Source

Con la participación de más de 100 representantes de organizaciones ecologistas, campesinas, educativas, sindicales y profesionales, junto con asambleístas y autoconvocados, el pasado 16 y 17 de marzo se llevó a cabo en Bolívar el 10° Encuentro de Pueblos Fumigados y 3° de Agroecología de la Provincia de Buenos Aires.

La Agroecología: despertando a Bolívar

El modelo hegemónico aplicado en la agricultura ha beneficiado a sectores privilegiados, encabezados por corporaciones internacionales que han logrado transformar el alimento en una mercancía, y deteriorar las relaciones entre las personas, y entre estas y su ambiente. En este contexto, donde “la sombra del éxito” (parafraseando a Fabián Tomasi) parece avanzar sin frenos, los pueblos continúan levantándose para resistir las fumigaciones primero, y empezar a proponer la transición a la Agroecología después.

Es así como con la participación de más de 100 representantes de organizaciones ecologistas, campesinas, educativas, sindicales y profesionales, junto con asambleístas y autoconvocados, el pasado 16 y 17 de marzo se llevó a cabo en Bolívar el 10° Encuentro de Pueblos Fumigados y 3° de Agroecología de la Provincia de Buenos Aires, organizado en esta oportunidad por el Colectivo Tierra Viva.

Los y las concurrentes se distribuyeron en varios grupos que dieron en llamar “Caminos”, donde analizaron la situación actual en distintas temáticas como:  Construcción Social y Política, Ciencia Digna y Tecnologías Comunitarias, Experiencia agroecológicas y Redes de producción y consumo, Mujer y Agroecología, Arte y Comunicación, Economía Ecológica, Educación, Salud y Legales. Luego se avanzó con propuestas concretas para alcanzarlo, superando la mera posición declarativa del Encuentro.

Es claro que los frentes son muchos y variados, pero también lo son las propuestas: reforzar las economías comunitarias,  mediante redes de producción y consumo; exigir el cumplimiento de la Ley de Agricultura Familiar y de usucapión para acceder a la tierra y a beneficios impositivos; replantear el papel de la ciencia al servicio de la comunidad, mediante un diálogo de saberes y sociabilización de las tecnologías; facilitar el acceso al conocimiento legislativo para seguir avanzando en las limitaciones a las fumigaciones y en una futura prohibición de uso de  agrotóxicos a  nivel nacional; formar una red de comunicación entre las organizaciones participantes del evento; contener a las y los docentes de escuelas fumigadas, exigiendo la intervención sindical ante la problemática sufrida; continuar con la defensa de las semillas criollas y la Soberanía Alimentaria, repensando los vínculos a través de una mirada feminista y pluricultural que evite seguir reproduciendo el modelo de dominación capitalista y patriarcal.

Sin duda el punto culmine del Encuentro fue la marcha que se organizó el sábado por las calles principales de Bolívar, prov. de Buenos Aires, de la que participaron alrededor de 300 personas de todas las edades, que con carteles, cantos y actuaciones improvisadas expresaron un mensaje claro y contundente: Basta de envenenarnos, existe una alternativa a este modelo y es la Agroecología.

Celebrando el encuentro y expandiendo las redes, se acordó que sea la localidad de Mercedes la sede del próximo año, donde confluirán cada vez más personas que luchan por un futuro de Buen Vivir, con la tenacidad de las hierbas resistentes que aparecen, y que de a poco, van transformando el desierto verde en un rojo Amaranto.

Lo que deja el modelo que se va

El modelo agroindustrial se ha instalado desde la década de los 60 con la promesa de “eliminar el hambre mundial”; primero con la siembra extensiva de variedades de semillas mejoradas, un uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes, para luego profundizarse en los `90 con la implementación de la siembra directa y el “paquete tecnológico” de semillas modificadas genéticamente para resistir mayor cantidad de agrotóxicos.

Si bien desde entonces la producción agroindustrial creció exponencialmente, con cosechas récords, el resultado fue bastante distinto al esperado: según el informe de la FAO del año pasado, 821 millones de personas padecen hambre en el mundo. Considerando que, según la ONU, el 33% de los alimentos se desperdicia, se torna evidente que el problema a solucionar no es la escasez sino la distribución de los mismos. Está cada vez más claro que el modelo de negocios no tiene otro interés que las ganancias.

Al mismo tiempo este sistema ha aumentado la concentración de tierras, con el despojo a los campesinos y pueblos originarios; la deforestación y pérdida de biodiversidad; la desertificación por el uso intensivo e inadecuado del suelo; las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación con químicos -tanto de los territorios como de los cuerpos-.

En Argentina, esto cala de forma intensa ya que según el Informe Estado del Ambiente de 2016, el 70% de las tierras sembradas son destinadas a monocultivos y el 70% del país está en proceso de desertificación. A nivel mundial somos el Estado que más consume Glifosato (agrotóxico declarado posiblemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud), y el 10º en deforestación, según Greenpeace.

Si bien nos mantenemos en los primeros puestos en exportación de cereales, principalmente soja transgénica, los niveles de pobreza y malnutrición se acentúan, hecho que ha obligado a los mismos organismos internacionales a aconsejar el abandono de la agricultura industrial y fomento de la producción familiar y de pequeños campesinos, que son quienes producen el 60% de los alimentos. Esto significa que las mayores exportaciones solo benefician a los grandes productores mientras los niveles de pobreza y malnutrición aumentan.

A pesar de esta contundente realidad, el Estado argentino sigue apostando por este modelo y trata de extender su vida un poco más. A principios de 2019 el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Leonardo Sarquís, ex-Monsanto, dictó la Resolución 246-MAGP-18 que autoriza las fumigaciones sobre escuelas rurales, reservas naturales, arroyos, ríos y campos linderos a las ciudades, sin distancia mínima y con el mero control de Ingenieros Agrónomos privados. Si bien esta normativa quedó “suspendida” por un año, el Gobierno planea utilizar este tiempo para convencer a la sociedad que las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) serán suficiente protección ante la liberación casi irrestricta del veneno.

A nivel nacional la apuesta es doble: la compañía Bioceres, de Gustavo Grobocopatel, intenta liberar el primer trigo transgénico del mundo, y el Estado pretende modificar la Ley de Semillas, para que las corporaciones puedan cobrar por los derechos de Propiedad Intelectual sobre los recursos genéticos, lo que equivale al control de las semillas y la restricción para su libre circulación entre campesinos

Mientras las corporaciones siguen impulsando la agricultura de producción industrial que maximiza sus ganancias, el modelo agroexportador demuestra que el problema no es la escasez sino la distribución de los mismos. Mientras avanzan los procesos de desertificación por este modelo extractivo de recursos, a la par que se envenena la vida, los pueblos se organizan para resistir e impulsar propuestas que permitan construir un modelo de soberanía alimentaria basada en la agroecología.

Notas relacionadas:

Una Resolución para el riego con veneno

Hacia el Buen Vivir: Encuentro de Pueblos Fumigados

Source

“No es la prueba científica la que cierra esta discusión. De ninguna manera. Es la realidad la que cierra la discusión”, Dr. Andrés Carrasco, en el año 2010, en la Cámara de Diputados mientras exponía su investigación sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud humana.

En la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, FAUBA, a partir de la proyección de la película “Viaje a los Pueblos Fumigados” se propuso un debate acerca del modelo de producción.Con la participación de Gustavo Grobocopatel, Ingeniero Agrónomo, fundador del Grupo Los Grobo, impulsor y desarrollador del modelo sojero; María Marta Bunge, Técnica en Jardinería, Comunidades Ecológicas y Especialista en Planificación del Paisaje, docente e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía (Calisa-FAUBA),y Fernando “Pino” Solanas; cineasta y actual Senador por la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de la fina lluvia y el mal tiempo, unas 400 personas colmaron y excedieron con su presencia el aula Magna del Pabellón de Bioquímica de la Facultad de Agronomía (UBA) el pasado 27 de septiembre. Pocas veces en la Facultad de Agronomía se propone un debate entre modelos de producción contrapuestos. A partir de la proyección de la película de Pino Solanas“Viaje a los Pueblos Fumigados” se propuso un diálogo acerca del modelo de producción agrícola.

El modelo de las corporaciones y sus argumentos

En medio de un ambiente candente, mezclado de abucheos, gritos y aplausos del público, comenzó el intercambio. Grobocopatel, autodenominado “El Rey de la Soja”, procedió a explicar su modo de ver la evolución del modelo agrícola: desde la década de 1980, cuando se recibió en esta casa de estudios, la agricultura pasó de ser una actividad sin futuro, a ser un sector de crecimiento vertiginoso, gracias a la adopción del sistema de siembra directa –sin labranza del suelo-, que permitió conservar y recuperar la fertilidad de la tierra. La erosión, principal preocupación del momento, y el avance de la denominada “plaga nacional de la agricultura” (malezas como el Sorgo de Alepo) fueron solucionadas gracias a la combinación de la siembra directa con los agrotóxicos.

En cuanto a sus efectos negativos admitió culpar al Estado que no legisla ni controla bien y a la falta de conocimientos en general. Es así como de forma anárquica- según su definición- se extendió el “modelo pampeano”, basado en un paquete tecnológico de semillas transgénicas -principalmente soja, maíz y trigo- y pesticidas, a zonas de bosques nativos y humedales, difíciles de recuperar e incluso poco productivas.

Entre sus argumentaciones sostuvo que este modelo agroindustrial “democratizó el acceso a la tierra”, y que las expulsiones del campo a la ciudad no fueron tales: simplemente se trató de gente que ya no quería vivir en el campo. También ayudó a mejorar el tipo de agrotóxicos utilizados, “subiendo la vara” cada vez más, mejorando el ambiente, con el objetivo que en un futuro sólo se utilicen compuestos biológicos.

Cuando fue interpelado respecto a la Antología Toxicológica del Glifosato y la resolución del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer​ (IARC, por sus siglas en inglés), que declaró al glifosato como probablemente cancerígeno, tildó las investigaciones como “miradas parciales”, ya que la categoría asignada, Clase II, es la misma que tienen el mate y el café caliente.

A pesar de los silbidos y rechazos generales, el disertante continuó abogando por la convivencia de muchos modelos agrícolas, bajo cierta institucionalidad, donde cada productor elija el método según su conveniencia, porque “Hay gente que murió en Alemania por comer productos orgánicos, y no por eso se prohíben”.

Conforme su mirada, si bien las nuevas tecnologías generaron más desigualdad, la pobreza en el mundo disminuyó, y su modelo a seguir es China que “Tenia mil millones de pobres, ahora tiene treinta mil pobres, y en breve tendrá cero”. Para cerrar, Grobocopatel resaltó la importancia de aceptar otras realidades “Mejor aprender que tener razón. Con la película aprendí y sentí”.

Formación crítica, otro modelo posible

En otra posición, María Marta Bunge comenzó explicando que la CaLiSa-FAUBA surge hace 7 años,como una respuesta a la falta de formación crítica de la universidad, que no reflexiona acerca del modelo económico, sus valores y consecuencias.Su principal consideración resaltó que el problema va más allá de la buena o mala aplicación de un producto: la falla es el sistema en sí, que aplica venenos a los alimentos. “El vigente es un modelo que produce cáncer y muertes, además de envenenamiento y hambre, ya que no tiene como eje la vida sino el negocio de exportación de nutrientes, con gran uso de tierra y agua. El desafío entonces no es aumentar la producción, sino democratizar el acceso a los alimentos. La cuestión tampoco puede definirse como una anarquía, sino como decisiones estratégicas por parte de los grupos de poder que concentran la tierra y los negocios”, expresó Bunge.

Mencionó varias experiencias que impulsan como el Bolsón Soberano, la Feria del Productor al Consumidor, el Sistema Participativo de Garantías de los procesos integrales de producción y el proyecto Reverdecer, dictado para la inserción laboral de la población carcelaria. Rescató también las actividades de investigación que lleva adelante la Cátedra de Genética sobre semillas sin patentes, para los pueblos y para la continuidad de la vida, no para el lucro.

Bunge concluyó que los conocimientos son diversos y necesitan ser divulgados por la universidad, para que el estudiante salga de la ignorancia y sea capaz de distinguir las opciones existentes, para luego elegir a qué modelo y qué país quiere aportar.

Universidad a la medida de las corporaciones

Incorporada a la Universidad de Buenos Aires en 1909, la FAUBA estuvo marcada desde sus inicios por el auge del modelo agroexportador, en el cual la economía se centraba en la exportación de materias primas e importación de productos elaborados -“el granero del mundo”-, y donde ya se visualizaba un aumento de la concentración de las tierras y la riqueza. Entre sus integrantes han pasado nombres que van desde la talla del fisiólogo y Premio Nobel Dr. Bernardo A. Houssay, desempeñándose como docente, hasta el controvertido Julio A. Roca, que fue miembro del Consejo Directivo.

Pasando por distintas etapas influidas por periodos de democracia y dictadura, a partir de los años 90 la Facultad centró su currícula en la profundización del modelo agroindustrial, basado en los avances tecnológicos y los procesos de globalización. En este sentido, junto con cátedras y planes de estudio ajustados al manejo químico del suelo y a la maximización de la producción y ganancia, en la FAUBA también han proliferado los acuerdos con empresas privadas de “carácter confidencial”: si bien son adscriptos por la Universidad Pública, su divulgación sólo puede ser hecha previa autorización de las corporaciones firmantes. Tal como lo señala una reciente investigación del periodista Dario Aranda, para la Revista Mu, los convenios realizados con empresas y organizaciones como Monsanto, Bayer, Syngenta, Don Mario, la Asociación Argentina de la Cadena de la Soja (Acsoja), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), entre otras, incluyen desde programas de mejoramiento de semillas, estudios de campo hasta posgrados y seminarios,y si bien la UBA ofrece su prestigioso sello, los resultados obtenidos son cedidos en su totalidad a las empresas signatarias.

Fantasía versus realidad

Con un auditorio donde la mayoría estaba explícitamente en contra del modelo de producción actual, no dejaron de oírse gritos y reproches, durante todo el debate,a Gustavo Grobocopatel. Se pudieron citar unas frías cifras que se intensificaron coincidentemente desde 1996, año en que Felipe Solá aprobó el primer transgénico, con un trámite express que permitió a Monsanto comenzar a operar en nuestro país. Muchas preguntas quedaron sin responderse, y otras tantas sin formularse. Cuáles son sus vínculos con Monsanto. Qué valor tiene la vida de alguien que no conoce. Hasta qué punto la ambición puede justificarse.

El fundador de “Los Grobo” no es un improvisado: conoce más que nadie los impactos del modelo que pregona, y su presencia fue más simbólica que esclarecedora. Luego de recibir reclamos desde la platea, aclaró que no se considera un asesino y duerme tranquilo: si hizo daño, no es consciente de eso, y aunque la película lo impactó, considera que tiene una mirada parcial. Esa parece ser la clave para que el sistema se imponga: confiar en que la ciencia resolverá todos los problemas, evitando las discusiones en la calle “entre gente que tiene sólo creencias o ideas”.

Por eso, a pesar de la esperable-y lamentable- ausencia de la Decana Dra. Marcela Edith Gally, el país debería celebrar que esta Universidad Pública, tan influyente a nivel nacional y latinoamericano, haya encarado por finen su propio seno esta discusión, tan postergada, que esperamos continúe. Una discusión que es posible gracias a las muchas voces, que de manera organizada, se elevan y construyen alternativas para oponerse a un modelo de muerte.

Source

El pueblo de Nonogasta, ubicado en la provincia de La Rioja, es conocido como “la ciudad más contaminada de Argentina”, mientras la desidia y la complicidad del estado favorecen a las empresas, las y los habitantes se movilizan.

Nonogasta guarda un secreto en su paisaje. En medio de montañas de distintos colores y tamaños, entrelazadas por un cielo celeste, profundo e inmenso, nos encontramos con un pueblo de casas bajas donde todo parece tranquilo, pero expectante. ¿Qué tienen el aire que estamos respirando, el suelo por donde caminamos y el agua que tomamos?

Vecino peligroso

La respuesta está más cerca de lo imaginado: a menos de 500 metros de la Plaza Principal, funciona desde 1987 “La Curtiembre”, ocupando un predio de aproximadamente 1 km2, que es foco de sospechas desde su instalación. Fue propiedad del grupo Yoma, una familia ligada al poder,  en 2008 fue adquirida por el grupo de capitales brasileros Bom Retiro, y comenzó a llamarse CURTUME S.A. Este traspaso no estuvo libre de escándalos y sospechas: tras la falta de pago de una deuda de 140 millones de dólares a los bancos Nación, Provincia y Ciudad, y luego de una denuncia por evasión impositiva por parte de la AFIP, la empresa se declaró en quiebra y fue vendida por 6 millones de dólares, cuando su valor real se estimaba en 48 millones, a cambio de una promesa de inversión a largo plazo por parte de la mencionada organización. Entre los beneficios adicionales otorgados por el Estado en aquel momento, para concretar la venta, se pueden mencionar: la inclusión por decreto en el programa de promoción industrial, la liberación del 21% del impuesto a la exportación y la asunción del compromiso de construcción de una planta de efluentes entre la Nación y la Provincia, acuerdo que nunca se cumplió.

Nonogasta es conocida como “la ciudad más contaminada de Argentina” sin embargo solo el aspecto económico, con sus maniobras financieras,  es el más célebre de esta historia, mientras que el aspecto socio-ambiental, es decir de la vida,  continúa siendo invisibilizado por medios de comunicación, tanto masivos como  locales.

Territorio sacrificable

El problema es complejo,  lleva más de 30 años de antigüedad,   y está marcado por la desidia estatal, la impunidad empresarial y el miedo de una comunidad a perder alguno de los 700 puestos de trabajo que emplea la empresa, aunque sólo 200 trabajadores y trabajadoras vivan en Nonogasta.

La actual CURTUME CBR S.A. posee un área de casi 4 km colmada con 200 piletones a cielo abierto, donde se vierten diariamente entre 5 y 8 millones de litros de agua con altas concentraciones de cromo y arsénico, sin otorgarle tratamiento previo ni posterior, y contaminando así las napas de agua, el aire y el suelo. Las y los vecinos han denunciado reiteradamente que la empresa suele tapar con tierra los lugares donde se producen estos derrames.

Tal como revela el conocimiento científico actual, los elementos químicos descartados durante este proceso industrial pueden producir cáncer, malformaciones genéticas, afecciones pulmonares y en la piel, entre otros impactos a la salud. Esto no parece ser suficiente motivo para que sus responsables accionen en la prevención, mitigación y remediación del daño al pueblo nonogasteño.

Luego de años de denuncias se lograron  algunas acciones formales, como el allanamiento a la curtiembre por contaminación en el año 2004, y la sanción de la Ordenanza Municipal Nº2695/06 en Chilecito, que declaró al municipio “no tóxico y ambientalmente sustentable”, sin embargo en la práctica poco cambió y la problemática real siguió avanzando.

En el año 2012, más de 150 niños habían sido diagnosticados con malformaciones y en ese momento el médico especialista en malformaciones congénitas, Anibal Ojeda,  denunciaba al diario Chilecito, “bebés con columna vertebral abierta, intestinos fuera del abdomen, con el cerebro afuera, con dos cabezas o con la falta de algún miembro”, que se sumaban a los elevados diagnósticos de cáncer de pulmón, intestino, piel y  leucemia que debía tratar.

En paralelo, el temor de la población fue creciendo, tal como señala María Flores, docente e integrante de la Asamblea El Retamo, al darse cuenta que sus vecinos padecían enfermedades poco comunes, y que los niños nacían con más dedos que lo normal, o sin alguna de sus extremidades.  Como respuesta el mutismo del gobierno fue total, incluso cuando las sospechas fueron confirmadas por un estudio del CEQUIMAP (Centro de Química Aplicada perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba), que reveló en 2013 la presencia de altos niveles de cromo, superando más de 164 veces el límite establecido con concentraciones de sulfuros que arrojaban una cifra 50 veces superior a lo permitido.

El silencio cómplice, mata

Frente a diversas movilizaciones y cortes de ruta de la comunidad organizada,  con distintas jurisprudencias intentaron deslindarse del conflicto, negando su existencia, menospreciándolo o prometiendo soluciones sin fecha de entrega.

En 2014  el entonces jefe de gabinete,  Jorge Capitanich,  prometía enviar 7 millones de dólares para terminar la planta de tratamiento de líquidos industriales, y construir otra que permitiese recuperar el cromo liberado.

Al año siguiente la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente comprobó la violación de la ley 24.051 de residuos peligrosos,  en las muestras de suelo, agua y barro obtenidas. Sin embargo al año siguiente, 2016, el Secretario de Ambiente de La Rioja,   Santiago Azulay, anunció la adquisición de filtros para el cromo, mientras afirmaba frente a la comunidad “no tenemos certeza de que los casos de cáncer que hay sean producto de la curtiembre. También tenemos un polo importantísimo de contaminación que es toda la parte agrícola, los agroquímicos. Esto también hay que trabajarlo y son deudas pendientes a futuro”.

Los filtros llegaron recién en 2017, y en ese momento el mismo Secretario sostuvo que “De este modo, se le pone fecha de vencimiento al reclamo de diferentes sectores políticos que, escudados en banderas ambientalistas, se aprovechan de la necesidad y la angustia de la gente que allí reside”.  Como consecuencia de ello ese año se separaron 20 toneladas de barro sedimentado, trasladándolos por única vez a Campana, donde se encuentra una planta de tratamientos especializada.

Finalmente, el 12 de Julio de este año la Justicia Federal comprobó que la empresa continuaba enterrando sin tratar sus residuos, violando la ley, y la intimó a que en 30 días retirara los caños que desembocaban en los piletones, y empezara a trasladar sus residuos peligrosos a una planta de tratamiento habilitada. Adicionalmente, le otorgó un plazo de 60 días para presentar un plan de remediación, caso contrario, se procedería a su clausura. Por otro lado, se acordó implantar “un pulmón verde” para que amortiguara la contaminación. Los árboles allí no crecen, y los malos olores persisten. El miedo también. Mientras tanto las y los habitantes deben seguir reclamando.

Sólo el pueblo salvará a Nonogasta…

Aunque acceder al predio de la empresa ya no está permitido, el 11 de agosto se hizo una excepción: un puñado de vecinos pudo asistir, junto con la autoridad policial, al momento del levantamiento de los caños. Hombres y mujeres,  con ojos cansados por tanta indiferencia y dolor, pero firmes en su espíritu y valentía, presenciaron con inmensa emoción que después de tantas décadas de lucha por fin “pasaba algo”.

El plazo establecido para entregar el plan de acción venció el pasado 12 de septiembre, sin embargo la empresa no fue clausurada, pero los vecinos y vecinas organizados no se resignan: guiados por la fuerza de otros tantos que se fueron de este pueblo,  de forma cruel y prematura, o que son condenados a malvivir sólo para mantener un negocio de pocos, no quieren seguir aumentando una estadística oculta, víctimas de la desidia y la corrupción, mientras persiguen algo parecido a la “justicia”, reclamando nada más y nada menos que el derecho a la vida.

¿No será hora de escucharlos?

Source

El gobierno de Córdoba se empeña en construir la Autovía de Montaña pese a la oposición de las y los habitantes de la zona y la destrucción ambiental que implica. Con masivas Audiencias Públicas se expresaron las voces de oposición y las casi 200 objeciones técnicas a un proyecto que parece responder a otros intereses. Habitantes en pie de lucha para impedir que se prosiga.

“Si llegan a hacer este trazado, terminaría justo a 300 metros de mi casa; yo vivo en el monte”, así relata Inés Rummel, de la Asamblea Ambiental Cosquín, mientras su mirada se pierde en el paisaje de bosque nativo que se asoma, rebelde y colorido, que teme perder ante el avance del proyecto de la Autovía de Montaña, en medio de la Reserva Municipal Camín Cosquín. “Lo amo mucho. Lo camino y conozco sus árboles, sus olores. He visto huellas de animales como el puma, la corzuela ¡Siempre se escuchan zorritos! Aunque está degradado, su Naturaleza está intacta. Tratamos de protegerlo porque lo queremos, para nosotros y para los turistas”

La preocupación de Inés tiene fundamento. Córdoba tiene menos del 3% del bosque nativo en pie. El proyecto de la Autovía de Montaña establece el 76,4%, que en su primer tramo de 14.300 km,  avanza sobre la zona protegida, incluido en la Categoría I (Roja) por la ley 9814 de Ordenamiento Territorial . Además pasa sobre una mina de uranio, cuyo contacto con el aire genera radón, un gas cancerígeno que puede filtrarse hasta las aguas que toma el 70% de la Provincia.

¿Apostar por el Turismo y la Naturaleza, o por la conexión comercial?

La región de Punilla, en Córdoba, está compuesta por más de 30 localidades, las cuales han tenido un crecimiento poblacional y turístico exponencial en los últimos años. Su único acceso, la Ruta Nacional 38, posee sólo dos carriles, varios semáforos y curvas peligrosas, lo que genera embotellamientos y demoras, especialmente en temporada alta de turismo y festivales, con un tránsito medio diario anual de más de 9.300 vehículos por día. Por este motivo, surge la necesidad de realizar obras de infraestructura que logren descomprimir el tránsito vehicular.

Si bien en una primera instancia se barajaron 6 alternativas posibles para unir San Roque con La Cumbre, finalmente el Gobierno de Córdoba ha optado por aquella que atraviesa sierras y bosque nativo, destruyendo los paisajes del lugar, generando así una gran controversia y movilización social ante el inminente impacto ambiental.

Como muchas de las obras polémicas que se están llevando adelante en América Latina, el trazado de este camino es llevado adelante por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), cuestionada por su énfasis en realizar conexiones financiadas por organizaciones internacionales como el BID, el CAF y FONPLATA, con el fin de agilizar la exportación de materias primas. Es interesante la descripción que se realiza de esta obra en su propia página, indicando como su objetivo: “Permitir un fluido tránsito comercial desde el centro y norte del país hacia los mercados del Pacífico, Oriente y Asia”.

El Pueblo quiere saber

Eugenia Caraballo vive en San Roque, y es integrante de la Asamblea San Roque Despierta y relató,  para el programa de radio Troyanos del Sistema,  que “los chicos que van a la escuela en San Roque alertaron a los profesores sobre la presencia de máquinas al costado de la ruta”, “las máquinas habían hecho perforaciones en el suelo, y así nos enteramos que la intención era hacer esta obra llamada Variante Costa Azul: Puente sobre el Lago San Roque”. Eugenia continúa explicando: “en ese momento, pedimos información en la Secretaría de Ambiente y en la Comuna, y nos decían que no sabían nada, hasta que en la tercera reunión la Jefa Comunal nos informa que había firmado la prefactibilidad del suelo. En diciembre de 2016 se publica el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), y convocan a una Audiencia Pública en Cosquín, el 28 de Abril de 2017, una fecha desfavorable por el caos vehicular del Rally Dakar. A pesar del proceso irregular, a los 15 días la Secretaría de Ambiente expidió la Licencia Ambiental del proyecto. Las Asambleas presentaron un amparo inmediatamente, que aún se encuentra en proceso de resolución, mientras que la medida cautelar que solicitaba el cese de obra fue rechazada, y los trabajos continúan. Las y los habitantes de la zona denuncian que “el plan era hacer la Autovía de Montaña, y no sólo el puente, mientras el Gobierno lo negaba.  Finalmente, en enero de este año el Gobernador Schiaretti anuncia en el Cosquín Folclore que efectivamente se llevaría adelante la Autovía de Montaña, denominada “Alternativa a la ruta nacional N° 38: puente Costa Azul-La Cumbre”, para la que se convocaba a una nueva Audiencia Pública, pero sólo del tramo que va desde la bajada del puente hasta Cosquín.

Una Audiencia Pública Histórica

Tras un trabajo intenso de divulgación y organización coordinado por las Asambleas de Punilla, las ONGs y quienes habitan las sierras, la Audiencia Pública, tuvo una concurrencia impactante: entre el 11 al 18 de mayo pasado expusieron 285 personas pidiendo el rechazo del EsIA, y sólo 70 se manifestaron a favor.

Los puntos más importantes de las exposiciones fueron que 1) el estudio de impacto ambiental se realizó de forma fragmentada, sin considerar la integridad de la obra, que sumaría un total de 47 kilómetros, ni su impacto acumulativo. 2)Las restantes 5 alternativas, presentadas para la obra, no fueron analizadas, lo que hace imposible realizar una comparación que permita elegir la opción más eficiente. 3)El informe no incluye un análisis de los riesgos que implica que los 5090 metros de la traza se realicen sobre el yacimiento de uranio “Rodolfo”, de 10.000 toneladas. 4) No está incluida la afectación al yacimiento arqueológico de la comunidad Tica. 5) La traza está realizada sobre la falla de la Sierra Chica, donde hay actividad sísmica, que produce riesgo de derrumbes y avalanchas 6)  La falta de ponderación del bosque nativo de alta conservación y su real impacto.

Por otra parte Eduardo Esparza, ingeniero de caminos, descubre otras tantas irregularidades como la inexistencia de planos técnicos georeferenciados, que permitirían saber exactamente dónde se localizará el camino. Además alerta “En función del decreto publicado, la autovía proyectada tiene un presupuesto mayor a los 3.900 millones de pesos, pero si no hay información detallada, es imposible saber el costo real”, y añade que “Los plazos de ejecución son irreales, harán 11 puentes en 3 meses”.

En suma, quienes se oponen al proyecto plantearon casi 200 objeciones técnicas a la Secretaría de Ambiente, pero aún no han tenido respuestas a sus inquietudes.

Sólo un Punillazo salvará al Monte

En Córdoba se respiran aires de lucha desde tiempos históricos. Algunos de los más destacados para mencionar son la Reforma Universitaria de 1918, el Cordobazo contra la dictadura de Onganía, la lucha de las Madres del Barrio Ituzaingó contra el modelo agroindustrial veneno-dependiente y en las manifestaciones masivas contra la modificación de la Ley de Bosques en 2017.

La lucha por nuestros territorios seguirá, como lo anticipa el Comunicado de más de 7 comunidades nucleadas en las Asambleas de Punilla:

“Debemos aprender del Cordobazo, de la gran unidad entre personas trabajadoras y estudiantes que fue determinante para la expulsión de la dictadura de Onganía; así nos comprometemos hoy en este camino de unidad entre las luchas que desangran a Argentina y a nuestra América querida, y también aprender de la Reforma Universitaria de hace 100 años, buscando cada vez más exigir a la academia y la ciencia que se posicionen del lado de la vida y aporten alternativas a este desastroso modelo.”

Es así como, si bien los intendentes de las cuatro localidades que atraviesa este tramo dieron su aval al proyecto oficial: San Roque, Bialet Massé, Santa María y Cosquín, la gran movilización social obligó a los Concejos Deliberante de Cosquín y de Bialet Massé a solicitarles públicamente a los jefes comunales que retiren las autorizaciones de prefactibilidad, realizadas sin mediar ordenanzas. Por su parte, el Municipio de Monte Hermoso declaró explícitamente su oposición a la obra, proclamando: “la Municipalidad apoya el progreso, pero este progreso debe serlo en búsqueda de un desarrollo sustentable”.

También se ha conseguido que la Universidad de Córdoba (UNC) se deslinde de la evaluación ambiental realizada y sugiriera a la Secretaría de Ambiente “evaluar otras alternativas menos dañinas al ambiente”. Desde el Gobierno argumentan que considerar otros trazados implicaría mayor cantidad de expropiaciones, y un incremento en el tiempo de viaje.

Las voces de las sierras se hicieron oír de forma contundente. Ahora todo queda en manos de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, a cargo de Javier Britch, que debe decidir si otorga la licencia ambiental para esta obra, o si representa a la ciudadanía.

Source