Por Estefanía Siniscalchi | Foto: Rocío Prim

En el marco del Mes del Orgullo, que se celebra cada junio en todo el mundo en conmemoración a los disturbios acontecidos en Stonewall, Nueva York, en 1969 y que dieron pie a los movimientos por los derechos LGBTTIQNB+, es importante reivindicar las luchas aún vigentes y trabajar en que sea un mes de reflexión y visibilidad, más allá de las estrategias de marketing que suelen teñir a las grandes marcas de color arcoiris.

Hace un mes, en Argentina se celebró el día de la patria trans, más precisamente el 24 de mayo. Y mientras el calendario patrio volvía a poblarse de discursos oficiales sobre la “Nación” y la “libertad”, en Plaza de Mayo otra voz colectiva insistió con una pregunta incómoda: ¿Qué patria hubo históricamente para las travestis y trans en Argentina?

Bajo la consigna, organizaciones y activistas nucleadas en Las Históricas Argentinas realizaron una nueva jornada de lucha para exigir la aprobación de una Ley de Reparación Histórica Travesti Trans. La convocatoria reunió a sobrevivientes de décadas de persecución policial, exclusión social y violencia institucional, junto a organizaciones feministas, transfeministas y del colectivo LGBTTIQNB+ de todas las edades.

Este día no es solo una fecha conmemorativa: Plaza de Mayo volvió a convertirse en un territorio de memoria política y denuncia. Una memoria que no habla en abstracto, habla de edictos policiales, detenciones arbitrarias, expulsión de hogares, escuelas y trabajos. De vidas marcadas por la clandestinidad forzada y un promedio de vida históricamente reducido por la violencia estructural.

“Memoria, verdad, justicia y una vejez digna”

Así lo sintetizaron desde la organización. Porque el reclamo por Reparación no apunta únicamente al reconocimiento simbólico, sino que exige políticas concretas para quienes sobrevivieron a un sistema que les negó derechos básicos durante décadas.

La demanda por una Ley de Reparación Histórica Travesti Trans lleva más de quince años de construcción colectiva. En ese recorrido quedaron muchas compañeras en el camino, sin acceso a jubilaciones, vivienda, salud ni condiciones materiales para una vejez digna. La democracia argentina, señalaron las activistas, mantiene todavía una deuda profunda con quienes resistieron la persecución estatal incluso después del retorno democrático.

La jornada también tuvo el formato de encuentro popular y cultural. Hubo festival artístico, lecturas, música, clase abierta de baile y olla popular. Porque la organización comunitaria aparece, otra vez, como respuesta frente a la precarización y el abandono. Entre artistas, activistas y referentas históricas, la Plaza se llenó de cuerpos y voces que disputan el sentido mismo de patria. Una inclusiva dónde la diversidad logre los mismos derechos.

Así lo recuerdan los testimonios de Marcela Saibek, Micaela Pérez y Erika Moreno que reconstruyen décadas de persecución, detenciones arbitrarias, exclusión laboral y violencia estatal que aún esperan reconocimiento y reparación porque para el colectivo travesti/trans la violación a sus derechos no terminó con el retorno de la democracia. Esa es la deuda que el Estado debe reconocer y reparar.

“Nos tienen que reparar primero porque nosotras aportamos como todas, pagamos impuestos como todo ser humano. Pero aparte de pagar con el cuerpo, con los golpes y con las cosas que vivimos, teníamos que pagarle a todos por el arreglo. Eso que estamos reclamando es nuestro”, afirma Marcela Ángela Saibek de García Sopeña, integrante de Las Históricas, en referencia a las coimas que les obligaban a pagar.

La organización nació a partir de encuentros entre sobrevivientes que comenzaron a reunirse después de la pandemia para impulsar el reclamo. Lo que empezó como reuniones informales terminó convirtiéndose en un movimiento federal integrado por activistas de distintas provincias. El nombre surgió durante una caminata hacia Casa Rosada para entregar una carta al entonces presidente Alberto Fernández.

“Parecemos Las Históricas Argentinas”, recuerda Marcela entre risas. El nombre quedó para siempre.

Pero detrás de esa anécdota aparece una historia mucho más dura. Las entrevistadas relatan detenciones arbitrarias, violencia policial, expulsión de sus hogares, imposibilidad de acceder al trabajo formal y años enteros de persecución sistemática. “Nosotras estuvimos presas años y no tenemos antecedentes. Los golpes, las violaciones, los garrotazos, todo eso lo sufrimos. Entonces, ¿cómo se entiende?”, se pregunta Marcela.

Para las integrantes del colectivo, la ausencia de registros oficiales constituye una de las pruebas más contundentes de la violencia estatal. Muchas fueron detenidas decenas de veces sin que esas detenciones quedarán asentadas formalmente. Micaela Josefina Pérez, de 62 años, se define como “un testimonio vivo” de aquella época. Sobreviviente de la dictadura, los edictos policiales y la persecución en democracia, recuerda que fue detenida en reiteradas oportunidades y que terminó exiliándose del país en el año 2000.

“Yo me exilié cansada de mis detenciones. Estuve en Devoto varias veces por 15, 20 y 30 días solo por el hecho de ser travesti”, relata. Su historia refleja uno de los argumentos centrales del reclamo: el Estado persiguió a las personas travestis y trans y también les impidió construir una vida laboral que les permitiera acceder a derechos básicos.

“A mí me sacaban de la peluquería. Las dueñas tenían que ir a buscarme a la comisaría. Después de la cuarta o quinta vez me echaban del trabajo. Nos empujaron al mundo de la marginalidad y la prostitución”, recuerda Micaela. La consecuencia de esa exclusión sigue presente hoy. Muchas de las sobrevivientes llegaron a la adultez sin aportes jubilatorios, sin vivienda propia y con graves problemas de salud derivados de décadas de precarización. “No hay tiempo. Nos seguimos muriendo”, advierte Micaela. “Lo único que pedimos es que se dignifique el resto que nos queda por vivir”.

“Para nosotras la democracia llegó recién en 2012”

Para las activistas, la Reparación Histórica no busca privilegios ni beneficios extraordinarios sino reconocer que existió una política sistemática de exclusión social que dejó secuelas materiales y simbólicas en travestis y trans y que persisten hasta el presente.

Erika Noely Moreno, activista fueguina e integrante de Las Históricas, lo sintetiza con claridad: “La reparación histórica es reconocer el genocidio que nos hicieron. No nos dejaron estudiar, trabajar, comprar una vivienda ni hacer aportes jubilatorios. Ahora necesitamos la reparación porque no nos dejaron construir nada”.

Moreno señala además que el negacionismo sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar. “¿Por qué cuesta tanto entenderlo? Porque no se hacen cargo. No se hacen cargo de que nos tiraban agua caliente, de que nos cagaban a tiros, de que nos detenían. Fuimos a buscar los registros y no hay nada”.

Para las entrevistadas, la Ley de Identidad de Género representó un punto de inflexión. Pero remarcan que el reconocimiento legal no alcanzó para reparar décadas de exclusión estructural. “Para nosotras la democracia llegó recién en 2012”, afirma Micaela. “Antes no podíamos caminar tranquilas por la calle”.

En la Plaza de Mayo, la memoria ocupa un lugar central. Cada actividad recuerda a las compañeras que murieron sin haber visto reconocidos sus derechos. “Pensé que estábamos todas muertas”, confiesa Erika al recordar el encuentro con otras sobrevivientes. “Eso también fue lo que me llevó a militar con Las Históricas: que todavía estamos vivas”.

Esa idea atraviesa toda la construcción política del colectivo. Las Históricas se reconocen como memoria viva de una experiencia que durante décadas fue invisibilizada. “Somos pequeños libros abiertos de esa época”, dice Marcela. “Después esto ya no se va a hablar con nosotras. Lo van a tener que ir a buscar a los libros. Por eso es importante que nos escuchen para que no vuelva a pasar”, agrega.

Es que, como repiten cada 24 de mayo, no puede haber una democracia plena mientras quienes sobrevivieron a la persecución estatal sigan esperando que el Estado reconozca el daño que les causó. Uno de los puntos más fuertes de su discurso político es la idea de “supervivencia”. Muchas de sus integrantes remarcan haber sobrevivido a una expectativa de vida históricamente bajísima para el colectivo travesti trans en Argentina.

Desde allí, el reclamo de reparación no aparece solamente como una demanda económica, sino como una política de memoria y justicia frente a una violencia estructural que marcó generaciones enteras.

A través de sus redes, el colectivo también reivindica una dimensión afectiva y cultural de la militancia: la celebración de las identidades travestis y trans, la construcción de comunidad y la transmisión intergeneracional de la memoria. Por eso, su trabajo dialoga con experiencias como el Archivo de la Memoria Trans Argentina y otros espacios dedicados a preservar las historias de vida travestis y trans en el país.

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Por Florencia Pagola

Yamandú Orsi, un docente de secundaria de 57 años, se convierte en el noveno presidente electo de Uruguay después del retorno a la democracia, tras 12 años de dictadura cívico-militar (1973-1985), que formó parte de la Operación Cóndor, una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por gobiernos de Estados Unidos. La asunción de Orsi marca un hito significativo: 40 años de democracia ininterrumpida, el periodo más largo de estabilidad política que el país ha experimentado. En este contexto, la toma de posesión se convierte en una celebración de la fortaleza democrática que ha permitido que Uruguay sea considerado uno de los países más democráticos en la región.

Durante el recorrido presidencial desde el Palacio Legislativo hasta la Plaza Independencia, un evento simbólico resaltó la conmemoración del pasado reciente del país. Por primera vez, tanto Orsi como la nueva vicepresidenta Carolina Cosse se detuvieron para saludar a los familiares de los desaparecidos durante la dictadura, encabezados por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos. Este gesto de cercanía es un recordatorio de la deuda histórica que aún persiste en Uruguay con aquellos que buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, y subraya el compromiso del gobierno entrante con la justicia y la memoria histórica.

Un detalle que marcó la asunción de Orsi fue el uso, por primera vez en la historia, de un automóvil eléctrico para el traslado presidencial. Orsi y Cosse se desplazaron en un Hyundai Ioniq 5, un modelo eléctrico que simboliza la apuesta del nuevo gobierno por continuar y profundizar las políticas de movilidad sostenible, basadas en energías renovables. Este gesto va en línea con los esfuerzos previos de Uruguay para liderar la transición energética en la región, un área en la que el país ha sido pionero gracias a su modelo de energías limpias.

La víspera de la asunción presidencial fue escenario de un encuentro trascendental para los liderazgos progresistas de América Latina. En la residencia del embajador brasileño en Montevideo, se celebró una cumbre de alto nivel entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia, y Orsi. Esta reunión reflejó el esfuerzo por consolidar la unidad de las fuerzas progresistas de la región, buscando caminos comunes para fortalecer la democracia y enfrentar los retos que plantean los gobiernos de corte reaccionario que han ido ganando terreno a nivel global. La cumbre destacó la voluntad de estos líderes de fortalecer la cooperación regional en momentos de creciente polarización política.

A pesar de los avances democráticos, aún persisten desafíos en términos de igualdad de género. En el parlamento uruguayo, la representación femenina sigue siendo insuficiente, con solo un 29% de participación en las Cámaras. No obstante, la elección de Carolina Cosse como vicepresidenta es un paso significativo en la historia del país. Es la segunda vez que una mujer asume este cargo, luego de la vicepresidencia de Beatriz Argimón. Aunque la paridad total aún no se ha logrado, el ascenso de Cosse es un hito en la política uruguaya y un recordatorio de que, aún en las democracias más avanzadas, la representación política plena de las mujeres sigue siendo una asignatura pendiente.

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Por Luz Ailín Báez | Foto: Nadia Sur

El pasado 27 de marzo el ministro de Defensa Luis Petri junto con el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes, desmantelaron los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) del área de dicha cartera que investiga crímenes de Lesa Humanidad de la última dictadura.

Se trata de un equipo conformado en 2010 de la mano del Decreto 4/2010 que permitió la desclasificación de archivos de Inteligencia del período 1976 y 1983, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que viene trabajando ininterrumpidamente desde entonces.

“Inicialmente el grupo llegó a ser de 30 personas. El macrismo hizo su primer achique pero la tarea, con sus dificultades, continuó”, cuenta Stella Segado, integrante del Área de Acervo documental de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) de la Procuración General de la Nación.

Además de echar a 10 trabajadorxs, Petri y Erbes derogaron dos Resoluciones, la 308/2010 y la 1573/2023. Una otorgaba un carácter permanente a los equipos y la otra creaba y reglamentaba el reciente Sistema de Archivos de la Defensa.

Así, mientras enaltece con discursos rimbombantes a las “Fuerzas del Cielo”, el gobierno de Javier Milei desarticula una política pública de promoción y protección de los Derechos Humanos, pausando el camino de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas.

Estos despidos en el Ministerio de Defensa se dan en un contexto de avanzada particularmente violenta con quienes trabajan en temáticas de derechos humanos: ese mismo día, en el predio de la Ex ESMA donde funciona el Ministerio de Justicia y DDHH, varios trabajadores despedidos (al momento, 450) fueron amenazados con un arma de fuego por la custodia del actual secretario de DDHH, Alberto Baños, cuando se acercaron a consultar si habría empleados cesanteados.

Toda una marca de época.

Documento mata impunidad

Los equipos de Relevamiento y Análisis están conformados por una diversidad de profesionales: historiadorxs, comunicadorxs, licenciadxs en políticas públicas, abogades, entre otrxs.

-¿Hay copia de todo el material? ¿Es realmente posible destruir toda la evidencia recolectada en los informes?

-No es necesario destruir. Con ocultar o negar es suficiente… Un “no se encuentra” es suficiente.El trabajo del equipo es evitar eso.

Segado explica que la importancia del trabajo en los archivos de las FFAA se da en dos líneas importantes, la histórica y la de violaciones a los derechos humanos: “En la histórica se rescataron y pusieron en contexto documentos sobre partes de nuestra historia. Las listas negras, las actas de la junta militar 71-73 y 76-83 y el Informe Rattembach sobre Malvinas (por citar algunos) fueron desclasificados para que la sociedad pudiera tener acceso a parte de la historia que estaba vedada”, detalla.

Así, en el marco de la conmemoración del 40° aniversario, se digitalizaron todos los fondos y colecciones sobre la Guerra de Malvinas en guarda en los archivos históricos de las Fuerzas Armadas y, por primera vez desde el conflicto, se puso a disposición de toda la sociedad argentina, documentos de esos acervos en el sitio web Archivos Abiertos. 

Es gracias a estos equipos que hoy cualquier ciudadanx puede acceder a los mismos con un solo clic.

Un trabajo con estándares internacionales

Fabián Salvioli, relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, expresó en su Informe 2023 para el Consejo de Derechos Humanos que los estándares jurídicos que son “pilares” de la justicia transicional son la verdad, la justicia, la reparación, la memorialización y las garantías de no repetición.

En cuanto a la conservación de registros y sitios históricos, señala que “deben derogarse las disposiciones que impiden desclasificar la información relacionada con violaciones graves de los derechos humanos”.

En ese sentido, el Equipo que el ministro Petri decidió desguazar ha sido reconocido regional e internacionalmente por ser un caso modelo de tareas de archivo realizadas por civiles en dependencias de las Fuerzas Armadas, que permitieron aportes claves a causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad.

Segado ejemplifica: “El equipo realiza la exploración de cruces documentales que permitieron producir información que no está contenida en los documentos tomados individualmente. Así se fueron delineando estrategias para recuperar organigramas de las estructuras operativas de las Fuerzas, formas de constitución de los grupos de tareas y grupos especiales y sus modos de operación en el terreno” (sobre documentos de la Inteligencia durante la última Dictadura, en 2020 salió una nota especial en Marcha).

¿Acaso no dimensiona Lucas Erbes, el director nacional de Derechos Humanos de La Libertad Avanza como abogado y especialista en Defensa y Garantías egresado de la Universidad del Litoral, la importancia de este equipo?

Pocos días antes de tomar esta medida, Luis Petri había dicho que las Fuerzas Armadas fueron “demonizadas”. El titular de las Unidades de Asistencia para Causas por violación a los Derechos Humanos cometidos durante el Terrorismo de Estado de las jurisdicciones de Bahía Blanca y Neuquén, Miguel Ángel Palazzani (quien como fiscal pidió el procesamiento de Vicente Massot, ex director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad), se pronunció públicamente en una carta al ministro.

En ésta le solicitó “tenga a bien evitar cualquier acción que pueda poner en peligro al acervo documental que conforma y gestiona el Archivo de Defensa, así como cualquier otra acción que pueda afectar su correcto funcionamiento. Ello, en atención a que resulta de fundamental importancia como medio de prueba para las causas en trámite en la jurisdicción; asimismo los archivos constituyen elementos necesarios para dar cumplimiento a la obligación asumida por el Estado argentino de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los DDHH, sus familiares y la sociedad toda”.

Lo realmente insólito fue lo que ocurrió luego: el procurador general interino Eduardo Casal sancionó al fiscal federal de Bahía Blanca. En otras palabras, lo mandó a silenciar.

El trabajo del equipo en cifras

En estos casi 14 años ininterrumpidos de trabajo los equipos de Relevamiento y Análisis aportaron a causas judiciales por delitos de Lesa Humanidad en todo el país:

• Presentaron más de 170 informes de investigación a la justicia.
• Relevaron más de 17 mil legajos (de las tres Fuerzas).
• Digitalizaron más de 9 mil documentos (al menos 50% legajos).
• Trabajaron para la consulta más de 1.500 documentos en Archivos Abiertos, en el marco de proyectos especiales de relevamiento, análisis y acceso.

Los Estados tienen la responsabilidad de preservar y transmitir la memoria sobre las violaciones de los derechos humanos y deben para eso, garantizar el derecho de todas las personas a conocer la verdad. Preservar los archivos y otras pruebas relativas a esas violaciones es preservar del olvido la memoria colectiva.

*A la fecha en que se escribió esta nota 4/4/2024 ATE Capital denunciaba que los despidos en la cartera de Justicia y DDHH son 450.

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Sobre lo que fue el conflicto armado existen múltiples lecturas e interpretaciones. En los últimos años, muralistas, poetas y cineastas “hijxs” de la guerra han intentado llenar de voces y nuevos significados un proceso que durante años fue empujado al silencio, o sobre el cuál hablaron muy pocos. 

Julio López Fernández, productor y director de documentales. Julios es de nacionalidad salvadoreña y mexicana. Y su primer documental es La batalla del volcán. Una película que recoge testimonios de combatientes del ejército y de la guerrilla del FMLN, sobre la última batalla de la guerra civil salvadoreña, la última gran batalla , la batalla que definió el final de la guerra y aceleró la salida negociada y el proceso de Paz. 

La Batalla del Volcán pretende ser una lectura más, sacando el foco de las voces que normalmente son invitadas a hablar del tema. Es una lectura de los hechos de 1989 en El Salvador, que constituyen la expresión local de un fenómeno global. Un documental valioso en un contexto donde, desde el gobierno, llaman al olvido. 

Por Gustavo Rivera/ Foto: Trípode Audiovisual

¿Qué concepto de memoria se trabaja en la película?

Nosotros ocupamos la memoria como concepto político. El concepto político de la búsqueda de la memoria, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía, los sobrevivientes del holocausto salieron a contar al mundo y empezaron a hablar: tenemos que hacer memoria para que no vuelva a ocurrir, para que la gente sepa lo qué pasó y para que haya procesos de justicia y procesos de no repetición.

¿Para qué sirve este trabajo de memoria? Sirve para darle sentido a la tragedia. Hay tanta tragedia generada por esta tragedia totalizante, que la afectación, aparte de la inmediata, de la directa, de la física, como que el tejido social que queda destruido después de una violencia totalizante tiene que ser reconstruido. El primer paso para reconstruirlo es darle sentido, entender qué ocurrió y entender cómo nos afectó, y entender qué podemos hacer para curarnos, para curar ese tejido social, para reconstruir ese tejido social. Dentro de eso se da la memoria.

Ahora, la memoria se puede dar en un montón de formas discursivas, y en este caso el cine, y dentro del cine, específicamente el documental. Entonces, para mí era muy importante hacer mi película de memoria de la guerra civil salvadoreña tomando como referente los primeros documentales de memoria bajo esta idea política, que vienen tal vez desde Patricio Guzmán con La Batalla de Chile e instaura ese modelo que todavía sigue operando. Y la tradición de documental de memoria en Argentina es poderosísima. Desde el trabajo que hizo Fernando Birri, Pino Solana, Getino, y hasta terminar en los últimos años con películas como Los Rubios. Que, bueno, Los Rubios ya tiene 15 o 18 años, le dieron vuelta a cómo entendemos la memoria en América Latina, rompiendo límites políticos, cinematográficos, discursivos. Ahora tenemos El Teatro de Guerra, de Lola Arias, de veteranos de la guerra de las Malvinas ingleses y argentinos hablando y recreando. Una película espectacular. Creo que el cine de memoria argentino, sin duda, siempre está a la cabeza en América Latina de esa exploración.

En nuestro caso, lo que estamos haciendo nosotros, que somos la generación de los niños y niñas de los 80, que nos tocó vivir la guerra como bebés o como niños y niñas, que ahora estamos haciendo estas películas de memoria en Centroamérica, sobre todo en los países que tuvieron la guerra abierta y declarada, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y bueno, somos una generación y lo estamos haciendo con esta categoría política de memoria, y también, así como en Chile, Brasil, Argentina y Colombia que tienen su generación propia de piezas artísticas y cinematográficas, nosotros en Centroamérica también.

Me llamó la atención esto que dijiste de “hacer sentido de la guerra”.  Hay varias intervenciones donde las personas involucradas hacen énfasis en hablar. Vos buscabas ese hablar como uno de los ejes centrales del proyecto. ¿Crees que se puede hacer sentido si uno no habla, comunica, transmite?

La película está construida como un gran ejercicio de diálogo entre distintos interlocutores. El primer nivel tal vez es el de las personas propias, que es un diálogo entre las personas y sus pasados que se despliega enfrente de la cámara. También hay un nivel en que la persona habla con el espacio, justamente dentro de esta puesta en escena de llevar a las personas donde (lo) vivieron. Pero luego se empieza a dar un diálogo entre terceros, cuando un militante habla con otro militante compañero y empiezan a dialogar, y luego empiezan a hablar con miembros del bando contrario.

Creo que hay un diálogo muy importante también generacional entre el grupo que hicimos la película, que éramos de una generación más joven que los militantes, también hay como un diálogo entre los que están frente a la cámara y los que están detrás. Y el último diálogo, el que termina siendo el más importante, el fundamental de todos, que es el que la película y lo que cuenta la película genera con el público, sobre todo con el público salvadoreño, que es él tiene que darle sentido a la guerra dentro de sus propias vidas, dentro de sus propias familias.

La película está hecha como eso, un ejercicio de diálogo. Está esta triada dentro de los procesos de memoria de que hablábamos, que se repite mucho en los procesos de justicia en un crimen de lesa humanidad o en procesos de violencia totalizante, que es Memoria, Verdad y Justicia. Ese trío de palabras va en ese orden, no es, al contrario. Primero se tiene que hacer memoria, que es a donde se habla, se cuenta, se reconstruye qué fue lo que pasó. Luego se busca la verdad, porque la memoria no es verdad, es un proceso propio y nosotros nos recordamos de lo que nos interesa, o conviene, o necesitamos recordar u olvidar. Pero luego tiene que venir un proceso de verdad donde procesos de equipos jurídicos determinen qué fue lo que pasó, a qué horas pasó, quién lo hizo, quién lo ordenó, quién lo sufrió, cuáles fueron realmente los daños. Y a partir de tener esa información, una verdad jurídica, se hacen procesos de justicia restaurativa.

En El Salvador no tuvimos ni siquiera los procesos de memoria, olvidémonos de tener proceso de verdad, de justicia, menos. Evidentemente hay casos aislados, la Ley de Amnistía se derogó hace unos cinco años, ya están dándose los primeros juicios, pero es algo mínimo respecto a todo lo que se pudo haber hecho respecto a la guerra. La película aborda estos temas desde este punto de vista humanista y hace este ejercicio de tener este diálogo honesto, y creo que eso también ha hecho que la gente conecte de una manera muy especial con la película, sin importar el bando con el que uno simpatice, o el color de la ideología que uno profese.

Este “factor humano” … ¿fue por eso la elección de personajes?, ¿por eso no acudiste a ningún mando o a ninguna figura que fuera muy políticamente vinculable?

Una de las decisiones políticas de la película era, no vamos a entrevistar a ningún líder de ninguno de los bandos, a ninguna figura pública, porque estos líderes y estas figuras ya tuvieron muchos años la oportunidad de dar su versión, y su versión ya está ahí, y es una versión que está condicionada por intereses particulares. Yo quería que esta película fuera narrada por lo que yo llamo la “gente de las trincheras”, los soldados, los guerrilleros que estaban en la primera fila del combate, realmente combatiendo, y los civiles que se vieron metidos en medio de esas líneas de fuego.

Generalmente se habla que en El Salvador impera el silencio porque es un tema tan grande que no se supo cómo sacarlo, pero ustedes se toparon con un montón de personas que estaban dispuestas a hablar…

Cuando nosotros hicimos La Batalla, la guerra había terminado hace 20 años, y, contrario a lo que muchos pudieran pensar, todo mundo quiere hablar, todo mundo quiere recordar, todo mundo quiere darle sentido. O sea, no todo mundo, pero yo creo que es una mayoría de la gente que sí quiere tener estos procesos.

Creo que La Batalla del volcán se hizo en un momento muy específico que permitía mucho el diálogo. Porque el FMLN había llegado al poder, entonces toda la gente que participó en la guerrilla tenía una perspectiva muy diferente a la que tuvo unos años antes, a la que puede tener ahora, que ha cambiado totalmente el panorama político en El Salvador, entonces, en ese momento creo que era muy propicio para hablar.

Otra cosa importante. Nosotros hicimos este análisis de porqué la gente no hablaba en El Salvador, más allá de que, desde la institucionalidad del estado y de la sociedad civil, no se quiso o no se pudo crear los espacios de diálogo y de memoria y de reflexión, de análisis, de perdón, de reconciliación. Entonces, una persona por qué no habla. Nosotros identificamos que, primero, no hablas por miedo, por tu seguridad. Porque la cultura del terror, dentro de los gobiernos represivos y luego durante la guerra, generó en la gente un pánico de hablar. Uno no podía usar barba, no podía leer tal libro, no podía escuchar, porque desaparecía. Al igual que pasó en Sudamérica muchos años.

El miedo, la seguridad por cuidar a los demás. Luego está también el dolor, son procesos que duelen mucho y que en un momento no se hablan, pero que está muy comprobado en psicología que la forma de curarlos es hablarlos y darles sentido. Y encontramos un tercer factor que es muy doloroso y triste de encontrarlo frente a frente: y es la vergüenza, la pena, el remordimiento, sobre todo en la gente que participó en la guerra, porque es imposible hacer una guerra, vivir una guerra, pelear una guerra sin cometer errores. Errores que pudieron haber costado la vida de mucha gente, que pudieron haber causado mucho dolor. Y ese remordimiento, esa pena, creo que ha pesado mucho en el lado de los combatientes, respecto a lo que se habla o no se habla.

Entonces, no es fácil, pero se tiene que ir desmontando, y creo que la película es un buen ejemplo de cómo sí se puede y todavía estamos a tiempo en El Salvador de seguir teniendo estos procesos tan necesarios, porque nos ayudan a entender este presente tan desastroso que tenemos actualmente.

Podés adquirir el documental por 24 horas en el siguiente enlace, dando click a la imagen.

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Por Jaime Barrios Carrillo; Foto/Museo Rabinal

Alguna vez entre abril y mayo de 1967, el exmilitar Ruano Pinzón se reunió en la ciudad de Guatemala con un joven periodista uruguayo llamado Eduardo Galeano para una entrevista realizada en condiciones secretas y dramáticas. Ruano Pinzón había desertado del Ejército y era de los hombres más buscados en el país. ¿Por qué?

Ruano Pinzón huía para no correr la suerte de sus excompañeros, los soldados Carlos Leonardo, Lisandro Chacón y Elías Dubón. Galeano publicaría ese año uno de sus primeros libros de reportajes: Guatemala país ocupado e incluyó la entrevista. La volvió a retomar en Días y noches de amor y de guerra. De los compañeros de armas de Ruano Pinzón consigna lo siguiente:

“Uno había amanecido con un puñal en el pecho en una cama de la pensión La Posada. Otro recibió un tiro en la espalda, en una cantina de Zacapa, y al otro lo habían acribillado en un bar de atrás de la estación central”.

Ruano Pinzón sabía por qué habían matado a sus compañeros y no quería correr la misma suerte. Galeano lo percibió desesperado: “los nervios le hacían bailar los ojos”. Ruano Pinzón sabía que era el Ejército de Guatemala el responsable de los homicidios. Galeano transcribió el testimonio que le dio aquel desertor fugitivo luchando por conservar la vida:

“Éramos cuatro los inferiores que andábamos con los oficiales, como pistoleros, aquella noche; andábamos con el tercer jefe, el Coronel Máximo Zepeda. Yo estaba de guardia en la puerta cuando llegó una camionetilla Ford, la placa no la vi, modelo 58, color verde. Parece que eran los últimos presos que traían. Yo le pregunté a un policía que estaba parado y me dijo: No sé; adentro hay muchos más. Estaban en el almacén de guerra. Cuando quise entrar, encontré a los oficiales y me dijeron que me fuera. El Coronel Zepeda me miró entonces y me dijo: mirá, hay que dormir en el cuarto de emergencia, pues parece que vamos a salir de noche. A mí y a mis tres compañeros de tropa nos dijo eso”.

El 2 de marzo de 1966, un día antes de las elecciones en que triunfaría el candidato de la oposición Julio Méndez Montenegro, el Ejército ejecutó la “Operación Limpieza” que dio como resultado la captura de 35 dirigentes del Partido Comunista PGT y de las guerrillas de las FAR y el MR-13 de Noviembre. El gobierno militar encabezado por Enrique Peralta Azurdia dio el visto bueno para dar muerte a los capturados. Se coordinaron con gran eficacia las fuerzas policiales con otras de aire y tierra del Ejército para tirar los cuerpos al océano Pacífico. Y transportar los cuerpos, metidos en bolsas de plástico, del cuartel de Matamoros a la base aérea de La Aurora fue la tarea que el coronel Zepeda dio a Ruano Pinzón y compañeros.

Ruano Pinzón se lo contó a Eduardo Galeano con detalles, vio como la sangre de los cadáveres escurría de las bolsas. También había visto llegar vivos a los capturados al cuartel aunque “reventados por los golpes”, y al mismo ministro de la Defensa, coronel Rafael Arriaga Bosque, comandando la operación con el jefe de la Policía coronel Máximo Zepeda. Los mandos contrainsurgentes del Ejército no querían dejar huellas ni pistas que pudieran implicarlos en la masacre de aquellos ciudadanos comunistas y otros alzados. Un crimen perfecto. No tuvieron juicio ni posibilidad de defensa y ni siquiera se admitió que habían sido capturados, ni mucho menos torturados y asesinados por el Ejército. Había nacido uno de los más macabros e inhumanos métodos represivos de la historia, aplicado después de una ejecución extrajudicial: la desaparición forzada.

Años después, en la década de los setenta, el coronel Máximo Zepeda sería premiado por el gobierno del coronel Carlos Arana Osorio enviándolo como agregado militar a España. En Madrid Zepeda se encontró con José López Rega, expolicía argentino cercano a Perón y a la esposa de este Isabel Martínez. Zepeda le daría a conocer los exitosos métodos de represión de comunistas en Guatemala que incluían los desaparecidos.

López Rega organizó poco después, ya como ministro en el gabinete de los Perón, la llamada Triple A Argentina, escuadrón de la muerte dedicado a liquidar marxistas. También brindó Zepeda inspiración para las operaciones contrainsurgentes más allá de las fronteras; así se había liquidado a comunistas, guerrilleros y otros opositores guatemaltecos, con la colaboración de los servicios de inteligencia y los ejércitos de países cercanos como México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y desde luego la CIA y militares norteamericanos. Como afirma Eduardo Galeano, Guatemala fue el primer laboratorio latinoamericano de la guerra sucia donde se aplicó la desaparición forzada. En el cono sur las dictaduras militares desarrollarían, siguiendo este esquema, el llamado Plan Cóndor.

45 mil personas desaparecidas en Guatemala durante el conflicto armado resultan demasiadas. Las familias afectadas las siguen buscando. Quieren una explicación, una respuesta concreta a sus dudas e incertidumbres. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, es decir no prescribe en el tiempo. Es por lo tanto injustificable. Los desaparecidos de marzo de 1966 cuyos cuerpos Ruano Pinzón y compañeros transportaron del cuartel de Matamoros a los aviones militares fue el primer caso de desaparición masiva en el continente.

Pero 20 años antes Miguel Ángel Asturias había presentado en su magistral novela El Señor Presidente el primer caso en la literatura. La desaparición del personaje Miguel Cara de Ángel es una premonición. En el penúltimo capítulo Gallina ciega la protagonista Camila Canales sufre una gran angustia por la desaparición de su esposo Cara de Ángel, secuestrado y luego asesinado y desaparecido por el mayor Farfán, un militar al que Cara de Ángel había salvado la vida pero que por conveniencia con la dictadura vilmente lo traiciona. Las horas pasan, las semanas y los meses pasan y Cara de Ángel no aparece. El episodio resalta el malestar de Camila, “se sentía un poco cachivache, un poco tinaja, un poco basura”, es decir el gran sufrimiento del familiar de un desaparecido. Embarazada deja la ciudad para siempre y su hijo Miguel nace en el campo. Es el viaje a las raíces campesinas, la vuelta a la naturaleza proclamada por Rousseau. Y el hijo de la pareja se llamará Miguel como el autor. Asturias retrata la fuerza transformadora del amor que logra humanizar a Cara de Ángel.

¿Por qué escogió Asturias Gallina ciega como título del capítulo que sintetiza su famosa novela? Es un juego infantil de origen español, Goya lo ilustró en una de sus obras. Consiste en vendar los ojos a un participante y después de darle vueltas se le exhorta a que busque y toque al resto del grupo. Todos lo esquivan y se goza con la situación. El vendado es un ciego temporal que estirando los brazos busca en la tiniebla. Asturias ha creado una impactante metáfora y usamos sus palabras para asegurar que pese a que los tiren al mar “los cadáveres flotan”. No debe volver a pasar. Nunca más.

Summa summarum: López Rega fue condenado a cadena perpetua por desaparición forzada. Los coroneles Arriaga Bosque y Zepeda, ya retirados, fueron acribillados por comandos del partido comunista PGT. Galeano llegó a ser una cúspide del periodismo. Méndez Montenegro terminó como un títere de los militares, y alcohólico. Asturias recibió el Premio Nobel en 1967, año en que Galeano estuvo en Guatemala. Ahora la RAE en Madrid reedita El Señor Presidente dentro de la colección de grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. De acuerdo al diccionario de la misma RAE la palabra “arana” significa embuste, trampa o estafa. Arana Osorio cumplía con el significado de su apellido. En 1996 el presidente Clinton desclasificó archivos de la CIA que confirman la intervención en 1954 y los métodos estatales de desaparición. Ese año se firmó la paz. El coronel Peralta Azurdia durante su mandato retornó los restos del dictador Ubico al país. Fue una de sus obras. Falleció olvidado en Miami, un mes después de la firma de los acuerdos. ¿Qué habrá sido de Ruano Pinzón?

Originalmente publicado en El Periódico Guatemala

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Por Redacción La Brújula y Redacción Marcha / Foto: cortesía Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto

Un tuit, medidas demagógicas y un Facebook Live. Esa es la forma de hacer política del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante la amenaza de pandemia del COVID 19. Desde que se inició la cuarentena en El Salvador ( el miércoles 11 de marzo), tenemos información desde la presidencia todos los días; sin embargo, es poco fiable, no son las personas idóneas quienes la brindan,se basan en el miedo y se restringe las preguntas a la prensa.

La Ministra de Salud Ana Orellana, ha desaparecido de los medios, las medidas sanitarias para salir a la calle las dio el Secretario Jurídico de la Presidencia y en lugar de una estadista o matemáticx brindando proyecciones sobre la pandemia en Cadena Nacional, tenemos al Presidente, que tendrá muchas habilidades, pero no es una las estadísticas. Su comunicación gira en torno al miedo, desde procesar personas por andar en las calles, linchamiento público de personas detenidas y lo último, ha dicho que estamos en la “Tercera Guerra Mundial”.

El pasado 9F, el “presidente millenial”, irrumpió con militares en la Asamblea Legislativa, bajo el argumento de presionar “al pleno legislativo para que aprobara $109 millones para la fase III del Plan Control Territorial”. Esta medida, fue rechazada por organizaciones de Derechos Humanos, pero el presidente nunca se disculpó, al contrario, en una entrevista con El País, medio de comunicación de España, dijo que si él quería podía tomar “el control de todo”.

Ayer en el Intagram live con René, Nayib bukele destacó nuevamente el 9F como una medida positiva necesaria para que los diputados aprobaran fondos para combatir la inseguridad “porque El Salvador era el país más violenta a nivel mundial” y aseguró que los militares y la policía son amigos de la ciudadanía en El Salvador. Mientras el hablaba de esa “maravillosa realidad”, en redes circulaba un video donde estas fuerzas de seguridad golpearon a un anciano por salir en cuarentena. Semanas atrás, otro video en redes puso en evidencia a policías golpeando a una persona con discapacidad.

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Mantener la memoria viva

Si retrocedemos en la historia veremos que las fuerzas militares, a quienes el presidente Nayib Bukele quiere que veamos como héroes, desaparecieron, violaron y torturaron personas. Tenemos una memoria histórica que parece que el presidente olvidó. Pero ahí estamos para mantenerla viva.

Amanda Castro es feminista y activista por la memoria y explica que El Salvador, junto a Guatemala y Honduras, es considerada la región de países sin conflicto más violenta del mundo (PNUD, 2009). “Varios de los elementos de la historia contemporánea que explican la situación de la violencia que se vive actualmente en El Salvador son la Masacre del 32, la dictadura militar del siglo XX, y el consiguiente conflicto político en la guerra civil”, enfatiza. De todos estos hechos -considera Amanda- es el conflicto armado y su resolución en los que se encuentran las principales raíces históricas de la violencia actual, con todos los impactos diferenciados que sabemos que tiene: sesgos de clase, etnia y  género. Esa es la violencia que marca nuestra genealogía.

“El Estado falló durante esos períodos históricos que antecedieron el conflicto armado. El Estado falló durante el conflicto armado y después de este, incluso después de la firma de los Acuerdos (de Paz) al negar e invisibilizar a las víctimas y dar la voz cantante en un contexto “democrático” a los dos bandos beligerantes y armados del conflicto”. Para Amanda, es así como las estructuras de violencia presentes antes y durante la guerra se mantienen inmersas en la sociedad salvadoreña, solo que ahora en el marco de la ‘democracia’ permeando desde entonces ideas, creencias y actitudes a las y los salvadoreños.

“Ese caldo diseminado en el grupo social es un gran problema, imagínense lo que implican esas ideas, creencias y principalmente acciones en el funcionariado público y peor aún en el presidente de la República, quien el 9 de febrero de 2020, en un proceder impregnado de autoritarismo y con un pensamiento militarista, misógino y conservador, se extralimitó en sus funciones. Todxs recibimos el mensaje material y simbólico de su actitud ególatra y perversa utilizando todos los recursos del Estado, que en teoría y sólo en teoría son nuestrxs, aprovechándose como tantos otros del discurso negacionista sobre  las memorias en El Salvador. Las feministas sabemos lo importante que es fluir concienzudamente por el pasado y el presente”.

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Cuando las redes son nuestras pancartas

El modo de comunicar de Nayib Bukele excede a su forma de gobernar, es un show en sí mismo, en el que hace alarde de los privilegios de género y clase, además de su función ejecutiva. En medio de la crisis de la pandemia, y haciendo uso de una de las redes en las que menos tiene influencia -aunque la que tiene aun es mucha-, decidió participar de una transmisión en vivo junto al cantante puertorriqueño, René “Residente”. Lo hizo un 24 de marzo, día en que se conmemoraron 40 años del asesinato de Monseñor Romero en un país en que la Memoria Histórica es deuda.

“Mañana martes 24 a las 7pm hora de Puerto Rico estaré haciendo un live por instagram con el Presidente de El Salvador, @nayibbukele. Pueden escribir sus preguntas allá”, decía el tuit de anuncio. Un llamado a que las críticas sobre la situación interna del país se volvieran una pancarta de temas sin fronteras.

“Preguntale, ¿por qué engaña a la Población salvadoreña en el exterior. Por un lado les dice que está trabajando para ell@s, pero por otro lado se une a las políticas de Trump contra migrantes?”… “Preguntale por qué es cómplice de la política criminal de Estados Unidos contra los migrantes y por qué sigue militarizando El Salvador”… “Preguntale hasta cuándo el Estado de ES dejará de criminalizar mujeres hasta por 30 años de prisión por complicaciones obstétricas como son los casos de #Las17yMas ? Tú te pronunciaste ante esta situación”… “Hoy 24/03 se cumple otro año sin justicia por el asesinato de Mnsr. Romero. Pregúntale ¿por qué dice que va a abrir los archivos militares pero apoya los obstáculos de los militares para cumplirlo?”… “Pregúntale por el 9 de febrero, su afán de militarizar el país y de violar derechos humanos”; “Por qué ha acosado a periodistas a través de su cuenta de tw, su gabinete y su máquina de propaganda?”; fueron las respuestas.

Durante la transmisión en vivo, que duró aproximadamente una hora, Nayib Bukele mostró que sus opiniones son cuestión de Estado en su gobierno. Las preguntas, que llegaron desde usuarixs que seguían la transmisión, durante el frustrado show con Residente, fueron las que debían: militarización, aborto y matrimonio igualitario. De esta forma, habló del 9F, dijo que ingresó con las Fuerzas Armadas a la Asamblea Legislativa como “una forma de presión” y que “la Constitución nos permite hacerlo” ya que “la mayoría del pueblo apoya eso”. Luego, al ser interpelado por el entrevistador, agregó: “a nadie se le puso un fusil encima”, “este es un ejército que apoya al pueblo”.  Era apenas el comienzo de una caída en su arena, las redes.

Luego, se le preguntó por el matrimonio igualitario y tras un debate en el que subió el tono de voz y se lo vio notablemente nervioso, dijo lo que se preveía, que “como concepto no” apoyaba, no estaba de acuerdo. Aunque aclaró que “tiene amigos gays”. Finalmente llegó el tema que todxs pedían: despenalización del aborto. El Salvador es uno de los pocos países del mundo que lo criminaliza en todas sus formas, encerrando incluso por 30 y 40 años a mujeres pobres que padecen emergencias obstétricas y/ o partos extrahospitalarios. Allí, Bukele no fue cool, ni el presidente más joven la región; desinformó y se alejó de su pretendida representación de una generación que quiere ser libre. “¿Por qué vamos a castigar al inocente?”, dijo alarmado “el bebé no tiene la culpa”, agregó, confundiendo feto con persona física y jurídica. “Hay países donde se permite el aborto hasta los 9 meses”, agregó ya fuera de seriedad y tema y finalizó, “no estoy a favor del aborto. Es un gran genocidio”.

Luego, al ser interpelado por Residente, quien se declaró en favor del derecho a decidir de las mujeres, reculó y dijo, sobre las 4 causales, que “es algo que podemos combatir”, ya que “se criminaliza a la gente (no mujeres) por el nivel social”. Sin embargo aclaró que no será impulsado por él y que era competencia de la Asamblea Legislativa, la misma que amenazó con el abuso de poder de las botas. Luego derrapó de nuevo al ser consultado por los violadores y fiel al partido que usó de trampolín para ganar las elecciones nacionales dijo: “hay que colgarlos hasta que se mueran a los violadores”.

Una transmisión nos dio la oportunidad para reflexionar sin fronteras: cómo el gobierno de El Salvador está respondiendo ante la crisis del COVID 19 y cómo somos las mujeres y las disidencias las olvidadas de siempre, al igual que las políticas públicas. La lucha contra la militarización de los cuerpos y territorios, está viva. Y en honor de quienes nos precedieron, no dejaremos de señalar que no borrarán nuestra memoria ni dejaremos de construir nuestro futuro.

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Por Vivian Palmbaum Foto: Movimiento Cromañon

El próximo 30 de diciembre se conmemoran 15 años de una de las peores catástrofes evitables en la CABA, donde casi 200 jóvenes perdieron la vida junto a muchas otras víctimas sobrevivientes de la desidia, el desprecio por la vida, la complicidad de las y los funcionarios, entre las principales causas. Desde entonces familiares, sobrevivientes, amigas y amigos tuvieron que sobreponerse y dar una dura batalla para que se hiciera un poco de justicia.

Después de que se condenara a las y los culpables, el pasado 30 de diciembre de 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 24 decidió restituirle la propiedad quien fuera condenado y cumpliera una condena como uno de los responsables, Rafael Levy, de la masacre de Cromañón. Luego, familiares y víctimas se encontraron con una revictimización. En mayo pasado cuando fueron al boliche República de Cromañon las pertenencias de las y los pibes ya no estaban y el lugar había comenzado a ser modificado.

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Lo que pasó en Cromañon es el símbolo del neoliberalismo que privilegia los negocios por encima de las vidas. Por eso, integrantes del Movimiento Cromañon vienen poniendo el cuerpo, interpelando a la sociedad en su conjunto y presentándose en la Legislatura porteña para impulsar un proyecto que no permita borrar la memoria.

Desde Marcha dialogamos con Silvia Bignami, madre de Julián Rozengart, víctima, e integrante de Sobrevivientes, familiares, amigos y amigas de víctimas de Cromañon y de Pañuelos en Rebeldía.

“Familiares, sobrevivientes, amigas y amigos preocupados por las luchas en general y por la memoria de los hechos de dictadura y posdictadura y por el hecho que el Tribunal Oral Federal 24 devolvió a Levy, el dueño condenado por la masacre, sin ninguna restricción”, así lo expresó Bignami, que junto a otras y otros del Movimiento Cromañón se alertaron porque “vemos que están haciendo obras adentro, por eso presentamos a la Legislatura dos proyectos: uno de expropiación y otro de patrimonialiazación. Ambos complementarios”.

Silvia nos explicó que primero presentaron el proyecto de expropiación del lugar para convertirlo en un sitio de memoria. “Desde el oficialismo, el Pro y sus aliados, nos respondieron que expropiar por ahora no, y que el problema de expropiar es económico, cosa que nosotros creemos que no”, afirmó. “Presentamos un proyecto de declararlo patrimonio cultural y protegerlo, para que ni el dueño ni nadie pueda hacer cosas como modificar la fachada,  darle cualquier uso,  desarmar lo que está adentro”.

Las y los integrantes del Movimiento Cromañón vienen interpelando a la opinión pública en general y a las y los legisladores. Mientras, son acompañados por otros familiares y víctimas de la violencia del Estado y de otras luchas junto a quienes han construido lazos de solidaridad con su presencia. A través de años de lucha, ciertos logros fueron asomando, como la destitución de Aníbal Ibarra principal responsable político de la masacre, a través de un Juicio Político que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; y también la condena en el juicio penal, a algunos de los responsables (funcionarios, empresarios, policías). Las condenas fueron siempre insuficientes.

“Ambos proyectos presentados por sobrevivientes, familiares e independientes han tenido mucha acogida por parte de varios legisladores, sin embargo sin el oficialismo se hace muy complicado”, expresó Silvia. Recordamos que el oficialismo tiene mayoría en la Legislatura, “esos proyectos fueron levantados por diferentes bloques pero necesitamos la respuesta del bloque oficialista”.

En plena campaña electoral, cuando candidatos y candidatas avanzan con propuestas, Bignami expresó: “lanzamos una nueva iniciativa que interpela a los candidatos”. Desde el Movimiento Cromañón también apuntan a seguir construyendo solidaridad, “por eso nos interesa hablar con un grupo de periodistas que se animen a preguntarle a los candidatos,  de todos los partidos y alianzas, a jefe y vicejefe, jefe y vicejefa, a diputados y legisladores por la ciudad, algunas cuestiones vinculadas a las políticas de la memoria, como están pensando en relación al espacio de Cromañón y a nuestro reclamo”.

Se plantea “una reunión de trabajo para ajustar esta encuesta y lanzarla a las y los distintos candidatos por la vía telefónica, la vía por la entrevista radial, por la vía de entrevista en la web, por la tv, por todos los medios de comunicación. De eso se trata el encuentro que se realizará en el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (SiPreBA)”.

Las condiciones que dieron origen a la masacre aún siguen intactas y cada año toca denunciar más hechos vinculados a la lógica Cromañón: la muerte joven, la ganancia a toda costa, la desidia como una de las caras del Estado. Presencia para reprimir a las y los jóvenes y ausencia para protegerles.

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Es necesario seguir construyendo un sentido colectivo que permita darle un lugar a la memoria, para que no se repita el desprecio por la vida, ese que tiene en su triste haber el peor genocidio reciente que se llevó a 30 mil. La invitación para las y los periodistas es este miércoles 24 de julio a las 18 en la sede del Sipreba.

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Por Vivian Palmbaum / 

A pocos metros de la Casa Rosada, frente al Monumento a Belgrano, se recordaron los 42 años de la primera ronda, cuando las Madres se encontraron por primera vez para reclamar por la aparición de sus hijos e hijas. Se convirtieron desde entonces en protagonistas y símbolo de resistencia y coraje, en emblema para otras luchas en el mundo. Allí en ese mismo lugar, se realizó la conmemoración de este aniversario. Encabezaron la actividad Mirta Baraballe, Elia Espen y Nora Cortiñas, parte de esas mujeres que se enfrentaron a la dictadura ese 30 de abril de 1977.

Elia Espen es una de esas mujeres que se plantaron frente a la tiranía. Recordó: “los milicos nos decían circulen, circulen, y gracias a ellos comenzamos a circular”. “Acá estamos como una familia indestructible”, afirmó Mirta Baraballe, después de encontrarse cada jueves para marchar. Elia recordó a las Madres que ya no están y que “se fueron de este mundo sin poder saber nada de sus hijos (e hijas). Yo tuve la suerte de poder declarar”. “Aún recuerdo las palabras de mi hijo: Mamá, me repetía, no hay que abandonar la lucha”, rememoró Elia Espen, mientras expresaba que las y los jóvenes son el reemplazo en la búsqueda de la verdad. “No abandonen la lucha, por la memoria hay que seguir peleándola, las nuevas generaciones tienen que saber qué es lo que pasó y tiene que quedar en la historia semejante genocidio, son 30.000 que les quede a todos en la cabeza”.

Nora Cortiñas también recordó que tenían alrededor de 40 años de edad cuando tuvieron que salir a buscar a sus hijos e hijas. Apenas llegaba del Juicio por la Contraofensiva, mostró la actualidad de las luchas por la memoria, “escuchar a las hijas de los que no están, reivindicar a sus padres y a sus madres, que solo los conocieron por el relato de sus compañeros y compañeras. También fue enfática al expresar, “nosotras pedimos que se abran los archivos, queremos saber que pasó con las y los desparecidos. Ahora para confundirnos trajeron esos archivos de EE.UU. que hay 45 mil fojas. Te inundan de datos que no son los que buscamos, queremos saber qué pasó con cada uno de las y los desaparecidos, queremos que los jóvenes recuperen su identidad y en eso seguimos”.

La memoria hoy

“Ayer fue la máxima entrega de nuestro país, de la República, es lo más miserable, refiriéndose a la deuda externa y la entrega de la soberanía. Nos dicen que las Madres no tenemos que hablar de la deuda externa o de la política económica, como si Gustavo, mi hijo, o la hija de Mirta o Elia no tuvieran que ver con lo que fue el manejo de la deuda externa”, afirmó Nora Cortiñas. “Entonces es cuando una dice ´sí, me voy a meter´.  Sin embargo tiene que ver, esa entrega, con los sueños de los desaparecidos y las desaparecidas, de todos nosotros. Es un país para todos ustedes, no es un país entregado”, agregó.

A pocos metros, en el otro extremo de Plaza de Mayo, terminaba el acto de las centrales obreras, luego de un día de paro general convocado por el Frente Sindical y ambas CTA. Nora Cortiñas expresó, “No tenemos que tener miedo de hablar nosotras de política y economía, porque la política económica es terrorista, porque lleva la tristeza y la muerte y lleva a la destrucción del país. Es terrorista”.

Genocidio histórico 

Durante el acto que conmemoró los 42 años de lucha de Madres, también habló un integrante de la agrupación de familiares, “venimos luchando contra la impunidad de los genocidas y están pasando cosas muy graves”, en relación a lo que sucede en el ámbito judicial con las causas judiciales ligadas al terrorismo de Estado. “El juicio ESMA es un festival de domiciliarias y libertades. En esta cuarta parte del juicio, que se está desarrollando, el viernes el Tribunal dejó en libertad a uno de los acusados, Ferrari alias Pantera, un alto jefe de la inteligencia naval, que no será juzgado y se están entregando domiciliarias a varios imputados”. Además, hizo un llamado a acompañar con presencia efectiva los juicios, que es la única manera de ejercer algún tipo de presión, “los presionamos si salen en los diarios o si tenemos mayor presencia en los tribunales”, porque los jueces no quieren que se visibilice este accionar. “Necesitamos hacernos presentes en el tribunal para poder hacer presión, los invito, les pido ayuda para que estemos todos el lunes 6 a las 10 hs. en Comodoro Py para protestar por las libertades a estos genocidas”.

Una larga noche que a partir de marzo de 1976 puso a funcionar la maquinaria del terrorismo de Estado, con un aparato de alianzas entre civiles, militares y el clero para perseguir a quienes pudieran ser un obstáculo para implantar el neoliberalismo en nuestro país. Fueron 30 mil detenidas y detenidos desaparecidos, miles quienes pasaron por situaciones de detenciones forzadas seguidas de tortura. Se estima que unas 400 personas aún desconocen su identidad, porque fueron secuestradas y entregadas en el marco de un siniestro plan de entrega de niñas y niños.

Han pasado 42 años desde que las Madres se animaron a visibilizar una situación que fue sistemáticamente silenciada con la complicidad de una propaganda que le dio legitimidad desde los medios dominantes. Las complicidades civiles, eclesiales y mediáticas nunca fueron juzgadas, salvo unos pocos casos aislados. Hoy vuelven. La represión a la protesta social, la amenaza y detención política a opositores/ as, la persecución a trabajadores/ as, la estigmatización de sindicalistas, el aval del gobierno al gatillo fácil y a la justicia por mano propia, la transferencia de recursos a los bloques dominantes, la apropiación de la tierra, son solo algunas de las acciones que retornan desde ese triste pasado.

Tal como decía Osvaldo Bayer, este fenómeno hunde sus raíces en lo más profundo de la historia argentina, y por extensión de América Latina, la persecución del “otro” originario para apropiarse de los territorios para los grandes terratenientes. Eso está en la base de una historia que se repite. Primero conquista y colonización, luego la concentración de tierras en manos de la oligarquía terrateniente. “El Terrorismo de Estado de la década del setenta no haría sino potenciar hasta niveles desconocidos la violencia congénita del Estado”, fue una de las afirmaciones que no se cansó de repetir don Osvaldo.

“Teníamos alrededor de cuarenta años cuando tuvimos que empezar”, , afirmó Nora Cortiñas.

Hoy el tiempo parece aliado a una justicia que no termina de resolver las responsabilidades de genocidas y asesinos, en el contexto de la actual administración de un gobierno negacionista, que avala a represores. Muchos de los genocidas mueren impunes, porque no se han establecido sus responsabilidades. A 42 años de lucha por Memoria, Verdad y Justicia, las Madres siguen diciendo: ¡30.000 detenidos y detenidas desaparecidas, presentes!.

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Por Mónica Mexicano (*)

Bajé del auto de papá y a las apuradas corrí media cuadra hasta la entrada de la Prepa. “Mucha más gente de lo normal, debe ser tarde”, corrí y a los empujones me abrí paso. Levanté la mirada y no podía creer lo que veía. Boca abierta, manos sudorosas: una bandera rojinegra ondeaba en el mástil. La Preparatoria 2 estaba tomada.

Recuerdo esos momentos como una serie de fotografías. La Preparatoria 2 enardecida, las rejas de la entrada llenas de banderas y varios chavos y chavas encima de la caseta de vigilancia hablando por un megáfono. Mucha gente afuera, arremolinada, gritos, empujones, consignas, cantos. Adentro las y los “paristas” en su ir y venir de hormigas.

Al fondo una manta grande en letras rojinegras decía: “Cerramos la UNAM ahora para que permanezca abierta siempre”.

Lo que tanto había imaginado se estaba cumpliendo. El año anterior habíamos celebrado los 30 años del movimiento estudiantil del 68. Ese hito en la historia mundial que aún arde en la memoria de varias generaciones. Un boom de libros, artículos y actividades conmemoraron los 30 años del 68 mexicano. Un movimiento social en el que estudiantes de todo el país, campesinos, obreros, mujeres, se había unido en un solo clamor: “el alto a la represión”. El pliego petitorio abarcaba la disolución del cuerpo de granaderos; la derogación de las leyes que atentaban contra las libertades políticas y de expresión, entre otras. Este gran movimiento fue reprimido por el ejército mexicano en la conocida Masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. Esos hechos dolorosos, aún están velados por la impunidad y por la injusticia. Al día de hoy no se sabe con certeza el número de asesinados/as y desaparecidos/as.

No recuerdo bien cómo fue que me enganché con esa historia del 68, sólo sé que me inundaba un sentimiento de exaltación al pensar cómo habrían sido esas movilizaciones estudiantiles. Las fotos y los testimonios gráficos dejaban ver a miles de personas en la calle levantando la mano con la V de la Victoria, de Venceremos. Y ahí estaba, un año después, en medio de chavas y chavos que me hacían recordar esas fotografías.

No era la primera vez que la UNAM se intentaba privatizar mediante el implemento de pago de cuotas. Una Huelga anterior, en el 86, había frenado ese primer avance; 13 años después Rectoría lo volvían a intentar.

Desde finales de los años ´80 comenzó en México la implementación de una serie de Reformas Estructurales orientadas a la liberalización del mercado, otrora nacional, las cuales fueron recrudeciendo con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la entrada a la OCDE en 1994, así como el ingreso a la OMC en 1995. Incluían la privatización de la educación, la salud, sector energético, cambios en la ley hacendaria, laboral, de seguridad, etc.

Las Reformas Educativas, entre ellas la modificación al Reglamento General de Pagos (RGP) de la UNAM, obedecía a estas políticas de desmantelamiento y privatización. Diversos organismos financieros internacionales y las cámaras empresariales mexicanas presionaban para la instauración de las cuotas y el fin de la gratuidad de la máxima casa de estudios.

En Marzo del 1999 el Consejo Universitario en una sesión irregular, fuera de su recinto habitual y en ausencia de más de 30 consejeros, decidió modificar el RGP, con el cual se terminaba con la gratuidad de la educación superior. Esto, junto con una serie de reformas a los estatutos académicos aprobadas en los años anteriores encaminaba a la UNAM hacia la total privatización. Estas modificaciones atentaban contra el artículo 3ero Constitucional que dice que toda educación impartida por el Estado deberá ser laica y gratuita.

Desde Rectoría se explicaba que quienes ya estábamos dentro de la UNAM no seriamos afectadxs por las cuotas, que no tendríamos que pagar nada. Apelaban al supuesto desinterés e individualismo de la mal llamada generación X.

Continuaban las asambleas en las escuelas, que se realizaban en las explanadas con cientos de estudiantes participando. Se explicaba y debatía porque la necesidad de la Huelga. Volaban argumentos. No se trataba de negarse a pagar los 20 centavos que dábamos como inscripción a la UNAM, sino de defender el derecho a la educación pública, laica, gratuita y de calidad.

“Que esto obedecía al avance del neoliberalismo!”, gritaban una chica de pelo corto y blusita oaxaqueña; “¿del qué?”, decían otros. “Sii!, del sistema que hace que todo funcione mal! que la gente sea explotada, que no haya salarios justos!, que haya inmensa pobreza mientras los de arriba”, -“¿Quiénes?” (se escuchaba al fondo)- se enriquecen cada día más”. Otro se levantaba, interrumpía: “es necesario hacer algo, es nuestro deber como jóvenes”, “Sisi, como decía Allende, no se puede ser joven sin ser revolucionario, o algo así dijo!” gritaba otro de pelo largo y morralito. Aplausos. Gritos “Sisi, vamos a la Huelga! Sii, por las generaciones que vienen!“

“Únete pueblo / hoy es tu día / dale en la madre a la burguesía /

chinga de noche / chinga de día / hay como chinga la burguesía”

Nuestra respuesta fue contundente. La Universidad Nacional Autónoma de México, una de las mejores del mundo, la más grande América Latina, con sus más de 7 millones de metros cuadrados de extensión total, voto irse a Huelga.

Fue un tiempo maravilloso, el despertar de miles de jóvenes que no veníamos de una tradición militante. Fue el momento más álgido de politización de varias generaciones (incluidas las madres y padres de familia) vacunadas contra el activismo. Los años de paternalismo, corrupción e impunidad del PRI habían hecho estrago en la conciencia de clase, la gente defendía sus derechos como trabajadores ni reivindicaba su derecho a protestar, mucho menos a hacer huelgas. Por el contrario se arraigaba la idea de “no meterse, dar gracias por el trabajo que se tiene y mejor no moverle”. Sin embargo, aunque la cosa parezca inamovible, siempre llega la chispa que incendia la pradera. Y esa chispa nos incendió. Vivimos la certeza, penetrante, de saber que las cosas debían de ser cambiadas, que podían ser cambiadas y que nosotrxs teníamos mucho por hacer.

Se conformó el Consejo General de Huelga (CGH), una asamblea donde participaban todas las escuelas y facultades de la UNAM. Mediante el voto directo se tomaban las decisiones. Se consensuó el Pliego Petitorio que constaba de 6 puntos:

1. Abrogación del Reglamento General de Pagos. Anulación de todo tipo de cobros en la UNAM.

2. Derogación de las Reformas de 1997. (Donde se había modificado las posibilidades del pase automático de lxs estudiantes de Bachillerato a la licenciatura y se había restringido el límite de permanencia)

3. Realización de un Congreso Universitario Democrático y Resolutivo. (Donde discutir en diálogo público y abierto el rumbo y las políticas de la UNAM)

4. Desvinculación del CENEVAL (que mide la calidad de la educación según estándares dictados por el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, cuyas evaluaciones sólo servían para justificar los recortes a la educación)

5. Desistir de sanciones contra estudiantes y profesores/as.

6. Corrimiento del Calendario Escolar.

Al pasar de los días, el movimiento toma forma, se organizaron comisiones centrales: finanzas, enlace, prensa y propaganda, limpieza, entre otras. Todo era emoción, cantos, corridas, tomar autobuses, tomar las calles, salir a brigadear, dar información, volantear, hacer mítines relámpago en las esquinas, en los mercados, afuera de las escuelas, de las fábricas, en el metro. Correr porque viene la policía, los porros (patotas). Asistir a las Asambleas que podían durar días, dormir en las escuelas tomadas. Marchar, correr por las calles de la ciudad gritando Venceremos, éramos miles, miles de vidas avanzando bajo la lluvia, amándonos, sintiendo que todo era posible, que teníamos la razón.

“Si tu pasas por mi casa / Y tú ves a mi mamá / Tú no le dices que hoy no me espere / que este movimiento / no da un paso atrás / Movimiento que chido movimiento / subversión / Subversión / que chida subversión / Tu le dices que no pague un peso / la UNAM es gratuita / y así se va a quedar”

Pasaron los meses, y seguíamos aprendiendo. Vivíamos entre asambleas, talleres y brigadas. Politización tiempo completo. Fue la primera vez que leí un cuento del Sup. El encuentro con el mundo indígena rebelde, el zapatismo y sus palabras, las múltiples luchas de las comunidades indígenas en resistencia, no solo de Chiapas, también de Guerrero, Veracruz, Michoacán, de Oaxaca; la lucha magisterial de la CNTE, de las Escuelas Normales Rurales, la solidaridad de las luchas mineras y campesinas del norte del país. México ardía.

El trabajo cotidiano, barrer la explanada de la prepa, preparar comida, ir por material. Habitar las escuelas. Dormir mal, soñar. Compartir el despertar sexual, las películas, bailar hasta la madrugada con Manu Chao. Cantar a Silvio Rodríguez, los Cadillacs a los gritos o bailar ska en medio de los campos de fútbol vacíos con el pasto crecido que nos llegaba a la cintura. Pasarnos la maría. Mano a mano. Todxs juntxs. Vivir, luchar.

Nos veo claramente. Llegando a los mercados y la gente nos recibía con aplausos y comida “Sigan adelante chavos, por nuestros hijos, para que puedan ir a la Universidad” y nos regalaban naranjas y quesadillas. O en el metro, mujeres dándonos los últimos centavos que tenían, mismas palabras de aliento. O en los autobuses cuando encontrábamos a alguien que estaba en contra de la Huelga y se armaba lío y nos querían pegar o correr, la gente saltaba a defendernos. Recuerdo.

Más meses y comenzaban los hostigamientos, los asedios y feroces campañas mediáticas de desprestigio y persecución. Nuestra lucha se había extendido, ya no solo era por la Universidad Pública, íbamos contra las dos grandes televisoras que día a día ponían al pueblo en nuestra contra, que manipulaban la información y la conciencia de la gente. “Qué bronca!! Malditos mentirosos, si las cosas no fueron así!” Decíamos al ver un noticiero. Teníamos rabia. La digna rabia de los que luchan.

“TZ azteca / Televisa / y Rectoría / son la misma porquería”

“Prensa vendida / cuéntanos bien / no somos uno / no somos cien”

Un viernes de octubre marchamos sobre Periférico, una de las arterias más importantes y transitadas del DF, donde están los estudios de grabación de ambas televisoras, para protestar por semejante campaña de desprestigio. La represión no se hizo esperar, hubo muchos estudiantes golpeados, pero las imágenes de lxs hermanxs Pineda ensangrentados y siendo pateados en el piso por granaderos quedaron profundamente grabados en la memoria.

La conciencia de la realidad del Terrorismo de Estado, de la represión, de las secuelas del miedo y la persecución empezaron a ser los temas de discusión. El cuidado colectivo y los chequeos constantes de seguridad entre nosotrxs se volvieron una constante.

Fueron varios intentos de diálogo con las autoridades, encuentros fallidos, que solo servían de justificación para calificar a los estudiantes de intransigentes.

Fueron más de 9 meses de Huelga, pasaron muchas cosas en medio: desgaste, clases extramuros, cambio de Rector, sabotajes, traiciones, corrupción, infiltración, inexperiencia política, manipulación, más represión, tristezas.

El CGH se aferró a que los 6 puntos del Pliego Petitorio debían ser cumplidos en su totalidad. Eso dificulto la posibilidad de abrir otras salidas al diálogo, a la negociación y a darle término a la Huelga, que para fin de año agonizaba.

Así llegó febrero del 2000. Finalmente rectoría realizó un plebiscito amañado con el que justificó la represión para terminar con la Huelga. El 3 de febrero se realizaron las primeras detenciones en la preparatoria 3. Y el 6 de febrero miles de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) una recién estrenada policía militarizada, violó la Autonomía Universitaria entrando a las instalaciones de Ciudad Universitaria, irrumpiendo la Asamblea que se llevaba a cabo y deteniendo a más de mil estudiantes, profesores y familiares.

Ese mismo día una multitudinaria marcha, como hace muchos meses no se veía, salió a la calle por la libertad de las y los presos políticos. Después de mucha presión nacional e internacional todxs fueron liberados en las semanas siguientes.

Recuerdo que la post-huelga fue difícil, teníamos el estigma de haber participado del movimiento. Amores y odios se entrecruzaron y nos fuimos rehaciendo como pudimos. De a poco los colectivos políticos y de arte se fueron multiplicando. Finalmente eso que vivimos seguía estando presente.

20 años de lucha: memoria viva

Hoy, a 20 años de la Huelga, puedo decir que el movimiento logró su cometido: conservar a la UNAM pública y gratuita. Si bien el avance privatizador va a cuenta gotas, la UNAM sigue siendo para el pueblo, no para la elite. Demostró que el movimiento estudiantil fue capaz, no solo de paralizar a la Universidad más grande de México, sino de detener la ola privatizadora que parecía no tener límite. Sobre todo quedó como un ejemplo contundente de resistencia para otros movimientos sociales y un ejemplo para las futuras generaciones.

La Huelga es parte ya de un gran entramado de movimientos y luchas que se siguen dando por la defensa de la educación pública. Así como retomó en su seno el espíritu combativo del 68 y de las luchas estudiantiles y magisteriales anteriores, así su experiencia tuvo ecos en las luchas por la defensa de la Normales Rurales (donde podemos ubicar todo el caso de Ayotzinapa), la lucha de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por cancelar la reforma educativa del ex presidente Peña Nieto y en la actual lucha de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Algo importante a resaltar fue la claridad política que tuvo desde un inicio al plantearse como un movimiento anti neoliberal. Eso nos permitió identificar un enemigo claro y con el que seguir luchando a largo plazo.

Y el mayor logro de todos: la Huelga fue un gran semillero. Donde miles de jóvenes quedamos marcadas y marcados a fuego por esas experiencias; las decisiones que hemos tomado, lo que hemos podido construir, está lleno de esos andares de lucha.

En lo personal elegí el compromiso con los DDHH, me hice Psicóloga y me especialicé en la atención a sobrevivientes de tortura y violencia política. Así acompañé los casos de Atenco y de Oaxaca. Y continúo mi formación aprendiendo de la experiencia argentina. Vivo en Buenos Aires desde hace 7 años; junto con otras mexicanas y mexicanos, construimos la Asamblea de Mexicanxs en Argentina un espacio de difusión que busca romper el cerco mediático y denunciar la situación actual que se vive en México, un genocidio silencioso que lleva a cabo el estado mexicano, el narcoestado más bien, que en los últimos 13 años ha dejado más de 200 mil asesinados/as y más de 30 mil desaparecidos/as (cifras oficiales).

Se han hecho pocos análisis críticos y autocríticos de la Huelga. A veces es necesario que pasen los años para poder discutir y dar sentido a esos hechos que ya son parte de la historia del país. Quizá la vorágine de la violencia de los últimos años nos ha impedido sentarnos a pensar, a recordar. Quedan muchos análisis por hacerse de ese movimiento, de los aciertos y los errores, queda mucha memoria que tejer y muchos sentidos que construir.

Hoy celebro la rebeldía de esa generación. Y sé que lxs que transitamos por la Huelga vivimos con la necesidad imperante de la construcción de poder popular y con la certeza del bello derecho de los pueblos a luchar, a defenderse. Desde Buenos Aires, un abrazo combativo a quienes que hace 20 años pusimos el cuerpo y que hoy seguimos luchando. Celebremos.

(*) Asamblea de Mexicanxs en Argentina

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El próximo miércoles 30 de enero, familiares y sobrevivientes de Cromañon se movilizarán desde la Jefatura de Gobierno hasta el Santuario, con actividades y conferencia de prensa. Se manifestarán contra la entrega del boliche y el intento de borrar la memoria.

A solo 30 días del catorceavo aniversario de la Masacre de Cromañon, familiares de víctimas y sobrevivientes organizarán actividades y una conferencia de prensa para denunciar y rechazar la entrega del boliche a uno de los máximos responsables de las muertes de las 194 jóvenes vidas, aquel 30 de diciembre de 2004. A las 11.30 hs., desde la Jefatura de Gobierno se dirigirán al Santuario donde se realizarán actividades culturales y a las 17.30 hs. se realizará una conferencia de prensa de familiares y sobrevivientes.

El Poder Judicial, después de 13 años, decidió entregar el boliche “República Cromañon” a la empresa “Nueva Zarelux S.A.”, propiedad de Rafael Levy, condenado como principal responsable de la Masacre que estuvo preso y ahora se encuentra en libertad condicional.

Desde Marcha dialogamos con Silvia Bignami, madre de Julián Rozengart, víctima de Cromañon. Ella es integrante de Sobrevivientes, familiares, amigos y amigas de víctimas de Cromañon e integrante de Pañuelos en Rebeldía. Silvia se refirió a las consecuencias que implica la entrega del lugar.

“Hay una consecuencia muy concreta en el ánimo de familiares y sobrevivientes. Nosotros y nosotras nunca más entramos allí y hay pertenencias de nuestros seres queridos. Si bien a veces nosotros y nosotras demoramos para decir que queremos del lugar, porque no es un lugar que no nos afecte, no nos da lo mismo. La entrega trae consecuencias muy severas por lo menos en dos planos. Uno en relación al barrio de Once. Es un barrio muy castigado por la trata, por la corrupción, por todo lo que no está permitido”.

Nueva Zarelux S.A. es una sociedad offshore que fue creada en 1997 en Uruguay,  cuyo dueño es Rafael Levy que fue condenado en diciembre de 2014 a cuatro años y medio de prisión por la muerte de 194 personas y las lesiones de más de 1400 ocurridas en la masacre del barrio de Once.

Bignami continuó: “Levy fue acusado por varias organizaciones de tener abierto un boliche, no Cromañon, sino otro que tenía que ver con la trata y toda clase de negocios sucios y de ser el responsable máximo de lo que ocurría en Cromañon y en el hotel aledaño que es todo de él. Si le permitimos volver, entonces la gente de Once, en particular sus jóvenes, corren riesgo porque si le dan sin ninguna restricción el boliche puede poner otro boliche y como le da todo lo mismo a lo mejor pueda volver a ocurrir” (otra tragedia).

“Las consecuencias sobre el ánimo de familiares y sobrevivientes son difíciles de medir”, expresó Bignami. “Además están las consecuencias sobre la memoria del conjunto de la población: se puede barrer con la memoria. Nosotros y nosotras estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sostener un santuario, sostener la memoria del 30 de diciembre, volver a insistir cada vez que vuelve a ocurrir que el Estado es responsable, que el Estado y los empresarios son responsables y todo eso tiene que ver con borrar la memoria. O sea, le doy el boliche, le doy la llave y vuelve a hacer un negocio que no se sabe cuál va a ser y todo esto sin ninguna consulta ni a sobrevivientes ni a familiares, así que las consecuencias son graves”.

“No existe ningún familiar que esté a favor de semejante barbaridad. Nosotros y nosotras queremos participar de las decisiones, nosotros y nosotras pensamos en un espacio de memoria, que se determine con el conjunto de familiares y no con una ONG ignota. Queremos ver qué queremos hacer y cual será la manera que tenga más impacto en el espacio de la Ciudad. Un espacio de memoria, en eso hay que ponerse de acuerdo”.

La Causa

Bignami hizo un breve detalle de la Causa Cromañon. “La Causa Cromañon fueron varias causas. Hubo juicio contra bomberos donde hubo condenas importantes. Hubo juicios de tipo administrativo, no penales y hubo dos grandes causas, Cromañon 1 y 2, que fue como la división de la Causa principal, en donde en una fueron Chaban, su lugarteniente, los músicos y los funcionarios de la Ciudad y en la segunda fueron algunos funcionarios, pero sobre todo Levy, el dueño del boliche y participante de una empresa off shore. Todos esos juicios están terminados, hubo importantes condenas. Por primera vez en la historia, a cuatro funcionarios públicos de la CABA. Hubo condenas al Subcomisario por corrupción y la condena a Chaban y Villareal,  su lugarteniente. Sin duda fueron condenas importantes por lo que significa Cromañon, como la complicidad del Estado y quienes hacen negocios a costa de la vida. No se logró que el principal responsable político fuera llevado a juicio, es decir, Anibal Ibarra. Solo se logró su juicio político, donde consiguió la destitución, que está prevista por la Constitución de la CABA, que fue histórica. En relación a la causa, el único que sigue preso es Vázquez, el batero de Callejeros, que es un femicida y por lo tanto tiene perpetua”.

Justicia o Poder Judicial

“Nosotras y nosotros no creemos en ese Poder Judicial. Cuando se dice la Justicia determinó habría que decir el Poder Judicial porque la Justicia es mucho más que eso. Justicia es que no se vuelva a repetir, justicia es que los responsables sean escrachados, algo un poco más fuerte que algunos responsables condenados con condenas que son mínimas. El conjunto de los responsables está en libertad. Levy está en libertad condicional y en el medio de su libertad condicional le dan a su apoderada, la misma que estaba en la época de Cromañon, Ana Rothfeld, las llaves del boliche”.

“En relación a la Causa, esta fue empujada por el conjunto de familiares y sobrevivientes, tantos por quienes creían bastante en la justicia como por quienes no creíamos en esa justicia del Poder Judicial y hemos logrado un montón.  Sin embargo no es suficiente, no está el principal responsable y sobre todo se han seguido repitiendo cuestiones vinculadas a la vida y a la corrupción y al desprecio por la vida”.

“Para ayudar a romper esa lógica de muerte, están la lucha y la memoria”, nos decía Silvia el último 30 de diciembre, al conmemorarse el 14º aniversario de la Masacre, quizás como decía “porque las condiciones que dieron origen a la Masacre siguen intactas año tras año, toca denunciar más hechos vinculados a la lógica Cromañon: la muerte joven, la ganancia a toda costa, la desidia como una de las caras del Estado. Presencia para reprimir a las y los jóvenes a la vez que ausencia para cuidarles”.

Por eso hoy la consigna No Olvidamos, No Perdonamos y No nos Reconciliamos. El Estado es responsable, está presente frente al intento de borrar la memoria.

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