Por Camila Parodi * | Fotos: Susi Maresca

Alfredo Morales y Román Guitián pertenecen a la comunidad atacameña del altiplano en el departamento de Antofagasta de la Sierra de Catamarca. Un amplio territorio ubicado al norte de la Argentina que es habitado por más de 1800 personas.  Allí, precisamente en lo que se conoce como el Salar del Hombre Muerto, se conformó la puerta de entrada para la extracción de litio, un metal liviano que ha cobrado mucha relevancia durante los últimos años por su utilización en diversos tipos de baterías de dispositivos electrónicos para uso cotidiano, como computadoras, tablets y celulares. También se proyecta como un elemento estratégico para la fabricación de autos eléctricos y nuevas tecnologías.

Este salar, ubicado a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, fue nombrado por el bisabuelo del cacique Román Guitián tras encontrar restos óseos en aquella zona. No se trata de un territorio deshabitado a la espera de ser descubierto: sus habitantes descienden de los pueblos Atacama y encarnan su historia en el presente. Hoy, el silencio de la puna fue reemplazado por el ruido de las máquinas y camionetas que recorren el territorio con mucha minuciosidad en busca del mineral preciado. Recuerda Román que, antes de la llegada de la minería, “la vida era más sana”. Y reflexiona: “Hoy en día no podemos vivir como antes porque nos quedamos sin agua, no podemos circular libremente y se mueren nuestros animales. Antes de que venga esta empresa nosotros vivíamos sin ningún problema, ahora todos nos contaminamos”, suspira.

Cuenta Alfredo que, durante mucho tiempo, ese territorio fue habitado únicamente por su comunidad: “Por muchos años vivimos en el límite del país preservando su patria, y ahora que les interesa lo que hay nos quieren sacar”. Y es que en la zona de la cordillera y los salares andinos eso que llaman “patria” es más complejo de limitar. Allí, la puna argentina constituye un territorio más amplio junto a parte de los países de Chile y Bolivia que fue conocido, durante los últimos años, como el triángulo del litio. Una zona codiciada por las grandes corporaciones transnacionales ya que posee más del 65% de las reservas de litio de todo el mundo concentrada en tres países.

Este mineral es presentado como la salvación ante la crisis climática provocada por la quema de combustibles fósiles y sus evidentes consecuencias. A su vez, por su condición de recurso no renovable, el petróleo está perdiendo el lugar de privilegio que ocupó durante el siglo XX. Ciertamente el litio podría ser reciclado y recuperado de las baterías que ya se encuentran en circulación y por eso se presenta como renovable en el marco del proceso de transición energética. Sin embargo, al momento, se extrae únicamente  de yacimientos de vetas o por la evaporación de los depósitos de salmueras y se desconocen procesos de reutilización en gran escala.  

La transición energética es un proceso que consiste en cambiar la matriz energética actual (basada principalmente en combustibles fósiles) hacia un sistema diversificado de fuentes renovables. De esa manera, busca evitar que la temperatura del planeta aumente y que los efectos de la crisis climática se agraven aún más. Pero no basta con esa definición, ya que es necesario impulsar la transición justa e integral, es decir, una transformación energética que contemple en la toma de decisiones las particularidades territoriales, socioeconómicas, de géneros, entre otras. En definitiva, que considere la justicia social y ambiental.

Aunque el litio se presenta como un elemento clave para las “energías limpias”, ocupando un lugar central en discursos y proyectos, el modelo de extracción actual implica un sobreconsumo de fuentes de agua, el uso de químicos contaminantes y el desplazamiento de las comunidades. ¿Es posible salvar al planeta del cambio climático por la mera transición de una matriz energética a otra? ¿La extracción y usos de este “nuevo” mineral contempla los errores del saliente modelo hidrocarburífero? 

¿La transición energética implica necesariamente el sacrificio de territorios?

Catamarca minera

Durante los últimos 15 años, la provincia de Catamarca ubicada en el noroeste Argentino, ocupa un lugar central en el mapa minero global. Allí opera el proyecto más antiguo de extracción de litio del país a cargo de la empresa Livent (ex FMC-Minera del Altiplano). En 2018, la empresa presentó un Informe de Impacto Ambiental para la expansión del Proyecto “Fénix” con el objetivo de proveerse de las aguas subterráneas pertenecientes a la subcuenca del río Los Patos en la zona de Antofagasta.

A pesar del cambio de nombre, esta empresa realiza extracciones desde 1997  en el Salar del Hombre Muerto de forma que, lejos de ser una novedad, arrastra múltiples impactos sobre el territorio y las comunidades que allí se encuentran. Sin embargo, desde 2016 este modelo avanzó de manera desproporcionada: “La fiebre del litio”, en palabras de la bióloga Patricia Marconi, integrante de la Fundación Yuchan y del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos. En 2021, la automotriz alemana BMW acordó con Livent y anunció su inversión por 338 millones de dólares con una fuerte concentración en esta zona. 

Esta “fiebre del litio” no es azarosa, se relaciona directamente con el proceso de eliminación de uno de los impuestos a las exportaciones en febrero de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Allí la Argentina fue posicionada positivamente por las empresas extranjeras. Al año siguiente, el Ministerio Nacional de Energía y Minería contabilizó en su informe al menos “42 proyectos en depósitos de salmuera (salares) y cinco más en depósitos de pegmatita (rocas)”, como sostiene la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en su investigación. Desde entonces, tanto el Gobierno nacional como las gobernaciones provinciales y locales acompañan con políticas públicas al despliegue de proyectos mineros internacionales en el país.

“En ese momento (2016) detectamos más de una docena de prospecciones de litio en Catamarca”, recuerda la bióloga Marconi en el marco del “Contra Seminario del Litio”, que nació en respuesta a la cumbre realizada por funcionarios y empresas de la región en torno al denominado “oro blanco” en la Ciudad de Catamarca. Y sostiene: “A su vez, algunos de los proyectos que estaban parados, como el de Galaxy Lithium (Sal de Vida), comenzaron a reactivarse en una etapa de exploración. Todo esto avanzó muy rápidamente, las comunidades locales nos avisaban de la llegada de nuevas camionetas todo el tiempo”.

En la actualidad, explica Marconi, en el altiplano de Catamarca se relevaron al menos 36 proyectos mineros de los cuales 20 son de litio y dónde sólo tres se encuentran en etapa de prospección. Es decir que la mayoría ya están en las etapas siguientes, ya sea de exploración o explotación. La prospección, sostiene la investigadora, es una primera fase de investigación “casi oculta” porque “el único requisito administrativo a nivel legal es que un grupo de geólogos realice estudios técnicos en terreno y de sísmica, se llevan las muestras al laboratorio donde llenan un formulario de prospección para acreditar la propiedad de ese catastro minero”.  Allí no existen estudios de impacto sobre la biodiversidad y mucho menos instancias consultivas con las comunidades afectadas.

Actualmente, la prospección la hace el Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca sin intervención de otro ministerio nacional y, para Marconi, funciona como incentivo para convocar a las empresas privadas.

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Proyectos mineros de litio hay en el altiplano de Catamarca

Salares andinos: oasis de vida

Los salares andinos son verdaderos vestigios de antiguos lagos (paleolagos) que existieron hace miles de años en la zona, de forma que son bienes comunes irrecuperables del pasado. Pero no sólo eso, también son presente y continuidad para la vida. Explica la bióloga Marconi que es necesario entender a los salares como humedales de altura que conservan el agua tanto en la parte superficial como en la subterránea, siendo que el 98% del agua del altiplano se conserva de esa forma. Los salares son verdaderos oasis de vida para la biodiversidad de la puna allí se desarrollan y conviven diversas especies de flamencos, truchas, patos, vicuñas, entre otras. Hoy todas están en peligro. 

“Sin agua no hay vida”, dice una y otra vez el cacique Guitián. Y no se cansa de repetirlo. Durante los últimos años denuncia junto a su comunidad la muerte de animales tanto domésticos como silvestres, el cambio negativo en la vegetación y el paisaje, los impactos de la sequía y del ruido de las máquinas en la biodiversidad de la puna atacameña. De continuar los proyectos e inversiones presentadas, los humedales andinos podrían desaparecer. “Estamos reclamando cosas reales que afectan a la vida,-explica Guitián- la vega de Trapiche donde comenzó todo se secó porque le sacaron el agua y ahora se está secando el dique”. 

En su informe, FARN asegura que, ante la desecación de la vega Trapiche, la propuesta fue realizar una desviación del río Los Patos. De continuar con el proyecto el resultado será el mismo. El cacique se encomienda a Dios y a la Pachamama, “que no lo hagan porque va a morir todo el río. Son más de 100 kilómetros, ahí yo viví toda mi vida, al igual que mis hijos, ahora mis nietos y si nos sacan el agua de aquí, ¿de qué vamos a vivir después?”.

“La minería de litio es secante” -explica Marconi- “y se lleva cantidades extraordinarias de agua”. Cuando comiencen a extraer la cantidad de agua dulce que declararon se supone que utilizarán en 14 días lo que la población de Antofagasta de la Sierra consume en un año. Esto es, sostiene la investigadora, de acuerdo a lo que ellos mismos declaran en el estudio de impacto ambiental. Informes densos y complejos que requieren de mucho entrenamiento para obtener la información precisa en torno a cuáles serán sus procedimientos.

¿Transición para quién?

Si bien Livent lleva más de 25 años en el territorio, en la comunidad no existen beneficios: “Lo que dicen es que van a generar muchos recursos y trabajo pero sólo vemos el deterioro”, explica Guitián. En un territorio desprovisto del acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo, sostiene su compañero  Alfredo, que la única política del estado municipal, en articulación con la empresa minera, es el otorgamiento de “becas” económicas para las y los más jóvenes de la comunidad. Sin embargo, denuncia que, lejos de otorgar más educación y trabajo, “compran el silencio”. Pero para la comunidad atacameña, el único silencio bueno es el del altiplano.

“Lo que dicen es que van a generar muchos recursos y trabajo pero sólo vemos el deterioro”

Román Guitián, cacique comunidad atacameña, Antofagasta de la Sierra

Denuncian en ese sentido la criminalización y la falta de instancias consultivas. “Tenemos una ley y está aprobada en la Constitución Nacional desde 1994”, explica Guitián, refiriéndose al derecho a la consulta libre, previa e informada, estipulado por el Convenio 169 de la OIT. El pedido es simple: “Queremos ver por qué van, a qué van y qué es lo van a hacer en nuestro territorio”, agrega Morales.

Pero exigir este derecho en Catamarca tiene su costo, quienes preguntan o se oponen a los proyectos mineros son amenazados. Morales denuncia que, desde el año 2016, la violencia escaló: “Vinieron a pegarnos y nos armaron una causa diciendo que estamos contra el personal policial cuando la violencia fue al revés”. Allí fueron violentadas adultas mayores, entre ellas, su madre de 75 años: “A ella y a mi hermana las arrastraron por el piso, nos pegaron, nos llevaron atados de pies y manos hasta el departamento de Belén (ubicado a 360 km). Nosotros somos personas muy respetuosas, si se lo pedían hubiera ido no era necesario que la golpeen”, lamenta Alfredo.

Explica Guitián que, ante esta situación, la comunidad inició un proceso legal: “Hicimos un recurso de amparo, que llegó al Gobierno de la Nación, luego iniciamos una medida cautelar, pero tampoco nos responden como si las leyes no existieran”. 

Ante el silencio gubernamental las comunidades avanzan con diálogos y construcción de redes, y frente al Seminario Regional del Litio, explica Guitián, “vamos a hacer lo mismo que ellos hacen, nos vamos a juntar con comunidades de otras provincias y países”. 

Mientras los funcionarios y empresarios brindan por las inversiones millonarias que deja el litio y hablan de transición energética, las voces de las comunidades locales incomodan: “¿Quiénes van a tener esos vehículos de alta gama? ¿Para quién está pensada la transición?” se pregunta el cacique y rápidamente responde: “Para los que tienen plata. Nosotros no tenemos esa plata por eso no les importa nuestra voz”.

* Este artículo es parte del programa de mentorías en periodismo climático y fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

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Por Redacción Marcha y BiodiversidadLa | Ilustración Ximena Astudillo (*)

En enero de 2022 más de tres mil personas se unieron en una asamblea popular para debatir sobre las estrategias para resguardar la zona de la explotación de una empresa minera que aprovechó las restricciones de movilidad por el COVID 19 para ingresar sin obtener la licencia social. La asamblea fue un mensaje hacia las multinacionales, el gobierno y la sociedad, para que empuje las transformaciones profundas a través de la redacción de una Constitución que proteja y garantice los derechos de los pueblos, las mujeres y las personas LGBTIQ+ y que respete los bienes comunes y la naturaleza.

“La única manera de garantizar que nuestros pueblos indígenas y campesinos tengan derechos es con una nueva Constitución”, afirman las Defensoras del Perú. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, el país terminó 2021 con 199 conflictos sociales y políticos que agudizan las deudas y las desigualdades históricas, y perpetúan las consecuencias negativas de la separación de los pueblos de los territorios que le proporcionan alimentación, trabajo, identidad y poder comunitario.

Perú se encuentra, al igual que muchos territorios de América Latina y el Caribe, ante desafíos fuera de lo común y en un momento en el que poner la vida en el centro fortalecerá la democracia y la participación. El cambio en el signo del gobierno en 2021, que significó la derrota en las urnas de la sucesora del ex dictador Alberto Fujimori –condenado por delitos de lesa humanidad–, abrió una tímida esperanza. Por eso, en resistencia, pero también en memoria de las que no están –como Cleofé Neyra Neyra, quien en 2005 encabezó una protesta en defensa de los páramos y la actividad campesina–, así emergen las palabras de las mujeres de la zona Macronorte del Perú.

–¿Nos podrían situar en el territorio donde se encuentran, cuáles son las principales tareas que realizan para la comunidad y cuál es su experiencia de organización?

–Nuestras organizaciones, en su mayoría, están ubicadas en territorios de conflictos extractivos. Somos mujeres indígenas, campesinas, ronderas, jóvenes, lesbianas, feministas comunitarias populares que hacemos parte de las organizaciones de los pueblos. Nos articulamos a la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú, y llevamos más de 20 años cuidando y defendiendo el cuerpo-territorio-tierra. Vamos tejiendo la red de la vida, apostando por “Allin Kawsay” o “Buen Vivir” de las mujeres, nuestras comunidades en armonía con la naturaleza. Asimismo, nos articulamos a la coordinadora de organizaciones defensoras de la zona Macronorte del Perú.

Nuestras principales actividades y acciones se orientan al fortalecimiento de las organizaciones sociales autónomas, la articulación de redes desde los territorios, la educación popular feminista y la comunicación popular a través de nuestras escuelas “Lola Burgos” y “Gloria Mosqueira”, que son asumidas por nuestras organizaciones de base, y desde su cotidianidad, su territorio, su contexto, aspiraciones, memorias, luchas y resistencias las llevan adelante.

También realizamos acciones de incidencia ante el Estado y las instituciones competentes para que respeten los derechos ancestrales de nuestras comunidades sobre sus territorios: la exigencia de la anulación de las concesiones mineras en dichos territorios; denunciamos los atropellos, la criminalización y militarización y buscamos la solidaridad internacional. Además, las organizaciones de rondas campesinas que formamos parte de la articulación, administramos justicia en nuestras comunidades, velamos por el Buen Vivir, educamos y garantizamos la paz, el cuidado del territorio en nuestras comunidades. Como acciones, también está la incidencia contra la violencia y pobreza hacia las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. También impulsamos la soberanía alimentaria en nuestros territorios.

“Hemos tomado el acuerdo de defender el territorio hasta con nuestra propia vida”

–Elegimos los conceptos de “defensoras” y “guardianas” de los territorios y derechos para hablar del lugar central que tienen las mujeres campesinas, indígenas y originarias en la defensa de los bienes comunes. ¿Qué significa hoy ser Defensora en Perú y cuál es el escenario al que se enfrentan?

–Las mujeres nos encontramos en primera línea en la defensa de los territorios, enraizadas en nuestras organizaciones: comunidades y rondas campesinas y frentes de defensa. Nuestra acción es colectiva, recíproca y solidaria, bajo la concepción de Pachamama que heredamos de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Somos Defensoras como lo es nuestra organización y quienes la integramos hemos tomado el acuerdo en asambleas de defender el territorio hasta con nuestra propia vida. Existimos por el territorio hace más de cinco siglos.

Actualmente enfrentamos un escenario de disputa permanente por el territorio, dado el modelo económico neoliberal y extractivista que impulsa el gobierno peruano desde hace más de 30 años, impuesto por el ex dictador Alberto Fujimori con la Constitución Política de 1993. En los años siguientes, se flexibilizaron un conjunto de normas que han afectado nuestros territorios colectivos y han favorecido el ingreso violento de las empresas mineras, militarizando territorios, criminalizando la protesta social e inmiscuyéndose en la dinámica interna de nuestra vida en comunidad y en las organizaciones para dividirnos y así debilitar la lucha y la resistencia en un contexto de incremento de las violencias contra las mujeres. Las transnacionales extractivas en alianza con el Estado desarrollan estrategias patriarcales de agudización de las violencias sobre los cuerpos-territorios de las mujeres. La presencia de mineras, petroleras y agroexportadoras trae consigo el trabajo precario de semi esclavitud, el despojo, la trata de mujeres e incremento de la prostitución.

En el Perú existe el Decreto Supremo N°004-2021-JUS, que se supone, busca garantizar la prevención, protección y acceso a justicia de las personas defensoras de Derechos Humanos en el Perú; sin embargo, sentimos que son letras muertas, porque tenemos hermanas que llevan procesos de más de 15 años y aún no adquieren justicia, incluso compañeras que han sido criminalizadas y han muerto sin adquirir justicia y reparación como nuestra Cleofe Neyra Neyra de la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos (AMUPPA), quien nos dejó su siembra.

A pesar de ello, seguimos firmes en nuestra posición de poner nuestro cuerpo y organización para defender el tejido de la red de la vida, cuidar y proteger la sostenibilidad: el cuidado y la protección de la integralidad de nuestros territorios y comunidades, lo que nos convierte en guardianas de los ríos, bosques, páramos, lagunas, semillas, vida de las mujeres y de nuestros pueblos.

–En enero de 2022 realizaron un paro en demanda de la retirada del proyecto minero AntaKori y lograron la conformación de una comisión que evaluaría los impactos de la empresa en el territorio de Sinchao. ¿Cómo se encuentra la situación en la actualidad y cómo se organizan para frenar el avance de los proyectos mineros en sus territorios?

–Tras reportarse más de 300 niños y niñas con arsénico y otros metales en el cuerpo, animales enfermos –más de 17 mil truchas muertas– producto de la contaminación minera de la cabecera de cuenca en Chugur, las más de 40 organizaciones ronderas, de mujeres, campesinas, de jóvenes de Chota, Bambamarca, Hualgayoc articuladas en el Frente de Defensa de Chugur acuerpadas por la coordinadora de organizaciones defensoras de la Macronorte y la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú, decidimos convocar a un paro indefinido y ocupar la entrada al proyecto minero Antakori para exigir el retiro inmediato de la empresa Anta Norte, en tanto su presencia es ilegítima en territorio. Antes de la pandemia ya había sido desalojada de Sinchao en dos oportunidades. Pero ésta, valiéndose de las medidas de emergencia e inmovilidad social por la COVID-19, ingresó con el aval y corrupción del Estado a pesar de que no tenían licencia social y nuestras comunidades habían rechazado a la minería.

Días después, se tuvo la presencia de una comisión del gobierno en Sinchao (donde se estaba dando el paro). Se comprometieron a investigar la presencia de la minera Anta Norte en el territorio y a buscar todas las herramientas para que legalmente se laexpulse; aunque contradictoriamente el mismo día, una representante del gobierno dijo que no le exigen a su hermano Pedro Castillo –presidente de la República– un “No a la minería” porque si no, lo van a destituir de sus funciones.

Luego, se formó una mesa de diálogo que consideramos es un engaño, ya que en la primera reunión no asistieron, a la segunda llegaron y en la última se acordó darles un ultimátum; en tanto, si siguen “paseando” al pueblo, se retomarán las medidas de lucha hasta las últimas consecuencias y no se parará hasta botar a la minera del territorio. Cada vez más organizaciones de la zona Macronorte nos estamos articulando frente a este proyecto minero, en tanto, no solo afecta a Chugur o Cajamarca, las aguas de esa cuenca van hacia el río chotano y parte desemboca en la represa de Tinajones en Lambayeque, que abastece de agua para consumo humano y agrícola de esa región. Además, que sería la última cuenca de Chugur que se podría salvar aún de la contaminación y destrucción, las demás están siendo destruidas y contaminadas por las empresas mineras Gold Field, Buenaventura entre otras.

Es por ello que, desde nuestros territorios, estamos impulsando procesos hacia una Asamblea Constituyente, en tanto la actual Constitución del 93 entrega nuestros territorios a las trasnacionales. Por ello, la única manera de garantizar que la naturaleza y nuestros pueblos indígenas, campesinos tengan derechos es con una nueva Constitución.

“Es de los momentos de crisis que surgen las revoluciones y es desde los pueblos que se gestan”

–¿Qué significó para las y los trabajadores rurales la candidatura del maestro rural Pedro Castillo y su asunción en 2021 como presidente del Perú? ¿Hubo algún cambio favorable para las poblaciones rurales?

–El Perú se encuentra en una crisis de existencia como país, una crisis de modelo socio-económico; donde el fenómeno de la pandemia y el contexto internacional de guerra agudiza la situación compleja que venimos atravesando históricamente las mujeres y los pueblos del Perú, y mucho más después de la Constitución fujimorista de dictadura de 1993. En ese sentido, poner a Pedro Castillo en el gobierno significó la esperanza de un pueblo, aquel que viene siendo condenado al olvido y a la resistencia por más de cinco siglos de saqueo, violencia, expropiación y criminalización.

Sin embargo, vemos la traición hecha carne. A la fecha no se han revisado los contratos ley que entrega nuestros territorios a las transnacionales extractivas; no hay reforma de los impuestos, los monopolios siguen decidiendo la vida de la gente; no hay reforma agraria, de salud, de educación; no hay nacionalización de los combustibles; y sobre todo, no se ha impulsado una Asamblea Constituyente popular, plurinacional, paritaria, diversa y soberana. Por el contrario, en el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025 se han priorizado actividades que impulsan el extractivismo como pilar del desarrollo, entre ellos, proyectos mineros que ya fueron rechazados por nuestras comunidades, donde no hay, ni habrá licencia social porque son territorios de comunidades indígenas y campesinas.

La respuesta de las mujeres y del pueblo no se ha hecho esperar, las calles están siendo las interlocutoras con el gobierno. Venimos exigiendo al gobierno de Pedro Castillo que cumpla sus promesas ya que el hambre y la destrucción de nuestros territorios nos está matando. De estos contextos de inestabilidad social, quienes se aprovechan del hambre y la inestabilidad social son la derecha y los grandes intereses. Sin embargo, estamos en un momento histórico para recuperar nuestra identidad, para mantener la memoria histórica, para recoger los aportes de nuestras ancestras y para gestar los cambios que tanto anhelamos, porque es de los momentos de crisis que surgen las revoluciones y es desde los pueblos que se gestan.

–¿Encuentra experiencias de lucha afines en América Latina con relación a las luchas que están dando los pueblos de la región? ¿Se identifica en la lucha de otras Defensoras de las tierras, las aguas y los territorios comunitarios?

–La lucha de las mujeres y la de nuestros pueblos del Abya Yala es la misma, luchamos en defensa del cuerpo-territorio-tierra, por recuperar nuestros derechos ancestrales. Luchamos porque seguimos tejiendo la red de la vida y apostamos por la sostenibilidad de la vida y el buen vivir. Nos sentimos muy hermanadas con la lucha de los pueblos indígenas de COPINH Y OFRANEH en Honduras. Cultivamos las semillas que nos dejó nuestra hermana Bertha Cáceres y recogemos las semillas de nuestra hermana Miriam Miranda, quien pone en el centro el territorio y la organización.

Esta entrevista hace parte de la serie  “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de  Marcha Noticias y  Acción por la Biodiversidad, editado por Chirimbote, con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

*La entrevista fue realizada por Camila Parodi en el año 2022.

Edición: Laura Salomé Canteros y Nadia Fink.

Ilustración: Ximena Astudillo

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Por Vivian Palmbaum | Foto: No a la mina

La provincia de Chubut, a pesar de ser la segunda provincia del país en producción de hidrocarburos, está atravesando una grave crisis económica de larga data. Lejos de las promesas de campaña, la situación se fue agravando durante la gestión del gobernador Mariano Arcioni, cuyas únicas propuestas para resolverla vienen de la mano de la megaminería.

Ni el verano ni la pandemia detienen a las y los habitantes de la provincia de Chubut que resisten el avance de la voracidad extractivista. Este martes 26 de enero se realizó la primera marcha del año Contra La Megaminería en los distintos pueblos y ciudades de la provincia para darle visibilidad al rechazo popular a una iniciativa que no contempla a la vida. Juntaron más de 30 mil firmas que se oponen al proyecto minero.

El gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, busca imponer el proyecto de megaminería resistido ampliamente por el pueblo chubutense. El pasado jueves 21 de enero, el gobernador se reunió con el Presidente de la Nación que respaldó el proyecto: “Quiero que digan que me parece un excelente proyecto y que no entiendo cómo no lo trató aún la Legislatura”, afirmó Alberto Fernández luego de que fuera presentado el plan estratégico, rechazado por numerosas organizaciones y colectivos académicos, científicos, de la salud, comunidades de pueblos originarios, entidades religiosas, fundaciones, ONG’S, numerosos sindicatos y partidos políticos.

Las asambleas nucleadas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) se reunieron durante el fin de semana y, en un comunicado, expresaron su rechazo a “la farsa de debate sobre el proyecto de zonificación minera promovida por el gobierno provincial la última semana y repudiamos el rol del Gobierno Nacional en la figura del presidente Alberto Fernández que, con sus declaraciones públicas y mediáticas, sigue promoviendo la violación de los Derechos Humanos en nuestros territorios”. Además, repudiaron la criminalización de la protesta que ejercen en tándem el gobierno y los medios de comunicación hegemónicos y denunciaron, una vez más, la presencia de infiltrados en las marchas y la persecución policial y judicial de quienes se oponen a las políticas del gobierno.

Recordaron la desaparición forzada de Raimundo Pino, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado o el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, defensores del territorio.

Integrantes de la asamblea No a la Mina de Esquel enviaron una carta documento a lxs senadorxs Alfredo Luenzo y Nancy González y a lxs diputadxs nacionales Estela Hernández, Santiago Igon, Gustavo Menna, Rosa Muñoz e Ignacio Torres, exigiéndoles “trabajar por la paz social en nuestro territorio”. El proyecto megaminero de la provincia de Chubut, que es resistido desde hace 18 años, hoy impulsa la rezonificación de la meseta, lo que compromete el principal y único curso de agua.

La meseta no es zona de sacrificio, si bien es la zona menos desarrollada de la provincia, donde sus comunidades reclaman su legítimo derecho a una mejor vida, a empleos dignos, que ni siquiera fueron consultadas porque las decisiones parecen tomarse en escritorios alejados de la población. Lo que les ofrecen es perder su único curso de agua, el Río Chubut.

Hace pocos días se conoció un informe técnico del INTA, impulsado por la fundación El Páramo, sobre el análisis del suelo y agua de más de diez campos ubicados en la meseta chubutense. El INTA señala que el agua analizada “es optima para bebida animal y apta para riego de cultivos”.

Desde la fundación El Paramo impulsan una mesa de diálogo porque consideran que es posible promover otra matriz productiva, con la producción agroganadera de alimentos sanos y sustentables para la población chubutense.

El agua vale más que el oro no es solo la consigna que visibilizan quienes resisten a la megamineria. Antes de finalizar el año pasado tuvo gran difusión la noticia de que el agua comenzó a cotizar en Wall Street. El agua, un bien escaso y no renovable, se convirtió en mercancía que cotiza en los mercados a futuro. Ahora los inversionistas pueden apostar sobre la escasez o abundancia del agua para un futuro cercano.

La experiencia en otros territorios donde el extractivismo es una realidad cotidiana es indiscutible. La asamblea Jáchal No Se Toca denuncia continuamente la falta de agua a causa de la extracción megaminera que además ha producido continuos envenenamientos con cianuro por los derrames incontrolables. A lo largo y ancho del país las comunidades se oponen, como por ejemplo en Jujuy, donde el impulso del extractivismo de litio es resistido por el pueblo kolla porque amenaza su subsistencia. O como en Mendoza, donde amplios sectores de la población se opusieron al proyecto megaminero que representa un peligro para la provisión de agua en una región donde el recurso es escaso. Los ejemplos abundan no solo en la Argentina sino en toda la región. La organización de las comunidades constituye el límite para el avance de un paradigma que no cesa de reproducirse.

Notas relacionadas:

Chubut: se multiplican las resistencias al modelo depredador megaminero

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Por Vivian Palmbaum / Foto No a la mina

Las y los habitantes de la provincia de Chubut, en cada pueblo y ciudad, se hallan en estado de movilización permanente frente al peligro de vulneración de sus legítimos derechos que representa la instalación de la megaminería.

El gobernador Mariano Arcioni que llegó al ejecutivo provincial con la promesa de sanear la economía, profundiza la crisis al tiempo que impulsa como única salida la entrega de los recursos naturales provinciales para la explotación de minería extractiva en beneficio de las corporaciones mineras.

Las situaciones de angustia se suceden para los trabajadores y trabajadoras que vienen atravesando una difícil realidad por la falta de pago de sus salarios al tiempo que se intenta imponer como única salida a la megaminería extractiva. Una situación que se parece bastante a una extorsión en una de las provincias con mayores recursos pero que sin embargo no se detienen las resistencias a la imposición del modelo productivo extractivista.

Las iniciativas se suceden en cada rincón de la provincia pionera en la lucha contra el extractivismo.  Con la consigna #ChubutAguazo ponen en primer plano que el extractivismo pone en riesgo al Rio Chubut, único rio que atraviesa la provincia. “Chubut no es zona de sacrificio”, la contaminación y el agotamiento de los recursos no renovables están en el centro de los planteos ciudadanos.

La rezonificación de la meseta chubutense es el paso necesario para habilitar a la extracción megaminera. La Ley N° 5001 promulgada en 2003 por impulso de las y los habitantes prohibía el extractivismo en la provincia, sin embargo a partir de un fraude legislativo que burló el consenso logrado dejó abierta esta posibilidad. Por eso las asambleas de la provincia nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACCH), impulsan una Segunda Iniciativa Popular que reune más de 30 mil firmas y están en pie resistiendo contra este avance que desoye al pueblo. La iniciativa popular es una herramienta prevista en la constitución provincial que habilita que la sociedad puede presentar proyectos de ley si están avalados por el  3% del padrón.

Voces en resistencia

Desde la UACCH en un comunicado expresan que están “atentando contra la paz social en una escalada que parece no tener límites”. Denuncian la puesta en vigencia de un nuevo protocolo del uso de armas de fuego por parte de los agentes de la Policía del Chubut, el aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad mientras se criminaliza la protesta y aumentan las persecuciones y amedrentamientos contra quienes resisten.

La provincia de Chubut es pionera en haber defendido su derecho, una lucha histórica que cumple 18 años y se remonta al año 2002 donde el pueblo de Esquel salió en defensa de sus derechos y no permitieron avanzar al proyecto megaminero. Las iniciativas populares se multiplican, movilizaciones, banderazos, petitorios, radios abiertas, entre otras, para poner el cuerpo en la calle y darle voz a la oposición decidida a un modelo productivo.

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), con Adolfo Perez Esquivel a la cabeza, se dirigió a la Legislatura provincial alentando a no desconocer  “la negativa de la Población a que se lleve a cabo la actividad minera” y recordó que  la Constitución Nacional consagra el derecho al ambiente sano.

Tampoco se garantizó el derecho a la consulta de las comunidades originarias establecidas en la Meseta Centro-Norte de Chubut y emplazadas dentro del área de zonificación, que se expresaron en un comunicando señalando el avasallamiento a la constitución que reconoce tratados internacionales que les protegen.

El CONICET develó una maniobra más para instalar que la minería a gran escala tienen mejores índices de calidad de vida y también tuvieron que salir a desmentir un informe de una Red de Académicos por la Minería Sustentable, que hasta fue presentado por el gobernador Arcioni, y aclararon que  “usaron el sello del Conicet para poner todas la cosas truchas que dicen”.

En una nota dirigida a Ricardo Sastre, Presidente de la Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut, las autoridades del INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Chubut y el CENPAT-CONICET, también argumentaron que “no están dadas las condiciones para la aprobación del proyecto de zonificación enviado por el Gobernador Mariano Arcioni con la firma de sus ministros”.

Distintos sindicatos nacionales y provinciales, organizaciones sociales locales y nacionales rechazan la minería como salida a la crisis provincial. La lista de movilizaciones y adhesiones a nivel provincial, nacional e internacional es importante, sin embargo el poder corporativo avanza en alianza con el gobierno provincial. Trabajadores marítimos pusieron la voz de alerta porque el extractivismo contaminante es incompatible con la actividad pesquera, que tiene un lugar importante dentro de la economía chubutense.

Apenas hace pocos días el gobernador Arcioni afirmaba que “a mí no me van a callar ni detener 500 ruidosos” y agregaba que “quiero darle la posibilidad a los habitantes de la meseta y la provincia que puedan tener un futuro digno”. El gobernador tampoco dudó en agradecerle al Secretario de Minería de la Nación y hasta al presidente Alberto Fernández que ya se expresó en distintas oportunidades alentando la minería extractiva.

¿Es la minería extractiva una posibilidad de desarrollo? San Juan, Catamarca, La Rioja pueden dar cuenta de esta trampa que deja atado el destino de las y los habitantes a esta única posibilidad que depreda, envenena, es limitada en el tiempo y cuyas ganancias vuelan fuera de nuestras fronteras. Al decir de Maristela Svampa: “una narrativa desarrollista, en consonancia con las grandes empresas trasnacionales, en busca de la legitimación social del modelo y en nombre de una ´responsabilidad social´, que oculta de manera sistemática los graves impactos sociales y ambientales de tales emprendimientos”.

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Por Vivian Palmbaum

La provincia de Chubut vive una crisis económica que parece lejos de solucionarse. El gobernador provincial, continuador de Das Neves, ganó las últimas elecciones con promesas de mejorar una situación que mantiene en vilo a quienes habitan una de las provincias con mayores recursos.

El 14 de septiembre pasado, la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH) emitió un comunicado titulado ¿Mineras o verdadera democracia? en el cual advertía sobre la reactivación del proyecto minero “Navidad”.

Los medios de prensa pusieron en evidencia que el gobernador Arcioni se apresta a habilitar los proyectos mineros metalíferos, eludiendo la ley que específicamente prohíbe la minería a cielo abierto y contaminante. En el comunicado las asambleas denunciaron que se intenta sortear la ley con el Decreto N°185/2009 y advirtieron sobre una operatoria que resulta inconstitucional. Según revela un reporte de la minera canadiense Panamerican Silver, se reconoce que la explotación se hará de manera convencional, es decir, a cielo abierto, lo cual es sumamente contaminante.

Los proyectos avanzan sobre la meseta central, territorio ancestral mapuche-tehuelche. En el comunicado se pone énfasis en la violación explícita del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocido por nuestro país, que establece la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios que habitan la región.

Pan American Silver, Yamana Gold, Latin Metals, junto al grupo Elsztain, también operador del grupo IRSA, son algunos de los poderosos nombres que están ligados a las explotaciones de la región, entre las que se encuentra la minería extractiva.

Asambleas ciudadanas

La provincia de Chubut es pionera en la lucha contra la instalación de la minería a cielo abierto. Las asambleas como No a la Mina, en Esquel, impulsaron el freno a la megaminería en las cercanías de esa localidad.  A lo largo y ancho de la provincia se conformaron asambleas que se organizan para resistir el avance del extractivismo minero y consensuar propuestas que protejan la vida en todas sus formas. Así se fueron conformando asambleas ciudadanas en muchas ciudades y pueblos de Chubut.

El día 4 de cada mes marchan para recordar la iniciativa que consiguió frenar la minería y seguir organizándose para resistir. Hace pocos días fue el turno de la localidad de Gan Gan, en la meseta chubutense. Allí nuevamente se expresaron en defensa del agua y del territorio y explicaron que la Pan American Silver busca persuadir a las y los vecinos con la entrega de alimentos y útiles escolares.

Las asambleas ciudadanas de la provincia, integradas por vecinos, vecinas y organizaciones sociales, vienen reuniendo miles de firmas que respaldan la Segunda Iniciativa Popular, la cual impulsa una ley “que prohíba específicamente la minería metalífera a gran escala que utilice cualquier sustancia tóxica o peligrosa en toda la provincia”.

Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UACCH) muestran cifras bastante elocuentes: en la provincia viven unxs 560.000 habitantes, solo hay un rio, hay 135 proyectos mineros y más de 45.000 km2 concesionados.

El extractivismo minero, bajo la promesa del desarrollo, esconde la destrucción de los recursos naturales, el envenenamiento y el desecho de miles de litros de agua y la destrucción del medioambiente. Hace pocos días así lo expresó en una carta pública el cura salesiano, el Padre Tono: “si la megaminería comienza a contaminar el subsuelo, nos quita la única posibilidad de agua para vivir. La megaminería como estrategia de desarrollo para la meseta central norte, una de las más postergadas de la Patagonia, es un mito y una mentira. No crea trabajo local y sustentable”. Tal como señala en el comunicado, el acuífero Sacanana es un bien común no renovable, “es el alimento de nuestros cuerpos”.

Las asambleas ciudadanas de Chubut advierten que la grave crisis económica que vive la provincia parece ser el argumento que justifique la necesidad de los proyectos de la megaminería contaminante. En la provincia que tiene uno de los mayores recursos en explotación de hidrocarburos en el país, no se cumple con el pago de sueldos a las y los empleados públicos de distintas ramas.

Historia de una traición

El 23 de marzo de 2003 se realizó en Esquel el primer plebiscito de la Argentina donde el 81% de las y los votantes decidió rechazar la megaminería en las afueras de la ciudad. Unos meses después fue sancionada la Ley N° 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto en toda la provincia. La ley aprobada no respetó el mandato popular y dejó abierta la posibilidad de impulsar otros proyectos mineros. Por eso desde el año 2012 las asambleas ciudadanas promueven la modificación de la legislación a través de una Segunda Iniciativa Popular, respaldada por miles de firmas de habitantes de la provincia, para ampliar la protección ambiental en el territorio de Chubut.

Los proyectos mineros avanzan sobre la meseta chubutense. Estas iniciativas, alentadas por el gobierno de Mauricio Macri, hoy son continuadas. El presidente Alberto Fernández, a poco de asumir, afirmó que la “minería es un tema primordial” y destacó que “logramos que en la meseta de Chubut se puedan explotar oro y plata”.

También la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) hizo notar que los proyectos “Suyai”, de oro y plata, y “Navidad”, de plata y plomo, están en vigencia. Se suman otros proyectos como la Mina Ángela de reciente adquisición por parte de Latin Metals Inc., compuesta por 44 concesiones mineras individuales sobre un territorio de unos 200 km2.

En la reciente publicación de Panorama Minero se confirma la asociación entre Yemana Gold y el Grupo Elsztain para la explotación del proyecto Suyai.

Las mineras parecen no resignarse a la prohibición de la megaminería que existe en Chubut, tal como se ve en el rico triangulo donde se ubican los proyectos Patagonia y Suyai, reservas de minerales de oro, plata y plomo. Acuerdos con corporaciones gigantes para la explotación de minerales a cielo abierto que están alentados desde el ejecutivo provincial, a cargo de Arcioni, y desde la Secretaría de Minería a cargo de Alberto Hensel.

Las corporaciones, en alianza con el poder político, presentan a la megaminería como la única salida posible frente a la profunda crisis económica y social que atraviesa la provincia. Las asambleas ciudadanas, lejos de quedarse en las denuncias, impulsan la organización y actividades que permitan resistir y promover una ley justa para el territorio y sus habitantes que tenga como prioridad el respeto a la vida.

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Por Vivian Palmbaum

Los tratados de libre comercio entre los Estados y las empresas, además de la limitación de la soberanía, tienen como consecuencia un impacto ambiental. Así sucede con con la megaminería. Nuestra región es un importante reservorio de recursos naturales, también lo han comprendido empresarios y corporaciones que buscan apropiarse de los territorios para extraer la máxima ganancia por su explotación.  Frente a ello, los pueblos resisten y enfrentan estas iniciativas, incluso con algunas de las acciones han logrado detenerlas.

La megaminería, tratados de libre comercio, convenios y distintas formas de acuerdos con los Estados muestran una lógica perversa que no se detiene y que aprovecha hasta la pandemia para seguir haciendo negocios.   Desde la Plataforma America Latina Mejor sin TLC se realizó un conversatorio donde participaron del encuentro  el investigador Manuel Pérez Rocha del Instituto de Estudios Políticos (IPS) en Washington y miembro del consejo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC). José Bayardo Chato, abogado en derecho de los pueblos indígenas y miembro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, en Dhuma Puno, Perú. Saul Zeballos miembro de la Asamblea Jachal No Se Toca, San Juan Argentina, y Vidalina Morales Presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) y representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador. 

Apuntes para reflexionar

Los Tratados de Libre Comercio, TLC, son invisibilizados para las mayorías. Hay unos 3000 TLC y tratados bilaterales de inversión que en este momento están en vigencia en nuestra región. Los proyectos de la megaminería funcionan con cláusulas de protección a los inversionistas  ¿Qué pasa cuando no se cumplen? abordado por el investigador Manuel Pérez Rocha. 

Los TLC incluyen cláusulas de solución de controversias que “permiten a las empresas internacionales evadir a los tribunales locales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional”. Hay una lógica invisibilizada que protege a inversionistas, “un sistema que opera por encima de los Estados y los gobiernos…Los Estados ceden su soberanía a estos tribunales. Los inversionistas extranjeros pueden demandar por miles de millones de dólares, en tribunales como el CIADI, el Centro Internacional de Disputas Internacionales, aunque hay otros. 

Perez Rocha explicó de qué se trata: “estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, que aunque no son tribunales formalmente constituidos, son tres abogados corporativos, altamente remunerados. Imaginen que ganan medio millón de dólares por caso”, que operan en secreto, sin testigos y mucho menos sin la presencia de las comunidades afectadas”. Y agregó “estos tribunales son una caricatura del sistema legal, con muy poco precedente y sin compromiso por la verdad y la justicia. Estos abogados solo se guían por las afectaciones de los Tratados de Libre Comercio y no hay consideración por las afectaciones ambientales o de derechos humanos”.

El investigador explicó su finalidad: “protegen a los inversionistas sobre medidas regulatorias que reduzcan el valor de su inversión, como resultado pueden demandar a los Estados por medidas de interés público que surjan de procesos democráticos y que afecten sus ganancias, no por lo que disminuyeron sino por lo que esperaban ganar. La mayoría de las empresas mineras demandan por lo que esperaban ganar, no es que ya estén instaladas y se  hayan reducido sus ganancias sino a consecuencia de procesos de resistencia popular y el descredito, por ejemplo se reduce el valor de sus inversiones, entre la más desconocidas y otras cláusulas relevantes. Precisó que “las cláusulas de protección, le dan seguridad a las empresas inversoras, tanto que si los pueblos se levantan para resistir su instalación y el Estado no implementa la defensa de esos capitales también pueden demandar a los Estados”.

La pandemia parece ser también una oportunidad de negocios. La minería fue declarada una actividad esencial donde se “está arriesgando la vida de los trabajadores, y que también las empresas están considerando demandar a partir de esta crisis que no les permite operar y como están enfrentando cualquier medida de salud pública que les afecte sus ganancias esperadas”.

La lucha de los pueblos

Saúl Zeballos de la Asamblea Jachal No Se Toca,  provincia de San Juan, Argentina, relató la experiencia de organización frente a la primera explotación megaminera, Veladero,  con uso de tóxicos, ubicada sobre la margen del rio Jachal. 

Zeballos recordó la lógica que usaron las empresas para favorecer su instalación, con estudios de impacto ambiental que solamente se presentaron ante los funcionarios, sin audiencias públicas infringiendo así la Ley General de Ambiente de la provincia. “Tampoco Veladero cumplió, ni cumple,  con el seguro de ambiente, incumple con la Ley de Glaciares en la Argentina, incumple con el Código de Minería, que establece que ante tres infracciones graves de un mismo establecimiento, la mina debe ser cerrada en forma definitiva. “Ya llevamos tres derrames constatados por las autoridades que no se hicieron presentes para hacer cumplir el Código de Minería”.  Recordó las recomendaciones del Banco Mundial que ya en 1991 exhortaban la instalación de industrias sucias en países menos desarrollados con salarios más bajos, porque el lucro cesante sería menor y donde la expectativa de vida es menor. “Así de cruel es el razonamiento de quienes dirigen el Banco Mundial …Entonces después de prestarle a la Argentina para hacer el relevamiento en todo el territorio nacional, un préstamo que luego Argentina tiene que devolver, el Banco Mundial sigue prestando, ahora que hay pasivos ambientales, para que otras empresas vengan a remediar  lo que dejaron las compañías mineras”. Precisó “cuando hay ganancias se privatizan las ganancias, pero cuando hay perdidas las socializamos entre todes, entonces los países subdesarrollados terminamos siendo aun mas subdesarrollados porque nos endeudan y nos contaminan. Nosotros desde la Asamblea Jachal No Se Toca luchamos por defender la vida y sabemos que es una lucha muy desigual porque del otro lado está la irresponsable empresa canadiense Barrick Gold y su socia china Shandong Gold”. 

Desde El Salvador, participó Vidalina Morales, luchadora social contra la megaminería. “La lucha contra la minería metálica se instala poco después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica  y EE.UU, CAFTA, se inicia en el año 2004, con técnicos y científicos se hizo mucha concienciación en la población, participaron iglesias, organizaciones ambientalistas, hubo un entramado de organizaciones para defender nuestro territorio, El Salvador, de una amenaza”. 

Vidalina relató que en El Salvador la minería no había sido una opción porque la fuente de subsistencia siempre fue “la agricultura en pequeño y nos preocupaba mucho que nos plantearan que la minería era un desarrollo para nuestro país”. Lucharon por una ley desde el 2004 hasta el 2016 en que se aprobó una ley. “El Salvador se ubica como primer país en el mundo libre de minería metálica. Era una lucha de David contra Goliat por la magnitud de estas empresas, que son capaces hasta de comprar voluntades. Asumimos una lucha para que El Salvador no pagara a Pacific Green y luego Ocean Gold”.

Una lógica perversa explicó: “las empresas como  la Pacific Green, cuando demandó, ni siquiera El Salvador tenía un tratado de libre comercio con Canadá … tuvieron que abrir una subsidiaria en las islas Nevada en EEUU para ampararse desde allí al tratado de libre comercio entre EEUU y Centroamérica y pueda iniciar la demanda contra El Salvador. 

Desde Puno, Perú, el abogado José Bayardo Chato, también habló sobre la lucha de los pueblos originarios cuyos derechos no son tomados en cuenta cuando se firman acuerdos entre las corporaciones y el Estado, “todas las políticas de Estado y las normas estaban dirigidas a consolidar este tipo de relaciones que van a beneficiar a las empresas”. Hay todo un aparato que deja de lado a un protagonista que son los pueblos originarios. Todas las actividades extractivas se realizan en territorios de las comunidades campesinas. En esta parte de Perú, el sur andino, existe presencia de comunidades aymaras y quechuas…cuando los pueblos reaccionan contra estas actividades extractivas ahí es donde el estado transfiere la policía al servicio de los privados para controlar la zona”. 

Bayardo precisó que las normas que dictan los estados están a favor del extractivismo, “se olvidan de la Resolución 169 de la OIT que es una norma de rango constitucional , que rige desde 1995 en nuestro país, y que señala que se debe consultar a los pueblos antes de implementar cualquier acción administrativa o legislativa que pueda perjudicarles. Bastaría con la implementación de este convenio para que se abra un diálogo antes de la concesión para el extractivismo. Los Tratados de Libre comercio no contemplan a las poblaciones campesinas que no son escuchadas”. 

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Casino del Extractivismo 

Haciendo negocios con la pandemia

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Por Juan Acacio* y Gabriela Wyczykier** / Foto Tony Valdez

Al comienzo de su gestión, Alberto Fernández decidió encarar distintas medidas en una economía agonizante, con la perspectiva de virar la orientación neoliberal de su antecesor, Mauricio Macri. Inyectar ingresos en los sectores más vulnerables se consideró, entonces, urgente, mientras que las propuestas destinadas a retornar a la senda del crecimiento económico se establecieron al compás de las negociaciones de la cuantiosa deuda externa contraída en años anteriores.

Algunas estrategias de desarrollo, sin embargo, se confirmaron en la antesala del giro vertiginoso que la pandemia del COVID-19 asestó en el capitalismo global: los hidrocarburos como propulsores de la economía, Vaca Muerta como recurso preciado para este objetivo y la regulación de una nueva Ley de Hidrocarburos destinada a sostener la esperanza depositada en las reservas de hidrocarburos no convencionales.

La urgencia sociosanitaria de la pandemia abrió, sin embargo, un paréntesis en estas proyecciones políticas. Así, mientras en el mes de enero el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, destacaba a Vaca Muerta como una pieza central para hacer frente a la deuda más grande de los últimos 30 años, en abril Matías Kulfas, el Ministro de Desarrollo Productivo, declaraba que: “Vaca Muerta es una reserva muy significativa, pero claramente en este contexto internacional y local es un tema que tendrá que esperar”.

Vaca Muerta ha enamorado a la dirigencia política desde la primera extracción de shale en la cuenca neuquina en 2011, cuando la técnica de la fractura hidráulica, más conocida como fracking, hizo posible la obtención de hidrocarburos de difícil acceso en el país, colocando a la Argentina en el segundo y cuarto lugar entre los países con mayores reservas de petróleo y gas no convencional.

El consenso que rodea a Vaca Muerta debe ser objeto de reflexión a la luz de una serie de dimensiones que complejizan la visualización de este megaproyecto productivo y extractivo como esperanza pública en el contexto actual. Para abordarlas podemos distinguir dos interrogantes centrales: ¿Qué implica Vaca Muerta en la expectativa pública? ¿Cuáles son las advertencias de distintas organizaciones financieras, sociales y ambientales con respecto a su viabilidad y sus impactos sobre el territorio y el ecosistema?

La pandemia en Vaca Muerta

Luego de la generalización de las altas tasas de contagio que comenzaron en la ciudad china de Wuhan, las alarmas se encendieron con fuerza en el capitalismo mundial. La pandemia puso en jaque al sistema productivo y de consumo que lo sostiene, así como a los horizontes de la especulación financiera. Ello sucedió raudamente, y uno de los indicadores que indica la gravedad de la crisis sistémica que atravesamos ha sido el desplome sin precedentes del precio del petróleo, que en la última década había sido fluctuante de todos modos. En los últimos doce meses, el precio del barril de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) descendió un 73,63%.

En el año 2008 había alcanzado un precio máximo de US$140,73, y cayó a su precio mínimo, de US$12,22, el 22 de abril de este año. La cotización internacional tomada como referencia en la Argentina, el BRENT, también sufrió fuertes contracciones en las últimas semanas: se desmoronó en el mes de abril de US$26 a US$17,64, para ascender nuevamente en los inicios de mayo a un precio de US$24,23. Ello afecta ostensiblemente a la industria de los fósiles en el país, cuyos costos de extracción, en promedio, giran en torno a los 40 dólares, según demandan distintas empresas para invertir en la actividad.

De los 30.000 kilómetros que ocupa la formación geológica Vaca Muerta, que recorren mayormente la Provincia de Neuquén, Río Negro, y en menor proporción Mendoza y La Pampa, solo el 3% se encuentra en explotación en la actualidad. Cuando en 2011 se concretó la primera extracción a través del frackingen Neuquén, el gobierno avizoró una esperanza que relanzaba nuevamente el potencial nacional para producir hidrocarburos, luego de sufrir la pérdida de autoabastecimiento ocurrida en los primeros años del siglo actual. El desarrollo de Vaca Muerta se vinculaba a la posibilidad de satisfacer la demanda de la matriz energética del país, fuertemente dependiente de los combustibles fósiles (54% gas natural y un 31% de petróleo, según el Balance Energético Nacional del Ministerio de Energía y Minería de la Nación de 2017), como también a mejorar el perfil exportador de la Argentina, ambas aspiraciones convalidadas por el aumento progresivo del consumo de energía a nivel global, y de los hidrocarburos en particular. Efectivamente, según la Agencia Nacional de Energía, la demanda a nivel mundial había crecido durante 2018 en un 2,3%, resultando un incremento mayor en comparación al resto de la década. El consumo del gas natural fue particularmente prominente en países como Estados Unidos y China.

La crisis actual de producción en la pandemia asestó, por lo tanto, un golpe trágico sobre el sector hidrocarburífero en general, y de los no convencionales en particular. En el nivel subnacional, ello se advierte en la parálisis productiva y en sus efectos sobre los ingresos que perciben las provincias petroleras, pero también sobre el empleo y las distintas actividades relacionadas con la actividad.

La Provincia de Neuquén, por caso, dejó de percibir en concepto de regalías, entre marzo y abril, alrededor de 1.900 millones de pesos. Con la producción prácticamente detenida, y las refinerías cubiertas de petróleo sin colocar en el mercado, las y los trabajadores del sector no pueden operar, en tanto las negociaciones entre el sindicato que les representa y las empresas se dirigen a una disminución de entre el 40 y el 50% de los salarios. Ello resulta más dramático si tenemos en cuenta que, por cada empleo directo, se crean dos trabajos indirectos, relacionados con negocios inmobiliarios, de comunicación, de construcción, y de finanzas, entre otros.

En consecuencia, afectada la actividad de la producción de los hidrocarburos, de difícil acceso por una crisis de carácter global, claudicar de las proyecciones y expectativas públicas existentes no es un punto en discusión en la agenda política, hasta el presente. Sin embargo, es preciso reflexionar sobre un conjunto de advertencias respecto de la actividad extractiva en Vaca Muerta de cara al futuro.

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La viabilidad de Vaca Muerta en cuestión

La viabilidad de este megaproyecto debe ser revisada como proyecto político, económico y productivo en el mediano y largo plazo, si tenemos en consideración aspectos financieros, tecnológicos, ambientales, territoriales y sociosanitarios que acentúan la complejidad del análisis de Vaca Muerta.

La volatilidad a la que están atados los precios internacionales del petróleo genera demandas de los inversores y las empresas productoras hacia los estados nacionales para sostener la rentabilidad en el mediano y largo plazo, que se plasman en distintas medidas para la regulación de precios y el otorgamiento de subsidios. En ese sentido, el “barril criollo” es utilizado por los gobiernos para colocar un precio sostén del petróleo en el mercado interno que garantice a las empresas no perder rentabilidad ante las oscilaciones del mercado. La suma de 45 dólares ha sido anunciada por el gobierno en mayo para garantizar la continuidad de la actividad, lo que implica que la nafta que abonan los consumidores quede desacoplada una vez más de la baja del precio internacional del petróleo.

La dependencia de los subsidios estatales, particularmente de la industria no convencional, es preocupante. En el caso del gas, el gobierno de Mauricio Macri sostuvo una política de fuertes transferencias al sector: por cada dólar que recibió el Estado en concepto de regalías, otorgó en subsidios 3,5 dólares en 2016, 1,7 dólares en 2017, y 1,3 dólares en 2018. En consecuencia, los recursos públicos erogados hacia las empresas fueron mayores que los ingresos recibidos^[1].  Los importantes aumentos efectuados a las tarifas para consumidores y para el sector productivo durante su gestión no pueden dejar de mencionarse en esta línea.

Al mismo tiempo, el Estado nacional y el provincial debe realizar cuantiosas inversiones en infraestructura, necesaria para que el megaproyecto Vaca Muerta se desarrolle: rutas, transportes, gasoductos y servicios urbanos. Con la crisis fiscal acuciante que denuncian los sucesivos gobiernos, las arcas públicas continúan orientando recursos críticos hacia la actividad.

Estos señalamientos resultan aún más problemáticos si tenemos en cuenta que la producción de gas y petróleo no convencional cae normalmente entre un 60 y un 90% al cabo del primer año de operación. Precisamente por ello, la actividad es extensiva en el territorio e implica múltiples perforaciones en la búsqueda de ganancias, al tiempo que requiere de una inversión económica notable.

Vaca Muerta ha estado en el ojo del huracán por una serie de cuestionamientos provenientes de distintos movimientos sociales, organizaciones ambientales y de los pueblos originarios mapuche, ya que se violaron sus derechos por la entrada sin consulta previa de las empresas a los territorios comunitarios indígenas. Además, la técnica de la fractura hidráulica es fuertemente cuestionada a nivel local y mundial por la gran cantidad de agua que consume y por sus impactos en la contaminación de acuíferos, de los suelos, y del aire, sobre todo por la liberación de gas metano al ambiente que favorece al calentamiento global. El tratamiento de desechos también fue cuestionado: los “basurales petroleros” fueron expulsados del ejido urbano en Neuquén y trasladadas a las zonas aledañas del poblado de Añelo, pero nada garantiza un seguro tratamiento de estos materiales que crecen al ritmo de la extracción. Derrames de grandes dimensiones, incendios y la ocurrencia progresiva de sismos de carácter antropogénico en el corazón de la extracción de los no convencionales son denunciados por distintas organizaciones sociales, ambientales y pobladores.

En tiempos de una pandemia sociosanitaria y de producción de fósiles, es menester interrogar el consenso político sobre Vaca Muerta, por las considerables erogaciones e inversiones monetarias colectivas y privadas que requiere y por los impactos socioecológicos y territoriales que implica. En el marco de un proceso de transición energética que acontece a nivel global ello resulta central, al mismo tiempo que los barcos cargados de petróleo navegan con rumbo incierto.

* Investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de La Plata), CONICET, y del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinario sobre la Problemática Energética (GECIPE)

** Investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). CONICET, y del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinario sobre la Problemática Energética (GECIPE)

^[1] FARN (2019) Los subsidios a los combustibles fósiles en Argentina 2018-2019.

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Por Vivian Palmbaum / Foto Pablo Piovano

Las asambleas ambientales de todo el país siguen llamando la atención sobre las disposiciones del gobierno que, aun en cuarentena, continúan favoreciendo al modelo de producción extractivo, como la minería y las desforestaciones masivas. 

“Si lo importante es la salud, no nos envenenen”, afirman desde las distintas asambleas del país. Este llamado de atención surge frente a la disposición firmada dentro del Mercosur por el canciller Felipe Solá que reduce los aranceles para la importación de insumos para agrotóxicos.  

Se trata de una rebaja del 2% en los aranceles para la importación de los compuestos monoisopropilamina y sus sales y la dimetilamina. Ambos se usan en grandes cantidades para la producción de agrotóxicos. Los medios vinculados al agronegocio destacan la medida. Desde las asambleas, retrucan que “quienes se benefician son las empresas que nos enferman”. En Argentina se rocían, por año, 500 millones de litros de agrotóxicos.

El favor de Felipe Solá al agronegocio es de larga data, cuando en el año 1996 autorizó a Monsanto a que comenzara a operar en el país. Su protagonismo actual en el área ha llevado a la mesa de enlace a un pedido de entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores en lugar del Ministro de Agricultura.

“Actividades esenciales”

Al mismo tiempo que se extiende la cuarentena con el objetivo de proteger la salud de la población se favorecen actividades que envenenan, contaminan nuestros suelos y los cursos de agua.

El 2 de abril se publicó en el Boletín Oficial la ampliación de actividades esenciales. La Decisión Administrativa 450/2020 incluye dentro de éstas a las fumigaciones y actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera.

El rechazo a estas disposiciones no se hizo esperar y las asambleas ambientales y colectivos del todo el país elevaron su voz de alarma.  Denuncian también que, a pesar de la cuarentena, continuó el desmonte. Así lo revela Greenpeace, que afirma que entre el 15 de marzo y el 30 de abril se desmontaron 9.361 hectáreas, lo que equivale a una pérdida de unas 200 hectáreas de bosques diarias. Las provincias más afectadas son Santiago del Estero, con más de 4000 hectáreas desmontadas, Formosa con más de 1700, Salta también con 1700 hectáreas desmontadas y Chaco, con más de 1400 hectáreas. La principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y plantaciones de soja. 

Las actividades mineras también fueron consideradas esenciales, por lo que esa industria continuó sin parar. Esto implica el envenenamiento de la tierra, de los cursos de agua y la malversación del recurso hídrico.

Juan Cabandié, a cargo de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, afirmó hace pocos días ante la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados que “el agua vale más que el oro”, reconociendo la contaminación producida por la megaminería y avalándola, al igual que el fracking, como males necesarios.

Un proyecto nacional

En Chubut, una provincia en donde sus habitantes decidieron decirle “No a la minería”, el gobernador Arcioni, mientras los poderes judicial y legislativo duermen, avanza con acuerdos ilegales. El gobierno, que incumple con el pago a docentes, trabajadores y trabajadoras de la salud y empleados públicos, contrató un conocido lobista minero que favoreció el preacuerdo anunciado por la empresa Yemana Gold para la extracción de oro con la participación del grupo IRSA. Esto contraría la consulta popular de 2003 donde el 82% de la comunidad rechazó el Proyecto Cordón Esquel, hoy rebautizado Suyai.

En Salta, la empresa canadiense Barrick Gold anunció que explotará un proyecto minero que lleva por nombre El Quevar, orientado en un 70% a la explotación de plata, plomo y zinc.

Pocos días antes de que se dispusiera la cuarentena, el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, asistió a la Feria Minera de Toronto en Canadá, critican desde la Asamblea “Jáchal No Se Toca”. La cuarentena obligatoria en todo el territorio de la República Argentina no fue un obstáculo para que las minas de oro de Veladero y Gualcamayo, en San Juan, sigan funcionando.

La Madre Tierra

En el último Día de la Tierra, el 22 de abril, Navdanya International, Naturaleza de Derechos y la Fundación Salud de la Madre Tierra – HOMEF, junto con 500 otras organizaciones y redes de 50 países, lanzaron un Comunicado Planetario titulado “Haciendo la paz con la Tierra”.

En el comunicado advierten que “esta pandemia no es un desastre natural, al igual que la crisis de la extinción de especies y los extremos climáticos no son desastres naturales”. Para estas organizaciones, las enfermedades emergentes son causadas por actividades humanas porque la tierra es una red de vida interconectada. 

Hacen un llamado a la acción global con un imperativo: “Debemos pasar de la economía de la codicia y el crecimiento ilimitado, de la competencia y la violencia, que nos han empujado a una crisis existencial, y pasar a una ‘Economía del Cuidado’: para la Tierra, para las personas y para todas las especies vivas”.

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Por Gisela Marsala desde Mendoza / Fotos: David Medina Kaiser

Un diciembre caliente levanta temperatura en la provincia de Mendoza. Un sol radiante trepa cerca de los 40° todos los días, ríos secos y barrios enteros sufren la falta de agua, mientras que los country lucen sus piscinas, fuentes y lagos privados. Un desierto que es declarado por décimo año consecutivo en estado de crisis hídrica, vive una sequía intensa. Los agricultores realizan el riego bajo turnos estrictos y la cantidad de milímetros de agua que cae por lluvia anualmente, ya es menor a la del desierto de Sahara. El gobierno multa económicamente a vecinos y vecinas que rieguen sus casas, laven el auto o usen agua que no sea exclusivamente para el consumo humano, desde las 7 a las 22 hs. Sin embargo, el agüita pura para las grandes corporaciones mineras, parece estar garantizada.

El pasado viernes, en una sesión exprés, fueron aprobadas las modificaciones de la Ley 7.722 en la Legislatura provincial, impulsadas por el gobierno de Rodolfo Suárez (Juntos por el Cambio) y acompañadas por la mayoría del bloque del PJ, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputades. Esto generó una reacción inmediata de las miles de personas que se habían hecho presentes en el lugar, para seguir minuto a minuto el debate y repudiar el proyecto de modificación.

El domingo comenzó una caravana que recorrió toda la provincia exigiendo al gobernador la derogación de la Ley. Desde San Carlos hasta la Capital de Mendoza, 100 km de resistencia social, en autos, motos, bicicletas y pueblo de a pie que se sumó durante el recorrido. “El agua de Mendoza, no se negocia” coreaban los 12 km de largo que recorrió Pareditas, Eugenio Bustos, Jocolí, General Alvear, San Rafael, Uspallata y el este provincial. La inmensa columna confluyó con las asambleas socio-ambientales de la Ciudad Metropolitana, vecinos y vecinas de todas las localidades, familias enteras, organizaciones políticas, movimientos sociales y agrarios, espacios culturales, el colectivo Ni Una Menos, agrupaciones estudiantiles y comunidades de pueblos originarios. Todo un pueblo. Toda una noche en vigilia por el agua pura. La inmensa movilización se dirigió hacia Casa de Gobierno e hizo entrega de un petitorio al Secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, ya que el #GobiernoDelDiálogo no atendió a nadie. Estaban muy ocupados organizando el protocolo represivo que llevarían adelante, minutos más tarde.

La 7.722 no se toca

La #Ley7722 fue generada por las asambleas socio-ambientales, acompañada y defendida por todo un pueblo que ha desarrollado altos niveles de conciencia respecto a la defensa del agua, como un bien común que hay que proteger y utilizar de manera responsable. Básicamente plantea(ba) la prohibición de sustancias químicas y tóxicas como el cianuro o el ácido sulfúrico en la explotación de proyectos mineros; y que los mismos pasaran por la Legislatura para ser aprobados o rechazados. Desde ese momento, las cámaras empresarias mineras presentaron decenas de pedidos de inconstitucionalidad, aunque la ley fue ratificada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en 2017.

Durante esta década varios emprendimientos mineros se han afincado en este territorio, sin embargo se desarrollaron en el marco de la vigencia absoluta de la Ley 7.722. Es decir, no se prohibía la minería sino que se regulaba de manera sustentable. Desde el punto de vista del derecho ambiental como un derecho humano, rige el “principio de progresividad”, esto es la evolución sostenida de la normativa, mediante medidas cada vez más favorables, algo que les funcionaries parecen desconocer en estos tiempos.

El agua de Mendoza no se negocia

Casi como un mantra suena y se expande esa frase, al ritmo del canto popular. Esta movilización constituye un hito que pasará a ser parte de la historia local. Cerca de 80 mil personas se hicieron presentes el lunes pasado, 23 de diciembre, en Casa de Gobierno, llegando desde todos los puntos de la provincia, con sus carteles, sus familias y su exigencia a dar marcha atrás con la modificación de la 7.722. Sin embargo, el Ejecutivo decidió ir por más y mientras un pueblo entero le copaba las calles, tomaron dos decisiones: por un lado promulgaron la normativa y fue publicada en el Boletín Oficial como la Ley 9.209; por otro lado desataron una represión nunca vista desde la vuelta de la democracia hasta acá. Con la ya conocida estrategia de enviar “infiltrados”, encapuchados con la cara tapada que fueron fotografiados bajando de móviles policiales, unos empujones contra el vallado de Casa de Gobierno, fueron la excusa para la violencia estatal. En pocos minutos la mayoría de les manifestantes se dispersaron con el objetivo de reagruparse en el Km 0 de la ciudad, sin embargo la policía llevó adelante una dura persecución con gases y balas de goma. Un escenario que les mendocines acostumbramos a ver solo por televisión.

Lejos del miedo y las operaciones que promovió el gobierno durante todo el día, la bronca y la rabia crecían. Manifestantes de todas las edades, colores, ideologías y sectores sociales se movilizaron en las calles de la Ciudad, hubo cortes en el Nudo Vial de acceso a la Capital, la Ruta del Mercosur en Uspallata y cacerolazos en distintas localidades del interior de Mendoza. La represión continuó pero la gente la bancó. Hacia la noche, nuevamente, miles y miles de personas recorrieron la ciudad durante horas repudiando la violencia y las detenciones.

El 24 de diciembre fue un día atípico. Lejos de los paseos de compra que promueve el consumismo navideño, Mendoza se vistió de lucha. Hubo concentraciones autoconvocadas a cada hora y expresiones artísticas que visibilizaron el repudio popular, asambleístas y vecines pasaron la Noche Buena en los cortes de ruta en San Carlos y se realizó el “brindis navideño por el agua pura” con cientos de personas en pleno centro. Pos su parte, las redes sociales en esta coyuntura son una gran fuente informativa, donde está la posta de los sentimientos y posicionamientos de las mayorías. Cada familia brindó con agua esa noche y subió su foto en estados de whatsapp, historias de instagram y publicaciones de facebook, alzando carteles en defensa de la 7.722.

El jueves 26 de diciembre el gobernador Rodolfo Suárez brindó una conferencia de prensa para anunciar el llamado a una “mesa de diálogo” para construir acuerdos con distintos sectores y la no reglamentación e implementación de la ley 9.209, mientras dure este proceso. A su vez afirmó que “la gente está desinformada” y “se deja meter miedo” por las campañas mentirosas de “los violentos”, además sostuvo que esto es necesario ya que en Mendoza el 40% de la población vive en la pobreza. Por la noche, el pueblo se convocó nuevamente a lo largo y ancho de la provincia y en la Capital una enorme multitud y muy diversa protagonizó una marcha de 20 cuadras. Pueblo, mucho pueblo. “Tambores por el agua pura” se llamó el encuentro de percusión que acompañó a las 20 mil personas presentes.

La magnitud de esta convicción, la persistencia y el impacto cuantitativo y cualitativo, marcan un antes y un después en la política mendocina. Estamos ante la presencia de un fenómeno poco común en esta tierra que albergó el sueño revolucionario e independentista de San Martín y que luchó en los ´70 generando su propio “azo”.

Y en el medio, dirigentes de todas las fuerzas que no saben dónde están parados (y paradas), ni para dónde correr. Un gobierno neoliberal en Mendoza que lleva adelante con convicción sus planes estratégicos de saqueo y enriquecimiento, a través de corporaciones multinacionales, con una oposición que acompaña mayoritariamente. Pocos son los legisladores y legisladoras que votaron en contra de la modificación y que hoy pueden mirar al pueblo a los ojos. Un análisis profundo sobre esto, que convoque a reflexiones y preguntas, merece otro capítulo en esta crónica.

Ya son seis los municipios que han decidido suspender la Fiesta de la Vendimia (que se realizan durante enero y febrero, culminando en marzo con la fiesta provincial) y la “Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia” expresó un duro comunicado, mantuvo una reunión con el gobernador anunciando que no participarán de ninguna fiesta hasta que no se de marcha atrás con la ley porque “sin agua no hay vendimia”. El reclamo fue sumando voces que ven con preocupación la escalada represiva y la falta de consenso social para avanzar con las medidas del gobierno provincial. Mientras tanto, continúan las convocatorias y el plan de lucha se profundiza. El próximo lunes se espera una masiva movilización que partirá desde todos los departamentos del Gran Mendoza y alrededores, hacia la Casa de Gobierno. La consigna es una: exigir la derogación de la ley 9.209 y la vigencia efectiva de la 7.722.

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