce aún si les han abierto causas judiciales, así como el estado físico en el que se encontraban.

“Con topadoras arrasan las casas y ni siquiera podemos retirar nuestras pertenencias, como camas, heladeras y colchones”, se quejó en diálogo con la agencia de noticias DyN, Rodrigo Alonso, uno de los delegados de la toma, al tiempo que aseguró que fue “ilegal”, pues existía una “prórroga” judicial de “180 días para el desalojo firmada ayer” y protestó al sostener que “no” había “ningún tipo de contención social” para las personas retiradas.

Posteriormente, los vecinos dieron a conocer un comunicado donde afirman que: “La policía avanzó sobre nuestras precarias casas sin orden de desalojo, con topadoras y helicópteros. Miles de familias se fueron del barrio sin resolver el tema de la vivienda, y la mayoría sin saber dónde pasar la noche. Denunciamos que el fiscal Fernando Cappello nos mintió en la cara cuando prometió a los delegados que no habría desalojo y que se realizaría un censo. Nosotros ya hicimos ese censo: somos 1.500 familias que reclamamos una vivienda digna. En lugar de cumplir con su palabra, al retirarse el fiscal comenzó un operativo absolutamente desproporcionado que incluyó miles de policías, la Guardia de Infantería y helicópteros. A lo largo del día de hoy fueron avanzando: a su paso quemaron y tumbaron las viviendas que con mucho esfuerzo las familias fuimos construyendo”.

El viernes a partir de las 9.00 se realizó una concentración en la Municipalidad de Merlo, Avenida Libertador San Martín 391, entre Chacabuco y Bolívar para pedir explicaciones al Intendente Gustavo Menéndez y exigir una solución al problema de vivienda tras el violento desalojo. Al no tener respuestas algunas familias volvieron a instalarse en el predio ocupado y para el próximo martes está prevista una nueva concentración en la Municipalidad.

Historia reciente

El pasado sábado 13 de febrero por la noche, una banda de narcotraficantes instalada en un sector de casas sobre la ruta 1003 arremetió a balazos contra un grupo de jóvenes. Una de esas balas hirió a tres niños y le quitó la vida a Oscarcito, un pibe de 8 años, que jugaba en la calle. Los vecinos del barrio Nueva Esperanza hace tiempo habían denunciado a las autoridades municipales la preocupación por las zonas liberadas y la connivencia policial.

A pesar que el Intendente Gustavo Menéndez reconoció la responsabilidad y la autoría por parte de un grupo ligado al narcotráfico, dejó abierta la “necesidad” de desalojar la toma, aunque todos los testimonios de funcionarios, familiares y vecinos coinciden en que el asesinato de Oscarcito nada tenía que ver con la disputa de tierras o con los vecinos que ocuparon terrenos.
El propio padre del pequeño de 8 años baleado en un supuesto enfrentamiento entre bandas en Merlo, negó la versión oficial y, en el sepelio de su hijo, aseveró que un grupo armado disparó a quemarropa contra un grupo de niños. Quien manifestara lo de la “guerra de bandas” fue el intendente Gustavo Menéndez, del FPV, quien en todo momento salió a criminalizar a los vecinos y condenar la toma de terrenos. Saúl, el padre de Oscar habló con el canal C5N poco antes de darle el último adiós a su hijo, negó la información suministrada en un primer momento por la policía y contó cómo se dieron los hechos ocurridos el sábado por la noche.

“Terminaron de festejar un cumpleaños en la casa de un amigo, algunos chicos se habían retirado y algunos chicos que habían quedado comenzaron a jugar con cohetes y a estos malvivientes, que no sé qué se les pasó por la cabeza, vinieron a la represalia de estos cohetes con armas de alto calibre. (Hubo) Dos nenas heridas, dos muchachos también heridos, y a Oscar, que estoy a punto de enterrarlo, (de) ocho años”, dijo a punto de quebrarse el hombre.

Nota relacionada: Merlo: Cuatro meses de lucha por el derecho a la vivienda

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Para los medios hegemónicos la toma de tierra en Merlo Gómez solo es noticia cuando pasa una tragedia y operan como incitadores y justificadores de un posible desalojo. Marcha se acercó al Barrio Nueva Esperanza para conocer el lado que no nos quieren mostrar.

El barrio Nueva Unión tiene que lamentar la ausencia de Oscarcito, un pibe de 8 años. El sábado por la noche, una banda de narcotraficantes instalada en un sector de casas sobre la ruta 1003 arremetió a balazos contra un grupo de jóvenes. Una de esas balas hirió a tres niños y le quito la vida a Oscarcito, que jugaba en la calle. Los vecinos del barrio Nueva Esperanza hace tiempo habían denunciado a las autoridades municipales la preocupación por las zonas liberadas y la connivencia policial.

Las distintas reacciones por el niño asesinado no tardaron en llegar. Los vecinos del barrio lindante, inconformes con la ocupación de los terrenos, prendieron fuego las casas donde se encontraban instaladas las bandas de narcos. También, en el arrebato, algunas familias sufrieron las consecuencias de la indignación de los vecinos. Marcha dialogó con Anahí Benítez, delegada y vocera del Barrio Nueva Esperanza, quien explicó que estas acciones pasaron durante el domingo y que las bandas ya se habían ido. “No estamos de acuerdo con la justicia por mano propia, pero entendemos que, en una situación como esta, fue la única respuesta que generó una solución, dado que los narcos se fueron”, expresó.

El trágico episodio dio lugar a versiones y volvió a instalar la posibilidad de un desalojo, expresado de distintas maneras en los medios que marcan la agenda y el sentido común de las grandes mayorías. En cuanto a la muerte de Oscar, el intendente Menéndez reconoció la responsabilidad y la autoría por parte de un grupo ligado al narcotráfico, pero dejó abierta la “necesidad” de desalojar la toma. Todos los testimonios de funcionarios, familiares y vecinos coinciden en que el asesinato de Oscarcito nada tiene que ver con la disputa de tierras o con los vecinos que ocuparon terrenos. “Los vecinos somos las principales víctimas de los narcos”, explicó Benítez, y agregó que “la falta de política en una zona como esta, tan grande además, permite que surjan zonas liberadas y dan lugar a estos hechos delictivos que nada tienen que ver con las familias que nos estamos organizando y viviendo acá. En los medios masivos están dejando en el mismo plano a los vecinos y a los narcos tratando de deslegitimar este reclamo por vivienda y esta lucha por el cumplimiento de nuestros derechos”.

Bancando la Toma

Con la intención de poder desligarse de los grupos de narcos que se instalan y usurpan sectores en las tomas de tierras, pero también para poder visibilizar nuevamente el reclamo legítimo por la tierra para vivir y el derecho a la vivienda digna, distintas organizaciones sociales y políticas organizaron el “Festival Bancando la Toma, por el Derecho a la Vivienda Digna para Todxs” (Ver Fotogalería). La jornada tuvo lugar el pasado sábado y contó con diversas actividades como una radio abierta, un momento de carnaval con distintas murgas participando, bandas musicales y un panel sobre la problemática de la vivienda y la Ley 14.499 de acceso justo al hábitat –donde expusieron Gabriel Nocetto de la Asociación Civil Madre Tierra, Manuel Tufro del CELS, el Padre Gabriel del Obispado de Morón y Anahí Benítez–. Cientos de vecinos y vecinas de barrio pudieron disfrutar de la tarde en Nueva Esperanza, pero también encontrarse y conocerse. Solo algunas horas más tarde, el barrio se encuentra lamentando la muerte de Oscar, pero el balance de la actividad es positivo: “Fue una jornada más de lucha para los vecinos, para seguir organizándonos con alegría”, resumió Benítez.

Cuatro meses de lucha por la tierra y la vivienda

Marcha se acercó a Nueva Esperanza y al calor agobiante se le suman distintas incertidumbres. El escenario es complejo: medios de comunicación agitando y promoviendo un desalojo, el Intendente con declaraciones ambiguas, una familia destrozada por la pérdida de un hijo sin explicación alguna, vecinos indignados con los narcos y metiendo a las familias trabajadoras en la misma bolsa. La poca gente que hay antes de las 19 horas, recién cuando miles de personas vuelven de trabajar, dificulta las reuniones. Pero ya a las 16 horas la primera docena de delegados y “vecinos activos” de un sector se empieza a juntar y sale a recorrer la toma. Antes las llamadas de los medios y de otros vecinos son constantes. A los medios les interesa, exclusivamente, el niño asesinado: “El problema del narcotráfico en Merlo no es un problema de hoy ni se inició con la toma; sabemos que los barrios en donde vivimos los sectores populares suelen ser los más desprotegidos y la policía se instala ejerciendo mucha violencia. Ahí, donde hoy están instalados los narcos en nuestro barrio, antes estaba la policía”, explica Benítez.

Van más de tres meses de toma y la relación con el municipio es casi inexistente: “Nosotros venimos insistiendo al gobierno la apertura de una mesa de diálogo para poder resolver de manera pacífica la situación. Entendemos que las posibilidades de que estas zonas se urbanicen es posible, sabemos que los dueños de estos terrenos han salido públicamente a decir que quieren vender la tierra, que han querido venderla en años anteriores”, explica la delegada. Desde el gobierno dicen que “quien tiene la capacidad de resolver esta situación es la Justicia”, pero las más de 2000 familias saben bien que la política de vivienda no le corresponde a ninguna fiscalía, ni juez.

El déficit habitacional es una de las graves problemáticas estructurales para los sectores populares, para quienes no existen programas ni posibilidades para el acceso a la tierra y la vivienda. “Estamos peleando por un derecho básico y creemos que sin la intervención del Estado con una política clara es difícil que podamos acceder a la compra de un terreno”, cuenta Benítez. Contrarrestar el sentido común, o el sentido impuesto desde las clases dominantes en todas sus expresiones y variantes se hace cuesta arriba; las familias de Merlo Gómez hace cuatro meses que sostienen la misma convicción: “Nosotros somos familias trabajadoras, tenemos ingresos y queremos comprar la tierra para poder construir nuestra vivienda”.

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La jornada de ayer fue de profunda incertidumbre para las 2000 familias que están tomando tierras en Merlo. Durante la tarde se hizo presente la infantería, pero las negociaciones lograron, por ahora, frenar el desalojo por una solución pacífica. Marcha dialogó con una delegada de la toma.

Desde la madrugada del 22 de octubre, cientos de familias se fueron acercando a la localidad de Libertad, en el partido de Merlo. Allí, se fueron armando “viviendas” donde asentarse, con los elementos que iban encontrando o que ya traían a cuestas (nylon, carpas, maderas, chapas). Son familias humildes (algunas que estaban cerca del barrio y otras que vinieron desde más lejos), a las que se les niega el derecho básico a una vivienda digna: una problemática que ni los gobiernos nacional, provincial, ni municipal tuvieron la voluntad política de resolver.

Cuando en un comienzo se realizó la toma de 340 viviendas, la situación fue denunciada por Gustavo Menéndez, el reciente intendente electo por el Frente para la Victoria (FPV). En la denuncia judicial, responsabiliza a Raúl Othacehé, actual intendente del partido. Pero luego la toma se fue extendiendo hacia el predio lindero, hasta llegar a más de 2000 familias al día de hoy. El terreno, propiedad de particulares, consta de alrededor de 70 hectáreas y está ubicado en Merlo Gómez, entre las rutas 1001 y 1003.

Durante los primeros días los grandes medios de comunicación no se hicieron eco de los reclamos de las familias por tierra y vivienda dignas para vivir. Al superar las dos semanas de comenzada la toma,  estos mismos medios se encargaron de caldear el ambiente, enfatizar las acusaciones y, en especial, de enfrentar a pobres contra pobres. Con la estigmatización como metodología y común denominador en la prensa escrita y audiovisual, los medios instaban, justificaban y preparaban el terreno para un posible desalojo violento.

Una papa caliente de cara al balotaje

Las versiones y las acusaciones son cruzadas. Ante la denuncia de Menéndez sobre la instigación de punteros y funcionarios de Othacehé, este expresó que “Él promovió las tomas de terreno. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Él prometió en actos la toma de terrenos. Activé denuncias penales”.

Gustavo Menéndez, contrarrestó explicando que la toma busca ocultar que el gobierno saliente nunca termino un complejo de viviendas que realizó con plata del gobiernos nacional. Y expresó que “hubo bandera verde de algún lugar, porque es imposible que suceda así”

La futura gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el actual gobernador, Daniel Scioli, también se pronunciaron al respecto. Vidal se refirió a un “fin de ciclo” y expresó “que va a empezar una etapa distinta en diciembre”. En este sentido, intentó victimizarse: “Siento que hay algunos que creen que pueden obstaculizar lo que viene”. Por último, enfatizó a quién corresponde hacerse cargo: “Es responsabilidad de la provincia y del intendente actual”.

Por su parte, Scioli, se expresó “absolutamente en contra de las tomas ilegales”. Frente a la resolución del conflicto, el candidato a presidente por el FPV se refirió a un desalojo que se hará con “responsabilidad social y comprensión”, para lo cual comentó que está coordinando acciones con Menéndez. También, dejó entrever un dudoso trasfondo en el origen de la toma: “Habrá que analizar en profundidad la situación para que la Justicia pueda dar respuesta respecto de si hay una cuestión política o una necesidad habitacional”.

Primeras resoluciones

En declaraciones radiales, el ministro de seguridad bonaerense, Alejandro Granados, había advertido: “En pocas horas, el lugar estará rodeado por la infantería a la espera de la instrucción de la justicia, que seguramente nos dará la orden de que desalojemos”. A las 15.30, y sin orden de desalojo, 300 efectivos se acercaron a la zona con la finalidad de no dejar entrar y salir a los vecinos de la tierra tomada. Además, cumplieron la tarea de intimidar a los vecinos, y generaron así que muchas familias se retiraran de los terrenos que habían ocupado durante casi 20 días. Y mientras tanto, durante todo el día, la orden judicial de desalojo nunca llegó.

Pero quienes estaban allí no se quedaron a la espera: por la tarde realizaron una reunión entre delegados y delegadas de la toma, Eduardo Aparicio -ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires-, miembros del equipo del intendente Raúl Othacehé y el subsecretario de Urbanismo Social, Ricardo Spalletti.

Marcha dialogó con Anahí Benítez, delegada de la toma y militante del Frente Popular Darío Santillán, quien participó de la reunión. “Se gestó la posibilidad de empezar un censo para esclarecer exactamente cuántas familias somos y en función de eso pensar que el gobierno nos acompañe en un pedido de expropiación o de compra de los terrenos”, explicó.

Respecto de la propiedad del predio, aclaró que “hay un solo dueño de los terrenos y es el que está reclamando la propiedad de las tierras. En función de eso, hay un juicio, que tendría una orden de desalojo ya efectiva. Esa es la versión que circula como una especie de apriete, porque la Secretaría de Hábitat aclaró que no hay pedido de desalojo”. En este sentido la delegada enfatizó en “destacar que esa orden de desalojo no está firmada, ni se les mostró a las familias, más allá de la coerción de la policía que estaba ahí”. Por otro lado, denunció que “la negociación de hoy se da en un marco donde las familias están negociando con la policía que hace aprietes en el terreno y que no se fue hasta que el cuerpo de delegados volvió a la toma”.

Frente a la posible resolución del conflicto explicó que “la posibilidad del censo y de la negociación por una ley de expropiación o de la compra del terreno viene acompañada de un pedido a las familias de que nos retiremos y que sólo quede una guardia que garantice que esos terrenos no sean usurpados por otros. El censo empezaría a partir del miércoles (hoy), y también se comprometieron a que el canal de diálogo siga abierto”. Además, agregó que, como contraparte, “las familias hicimos un pedido de que se frenara el desalojo y se comprometieron a hacer una presentación ante el juez en la que dijeran que como se había iniciado un diálogo y había posibilidades de una salida pacífica al conflicto, entonces el juez no procediera al desalojo”.

Las respuestas de las organizaciones populares

Distintas organizaciones políticas se convocan para hoy a las 10 en el Congreso de Nación, para movilizarse y realizar una conferencia de prensa frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, junto con delegados de la toma. En el comunicado de convocatoria se denuncia cómo esta situación expresa una crisis en la política habitacional y por eso se exige “una solución pacífica al reclamo de más de dos mil familias” frente al intento de desalojo.

El comunicado, firmado por un amplio abanico de organizaciones políticas y organismos de Derechos Humanos, explica que “en Merlo, como en Brown, en La Plata y en otras localidades, el avance represivo hacia quienes pelean por sus derechos nos preocupa y alarma”. “Las fuerzas de seguridad han sido garantía para los desalojos más violentos en los últimos años”, denuncian.

Por último, expresa que “más allá de los cruces entre el intendente saliente, el intendente electo, el gobierno provincial actual y el que asumirá próximamente, exigimos que los gobiernos y las fuerzas políticas garanticen la resolución de la crisis habitacional de forma pacífica y en diálogo con los vecinos”.

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En la localidad de Merlo, 2.000 familias están acampando exigiendo la expropiación de tierras y la regulación del dominio en terrenos abandonados. La toma se produce ante la falta de respuesta del Estado al derecho al techo de miles de habitantes que aún no tienen un lugar propio y digno para vivir. Charlamos con Cristóbal, militante del Frente Popular Darío Santillán, agrupación que participa activamente.

-¿De qué se trata la ocupación de terrenos en Merlo?

–Se está llevando adelante la toma de un terreno de alrededor de 70 hectáreas ubicado en Merlo Gómez, entre esas dos rutas, la 1001 y la 1003. Un predio que se puede llegar a comparar con la magnitud del Indoamericano que en su momento, en la Ciudad de Buenos Aires, fue un foco de conflicto que también evidenciaba el problema de la vivienda que afecta a los sectores populares.

En este caso, en el partido hay alrededor de 2.000 familias que están llevando adelante un pedido de vivienda, un tema que no está resuelto ni por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni por el nacional.

Hoy en día el derecho a la vivienda sigue siendo parte de los reclamos que aparecen en los sectores populares y se materializan con tomas en la mayoría de los casos, o cuando se dan situaciones de desalojo. Nosotros lo vemos mucho en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Focos de conflicto que se dan en torno a la situación de la vivienda, a partir de los que el pueblo se organiza, se convoca y lleva adelante este tipo de medidas que son necesarias para al menos lograr un diálogo con el Estado, porque de lo contrario, no serían reconocidos.

-¿De dónde provienen estas familias?

–Son fundamentalmente familias de la zona, del barrio cercano a este predio. Seguramente se vayan acercando de otros barrios también, porque toda esa zona oeste tiene una cantidad muy grande de habitantes. Nosotros, como organización, estamos acompañando el desarrollo de la toma, inclusive con familias que se están organizando y llevando adelante propuestas para poder interpelar al Estado, al gobierno, para que se haga cargo de una solución pacífica respondiendo a las demandas que básicamente es la de tener una vivienda digna.

-¿Ahí el intendente era Othacehé, no?

–Exacto, Othacehé que ha sido derrotado por un candidato de La Cámpora, Menéndez.

–Que no se ha acercado a la toma…

–Hay una situación de indefinición política, porque el contexto electoral hace que nadie quiera agarrar un mango caliente en cuanto al conflicto social. Las familias que se están organizando de manera pacífica necesitan la respuesta del Estado y en ese sentido aún hoy se sigue tratando de interpelar a sus poderes para conseguir alguna respuesta.

Hoy no hay orden de desalojo, no pasa nada, es como una meseta. Es claro que la situación en este tipo de escenarios ha sido siempre desfavorable para la gente que se ha organizado y ha llevado adelante este tipo de medidas. Nosotros procuramos que sea reconocido el derecho a la vivienda y que el Estado dé una respuesta favorable a la demanda y no que venga a desalojar o reprimir.

-Parece que esa posibilidad es altamente improbable, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes del asesinato de Ángel Verón en el Chaco, y en el marco de la definición política que involucra a uno de los protagonistas del próximo balotaje presidencial, porque esta situación lo toca de cerca al candidato del oficialismo, el gobernador Scioli.

–Hay un juego de ajedrez que hace que hoy esté en stand by la definición política. Aun así no significa que haya una respuesta favorable, es necesario que el Estado se sienta interpelado por esta demanda gigante. Los antecedentes no son los mejores para el pueblo que ha llevado adelante este tipo de medidas, venimos de precedentes bastante negativos como el caso del Indoamericano y la toma del barrio Papa Francisco, más allá de que dependan de otro distrito, generalmente el Estado ha tenido este tipo de comportamiento represivo.

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