Por Raúl Palencia y César Saravia Foto Contra Corriente

Crisis política y resistencia popular a 10 años del Golpe

En las últimas semanas, un nuevo episodio de movilizaciones populares y represión estatal se ha vivido en las calles de Honduras. La gota que derrama el vaso de un pueblo golpeado y convencido del fraude electoral, fue la aprobación en la cámara Legislativa del primer debate de la ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación. Esto es posible una vez que el gobierno de Juan Orlando Hernández declara al Sistema Nacional de Salud en estado de emergencia y justifica su decreto en la necesidad de la mejora del servicio. Las palabras suenan a despidos, privatización y concesiones para quienes desde las organizaciones sociales y movimientos populares llevan más de una década de lucha organizada en las calles y en las instituciones del Estado.

Desde finales abril, las protestas en las calles son multitudinarias y las componen estudiantes, trabajadores y sindicatos del sistema de salud que exigen que se anule los decretos aprobados por el Congreso. Para el 30 de mayo se llamó a un paro general al que se sumaron las ciudades de Copán, El Progreso, La Paz, Comayagua, Atlántida, San Pedro Sula, Olancho, Valle y Choluteca llegando a la cantidad en diez mil personas movilizadas en contra de los dos decretos que buscan privatizar la salud y la educación.

La movilización popular de amplios sectores es el resultado de un Honduras en plena crisis social, por consecuencia de una serie de medidas neoliberales presionadas por el Fondo Monetario Internacional que busca profundizar el modelo extractivista, promoviendo la inseguridad en los territorios, la migración, la impunidad, la falta de justicia, la privatización, las concesiones transnacionales, el crimen organizado, los femicidios y el narcotráfico vinculado al gobierno. Todo esto estrangula a un pueblo que hoy sale a las calles gritando y condensando su bronca en el “Fuera JOH, convencido de que la lucha popular y la dignidad son todo lo que les queda para alcanzar ese objetivo estratégico de refundar Honduras. Pese a todos estos golpes, hoy siguen más vivas que nunca las palabras que el río susurrara a Berta y que todo Honduras grita a una sola voz: ¡Vamos a vencer!

Golpe contra el pueblo

La madrugada del 28 de junio del 2009, el ejército hondureño, amparado por la oligarquía y la intervención de Estados Unidos, entró a la casa presidencial, a punta de fusil, para capturar al entonces presidente Manuel Zelaya, electo vía voto popular, y enviarlo en un avión vestido todavía con su pijama, hacia Costa Rica. Esta acción autoritaria fue la respuesta de la derecha y del imperialismo al intento de Zelaya de llevar a cabo un proceso de consulta popular, que se presentaba a los ojos del movimiento popular como una herramienta legítima para avanzar en el objetivo de alcanzar, en palabras de Berta Cáceres, “la refundación de Honduras”.

Durante su gobierno el presidente Zelaya había mostrado una tendencia progresiva a alinearse a las organizaciones sociales y a los gobiernos populares aglutinados en el  ALBA, del cual Honduras se había hecho parte. Este acercamiento con los movimientos generó una radicalización de la política pública empujada desde abajo, cabe recordar que Zelaya llegó a la presidencia a través de uno de los partidos tradicionales como lo es el partido liberal, de corte derechista. Al momento del golpe, la región vivía un auge de gobiernos progresistas y/o populares, que alcanzaba a diez países en ese momento. Estas y otras medidas llevaron a Estados Unidos a actuar contra uno de los países que fue históricamente uno de sus bastiones, por su ubicación geográfica, tanto para acciones militares como para experimentos políticos y económicos.

Las respuestas internacionales fueron que la OEA desconociera a Honduras y la ruptura de relaciones por parte de varios países de la región. Sin embargo, esta presión duró poco y rápidamente se dio paso a la “normalización” de la situación en Honduras, mediante los acuerdos de Cartagena, que habilitaban la vuelta de Zelaya a Honduras pero reconocían al régimen golpista.

De alguna forma, lo ocurrido en Honduras fue visto con relativo desdén por buena parte del progresismo latinoamericano, como antes había ocurrido en Haití. Esta falta de interés representaría años más tarde una debilidad a la hora de dar respuesta a la avanzada conservadora en la región y dejaría abierto en Honduras el camino hacia un régimen autoritario y asesino.

Durante estos 10 años posteriores al golpe, la resistencia en las calles y en los territorios ha sido constante. La movilización popular durante el Golpe fue amplia, pero no logró revertir la imposición del presidente y la instauración de un modelo extractivista – militar. Se estima que cerca del 35% del territorio hondureño ha sido concesionado a transnacionales. Entre las primeras medidas que el régimen golpista adoptó fue la aprobación de una Ley de Agua, que privatizó el servicio,  y la prohibición de la comercialización de la pastilla del día después, que se suma a la prohibición total del aborto en Honduras. De esta manera, estos 10 años han estado marcados por el avance del Capital sobre los territorios de las comunidades y  por un aumento del control sobre los territorios- cuerpos de las mujeres.

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Este proyecto que, como lo ha denominado el COPINH, es un proyecto de continuidad y de permanente Golpe de Estado, que se expresa en la persecución, criminalización y asesinato de líderes sociales. De 2010 a la fecha más de 150 líderes y lideresas sociales han sido asesinadas y asesinados, entre ellas, Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016. El crimen contra Berta levantó la voz para exigir justicia a nivel mundial, a pesar de lo cual hasta hoy continúa la lucha contra la impunidad, a la espera de que se juzguen a los autores intelectuales, entre los altos puestos de la empresa DESA, encargada del proyecto de la represa Agua Zarca, y algunas de las familias más ricas del país.

Fue la propia Berta quien denunció esta política represiva: “la criminalización del movimiento indígena y negro es una política del régimen sucesor del golpe de estado, en particular contra todo el que está en resistencias y en construcción del proceso constituyente originario, refundacional, democrático, multicultural, multilingüe e incluyente”. 

Este proyecto de golpe permanente, tiene como su contracara lo que podemos denominar como resistencia popular permanente. La resistencia del pueblo Lenca y el COPINH, contra la represa Agua Zarca, del pueblo Tolupán, de la OFRANEH, de los movimientos estudiantiles y el movimiento feminista han sido claves para que a 10 años el régimen golpista no haya sido capaz de estabilizarse. Esto explica que pese al cerco mediático que rodea al país, de manera muy frecuente se desaten crisis políticas en Honduras que trascienden las fronteras. El pueblo hondureño ha estado constantemente en la calle durante estos años, frente al agotamiento de la soberanía popular y el deterioro de los marcos de participación y de respeto de los derechos humanos, que se agravaron con el fraude electoral del 2017, donde se impuso a Juan Orlando Hernández como presidente por segundo periodo consecutivo.

Luego del fraude de 2017, el despojo de los bienes comunes, el deterioro de los servicios públicos y la precarización general de la vida de la población, con cifras de pobreza que alcanzan el 60%, ha convertido en Honduras en un país expulsivo. Si bien es cierto la migración hondureña hacia Estados Unidos es antigua, en 2018, la misma se expresó en su forma más clara con el surgimiento de las caravanas migrantes, donde más de 5 mil hondureños y hondureñas, junto a migrantes de otros países, principalmente de Centroamérica, caminaron kilómetros para llegar a la frontera con Estados Unidos, en algunos casos con el objetivo de permanecer en México. Las caravanas mostraron en todo su esplendor la situación de deterioro social que vive Honduras, en la que en muchos casos la lógica ya no solo es migrar para buscar una mejor calidad de vida, sino donde está en juego la existencia misma.

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Por Karla Lara*

Diez años ya de continua resistencia. No todo comenzó en 2009, ya antes habían esfuerzos y palabras que para entonces parecían desbordadas, porque habíamos creído eso de que la era democrática era la nuestra. Para entonces yo cantaba hasta en programas asquerosos de gente asquerosa, de corporaciones asquerosas, sí, de esos Reñatos asquerosos, y hablaba ya de los derechos de las mujeres, de lo que las mujeres podíamos hacer para romper los estereotipos impuestos por el patriarcado y desafiaba desde mi pelo greñudo y mi nulo aspecto famélico de la Paulina que impactaba en esos días.

Con hilaridad (aunque suena mejor como lo dice la gente en El Salvador “cagada de chiste”) recuerdo el día de la Virgen de Suyapa en la que la corporación asquerosa le hace una velada televisada a tal personaje histórico y yo llegué con un traje sastre negro y blusa roja y el resto de cantantes iban de vestido largo y peinados altos. Me pasaron al salón de maquillaje y la encargada me vio preocupada y me dijo “y a usted qué le hago mija, mmm… le quitaré el brillo de la cara grasosita que tiene”. Parecía la milagrosa revelación de que a ese círculo farandulero efectivamente no pertenecía y la historia lo reafirma: no perteneceré nunca.

Lo que busco decir es que en diez años hemos radicalizado nuestros entendimientos y por lo mismo nuestro selecto seleccionar de dónde colocamos la voz, la palabra, el canto, la pasión, el compromiso desde lo que hemos hecho. Ya hace mucho, para que no se quedara atrapado en la comodidad de una mentira, sino para que la rompiera. Un modesto aporte que se suma al de otras y otros desde donde cada quién hace o tiene el privilegio de elegir hacer, como forma de vida.

Si el arte es en si mismo una propuesta estética de lo que sentimos y pensamos de nuestros entornos como respuesta legítima al burdo entretenimiento impuesto por el sistema que embrutece y niega, pensar y repensar desde lo bello es imperiosamente un acto de resistencia. No digo que lo que cada una de nosotras haga deba gustarle a la gente, a lo que me refiero es que el arte tiene una búsqueda, un camino de trabajo estético. Bien logrado o mal logrado, eso es otro cuento. Pero es resistencia buscar belleza en el camino de la muerte impuesto por quienes mal han gobernado por años y años.

Cantar es resistir, y yo quiero agradecerle a quienes me han acompañado en este camino, les miro y les pienso cuando canto, me recorren el cuerpo sus propias canciones, las historias compartidas, los pequeños triunfos, las grandes hazañas, las locuras vividas, las convicciones conquistadas.

He decidido ser una cantora de este camino que elegimos muchas y muchos, me honra sentirme parte, caminar la calle, correrlas cuando el gas y el miedo viene tras nosotras, pensar que no hay privilegio que me distancie, que todos los dolores nos juntan, que todas las voces cantamos y que de todos los deleites de este canto, atesoro un “Karlita” amoroso, una anécdota provocada por alguna melodía que yo haya interpretado, los abrazos sinceros de gente que conozco sin conocerla o que sin conocerla siento conocerla desde siempre porque en la miradas que se encuentran van las mismas ausencias y los mismos anhelos.

Cantar es resistir y no serán diez años, va a ser toda la vida porque cuando alcancemos un derecho, iremos tras otros, o serán tantos al mismo tiempo que nos tomará la vida cantándolos, y si ponemos el cuerpo y si conspiramos y si nunca olvidamos, vamos a vivir cantando y vamos a vivir resistiendo.

*Cantora feminista

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Por Julieta Caggiano

Las derechas latinoamericanas incursionaron en nuevas formas de golpismos en lo que va del siglo XXI, interrumpiendo procesos democráticos en disputa con la hegemonía neoliberal. Usualmente llamados “golpes blandos” o “moderados”, este desplazamiento simbólico puede hacernos perder de vista que se trata de verdaderas ofensivas golpistas que se reconfiguran en nuestra región.

Los neogolpismos, se transformaron en una verdadera arma transnacional, desplegados selectivamente en aquellos países que buscaban conformar un bloque regional progresista en América Latina. Autores como Lorena Soler o Juan Gabriel Tokatlián, han analizado en profundidad sus dimensiones, concluyendo que las derechas sofisticaron sus tácticas de injerencia institucional. En la actualidad, las interrupciones democráticas están encabezadas principalmente por civiles. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar tácita o explícitamente, pero no son el actor central como en las experiencias pasadas. En esta novedosa configuración, se trata de interrumpir el orden democrático con una violencia menos ostensible, intentando mantener una semblanza institucional mínima.

Si tenemos en cuenta el carácter central que tuvieron las Fuerzas Armadas en los Golpes de Estado de la segunda mitad del siglo XX, los neogolpismos avanzan desde sectores diversos. Los actores destituyentes provienen de corporaciones mediáticas, empresarias, de la clase política o poderes locales conservadores. García Linera, en su ensayo “¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?, publicado en 2016, nos advierte esta tendencia dentro de lo que caracteriza como una gramscialización de las estrategias contrainsurgentes, planteando que la punta de lanza de las derechas es mediática, económica, social y cultural y, sólo en última instancia, de confrontación social, con la posibilidad incluso de recurrir a la fuerza armada.

Durante el siglo XXI encontramos al menos tres estrategias de Golpes de Estado implementadas en distintos países: Los golpes en Honduras y Haití, con centralidad en las fuerzas armadas; los intentos fallidos de golpe en Venezuela, Bolivia y Ecuador; y los golpes en Brasil y Paraguay, con centralidad parlamentaria.

Honduras y Haití: golpe con centralidad de las Fuerzas Armadas.

El golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide en 2004 es el primer intento victorioso de la nueva ola destituyente. El sacerdote, parte del movimiento de la teología de la liberación, había sido en 1991 el primer presidente electo en la historia de Haití. Siete meses después de comenzado su mandato fue destituido por un golpe militar con apoyo explícito del gobierno norteamericano. Tras la crisis política y económica que generó la dictadura, Aristide regresa a la presidencia en el 94 y lanza una reforma de las Fuerzas Armadas. En el año 2001 es reelecto con una gran legitimidad popular y orienta su gobierno hacia el bloque regional que dirigían Cuba y Venezuela.

Esta orientación resultó inaceptable en un país donde las Fuerzas Armadas continúan siendo la herramienta de choque directa de los Estados Unidos. Un nuevo golpe de Estado termina con el mandato del presidente haitiano y es enviado al exilio con la coerción del aparato castrense. Sin embargo, este actor no es el único que articula la destitución. El intervencionismo norteamericano logró empalmar con la propia policía que Aristide había conformado años atrás, las burguesías extranjerizadas, la clase política tradicional y los medios de comunicación que aplacaban la magnitud de los hechos.

En Honduras la ofensiva militar también tuvo un lugar de centralidad. El presidente Manuel Zelaya llegó a destituir al general Romeo Vásquez como jefe de las FFAA por negarse a distribuir los materiales electorales para la consulta popular que abriría el camino a la reforma constitucional. En el 2009, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Suprema que declarara la ilegalidad y nulidad de la decisión del Poder Ejecutivo de llamar a una consulta popular para habilitar la reelección del presidente. La justificación legal del golpe se basó en la inconstitucionalidad de la consulta. El decreto n° 141 del 2009 acordaba separar a Zelaya Rosales del cargo de Presidente por las reiteradas violaciones a la Constitución. De esta manera, se da un proceso golpista que combina el intervencionismo directo de las Fuerzas Armadas, que fuerza el exilio de Zelaya en un avión militar, con un mecanismo de destitución que involucra al Poder Judicial.

Los golpes en Haití y Honduras, nos alertan sobre la centralidad que mantienen las Fuerzas Armadas en los procesos destituyentes. Sin embargo, el despliegue en el resto de la región nos permite pensar en lo prescindibles que pueden ser cuando este mecanismo no es realmente efectivo. Pese a que en ambos casos el actor militar fue muy visible, los principales ejecutores de los golpes provenían de otros sectores de la sociedad civil.

Golpes de Estado fallidos en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En estos países los golpes resultaron fallidos, sin embargo, tuvieron muchos puntos de contacto con los articulados en otras geografías si tenemos en cuenta sus mecanismos para la destitución. Las demandas de quienes se alzaron eran de oposición a reformas estructurales que proponían los actuales gobiernos. A los intentos de golpe de 2002 en Venezuela, de 2008 en Bolivia y 2010 en Ecuador, podemos analizarlos como antecedentes de las ofensivas que se desplegaron a posteriori contra estos gobiernos. En Venezuela, particularmente, los novedosos formatos destituyentes requieren un análisis aparte. El bloqueo económico y la creciente injerencia extranjera nos clarifican las intenciones intervencionistas, irrespetuosas del proceso que los y las venezolanas acompañan con su voto.

El 11 de septiembre de 2002, en Venezuela, Caracas amanecía con una movilización de la meritocracia petrolera hacia el Palacio Miraflores. Rechazaban las intervenciones estatales en PDVSA aunque, al igual que más tarde en Bolivia y Ecuador, los manifestantes pedían la renuncia del presidente. Los enfrentamientos y la represión en Puente Llaguno dejaron 19 muertas, lo que fue utilizado por la oposición para legitimar el intento de golpe. El presidente Chávez acepta su arresto para evitar más violencia, aspecto clave para que sectores de la oposición y del poder judicial planteen el argumento de que lo ocurrido fue a causa de un “vacío de poder”. Pedro Carmona, al mando de Fedecámaras, se proclamó presidente provisional de Venezuela con el apoyo de un sector del Alto Mando del Ejército. Sus primeras medidas fueron disolver la Asamblea Nacional electa democráticamente, el Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la Nación; así como derogar las 49 leyes sancionadas por Chávez, entre las cuales se encontraban la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos.

El intento de golpe en Bolivia, en septiembre de 2008, tuvo como antecedente el Referéndum de ese mismo año, luego de considerar inconstitucional el Referéndum Autonómico que promovían los departamentos de la medialuna. La ciudadanía decidió la permanencia de Evo Morales (quien fue ratificado con el 67,43 % de los votos) y la continuidad de los prefectos en ocho de nueve departamentos. Este proceso reforzó la legitimidad tanto del presidente, como de los poderes autónomos regionales. Desde las elites locales de la media luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y  Pando), así como desde Chuquisaca, se impulsaba la constitución de gobiernos departamentales autónomos y rechazaban el proyecto de refundación del Estado Plurinacional. La disputa tenía como principal demanda el rechazo a la Ley de Hidrocarburos del 2005. Los departamentos opositores declararon un “paro civil”, interceptando rutas y llamando a las fuerzas armadas a desconocer el poder central. La Masacre del Porvenir fue uno de los principales saldos de este intento de golpe, con al menos 20 muertos, en su mayoría campesinos.

El 30 de septiembre de 2010, en Quito, otro intento de golpe era efectuado contra la Ley Orgánica de Servicios Públicos como reivindicación explícita. Un motín policial se produjo apelando que esta Ley atentaba contra sus intereses. El presidente fue retenido en el Hospital de la Policía, y la movilización dejó una decena de muertos y heridos. Según Paz y Miño Cepeda, historiadores ecuatorianos, en el intento de golpe estuvieron involucrados la Sociedad Patriótica, dirigentes de la Pachakutik, el Movimiento Popular Patriótico, la CONAIE, el Partido Social Cristiano, y otras fuerzas opositoras como la extrema derecha y los medios de comunicación. Recordemos que en octubre de ese mismo año se vencía el plazo para que financistas vendan sus acciones en el rubro mediático.

En los tres casos, hubo fracciones de las Fuerzas Armadas que acompañaron los intentos golpistas, aunque no fueron el actor central. Sectores civiles como la clase política tradicional, corporaciones empresarias y las élites locales, legitimados por el discurso mediático, fueron los artífices principales de los intentos destituyentes.

Brasil y Paraguay: impeachment y juicio político, golpes con centralidad parlamentaria

Al igual que en el resto de los países, en Paraguay y en Brasil se manifiestan particularidades que hacen a tradiciones políticas complejas, diversas, que les son propias a cada caso. Sin embargo, no podemos negar las implicancias regionales de nuestras experiencias. El golpe de estado en Paraguay resulta un antecedente central en el proceso destituyente a Dilma en Brasil.

El juicio político que desplazó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay en el 2012 fue escandaloso, no solo por no respetar el debido proceso –el juicio se desarrolló en no más de 30 horas-, sino también por los poderes enquistados que orquestaron la ofensiva. La masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y 6 policías, tocó un filamento sensible con raíces de larga data en el país: el conflicto por la tierra. El Grupo Riquelme, ocupaba estas tierras fiscales bajo la figura de “usucapión”, y fue un actor clave para el desalojo violento de los campesinos que avanzaron en el terreno. El CEO de este grupo estuvo ligado al Partido Colorado -fue senador por más de veinte años-, además de haber ocupado la dirección de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

El saldo de esta Masacre, investigada en la actualidad como una verdadera operación dirigida, fue el hecho por el cual se juzgó a Fernando Lugo por mal desempeño de sus funciones. En este caso, la falta de movilización popular en apoyo al entonces presidente fue decisiva para el triunfo del golpe.

Dos años antes, en las elecciones de 2010 en Brasil, los grupos de derecha avanzaron en cargos de representatividad parlamentaria logrando obtener la mayoría. La dirección política legislativa estaba hegemonizada por la alianza conocida como las tres B: Balle (Bola)” – diputados vinculados con la policía militar, los escuadrones de la muerte y otras milicias privadas–; “Boeuf (Res)” –los grandes propietarios de ganado–; y “Bible (Biblia)” –fundamentalistas neopentecosteses.

En este contexto, las condiciones estuvieron dadas para el despliegue de la figura del impeachment -presente en la Constitución brasileña- para juzgar sin pruebas contundentes a Dilma Rousseff, pasando por alto el debido proceso como ocurrió en el caso paraguayo. Mediante un juicio político sin precedentes, se terminó con la presidencia del PT, para luego avanzar judicialmente contra el principal candidato a presidente en las últimas elecciones, Lula Da Silva. Los ejecutores explícitos del golpe ocupaban los poderes legislativo y judicial, y utilizaron estas herramientas institucionales para su fin. Las corporaciones mediáticas -como O Globo-, partidos tradicionales como el PMDB y el empresariado local fueron actores cómplices y artífices de la operación.

Estos casos vislumbran un nuevo escenario destituyente en América Latina. Las transiciones a las democracias de los ochentas (o noventas en Centroamérica) fueron lo suficientemente discutidas como para recurrir a los mismos métodos. Los neogolpismos, aunque suavizados semánticamente llamándolos “golpes blandos”, “institucionales”, “moderados”, forman parte de una verdadera reofensiva golpista en la región. Para que un golpe de Estado se desarrolle no se necesita esencialmente ni a los militares, ni tiene que devenir necesariamente en una dictadura. Los neogolpismos logran instalar modelos políticos y económicos por otros medios, políticamente menos costosos y socialmente menos evidentes. Se trata de servirse de la democracia, de sus instrumentos, para destruir aquello que la legitima, una vez que deja de serles funcional.

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