Por Agustina Grasso | Foto: Twitter

Los humedales son ecosistemas importantísimos a nivel social, cultural, ambiental y económico. Tienen una incidencia directa en posibilitar la vida humana. Pero pareciera que recién en 2020, mientras los arrasan, nos damos cuenta. En los últimos 300 años, desaparecieron el 87% de los humedales del planeta. Y Argentina cuenta con más de 600.000 km² de humedales (21,5% de la superficie del país), pero no paran de desaparecer. Lo hacen más rápido que los bosques. Por eso, diversas organizaciones socioambientales convocan manifestaciones en diferentes ciudades y tuitazos masivos para impulsar la sanción de una Ley de “Presupuestos Mínimos Para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales”. A la vez, el 5 de agosto pasado comenzó oficialmente el debate sobre una Ley Nacional de Humedales en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación.

“Con varias iniciativas legislativas sobre humedales ya presentadas en ambas cámaras. El reclamo por una ley nacional de humedales es una lucha histórica de la sociedad, que se ha visto obstaculizado de manera sistemática por los diversos lobbys que se enfrentan a la ley”, aseguran desde Jóvenes por el Clima.

¿Qué piden las organizaciones ambientales?

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Cauce, Casa Río y Taller Ecologista son las organizaciones que integran el programa Humedales sin Fronteras y plantean: »nuestros humedales necesitan una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental que asegure su conservación y su uso ambientalmente respetuoso, conforme el artículo 41 de la Constitución Nacional».

Ana Di Pangracio, Directora Ejecutiva Adjunta y Coordinadora del Área de Biodiversidad en FARN, explica: “Los humedales desaparecen más rápido que los bosques, aún cuando capturan más carbono que los bosques. Pero no se aprecia su valor. Se los usa como tierras de descarte y eso tiene severos efectos negativos”.

»Se pide una Ley de presupuestos mínimos para promover el uso respetuoso de los humedales. Todas las provincias tendrían que respetarlo. Según la Constitución Nacional, en su artículo 124, las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. Pero eso no quiere decir que pueden disponer de ellos como quieran, sino que se pueda asegurar una protección uniforme a lo largo de todo el país como sucede con los glaciares y los bosques. Para que no haya diferencias de protección’, aclara Ana Di Pangracio.

¿Cuál es su situación legal?

• En 2013, la ley obtuvo una primera doble sanción en el Senado. Pasó a Diputados y se trabó en la Comisión de Ambiente y perdió estado parlamentario.
• A fines de 2016, se había consensuado un último proyecto pero no se respetaron los acuerdos que se habían logrado en las Comisiones del Senado. Y no hubo interés político.

¿Por qué son tan importantes los humedales?

• El 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos.
• Son grandes filtros depuradores y reservorios de agua dulce.
• Alimentos y materiales de construcción
• Biodiversidad, control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático.
• Amortiguan los impactos de las lluvias y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema, por eso son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático. También se encuentran unidos a diversas culturas y tradiciones.

¿Cuáles son las principales causas de degradación?

• El uso de agrotóxicos.
• La actividad minera.
• La sobreexplotación de bienes naturales.
• El desarrollo industrial e inmobiliario, las especies invasoras y el desecho de residuos mal tratados.
• La ampliación de la frontera agrícola.
• Desechos tóxicos de industrias no tratadas.

Los incendios impactan asimismo en la salud de la población. Esto deriva en muchos casos en la necesidad de atención médica. Esta situación se vuelve aún más crítica en un contexto de pandemia en el que los esfuerzos se aúnan para no saturar el sistema sanitario. Por estos motivos es fundamental defender nuestros territorios.

Quemas Ilegales en el Delta del Paraná #LeyDeHumedalesYa

Los incendios en el Delta del Río Paraná (zona de humedales) no cesan, a pesar de los reclamos y hasta del mensaje claro del gobierno nacional: “Acá está la información georeferenciada de las quemas. Pedimos al fiscal federal de Victoria, García Escalada, al juez federal de Paraná, Ríos, y al fiscal de estado de Entre Ríos, Rodríguez Signes que digan de quiénes son las tierras y que apresen y juzguen a los responsables”, expresó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.

Según el especialista Alberto Seufferheld y la utilización de imágenes aéreas, se considera que ya se quemaron 90 mil hectáreas en la tercera zona más poblada de Argentina.

Por eso, este debate se da en medio de este conflicto. El gobierno de la provincia de Entre Ríos no otorga autorizaciones de quemas desde diciembre. En julio, la Justicia federal de Entre Ríos prohibió las quemas de pastizales.

*Nota originalmente publicada en Escritura Crónica

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Por Gisela Marsala desde Mendoza / Fotos: David Medina Kaiser

Un diciembre caliente levanta temperatura en la provincia de Mendoza. Un sol radiante trepa cerca de los 40° todos los días, ríos secos y barrios enteros sufren la falta de agua, mientras que los country lucen sus piscinas, fuentes y lagos privados. Un desierto que es declarado por décimo año consecutivo en estado de crisis hídrica, vive una sequía intensa. Los agricultores realizan el riego bajo turnos estrictos y la cantidad de milímetros de agua que cae por lluvia anualmente, ya es menor a la del desierto de Sahara. El gobierno multa económicamente a vecinos y vecinas que rieguen sus casas, laven el auto o usen agua que no sea exclusivamente para el consumo humano, desde las 7 a las 22 hs. Sin embargo, el agüita pura para las grandes corporaciones mineras, parece estar garantizada.

El pasado viernes, en una sesión exprés, fueron aprobadas las modificaciones de la Ley 7.722 en la Legislatura provincial, impulsadas por el gobierno de Rodolfo Suárez (Juntos por el Cambio) y acompañadas por la mayoría del bloque del PJ, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputades. Esto generó una reacción inmediata de las miles de personas que se habían hecho presentes en el lugar, para seguir minuto a minuto el debate y repudiar el proyecto de modificación.

El domingo comenzó una caravana que recorrió toda la provincia exigiendo al gobernador la derogación de la Ley. Desde San Carlos hasta la Capital de Mendoza, 100 km de resistencia social, en autos, motos, bicicletas y pueblo de a pie que se sumó durante el recorrido. “El agua de Mendoza, no se negocia” coreaban los 12 km de largo que recorrió Pareditas, Eugenio Bustos, Jocolí, General Alvear, San Rafael, Uspallata y el este provincial. La inmensa columna confluyó con las asambleas socio-ambientales de la Ciudad Metropolitana, vecinos y vecinas de todas las localidades, familias enteras, organizaciones políticas, movimientos sociales y agrarios, espacios culturales, el colectivo Ni Una Menos, agrupaciones estudiantiles y comunidades de pueblos originarios. Todo un pueblo. Toda una noche en vigilia por el agua pura. La inmensa movilización se dirigió hacia Casa de Gobierno e hizo entrega de un petitorio al Secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, ya que el #GobiernoDelDiálogo no atendió a nadie. Estaban muy ocupados organizando el protocolo represivo que llevarían adelante, minutos más tarde.

La 7.722 no se toca

La #Ley7722 fue generada por las asambleas socio-ambientales, acompañada y defendida por todo un pueblo que ha desarrollado altos niveles de conciencia respecto a la defensa del agua, como un bien común que hay que proteger y utilizar de manera responsable. Básicamente plantea(ba) la prohibición de sustancias químicas y tóxicas como el cianuro o el ácido sulfúrico en la explotación de proyectos mineros; y que los mismos pasaran por la Legislatura para ser aprobados o rechazados. Desde ese momento, las cámaras empresarias mineras presentaron decenas de pedidos de inconstitucionalidad, aunque la ley fue ratificada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en 2017.

Durante esta década varios emprendimientos mineros se han afincado en este territorio, sin embargo se desarrollaron en el marco de la vigencia absoluta de la Ley 7.722. Es decir, no se prohibía la minería sino que se regulaba de manera sustentable. Desde el punto de vista del derecho ambiental como un derecho humano, rige el “principio de progresividad”, esto es la evolución sostenida de la normativa, mediante medidas cada vez más favorables, algo que les funcionaries parecen desconocer en estos tiempos.

El agua de Mendoza no se negocia

Casi como un mantra suena y se expande esa frase, al ritmo del canto popular. Esta movilización constituye un hito que pasará a ser parte de la historia local. Cerca de 80 mil personas se hicieron presentes el lunes pasado, 23 de diciembre, en Casa de Gobierno, llegando desde todos los puntos de la provincia, con sus carteles, sus familias y su exigencia a dar marcha atrás con la modificación de la 7.722. Sin embargo, el Ejecutivo decidió ir por más y mientras un pueblo entero le copaba las calles, tomaron dos decisiones: por un lado promulgaron la normativa y fue publicada en el Boletín Oficial como la Ley 9.209; por otro lado desataron una represión nunca vista desde la vuelta de la democracia hasta acá. Con la ya conocida estrategia de enviar “infiltrados”, encapuchados con la cara tapada que fueron fotografiados bajando de móviles policiales, unos empujones contra el vallado de Casa de Gobierno, fueron la excusa para la violencia estatal. En pocos minutos la mayoría de les manifestantes se dispersaron con el objetivo de reagruparse en el Km 0 de la ciudad, sin embargo la policía llevó adelante una dura persecución con gases y balas de goma. Un escenario que les mendocines acostumbramos a ver solo por televisión.

Lejos del miedo y las operaciones que promovió el gobierno durante todo el día, la bronca y la rabia crecían. Manifestantes de todas las edades, colores, ideologías y sectores sociales se movilizaron en las calles de la Ciudad, hubo cortes en el Nudo Vial de acceso a la Capital, la Ruta del Mercosur en Uspallata y cacerolazos en distintas localidades del interior de Mendoza. La represión continuó pero la gente la bancó. Hacia la noche, nuevamente, miles y miles de personas recorrieron la ciudad durante horas repudiando la violencia y las detenciones.

El 24 de diciembre fue un día atípico. Lejos de los paseos de compra que promueve el consumismo navideño, Mendoza se vistió de lucha. Hubo concentraciones autoconvocadas a cada hora y expresiones artísticas que visibilizaron el repudio popular, asambleístas y vecines pasaron la Noche Buena en los cortes de ruta en San Carlos y se realizó el “brindis navideño por el agua pura” con cientos de personas en pleno centro. Pos su parte, las redes sociales en esta coyuntura son una gran fuente informativa, donde está la posta de los sentimientos y posicionamientos de las mayorías. Cada familia brindó con agua esa noche y subió su foto en estados de whatsapp, historias de instagram y publicaciones de facebook, alzando carteles en defensa de la 7.722.

El jueves 26 de diciembre el gobernador Rodolfo Suárez brindó una conferencia de prensa para anunciar el llamado a una “mesa de diálogo” para construir acuerdos con distintos sectores y la no reglamentación e implementación de la ley 9.209, mientras dure este proceso. A su vez afirmó que “la gente está desinformada” y “se deja meter miedo” por las campañas mentirosas de “los violentos”, además sostuvo que esto es necesario ya que en Mendoza el 40% de la población vive en la pobreza. Por la noche, el pueblo se convocó nuevamente a lo largo y ancho de la provincia y en la Capital una enorme multitud y muy diversa protagonizó una marcha de 20 cuadras. Pueblo, mucho pueblo. “Tambores por el agua pura” se llamó el encuentro de percusión que acompañó a las 20 mil personas presentes.

La magnitud de esta convicción, la persistencia y el impacto cuantitativo y cualitativo, marcan un antes y un después en la política mendocina. Estamos ante la presencia de un fenómeno poco común en esta tierra que albergó el sueño revolucionario e independentista de San Martín y que luchó en los ´70 generando su propio “azo”.

Y en el medio, dirigentes de todas las fuerzas que no saben dónde están parados (y paradas), ni para dónde correr. Un gobierno neoliberal en Mendoza que lleva adelante con convicción sus planes estratégicos de saqueo y enriquecimiento, a través de corporaciones multinacionales, con una oposición que acompaña mayoritariamente. Pocos son los legisladores y legisladoras que votaron en contra de la modificación y que hoy pueden mirar al pueblo a los ojos. Un análisis profundo sobre esto, que convoque a reflexiones y preguntas, merece otro capítulo en esta crónica.

Ya son seis los municipios que han decidido suspender la Fiesta de la Vendimia (que se realizan durante enero y febrero, culminando en marzo con la fiesta provincial) y la “Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia” expresó un duro comunicado, mantuvo una reunión con el gobernador anunciando que no participarán de ninguna fiesta hasta que no se de marcha atrás con la ley porque “sin agua no hay vendimia”. El reclamo fue sumando voces que ven con preocupación la escalada represiva y la falta de consenso social para avanzar con las medidas del gobierno provincial. Mientras tanto, continúan las convocatorias y el plan de lucha se profundiza. El próximo lunes se espera una masiva movilización que partirá desde todos los departamentos del Gran Mendoza y alrededores, hacia la Casa de Gobierno. La consigna es una: exigir la derogación de la ley 9.209 y la vigencia efectiva de la 7.722.

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Si bien en la actualidad la minería del litio ha tomado visibilidad mediática por la gran cantidad de litio en salmueras debajo de los salares en la puna argentina, y los aproximadamente 56 proyectos que se encuentran en diferentes etapas de exploración o explotación, actualmente una empresa australiana pretende extraer el mineral a partir de rocas en la Provincia San Luís (como se hace en Australia). Este tipo de explotación es a cielo abierto, causando explosiones y afectando cursos de agua, por lo cual lógicamente crece la oposición al proyecto en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, ubicada a 8 Km de la mina Géminis.

Algunas generalidades poco discutidas sobre la forma en la que se extrae litio en Argentina

El hecho de que casi la totalidad de productos vinculados con la industria microelectrónica (como las notebooks), la telefonía celular y crecientemente automóviles eléctricos o híbridos-eléctricos empleen baterías de Ion-Litio para el almacenamiento de energía viene generando hace alrededor de una década en la Argentina un discurso mágico en el cual el país estaría “condenado al éxito”, por su gran cantidad de reservas de este mineral.

Si bien el litio es abundante en la naturaleza (hay litio en el mar, e incluso pequeñas cantidades en la sangre de los seres humanos), el mismo está desigualmente distribuido. Hasta los años 90’, el litio se extraía mayoritariamente de rocas pegmatíticas como el espodumeno, cuyos principales yacimientos se encuentran en Australia. En esa década comienza a emplearse una técnica de extracción del litio de las salmueras de los salares. Esta última resultaba más económica para la faena extractiva que aquella realizada a partir de rocas. Esto último pone en el centro de atención de las compañías extractivas globales al área comprendida entre el Norte de Chile, el Noroeste Argentino y Bolivia, que empresarialmente aparece nominada como “el triángulo del litio”, o incluso una “Arabia Saudita del litio”, y al elemento químico como “oro blanco” o “petróleo del siglo XXI”.

El hecho de que los precios de la tonelada de carbonato se hayan casi triplicado entre 2015 y 2018 (evolucionando de unos USD 6000 a USD 16500 por tonelada), ha despertado los más disparatados imaginarios sobre un sendero a un éxito inequívoco hacia el desarrollo económico y social a partir de la explotación primaria del mineral. Existe una importante cantidad de expresiones legitimadoras o mitos sobre las bondades de la actividad extractiva en el Noroeste Argentino que van desde el “desarrollo local”, la necesidad de recaudación fiscal y generación de empleos y el supuesto “derrame” que generan los proyectos de “Responsabilidad Social” o “Valor Compartido” que despliegan las transnacionales.

Lo cierto es que además de que gran parte de estas retóricas pueden ser fácilmente desmentidas verificando que la generación de empleos directos generados por los dos proyectos de extracción litífera que se encuentran en operación a gran escala en estos momentos en las Provincias de Jujuy y Catamarca resultan exiguos, e incluso cuentan con una cantidad exagerada de subsidios y exenciones impositivas de mucha mayor cuantía que las flacas regalías que pagan como tributo provincial. Al mismo tiempo esta actividad rivaliza y actúa en detrimento de otras actividades económicas.

La problemática fundamental igualmente no resulta el rédito económico que deja o no dejan estas actividades, sino más bien el impacto socio-ambiental de la forma en que se extrae. Básicamente la técnica de extracción empleada consiste en perforar la costra salina de los salares y bombear la salmuera que se encuentra a diferentes profundidades y trasladarla sucesivamente a inmensos piletones ubicados a la vera de los salares, en los cuales entre la evaporación del agua, varios procesos químicos y el uso de importantes volúmenes de agua dulce para la lixivia se logra separar el carbonato de litio de otros componentes que contiene la salmuera.

El bombeo de la salmuera que se encuentra debajo de los salares implica una ruptura del equilibrio hídrico, y por tratarse de volúmenes mayores a los que reponen las escasas lluvias, produce sequias en las napas y vegas de las cercanías. Esta región es habitada por comunidades originarias o indígenas, y esta forma de avance de los proyectos (inconsulta a pesar de la generación de artilugios jurídicos para llevar los proyectos extractivos adelante), atenta contra su forma de vida y viola sus derechos más elementales, consagrados incluso por la Constitución Nacional, que supuestamente le otorga este carácter al Convenio 169 de la OIT, sobre la Consulta Libre, Previa e Informada a las Comunidades.

Con tan solo dos proyectos en operación las denuncias de las comunidades son invisibilizadas por la mayoría de la prensa y la academia. Si los estragos ambientales para el modo de vida de las comunidades ya son relevantes para dos proyectos extractivos, la concreción de los 56 que se encuentran en diferentes grados de avance y estudio podrían ser catastróficos.

Ahora San Luís

En este contexto en el cual se desarrollan estos imaginarios alrededor del litio, en septiembre de 2017 la empresa canadiense Latin Resources, con concesiones mineras de rocas pegmatíticas en San Luís, difundió en los resultados de un mapeo geológico y muestreo de la Mina Géminis, haber encontrado altas concentraciones de litio en roca.

Sobre la localización del yacimiento que la empresa pretende explotar es importante mencionar que esta mina (Géminis) de 12 Ha, se encuentra dentro del área de Concesiones Don Gregorio que posee Latin Resources en la Sierra Grande de San Luís, a tan solo 8 Km de la localidad de San Francisco del Monte de Oro, en dónde números/as vecinos/as ya han expresado su oposición al proyecto. De hecho, es importante visibilizar que el propio Consejo deliberante de San Francisco ya expresó su rechazo a este tipo de explotación minera. Sin embargo bajo el artilugio legal de que la Mina Géminis (a tan solo a 8 Km de distancia de la localidad) se encuentra fuera del ejido, la explotación podría llevarse adelante a pesar de que la voluntad popular expresa lo contrario.

Como decíamos con anterioridad, la minería de litio a partir de rocas se practica fundamentalmente en Australia. Esta técnica de extracción podría catalogarse como “a cielo abierto”, ya que implica la realización de excavaciones de gran profundidad. La obtención de litio a partir de pegmatitas requiere del chancad, la molienda y la flotación. En el proceso se emplea agua y además diferentes reactivos químicos. Siguiendo a Tochi Moreno (véanse los artículos recomendados consignados en las fuentes), lo preocupante del modo de explotación en el caso de la mina Géminis, serían las mencionadas explosiones causadas por la explotación a cielo abierto, y la afectación de cursos de agua que abastecen a varias localidades.

En relación a la empresa, en su página de Internet, la canadiense Latin Resources, informa que además de la Mina Géminis, tan solo en la Provincia de San Luís posee unas 120.000 hectáreas de concesiones para la explotación minera de rocas pegmatíticas, y que también reclama nuevas solicitudes de este tipo para 98.086 Ha. Resulta relevante remarcar que el muestreo que presentó en septiembre de 2017 se realizó sin permiso del propio gobierno de San Luís. Recientemente se observan nuevos movimientos de camiones, a partir de que la firma habría recibido la aprobación del informe de impacto ambiental, que según la legislación provincial la propia empresa elabora. Latin Resources también opera en Perú y acusa tener concesiones de 70.000 Ha. en la Provincia de Catamarca, también para este tipo de explotaciones de litio a partir de rocas.

Lo curiosamente llamativo es que la mayor parte de los medios de comunicación titulan esperanzados sobre esta situación que “San Luís se suma al boom del litio”, pero no difunden la resistencia que existe entre vecinos y vecinas y que las autoridades provinciales no dan respuesta a sus numerosos reclamos sobre la exigencia de mayor información (al momento de escritura de esta nota, un grupo de vecinos/as autoconvocados/as realizaba una reunión en la Plaza Pringles para informarse sobre la situación).

El debate sobre la transición energética

El hecho de que en el denominado “triángulo del litio” abunde el mineral, ha traído aparejado otros dos debates que a nuestro juicio, como grupo de estudios, no resultaría responsable dejar de lado.

En primer lugar, las baterías y grandes acumuladores de Ion-Litio, podrían permitir una transición energética basada en una matriz post-fósil. Prescindiendo de hidrocarburos en la industria automotriz (para lo cual es relevante tener en cuenta el origen de la energía con la cual se cargarán eventuales autos eléctricos), y por otra parte permitiendo un mayor peso de la energía eólica y solar en el consumo eléctrico, ya que su energía podría ser más fácilmente almacenada.

El segundo debate es sobre la posibilidad para países sudamericanos de producir baterías de Ion-Litio con tecnología y saberes propios, generando empleos altamente remunerados en la región.

Sin entrar en detalles sobre estos últimos dos puntos, es importante remarcar que en realidad, el dominio de las tecnologías vinculadas con la transición energética o con la producción de baterías, bajo ningún punto de vista se asocia a la posesión del recurso. Precisando, encontramos en ciertos sectores de la prensa, empresariales, académicos y gubernamentales la asociación de estas discusiones (la producción de baterías y una matriz energética post-fósil), a la expansión de proyectos extractivos. Es decir, las firmas y gobiernos favorables al extractivismo se enmascaran detrás de un supuesto “discurso verde” para justificar los graves efectos de las formas en las que hoy se explota (por bombeo de las salmueras en los salares) y se explotaría el litio en la Argentina, escondiendo el saqueo de los recursos, pero fundamentalmente los efectos nocivos sobre el agua y las formas de vida de pobladores locales y comunidades originares, tanto puntanos/as como del Noroeste Argentino. Lo paradójico es que todo esto se hace “en nombre de la transición energética”.

¿Qué hacer? Algunas reflexiones desde el ámbito académico

En primer lugar, una de las principales conclusiones a las que llegamos luego de años de estudio sobre la cuestión del litio es la relevancia de dar visibilidad a los conflictos eco-territoriales que suceden en las áreas de extracción del mineral, qué sucede con el agua, qué sucede con los suelos y fundamentalmente qué sucede con los estilos de vida de quienes habitan los territorios.

En segundo lugar, más allá de la denuncia de estas situaciones, resulta necesario que los sectores populares nos apropiemos de la discusión sobre la transición energética. Esto es desde lo más básico, el pensar cómo se pueden (des)fosilizar las matrices energéticas, a algo mucho más complejo e interesante, que es reflexionar sobre el acceso a la energía como un derecho humano y la democratización de las decisiones sobre estos tópicos. La agenda popular requiere no solo la denuncia de la expansión de las actividades extractivas, sino la elaboración, construcción y difusión de un conocimiento alternativo al tecnocrático, que se pueda contraponer a este último a la hora del debate político.

En concreto, sobre el litio, esta agenda podría ser el explorar técnicas de extracción que no implique su recuperación a partir del bombeo de las salmueras de los salares y construcción de monstruosos parques de piletones con geo-membranas en la puna, o la forma en que se explota actualmente el litio del espodumeno. Para ejemplificar a qué nos referimos, existen estudios sobre la explotación del litio a partir del agua del mar, o su recuperación a partir del “reciclado” de viejas baterías, o técnicas que no implican el bombeo de las salmueras. Ahora bien, en la medida en la cual estos estudios y técnicas se hagan en el marco de laboratorios privados, o un sector de ciencia y técnica de reducido presupuesto, cooptado por el sector privado y sin acceso al mismo por parte de las comunidades afectadas, difícilmente las empresas privadas abocadas a la extracción empleen otras técnicas. Se requiere, entonces, a nuestro juicio, no solo resistir los proyectos como los del Noroeste Argentino, o el del San Luís, sino también que los propios sectores populares nos apropiemos del debate sobre la transición energética y elaboremos una postura sobre ello, para incluso así mejor resistir en el territorio.

*Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Naturales del IEALC-UBA

Integrantes: Bruno Fornillo, Melisa Argento, Martina Gamba, Martín Kazimierski, Florencia Puente, Gustavo Romeo, Elaine Santos, Ariel Slipak, Santiago Urrutia Reveco y Julián Zicari

Fuentes

Página web de la firma Latin Reources: https://www.latinresources.com.au/

Periódico El Chorrillero: “Vecinos de San Francisco se reunirán para compartir información sobre los avances de Géminis” https://elchorrillero.com/nota/2018/12/22/123635-vecinos-de-san-francisco-se-reuniran-para-compartir-informacion-sobre-los-avances-de-geminis/amp/

El Inversor Minero y Energético: “San Luís desautorizó a una minera que anunció haber hallado litio”. http://www.elinversorenergetico.com/san-luis-desautorizo-una-minera-anuncio-haber-hallado-litio/

Artículos (recomendados) de Tochi Moreno:

La Minería del litio en San Luís. Nota I: https://www.tochimoreno.com.ar/la-mineria-del-litio-en-san-luis-nota-i/

La Minería del litio en San Luís. Nota II: https://www.tochimoreno.com.ar/la-mineria-del-litio-en-san-luis-nota-ii-2/

La Minería del litio en San Luís. Nota III: https://www.tochimoreno.com.ar/la-mineria-de-litio-en-san-luis-nota-iii/

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El viernes pasado se inició la primera edición de la capacitación sobre el G-20, dirigida a las organizaciones populares, en la Facultad de Ciencias Sociales. Las resistencias de los pueblos también dicen presente.

Fue en su sede de M. T. de Alvear, con una asistencia que llegó en nombre de distintas organizaciones. En el mes de mayo se anuncia el1º Encuentro Preparatorio (Inter) Nacional de lucha contra el G20 y un encuentro de capacitación previo. Para concientizar y organizarse para enfrentar y resistir las estrategias del neoliberalismo y construir la agenda de los pueblos. Mientras tanto, en una de las primeras reuniones de uno de los Grupos de Afinidad, Civil20, el delegado del gobierno argentino, que preside la cumbre G-20, expresó que no es el espacio para discutir derechos humanos, lo que generó el repudio de un amplio arco de organizaciones de la región.

“Despertémonos, humanidad. Ya no hay tiempo”, dice el inicio del comunicado. Y es que así nos alertaba Berta Cáceres con sus palabras y sus acciones que le costaron la vida por luchar para oponerse a la depredación y quita de derechos de nuestros pueblos.

Mejor Sin TLC

Para responder preguntas y ayudar a multiplicar las conciencias que se apropien del significado de las deliberaciones del G-20 la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC realizó una capacitación en la Facultad de Ciencias Sociales, donde confluyeron representantes de distintas organizaciones para empezar a entender de qué se trata. Por ejemplo saber que un foro del poder global, G-20, no es lo mismo que la Organización Mundial del Comercio, OMC, que tiene una estructura institucional definida que depende de la ONU, pero se parece bastante por la gravitación que tiene sobre las políticas públicas, y muchas otras cosas de mayor o menor complejidad en un encuentro que tendrá repetición y profundización.

La Asamblea Argentina Mejor Sin TLC emitió un comunicado (con agenda) para invitar al 1º Encuentro Inter-Nacional, donde explica cual es el objetivo del G-20: “abordar los grandes desafíos globales y buscar generar políticas públicas que los resuelvan”, y agregan que por el contrario “los pueblos tenemos la certeza de que son estos mismos gobiernos y sus políticas los principales culpables de la crisis civilizatoria profunda que atravesamos y de la que se desprenden los problemas que ahora dicen querer resolver”.

El G-20 es un club de los 20 países geopolíticamente más influyentes del mundo que representan el 85% del producto bruto global, que van a sesionar durante dos días, hacia fines de año, 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2018. Habrá más de 60 reuniones previas de ministras y ministros, delegadas y delegados y sherpas (delegadas y delegados presidenciales) que discutirán con una agenda que toma: mercado laboral y educación funcional a sus necesidades; infraestructura para el desarrollo, es decir, para la acumulación de capital; y seguridad alimentaria es decir la producción industrial y tecnologizada de alimentos. Para esas reuniones se conformaron de los llamados Grupos de Afinidad (Buisness20, Woman20, Labour20, Think20, Science20, Youth20, Civil20), que son espacios oficiales creados para la participación de actores no estatales y forman parte del proceso del G-20 (y que son bastante afines a las políticas de gobierno). Una de las curiosidades es que el grupo de afinidad sobre trabajo, Labour20, estaría presidido por la UOCRA de Gerardo Martinez. Así se fueron desmenuzando las significaciones en el encuentro del viernes pasado en Sociales.

Entre las y los representantes de las organizaciones con base territorial se compartieron algunos estados de situación. Por ejemplo en Rosario diariamente diez buques, de gran tonelaje, que cargan soja, tienen un tamaño que exceden las posibilidades de los ríos que los tienen que transportar, así que traen sus propias cargas de agua para desplazarse, produciendo el consiguiente daño y modificación en el ecosistema. O que en la misma Rosario se produjo hace pocos días el primer Re-Mate de Soja que no solo estableció el valor de la cotización de la soja sino que también le puso precio al daño a la vida que produce y que impulsó la movilización callejera. También otro de los delegados presentes contó sobre el Acuerdo Federal Minero que en San Juan hace que la Barrick digite los planes de estudio en función de las necesidades del extractivismo minero. Un sinnúmero de situaciones se hallan invisibilizadas y los encuentros colectivos no solo permiten socializar el conocimiento, sino también compartir los estados de situación local.

Derechos Humanos, una exigencia de los pueblos

Las deliberaciones de la cumbre del G-20 que tienen lugar en la Argentina durante todo este año y esta presididas por la Argentina que es el país convocante y quien establece la agenda del año. En esta oportunidad el sherpa o delegado presidencial es Pedro Raúl Villagra Delgado. En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que fue sede del encuentro de organizaciones de la sociedad civil, Civil20, que se realizó en el marco del G-20, el delegado presidencial expresó que “el G-20 no es el espacio para discutir sobre derechos humanos, ya que existen otros foros para hacerlo”, poniendo como ejemplo el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Un gran número de organizaciones de la región se expresaron a través de un comunicado donde afirman su preocupación y rechazo a estas declaraciones “es sumamente grave la tajante escisión de los derechos humanos en favor de los asuntos financieros y económicos.

Particularmente, las afirmaciones esgrimidas por Villagra Delgado son inconsistentes por ir en contra de la misma agenda de los grupos de trabajo del C20, que está directamente relacionada a los derechos humanos, involucrando temas y problemas que van desde la Anticorrupción, Empleo, Seguridad Social, Educación Pública, Salud, Infraestructura, Género, Ambiente, Energía, Cambio Climático, entre muchos otros”. Para finalizar expresaron su preocupación por profundizar la perspectiva de derechos humanos que es transversal a las agendas económicas y financieras. Además exigieron la rectificación del mensaje que cuestiona y deslegitima los derechos conquistados, como condición de posibilidad para encausar los debates del C20 y G-20 por la senda de los derechos humanos.

Tal como contamos en Marcha hace unos meses, el G-20 nace como respuesta a la crisis financiera global en 1999, para enfrentarla y salvar el capital a costa de los pueblos. Hoy encuentra un impulso renovado en la región y especialmente en nuestro país que intenta construir su liderazgo en favor de los capitales financieros internacionales, con uno de los mayores ajustes de nuestra historia, que se produce sin disimulo alguno. Sin embargo los pueblos se organizan y se movilizan para resistir al renovado impulso del neoliberalismo por eliminar políticas públicas y restar los derechos más elementales. “Despertémonos, humanidad. Ya no hay tiempo”, dijo Berta Cáceres.

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En el marco del Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, entrevistamos a Sofia Nemenmann, integrante del movimiento anti-represas que lucha contra el proyecto hidroeléctrico en el río Santa Cruz, de la provincia homónima. La joven ambientalista de Río Santa Cruz Sin Represas denuncia los impactos ambientales y sociales previstos, repasa la historia del conflicto y las actividades realizadas el pasado 14 de marzo en Buenos Aires y la Patagonia.

En 1997 se estableció este día conmemorativo durante el primer Encuentro Internacional de Afectados por las Represas en Curitiba, Brasil, con el objetivo de reclamar contra proyectos destructivos que amenazan los ríos, exigir la eliminación de presas y educar acerca de mejores soluciones para el agua y la energía.

La construcción de dos mega-represas (Cóndor Cliff – Pdte. Kirchner y La Barrancosa – Gob. Cepernic) por un consorcio de empresas chinas y nacionales que obtuvo la licitación, tiene el fin de aprovechar al río Santa Cruz para generar 1700 MW de electricidad y remediar la crisis energética. Sin embargo, cortar su curso es romper un equilibrio que implica un grave impacto socio-ambiental.

Se estima que la obra provocaría la inundación en forma permanente de una superficie de 470 km², territorio que equivale a casi dos veces y media la Ciudad de Buenos Aires. Ambientalistas denuncian que esto conllevaría a la pérdida de biodiversidad de mamíferos, peces y aves que habitan ese ecosistema. También pondría en peligro a los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini porque afectaría negativamente su dinámica hídrica, según glaciólogos/as.

La activista informó sobre las actividades realizadas el 14 de marzo por el movimiento anti-represas en forma simultánea en Buenos Aires y la Patagonia. Se convocaron para tomar una foto simbólica frente al Palacio de Tribunales de la Nación y otra en el Río de las Vueltas de El Chaltén, mientras en El Calafate hubo una asamblea pública con un ciclo audiovisual. En un interesante intercambio norte-sur de experiencias de lucha, se exhibió un documental sobre la Marcha por los Ríos Libres del año 2013 de la Mesa Provincial No a las Represas de Misiones, llamado Ríos Libres se hace camino al Marchar.

En defensa del medio-ambiente

-Marcha: Para las personas que no conocen al río Santa Cruz ¿cuál es la importancia de esta belleza natural?

-Sofía Nemenmann: Para quienes no lo conocen, les recomiendo que vayan a visitarlo si pueden. El río Santa Cruz es una serpiente turquesa de 380 kilómetros que nace de los campos de hielo continentales de la Cordillera, es en su totalidad agua de glaciares y llega hasta el Mar Argentino. En nuestro país tenemos un Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, el glaciar Perito Moreno que está apoyado sobre el Lago Argentino, cuyas aguas desembocan en el nacimiento del río Santa Cruz.

A lo largo del recorrido, su rivera virgen tiene paisajes impresionantes, está llena de fauna y flora nativa, con estancias y sitios arqueológicos importantes que dan cuenta de la historia de la zona. En el suelo encontramos puntas de flechas indígenas y fósiles de todo tipo, incluso marinos. Una de las zonas del río se llama Bahía de los Fósiles y es un lugar importante en la historia de la vida en la Tierra, porque fue recorrido por Charles Darwin y mencionado en su Teoría de la Evolución.

Por otro lado, es su cuenca alberga al macá tobiano, un patrimonio natural de la provincia de Santa Cruz. Se trata de una especie de ave endémica, lo que quiere decir que existe solo ahí y en ningún otro lugar del mundo, y que además corre peligro de extinción. Hoy en día quedan sólo 800 macáes que están dentro de un programa de conservación del Estado. De hecho, para cuidarlo se creó un parque nacional en 2015, el Parque Patagonia, pero las represas pondrán en riesgo el hábitat de invierno del cien por ciento de la población, además obviamente a los zorros, choiques y pumas que habitan en los márgenes del río.

Integrantes del Proyecto Macá Tobiano en el Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos

–Comenzaste a luchar por el Río Santa Cruz incluso antes de conocerlo, ¿cómo surgió tu preocupación y llegaste a defenderlo?

-Me gusta aclarar que para mí no es necesario conocer un lugar para defenderlo. El punto está en tener un poquito de consciencia de lo que están por destruir, esa es la clave. Nací en Capital Federal y cuando terminé la secundaria hice un viaje de mochilera en 2013 por la Patagonia que me enamoró, donde conocí varios parques naturales de la Argentina. Luego crucé a Chile para hacer un voluntariado en la ONG Conservación Patagónica de Kristine Tompkins y su marido Douglas, en el Parque Nacional Patagonia. Allí de casualidad tuve la suerte de conocer a los chicos y chicas de Patagonia Sin Represas de Chile, quienes me inspiraron a tomar consciencia.

Volví decidida que quería vivir en el sur, por eso me mudé a Bariloche donde empecé a estudiar biología en la Universidad Nacional del Comahue, y también estaba intrigada por la situación de las represas acá en Argentina. Buscando en internet hallé un sitio de Facebook llamado Río Santa Cruz Sin Represas administrado por Nicolás Abramzon, un chico de El Chaltén a quien no conocía. Empecé a participar del sitio e intercambiar información y luego decidimos con Nicolás encarar un proyecto más grande.

Comenzamos juntos nuestro primer objetivo de conocer bien la información disponible, porque en ese momento no se hablaba de la problemática, y a la vez informar a nuestros seguidores en la página donde compartíamos noticias e íbamos sumando gente de a poco. Luego, dimos con una ONG ambientalista de Buenos Aires que nos orientó para armar el proyecto medioambiental.

–¿Por qué se rechaza por parte de organizaciones, comunidades y expertos a la construcción del complejo hidroeléctrico?

-En nuestras reuniones nos encontramos con esa pregunta, el “por qué”, por qué motivo nos oponemos. Llegamos a la conclusión que deben ser ellos/as, los/as políticos/as y funcionarios/as quienes tienen que decir “por qué” hacer un proyecto que va a destruir al río. No hay una buena razón para hacerlo, sólo nos responden que estamos en una crisis energética y necesitamos energía ahora mismo. Pero según expertos, las represas van tardar como mínimo ocho o diez a años en dar energía.

Los ríos son las grandes arterias del planeta y cortar su curso es romper un equilibrio del que poco sabemos. Hace algunas semanas la Comunidad Glaciológica de la Argentina publicó un comunicado diciendo que no pueden demostrar que la construcción de las represas no influirá negativamente sobre el glaciar Perito Moreno. En el mundo medioambiental el agua representa el mayor problema para el futuro y tenemos ahí un enorme recurso de agua dulce, al que estamos poniendo en riesgo con esta obra sin sentido.

Desde las grandes ciudades ven a la Patagonia como un lugar lejano y hostil, pero esto nos afecta a todos/as porque es, ni más ni menos, que nuestra gran reserva de agua de hoy y mañana. Si las represas llegan a influir en el funcionamiento del glaciar Perito Moreno, el potencial impacto puede llegar a ser gravísimo. No sabemos si la reciente ruptura se trató de la última de su historia, deseamos que no sea así y luchamos por eso.

Más allá de los/as glaciólogos/as, biólogos/as y arqueólogos/as que nos apoyan en nuestra causa, en primer lugar está la comunidad santacruceña que no quiere perder a su río, al glaciar Perito Moreno ni al macá tobiano. Por eso cada vez somos más los que sentimos la necesidad de hacer algo para frenar la destrucción del río.

Ruptura del Glaciar Perito Moreno cuya agua glaciaria nutre al Río Santa Cruz

-La problemática comienza cuando el Gobierno Nacional anuncia en 2012 el llamado a licitación para construir las mega-represas, ¿cómo fue el proceso de lucha para defender al río a lo largo de estos años?

-Al principio, la gente local estaba tranquila y nos decía que la obra nunca se iba a construir porque se venía “amenazando” hacía mucho tiempo, pero no llegaba a ningún lado. En el año 2014, la ONG que nos ayudaba y la marca de indumentaria Patagonia decidieron financiarnos una primera bajada al río Santa Cruz, que hicimos junto con Nicolás y ahí conocí por primera vez al río.

En esa ocasión, aprovechamos para hacer una reunión de vecinos y vecinas en El Calafate y luego en El Chaltén, donde fue muy difícil la convocatoria. La gente estaba desinteresada porque no creían que la obra se iba a hacer y no había mucha información disponible. Esa situación cambió cuando se notó que la obra era impulsada fuertemente desde el Gobierno Nacional, con la firma del contrato de licitación, y los santacruceños y santacruceñas se empezaron a mover.

Luego, en 2017 se unen las mayores ONG medioambientales del país para formar una coalición en contra de las represas. Eso movilizó mayor cantidad de personas y al mismo tiempo se conformó de manera más organizada el movimiento anti-represas en Santa Cruz. Desde entonces se vienen haciendo actividades simbólicas como bajas al río y abrazos al glaciar Perito Moreno y movilizaciones al centro de Calafate y Piedra Buena. Realizamos charlas, debates, ferias en los centros urbanos de la provincia para discutir e informar, donde cada vez se suma más gente.

Río Santa Cruz fotografiado por Francisco Bedeschi

-El año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó suspender la obra, ¿cuál es ahora la situación legal?

-Una de las ONG de la coalición llamada Banco de Bosques, quienes ya venían trabajando con nosotros, presentó una acción declarativa a la Corte Suprema pidiendo que se detenga la obra hasta tanto sea entregado el estudio de impacto ambiental. Previamente, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia ya había presentado un recurso de amparo con el mismo reclamo a la Corte.

Ambos organismos estaban pidiendo el cumplimiento de la Ley General del Ambiente, dentro de la cual se establece que las instancias legalmente requeridas por una obra de tal magnitud son una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental.

Sin embargo, la respuesta de la Corte fue exigir que se cumpla con la Ley de Obras Hidráulicas, en la que también se debían llevar adelante un estudio de impacto y una audiencia. Una vez que ambas se realizaron, la Corte levantó la cautelar y dieron por comenzada la obra. Esa decisión fue apelada de nuestra parte, porque entendemos que la obra comenzaría en condiciones ilegales por incumplir con todos los requisitos.

Asimismo, con relación al aspecto legal la Argentina suscribió al Convenio Internacional 169 de Organización Internacional del Trabajo, el cual obliga a realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios afectados por las grandes obras. Esto no ocurrió todavía, porque en la zona viven varias comunidades, por ejemplo pasaron por alto a la comunidad mapuche-tehuelche Lof Fem Mapu. Ellos habitaron históricamente en los márgenes del río Santa Cruz y en la actualidad están instalados en la Isla Pavón del río.

-¿Cuáles fueron entonces los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto?

-Dicho estudio de impacto fue un tema conflictivo desde el principio. Cristina Kirchner firmó el comienzo de obras en Santa Cruz sin estar hecho el estudio de impacto ambiental, lo cual fue ilegal. Hoy en día se cuenta con un estudio de impacto pero tiene carencias importantes en su contenido. Por ejemplo, las represas se conectarían a un tendido eléctrico de alta tensión que las integraría al Sistema Interconectado Nacional, para llevar la energía al resto del país.

La construcción de esas líneas no está incluida en ningún estudio de impacto ambiental y no se detalló por cuales áreas correrían. Hay que recordar que influyen negativamente tanto a la salud de los pueblos por los que pase, como a las aves de la zona. Sobre estos temas importantes se está avanzando a ciegas.

Además, las líneas de alta tensión disipan la energía generando una perdida en el recorrido del 1 por ciento cada 100 kilómetros, es decir que en 3000 kilómetros se perdería el 30%, exactamente la misma proporción de energía que va a generar la represa La Barrancosa-Gob. Cepernic. O sea, el equivalente de la energía producida por la segunda represa se perdería totalmente en el camino del tendido eléctrico hasta los grandes centros urbanos.

-¿Qué ocurrió en la audiencia pública realizada en el Congreso de la Nación en 2017?

-La audiencia pública en julio del año pasado fue un logró obtenido por la presión de todo el movimiento anti-represas. La audiencia representó un hecho histórico para la conservación ambiental en nuestro país porque durante dos días tanta gente concurrió al Congreso para dar voz a nuestra lucha y expresarse claramente contra el proyecto. En presencia del Mtro. de Medio Ambiente Sergio Bergman y del Mtro. de Energía Juan José Aranguren, la gran mayoría de los oradores hablamos en contra de la construcción de las mega-represas. De hecho, solo hablaron a favor los funcionarios del Gobierno Provincial y desde las empresas constructoras.

Osvaldo Bayer por un Rio Santa Cruz Sin Represas

-¿Ustedes perciben una postura diferente del Gobierno Nacional con respecto al anterior sobre las mega-represas?

-El último día de su mandato Cristina Kirchner firmó el comienzo de las obras y el nuevo gobierno las rechazó como una excusa para hacer una modificación y relanzarlo como si fuera un proyecto nuevo y distinto. Fue nada más que un lavado de cara. El proyecto no tiene oposición política, porque surgió en el Gobierno anterior y continua en éste, y en ese sentido estamos bastante solos/as. Por eso la lucha es a contra corriente, pero tenemos tanta razón que por eso seguimos de pie y con más gente cada día.

También remarcamos las mentiras que salen por parte del Gobierno en relación a esta obra, que la dan por avanzada y sabemos que no es así. Tienen un lobby importante y en los medios salen a dar por hecho la obra, diciendo que ya está empezada y que el próximo año ya podríamos empezar a usar esa energía, lo cual es ridículo.

Si bien el tema legal sigue en tratativas, mientras tanto ya están yendo los obreros al lugar pero todavía no se tocó el cauce del rio. De hecho, tenemos contacto con los trabajadores y nos dicen que están muy lejos de eso, así que todavía no es una batalla perdida. Ya le dimos cuatro años más de vida al río y vamos a seguir. El plan es seguir luchando porque como dice uno de los directores de la coalición, “ellos tienen mucho poder pero nosotros tenemos razón”.

Nota Relacionada: Río Santa Cruz libre: causa común entre ambientalistas y pueblos originarios

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“Desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar

mojo mis pies y vuelvo a volar

no pregunto en la mañana hacia dónde debo ir

ya lo sabré, el tiempo dirá

si el destino me quiere en el sur

viajaré temprano con la luz

cielo todo el día y a la noche barro”

(Pez.  Disco El sol detrás del sol. 2002)

El Río Santa Cruz, en la provincia homónima, es eje de un nuevo riesgo ambiental en nuestro país a partir de la construcción de mega-represas. Organizaciones sociales y vecinales y pueblos originarios, en unidad contra un nuevo saqueo.

El impacto socioambiental de la construcción de mega-represas en el río Santa Cruz, genera cada vez más alarma y suma críticas de múltiples sectores sociales. Frente al complejo hidroeléctrico, se integran organizaciones ambientalistas, vecinos y vecinas autoconvocadas y pueblos originarios para aunar fuerzas. Como el viento patagónico, rugen sus voces contra el proyecto y la promesa inverosímil de desarrollo para la región austral.

El Movimiento Patagonia Libre

Interrumpir el cauce del río Santa Cruz, el último río glacial patagónico que corre libre desde los Andes hasta el Mar Argentino, con la instalación de dos mega-represas para obtener un aprovechamiento hidroeléctrico, significará cortar el camino a la vida. La inundación de vastos territorios, la transformación de la mitad del curso del río en espejos superficiales de agua y los enormes tendidos de alta tensión provocarán no sólo impactos ecológicos irreversibles a un ambiente prístino, sino también profundas consecuencias sociales y culturales a las poblaciones locales.

Para oponer resistencia a la construcción del complejo hidroeléctrico en la provincia de Santa Cruz se conformó el Movimiento Patagonia Libre, fruto de la integración de organizaciones ambientalistas, movimientos sociales y las y los vecinos autoconvocados. Luego del “Encuentro Nacional Voces del Río” en agosto de 2017, comenzó la gestión de este gran colectivo con propósito de aunar fuerzas, para tener una oposición firme a las mega-represas Cóndor Cliff-Presidente Néstor Kirchner y La Barrancosa-Gobernador Jorge Cepernic.

Oficialmente el grupo se originó durante el “Encuentro Patagónico Gritos de la Mapu” los días 8 y 9 de diciembre de 2017 en la localidad de Cmte. Piedra Buena, al que asistieron distintos frentes santacruceños a favor de la vida, provenientes de El Calafate, El Chaltén, Río Gallegos, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Perito Moreno y Los Antiguos, que durante los últimos años vienen luchando contra los proyectos del modelo extractivo, como la mega-minería, el fracking, los cultivos transgénicos e incluso la instalación de plantas nucleares.

Mapa del Río Santa Cruz. Proyección de represas con inundación de 47 mil hectáreas

Concientizar con la palabra

Durante el verano, el Movimiento Patagonia Libre ha llevado a cabo sus primeras actividades para concientizar sobre la problemática socioambiental, entre las que se destacan un conversatorio con turistas en el Glaciar Perito Moreno y un debate en la Unidad Académica Puerto San Julián de la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) con la comunidad educativa y los pobladores locales. Este martes 27 a las 18hs sus representantes se hicieron presentes en Plaza Congreso, para adherir a la “Bicicletada en defensa de los glaciares” que organiza la Asamblea Jáchal No Se Toca contra la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno Nacional.

En charla de la UNPA, a la cual accedimos, se ha compartido información de investigadores científicos, ingenieros y técnicos especialistas sobre el impacto ambiental, social y turístico que representará la construcción del par de mega-represas. El proyecto sobre el río Santa Cruz implicaría inundar 47.000 hectáreas de tierras, devastando un ecosistema irremplazable en el área de influencia del Parque Nacional Los Glaciares (declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco). Detener el libre cauce del río causaría a su vez un aumento en la cota de su principal afluente, el Lago Argentino, acelerando el deshielo de los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini en su cuenca, debido a la elevación del nivel y la temperatura del agua.

Se recordó que es responsabilidad del Estado preservar a los glaciares para el futuro, como reservas estratégicas de agua para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad. Sin embargo, con las represas está incumpliendo su obligación de no arriesgar a estos recursos valiosos, al no tomar las medidas de principio precautorio conforme al “régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” (Ley 26.639), que a su vez el Poder Ejecutivo pretende modificar.

Mapa del Río Santa Cruz. Proyección de represas con inundación de 47 mil hectáreas

La propia Administración de Parques Nacionales en un primer momento había indicado que las represas afectarían irreversiblemente a uno de los ambientes más amenazados en la Patagonia por el cambio climático. Los ambientalistas temen que el impacto al ecosistema, donde viven decenas de especies de aves, peces y mamíferos adaptados a duras condiciones climáticas, conllevaría a la pérdida de la biodiversidad, desde la segura extinción del macá tobiano (ave declarada “Monumento Natural Provincial” y recurso eco-turístico), hasta gran inquietud que afecte a los mamíferos marinos que habitan próximos al estuario del río, como las ballenas que llegan a parir a la costa patagónica.

Asimismo, se manifestó mucha preocupación entre los pobladores porque van a perjudicarse las actividades económicas usuales en la provincia, como el turismo por la pérdida de las maravillas naturales y la pesca debido a la mortandad de peces. También hay alarma por el riesgo que corre la provisión de agua para consumo en los hogares de Puerto San Julián, Piedra Buena y Puerto Santa Cruz. La posible falta de este servicio básico, consecuencia de desviar el curso del río para llenar el embalse, podría durar un par de años.

Destrucción del patrimonio natural y cultural

El grupo ayudó a reflexionar sobre la pérdida del paisaje autóctono y su patrimonio natural y cultural, que desde del siglo XIX motivó la admiración de exploradores y naturalistas como Francisco P. Moreno, Charles Darwin, Fitz Roy y George Musters. Al provocar la inundación de tantos territorios (equivalente a casi 2 veces la Ciudad de Buenos Aires) pueden perderse fósiles y restos paleontológicos de millones de años, como también restos arqueológicos de los primeros pobladores humanos en la Patagonia. Para la ciencia representa un conocimiento científico invaluable que quizás nunca pueda obtenerse, porque quedaría cubierto o destruido por el agua.

Su preservación y protección también es responsabilidad del Estado, como parte del patrimonio cultural de la Nación y para el aprovechamiento científico,  según la Ley 25.743 de “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”. Sin embargo, fue el mismo Estado quien alegó no poder hacerse cargo de su responsabilidad y le consignó al consorcio hidroeléctrico de empresas chinas y nacionales, la contratación privada de arqueólogos para hacer un relevamiento, remover los restos que encuentren y construir un espacio para alojarlos, comentó el lnan Lonko Nahuelquir.

Choque de culturas

La Comunidad Lof Fem Mapu de Puerto Santa Cruz también apoyó a la formación del Movimiento Patagonia Libre. Sergio Nahuelquir es lnan Lonko de esa comunidad y viene acompañando al colectivo para testimoniar la preocupación del pueblo mapuche-tehuelche por el conflicto ambiental. Ante el posible impacto de las represas sobre el territorio comunitario, han denunciado al Estado Nacional por incumplir con la “Consulta Previa, Libre e Informada”.

En la charla brindada en la UNPA, Nahuelquir declaró que el Estado argentino ha violado el Convenio Internacional 169 de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo) y la Ley 24.071 de nuestra Constitución Nacional que lo ratifica, al no garantizar e implementar el derecho a la consulta previa a los pueblos originarios de la provincia. Por este motivo, a mediados de 2017 las comunidades presentaron un amparo solicitando a la Justicia que ordene al Poder Ejecutivo Nacional detener las obras, hasta tanto sea realizada.

Los pueblos mapuche y tehuelche llevan trece mil años en la zona y su preexistencia al Estado-Nación es reconocida constitucionalmente. Estas comunidades indígenas chocan con los agentes desarrollistas que pretenden transformar a la naturaleza en mercancía. Se trata de una diferencia cosmológica; lo que para algunos son meros recursos, para ellos son lugares y elementos sagrados.

lnan Lonko Sergio Nahuelquir en la UNPA. Puerto San Julián, Santa Cruz. 2017 © Noel Miranda

Con respecto al patrimonio cultural intangible, Nahuelquir aseguró que la instalación de las represas perjudicará la cosmovisión del pueblo mapuche, porque según sus creencias el río tiene un Ngem. Los Ngem son espíritus que protegen la vida silvestre y residen dentro de los elementos naturales. “El Ngem es una fuerza de la naturaleza que regula la fuerza de todo lo demás, y se va a afectar nuestra armonización”, expresó.

Asimismo, corre peligro el patrimonio cultural tangible por la inundación de sitios arqueológicos que incluyen pinturas rupestres y restos óseos de sus antepasados. Aseguran que la empresa ha comenzado con la remoción de chenques (tumbas indígenas) sin permiso y sin restituir los restos mortales a las comunidades descendientes.

A fines de octubre, la justicia dio la razón a la demanda del pueblo mapuche-tehuelche. El Juez Federal Aldo Suarez dictó una sentencia favorable, intimando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y ordenando al Poder Ejecutivo que apliquen el derecho a la consulta previa, para que sea escuchada la voz de las poblaciones originarias y hagan saber si desean esa obra en su lugar en el mundo.

Sin embargo, a pesar del fallo judicial la construcción avanza y no muestra intenciones de detenerse. En la etapa inicial presente, se continúa con la edificación de dos campamentos temporarios que alojarán a 1500 obreros cada uno, mientras trabajen en las represas. El lnan Lonko  advirtió que los pueblos originarios están dispuestos a llevar la causa a instancias judiciales superiores e internacionales, volviendo a acusar al consorcio de empresas que tienen la concesión, al INAI y a los Estados Provincial y Nacional.

Isla Pavón y Río Santa Cruz. Cmte. Luis Piedra Buena, Santa Cruz. 2017 © Leo Micieli (www.leomicieli.com)

Nuevos espejitos de colores

Nahuelquir reconoció que los pueblos mapuche y tehuelche, descreídos de las promesas de desarrollo y bienestar del extractivismo, los espejitos de colores de nuestro tiempo, repudian al accionar del Estado por entregar los recursos naturales a las empresas, las cuales tendrán la concesión de las hidroeléctricas para lucrar durante treinta años.

Al igual que el Movimiento Patagonia Libre, el lnan Lonko entiende que va a ponerse “En juego la vida de las futuras generaciones, no solo de los pueblos originarios, sino de todos los habitantes de la provincia que les va a faltar el agua en sus casas y por toda la biodiversidad que va a perderse”, con el fin de producir electricidad para ser utilizada en las grandes urbes de Buenos Aires.

“Nosotros no estamos en contra del progreso de la humanidad, pero sí pedimos ser partícipes en la toma de decisión de qué tipo de progreso queremos. ¿Cuándo nosotros, los pueblos originarios, tendremos voz y voto en los proyectos que hacen las empresas en nuestro territorio, o en cualquier tipo de construcción que atente contra nuestra vida?” se preguntó Nahuelquir.

Dilemas de gran escala

Según la Comisión Mundial de Presas, durante el siglo XX la construcción de 45 mil grandes represas en todo el mundo causó 80 millones de personas desplazadas de sus hogares y en el siglo XXI esta forma de aprovechar energía ya no se considera “renovable” por tener escasa vida útil (debido a la rápida acumulación de sedimentos). No obstante, el gobierno nacional intentó instalar a las mega-represas en el sentido común de la ciudadanía como la solución de la crisis energética y fuente de desarrollo y progreso para Santa Cruz.

En el llamado a licitación de 2012 se prometió que el proyecto crearía cinco mil puestos de trabajo en forma directa, se obtendría un enorme aprovechamiento de 1700 MW de energía limpia y sería el primero de carácter enteramente nacional (a diferencia de las represas binacionales de Yacyretá y Salto Grande). Se afirmó que cambiaría la matriz energética trasformando a la región austral y la Argentina, y también promovería la integración regional porque se intercambiaría el excedente con Brasil.

Río Santa Cruz. Cmte. Luis Piedra Buena, Santa Cruz. 2017 © Leo Micieli (www.leomicieli.com)

Ante la disyuntiva que plantean las represas, puede ayudar la mirada crítica del antropólogo brasileño Gustavo Lins Ribeiro a la concepción occidental de desarrollo. Doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde fue discípulo de Eric Wolf (uno de los antropólogos más importantes del Siglo XX), Lins Ribeiro cuenta con treinta años de experiencia sobre temas de desarrollo, ambientalismo y globalización.

A partir su trabajo de campo y estudio sobre proyectos a gran escala, como en la represa de Yacyretá, él afirma que este tipo de emprendimientos se nutren no solamente de las desigualdades económicas a nivel nacional e internacional, de las ambigüedades jurídicas y de los intereses políticos, sino también de un proceso de legitimación con una poderosa carga simbólica.

Son siempre acompañados con la articulación de discursos ideológicos para justificarlos, denominados por el antropólogo como la ideología del progreso; concibiendo al desarrollismo como una forma de traer bienestar, la ideología de la redención; suponiendo que redimirá a la región de su atraso, el creador de oportunidades; como fuente de empleos y el gigantismo; presentándolo como positivo por ser de grandes dimensiones.

Río Santa Cruz. Cmte. Luis Piedra Buena, Santa Cruz. 2017 © Leo Micieli (www.leomicieli.com)

Sin embargo, aunque reconoce como cierto que pueden generar una considerable oferta de trabajo temporario, lamentablemente las poblaciones locales son incorporadas en las posiciones más bajas del mercado laboral, y la cantidad de empleos creados guarda una proporción muy chica con respecto a los montos gigantescos de las inversiones.

Estos proyectos que implican enormes movimientos de capital, son reiteradamente presentados a la ciudadanía como promotores del desarrollo para todas las clases sociales o grupos étnicos involucrados. Pero en realidad favorecen a grandes concentraciones económicas nacionales e internacionales, en detrimento de las poblaciones locales que siempre resultan perjudicadas, sostiene Lins Ribeiro.

De forma invariable, el precio que pagan por estas obras los pueblos afectados se desoye, los impactos socioambientales se invisivilizan y los derechos humanos y derechos colectivos se niegan. Por eso, frente al mega-proyecto en el río Santa Cruz se aúnan los esfuerzos de ambientalistas, vecinos, vecinas y pueblos originarios en el Movimiento Patagonia Libre, para pelear por causas justas y legítimas; defender al río, proteger al agua y pedir respeto por la vida.

(*) Lic. en Antropología

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En la ciudad de Viedma y en otras ciudades de la provincia de Río Negro, cientos de personas marcharon contra la instalación de una planta nuclear. La respuesta del gobierno: cambiar el lugar de instalación a Sierra Grande.

Cientos de personas marcharon ayer por las calles de Viedma. Para una ciudad de 50 mil habitantes, ver más de cuatro cuadras desbordadas por una marea humana que caminaba en silencio fue impactante. La movilización fue simultánea en otras ciudades en Río Negro.

La marcha partió desde la plaza Alsina, pasó por la plaza san Martín, donde se realizaron intervenciones artísticas y se detuvo en  la Legislatura de Río Negro para reclamar.

Mientras la numerosa movilización recorría Viedma el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, anunció la instalación de la planta en Sierra Grande.

En declaraciones radiales, Weretilneck intentó desarrollar la teoría de los gobiernos nacional y provincial al respecto: “¿Qué es una central nuclear? Porque si no pareciera ser que estamos fabricando una bomba”… ironizó. Y agregó: “Es una usina nuclear, es un lugar donde se genera electricidad, esta electricidad que consumimos todos. Lo que se está siendo es cambiar la fuente de generación de electricidad”.

Sin embargo, desde el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) con sede en la ciudad de Neuquén, realizaron un comunicado en el que describen que “La generación de electricidad a través de la energía nuclear es contaminante, peligrosa, costosa y no es sustentable ni ética”.

Más abajo se explaya sobre los motivos para tales afirmaciones: “Contamina y hace un uso desmesurado del agua dulce en la minería de uranio; es peligrosa en el transporte de los minerales y del uranio enriquecido desde las plantas de tratamiento hasta el reactor y en caso de accidente o fallas de la seguridad (recuerdan los accidentes nucleares de Chernobyl y Fukushima); es costosa comparada con otras energías alternativas de menor impacto ya que por ejemplo en el caso de los parques eólicos, éstos, tienen un cuarto del valor de una central nuclear y generan la misma cantidad de energía; no es sustentable ya que se alimenta de minerales que se estiman que tienen unas décadas más de duración”.

Uno de los puntos más sobresalientes es el que se relaciona con el futuro. Desde OPSur afirman que “no es ética ya que la industria nuclear propone aprovechar la energía producida en esta generación y hacerse cargo del pasivo ambiental a todas las generaciones subsiguientes”.

Por último, afirman, de manera contundente, que “promueve un modelo de desarrollo extractivista que alimenta la voracidad de los mercados y no la continuidad de los sistemas sostenedores de la vida en el planeta”.

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Latinoamérica ha sido señalada por Estados Unidos como una de las regiones más promisorias para el desarrollo de yacimientos no convencionales con aplicación del fracking, lo que provocó la reacción de comunidades locales que se informan y movilizan en contra del avance de la frontera petrolera. Un informe de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking releva datos de cómo se han ido fraguando estas resistencias ante el decidido impulso dado por gobiernos y empresas a la promoción de la técnica.

El fracking avanza a ciegas en América Latina. Sin que los gobiernos nacionales hayan hecho estudios de cuantificación de reservas o de los impactos a la salud y el ambiente que esta técnica puede generar, la promesa de los hidrocarburos no convencionales se abre paso por distintos países de la región, como México, Colombia, Chile y Argentina. Ante esto, distintas organizaciones y comunidades locales comenzaron una férrea oposición al desarrollo de esta técnica. De la articulación de algunos de esos espacios surge la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, que recientemente publicó el informe “Última Frontera”, para generar una línea de base sobre el avance en la región.

El fracking o fractura hidráulica es una técnica experimental de extracción de hidrocarburos que se emplea en formaciones que históricamente no habían sido explotadas, como es el caso de las arenas compactas y las lutitas o shale, a la que pertenece Vaca Muerta. A través de esta técnica se inyectan altas cantidades de químicos mezclados con agua y arena, que permiten aumentar la porosidad de la formación y hacer fluir los hidrocarburos.

Los altos impactos provocados por su utilización es uno de los principales objetivos que tiene el informe “Última Frontera”. Para eso se analizan, por una parte, las políticas públicas que se han realizado en cada país para abrirle paso a esta técnica; y por la otra, describe cómo se han configurado las resistencias al fracking y cuáles han sido los impactos de su aplicación.

Abriéndole la puerta al fracking

A nivel de políticas públicas es donde puede encontrarse mayor uniformidad entre los distintos países de la región. En todos los casos que se analizan en el Informe –México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia– han existido decretos, normas y leyes que buscan rentabilizar la explotación de formaciones no convencionales. En el caso argentino, el Estado no sólo ha sido el garante de su desarrollo a través de una serie de políticas profracking, sino que también lo ha motorizado por medio de YPF. Otro caso ejemplar es el de la Reforma Energética de 2013 en México, que rompió con siete décadas de monopolio estatal para abrir el mercado petrolero a las trasnacionales, con los no convencionales como uno de sus ejes.

Sin embargo, también desde instancias estatales han surgido posibles frenos al fracking. Por ejemplo en Bolivia, si bien el gobierno inicialmente buscó asociarse con YPF para el desarrollo de no convencionales, luego criticó duramente a esta técnica. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, mano derecha del Presidente Evo Morales, señaló en 2015 que el fracking constituía “un verdadero atentado al medio ambiente”. En Brasil, en tanto, en 2013 se creó un Grupo de Trabajo formado por técnicos de instituciones públicas que emitió un informe contrario a la inclusión de la exploración de gas no convencional en las rondas de licitaciones, recomendando no autorizar su aplicación en el país.

Cabe destacar que fracking ha tenido un desarrollo dispar en el continente. Argentina es el país donde más se ha aplicado y el único donde se ha implementado de manera masiva en la formación de lutitas Vaca Muerta. Con cerca de 700 pozos fracturados en shale y más de 600 en arenas compactas, la experiencia argentina busca ser replicada en otros países del continente. Las otras formaciones que se han desarrollado son las de arenas compactas. En el Golfo de México la estatal Pemex ha fracturado cerca de 2600 pozos, mientras que en Chile, también la compañía del Estado, Enap, ha fracturado 179 en la Isla de Tierra del Fuego.

Impactos en las comunidades

Otra similitud encontrada en el informe es la fuerte oposición que ha generado el fracking en las comunidades locales, situación que se replica en otras partes del mundo. A lo largo del continente son cientos de asambleas, comunidades indígenas y campesinas, sindicatos, ONG´s, partidos políticos, entre otros, que se movilizan en contra de esta técnica, en busca de alternativas energéticas. Existen importantes articulaciones, como la Alianza Mexicana contra el Fracking, colectivo que nuclea a 44 organizaciones de distintos puntos del país que exigen su prohibición; o como la que ha permitido la realización de las Jornadas Nacionales Contra el Fracking de Colombia, que tras congregar a más de 5 mil personas en su segunda versión, en octubre, se impulsó también la creación de una Alianza Contra el Fracking.

Estas organizaciones han seguido una estrategia similar de buscar ponerle freno al fracking en instancias locales. A través de ordenanzas municipales o departamentales, se han conseguido prohibiciones en más de un centenar de municipios de Brasil, Argentina, Uruguay y México. También las acciones judiciales han tenido efecto, como es el caso de Brasil donde el Ministerio Público Federal logró suspender la ejecución de contratos petroleros de no convencionales en los estados de Piauí, Bahía y Paraná Mientras que en Argentina se han frenado proyectos de YPF en Chubut a partir de recursos de amparo fundados en los derechos de los pueblos originarios, También existen iniciativas legislativas para su prohibición en varios países, estados y provincias.

A pesar de estas acciones, el fracking avanza sobre comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas e incluso Áreas Naturales Protegidas. Esto ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible. En paralelo, se multiplican las denuncias y daños ocasionados por incendios, derrames, explosiones, acaparamiento y contaminación de agua, aire y tierra por desechos tóxicos, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos y mal manejo de los residuos. Estas consecuencias se ven principalmente en la Argentina, debido al mayor nivel de avance de la industria no convencional. Los impactos pueden multiplicarse debido al desarrollo de nuevos pozos, así como por la degradación que van generando los pozos en operación, como indica la evidencia científica que ha podido recabarse principalmente en Estados Unidos, el país con mayor desarrollo del fracking.

El informe finaliza con una serie de recomendaciones a los gobiernos de la región, instándolos a promover formas alternativas de generación de la energía y a aplicar el principio precautorio para prohibir esta técnica. Esta exigencia, señala el texto, no es un fin en si mismo sino que tiene como horizonte la modificación del modelo energético; “consideramos que en las formas de producción, distribución y consumo de la energía se refleja el sistema de relaciones sociales injusto y profundamente desigual en nuestra región. Es ese el arreglo social, político y económico que la persistencia del fracking reproduce”. Es lo que finalmente se busca a través de esta articulación regional, lograr a través de la prohibición del fracking una modificación en el sistema social que la energía reproduce.

*Investigador del Observatorio Petrolero Sur, integrante de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking

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Los campos inundados en distintos puntos del país han puesto en discusión la problemática de las fuertes lluvias. La provincia de Córdoba es un caso testigo que el modelo productivo tiene una responsabilidad central.

Según un relevamiento satelital que realizo el productor agropecuario Pablo Ginestet para el diario La Nación, hubo en total 7.122.018 de hectáreas inundadas en la pampa húmeda. Con esto, se estima una pérdida de 8,7 millones de toneladas de soja, que sería un 15% a toda la cosecha prevista.

El gobierno nacional está tomando medidas para apoyar a los sectores agrarios por las pérdidas. El presidente Mauricio Macri, luego de declarar a las inundaciones como una “catástrofe ambiental”, aseveró lo siguiente: “Fueron muchísimos años en los que no se han hecho obras y las que se han hecho no fueron las indicadas, pero nos hacemos cargo del tema”. No solo un guiño en contra del gobierno anterior, sino también en favor de un sector concentrado, beneficiado por la devaluación y la reducción de las retenciones, que le permitió ganar un 10% más de su producción, según un cálculo de la Fundación Mediterránea.

Actualmente, Córdoba tiene declarada la emergencia agropecuaria en diez zonas anegadas, donde se cultiva principalmente soja. La provincia es un caso testigo que muestra una geografía compleja sobre el origen de esta situación y no a una cuestión de escasez de obras.

Bosque nativo

Hay que señalar que el bosque nativo cumple un rol fundamental dentro del ciclo del agua. Desde su filtración a los suelos hasta la absorción del mismo por las raíces, permite lograr un equilibrio hidrológico dentro de los procesos ecológicos.

Lo que eran 120.000 km² de bosque nativo en toda la provincia de Córdoba a comienzos del siglo XX, hoy solo queda 6.400km². Los cordobeses solo tienen un 5% de lo que tenían hace un siglo atrás. En la pampa húmeda, la existencia de bosque nativo es prácticamente cero.

El desierto verde

“Nosotros no manejamos el agua de lluvia, la cantidad que va a llover o que no va a llover. Nosotros lo que tenemos injerencia es en la rotación de cultivos. Hacer monocultivo de soja es una falla del modelo”, señala Pablo Belluccini, ingeniero del INTA de Jesús María a este cronista.

Según un informe del INTA, titulado Ascenso de napas en la Región Pampeana: ¿Consecuencia de los cambios en el uso de la tierra?, en la década de los ’70, en la localidad cordobesa de Marcos Juárez –instalado en el corazón de la pampa húmeda- un 40% de su superficie estaba ocupada por cultivos agrícolas y el resto de forrajes perennes y pastizales. Hoy, los primeros ocupan el 90% de esa superficie.

Los segundos tienen una capacidad de absorción de agua de entre 1500 y 2000 milímetros. Sin embargo, millones de sus hectáreas reemplazas por cultivos agrícolas –sobre todo de soja- disminuyeron esa capacidad a tan solo de 500 y 800 milímetros. “De esta manera, las pasturas y pastizales generaban menores ingresos de agua a las napas (freáticas) y, en aquellos lugares o períodos en los que éstas se acercaban a la superficie, se registraba un consumo más intenso, mientras que los cultivos anuales modificaron dicho balance, incrementando el ingreso de agua y limitando los egresos por consumo, empujando los niveles freáticos hacia la superficie”, señala el trabajo realizado por Nicolás Bertham y Sebastián Chiacchiera. Ese empuje del agua hacia la superficie es lo que origina las inundaciones.

Hace 40 años las napas freáticas se encontraban a 11 metros bajo tierra. En la actualidad están a tan solo 1 metro. Para el informe del INTA, explicada mediante variables estadísticas, un 60% del crecimiento de la napa a la superficie es por el crecimiento de los cultivos, mientras que la cuestión específica de los campos de soja, la explicación alcanza un 70%.

“Si yo voy a hacer soja, sobre soja y sobre soja, continuamente en el tiempo, en algo estoy errando. La naturaleza va a reaccionar de alguna manera. De hecho, evidentemente lo demostró. No lo estoy diciendo yo, lo dicen todos los especialistas y lo estamos viendo”, señala Bellucchini.

“Si no se modifican las rotaciones o el uso de la tierra, con el objetivo de incrementar estratégicamente el consumo de agua, sobre todo en los años en que las precipitaciones superan la media, no sólo se seguirá incrementando el nivel freático, sino también la superficie, con un alto riesgo de anegamiento en algún momento del ciclo del cultivo”, concluye el informe.

La palabra oficial

“Nosotros tenemos un problema estructural que se ha generado en la zona más productiva de Córdoba que es que al sembrarse soja, la soja solo absorbe 700 milímetros al año. O menos. Me lo decía el secretario de Recursos Hídricos: con lo que se avanza la soja para las regiones más secas, absorbe nada más que 500, 600 milímetros. ¡Y llueve más de 1.000!”.

Quien dijo esto fue nada más y nada menos que el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti en un video institucional de la provincia, en enero de éste año, cuando se declaró la emergencia en el sur provincial, fruto de las primeras inundaciones de 2016.

Es la primera vez que el gobierno cordobés reconoce que el monocultivo sojero produce impactos ambientales negativos.

Finalmente, cierra el especialista del INTA de Jesús María, con una mirada más alejada a responsabilizar solamente al cambio climático: “Hablar de biodiversidad es muy importante, pero hay que tener en cuenta que el productor siembra para hacer un negocio. No siembra porque le gusta ver plantas de soja. Entonces, tenemos que tratar de que la producción sea sostenible en el tiempo. Y claramente, el monocultivo de soja no es sostenible en el tiempo”.

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El ministro Sergio Bergman viajo a Jáchal para escuchar las exigencias de un pueblo que resiste la mega minería a cielo abierto. La Asamblea reclamó la plena vigencia de la Ley de Glaciares. La UBA realizará un peritaje que dé cuenta de la salud de las y los vecinos luego de seis meses del derrame de cianuro en la Mina Veladero. En materia judicial, nueve empleados de la Mina Veladero procesados y una multa de 145 millones de pesos.

El domingo pasado se presentó el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, en la plaza San Martín de San José de Jáchal. Reunidos en una asamblea ampliada, el pueblo sanjuanino expuso sus demandas acerca del derrame de agua con solución cianurada en la cuenca minera del río Jáchal que se produjo el 12 de septiembre pasado.

Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, la visita del ministro fue tomada como un gran gesto ya que cumplió con la promesa de visitar al pueblo sanjuanino, tal como se había comprometido cuando integrantes de la asamblea se entrevistaron con él en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de esta buena impresión, el discurso del Funcionario nacional no colmó las expectativas.

Domingo Jofré, referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca, en declaraciones a Marcha, relató la impresión que dejó el ministro de Medio Ambiente: “Fue muy claro al expresar que no estaba en sus manos cerrar Veladero en forma inmediata, ni estaba en sus manos parar otros proyectos de megaminería”. A su vez, el asambleísta de Jáchal expresó que ya están trabajando en un proyecto de consulta popular para que el pueblo se expida, dé su opinión, y su resolución se respete, como ha ocurrido en otras partes del país.

Diego Seguí, abogado querellante contra la Barrick Gold, difundió en las redes sociales que se le ha demostrado al ministro Bergman que el valle de lixiviación de la Mina Veladero se encuentra sobre ambiente periglacial, y el rajo de Pascua Lama está sobre el glaciar binacional Toro 1, según lo demuestra la información científica aportada por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), utilizado para los informes de impacto ambiental.

El abogado Seguí ratificó que contiene el rigor jurídico necesario y correspondiente ya que son instrumentos públicos que según el Código Civil y Comercial “hacen plena fe de existencia material de los hechos que se informan” y, a su vez, en materia ambiental “tienen la fuerza probatoria de los dictámenes”. La información aportada por el IANIGLIA proviene de información propia de la empresa concesionaria por lo que son hechos plenamente admitidos. En este punto, el abogado sanjuanino sintetiza su fundamentación con el viejo adagio popular “A confesión de parte relevo de prueba”. Esta serie de puntos aclaratorios sirvieron para exigir que se cumpla con la obligación de inventariar los glaciares de forma inmediata.

El ministro Berman reconoció que La Ley de Glaciares no estaba siendo cumplida por parte de la Barrick Gold y se comprometió a hacerla cumplir. También confirmó que el gobierno nacional solicitó que el Juez Casanello ejecutara el seguro ambiental, e informó al pueblo, reunido en asamblea, acerca del envío de dinero para remediación de las comunidades de Jáchal e Iglesia.

Desde la Asamblea de Jáchal destacaron que el Ministro se haya pronunciado a favor de la plena aplicación de la Ley de Glaciares. También recordaron que el funcionario nacional expresó que si la Ley de Glaciares no se respeta, no puede haber minería. Sobre el tema, Domingo Jofré argumentó: “Nosotros sabemos que la Ley de Glaciares no se está respetando porque claramente esta empresa está trabajando en un ambiente periglacial”.

En declaraciones a medios locales de la capital sanjuanina, el ministro Bergman ratificó la ejecución del seguro ambiental: “Nosotros somos la autoridad de aplicación de los seguros ambientales y va a ser la primera vez que se va a aplicar, vamos a hacer valer esa póliza y en este caso va haber una cuenta de garantía que será depositada en el juzgado, en este caso el de Sebastián Casanello que es el juez federal que interviene en esta acción”.

 La UBA realizará un peritaje por el derrame de Cianuro

El Juez actuante en la causa por el derrame de cianuro de la Mina Veladero, Sebastián Casanello, determinó que un equipo de especialistas de la UBA realice un peritaje para determinar si se produjeron afecciones de salud en la población de los departamentos de Jáchal e Iglesia.

Esta sentencia surge luego de que integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca viajaran a la ciudad de Buenos Aires donde lograron entrevistarse con el Juez Federal. La pericia ordenada a la Facultad de Medicina de la UBA se focalizará en relevar las potenciales enfermedades producto del derrame de agua cianurada en la cuenca del río Jáchal. La metodología a utilizar en los peritajes encargados tiene que ver con la extracción de muestras de sangre y orina.

El 11 de marzo pasado el juez de San Juan Pablo Oritja, afirmaba que el derrame de cianuro de un ducto de la mina Veladero, había contaminado los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca en el departamento Iglesia, pero no habría alcanzado a afectar al río Jáchal, ubicado kilómetros abajo del yacimiento minero. Esta definición del juez sanjuanino contradice la reciente determinación del Juez Federal, Sebastián Casanello.

El juez Oritja también se manifestó en disidencia con los peritajes realizados por la Policía Federal donde encontraron la presencia de metales pesados en cinco ríos: Jáchal, Potrerillos, Blanco, Palca y Las Taguas. “No se demuestra que hayan cambiado por efecto del derrame y los valores encontrados son similares a la línea de base trazada desde 1940 a la fecha” ratificó el Juez de San Juan.

Multa a la Barrick Gold y nueve empleados procesados

El 11 de marzo se conocía que el gobierno de San Juan había aplicado una multa de 145 milllones de pesos a la minera Barrick Gold como consecuencia del proceso administrativo que se inició después del derrame de agua cianurada en la Mina Veladero. Por su parte, desde la corporación canadiense intentaron restarle importancia a lo sucedido. “Todas las mediciones han demostrado que el incidente no supuso ningún riesgo para la salud de las personas o el ambiente” expresaron ejecutivos de la empresa canadiense.

A su vez, se conoció que el juez provincial, Pablo Oritja, procesó por negligencia a nueve ejecutivos de la Barrick por el derrame de cianuro. Se trata del jefe de Procesos, Leandro Poblete; el subjefe de Procesos, Segundo Álvarez; el gerente de Minas, Carlos Cabanillas; el gerente de Prevención de Riesgos, Ángel Escudero; el supervisor de Servicios Técnicos, Osvaldo Brocca; el supervisor de Mantenimiento, David Sánchez; el supervisor de Medio Ambiente, Ricardo Cortés; el gerente de Procesos, Walter Pizarro, y el gerente general, Antonio Adames, que fue removido de su cargo por el incidente.

El Juez Oritja los responsabiliza por la contaminación derivada del derrame de cianuro producida por la rotura de una válvula de la tubería, y determinó un embargo de 100.000 pesos a cada uno de los procesados.

Al respecto, Jofré expresó a este portal su disidencia y la de la Asamblea de Jáchal No Se Toca a la determinación del Juez sanjuanino: “Ningún Ceo ni la empresa fueron procesados. En particular, los trabajadores fueron los procesados, la empresa, no. ¡Ni siquiera los funcionarios encargados del control!”.

Jachál sabe que sólo el pueblo tiene el poder de parar la Megaminería a cielo abierto en esta región. Los jachalleros saben que tienen el poder –tan incómodo para los poderes de turno– de recuperar la Ley de Glaciares como instrumento de lucha. La consulta popular en San José de Jáchal es una causa que trasciende la provincia de San Juan, incluso la cordillera argentina. Citando a Miguel Bonasso, “la lucha auténtica por los recursos naturales y la preservación del ambiente es la versión actual de la vieja lucha contra el imperialismo, la vieja lucha de los trabajadores por una sociedad sin explotadores y explotados”.

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