Por Vivian Palmbaum

Los tratados de libre comercio entre los Estados y las empresas, además de la limitación de la soberanía, tienen como consecuencia un impacto ambiental. Así sucede con con la megaminería. Nuestra región es un importante reservorio de recursos naturales, también lo han comprendido empresarios y corporaciones que buscan apropiarse de los territorios para extraer la máxima ganancia por su explotación.  Frente a ello, los pueblos resisten y enfrentan estas iniciativas, incluso con algunas de las acciones han logrado detenerlas.

La megaminería, tratados de libre comercio, convenios y distintas formas de acuerdos con los Estados muestran una lógica perversa que no se detiene y que aprovecha hasta la pandemia para seguir haciendo negocios.   Desde la Plataforma America Latina Mejor sin TLC se realizó un conversatorio donde participaron del encuentro  el investigador Manuel Pérez Rocha del Instituto de Estudios Políticos (IPS) en Washington y miembro del consejo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC). José Bayardo Chato, abogado en derecho de los pueblos indígenas y miembro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, en Dhuma Puno, Perú. Saul Zeballos miembro de la Asamblea Jachal No Se Toca, San Juan Argentina, y Vidalina Morales Presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) y representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador. 

Apuntes para reflexionar

Los Tratados de Libre Comercio, TLC, son invisibilizados para las mayorías. Hay unos 3000 TLC y tratados bilaterales de inversión que en este momento están en vigencia en nuestra región. Los proyectos de la megaminería funcionan con cláusulas de protección a los inversionistas  ¿Qué pasa cuando no se cumplen? abordado por el investigador Manuel Pérez Rocha. 

Los TLC incluyen cláusulas de solución de controversias que “permiten a las empresas internacionales evadir a los tribunales locales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional”. Hay una lógica invisibilizada que protege a inversionistas, “un sistema que opera por encima de los Estados y los gobiernos…Los Estados ceden su soberanía a estos tribunales. Los inversionistas extranjeros pueden demandar por miles de millones de dólares, en tribunales como el CIADI, el Centro Internacional de Disputas Internacionales, aunque hay otros. 

Perez Rocha explicó de qué se trata: “estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, que aunque no son tribunales formalmente constituidos, son tres abogados corporativos, altamente remunerados. Imaginen que ganan medio millón de dólares por caso”, que operan en secreto, sin testigos y mucho menos sin la presencia de las comunidades afectadas”. Y agregó “estos tribunales son una caricatura del sistema legal, con muy poco precedente y sin compromiso por la verdad y la justicia. Estos abogados solo se guían por las afectaciones de los Tratados de Libre Comercio y no hay consideración por las afectaciones ambientales o de derechos humanos”.

El investigador explicó su finalidad: “protegen a los inversionistas sobre medidas regulatorias que reduzcan el valor de su inversión, como resultado pueden demandar a los Estados por medidas de interés público que surjan de procesos democráticos y que afecten sus ganancias, no por lo que disminuyeron sino por lo que esperaban ganar. La mayoría de las empresas mineras demandan por lo que esperaban ganar, no es que ya estén instaladas y se  hayan reducido sus ganancias sino a consecuencia de procesos de resistencia popular y el descredito, por ejemplo se reduce el valor de sus inversiones, entre la más desconocidas y otras cláusulas relevantes. Precisó que “las cláusulas de protección, le dan seguridad a las empresas inversoras, tanto que si los pueblos se levantan para resistir su instalación y el Estado no implementa la defensa de esos capitales también pueden demandar a los Estados”.

La pandemia parece ser también una oportunidad de negocios. La minería fue declarada una actividad esencial donde se “está arriesgando la vida de los trabajadores, y que también las empresas están considerando demandar a partir de esta crisis que no les permite operar y como están enfrentando cualquier medida de salud pública que les afecte sus ganancias esperadas”.

La lucha de los pueblos

Saúl Zeballos de la Asamblea Jachal No Se Toca,  provincia de San Juan, Argentina, relató la experiencia de organización frente a la primera explotación megaminera, Veladero,  con uso de tóxicos, ubicada sobre la margen del rio Jachal. 

Zeballos recordó la lógica que usaron las empresas para favorecer su instalación, con estudios de impacto ambiental que solamente se presentaron ante los funcionarios, sin audiencias públicas infringiendo así la Ley General de Ambiente de la provincia. “Tampoco Veladero cumplió, ni cumple,  con el seguro de ambiente, incumple con la Ley de Glaciares en la Argentina, incumple con el Código de Minería, que establece que ante tres infracciones graves de un mismo establecimiento, la mina debe ser cerrada en forma definitiva. “Ya llevamos tres derrames constatados por las autoridades que no se hicieron presentes para hacer cumplir el Código de Minería”.  Recordó las recomendaciones del Banco Mundial que ya en 1991 exhortaban la instalación de industrias sucias en países menos desarrollados con salarios más bajos, porque el lucro cesante sería menor y donde la expectativa de vida es menor. “Así de cruel es el razonamiento de quienes dirigen el Banco Mundial …Entonces después de prestarle a la Argentina para hacer el relevamiento en todo el territorio nacional, un préstamo que luego Argentina tiene que devolver, el Banco Mundial sigue prestando, ahora que hay pasivos ambientales, para que otras empresas vengan a remediar  lo que dejaron las compañías mineras”. Precisó “cuando hay ganancias se privatizan las ganancias, pero cuando hay perdidas las socializamos entre todes, entonces los países subdesarrollados terminamos siendo aun mas subdesarrollados porque nos endeudan y nos contaminan. Nosotros desde la Asamblea Jachal No Se Toca luchamos por defender la vida y sabemos que es una lucha muy desigual porque del otro lado está la irresponsable empresa canadiense Barrick Gold y su socia china Shandong Gold”. 

Desde El Salvador, participó Vidalina Morales, luchadora social contra la megaminería. “La lucha contra la minería metálica se instala poco después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica  y EE.UU, CAFTA, se inicia en el año 2004, con técnicos y científicos se hizo mucha concienciación en la población, participaron iglesias, organizaciones ambientalistas, hubo un entramado de organizaciones para defender nuestro territorio, El Salvador, de una amenaza”. 

Vidalina relató que en El Salvador la minería no había sido una opción porque la fuente de subsistencia siempre fue “la agricultura en pequeño y nos preocupaba mucho que nos plantearan que la minería era un desarrollo para nuestro país”. Lucharon por una ley desde el 2004 hasta el 2016 en que se aprobó una ley. “El Salvador se ubica como primer país en el mundo libre de minería metálica. Era una lucha de David contra Goliat por la magnitud de estas empresas, que son capaces hasta de comprar voluntades. Asumimos una lucha para que El Salvador no pagara a Pacific Green y luego Ocean Gold”.

Una lógica perversa explicó: “las empresas como  la Pacific Green, cuando demandó, ni siquiera El Salvador tenía un tratado de libre comercio con Canadá … tuvieron que abrir una subsidiaria en las islas Nevada en EEUU para ampararse desde allí al tratado de libre comercio entre EEUU y Centroamérica y pueda iniciar la demanda contra El Salvador. 

Desde Puno, Perú, el abogado José Bayardo Chato, también habló sobre la lucha de los pueblos originarios cuyos derechos no son tomados en cuenta cuando se firman acuerdos entre las corporaciones y el Estado, “todas las políticas de Estado y las normas estaban dirigidas a consolidar este tipo de relaciones que van a beneficiar a las empresas”. Hay todo un aparato que deja de lado a un protagonista que son los pueblos originarios. Todas las actividades extractivas se realizan en territorios de las comunidades campesinas. En esta parte de Perú, el sur andino, existe presencia de comunidades aymaras y quechuas…cuando los pueblos reaccionan contra estas actividades extractivas ahí es donde el estado transfiere la policía al servicio de los privados para controlar la zona”. 

Bayardo precisó que las normas que dictan los estados están a favor del extractivismo, “se olvidan de la Resolución 169 de la OIT que es una norma de rango constitucional , que rige desde 1995 en nuestro país, y que señala que se debe consultar a los pueblos antes de implementar cualquier acción administrativa o legislativa que pueda perjudicarles. Bastaría con la implementación de este convenio para que se abra un diálogo antes de la concesión para el extractivismo. Los Tratados de Libre comercio no contemplan a las poblaciones campesinas que no son escuchadas”. 

Enlaces relacionados: 

Casino del Extractivismo 

Haciendo negocios con la pandemia

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Por Iván Barrera y Camila Parodi / Opinión Gráfica: Oscar de la Vega

El acuerdo de asociación estratégica recientemente comunicado por las autoridades del Mercosur y la Unión Europea en la sede de Bruselas fue presentado como una oportunidad histórica para las “transformaciones” en el mercado regional del sur del continente. Sin embargo, lejos de ser una realidad, los nuevos espejitos de colores ofrecidos por el viejo continente poco beneficiaran a la población sudamericana.

A su vez, este acuerdo de libre comercio con Europa abrió también la posibilidad de nuevos tratados, tal es así que en el día de hoy se conoció que se está “analizando una negociación de libre comercio con Estados Unidos”. Así lo comunicó el canciller argentino Jorge Faurie para “Terapia de Noticias” de La Nación + y sostuvo que se trata de una propuesta que “complementaría” el acuerdo con la UE en la misma línea que el mismo presidente Mauricio Macri había anticipado, la de “sentarse” con los Estados “más desarrollados” porque un país que “no está globalizado no tiene futuro”.

¿Para quién es el futuro pregonado por el Gobierno de Cambiemos con los TLC?¿Qué implicancias tiene? ¿cómo nos afectará en el cotidiano? ¿de qué manera se lo puede combatir? todas esas preguntas y muchas más le realizamos a Luciana Ghiotto, integrante de ATTAC – Argentina y de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC en este intento de “TLC para principiantes”.

¿Qué es un acuerdo de asociación?

Un acuerdo de asociación es lo mismo que un Tratado de Libre Comercio (TLC). Estamos ante un tratado internacional donde varios estados realizan acuerdos comerciales y de temas detrás de la frontera. 

¿Qué implicancias tiene?

La parte comercial comprende la reducción de aranceles, garantiza acceso a mercados y acuerda temas relacionados a reglas de origen, es decir, donde se produce cada producto. Los temas detrás de la frontera son los temas regulatorios, que tienen que ver con la capacidad del estado de regular ciertas temáticas en particular, como por ejemplo: los servicios, los derechos de propiedad intelectual, las compras gubernamentales, el comercio electrónico y las inversiones. 

Este es un TLC aunque lleve el nombre de acuerdo de asociación porque lleva todos estos capítulos. Estamos ante un acuerdo que no solamente va a tener que ver con cuánta carne vacuna, cuánto pollo, cuánta miel y cuanto arroz puede venderle el Mercosur a la Unión Europea y viceversa, sino que estamos ante un tratado que lo hace es liberalizar, abrir y flexibilizar el acceso de corporaciones europeas a distintos sectores de los 4 países del Mercosur, como los anteriormente mencionados: servicios financieros, compras gubernamentales, comercio electrónico.

¿Cómo llega a la Argentina?

En Argentina gran parte de lo tratado en este acuerdo ya se encuentra en vigencia, estos sectores ya están liberalizados. Argentina ya abrió todo el sector de servicios y compras gubernamentales en los años 90. De hecho, las que se benefician de esto son las empresas europeas. Sin embargo, va a tener un efecto más fuerte en Brasil, donde existía una protección mucho más grande de algunos sectores de servicios, como el sector aeronáutico o el petrolero. 

¿Qué impactos puede tener en el cotidiano?

En cuanto a la población en general, en Argentina va a tener un impacto con respecto a la industria que ha sido protegida durante muchos años por el estado y por los aranceles del Mercosur, como por ejemplo la industria automotriz y autopartista. Este acuerdo plantea que de acá a 10 y 15 años esos aranceles tienen que caer, por lo cual de acá a 15 años van a tener que reestructurarse estas industrias porque deberán competir de igual a igual con las industrias europeas. Eso llevará a que estas empresas, muchas de ellas PyMEs autopartistas quiebren, porque la competencia con Europa es muy desigual. 

En concreto, se verá un aumento en la desocupación si no hay una política de estado de reestructuración de estos sectores y de recalificación de sus trabajadores hacia otros sectores económicos. A la par de la aplicación de este TLC, se necesita una posición activa del estado para reconfigurar a esos trabajadores, o se verá un aumento notorio en los índices de desocupación. Otro efecto inmediato a ese efecto de desindustrialización, es una especialización de Argentina para exportar bienes primarios como soja, oleaginosas y sus derivados. 

¿Qué rol jugará la reforma laboral?

Macri venía a reformar el modelo productivo argentino. Él y Cambiemos, con la idea de “volver al mundo”, plantean que Argentina debe aumentar los niveles de productividad y ser competitiva. Para ser competitivos en el capitalismo global es reducir los costos de producción. Eso solo se logra a partir de una reforma laboral, la cual fue muy resistida a nivel social, evitando que Macri logre llevarla a cabo. 

Si miramos este TLC es que se van a imponer ciertas condiciones que, en definitiva, vienen a hacer desde arriba lo que Macri no pudo hacer desde adentro. Se impone el lenguaje y las reglas de la globalización, con esta idea de la liberalización comercial y los TLC, por encima de lo que no pudo resolver la burguesía nacional. Esto ha sucedido en muchos países, los TLC terminan siendo instrumentos de disciplinamiento de los trabajadores.

¿Porqué se realizó sin consultas?

Es normal, nosotros hablamos de los “Tratados Vampiros”, se negocian en la oscuridad y cuando salen a la luz generan un enorme rechazo social. En este caso, sigue la misma lógica, los borradores que teníamos de este acuerdo son del año 2017 y esto había sido a través de un Wikileak que hizo Greenpeace en Europa y que mediante ellos tuvimos acceso a esos borradores sino no había forma. Ni con el kirchnerismo ni con el gobierno de Macri tuvimos acceso a ningún borrador. Menos, como sociedad civil y/u organizaciones sociales se nos recibió de manera cotidiana en la Cancillería para debatir este acuerdo. Lo que vemos es que ahora que está saliendo a la luz lo que finalmente acordaron nos da herramientas para ver lo que acordaron y aunque sea tarde podemos coincidir que es enormemente perjudicial.

¿Cuál es la lectura que hacen desde la Plataforma América Latina Mejor sin TLC?

En Argentina este acuerdo está cayendo como un balde de agua fría, la gente no tiene idea de qué es un tratado y qué implicancias tiene. Nosotros vemos que este acuerdo que firmó la Unión Europea ya está teniendo sus efectos en otros países de la región, por eso la mirada continental es imprescindible en este momento. Nosotros tenemos los hechos que muestran los efectos que este tipo de tratados tuvo en países como México, Ecuador, Colombia, Perú y Chile, que son los países que firmaron tratados con la Unión Europa de estas características. 

Lo que vemos es que hay efectos perjudiciales muy notorios para las economías nacionales: el aumento del déficit de las balanzas comerciales con la Unión Europea, no hubo una diversificación de las exportaciones como se prometió, al contrario, se concentra en productos del extractivismo. En el caso de Colombia se destruyó la industria láctea, cuestión que también está en el acuerdo del Mercosur, porque se abre a la importación de productos como leche en polvo que en la Unión Europea están altamente subsidiados. 

¿Cómo piensan la agenda de las organizaciones sociales a partir de este acuerdo?

Nos encontramos con que estos tratados en estos países han tenido efectos muy negativos. La idea es primero entender que esas experiencias existen, hay que dar a conocer esos efectos que ya existen y que nos pueden dar una enseñanza muy importante para el caso del Mercosur y de Argentina en particular. También hay que entender que la resistencia debe ser a nivel regional, no puede ser solamente nacional. En nuestro caso en particular, ahora se abre una instancia en la que, una vez que se firma el tratado, este debe ser ratificado en los congresos nacionales antes de entrar en vigencia. Para que este tratado entre en vigencia debe aprobarse en los cuatro Congresos Nacionales del Mercosur, por el Parlamento Europeo y por los veintiocho estados europeos. 

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El miércoles pasado se suspendió el tratamiento en el Senado del Tratado de Libre Comercio entre Argentina y Chile. Desde las Asambleas Mejor Sin TLC de Argentina y Chile rechazaron su aprobación. Entrevistamos a Luciana Ghiotto que nos dio una clase breve para explicar con sencillez un tema que aparece como complejo.

En noviembre de 2017, Chile y Argentina firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) que extiende el Acuerdo de Complementariedad Económica (ACE) N°35 vigente desde 1996.

En un comunicado conjunto las Asambleas Mejor Sin TLC de Chile y Argentina expresaron su rechazo a la firma en un comunicado conjunto. Estas Asambleas nuclean a organizaciones de la sociedad civil de un amplio arco de representación que le da seguimiento a estas cuestiones que comprometen a las sociedades. El miércoles pasado se iba a tratar en el Senado y la sesión fue levantada, en medio de cuestiones más mediáticas.

Entrevistamos a Luciana Ghiotto, Investigadora de CONICET, con sede en UNSAM, miembro de Attac Argentina y la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, colaboradora del Trasnational Institute y con explicó las implicaciones de los Tratados de Libre Comercio en nuestra región.

¿Cómo es el tratamiento del TLC en el Senado? ¿Por qué se levantó la sesión?

El TLC con Chile entró al Senado hace poco tiempo, no hubo información pública al respecto, se trató en una comisión chica, de Relaciones Exteriores; la semana pasada entró al recinto para ser tratado sobre tablas y solamente pasó por una comisión, no hubo más debate. Las comisiones lo que permiten es que haya debate previo entre los senadores y la sociedad civil, para hacer invitaciones que permitan discutir los efectos del tratado y/o discutir el tratado en sí mismo. Lo que vimos en las versiones taquigráficas del Senado es que solamente se invitaron a sectores empresariales y queremos destacar que entre los invitados estuvieron la Camara de Comercio de Argentina y sectores biotecnológicos, para discutir el tratado, no se invitó a nadie de la sociedad civil, ni a sindicatos ni a organizaciones sociales ni a otros partidos políticos para discutirlo.

La miércoles pasado se levantó la sesión y es interesante recalcar que un Tratado de Libre Comercio para ser discutido en el marco de otros temas que son mucho más mediáticos muestra también que se quiere que este tema pase desapercibido, que no tome una relevancia propia, sin embargo esta empezando a hacerse conocido el tema.

¿Qué se acuerda con este Tratado?

Este es un Tratado de Libre Comercio, que de comercio tiene muy poco, porque los tratados intrarregionales, es decir dentro de América Latina, son tratados que no giran sobre cuestiones comerciales. Todos los paises de la región cuentan con Acuerdos de Complementariedad Económica, ACE, que vienen de los años 90, y que ya redujeron los aranceles y las tarifas; los productos que se comercian entre los países que son el 95%, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, ya están liberalizados. Por lo tanto estos acuerdos lo que contienen son temas regulatorios que apuntan a liberalizar a sectores que no tienen que ver directamente con el comercio, como por ejemplo servicios, propiedad intelectual, inversiones, y nuevos temas como comercio electrónico. Estos son los temas que aparecen en este nuevo Tratado, que no tiene nada de comercio, sino que aparecen estos nuevos temas que son los llamados temas “regulatorios”. Lo que vuelve a este Tratado tan peligroso es que no estamos hablando de circulación de mercancías sino con exigencias de grandes empresas que operan en la región, incluso exportadores, que lo que hacen con este acuerdo es garantizarse un marco legal que les permite operar con mayor libertad.

¿Qué relación hay entre este TLC, la OMC y el G20?

Estos TLC tienen una relación con la Organización Mundial del Comercio, OMC, y el G20 porque ambas organizaciones plantean que el camino para el desarrollo es el libre comercio. En el marco de ese supuesto la firma de tratados garantizaría una mejor entrada de productos en el mundo, en otros mercados y eso daría mayor seguridad jurídica a los inversores. Lo que nosotros planteamos es que llevamos 25 años de librecomercio en América Latina y sabemos que los efectos no han sido lo que se prometió, ni mayor desarrollo ni mayor empleo. El Nafta fue el primero que entro en vigencia en el año 1994, ya tenemos 25 años de libre comercio en la región y el único empleo que aumentó es en sectores de altísima vulnerabilidad y precariedad como las maquilas o sectores que habían tenido un cierto nivel de industrialización como en Colombia toda la linea blanca, como son la fabricación de heladeras, lavarropas , a partir de la firma del acuerdo con Corea del Sur se destruyó directamente. Es decir tienen un impacto muy fuerte sobre sectores de empleo y a la vez dan un marco de legalidad a las empresas para que puedan operar, le dan garantías como por ejemplo a los inversores extranjeros para demandar a los Estados en tribunales arbitrales como el CIADI, entre otros, frente a una política pública del Estado que al inversor no le convenga, como por ejemplo que le quiten un permiso o una expropiación o la nacionalización de una empresa que tenga inversores extranjeros. La región tiene más de 200 demandas de inversores extranjeros y estos tratados de libre comercio avalan eso.

¿Qué posibilidades de resistencia tienen los pueblos?

Lo que se puede hacer es exigir con fuerza estudios de impacto de estos Tratados. Existe una amplia experiencia sobre los efectos de estos tratados, hay que exigir que no se firme y exigimos desde las organizaciones de la sociedad civil. Desde todas las plataformas que hoy trabajan contra los tratados de libre comercio en la región estamos planteando que no se puede firmar ningún TLC más sin estudios ambientales de lo que ya existe y no se puede además firmar ningún Tratado más a espaldas de la población, sin consultarla, y de los sectores sociales afectados.

No al G20 y Mejor Sin TLC

Recordamos que este año además está sesionando el G20 en Argentina, con 50 reuniones hacia la cumbre de presidentes que tendrán lugar los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre. Tal como se explicó en uno de los talleres de formación (nacionales e internacionales) organizados por la Asamblea No Al G20, lo que sucede en la Argentina es lo que quiere el G20 a nivel mundial: crear las condiciones para el proyecto estratégico del capital trasnacional más concentrado. Al mismo tiempo que se firman acuerdos con el FMI que compromete el futuro del país y nuestras próximas generaciones.

Este año se está lanzando la plataforma América Latina Mejor Sin TLC, una plataforma que trabaja en la región y que es la coordinación de todas las plataformas de los países. Desde las plataformas Mejor Sin TLC de Chile y Argentina hicieron una declaración conjunta: “¡Basta de Tratados sin debate y a espaldas de los pueblos!”, con 5 puntos centrales para decir #NoTLCChileArgentina. “Los Tratados vienen a cristalizar el rol del sector privado en nuestras actividades productivas y sociales cotidianas, plasmando a los ciudadanos como meros “consumidores” o “usuarios”, sin derechos”.

DECLARACIÓN CONJUNTA Tratado de Libre Comercio entre Chile y Argentina: ¡Basta de Tratados sin debate y a espaldas de los pueblos!

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El viernes pasado se inició la primera edición de la capacitación sobre el G-20, dirigida a las organizaciones populares, en la Facultad de Ciencias Sociales. Las resistencias de los pueblos también dicen presente.

Fue en su sede de M. T. de Alvear, con una asistencia que llegó en nombre de distintas organizaciones. En el mes de mayo se anuncia el1º Encuentro Preparatorio (Inter) Nacional de lucha contra el G20 y un encuentro de capacitación previo. Para concientizar y organizarse para enfrentar y resistir las estrategias del neoliberalismo y construir la agenda de los pueblos. Mientras tanto, en una de las primeras reuniones de uno de los Grupos de Afinidad, Civil20, el delegado del gobierno argentino, que preside la cumbre G-20, expresó que no es el espacio para discutir derechos humanos, lo que generó el repudio de un amplio arco de organizaciones de la región.

“Despertémonos, humanidad. Ya no hay tiempo”, dice el inicio del comunicado. Y es que así nos alertaba Berta Cáceres con sus palabras y sus acciones que le costaron la vida por luchar para oponerse a la depredación y quita de derechos de nuestros pueblos.

Mejor Sin TLC

Para responder preguntas y ayudar a multiplicar las conciencias que se apropien del significado de las deliberaciones del G-20 la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC realizó una capacitación en la Facultad de Ciencias Sociales, donde confluyeron representantes de distintas organizaciones para empezar a entender de qué se trata. Por ejemplo saber que un foro del poder global, G-20, no es lo mismo que la Organización Mundial del Comercio, OMC, que tiene una estructura institucional definida que depende de la ONU, pero se parece bastante por la gravitación que tiene sobre las políticas públicas, y muchas otras cosas de mayor o menor complejidad en un encuentro que tendrá repetición y profundización.

La Asamblea Argentina Mejor Sin TLC emitió un comunicado (con agenda) para invitar al 1º Encuentro Inter-Nacional, donde explica cual es el objetivo del G-20: “abordar los grandes desafíos globales y buscar generar políticas públicas que los resuelvan”, y agregan que por el contrario “los pueblos tenemos la certeza de que son estos mismos gobiernos y sus políticas los principales culpables de la crisis civilizatoria profunda que atravesamos y de la que se desprenden los problemas que ahora dicen querer resolver”.

El G-20 es un club de los 20 países geopolíticamente más influyentes del mundo que representan el 85% del producto bruto global, que van a sesionar durante dos días, hacia fines de año, 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2018. Habrá más de 60 reuniones previas de ministras y ministros, delegadas y delegados y sherpas (delegadas y delegados presidenciales) que discutirán con una agenda que toma: mercado laboral y educación funcional a sus necesidades; infraestructura para el desarrollo, es decir, para la acumulación de capital; y seguridad alimentaria es decir la producción industrial y tecnologizada de alimentos. Para esas reuniones se conformaron de los llamados Grupos de Afinidad (Buisness20, Woman20, Labour20, Think20, Science20, Youth20, Civil20), que son espacios oficiales creados para la participación de actores no estatales y forman parte del proceso del G-20 (y que son bastante afines a las políticas de gobierno). Una de las curiosidades es que el grupo de afinidad sobre trabajo, Labour20, estaría presidido por la UOCRA de Gerardo Martinez. Así se fueron desmenuzando las significaciones en el encuentro del viernes pasado en Sociales.

Entre las y los representantes de las organizaciones con base territorial se compartieron algunos estados de situación. Por ejemplo en Rosario diariamente diez buques, de gran tonelaje, que cargan soja, tienen un tamaño que exceden las posibilidades de los ríos que los tienen que transportar, así que traen sus propias cargas de agua para desplazarse, produciendo el consiguiente daño y modificación en el ecosistema. O que en la misma Rosario se produjo hace pocos días el primer Re-Mate de Soja que no solo estableció el valor de la cotización de la soja sino que también le puso precio al daño a la vida que produce y que impulsó la movilización callejera. También otro de los delegados presentes contó sobre el Acuerdo Federal Minero que en San Juan hace que la Barrick digite los planes de estudio en función de las necesidades del extractivismo minero. Un sinnúmero de situaciones se hallan invisibilizadas y los encuentros colectivos no solo permiten socializar el conocimiento, sino también compartir los estados de situación local.

Derechos Humanos, una exigencia de los pueblos

Las deliberaciones de la cumbre del G-20 que tienen lugar en la Argentina durante todo este año y esta presididas por la Argentina que es el país convocante y quien establece la agenda del año. En esta oportunidad el sherpa o delegado presidencial es Pedro Raúl Villagra Delgado. En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que fue sede del encuentro de organizaciones de la sociedad civil, Civil20, que se realizó en el marco del G-20, el delegado presidencial expresó que “el G-20 no es el espacio para discutir sobre derechos humanos, ya que existen otros foros para hacerlo”, poniendo como ejemplo el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Un gran número de organizaciones de la región se expresaron a través de un comunicado donde afirman su preocupación y rechazo a estas declaraciones “es sumamente grave la tajante escisión de los derechos humanos en favor de los asuntos financieros y económicos.

Particularmente, las afirmaciones esgrimidas por Villagra Delgado son inconsistentes por ir en contra de la misma agenda de los grupos de trabajo del C20, que está directamente relacionada a los derechos humanos, involucrando temas y problemas que van desde la Anticorrupción, Empleo, Seguridad Social, Educación Pública, Salud, Infraestructura, Género, Ambiente, Energía, Cambio Climático, entre muchos otros”. Para finalizar expresaron su preocupación por profundizar la perspectiva de derechos humanos que es transversal a las agendas económicas y financieras. Además exigieron la rectificación del mensaje que cuestiona y deslegitima los derechos conquistados, como condición de posibilidad para encausar los debates del C20 y G-20 por la senda de los derechos humanos.

Tal como contamos en Marcha hace unos meses, el G-20 nace como respuesta a la crisis financiera global en 1999, para enfrentarla y salvar el capital a costa de los pueblos. Hoy encuentra un impulso renovado en la región y especialmente en nuestro país que intenta construir su liderazgo en favor de los capitales financieros internacionales, con uno de los mayores ajustes de nuestra historia, que se produce sin disimulo alguno. Sin embargo los pueblos se organizan y se movilizan para resistir al renovado impulso del neoliberalismo por eliminar políticas públicas y restar los derechos más elementales. “Despertémonos, humanidad. Ya no hay tiempo”, dijo Berta Cáceres.

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